Son decenas las personas que perdieron la vida en las primeras horas del golpe militar y cuyas historias han quedado casi olvidadas por la vorágine de los hechos y de la historia desde que comienza el despliegue uniformado de las tropas golpistas, consuman el cruento golpe de estado y se instala la feroz dictadura militar.

Por lo general se trata de personas comunes y corrientes que salieron a cumplir sus obligaciones laborales o estudiantiles y nunca volvieron a sus casas porque les sorprendió la muerte traída por balas de las tropas uniformadas que disparaban sin reparos, a diestra y siniestra, para imponer el terror a rajatabla. Trabajadores y trabajadoras, estudiantes, jubilados, dueñas de casa, niños y niñas de corta edad, de todos los barrios y rincones de la ciudad de Santiago sufrieron el desatado furor bélico de los golpistas que no trepidaron en disparar contra todo aquello que se moviera.

Más allá de los fríos datos oficiales, los nombres e historias de estas primeras víctimas no son muy conocidas. Pero tras la muerte en La Moneda del presidente Salvador Allende, tras el ataque de los bombarderos que destruyeron el palacio presidencial, tras las decenas de ejecutados en el mismo edificio gubernamental y en sus alrededores, tras las decenas de personas detenidas y conducidas a diversos centros de detención por las tropas uniformadas, la muerte y sacrificio de estas decenas de personas no puede ser ignorada, no debe quedar en el olvido.

En una ceremonia íntima, los hermanos de Luis Alberto Ross Hernández, asesinado el 12 de septiembre de 1973 en la vía pública, recibieron hoy el documento de identidad del joven de 20 años, muerto por una herida de bala, según se consigna en el Certificado Médico de Defunción del entonces Instituto Médico Legal.

Luis Alberto Ross Hernández, era el mayor de siete hermanos. Estudiante, sin militancia política. Desapareció el 12 de septiembre de 1973, día en que viajaría a Chiloé desde la Estación Mapocho.

“Cuando él desapareció, mi mamá lo buscó por todos lados, incluido el Instituto Médico Legal, pero no supimos nada. Nadie le dijo nada. Así eran las cosas en esos tiempos. Mi mamá murió de pena tres años después”, cuenta Juana Ross, hermana de Luis.

La muerte del joven se suma a la de otras 23 personas que fallecieron en las mismas circunstancias, entre el 11 de septiembre y el mes de diciembre de 1973 en Santiago.

Sus casos fueron presentados a la Corporación por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, sin otros antecedentes que los señalados. Pero pese a que en las investigaciones respectivas no fue posible establecer las circunstancias precisas en que ocurrieron estos fallecimientos, el Consejo Superior consideró la existencia de factores comunes entre ellos, acerca de la época, hora, lugar, y, en especial, la similar causa de muerte.

En tal virtud, llegó a la convicción de que 24 de estos casos estaban estrechamente vinculados con la situación que existía en la época en el país y en especial en la ciudad de Santiago. Por esta razón declaró a las personas anteriormente individualizadas como víctimas de la dictadura.

Después de años, en agosto de 2011 se le informó a los familiares el destino de su ser querido: “Mi hermano fue asesinado en la vía pública, cerca de la Estación Mapocho, con una bala cervical. Según nos dijeron, los militares lo llevaron en sus camiones al Instituto Médico Legal en sus camiones. Después de un mes lo cremaron”.

Su Cédula de Identidad quedó en resguardo por esta institución, como parte de la etapa investigativa. Hoy es devuelto a sus familiares, como una pertenencia de gran valor histórico y emocional para sus seres queridos. “Es importante para nosotros, porque esa foto es de poco antes de Luis muriera. El carnet es lo último que él tuvo”, sostiene Juana Ross.

Durante la entrega, otro de los hermanos, Gustavo Ross, agradeció a los funcionarios del Servicio Médico Legal. “Fueron muy valientes por haber guardado durante tanto tiempo este único y significativo recuerdo para nosotros, su familia”.Por su parte, el director nacional del Servicio Médico Legal, Dr. Patricio Bustos, señaló que “nuestra labor pericial va en estrecha relación con los familiares, donde nos hemos comprometido siempre no sólo a aportar todos los elementos posibles, y que la ciencia nos permita entregar, para esclarecer una identificación y una causa de muerte, sino también en restituir todos aquellos objetos personales de las víctimas que se encuentran en otras fases de investigación, y que ya no requieran ser custodiadas por este Servicio. Esto entendiendo que hoy forman parte importante del recordatorio íntimo de sus cercanos, y les pertenecen”.