Este jueves 28 de septiembre 2023, y en el marco de las actividades de conmemoración por los 50 años del Golpe de Estado en Chile, se realizó una ceremonia en el hall central del Ministerio de Hacienda, en homenaje a los 12 funcionarios de sus servicios relacionados que fueron víctimas de ejecución política y desaparición forzada por agentes del Estado, en Aduanas, en el Servicio de Impuestos Internos, en Tesorería y en el Consejo de Defensa del Estado.

Contó con la presencia de las máximas autoridades de Hacienda, ministro Mario Marcel y subsecretaria Heidi Berner; el director del SII, Hernán Frigolett; el Tesorero General, Hernán Nobizelli, y la directora de Aduanas, Alejandra Arriaza. También, la presidenta de la Federación Frente de Trabajadores de Hacienda (FTH), María Cecilia Sánchez; el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, y las y los dirigentes y presidentes de todas las asociaciones afiliadas a nuestra asociación Frente de Trabajadores de Hacienda; y en especial, a las familias de los trabajadores de Hacienda asesinados en el golpe y dictadura militar.

En la oportunidad, se rindió un emotivo homenaje para recordar a los trabajadores del Ministerio de Hacienda mártires de los horrores del golpe militar y de la dictadura, quedando instalada una placa conmemorativa en el hall central del Ministerio de Hacienda, en recuerdo a estos 12 trabajadores/as que fueron víctimas de la dictadura cuando eran funcionarios públicos activos:SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
Mario Morris Barrios, 27 años
Juan Calderón Villalón, 25 años
Juan Jiménez Vidal, 42 años
Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida, 38 años
Juan Antonio Ruz Díaz, 32 años

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Ramón González Ortega, 37 años
Germán Castro Rojas, 33 años

CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
Julio Cabezas Gacitúa, 45 años

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Manuel Hernán Hurtado Martínez, 34 años
José Ángel Vercelotti Muñoz, 25 años
José Santander Miranda, 29 años
Felipe Rivera Gajardo, 42 años

En su conmoveodr mensaje, la presidenta de la Federación de Hacienda, María Cecilia Sánchez, honró a los trabajadores del Ministerio de Hacienda que fueron víctimas del golpe militar y la dictadura y recordó su sacrificio y su dedicación al servicio público: “Aquí están presentes sus familiares, con quienes tuve el privilegio de contactar. Agradezco infinitamente haber escuchado sus palabras sobre estos hombres que fueron niños, hermanos, tíos, esposos, padres, hermanos, abuelos, y que todos tenían en común una gran vocación de servicio público, y su compromiso con el trabajo que realizaban”.

“Las experiencias de estos hombres, sus historias, sólo tienen sentido mientras sean recordadas. Estas doce almas no morirán, estarán aquí desde hoy. Estarán aquí porque los recordaremos leyendo sus nombres cada vez que pasemos por este espacio. sabemos que el paso del tiempo es inevitable, pero olvidar no, nos encargaremos de luchar contra el olvido.”, agregó la presidenta de la Federación de Hacienda.
 

El Ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia, sometió a proceso al ex funcionario de la Armada Ricardo Monje Mohr, como autor de los delitos de secuestro y tortura en Valparaíso, ocurridos en 1973.

Al respecto, expresa la resolución “el día 12 de septiembre de 1973 en circunstancias que Luis Sanguinetti Fuenzalida se desempeñaba como jefe del Departamento de Investigaciones del Servicio de Aduanas en Valparaíso, se presentó en horas de la mañana en la Superintendencia de Aduanas de este puerto, junto a su hija, para hacer entrega de las armas que, conforme al estatuto de su departamento le permitía poseer. Ya en dicho recinto, imprevistamente un funcionario de la Armada que estaba en ese lugar le puso sus manos en la nuca y lo sacó de la fila en la que se encontraba, para conducirlo al cuarto piso donde fue interrogado. Al mediodía, fue sacado de la Aduana esposado, custodiado por marinos y conducido al Buque Maipo, en donde fue detenido y encerrado, no existiendo orden judicial alguna que justificara dicho estado y siendo objeto de torturas durante su encierro (…) oportunidad en que, producto de la mismas, se lanzó de espaldas al vacío desde la cubierta hacia una de las bodegas del referido buque, lo que le provocó la muerte”.

Así, de los antecedentes mencionados (…) a los cuales cabe agregar la declaración indagatoria de Ricardo Monje Mohr (…) se desprenden presunciones fundadas y suficientes para responsabilizarlo en los delitos de secuestro y tortura en la persona de Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida».

Sexta Sala del tribunal de alzada le ordenó a la Armada proceder a retirar la estatua del ex comandante en jefe de la rama castrense José Toribio Merino Castro, desde el frontis del Museo Marítimo de Valparaíso.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección interpuesto y le ordenó a la Armada proceder a retirar la estatua del ex comandante en jefe de la rama castrense José Toribio Merino Castro, desde el frontis del Museo Marítimo de Valparaíso.

En fallo dividido (causa rol 37.139-2021), la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Antonio Ulloa, la ministra Ana María Osorio y el abogado (i) Cristián Lepín– acogió la acción presentada por víctimas de violaciones a los derechos humanos y estableció que, con la mantención de la estatua, la Armada incurre en ilegalidad al contravenir la garantía de no repetición de delitos de lesa humanidad en el país, que es uno de los principios integrantes de la debida reparación a las víctimas, exigencia de la cual la recurrida no se encuentra ajena.

“En relación con la explicación de la recurrida, si bien no puede desconocerse la condición de ex Comandante en Jefe del Almirante Merino, no resulta posible, de igual modo, por ser un hecho histórico, público y notorio, que fue precisamente, en esa calidad que este participó y dirigió las fuerzas navales en contra del gobierno de la época, legítimamente constituido y que, a contar del 11 de septiembre de 1973, se instauró en el país un régimen de facto, del cual el mencionado almirante formó parte como miembro de la Junta Militar, responsable de muertes, desapariciones y torturas de innumerables personas, de las cuales, a casi 50 años, los tribunales de justicia siguen conociendo, investigando y sancionando, por contarse entre ellos, delitos de lesa humanidad”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “En la represión de las personas que no compartían la corriente o doctrina del gobierno de facto, o que profesaban una ideología contraria o estimada atentatoria al ideario de los detentadores del poder de ese momento, participaron conformando diversos organismos de represión, uniformados de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, incluidos por cierto, integrantes de la Armada de Chile, institución de la cual el almirante José Toribio Merino, fue su máxima autoridad hasta el año 1990”.

“A título ejemplar –prosigue– se hicieron parte del recurso, los descendientes de don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida, Jefe del Departamento de Investigaciones de Aduana y militante del Partido Socialista, calificado como víctima de las violaciones a los derechos humanos por la COMISIÓN RETTIG, sometido a torturas y cuyo deceso tuvo lugar a bordo del carguero ‘Maipo’”.

Para el tribunal de alzada, en la especie: “En síntesis, del análisis relacionado del ordenamiento jurídico internacional y nacional, tanto de carácter legal como administrativo, reseñado, en lo pertinente, en el motivo anterior, es dable concluir que en nuestro país se encuentra vigente y con carácter imperativo, un sistema de promoción, protección y reparación en materia de derechos humanos, en el cual se incluye, a la sociedad civil y en particular, a funcionarios y funcionarias públicas, de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad; de modo que, la Armada de Chile no se encuentra ajena a la exigencia de reparación integral a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos”.

“Como se ha señalado en el informe de la recurrida, la estatua fue generada por una corporación de derecho privado e instalada en el año 2002 en un recinto militar donde funcionan diversas reparticiones navales, como el Comando de Operaciones Navales y el Museo Marítimo Nacional, por lo que de acuerdo con la legislación chilena se encuentra bajo la autoridad de la Armada de Chile; institución que, como se expresara, está obligada a promover, respetar y reparar a las víctimas en materia de derechos humanos”, afirma la resolución.
“Por consiguiente –ahonda–, al negarse al retiro de la estatua del Almirante Merino, miembro del gobierno de facto al que se atribuye responsabilidad en la violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país, en el período comprendido entre el 11 septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, incurre en ilegalidad al contravenir la garantía de no repetición, que es uno de los principios integrantes de la debida reparación a las víctimas”.

“A lo antes señalado, cabe aunar que la omisión recurrida deviene asimismo, en arbitraria, toda vez que no se ha erigido estatua alguna a otros vicealmirantes o almirantes de la Marina de Chile en casi 90 años y aquellos dos ex comandantes a los que se rinde homenaje a través de monumentos, Lord Thomas Cochrane y Manuel Blanco Encalada, son personajes históricos que sirvieron al país durante la Guerra de la Independencia, lo que los distancia radicalmente de la figura de José Toribio Merino Castro, quien ejerció el cargo de Almirante, precisamente, en el período en que se violaron sistemáticamente los derechos humanos en Chile”, concluye el fallo.

En el ex campo de concentración de Pisagua, se realizó el descubrimiento de un monumento de piedra con el que la Asociación de trabajadores Aduaneros y la Anef, recuerdan a los 5 trabajadores del rubro asesinados en dictadura, mientras estaban en cumplimiento de su deber, quienes fueron ejecutados  por la dictadura, porque  realizaban investigación aduanera por narcotráfico y contrabando, que en aquella época ocurría en Tarapacá. 

La  emotiva ceremonia de conmemoración y memoria, se realizó en el contexto de la romería a la Fosa Clandestina de Pisagua, que se realiza cada años a ese Campo de Concentración. Este homenaje en particular, a los funcionarios aduaneros, lo realizaron las y los trabajadores de la Asociación Nacional de Funcionaria/os de Aduanas de Chile ANFACH,  se hizo junto a la Corporación de ex presos Políticos de Pisagua y el Museo de Pisagua, cuyos dirigentes descubrieron un monolito recordatorio donde se encontró la fosa que reunía los restos de 19 detenidos desaparecidos asesinados en el campo de concentración de Pisagua, durante la. dictadura cívico militar acaecida en el país. Cinco de los cuerpos correspondían a trabajadores de Aduanas y eran parte de Anef.

Los 5 trabajadores son:

Mario Morris Barrios, 27 años, funcionario del departamento de Investigaciones Aduaneras

Juan Calderón Villalón, 25 años, funcionario del departamento de Investigaciones Aduaneras

Luis Sanguinetti Fuenzalida, 38 años, sub jefe de Aduanas.

Juan Jiménez Vidal, 42 años, funcionario de Aduanas de Valparaíso

Juan Antonio Ruz Díaz, presidente de la Asociación de Aduaneros en Iquique.

Todos insignes trabajadores de Aduanas de Chile y parte de Asociación Nacional de Empleados Fiscales.

En la ceremonia realizada en el ex campo de concentración d Pisagua, se hicieron presente la directora nacional del Servicio Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza; el Presidente de la Anfach, Mauricio Soudre; el presidente nacional de Anef Chile, José Pérez Debelli, Familiares de la Corporación ex Presos Políticos de Pisagua y público en general.

Presidente de Anef Chile, José Pérez Dibelli, remarcó que Anef mantiene viva la memoria y la defensa de los Derechos Humanos en el ámbito laboral. “Es importante reconocer a la Anfach, a sus trabajadores y trabajadoras de relevar a su sindicato y generar este reconocimiento y monolito donde están estos cinco compañeros, que mantiene viva la memoria».

«Rendimos un homenaje, acá en Pisagua, rendimos a esa función pública que ellos abrazaron que tiene la capacidad de conectarse con las demandas de la ciudadanía. Se conectan la historia, se conecta la memoria que debemos mantener, promover y defender. Junto a sus familiares reconocemos en su historia, un relato que conozcan sus hijas y la gente que en estos 50 años está más presente que nunca. Por tanto, esto se vincula con los principios de Anef promover, defender los Derechos Humanos como una política de Estado permanente y que este nunca más este asociado a la verdad, a la justicia, a evitar este negacionismo que se pretende naturalizar en el país y que rechazamos categóricamente”, finalizó el líder nacional de Anef.

El presidente de la Asociación Nacional de Funcionaria/os de Aduanas de Chile ANFACH, Mauricio Soudré, expresó que los trabajadores aduaneros fueron un ejemplo de profesionalismo y compromiso con sus labores. “Ellos murieron por el cumplimiento de su deber. Ellos no fueron desaparecidos por sus ideales políticos. Estos trabajadores realizaban investigación aduanera por narcotráfico y contrabando».

Contextualiza que en esos tiempos donde había problemas de insumos y alimentos escondidos, «ellos descubrían esos escondites y desmantelaban a bandas organizadas, pero también demostraba como otros hombres buscaban desestabilizar al gobierno de Salvador Allende con la falta de alimentos».

«Mantener la memoria viva, en cada una de las agrupaciones manifestando sus ideas y entregando a Pisagua para conmemorar a nuestros compañeros. La Anfach, la Anef y la Corporación Museo de Pisagua, en erigir un monolito de granito negro que quedarán como símbolo de la atrocidades de la dictadura y la represión contra las y los trabajadores”, concluyó el representante de las y los trabajadores de Aduanas del país.

Mauricio Soudre destaca la figura de Luis Sanguinetti Fuenzalida, primer mártir de Aduanas.

Por otra parte, la Directora Nacional de Aduanas de Chile, Alejandra Arriaza, que reconoció el trabajo realizado por Anfach y por Anef en mantener viva la memoria, dijo que «hoy estamos acá en el campo de concentración de Pisagua pagando una deuda histórica con nuestros funcionarios y sus familias por la memoria del servicio de Aduanas también».

«Cuando conmemoramos los 50 años del golpe de Estado recordamos a nuestros funcionarios quienes pagaron con sus vidas el compromiso con Aduanas y con el país. Queremos reconocer el trabajo realizado por la Anfach, por sus trabajadoras y trabajadores de aduana y estar presente siempre en el mantenimiento de la memoria y mostrarnos el camino para que estén siempre en nuestras memorias”, cerró la directora nacional de Aduanas.

La jornada Finalizó con el descubrimiento de un monumento de grano negro, que muestra en un pentágono de 5 caras y con un código QR, que despliega la vida social y política de los trabajadores de Aduanas asesinados por la dictadura cívico militar en un consejo de guerra espurio y fraudulento. Además, de reconocer la labor intachable y el apego a las responsabilidades profesionales de los trabajadores de Aduanas de Chile.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección interpuesto y le ordenó a la Armada proceder a retirar la estatua del ex comandante en jefe de la rama castrense José Toribio Merino Castro, desde el frontis del Museo Marítimo de Valparaíso.

En fallo dividido, la Sexta Sala del tribunal de alzada acogió la acción presentada por víctimas de violaciones a los derechos humanos y estableció que, con la mantención de la estatua, la Armada incurre en ilegalidad al contravenir la garantía de no repetición de delitos de lesa humanidad en el país, que es uno de los principios integrantes de la debida reparación a las víctimas, exigencia de la cual la recurrida no se encuentra ajena.

“En relación con la explicación de la recurrida, si bien no puede desconocerse la condición de ex Comandante en Jefe del Almirante Merino, no resulta posible, de igual modo, por ser un hecho histórico, público y notorio, que fue precisamente, en esa calidad que este participó y dirigió las fuerzas navales en contra del gobierno de la época, legítimamente constituido y que, a contar del 11 de septiembre de 1973, se instauró en el país un régimen de facto, del cual el mencionado almirante formó parte como miembro de la Junta Militar, responsable de muertes, desapariciones y torturas de innumerables personas, de las cuales, a casi 50 años, los tribunales de justicia siguen conociendo, investigando y sancionando, por contarse entre ellos, delitos de lesa humanidad”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “En la represión de las personas que no compartían la corriente o doctrina del gobierno de facto, o que profesaban una ideología contraria o estimada atentatoria al ideario de los detentadores del poder de ese momento, participaron conformando diversos organismos de represión, uniformados de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, incluidos por cierto, integrantes de la Armada de Chile, institución de la cual el almirante José Toribio Merino, fue su máxima autoridad hasta el año 1990”.

“A título ejemplar –prosigue– se hicieron parte del recurso, los descendientes de don Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida, Jefe del Departamento de Investigaciones de Aduana y militante del Partido Socialista, calificado como víctima de las violaciones a los derechos humanos por la COMISIÓN RETTIG, sometido a torturas y cuyo deceso tuvo lugar a bordo del carguero ‘Maipo’”.

Para el tribunal de alzada, en la especie: “En síntesis, del análisis relacionado del ordenamiento jurídico internacional y nacional, tanto de carácter legal como administrativo, reseñado, en lo pertinente, en el motivo anterior, es dable concluir que en nuestro país se encuentra vigente y con carácter imperativo, un sistema de promoción, protección y reparación en materia de derechos humanos, en el cual se incluye, a la sociedad civil y en particular, a funcionarios y funcionarias públicas, de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad; de modo que, la Armada de Chile no se encuentra ajena a la exigencia de reparación integral a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos”.

“Como se ha señalado en el informe de la recurrida, la estatua fue generada por una corporación de derecho privado e instalada en el año 2002 en un recinto militar donde funcionan diversas reparticiones navales, como el Comando de Operaciones Navales y el Museo Marítimo Nacional, por lo que de acuerdo con la legislación chilena se encuentra bajo la autoridad de la Armada de Chile; institución que, como se expresara, está obligada a promover, respetar y reparar a las víctimas en materia de derechos humanos”, afirma la resolución.
“Por consiguiente –ahonda–, al negarse al retiro de la estatua del Almirante Merino, miembro del gobierno de facto al que se atribuye responsabilidad en la violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país, en el período comprendido entre el 11 septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, incurre en ilegalidad al contravenir la garantía de no repetición, que es uno de los principios integrantes de la debida reparación a las víctimas”.

“A lo antes señalado, cabe aunar que la omisión recurrida deviene asimismo, en arbitraria, toda vez que no se ha erigido estatua alguna a otros vicealmirantes o almirantes de la Marina de Chile en casi 90 años y aquellos dos ex comandantes a los que se rinde homenaje a través de monumentos, Lord Thomas Cochrane y Manuel Blanco Encalada, son personajes históricos que sirvieron al país durante la Guerra de la Independencia, lo que los distancia radicalmente de la figura de José Toribio Merino Castro, quien ejerció el cargo de Almirante, precisamente, en el período en que se violaron sistemáticamente los derechos humanos en Chile”, concluye el fallo.