En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal condenó a las penas de 20 años de presidio efectivo a Carlos Fernando Herrera Jiménez y Manuel Rogelio del Carmen Vega Collao; en tanto, Miguel Chile Aguirre Álvarez deberá cumplir 15 años de reclusión.

La Corte Suprema condenó a tres militares en retiro por su responsabilidad en los delitos consumados y reiterados de homicidio calificado y secuestro agravado. Ilícitos perpetrados en la localidad de Pisagua, entre noviembre de 1973 y enero de 1974.

En fallo unánime (causa rol 36.319-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, la ministras María Teresa Letelier y la abogada (i) Leonor Etcheberry– confirmó la sentencia impugnada, dictada la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó a 20 años de presidio efectivo al oficial de Ejército (r) Carlos Fernando Herrera Jiménez, en calidad de autor del delito consumado y reiterado de homicidio calificado de Tomás Orlando Cabello Cabello, Nicolás Chanez Chanez, Juan Apolinario Mamani García, Luis Aníbal Manríquez Wilden, Hugo Tomás Martínez Guillén, Juan Orlando Rojas Osega y Nelson José Márquez Agusto. Ilícitos perpetrados en enero de 1974, en la localidad de Pisagua.

En tanto, Miguel Chile Aguirre Álvarez deberá cumplir 15 años de reclusión como autor del delito reiterado de secuestro agravado de Rodolfo Jacinto Fuenzalida Fernández, Juan Antonio Ruz Díaz, José Demóstenes Rosier Sampson Ocaranza y Freddy Marcelo Taberna Gallegos, cometidos en octubre de 1973, en la localidad de Pisagua.

Finalmente, el máximo tribunal revocó la sentencia en la parte que absolvió a Manuel Rogelio del Carmen Vega Collao y, en su lugar, lo condenó a la pena de 20 años de presidio, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor de los delitos de homicidio calificado de Cabello Cabello, Chanez Chanez, Mamani García, Manríquez Wilden, Martínez Guillén y Rojas Osega.

Periodista Anyelina Rojas V-.Tras conocer el avance en el proceso que lleva el ministro Mario Carroza, por las muertes ocurridas en Pisagua entre 1973 y 1974, que tuvo un nuevo avance al dictaminarse acusaciones por los delitos de secuestros y homicidios calificados, contra el sub oficial ® Miguel Aguirre, la familia de José Sampson Ocaranza, fusilado el 30 de octubre de 1973,  si bien reconoce este avance, señala que después de casi 41 años de ocurridos los hechos, prefieren la verdad a la justicia.

“Qué sentido tiene a justicia hoy, si la mayor parte de los culpables están muertos. Nosotros queremos la verdad, porque pensamos que todavía hay personas que pueden entregar información que nos permita recuperar los restos de nuestros seres queridos. Y de alguna forma, con ello, cerrar este duelo”.  Añaden que las dos personas, acusadas en el proceso aludido, sólo son un eslabón de una larga cadena de culpables, muchos de los cuales murieron en la más completa impunidad.

La viuda de José Sampson Ocaranza, Juana Trujillo recordó que para el 11 de septiembre su marido, que era el Relacionador Público del Municipio de Iquique, siendo alcalde Jorge Soria, se encontraba en Santiago.  Decidió volver a Iquique preocupado por su mujer y sus tres pequeños hijos. “Además, nos aseguraron que si se entregaba –era requerido por un bando militar- no le iba a pasar nada malo”.

Sampson de 33 años y dirigente del Partido Socialista, se entregó a Carabineros en el puesto de Alto Hospicio. De inmediato fue trasladado a la Comisaría de calle Zegers (donde hoy funciona la empresa Eliqsa).  “Fue torturado brutalmente. Y lo digo porque logré verlo cuando era trasladado al Regimiento de Telecomunicaciones. Se veía muy mal, golpeado, con su cara hinchada”, recuerda Juana.

El 26 de octubre es trasladado a Pisagua. Llega a la cárcel, siendo recluido en el primer piso, en un cuarto de aislados, donde comparte con sus compañeros Rodolfo Fuenzalida Fernández (43), Juan Antonio Ruz (33), Freddy Taberna Gallegos (30), todos altos militantes del Partido Socialista.

El 29 de octubre, Sampson y sus compañeros fueron sometidos a un Consejo de Guerra, que operó bajo completa ilegalidad, por el cual fueron condenados a  muerte. El fusilamiento se produjo a las 6 de la mañana del 30 de octubre de 1973, cambiando por completo la vida de estas cuatro familias.

“Como a las 2 y media  de la tarde vino una patrulla militar a mi casa, y me trajo el certificado de defunción…. Todas las viudas recibimos el mismo documento, en el cual se dice: causa de muerte: fusilamiento Juicio en tiempo de guerra” –dice sin contener la emoción. “No lo podíamos creer…”.

Enterada la viuda, sobre las acusaciones levantadas por el juez  Mario Carroza, siento que ello tiene, a estas alturas, poco sentido

“Si la mayoría de los culpables están muertas. Veo acá –en la acusación- a un señor Aguirre, a un señor Vega  ¿Y los otros donde están? ¿Los que dieron la orden? Muertos están Larraín, Forestier y todo el séquito de manos negras,  los que dieron las órdenes. Ahora acusan a un Aguirre a un Vega… Esa justicia no me sirve de nada, porque no lo van a hacer revivir”.

Interviene su hijo mayor, Demetrio, quien señala que la familia ya está cansada y quisiera descansar. Por eso no renuncian a la esperanza de recuperar el cuerpo de José Sampson:

“Estamos cansados de abrir y cerrar el tema. Partamos de la base que no se enjuició nunca a Pinochet y a los que participaron en un golpe de estado, donde hubo muertes y graves atropellos a los derechos humanos… De allí, de partida,  la justicia ya está mal. En otros países sí se enjuiciaron y procesaron a los que fueron las cabezas de estos hechos”.

“En Chile no ha habido justicia. Acá tenemos en este caso a dos tipos. A dos de cuántos que estuvieron involucrados en las muertes, en el funcionamiento del sistema; en el que dio la orden, en el que los remató; en el que participó sacándolos quizás, el 76.  Y me dicen que hay dos acisados…”

Estimada que todos los familiares tienen algo que decir.  “Nosotros en un tiempo igual lo queríamos verdad y justicia. Pero nos dimos cuenta que esos dos valores, simultáneamente era imposible tenerlos. Entonces qué había que hacer, preguntarnos su queríamos verdad o queríamos justicia.   Con la muerte de Mario Acuña (ex fiscal de Pisagua) ya es imposible pensar en justicia, porque uno de los principales responsables de las muertes,  no sólo de mi padre y su grupo, sino que de muchas muertes, nunca fue enjuiciado. Los culpables no estuvieron preso, como Forestier y Larraín, entonces después de tantos años, nos damos cuentas que es imposible la justicia.

Más aún, estima que estos avances judiciales, son un peldaño más en las carreras de los jueces, pero que no representa verdadeRa justicia. “No renunciamos a saber la verdad. Cambiamos verdad por justicia”, concluyen.

LEGADO A LA FAMILIA

Mientras estaba en cautiverio, Sampson se las ingenió para escribir a su familia. En un cuadernillo le escribe a su mujer, a sus pequeños hijos. “Para nosotros es un legado; sus palabras, escritas hace tanto tiempo, nos siguen hablando y entregándonos un mensaje”, recuerda su hija Sandra. No cumplía 4 años, al momento de la detención de su padre.

A las 17.30 hrs, del 29 de octubre, escribe Sampson a su esposa:

“Amor: Ha sonado l viejo reloj de Pisagua, indcándome que son las 17.30 hrs. He sido  notificado que el Consejo de Guerra solicitó la pena de muerte. No albergo ninguna esperanza”.

Y así con una lucidez impresionante, a horas de enfrentar al pelotón de fusileros, sigue escribiendo y entregando un mensaje a su familia. Y pese a no ser un hombre creyente, dice que en el cautiverio volvió los ojos a Dios, que está en paz y tranquilo. Más adelante le pide a su mujer que jamás se vista de negro por su muerte. “Quedan  nuestros hijos, a ellos dedícate por entero…”

Avanzan las horas y cae la noche helada en Pisagua. Quizás qué pasaba por la mente de Sampson y sus compañeros. José, decide escribir una nueva carta a su mujer. La letra refleja su nerviosismo. Son las 22.15 hrs. “Amor, ya todo acabó. Se termina mi sufrimiento y calvario. En la madrugada seré fusilado. Me alejan físicamente de tu lado pero sé que siempre estaré allí, en ese hogar, junto a ti, junto a mis cachorros”.

Hoy el Poder Judicial difundió en su web la información que este portal publicara el domingo, en relación con que la Corte Suprema ratificó la ilegalidad del Consejo de Guerra tras el cual fueron ejecutados 4 militantes socialistas, quienes resultaron absueltos de las acusaciones de traición a la Patria, que ocasionaron su repudiable destino. Sin embargo, en esa ocasión no sólo fueron sometidos a ese ilegal proceso,  los 4 ejecutados, altos dirigentes del Partido Socialista para 1973,  Rodolfo Jacinto Fuenzalida Covarrubias, Juan Antonio Ruz Díaz, José Demóstenes Sampson Ocaranza y Freddy Marcelo Taberna Gallegos; también hubo otras seis personas.

En efecto, en este Consejo de Guerra no sólo fueron sometidos los 4 ejecutados, altos dirigentes regionales del Partido Socialista para 1973: Rodolfo Jacinto Fuenzalida Covarrubias, Juan Antonio Ruz Díaz, José Demóstenes Sampson Ocaranza y Freddy Marcelo Taberna Gallegos. Además, fueron procesados a distintas penas, otros 6 iquiqueños, incluido el actual Senador Jorge Soria Quiroga, quien era alcalde para el golpe de Estado. Los otros condenados fueron Ernesto Burgos (ex intendente), Manuel Palma, Renato Vargas, Eduardo Espinoza, Mario Grawe y Haroldo Quinteros.

Al respecto, Quinteros señaló que

“si la Corte Suprema de Chile ha fallado de modo definitivo su nulidad -la del Consejo de Guerra del 29 de octubre de 1973, realizado en Pisagua-, y quienes sufrieron esas penas aún viven, el Estado debe proceder a su reparación, como corresponde a Derecho, tanto nacional como internacional”.

Haroldo Quinteros agradeció las gestiones incansables, especialmente del abogado Adil Brkovic que ha llevado la causa y de Héctor Marín, Presidente de la Afepi que junto a sus colaboradores de esta Agrupación de Ejecutados y Detenidos Desaparecidos, han luchado durante décadas.

También agradece

“a todos quienes desde hace casi medio siglo no escatimaron esfuerzos ni desvelos en la lucha por anular oficial y jurídicamente el «consejo de guerra» del 30 de octubre de 1973, así como todos los demás que tuvieron lugar en Pisagua y en todo Chile”.

GROTESCAS FARSAS

Casi 50 años después, Haroldo Quinteros, detenido entre Iquique y Pisagua desde septiembre de 1973 hasta enero de 1974 y luego en la Penitenciaría de Santiago durante 2 años, rechaza todos estos actos de injusticia.

“Tales consejos no fueron sino grotescas farsas, y todos ellos deben anularse, no sólo porque nunca hubo «guerra», no sólo porque todos los acusados fueron sometidos a torturas y ninguno tuvo algún tipo de actuación después del golpe, etc., etc., sino porque en el caso de las sentencias de muerte, debía haber unanimidad entre sus miembros. Y no la hubo”.

En efecto, recuerda que con ocasión del Consejo de Guerra del 29 de octubre,

“el mayor Enrique Synn, ya fallecido, se opuso a las ejecuciones, que troncharon las jóvenes vidas de Freddy Taberna, José Sampson, Juan Antonio Ruz, Rodolfo Fuenzalida; como también la de Germán Palominos, que fue condenado a muerte en el consejo que tuvo lugar un mes después. Esto significa que el fusilamiento de todos ellos sólo puede ser definido como homicidio calificado”.

Y concluye que lo que cabe,

“es ubicar a cada uno de los miembros de ese consejo que aún viven, y proceder a su enjuiciamiento, con estricto apego a la Ley”.

Haroldo Quinteros Buqueño, era profesor universitario para el 11 de septiembre de 1973, militaba en el Partido Socialista y era miembro de la Comisión Política Regional. En esa calidad es detenido el 14 de septiembre, pasando por distintos recintos en Iquique y también en Pisagua. También estuvo 2 años en la Penitenciaría de Santiago, donde vivió, como los otros presos políticos, “un infierno”.  Luego salió al exilio, en Alemania y volvió a Chile cuando se permitió su ingreso.

Haroldo Quinteros, a un día de producirse las ejecuciones de sus 4 compañeros de la Dirección del Partido Socialista, fue notificado que su sentencia de pena de muerte, era cambiada por presidio perpetuo. Por eso, su vida ha estado fuertemente marcada por estos hechos y especialmente por las ejecuciones -asesinatos- de sus compañeros.

CONSEJOS DE GUERRA

Vale recordar que los consejos de guerra se constituyen tras el golpe cívico militar del 11 de septiembre de 1973, correspondiendo a tribunales militares que operan en supuesto “estado de guerra”.

Según lo que han relatado todos quienes pasaron por los consejos de guerra, tenían total desconocimiento de los cargos por los que se les procesaba, sin posibilidad de tener acceso a un abogado; y si eso ocurre, generalmente el detenido no tiene contacto con ese profesional

Tampoco pueden ver a sus familiares, ni siquiera tras ser notificados de la condena a muerte. La mayoría de los familiares se enteraron del triste final de sus seres queridos, por informaciones de prensa.

Una vez que los prisioneros políticos fueron ejecutados, sus cadáveres no son entregados a las familias, como es el caso de los cuatro ejecutados tras el Consejo de Guerra del 29 de octubre: Rodolfo Jacinto Fuenzalida Covarrubias, Juan Antonio Ruz Díaz, José Demóstenes Sampson Ocaranza y Freddy Marcelo Taberna Gallegos, que hasta hoy, se mantienen como detenidos desaparecidos, ya que sus restos no fueron encontrados.