Corte Suprema dictó la sentencia definitiva por las ejecuciones de 17 trabajadores del Sindicato Campesino La Esperanza del Obrero del Complejo Agrícola y Forestal Panguipulli.
En fallo dividido, la Corte Suprema dictó sentencia en la investigación en el proceso conocido como caso Chihuío, correspondiente a los crímenes de 17 personas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Los trabajadores asesinados el 9 de octubre de 1973 pertenecían al Sindicato Campesino La Esperanza del Obrero del Complejo Agrícola y Forestal Panguipulli.
En esta causa fue condenado el oficial de Ejército en retiro Luis Alberto Osorio Gardasanich, quien recibió una pena de 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor de los 17 homicidios calificados. En tanto, el oficial de Carabineros en retiro Luis Eduardo Osses Chavarría, fue sentenciado a 3 años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplice de 4 de los 17 secuestros calificado. Por su parte, el civil Bruno Esteban Obando Cárdenas resultó absuelto por falta de participación.
La resolución fue adoptada con el voto favorable de los ministros de la Segunda sala del máximo tribunal Jaime Rodríguez y Hugo Dolmestch, más el abogado integrante Alberto Chaigneau, en tanto los magistrados Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros estuvieron por la figura de la prescripción.
La misma sala, con el voto en contra del ministro Dolmestch y el abogado integrante Chaigneau, resolvió además desestimar el pago de una indemnización para los familiares de las víctimas por incompetencia del tribunal.
LAS VÍCTIMAS
La siguiente es la nómina de víctimas en el caso Chihuío: Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Rubén Neftalí Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, Rubén Vargas Quezada y Fernando Adrián Mora Gutiérrez.

Durante este sábado fueron entregados los restos de dos obreros forestales del Fundo Chihuío, del Complejo Agrícola y Forestal Panguipulli, quienes fueron detenidos, torturados y asesinados en manos de militares durante la dictadura de 1973.

Durante este sábado fueron entregados los restos de Rubén Vargas (56), quien era tejuelero y dirigente del sindicato “La esperanza del obrero”, y Fernando Mora Gutiérrez (17), quien era obrero maderero, ambos detenidos en octubre del año 1973.

En relación a Vargas su familia estuvo esperando 44 años para su regreso. Mientras que Mora, su familia ya había vivido la experiencia de recibir los restos de otro de sus miembros por el mismo caso, Sebastián Mora Osses.

Ambos casos se fueron identificados a través de las diligencias realizadas en el contexto del Caso Chihuío, donde hasta la fecha se ha logrado identificar a 12 de las 17 personas asesinadas.

“Ahora en los certificados de defunción figura el lugar correcto de fallecimiento de los familiares, que es Baños de Chihuío. Estamos en una segunda etapa que consiste en colocar la causa de la muerte, que será como señala la sentencia, una ejecución por acción militar”, explicó el abogado Álvaro Mesa a SoyChile.cl

El Caso Chihuío y la impunidad de los genocidas

El Caso Chihuío fue abierto para investigar un operativo militar desarrollado por el personal de los regimientos “Cazadores” y “Maturana”, de Valdivia, en 1973. El operativo salió el 7 de octubre de ese año para realizar un recorrido que pasó por Llifén, Arquilhue, Curriñe y Chabranco, hasta llegar a Chihuío.

Según consta en la investigación judicial, durante ese trayecto detuvieron a 17 trabajadores agrícolas pertenecientes al sindicato campesino “La esperanza del obrero”, del Complejo Agrícola y Forestal Panguipulli. Las personas detenidas estaban apuntadas en una lista que había confeccionado Américo González Torres, uno de los dueños del fundo Chihuío.

Los detenidos fueron trasladados hasta el sector de Baños de Chihuío la noche del 9 de octubre. Ahí fueron ejecutados. Días después, los restos fueron sepultados ilegalmente en el mismo sitio, en dos fosas.

En 1978 fue realizada la Operación Retiro de Televisores, momento en el que se desarrollaron exhumaciones clandestinas con el objetivo de que desaparecieran las evidencias del caso.

Se trata de viudas, madres, hijos y hermanos de 8 trabajadores asesinados durante la Dictadura Militar El Segundo Juzgado Civil de Valdivia condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $314.000.000 (trescientos catorce millones de pesos) a la viuda, madre, hijos y hermanos de ocho víctimas ejecutadas en 1973, en el sector Baños de Chihuío, Futrono. En el fallo (causa rol 479-2016), el magistrado Rafael Cáceres Santibáñez acogió la demanda de indemnización interpuesta por los familiares de Eliecer Freire Caamaño, Rubén Durán Zúñiga, Rubén Vargas Quezada, José Orlando Barriga Soto, Fernando Mora Gutiérrez, Sebastián Mora Osses, José Ricardo Ruiz Rodríguez y Pedro Segundo Pedreros Ferreira; y rechazó la excepción de prescripción y la excepción de pago total opuesta por fisco. "Que, la excepción de pago, alegada como excepción principal, fundada en que los actores ya fueron indemnizados con ocasión del otorgamiento de pensiones de reparación conforme a las leyes 19.123 y 19.980, contradice la normativa internacional antes señalada ya que el Derecho interno sólo es aplicable si no está en contradicción con esa preceptiva, de modo que la responsabilidad del Estado siempre queda sujeta a las reglas del Derecho internacional", sostiene el fallo. La resolución agrega que:" La normativa invocada por el Fisco no contempla incompatibilidad alguna con la indemnización que aquí se persigue y no se puede suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación, y que las asume el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación invocada por el demandado. Así, ello no supone una renuncia de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley, pues la única limitante de quienes reclaman un daño como consecuencia del actuar de agentes del Estado es demostrar la existencia de dicho detrimento y la relación con la víctima para plantear su pretensión”El denominado caso Chihuío da cuenta de un operativo militar de personal de los regimientos “Cazadores” y Maturana” de Valdivia, quienes realizaron el 7 de octubre de 1973 un recorrido por los lagos Futrono, Maihue y Ranco, pasando por las localidades de Llifén, Arquilhue, Curriñe y Chabranco, hasta llegar a Chihuío. Durante el trayecto, la patrulla detuvo a 17 trabajadores agrícolas, pertenecientes al sindicato campesino “La esperanza del obrero” del Complejo Agrícola y Forestal Panguipulli, a partir de una lista confeccionada por un particular.

El 9 de octubre de 1973, personal militar sacó a los detenidos desde una casa patronal del fundo Chihuío, donde se les mantuvo privados de libertad, y los trasladó a unos 500 metros del lugar, donde fueron ejecutados al margen de todo proceso legal. Días después, los cuerpos de los trabajadores fueron sepultados ilegalmente en el mismo sitio, en dos fosas. De acuerdo al informe de la Corte de Apelaciones de Valdivia, posteriormente, en 1978 y en el marco de la “Operación Retiro de Televisores”, se realizaron exhumaciones clandestinas con el objetivo de hacer desaparecer las evidencias del caso. En este contexto y de acuerdo a la investigación desarrollada por la justicia, militares de civil exhumaron los restos de los trabajadores, con la ayuda Américo González Torres, haciendo desaparecer sus cuerpos lanzándolos al mar.

Sus antecedentes, como los de su hijo, fueron entregados por Alterneriana Gutiérrez, viuda y madre de los desaparecidos. La entrevistamos en Curriñe visitando a sus parientes en noviembre de 1989. Volvimos a conversar con ella en el mes de julio de 1990, en Valdivia.

Sebastián Mora nació cerca de Panguipulli en 1933. Estuvo algunos años interno en un Colegio. Sabía leer y escribir y al momento del Golpe era dirigente campesino.

Doña Alterneriana nos relató que conoció a Sebastián -quince años mayor que ella-, cuando ella tenía solo catorce años. «Nos conocimos en Futahuenle, en la comuna de Río Bueno, y a los dos o tres meses, nos casamos». Alterneriana vivía con sus padres que trabajaban para la firma Fried. Una vez casados se fueron a vivir al fundo de los Ulmos, cerca de Pallaco. Allí trabajaba Sebastián haciendo leña. Vivieron dos años en ese lugar. Más tarde fue contratado por la firma Fried y se fueron a vivir a Puerto Quitaqui, en un río que va a Callumapu.

«Sebastián trabajaba haciendo caminos para llegar al mar. Allá estuvimos como tres años y luego la firma Fried nos trasladó con casa y todo a Cufeo, al lado de Los Ulmos. El trabajaba como jornalero de una casa a otra. Al cabo de dos años nos trasladaron al Fundo Las Águilas, en Máfil, cerca de Maihue. Allí estuvimos ocho años, Fernando, mi hijo mayor, nació en ese fundo. Era un fundo patronal, el dueño era Enrique Taladriz. Ahí Sebastián trabajaba como palanquero en el Aserradero. En ese fundo nacieron otros tres hijos. El patrón recomendó a Sebastián como ‘buen trabajador’ a don Pedro García para que éste le diera trabajo. Con él nos fuimos al fundo Las Violetas. Luego don Pedro García compró el fundo Vista Alegre, y para allá nos fuimos a vivir cinco años más. Mi esposo seguía trabajando como palanquero».

«En la época del Gobierno del Presidente Freí al Sr. García le tomaron el fundo. Nosotros fuimos testigos, pues teníamos la casa cerca de la tranca. Allí pusieron muy temprano en la mañana una bandera. Cerraron la tranca con cadenas y candados y ahí se juntaron todos los del Sindicato».

«Cuando le tomaron el fundo al patrón nos tuvimos que ir. Nos trasladamos al fundo de don Erwin Ronder y en el año de 1972, durante el Gobierno del Presidente Allende, nos fuimos a Curriñe. Sebastián comenzó a trabajar en el Complejo Maderero y luego nos trasladamos a Chabranco. Allí nos dieron casas prefabricadas que había dejado la firma Fried. El sitio era pequeño y además no teníamos plata para comprar animales».

«El había aprendido el oficio de palanquero con mi papá, y sabía armar y desarmar un aserradero. Le gustaba el trabajo y cuando estaba en la casa era muy bueno con sus ocho hijos. Jugaba y conversaba, sobre todo con Femando, el mayor. Los días domingo iba a mirar con los niños los partidos de fútbol. Éramos sencillos y tranquilos. Teníamos el rito de la antigüedad, si discutíamos ligerito transábamos, así era nuestra vida».

«Ambos éramos Evangélicos y teníamos a todos nuestros hijos bautizados y presentados en el Evangelio del Señor en la Iglesia de Onofre, Iglesia del Señor Jesucristo. Yo no era bautizada, lo hice cuando quedé sola. Pero no soy practicante pues después que se llevaron a Sebastián y a mi hijo me agarró el vicio del cigarro y no lo puedo dejar».

El 11 de septiembre de 1973 Alterneriana escuchó por la radio que «algo pasaba con el Presidente Allende», Sebastián ya se había ido al trabajo. Cuando volvió ella le contó la  noticia. El prendió la radio para escuchar y exclamó preocupado: ¡Quizás qué es lo que va a pasar!’ pero luego pensó que todo se iba a solucionar y que seguirían trabajando sin problemas».

El día 9 de octubre, Sebastián y su hijo fueron los últimos en ser detenidos por la patrulla militar, la que inmediatamente siguió camino a Chihuío.