Rosendo Rebolledo Méndez
Antecedentes del Caso
Rosendo REBOLLEDO MENDEZ
El 9 de Octubre de 1973, en el sector denominado "Baños de Chihuío", personal del Ejército dio muerte a las siguientes personas, en su mayoría miembros del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero":
Carlos Maximiliano ACUÑA INOSTROZA, 46 años, obrero maderero;
José Orlando BARRIGA SOTO, 32 años, herrero, dirigente campesino;
José Rosamel CORTES DIAZ , 35 años, obrero maderero, miembro del Sindicato "Esperanza del Obrero";
Neftalí Rubén DURAN ZUÑIGA, 22 años, obrero maderero;
Luis Arnoldo FERRADA SANDOVAL , 42 años, obrero agrícola;
Eliecer Sigisfredo FREIRE CAAMAÑO , 20 años, obrero maderero;
Narciso Segundo GARCIA CANCINO ,31 años, obrero, dirigente campesino;
Juan Walter GONZALEZ DELGADO, 31 años, empleado administrativo, dirigente campesino;
Daniel MENDEZ MENDEZ, 42 años, obrero maderero, dirigente campesino,
Fernando Adrián MORA GUTIERREZ , 17 años, obrero maderero;
Sebastián MORA OSSES , 47 años, obrero maderero, dirigente campesino;
Pedro Segundo PEDREROS FERREIRA , 48 años, obrero, Jefe de Predios;
Rosendo REBOLLEDO MENDEZ , 40 años, dirigente sindical;
Ricardo Segundo RUIZ RODRIGUEZ , 24 años, Jefe de Fábricas, militante socialista;
Carlos Vicente SALINAS FLORES, 21 años, radio operador;
Manuel Jesús SEPULVEDA REBOLLEDO , 28 años, obrero maderero;
Rubén VARGAS QUEZADA, 56 años, obrero tejuelero, dirigente del Sindicato " Esperanza del Obrero".
Ese día 9 de octubre, un convoy militar procedente de los Regimientos "Cazadores" y "Maturana", ambos con asiento en la ciudad de Valdivia, compuesto por varios vehículos entre jeeps y camiones y con una dotación aproximada de 90 personas, inició una caravana hacia el Sector Sur del Complejo Maderero Panguipulli.
En las localidades de Chabranco, Curriñe, Llifén y Futrono los militares detuvieron desde sus domicilios o lugares de trabajo, o recibieron de manos de Carabineros, a los campesinos antes indicados.
La noche del mismo 9 de octubre de 1973 se les condujo a un fundo de propiedad de un civil en el sector cordillerano denominado "Baños de Chihuío". En una hora no precisada, los prisioneros fueron sacados de la casa patronal de ese fundo y llevados a las inmediaciones a una distancia aproximada de 500 metros, lugar en el cual se les ejecutó.
Al día siguiente, esto es, el 10 de octubre de 1973, un testigo reconoció en ese lugar a varias de las víctimas y pudo percibir que la mayoría los cuerpos tenían cortes en las manos, en los dedos, en el estómago e incluso algunos se encontraban degollados y con sus testículos cercenados, sin poder observar huellas de impactos de bala en los restos.
Los cadáveres de los ejecutados permanecieron en el lugar de su ejecución durante varios días, cubiertos tan sólo con algunas ramas y troncos. Aproximadamente unos quince días después de la ejecución, fueron enterrados por los efectivos militares en fosas de diferentes dimensiones.
En fecha que no es posible precisar, pero que podría corresponder a fines del año 1978 o principios de 1979, en horas de la noche personas de civil llegaron hasta la casa patronal del Fundo Chihuío y exigieron al dueño que les indicara el lugar en que se encontraban las fosas. Estos civiles, asociados de otros que les acompañaban, excavaron durante toda la noche en el lugar de las fosas, trasladando los restos a un lugar que hasta la fecha de este informe ha sido imposible de determinar.
La circunstancia del fallecimiento de las personas ejecutadas en la localidad de Chihuío consta inexplicablemente en certificados de defunción, sin haber existido entrega de cadáver ni sepultación. En todos ellos se indica que la data de fallecimiento es de fecha 9 de octubre de 1973, en la localidad de "Liquiñe", por causas no precisadas, acreditándose el fallecimiento mediante el testimonio de dos personas singulares (testigos de la defunción).
En el proceso Rol 13.094, tramitado por el Ministro en Visita don Nibaldo Segura Peña, se procedió a la exhumación de los escasos restos que quedaron enterrados en los Baños de Chihuío, los que fueron entregados a los familiares de las 17 víctimas, quienes les dieron entierro.
Los antecedentes expuestos, debidamente acreditados ante esta Comisión y en el proceso judicial respectivo, permiten formarse la convicción que las diecisiete personas señaladas fueron ejecutadas sin proceso previo, por agentes del Estado que violaron gravemente su derecho a la vida y luego ocultaron sus cuerpos, privando a sus familias de su legítimo derecho a darles digna sepultura.
Fuente :Informe Rettig
Prensa
En la sentencia, la magistrada condenó a Marco Antonio Rubén Rodríguez Olivares a la pena de presidio perpetuo por su responsabilidad como autor de los homicidios calificados de 17 personas, entre ellas un menor de edad, en octubre de 1973.
La ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, condenó Marco Antonio Rubén Rodríguez, teniente coronel en retiro del Ejército, como autor de los homicidios calificados de 17 campesinos, entre ellos un menor de edad, en octubre de 1973 en las Termas de Chihuío, comuna de Futrono.
En la sentencia, la magistrada condenó a Marco Antonio Rubén Rodríguez Olivares a la pena de presidio perpetuo por su responsabilidad como autor de los homicidios calificados de: Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Neftalí Rubén Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Rubén Vargas Quezada, y del menor de 17 años, Fernando Adrián Mora Gutiérrez.
La magistrada ordenó el ingreso del condenado en prisión preventiva, pese tratarse de una sentencia de primera instancia, debido a la cuantía de la pena, la gravedad de los hechos por los que fue condenado y una eventual posibilidad que se reste de la justicia.
La investigación de la ministra estableció:
a) Que, a contar del 11 de septiembre de 1973 se instauró en Chile un régimen militar de facto que desde sus inicios implementó y ejecutó de manera sistemática una política de persecución y represión generalizada en contra de todas aquellas personas que fuesen consideradas opositoras a las nuevas autoridades o derechamente tachadas de nocivas para el logro de sus fines políticos y estratégicos. Este programa estatal represivo contempló el uso sistemático de la fuerza armada y la comisión de graves atentados en contra de los derechos humanos, tales como fusilamientos sumarios, ejecuciones al margen de todo proceso legal, torturas y apremios ilegítimos de diversa índole, incluyendo agresiones de carácter sexual, privaciones de libertad arbitrarias perpetradas en cuarteles oficiales, recintos clandestinos de detención o facilitados por particulares, allanamientos masivos y desapariciones forzadas, conductas desplegadas de manera sincronizada tanto por agentes estatales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad como por civiles que actuaron bajo su amparo, asistencia o aquiescencia.
b) Que, para la consecución de tales fines represivos, organismos de inteligencia y de seguridad así como patrullas de las distintas ramas castrenses operaron en diversos puntos del país, instalándose en cuarteles de paso, centros de detención, en emplazamientos clandestinos que permitieron secuestrar, recluir, torturar y dar muerte a un sin número de ciudadanos. En Paralelo, dependencias ordinarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública también sirvieron como eslabón logístico y operativo para tal propósito; recintos a los cuales acudieron voluntariamente centenares de compatriotas bajo engaño o atendiendo a bandos y llamados de la autoridad militar, o bien, fueron trasladados de manera forzada tras ser aprehendidos en la vía pública o en sus domicilios, sufriendo allí todo tipo de ultrajes a su dignidad, libertad, integridad física, psíquica y, por cierto, el despojo de sus vidas.
c) Que, en la provincia de Valdivia, determinadamente en la comuna de Futrono, al interior del sector del Fundo Arquilhue y en los caseríos de Curriñe, funcionaban las oficinas de la Administración y la Pulpería del Complejo Maderero y Forestal de Panguipulli, emplazadas en el poblado de Chabranco, en las inmediaciones del complejo termal conocido como “Termas de Chihuió", En dicho lugar se encontraba constituida la sede del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero", al cual se hallaban afiliados los trabajadores agrícolas y forestales del referido complejo; constatándose que, internándose unos 16 kilómetros en dirección a la cordillera de los Andes, se halla el sector de Chihuío. En este contexto geográfico e histórico, y como consecuencia directa de la violencia política desplegada institucionalmente en contra del sector de la población civil rural de esa zona que era considerada partidaria del régimen depuesto, a contar del 13 de septiembre de 1973, funcionarios pertenecientes a Carabineros de Chile iniciaron de manera concertada y organizada la privación de libertad de diversos obreros de la zona, sin orden judicial alguna que lo autorizara.
d) Que, el día 7 de octubre de 1973 se realizaron nuevas detenciones arbitrarias en contra de civiles residentes de dicho sector por idénticos móviles de persecución política.
El día 9 de octubre de ese mismo año, personal militar perteneciente a los Regimientos de Caballería N°? "Cazadores" y de Artillería Motorizada Nº2 "Maturana", ambos con guarnición en la ciudad de Valdivia, salió con rumbo a la localidad de Futrono al mando de un Oficial y secundado por otros Oficiales de la unidad, conformando una comitiva armada compuesta por camiones institucionales y vehículos menores tipo jeep, que movilizaba una dotación aproximada de noventa efectivos de tropa. La caravana militar se dirigió deliberadamente hacia el sector sur del Complejo Maderero y Forestal de Panguipuili con la instrucción precisa de privar de libertad a campesinos y obreros sindicalizados previamente, seleccionados mediante nóminas confeccionadas con antelación, con la activa participación de lugareños motivados en razones desconocidas.
e) Que, es así como el referido 9 de octubre de 1973, efectivos militares procedieron a irrumpir en un almacén de la localidad de Futrono para aprehender y privar de libertad a (1) Luis Arnoldo Ferrada Sandoval, de 22 años, casado, padre de cuatro hijos, quien se desempeñaba como cajero y bodeguero agrícola en el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, sin que registrase militancia política conocida. Posteriormente, una vez apostados en la localidad de Llifén, la comitiva castrense concurrió hasta el Retén de Carabineros local, recinto donde los funcionarios policiales de esa dotación hicieron entrega formal a los militares de un grupo de trabajadores de la zona que mantenían encerrados bajo custodia por motivos ideológicos, entre los cuales figuraba el civil (2) Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, de 24 años, casado, padre de dos hijos, quien ejercía funciones como Jefe de Fábrica en el aludido complejo forestal y era militante activo del Partido Socialista, individuo que previamente había sido detenido el 7 de octubre de 1973 en el sector de Arquilhue por Carabineros de Lifén y conducido a Futrono el día siguiente. Asimismo, se unió al contingente de prisioneros el ciudadano (3) Rosendo Rebolledo Méndez, de 40 años, casado, padre de ocho hijos, obrero forestal y dirigente del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero", sin colitancia politica conocida, quien se había presentado de forma voluntaria en el Retén de Lifén el 7 de octubre de 1973 bajo promesas de seguridad, quedando recluido en el lugar, para ser conducido a Futrono el 8 de octubre de ese año. De igual manera, el personal militar mantuvo privado de su libertad al campesino (4) Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo, de 28 años, casado, trabajador del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, sin militancia partidista, quien había sido detenido por Carabineros de Llifén el 7 de octubre de 1973 y entregado formalmente el día 9 a los mandos de la caravana militar.
f) Que, el destacamento militar prosiguió su avance por la ruta cordillerana hasta arribar al sector de Curriñe, lugar donde los Oficiales dispusieron cercar y reunir a la totalidad de la población masculina del caserío, ordenándoles colocarse en fila con las manos en alto. En este sitio, premio dors de listas con nombres específicos de personas, procedieron a apartar y privar de libertad a las siguientes víctimas: (5) José Rosamel Cortés Díaz, de 35 años, casado, padre de dos hijas, obrero maderero del Complejo Panguipulli e integrante del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero", sin militancia política conocida; (6) Neftalí Rubén Durán Zúñiga, de 22 años, casado, padre de un hijo, obrero forestal afiliado al mismo sindicato, sin adscripción partidista conocida; (7) Eliécer Sigisfredo Freire Caamaño, de 20 años, soltero, obrero maderero del complejo forestal, sin militancia política; (8) Juan Walter González Delgado, de 31 años, casado, padre de seis hijos (naciendo el menor de ellos encontrándose su progenitor en cautiverio), empleado administrativo del Complejo Panguipulli y Secretario del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero", sin militancia política conocida; (9) Carlos Vicente Salinas Flores, soltero, de 21 años, quien presentaba una invalidez física, desempeñándose como radioperador del complejo y afiliado al sindicato antes mencionado, sin militancia partidista; y (10) Pedro Segundo Pedreros Ferreira, de 48 años, viudo, padre de ocho hijos, empleado administrativo del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli en calidad de Jefe de Predios, sin militancia conocida.
Que, las víctimas aprehendidas en Curriñe fueron subidas por la fuerza y bajo constantes malos tratos a la parte posterior de los camiones militares, prosiguiendo el convoy su marcha hacia el sector rural de Chabranco.
g) En la localidad de Chabranco, los efectivos militares privaron de libertad a un nuevo grupo de pobladores civiles, individualizados como: (11) Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, de 46 años, casado, padre de dos hijas, obrero maderero del complejo e integrante del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero", sin militancia política; (12) José Orlando Barriga Soto, de 32 años, casado, padre de cuatro hijas, oficial herrero del Complejo Panguipulli y Tesorero del Sindicato "Esperanza del Obrero", sin militancia conocida; (13) Narciso Segundo García Cancino, de 31 años, casado, padre de cuatro hijos, obrero forestal, sin adscripción partidista conocida; (14) Daniel Méndez Méndez, de 42 años, casado, padre de ocho hijos, obrero forestal y expresidente del sindicato campesino referido; (15) Rubén Vargas Quezada, de 56 años, casado, padre de diez hijos, obrero del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, sin militancia conocida; y (16) Sebastián Mora Osses, de 47 años, casado, obrero forestal del complejo y extesorero del sindicato "Esperanza del Obrero", sin militancia política conocida. En este sector cordillerano, la tropa militar detuvo al menor de 17 años, (17) Fernando Adrián Mora Gutiérrez, obrero maderero del complejo y afiliado al citado sindicato; sin militancia partidista, quien era hijo de Sebastián Mora Osses y fue obligado a abordar el vehículo tras indagar voluntariamente por el destino de su padre.
h) Que, los diecisiete campesinos y trabajadores forestales detenidos en el transcurso del operativo militar fueron trasladados bajo estricta custodia y en condiciones inhumanas hasta las Termas de Chihuío, lugar donde fueron ingresados y mantenidos atados con alambres en una dependencia de la casa patronal del fundo homónimo, de propiedad de la sucesión de la familia Gonzalez Torres. En ese sitio, durante la noche del 9 de octubre de 1973, en medio de la lluvia, el barro y la oscuridad, los prisioneros, quienes presentaban evidentes signos de haber sido sometidos a severos maltratos físicos, fueron sacados de su lugar de encierro por el personal militar y conducidos a pie a un bosque de hualles y arbustos situado a una distancia aproximada de 500 metros del inmueble principal, En las inmediaciones de dicho sector forestal, los efectivos del Ejército, actuando sin justificación legal y de manera concertada, procedieron a ejecutar a todos los prisioneros mediante ráfagas de fusilería de asalto de dotación institucional, provocandoles la muerte en el lugar sin que mediara proceso judicial, consejo de guerra o instrucción administrativa previa de ninguna especie que legitimara tal proceder.
i) Que al amanecer del día siguiente, un testigo de la zona constató de manera directa la presencia de los cuerpos inertes de los ejecutados tendidos en la faja boscosa del predio, advirtiendo que los cadáveres presentaban múltiples impactos de bala, desgarros y heridas cortantes visibles en sus extremidades y abdomen. Los restos mortales de los campesinos permanecieron abandonados a la intemperie en el mismo sitio del crimen durante varios días, cubiertos rústicamente con ramas, troncos y vegetación del lugar por disposición del personal a cargo del operativo, hasta que, transcurrido dicho lapso y por instrucción de la superioridad militar de Valdivia, una patrulla del Ejército regreso al sector con la finalidad de ocultar los cuerpos, mediante la inhumación clandestina de las victimas, procediendo para ello a sepultarlos en tres fosas comunes previamente excavadas en el terreno rocoso y arcilloso del fundo.
j) Que, con posterioridad a dicho enterramiento irregular y clandestino, los cadáveres de las víctimas fueron exhumados de noche por orden del mando militar y mediante la intervención de terceros no identificados, con el claro propósito de hacer desaparecer de forma definitiva toda evidencia del crimen. Sin perjuicio de ello, años más tarde, familiares y civiles interesados se constituyeron en el paraje de Chihuío para indagar la ubicación de las sepulturas originales, constatándose formalmente mediante posteriores prospecciones arqueológicas, antropológicas y judiciales el hallazgo de múltiples fragmentos óseos humanos consistentes en piezas craneales, de extremidades, columna vertebral, costillas y un total de catorce rótulas, además de vestimentas, calzado y diversos objetos persunales asociados a las víctimas, confirmando científicamente que los cuerpos de los ejecutados habían sido inhumados en dicho predio y desenterrados clandestinamente mediante una remoción mecánica de tierra efectuada por terceros, sin que hasta la fecha de hoy haya sido posible determinar el paradero de los restos óseos que fueron removidos e ignorándose el destino final dado a los mismos, privando de esta forma de manera permanente a sus familias de la posibilidad de recuperar y dar digna sepultura a los restos de sus seres queridos con arreglo a sus convicciones éticas o creencias religiosas.
k) Que, con la finalidad de consolidar el ocultamiento de la masacre, las autoridades militares y administrativas procedieron a practicar ficticias inscripciones de defunción ante el Servicio de Registro Civil e Identificación en favor de diversas víctimas de este episodio, consignando que los decesos se habían verificado en la lejana localidad cordillerana de Liquiñe, atribuyendo el fallecimiento a "causas no precisadas" bajo la fecha del 9 de octubre de 1973. Para dotar de apariencia de legalidad a estas inscripciones, se requirió de manera obligatoria la comparecencia ante el Oficial Civil de soldados conscriptos del Regimiento de Caballería "Cazadores", quienes figuraban registrando domicilio procesal en el mismo recinto militar de Valdivia, forzándolos a deponer falsamente en calidad de "testigos de comprobación de defunción” , en circunstancias de que estos ni siquiera conocían a las víctimas respecto de las cuales declaraban, cumpliendo de esta forma con órdenes verbales expresas emanadas de sus mandos superiores dirigidas a encubrir de manera permanente las ejecuciones sumarias perpetradas en las inmediaciones de las Termas de Chihuío.
Fuente :pjud.cl
Fecha :12-11-2026
Rosendo Rebolledo Méndez al momento de su detención tenía 40 años. Medía 1,75 y era algo macizo. Estaba casado con Ana Vergara, campesina al igual que él, tenían siete hijos y vivían en Chabranco.
Trabajaba en el Complejo como palanquero del aserradero. Rosendo era evangélico y predicaba en la Iglesia Cristiana de Jesucristo. Era también dirigente sindical.
Un hijo, Eliecer Rebolledo, lo recuerda así:
«Cariñoso, buen amigo, decía cosas lindas. Era muy querido. Jugaba con nosotros, y con todos los «cabros» al fútbol. Éramos siete hermanos. El menor de nosotros nació el 27 de septiembre de 1973, o sea días después del golpe»
En noviembre de 1989 fuimos por primera vez a Chabranco, a entrevistar a la familia de Rosendo. La casa está muy cerca de la escuela. Nos recibió el hijo mayor. Nos dijo que su madre estaba curando a una «guagüita» que tenía un «empacho» y que a él no le interesaba conversar nada acerca de su padre. Nos dijo:
«Nosotros somos siete hermanos y a mí no me interesa mi papá, si está vivo o muerto. Yo estoy igual que él ‘apechugando’. El se fue a presentar a carabineros y nunca más volvió (…) fueron los culpables por querer tomarse el fundo y participaren reuniones del Sindicato (…) No me crió, si está vivo o muerto es lo mismo. Yo no me meto, aquí cada uno vive como puede. No me interesa lo que pasa en el país. La gente tiene miedo, ven un jeep de carabineros y tienden a esconderse. Yo no, los carabineros son igual qué uno, sólo que tienen armas, me presenté a hacer el Servicio Militar, pero creo que por mi papá no me dejaron.»
«Más tarde, Doña Ana Vergara, la esposa, relata así la detención:
«Días después del Golpe a él le llegó una notificación de Carabineros para que se presentara al Retén de Llifén. La notificación se la llevó un cuñado. Después nunca más volvió (…) Yo fui al Retén de Carabineros de Llifén y le pregunté al sargento porqué lo habían detenido, y él me contestó: ‘¿cómo no va a saber?. Con todos los líos que hay. Yo calculo que fue porque lo habían inscrito en el Partido Comunista. El Sargento me dijo: ‘las mujeres siempre se hacen las ignorantes’. Me mostró un libro de detenidos: ahí estaba su nombre, su firma y la hora de salida las cinco de la tarde. Después dijeron que lo habían llevado a Futrono. Allá fui a preguntar por qué lo habían detenido y me contestaron: ‘esas cosas no se explican’».
Fuente :unidadmpt.wordpress.com
El Servicio Médico Legal (SML) de Valdivia entregó los restos de cuatro víctimas en la masacre de Chihuío, ocurrida durante la dictadura militar en octubre de 1973.
Se trata de Rosendo Rebolledo Méndez, José Barriga Soto, Sebastián Mora Osses y Narciso García Cancino, cuatro de las últimas personas que fueron identificadas.
Los hechos ocurrieron el 10 de octubre de 1973 cuando un convoy militar de los regimientos Cazadores y Maturana, llegaron hasta el fundo Chihuío en donde detuvieron, torturaron y enterraron en dos fosas comunes a 17 campesinos del sindicato Esperanza del Obrero del Complejo Agrícola y Forestal de Panguipulli.
Cinco años más tarde, en la operación Retiro de Televisores, agentes del Estado retiraron del lugar las osamentas con el objetivo de hacerlas desaparecer en el mar y así borrar los vestigios, sin embargo, en el sector quedaron restos que fueron analizados y tras lo cual se logró identificar a las víctimas.
Para el seremi de Justicia en Los Ríos, Alejandro Reyes, este dolor no es sólo de los familiares, sino que de la nación.
Los restos fueron entregados en pequeñas urnas, que estaban cubiertas por una bandera chilena. Sonia Mora, hija de una de las víctimas, dijo que nunca esperó reencontrarse así con su padre.
Isalde Barriga, hermana de otra de las víctimas, si bien valoró esta diligencia, reconoció que reabren heridas.
Por este caso hay otras seis víctimas reconocidas, faltando siete por identificar. Para la ministra de la causa, Emma Díaz, este trabajo no tiene fin.
Los restos de las víctimas están siendo velados en la casa de la memoria, para ser sepultados este viernes cementerio municipal de Valdivia.
Mientras que el SML continúa analizando distintas osamentas, en coordinación con un laboraTorio austriaco para lograr avanzar en la identificación de las restantes víctimas de la masacre de Chihuío.
Fuente :biobiochile.cl 8/5/2015
La Corte Suprema condenó a los responsables de las ejecuciones de los trabajadores en las Termas de Chihuío, el 9 de octubre de 1973.
La Corte Suprema, en fallo dividido, dictó sentencia en la investigación por los homicidios calificados de 17 personas pertenecientes al Sindicato Campesino La Esperanza del Obrero del Complejo Agrícola y Forestal Panguipulli, el 9 de octubre de 1973.
Los ministros de la Segunda sala del máximo tribunal Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y el abogado integrante Alberto Chaigneau, condenaron al Oficial (r) del Ejército, Luis Alberto Osorio Gardasanich a 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor de 17 homicidios calificados.
Además el Oficial (r) de Carabineros, Luis Eduardo Osses Chavarría fue sentenciado a tres años y un día de cárcel por su responsabilidad como cómplice de cuatro de éstos secuestros calificados, mientras que el civil Bruno Obando Cárdenas, fue absuelto por falta de participación en los delitos.
El dictamen del proceso conocido como "Caso Chihuío" se adoptó con el voto en contra de los ministros Segura y Ballesteros, quienes estuvieron por acoger la figura de la prescripción.
La investigación de este caso es por los homicidios de Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Rubén Neftalí Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, Rubén Vargas Quezada y Fernando Adrián Mora Gutiérrez.Las víctimas fueron ejecutadas en las Termas de Chihuío y fue investigada por dos ministros en visita de derechos humanos.
Fuente :latercera.cl 28/1/2011
Un mes después del golpe de Estado de 1973, un grupo de empleados de la localidad de Futrono fue sacado del recinto donde estaban reunidos. Poco después, los llevaron a 500 metros del lugar y los fusilaron
“Sanguinario, frío y atroz” son tres de los adjetivos más usados en la historia para definir a Santiago Sinclair Oyaneder, un exgeneral en retiro del Ejército de Chile de 90 años de edad, quien quedó en arresto domiciliario por su eventual responsabilidad en los crímenes en contra de 17 trabajadores, cometidos en la dictadura militar de Augusto Pinochet.
La ministra Paola Plaza González decidió someter a proceso a Sinclair, en calidad de autor del delito homicidio calificado a los trabajadores del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, el que estaba ubicado en la Región de Los Ríos, al sur de Chile. Estos fueron ejecutados en octubre de 1973, un mes después del golpe militar, hace 47 años atrás.
Según informó el Poder Judicial chileno, la magistrada extraordinaria para causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, ordenó el arresto domiciliario del imputado de 90 años de edad, debido a la emergencia sanitaria producida por el coronavirus.
Al exsenador de la República y miembro de la Junta Militar impuesta por Pinochet tras el inicio de la dictadura chilena, se le acusa por estar al mando del procedimiento que dio muerte a los 17 trabajadores, y de ordenar enterrar los cuerpos cuando se le informó que estos habían quedado expuestos sobre la superficie.
A Sinclair se le apuntó por el homicidio de Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Rubén Neftalí Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, Rubén Vargas Quezada y Fernando Adrián Mora Gutiérrez.
La carrera de Sinclair
Nació en Santiago de Chile, el 29 de diciembre de 1927 y a los 14 años de edad, ingresó a la Escuela Militar para recibir instrucción del Ejército. En 1948 fue egresado con el grado de Oficial.
Desde esa fecha se inició una carrera militar larga y extensa. A finales de los 60 ejerció como Observador Militar en el Canal de Suez, y en 1973, año del golpe militar de Augusto Pinochet, se le ordenó que ejecutara su función en como subdirector de la Academia de Guerra, siendo designado Comandante del Regimiento de Caballería Blindada N°2 de Cazadores.
Tras su “buen rendimiento” en los primeros tiempos de la dictadura militar chilena, a Sinclair también se le recomendó labores civiles como ser Agregado militar en Corea, en 1975. En 1979 además fue seleccionado para ocupar el cargo de Ministro Jefe del Estado Mayor Presidencial, y en 1983 fue designado como Ministro de Estado en el cargo de Secretario General de la Presidencia.
El 30 de noviembre de 1988 fue destinado a ocupar uno de los cargos más relevantes de su vida: se le encomendó ser miembro titular de la Junta de Gobierno en representación de Augusto Pinochet, y tras el retiro de su carrera militar, en 1990 Santiago Sinclair asumió como Senador de la República de Chile por orden del Consejo de Seguridad Nacional, hasta 1998.
Persecuciones a los trabajadores
Los antecedentes de la investigación que rodea la muerte de los 17 trabajadores indicó que los hechos tuvieron su origen en la localidad de Futrono, ubicada a 764 kilómetros al sur de Santiago.
En este lugar, estaba emplazada la administración y pulpería del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, en las inmediaciones de las termas de Chihuío. En aquel recinto, también funcionaba el sindicado “Esperanza del Obrero”, al que pertenecían los trabajadores del complejo.
Tras la llegada de los militares al poder, se inició una violenta represión en contra de los partidarios del Presidente Salvador Allende Gossens. Desde el 13 de septiembre de 1973, se procedió a la detención de un grupo de campesinos por parte de Carabineros de Chile.
La jornada del 7 de octubre de 1973 se realizaron nuevos arrestos en los alrededores de Futrono, mientras que dos días después, el 9 de octubre, personal militar de los Regimientos Caballería N° 2 ‘Cazadores’ y ‘Maturana’ de la ciudad de Valdivia, ubicada en la Región de Los Ríos, se dirigieron rumbo a dicha localidad al mando de un oficial y de otros subalternos.
Estos iban específicamente en camino hacia el sector sur del Complejo Maderero Panguipulli, bajo la misión de reprimir y arrestar a un sector específico de trabajadores.
Un crimen cruel
Tras llegar al lugar, los detenidos de este procedimiento fueron dirigidos en una caravana militar hasta el sector de Termas de Chihuío, ubicado en la Región de Los Ríos, al sur de Chile.
El 9 de octubre de 1973, durante la noche de esa jornada, personal militar extrae a 17 personas desde el interior de una casa patronal del Fundo Chihuío, siendo trasladados hasta unos 500 metros del recinto, donde se les fusiló a todos, sin contemplación.
Una vez fusilados, los cuerpos quedaron esparcidos sobre la superficie. De todos estos hechos se le informó al Comandante del Regimiento Cazadores, Santiago Sinclair, quien mantenía guarnición en la ciudad de Valdivia, y el que poseía el rango de teniente coronel.
Según la investigación, Sinclair estuvo en todo momento enterado de lo que pasaba con los detenidos, y sobre el destino de estos. Cuando se le informó que los detenidos habían quedado sobre la superficie, este ordenó que se les enterrara para luego de entrar en rabia con sus subalternos por causa de este “descuido”.
De los 17 detenidos que fueron fusilados en esa jornada, 15 eran evangélicos. Según un antecedente investigativo, antes que el pelotón les quitara la vida, este grupo cantó alabanzas hasta el final.
Fuente :infobae.com 2/6/2021
Acto conmemorativo se realizó en el Memorial de Chabranco. Detalles en la nota.
El pasado lunes 9 de octubre , en el sector cordillerano de Chabranco, comuna de Futrono, se efectuó un acto conmemorativo de los 50 años de un episodio triste y olvidado de la Región de Los Ríos: el asesinato de 18 trabajadores el 9 de octubre de 1973, al comienzo de la dictadura cívico militar.
El evento comenzó pasadas las 13 horas, con la locución de Lidia Rebolledo Vergara, hija de uno de los trabajadores ejecutados. A través de lecturas y emotivos relatos, se recordó el difícil momento que vivieron desde hace medio siglo, así como el camino de lucha que han seguido durante décadas en busca de justicia y reparación.
“Yo iba a cumplir diez años cuando asesinaron a mi padre. Para nosotros, es un momento muy triste. Sin embargo, con el paso de los años nos hemos fortalecido para seguir adelante y recordar a mi padre, Rosendo Rebolledo Méndez, así como a mis tíos Daniel Méndez Méndez y Sebastián Mora Osses, mi primo Fernando Mora Gutiérrez y sus compañeros de trabajo”, expresó.
"Estamos aquí para no olvidar y para que se conozca la historia que ocurrió en nuestra región, con la esperanza de que nunca más se repita", agregó Lidia Rebolledo.
Asimismo, agradeció el apoyo de Carabineros del retén Llifén en la actividad, quienes brindaron resguardo y coordinación para evitar problemas por el estado del camino hacia Chabranco, el que en ciertos lugares se encuentra restringido.
Memorial en Lago Ranco
Por su parte, la representante de la Corporación de Ejecutados Políticos de Valdivia, Ida Sepúlveda, agradeció la presencia de los familiares y del gobernador regional, Luis Cuvertino, quien siempre ha apoyado esta lucha y los instó a continuar el trabajo de la memoria.
Además, Sepúlveda anunció que próximamente se inaugurará un memorial en Lago Ranco que permitirá visibilizar la memoria histórica en dicha comuna.
Las víctimas, en su mayoría trabajadores del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli y miembros del sindicato "Esperanza del Obrero", fueron las siguientes:
Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortes Díaz, Neftalí Rubén Durán Zúñiga, Luis Arnoldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado.
También Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Fernando Adrián Mora Gutiérrez, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo y Rubén Vargas Quezada.
Además, en la lista de ejecutados aparece el nombre de Andrés Silva Silva, originario de Nilahue, comuna de Lago Ranco, entregado por carabineros a la caravana militar que se dirigía a Chihuío, siendo asesinado en el sector de Sichahue y su cuerpo abandonado en el lugar. Más tarde, fue sepultado en el campo por lugareños.
En cuanto a los desaparecidos, Carlos Vicente Salinas Flores, su madre, María Elena Flores Avilés, de 93 años, mantiene viva la esperanza de conocer el paradero de su hijo.
En el caso de Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, sus padres fallecieron sin llegar a saber dónde se encuentra, al igual que en el caso de Neftalí Rubén Durán Zúñiga.
De Juan Walter González Delgado, su esposa, Elisabeth Arizmendi, de 76 años, no pierde la esperanza de saber acerca de su esposo.
Fuente :diariodevaldivia.cl 17/10/2023
Otras fotos