Jorge Miguel SALAS PARADISI

El 17 de octubre de 1973 son ejecutadas las siguientes personas:

- Carlos Rodolfo ADLER ZULUETA, 25 años, argentino con residencia en Chile desde Marzo de 1973. Se desconoce si tenía militancia política.

- Beatriz Elena DIAZ AGUERO, 26 años, argentina con residencia en Chile desde Marzo de 1973. Se encontraba embarazada.

- Víctor Alejandro GARRETON ROMERO, 60 años, importador, militante del Partido Nacional.

- Cristián MONTECINOS SLAUGHTER, 27 años, casado, funcionario del Fondo Monetario Internacional.

- Julio Andrés SAA PIZARRO, 37 años, cirujano dentista.

- Jorge Miguel SALAS PARADISI, 25 años, estudiante de Pedagogía en Matemáticas en la Universidad de Chile, sede Valparaíso, quien a la sazón se encontraba viviendo en Santiago, sometido a un tratamiento médico que lo hacía permanecer en cama por períodos muy prolongados.

Las personas arriba individualizadas fueron detenidas, en la madrugada del día 16 de Octubre de 1973, por efectivos de la Escuela de Suboficiales del Ejército de Santiago, en la Torre Nº 12 de la Remodelación San Borja. Ninguno de ellos se encontraban vinculados entre sí, salvo los dos primeros que formaban un matrimonio.

La detención se produce como consecuencia de una delación efectuada telefónicamente por una vecina de la Torre, hecho que se encuentra debidamente acreditado por testimonio prestados ante esta Comisión.

Los detenidos son trasladados transitoriamente a una casa ubicada en calle Londres Nº 38, (lugar que posteriormente utilizó la DINA como centro de detención). Luego, son trasladados a la Casa de la Cultura de Barrancas, recinto ubicado en la comuna del mismo nombre, a cargo de efectivos del Ejército. En este lugar son vistos.

Los cuerpos sin vida de cada uno de los detenidos son encontrados el 17 de Octubre de 1973 en la Carretera que une Santiago con Valparaíso en el kilómetro 12, túnel Lo Prado, siendo trasladados al Instituto Médico Legal, según se expresa en todos los certificados de defunción y en los protocolos de autopsia.

La causa de la muerte en todos los casos corresponde a “múltiples heridas de bala”, según se señala también en los certificados de defunción y en los protocolos de autopsia.

Inmediatamente después de los hechos a petición del padre de una de las víctimas, Carlos Garretón, se inició un sumario interno en el Ejército, concluyendo que se había tratado de “un error militar”, comunicándoselo así a los familiares y procediendo el Ejército a presentar “el pésame de la Junta de Gobierno por este gran error militar”.

En la respuesta entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno de Chile informó que los seis detenidos, alrededor de las 05:00 horas del día 17 de Octubre de 1973, “aprovechándose de las precarias condiciones del edificio, se fugaron por una ventana que carecía de protecciones, dirigiéndose a la carrera hacia una pandereta que cierra el recinto que da a unas poblaciones periféricas. Mientras huían, fueron sorprendidos por los centinelas del Cuartel, quienes les intimaron la detención, dando las voces de alto de rigor y efectuando disparos al aire de prevención”. Continúa el informe entregado por el Gobierno Militar, señalando que “pese a ello, los detenidos continuaron su fuga, ante lo cual los centinelas de guardia hicieron blanco en sus cuerpos provocándoles la muerte.” Finaliza la respuesta oficial señalando que “posteriormente, los cadáveres de los seis detenidos fueron conducidos en una camioneta hasta las cercanías del Túnel Lo Prado, donde existía el hospital de campaña del Ejército, donde fueron entregados y conducidos en una ambulancia del mismo hospital hasta el Instituto Médico Legal, donde se procedió a efectuar las autopsias de rigor.”

La Comisión ha desestimado la versión oficial entregada por el Gobierno de Chile, especialmente por las siguientes razones:

- Las dos versiones transcritas, sumario del Ejército y respuesta oficial del Gobierno resultan contradictorias.
- Es imposible pensar que estas personas se concertaran para fugarse, puesto que no existía ninguna vinculación entre ellas, salvo la de vivir en el mismo edificio. Además, es necesario considerar que entre los detenidos, había una mujer que se encontraba embarazada y un joven sometido a un tratamiento médico y permanecía en un estado aletargado por lo que resulta improbable que tuviera la fuerza para intentar saltar una pandereta como indica la versión.
- Carece de sentido que luego de haberles herido se les hubiera trasladado a otro lugar, túnel Lo Prado, ubicado a 12 kilómetros de distancia de los hechos.
- Por último, que la versión de un intento de fuga es común a varias otras ejecuciones que se produjeron por los efectivos que se encontraban acantonados en la Casa de la Cultura de Barrancas.

La Comisión, por las razones ya indicadas respecto de la versión oficial y los hechos que ha podido acreditar, se forma convicción que Carlos Rodolfo Adler, Beatriz Elena Díaz, Víctor Alejandro Garretón, Cristián Montecinos, Julio Andrés Saa, Jorge Miguel Salas son ejecutados al margen de toda legalidad o justificación por los agentes del Estado, quienes violaron su derecho a la vida.

La imagen de quema de libros y revistas, tras los allanamientos de la Torres de San Borja en Santiago de Chile, ocurridas el día 23 de septiembre de 1973, son parte de las fotografías que dieron vuelta al mundo, graficando el horror que se vivía en Chile tras el golpe militar del 11 de septiembre.

Los medios nacionales cubrían los allanamientos, también algunos medios internacionales, que la dictadura chilena consideraba amigos como Radio y Televisión Española (bajo la dictadura del general Franco)

La presencia y allanamientos por parte de militares se mantendría por semanas en las diversas torres, las cuales fueron allanadas sucesivamente. Un hecho que tuvo repercusión internacional fue el ocurrido en la madrugada del 16 de octubre de 1973, cuando efectivos de la Escuela de Suboficiales del Ejército de Santiago realizaron allanamientos y detenciones en la Torre Nº 12 de la Remodelación San Borja.

Allí los militares detuvieron a 6 personas; un matrimonio de argentinos Beatriz Elena Díaz Agüero (26 años), embarazada de 6 meses y su pareja Carlos Rodolfo Adler Zulueta (26 años). Un estudiante universitario afectado por una enfermedad invalidante: Jorge Miguel Salas Paradisi (25 años), un importador, militante del Partido Nacional: Víctor Alejandro Garretón Romero (60 años) al cirujano dentista Julio Andrés Saa Pizarro (37 años) y a Ricardo Cristián Montecinos Slaughter (27 años), casado, funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El grupo de 6 detenidos, fue visto por última vez en la Casa de Cultura de Barrancas, ocupada como centro de detención por los militares en esos momentos. Sus cadáveres aparecieron en el túnel Lo Prado, en la carretera que une Santiago y Valparaíso. De la investigación surge que fueron acribillados cerca de Pudahuel, sin que exista ningún indicio del porqué de las detenciones ni mucho menos las ejecuciones.

Este caso tuvo un fuerte revuelo internacional, pues el Fondo Monetario Internacional consideró el hecho una violación a los derechos humanos por lo que pidió a la ONU investigar los hechos. El organismo internacional recomendó a Chile iniciar una investigación y encontrar a los responsables. Sin embargo, la justicia chilena, cómplice de la dictadura cerró el proceso sin culpables.

Este hecho seria uno más de los cuales llevarían a la dictadura chilena a ser condenada en los distintos organismos internacionales, a pesar de la cobertura que la diplomacia estadounidense le intentaba dar.

Reconocimiento simbólico irá dirigido a ex estudiantes asesinados durante el régimen militar.

A través del decreto exento número 0030766 de la Universidad de Chile, autorizado por la Contraloría de la República el 4 de septiembre de este año, dicha casa de estudios quedó habilitada, por primera vez en su historia, para hacer entrega de la distinción de títulos póstumos y simbólicos a los estudiantes que fueron ejecutados políticos y aquellos que se convirtieron en detenidos desaparecidos durante el régimen militar.

La ceremonia oficial, que estará encabezada por el rector Ennio Vivaldi, se desarrollará el próximo lunes 11, en el patio Domeyko de la casa central, a contar de las 12.30.Para Vivaldi "esta iniciativa tiene dos significados muy profundos. Por una parte es un gesto de reparación para las propias víctimas y para sus familiares, quienes además asocian afectivamente a su seres querido con esta gran institución que es la U. de Chile. Por otro lado, la U. de Chile siente que está cumpliendo con su deber moral al no concederle a la dictadura el objetivo terrible de, además haberles truncado la vida, borrar sus logros como estudiantes y futuros profesionales para Chile".

La nómina incluye a 104 ex estudiantes de la universidad, quienes fueron asesinados por agentes de Estado entre 1973 y 1989.

Entre los casos más recordados destaca el del estudiante de historia Jécar Nehgme, quien figura, además, como la última víctima del régimen de Augusto Pinochet. Este ex dirigente del

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) apareció muerto el 4 de septiembre de 1989 en la calle General Bulnes, a pocos días de que se desarrollaran las elecciones que marcarían el retorno a la democracia.

Tras un largo proceso judicial, que se resolvió en 2008, se logró establecer como autores del asesinato al jefe metropolitano de la CNI, brigadier (r) Enrique Levy Araneda; al coronel (r) Pedro Guzmán Olivares y al capitán (r) Luis Sanhueza Ross.

Desde las organizaciones sociales valoraron el gesto. La presidenta de la Agrupaciones de Ejecutados Políticos (Afep), Alicia Lira, señaló que "es un gran gesto, que reconocemos enormemente. Con esto, el rector Vivaldi cumple una tarea pendiente que tenía la Universidad de Chile, ya que gestos similares ya los habían cumplido otras universidades como la U. de Santiago y la Austral de Valdivia. Pero es una señal enorme para la democracia y para que se cumpla un verdadero nunca más en Chile". Entre ellos Jorge Miguel Salas Paradisi, ejecutado el 16/9/1973 en Santiago.