SANTIAGO.- La Corte Suprema decidió designar nuevos ministros de fuero con la finalidad de redistribuir las causas en las que se investigan hechos que presumiblemente constituyen violaciones a los derechos humanos, los que hasta la fecha, en su mayoría, eran pesquisados por el ministro Juan Guzmán Tapia.

De esta forma, el máximo tribunal designó a la ministra de apelaciones de San Miguel, María Estella Elgarrista, para asumir la investigación de los procesos denominados "San Bernardo" y "Paine", por secuestro homicidio y otros delitos.

Además, la Corte designó al ministro del tribunal de alzada Daniel Calvo Flores, como ministro de fuero, para investigar de manera exclusiva 66 causas que hasta el momento sustanciaba el ministro Guzmán entre las que se encuentran los episodios "Lagos Ranco", "Tocopilla", "Pisagua" y Arica.

La Corte Suprema asignó además como ministro de fuero al magistrado Alejandro Solís, para que asuma la tramitación de los casos "Villa Grimaldi", "Coelemu" y otras cinco causas.

El magistrado Jorge Zepeda fue nombrado como ministro de fuero para sustanciar 15 casos que también investigaba el juez Guzmán, entre ellos los episodios "Endesa", "Tohá", "Menores Coquimbo", "Estadio Nacional" y el caso "Silberman".

De las 90 causas que investigaba hasta hoy el juez Guzmán, sólo seguirá investigando cinco, que son los episodios operación "Colombo", "Cóndor", "Operación Cóndor II", el "Caso Caravana" y el caso "Conferencia".

Al respecto, el magistrado sostuvo que no considera que la decisión del máximo tribunal sea un castigo. "Es bastante el trabajo que hay, pero me sentía y me siento capaz de asumirlo", agregó Guzmán.

Además se dispuso que Guzmán entregue el caso "Nehme" al ministro Alfredo Pfeiffer, que entregue los cuadernos respectivos a los diferentes jueces que fueron designados y que en los casos que no estén incluidos en las nuevas asignaciones, entregue los expedientes a la Corte de Apelaciones de Santiago.

La Corte Suprema estimó además que la ministra Amanda Valdovinos, quien hasta ahora se avocó a determinar la ubicación de restos de detenidos desaparecidos, cumplió con la tarea encomendada por lo que ahora debe remitir su investigación al juez con dedicación exclusiva y titular del Quinto Juzgado del Crimen Juan Carlos Urrutia.

El máximo tribunal solicitó a los ministros designados que investiguen las causas "con la mayor celeridad" a fin de poner término en el menor tiempo posible a los procesos.

Esta decisión fue tomada por la Corte Suprema luego que el ministro visitador de la Corte de Apelaciones, Milton Juica, emitió un informe sobre el desarrollo de las investigaciones en casos de derechos humanos, documento que fue crucial a la hora de tomar esta nueva distribución.

El magistrado viajó a Coquimbo para interrogar a dos ex oficiales del Ejército y establecer su responsabilidad en la muerte de los menores, que tenían siete y ocho años.
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El ministro de fuero Juan Guzmán Tapia se encuentra en Coquimbo para interrogar a dos ex oficiales del Ejército presuntamente implicados en el homicidio de dos menores de edad, hecho ocurrido en esa zona durante el régimen militar de Augusto Pinochet.

El magistrado intenta establecer las responsabilidades de los ex uniformados en la muerte de los niños de ocho y siete años Jim Christie Bossy y Rodrigo Javier Palma Moraga, cuyos restos fueron exhumados hace tres meses para realizar los últimos peritajes tanatológicos.

A raíz de que se cree que una patrulla militar del regimiento Arica participó en esta acción, el ministro interrogó a los dos ex oficiales, cuyos nombres se mantienen en reserva, y conoció el testimonio de los padres de los menores muertos.

Se estima que el magistrado visitará dentro de las próximas horas la zona exacta donde se encontraron los cuerpos de los pequeños.

En el proceso declaró vía oficio el comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre quien negó haber estado en el lugar en la fecha del crimen, tal como sostienen otros efectivos militares.

Niños ejecutados
El ejército niega que Cheyre esté vinculado con el asesinato de dos niños en la IV Región, ocurrido en diciembre de 1973. La querella fue presentada por los abogados Hugo Gutiérrez y Juan Bustos en julio de 2001, contra el general (r) Augusto Pinochet, interpuesta por los familiares de Rodrigo Palma Moraga y Jimmy Christie Bossy, de 8 y 9 años de edad respectivamente, ejecutados tras el golpe militar de 1973.

Los menores fueron fusilados por una patrulla militar que custodiaba unos gaseoductos en una población del sector La Herradura, habitada por funcionarios de Impuestos Internos.


"Qué saben ustedes"

La tarde del 24 de diciembre de 1973, tres niños -Rodrigo Javier Palma Moraga, Jimmy Christie Bossy y Nelson Patricio Díaz Gajardo-, jugaban en las cercanías de la población ubicada en la parte superior de los estanques para el almacenamiento de combustible en Guayacán, Coquimbo. El padre de Patricio, al regresar de su trabajo, vio a los niños y se llevó a su hijo a casa. Los otros dos menores quedaron ahí. No llegaron a sus hogares, lo que causó alarma en el barrio. Los vecinos se organizaron por parejas para buscarlos. Se vieron obligados a infringir el Toque de Queda que, ese día, por ser Navidad, se alargó hasta las 21:00 hrs.

Nelson Díaz, padre de Patricio, y Luis Varas, utilizaron un automóvil. Llegaron hasta la portería de los estanques. Allí se percataron que, extrañamente, no había ningún militar, ni guardia. Los estanques eran custodiados permanentemente por los militares. Horas antes habían constatado la presencia de muchos soldados, que disparaban sus metralletas habitualmente. A los pobladores les habían dicho que ahí "se podían producir atentados extremistas". El personal que custodiaba los estanques pertenecía al Regimiento de Artillería Motorizado Nº2 "Arica" de La Serena.

Los vecinos, alarmados y frustrados por la búsqueda inútil, regresaron a sus casas. Nelson Díaz y Luis Varas fueron detenidos por una patrulla de militares que revisaron el auto e, incluso, dispararon sobre el techo del Fiat-600. Contra la muralla y con las manos en la cabeza, fueron amenazados de muerte, en "caso de moverse o alarma". Permanecieron allí, en espera de alguien de mayor rango. Luego, un capitán les presentó excusas y los dejó en libertad. Como consecuencia de la desaparición de los menores, la vida del barrió cambió radicalmente. La casa de Raúl Palma, padre de uno de los niños, se veía permanentemente custodiada. La población fue cercada, y se sometió a las familias de los menores a "arresto domiciliario". Toda la población fue allanada por militares armados, quienes los interrogaron sobre "la desaparición de los menores" y "qué sabían de eso".


Balas militares

Los padres de los menores eran trasladados a menudo al regimiento, para ser torturados.

Se efectuaron intensas búsquedas para dar con el paradero de los niños, participando el Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, Carabineros e Investigaciones con una brigada de Homicidios que enviada especialmente desde Santiago. Carabineros utilizó perros policiales "expertos en rastreo". Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa.

En agosto de 1978, niños del vecindario -que jugaban en el sector-, encontraron los restos de los menores sepultados a orillas del camino que conduce a la playa La Herradura, cercano a los depósitos de combustible, y a una distancia de, aproximadamente, 100 metros de las casas. Estaban a una profundidad no superior a 20 centímetros, lo que resulta completamente incomprensible dado que en el lugar se buscó afanosamente, incluso con los perros policiales.

"Debido a esto y otros antecedentes presumimos que los cuerpos fueron colocados allí con posterioridad", señala el abogado Hugo Gutiérrez. En el Instituto Médico Legal de Santiago, se realizaron los peritajes. Los padres fueron citados para la entrega de los restos, entrevistándose con un médico legista, que practicó la autopsia. Les indicó que la causa de muerte era "a consecuencia de impactos de bala de grueso calibre, provocándoles la destrucción del 75% del cráneo", y agregando que "esos proyectiles los usan sólo el Ejército". Sin embargo, el médico les señaló que "no podía certificar esa causa de muerte". "Efectivamente el certificado señala 'causa de muerte indeterminada'", agrega Gutiérrez.

En la querella se cita, en calidad de inculpados, a Ariosto Lapostol Orrego, comandante del Regimiento Arica, Juan Emilio Cheyre Espinoza, que en el momento de ocurridos los hechos se desempeñaba como ayudante del comandante Lapostol, y va dirigida contra Augusto Pinochet y "todos los que resulten responsables". También se cita a Osvaldo Pincetti, que mantuvo secuestrados a los padres de los niños, y al oficial Carlos Verdugo Gómez, que formaba parte de la Unidad Especial de Inteligencia del Regimiento "Arica".

Se presume que el grupo que estaba de guardia en ese momento, fue el que fusiló a los niños. Después, escondieron los cuerpos para volver a enterrarlos en las cercanías cuando la búsqueda de la policía y los vecinos terminó. "Por eso no había ningún militar cuando los vecinos los buscaron en los estanques. Los padres nunca presentaron el caso en ninguna instancia, por temor. No se califica todavía la participación de Cheyre. Lo citamos en calidad de 'inculpado'. No sabemos qué participación tuvo, y queremos que declare lo que sabe. Es razonable pensar que él, como ayudante del comandante, supo de los hechos y está al tanto de la participación de la patrulla militar. El ministro Guzmán hasta ahora no ha citado a nadie en el proceso", señala Hugo Gutiérrez.


Lapostol, Moren y Cheyre

El ex comandante del Regimiento "Arica" de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, niega que sus oficiales hayan participado en los fusilamientos de la Caravana de la Muerte, o dando un tiro de gracia por orden de Arellano.

El año pasado, señaló a Canal 13: "Yo le ordené en forma taxativa al entonces teniente Cheyre que ninguna persona ni ningún oficial, ni suboficial, cabo, sargento, soldado, participara en nada, ni en un consejo de guerra, a la orden del general Arellano". Sin embargo, Lapostol confirmó que "los ejecutados fueron elegidos por Arellano".

En la Caravana de la Muerte viajaba el capitán Marcelo Luis Manuel Moren Brito, que formaba parte de la Agrupación de Combate Santiago-Centro bajo el mando también de Arellano Stark.

Moren Brito viajó a Santiago horas antes del golpe militar en septiembre de 1973. Moren no era un desconocido en La Serena: era en ese momento, el segundo comandante del Regimiento "Arica".

 

El juez Juan Guzmán Tapia supervisó hoy la exhumación de los restos de un niño presuntamente ejecutado en 1973.
La diligencia se realizó en el Cementerio Parque del Mar, en Concón y los restos pertenecen al menor Rodrigo Javier Palma Moraga, quien al momento de su muerte tenía ocho años.
Efectivos del Departamento de Criminalística de la Policía de Investigaciones realizaron la exhumación bajo la dirección del juez Guzmán.
"Eso es lo que estoy buscando", dijo el juez cuando fue consultado sobre la identidad de los autores del asesinato del menor.
Palma, junto a otro menor, Jim Christie Bossy -de siete años-, habría sido ejecutado el 24 de diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento "Arica" de Coquimbo.
De acuerdo a los antecedentes aportados por los familiares, los dos niños fueron fusilados por efectivos del Ejército que custodiaban unos gasoductos en una población del sector de La Herradura, que era habitada por empleados fiscales.
Los restos de los niños fueron entregados en un ataúd sellado a sus padres recién en agosto de 1974, y los certificados de defunción respectivos no determinaban con exactitud la causa de sus muertes.
Con este fin, el magistrado Guzmán dirigió este jueves la exhumación de la osamenta de Palma Moraga, mientras que la semana pasada hizo lo mismo con el cadáver de Christie Bossy.
Las osamentas de los menores serán examinadas en Santiago por expertos del Instituto Médico Legal, para establecer las causas y circunstancias de su muerte.
Las familias de los niños han asegurado que los cuerpos de los menores tenían varios impactos de bala, lo que se determinará con las exhumaciones realizadas.
"No puedo hablar, por el secreto del sumario, pero al parecer hubo mal trato", dijo Eugenia Moraga, madre del niño cuyas osamentas fueron exhumadas en Viña del Mar.
El caso de los menores ha cobrado relevancia, luego de conocerse que el actual comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, era ayudante del comandante del Regimiento "Arica" de Coquimbo, unidad militar a la que se responsabiliza de las ejecuciones.
Consultado sobre si llamará a declarar a Cheyre por este caso, el juez Guzmán señaló que estudiará todos los antecedentes que existen en el proceso antes de decidir si cita al jefe del Ejército chileno.
Hace unos días, Cheyre manifestó su disposición a concurrir a los tribunales a entregar su testimonio en caso de ser requerido por la justicia

Testimonios, fotografías, cartas, testimonios y otros documentos que familias, amigas y amigos entregaron o escribieron especialmente para ser publicados incorpora el libro “Rompiendo el silencio de niñas, niños y adolescentes ejecutados políticos durante la dictadura cívico-militar 1973-1990”, el que fue realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y a la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

La publicación basada principalmente en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991) y el Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (1996), busca reconstruir de forma integral y cuidada cada una de las vidas e historias de las víctimas.

Durante la investigación se accedió al archivo de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, donde se custodian documentos que las familias han preservado a través de años. También se incluyeron ilustraciones que estuvieron a cargo de Álvaro Gómez.

El proceso de creación fue un desafío complejo que implicó conjugar delicadeza, respeto y rigurosidad metodológica para enunciar en esta obra una verdad dolorosa e ineludible.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal Abarzúa, se trasladó la semana pasada hasta el Cementerio Parque del Mar, de la comuna de Concón, para dirigir la exhumación de los restos de uno de los niños que desaparecieron en la navidad de 1973, en el caso conocido como “Los ángeles de Guayacán”.

La diligencia (causa rol 2182-98), encabezada por el ministro Hormazábal Abarzúa, busca esclarecer las circunstancias en que se produjeron las muertes de Jimmy Christie Bossy y Rodrigo Javier Palma Moraga, de 7 y 8 ochos, respectivamente, a la época de los hechos. Los niños desaparecieron en horas de la tarde del 24 de diciembre de 1973, mientras jugaban en el sector de Guayacán, comuna de Coquimbo, en las inmediaciones de los estanques del almacenamiento de combustible emplazados en el área.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal Abarzúa, se trasladó la semana pasada hasta el Cementerio Parque del Mar, de la comuna de Concón, para dirigir la exhumación de los restos de uno de los niños que desaparecieron en la navidad de 1973, en el caso conocido como “Los ángeles de Guayacán”.Casi cuatro años después, sus cuerpos fueron encontrados por un grupo de menores que jugaban en el mismo sector, enterrados a orillas del camino que conduce a La Herradura, a unos cien metros de sus casas y a una profundidad no superior a 20 centímetros. Sus cuerpos presentaban lesiones atribuibles a impactos de balas, dando sustento a las denuncias de familiares y vecinos que sindicaban como responsables de la muerte de las víctimas a efectivos del regimiento Arica, quienes custodiaba los estanques y habrían fusilado a Christie Bossy y Palma Moraga.

Al finalizar la diligencia, el ministro Hormazábal Abarzúa explicó que la exhumación de los restos del menor Rodrigo Javier Palma Moraga, podrían arrojar mejores resultados que  las pericias practicada años atrás, debido a que los peritos ahora cuentan con mejor tecnología. Esto, precisó, considerando que, tras las primeras exhumaciones ordenadas por los jueces Juan Guzmán y, posteriormente, por el ministro Jorge Zepeda, los resultados no fueron concluyentes.

Durante la diligencia, el magistrado contó con el apoyo de efectivos del Departamento de Criminalística de la PDI y de peritos del Servicio Médico Legal.

Este jueves 23 de noviembre a las 18:00 horas en la sala Enrique Sazié de la Casa Central del plantel se realizará la proyección gratuita y abierta a todo público del documental que narra la historia de la desaparición en plena dictadura de Jimmy Christie y Rodrigo Palma, niños de 7 y 8 años, respectivamente. La invitación es a conocer la lucha de los familiares por encontrar verdad y justicia.

En el marco de la octava edición de las Jornadas de Filosofías e Infancias de la U. de Chile “A 50/53 años, de Infancias, Resistencias y Utopías, un Horizonte para Repensar Juntos y Juntas” este 23 de noviembre se exhibirá el documental “Ángeles de Guayacán”, de Cristian Lagos y Aukaleb Ankaro. Este último, será parte del conversatorio posterior que se realizará junto a Karen Cea, encargada de la Oficina de Memoria del CNTV y Eugenia Moraga, madre de Rodrigo Palma.

Jimmy Christie y Rodrigo Palma fueron dos niños de 7 y 8 que desaparecieron mientras jugaban en la calle el 24 de diciembre de 1973 en Coquimbo, en plena Dictadura Cívico-Militar. Casi cuatro años después aparecieron sus cuerpos enterrados a baja profundidad en el mismo lugar que fueron buscados por años. El Ejército persiguió y torturó a los familiares mientras que impuso un velo de injusticia que ha durado 50 años. Tras la invitación de un grupo de mujeres, la única madre hoy con vida volverá luego de muchos años al barrio de Guayacán en Coquimbo, a inaugurar un memorial en recuerdo de ambos niños, trayendo consigo todas sus memorias.

A 50 años del golpe de Estado,  este encuentro planteará una reflexión sobre las violencias que produjo la dictadura , analizando  en conjunto las experiencias de actores y testigos como niños, niñas y jóvenes, quienes representan, a la vez, una defensa irrestricta de los Derechos Humanos, como un marco ético mínimo para pensar en una vida digna.

Para los organizadores, la convocatoria es a reflexionar desde la infancia, como un horizonte “que nos permite cuestionar lo incuestionable, pensar lo no pensado y esperar lo inesperado, a pensar infantilmente, a pensar en nuestro pasado reciente desde y con la infancia, para volver a mirar la historia de Chile y de nuestro continente”.

Sobre “Ángeles de Guayacán”

Bajo la producción de Cuello Negro Films, este documental buscó explorar en sus inicios temáticas sensibles que trascendieran generaciones, nutriendo el diálogo contemporáneo sobre los derechos humanos, abrazando y preservando la memoria colectiva.

Según relatan Lagos y Ankaro, impulsados a abordar historias como la de los “Ángeles de Guayacán”, el compromiso con la verdad y la justicia fue la piedra angular de su labor cinematográfica. “La génesis de este documental se remonta a la historia de Eugenia Moraga, madre de Rodrigo Palma, un niño de 9 años cuya vida, junto a la de su amigo Jimmy Christie, fue truncada en circunstancias inexplicables durante la víspera de Navidad en 1973, en la provincia de Coquimbo. La desaparición y el posterior hallazgo trágico de sus restos, marcados por signos de violencia, plantearon interrogantes inquietantes sobre la intervención militar en esos sucesos”, relatan.

Esta narrativa, empapada de dolor y carencia de justicia, junto con la incansable búsqueda de sus familiares, se convirtió en un llamado urgente para sacar a la luz la verdad oculta tras décadas de silencio. “Hoy, Eugenia Moraga, con sus 87 años, es la única sobreviviente al paso del tiempo, después de 50 años de búsqueda, y quisimos compartir un pedacito de su vida, honrando su valentía y perseverancia en esta lucha por la verdad y la memoria”, comentan sus directores.

Al respecto, Eugenia Moraga –hoy con 87 años- resalta la necesidad de difundir el mensaje que transmite este documental “para que aprendamos a tenernos respeto, a tolerar nuestras opiniones, a vivir y buscar el equilibrio, para que nunca más”.

Para los creadores de esta obra, la exhibición de este documental no solo representa la crónica de una tragedia específica, sino que también constituye un recordatorio vívido y conmovedor de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. “Este tipo de piezas audiovisuales no solo documentan el pasado, sino que también provocan una reflexión profunda y un llamado a la acción. Sirven como testimonios vivos de la importancia de la memoria histórica para preservar la justicia y la dignidad de las víctimas y sus familias”, afirman.

Por esto, Lagos y Ankaro comentan que a través de esta obra, el mensaje esencial que intentan transmitir es la necesidad perenne de justicia y verdad para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. El caso de los “Ángeles de Guayacán” encapsula la impunidad que prevaleció en numerosos casos similares de vulneración de infancias durante la dictadura. “Queremos destacar la relevancia de recordar y honrar estas historias, no solo como un acto de memoria, sino como un compromiso social para evitar la repetición de tales atrocidades en el futuro”, sostienen.

Finalmente, sus creadores recalcan que este proyecto no solo es una obra cinematográfica, sino también una herramienta vital para la reparación simbólica de las víctimas y sus familias. “Financiado por “Fondos Concursables para Proyectos de Cultura y Sitios de Memoria 2023" de la Subsecretaría de Derechos Humanos, este documental se erige como un faro que ilumina el camino hacia una cultura arraigada en la promoción y el respeto de los derechos humanos, garantizando así que los horrores del pasado no se repitan”, dicen.

Las coordenadas para asistir son:

Este jueves 23 de noviembre a las 18:00 horas en la Sala Enrique Sazié de la Casa Central de la Universidad de Chile, ubicada en Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1058, comuna de Santiago.