TRIGÉSIMO SEXTO:

Que se condena, como autores del delito de homicidio calificado de José Gabriel Arriagada Zúñiga, José Manuel Arriagada Cortes, José Manuel Carrasco Torres y Gilberto Antonio Ortega Alegría, perpetrado en el Puente Pichoy, correspondiente a San José de La Mariquina, el día 12 de octubre de 1.973, a las siguientes penas:

1- JUAN BAUTISTA RIVERA OBANDO, a la pena de CINCO AÑOS de presidio menor en su grado máximo, y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos
políticos y de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

2- A SAMUEL ABURTO VERA, ARTURO EDALIO FLANDEZ VERGARA, y OSCAR ENRIQUE ARENAS GONZALEZ, a cada uno la pena de OCHO AÑOS de presidio mayor en su
grado mínimo y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure
la condena.

Son decenas las personas que perdieron la vida en las primeras horas del golpe militar y cuyas historias han quedado casi olvidadas por la vorágine de los hechos y de la historia desde que comienza el despliegue uniformado de las tropas golpistas, consuman el cruento golpe de estado y se instala la feroz dictadura militar.

Por Darío Núñez

Por lo general se trata de personas comunes y corrientes que salieron a cumplir sus obligaciones laborales o estudiantiles y nunca volvieron a sus casas porque les sorprendió la muerte traída por balas de las tropas uniformadas que disparaban sin reparos, a diestra y siniestra, para imponer el terror a rajatabla. Trabajadores y trabajadoras, estudiantes, jubilados, dueñas de casa, niños y niñas de corta edad, de todos los barrios y rincones de la ciudad de Santiago sufrieron el desatado furor bélico de los golpistas que no trepidaron en disparar contra todo aquello que se moviera.

Más allá de los fríos datos oficiales, los nombres e historias de estas primeras víctimas no son muy conocidas. Pero tras la muerte en La Moneda del presidente Salvador Allende, tras el ataque de los bombarderos que destruyeron el palacio presidencial, tras las decenas de ejecutados en el mismo edificio gubernamental y en sus alrededores, tras las decenas de personas detenidas y conducidas a diversos centros de detención por las tropas uniformadas, la muerte y sacrificio de estas decenas de personas no puede ser ignorada, no debe quedar en el olvido.

Agrupación de Derechos Humanos de Los Ríos y familiares de ejecutados políticos en Dictadura, participaron esta jornada de la inauguración de un monolito en el Puente sobre el río Pichoy, donde se dio muerte a 4 detenidos.

La actividad comenzó con una caravana que partió en el coliseo municipal y se dirigió hasta el puente Pichoy, entrada norte de Valdivia.

En la ocasión se recordó la muerte del suplementero y militante comunista José Manuel Arriagada Cortés, de 19 años; el topógrafo y militante socialista José Gabriel Arriagada Zúñiga, de 30; José Manuel Carrasco Torres, contador y militante comunista; y de Gilberto Antonio Ortega Alegría, de 39 años, empleado, dirigente sindical y militante socialista.

Ellos fueron detenidos el 10 de octubre del 1973 por carabineros de Malalhue y de Lanco y trasladados posteriormente a la Tenencia de esa comuna. En dicho recinto, producto de las torturas, falleció Gilberto Antonio Ortega Alegría, en presencia de testigos. Al cabo de pocas horas, los otros tres detenidos y el cuerpo de Ortega fueron sacados de la Tenencia para ser trasladados a Valdivia. José Gabriel Arriagada fue amarrado con José Manuel Arriagada, y Carrasco con el cuerpo de Ortega.

Al pasar 2 días de la detención, los hombres fueron ejecutados en el puente Pichoy. Todos los cuerpos registraban múltiples impactos de bala.

Jorge Rivas, sobre viviente del asesinato, sostuvo que este tipo de episodios deben quedar en la memoria de la gente.

En tanto, el alcalde de Lanco, Luis Cuvertino, señaló que él en ese tiempo estuvo detenido y fue contemporáneo a tales hechos, cuando el recinto de Carabineros fue utilizado para las torturas y que ahora es ocupado por la municipalidad.

En cuanto al Informe Rettig, la investigación judicial terminó en 2008 con la condena de 4 ex funcionarios de carabineros, 3 suboficiales y un teniente, que no cumplieron penas de cárcel por la muerte de estas personas. De todas formas, Jorge Rivas sostuvo que estarán atentos a cualquier posibilidad de reabrir el caso para que los condenados paguen con cárcel.

Se inició proceso de construcción en el lugar donde fueron asesinados los obreros José Manuel Arriagada Cortés, José Gabriel Arriagada Zúñiga, José Manuel Carrasco Torres y Gilberto Antonio Ortega Alegría, en la Región de los Ríos.

Valdivia. 6/2025. Con emoción, memoria viva y convicción política, más de 50 personas se congregaron en el Sitio de Memoria Puente Pichoy, lugar donde hace 53 años fueron asesinados por agentes del Estado cuatro obreros residentes en la comuna de Lanco: José Manuel Arriagada Cortés, José Gabriel Arriagada Zúñiga, José Manuel Carrasco Torres y Gilberto Antonio Ortega Alegría, todos ellos partidarios del gobierno del Presidente Salvador Allende.

Ese acto simbólico, realizado el sábado 7 de junio, marcó el inicio en terreno del proceso de construcción de un memorial por parte del Estado de Chile, una iniciativa impulsada incansablemente durante más de 12 años por la Agrupación de Usuarias y Usuarios PRAIS de la Región de Los Ríos, con el respaldo de familiares y diversas autoridades locales, regionales y nacionales.

Entre los presentes destacó también la participación del Gobernador Regional de Los Ríos, Luis Cuvertino Gómez, como de los Seremis de Justicia, Cultura,  Minería y la Directora Regional del Registro Civil, así como dirigentes de agrupaciones y colectivos de derechos humanos de la región, quienes reafirmaron su compromiso con los procesos de verdad, justicia, memoria y reparación.

Por instrucción de la ministra de Obres Públicas, Jessica López Saffie, concurrió a terreno el director nacional  Boris Olguín Morales, junto a la Seremi de Los Ríos, Nubia Peralta, y el presidente de la Agrupación de Usuarios PRAIS, Juan Vega Santana, para dar a conocer oficialmente el comienzo del trabajo que concluirá este año.

Memoria como compromiso de futuro

El lugar donde ocurrieron los crímenes, el antiguo Puente Pichoy, no es solo un espacio físico, es un testimonio del terrorismo de Estado que vivió Chile tras el golpe civil militar de 1973. Convertirlo en memorial no es un gesto simbólico, es una afirmación concreta de que la historia no puede ser sepultada, y que la reparación también es una forma de construir el futuro.

Hoy, esa memoria adquiere una urgencia renovada. En tiempos en que sectores de la derecha promueven discursos negacionistas y relativizan los crímenes de la dictadura, levantar este memorial es también una forma de resistencia. Es una respuesta clara frente al avance de ideologías autoritarias y fascistas, las mismas que justificaron y justifican el asesinato de estos cuatro mártires populares.

Nunca Más

La jornada fue también un espacio de encuentro intergeneracional y de reafirmación del compromiso con el “Nunca Más”, dejando en claro que los crímenes de la dictadura no serán olvidados.

La construcción del Memorial Puente Pichoy será un acto de dignidad, verdad y resistencia, un paso imprescindible para que las nuevas generaciones comprendan que el respeto irrestricto a los derechos humanos es la base de toda sociedad democrática. “Nada ni nadie está olvidado”.

Hasta la Fiscalía regional de Los Ríos llegaron representantes del Partido Comunista en Los Ríos junto a otras organizaciones, para denunciar daños en memorial del puente Pichoy.

En dicho memorial, se rinde un homenaje los ejecutados políticos José Manuel Arriagada Cortez, José Gabriel Arriagada Zúñiga, José Manuel Carrasco Torres y Gilberto Antonio Ortega Alegría, militantes de los partidos Comunista y Socialistas, que el día 12 de octubre de 1973 fueron ejecutados sumariamente sobre el puente Pichoy por funcionarios de Carabineros de Chile.

Es por ello que representantes del Partido Comunista junto a organizaciones de Derechos Humanos, Prais y Ex Presos Políticos denunciaron ante la Fiscalía de Los Ríos a quenes resulten responsables por los delitos.

Al respecto Paola Peña Marín, Secretaría Regional del Partido Comunista, señaló que con esta acción “lejos de acallarnos, hoy día con más fuerza vamos a estar en las calles, porque Chile despertó y las demandas del pueblo de Chile son justas”.