Sebastián Mora Osses

Rut : 2.490.962-K
Fecha Detención : 09-10-1973
Comuna Detención : Futrono
Fecha Asesinato : 09-10-1973
Comuna Asesinato : Chihuío
Fecha Nacimiento : 18-05-1926
Edad : 47
Lugar Nacimiento : Valdivia
Oficio o Profesión : Obrero maderero
Nacionalidad : Chilena

Antecedentes del Caso

 Sebastián MORA OSSES

El 9 de Octubre de 1973, en el sector denominado "Baños de Chihuío", personal del Ejército dio muerte a las siguientes personas, en su mayoría miembros del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero":

                        -            Carlos Maximiliano ACUÑA INOSTROZA, 46 años, obrero maderero;

                        -            José Orlando BARRIGA SOTO, 32 años, herrero, dirigente campesino;

                        -            José Rosamel CORTES DIAZ , 35 años, obrero maderero, miembro del Sindicato "Esperanza del Obrero";

                        -            Neftalí Rubén DURAN ZUÑIGA, 22 años, obrero maderero;

                        -            Luis Arnoldo FERRADA SANDOVAL , 42 años, obrero agrícola;

                          -            Eliecer Sigisfredo FREIRE CAAMAÑO , 20 años, obrero maderero;

                          -            Narciso Segundo GARCIA CANCINO ,31 años, obrero, dirigente campesino;

                          -            Juan Walter GONZALEZ DELGADO, 31 años, empleado administrativo, dirigente campesino;

                        -            Daniel MENDEZ MENDEZ, 42 años, obrero maderero, dirigente campesino,

                        -            Fernando Adrián MORA GUTIERREZ , 17 años, obrero maderero;

                        -            Sebastián MORA OSSES , 47 años, obrero maderero, dirigente campesino;

                        -            Pedro Segundo PEDREROS FERREIRA , 48 años, obrero, Jefe de Predios;

                          -            Rosendo REBOLLEDO MENDEZ , 40 años, dirigente sindical;

                        -            Ricardo Segundo RUIZ RODRIGUEZ , 24 años, Jefe de Fábricas, militante socialista;

                        -            Carlos Vicente SALINAS FLORES, 21 años, radio operador;

                        -            Manuel Jesús SEPULVEDA REBOLLEDO , 28 años, obrero maderero;

                        -            Rubén VARGAS QUEZADA, 56 años, obrero tejuelero, dirigente del Sindicato "  Esperanza del Obrero".

                                    Ese día 9 de octubre, un convoy militar procedente de los Regimientos "Cazadores" y "Maturana", ambos con asiento en la ciudad de Valdivia, compuesto por varios vehículos entre jeeps y camiones y con una dotación aproximada de 90 personas, inició una caravana hacia el Sector Sur del Complejo Maderero Panguipulli.  

                                      En las localidades de Chabranco, Curriñe, Llifén y Futrono los militares detuvieron desde sus domicilios o lugares de trabajo, o recibieron de manos de Carabineros, a los campesinos antes indicados. 

                                    La noche del mismo 9 de octubre de 1973 se les condujo a un fundo de propiedad de un civil en el sector cordillerano denominado "Baños de Chihuío".  En una hora no precisada, los prisioneros fueron sacados de la casa patronal de ese fundo y llevados a las inmediaciones a una distancia aproximada de 500 metros, lugar en el cual se les ejecutó. 

                                    Al día siguiente, esto es, el 10 de octubre de 1973, un testigo reconoció en ese lugar a varias de las víctimas y pudo percibir que la mayoría los cuerpos tenían cortes en las manos, en los dedos, en el estómago e incluso algunos se encontraban degollados y con sus testículos cercenados, sin poder observar huellas de impactos de bala en los restos. 

                                    Los cadáveres de los ejecutados permanecieron en el lugar de su ejecución durante varios días, cubiertos tan sólo con algunas ramas y troncos.  Aproximadamente unos quince días después de la ejecución, fueron enterrados por los efectivos militares en fosas de diferentes dimensiones. 

                                    En fecha que no es posible precisar, pero que podría corresponder a fines del año 1978 o principios de 1979, en horas de la noche personas de civil llegaron hasta la casa patronal del Fundo Chihuío y exigieron al dueño que les indicara el lugar en que se encontraban las fosas.  Estos civiles, asociados de otros que les acompañaban, excavaron durante toda la noche en el lugar de las fosas, trasladando los restos a un lugar que hasta la fecha de este informe ha sido imposible de determinar.

                                    La circunstancia del fallecimiento de las personas ejecutadas en la localidad de Chihuío consta inexplicablemente en certificados de defunción, sin haber existido entrega de cadáver ni sepultación.  En todos ellos se indica que la data de fallecimiento es de fecha 9 de octubre de 1973, en la localidad de "Liquiñe", por causas no precisadas, acreditándose el fallecimiento mediante el testimonio de dos personas singulares (testigos de la defunción).

                                    En el proceso Rol 13.094, tramitado por el Ministro en Visita don Nibaldo Segura Peña, se procedió a la exhumación de los escasos restos que quedaron enterrados en los Baños de Chihuío, los que fueron entregados a los familiares de las 17 víctimas, quienes les dieron entierro. 

                                    Los antecedentes expuestos, debidamente acreditados ante esta Comisión y en el proceso judicial respectivo, permiten formarse la convicción que las diecisiete personas señaladas fueron ejecutadas sin proceso previo, por agentes del Estado que violaron gravemente su derecho a la vida y luego ocultaron sus cuerpos, privando a sus familias de su legítimo derecho a darles digna sepultura.

 

Fuente :Informe Rettig          

Prensa

En la sentencia, la magistrada condenó a Marco Antonio Rubén Rodríguez Olivares a la pena de presidio perpetuo  por su responsabilidad como autor de los homicidios calificados de 17 personas, entre ellas un menor de edad, en octubre de 1973.

La ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, condenó Marco Antonio Rubén Rodríguez,  teniente coronel en retiro del Ejército, como autor de los homicidios calificados de 17 campesinos, entre ellos un menor de edad, en octubre de 1973 en las Termas de Chihuío, comuna de Futrono.

En la sentencia, la magistrada condenó a Marco Antonio Rubén Rodríguez Olivares a la pena de presidio perpetuo  por su responsabilidad como autor de los homicidios calificados de: Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Neftalí Rubén Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Rubén Vargas Quezada, y del menor de 17 años, Fernando Adrián Mora Gutiérrez.

La magistrada ordenó el ingreso del condenado en prisión preventiva, pese tratarse de una sentencia de primera instancia, debido a la cuantía de la pena, la gravedad de los hechos por los que fue condenado y una eventual posibilidad que se reste de la justicia.

La investigación de la ministra estableció:

a) Que, a contar del 11 de septiembre de 1973 se instauró en Chile un régimen militar de facto que desde sus inicios implementó y ejecutó de manera sistemática una política de persecución y represión generalizada en contra de todas aquellas personas que fuesen consideradas opositoras a las nuevas autoridades o derechamente tachadas de nocivas para el logro de sus fines políticos y estratégicos. Este programa estatal represivo contempló el uso sistemático de la fuerza armada y la comisión de graves atentados en contra de los derechos humanos, tales como fusilamientos sumarios, ejecuciones al margen de todo proceso legal, torturas y apremios ilegítimos de diversa índole, incluyendo agresiones de carácter sexual, privaciones de libertad arbitrarias perpetradas en cuarteles oficiales, recintos clandestinos de detención o facilitados por particulares, allanamientos masivos y desapariciones forzadas, conductas desplegadas de manera sincronizada tanto por agentes estatales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad como por civiles que actuaron bajo su amparo, asistencia o aquiescencia.

b) Que, para la consecución de tales fines represivos, organismos de inteligencia y de seguridad así como patrullas de las distintas ramas castrenses operaron en diversos puntos del país, instalándose en cuarteles de paso, centros de detención, en emplazamientos clandestinos que permitieron secuestrar, recluir, torturar y dar muerte a un sin número de ciudadanos. En Paralelo, dependencias ordinarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública también sirvieron como eslabón logístico y operativo para tal propósito; recintos a los cuales acudieron voluntariamente centenares de compatriotas bajo engaño o atendiendo a bandos y llamados de la autoridad militar, o bien, fueron trasladados de manera forzada tras ser aprehendidos en la vía pública o en sus domicilios, sufriendo allí todo tipo de ultrajes a su dignidad, libertad, integridad física, psíquica y, por cierto, el despojo de sus vidas.

c) Que, en la provincia de Valdivia, determinadamente en la comuna de Futrono, al interior del sector del Fundo Arquilhue y en los caseríos de Curriñe, funcionaban las oficinas de la Administración y la Pulpería del Complejo Maderero y Forestal de Panguipulli, emplazadas en el poblado de Chabranco, en las inmediaciones del complejo termal conocido como “Termas de Chihuió", En dicho lugar se encontraba constituida la sede del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero", al cual se hallaban afiliados los trabajadores agrícolas y forestales del referido complejo; constatándose que, internándose unos 16 kilómetros en dirección a la cordillera de los Andes, se halla el sector de Chihuío. En este contexto geográfico e histórico, y como consecuencia directa de la violencia política desplegada institucionalmente en contra del sector de la población civil rural de esa zona que era considerada partidaria del régimen depuesto, a contar del 13 de septiembre de 1973, funcionarios pertenecientes a Carabineros de Chile iniciaron de manera concertada y organizada la privación de libertad de diversos obreros de la zona, sin orden judicial alguna que lo autorizara.

d) Que, el día 7 de octubre de 1973 se realizaron nuevas detenciones arbitrarias en contra de civiles residentes de dicho sector por idénticos móviles de persecución política.

El día 9 de octubre de ese mismo año, personal militar perteneciente a los Regimientos de Caballería N°? "Cazadores" y de Artillería Motorizada Nº2 "Maturana", ambos con guarnición en la ciudad de Valdivia, salió con rumbo a la localidad de Futrono al mando de un Oficial y secundado por otros Oficiales de la unidad, conformando una comitiva armada compuesta por camiones institucionales y vehículos menores tipo jeep, que movilizaba una dotación aproximada de noventa efectivos de tropa. La caravana militar se dirigió deliberadamente hacia el sector sur del Complejo Maderero y Forestal de Panguipuili con la instrucción precisa de privar de libertad a campesinos y obreros sindicalizados previamente, seleccionados mediante nóminas confeccionadas con antelación, con la activa participación de lugareños motivados en razones desconocidas.

e) Que, es así como el referido 9 de octubre de 1973, efectivos militares procedieron a irrumpir en un almacén de la localidad de Futrono para aprehender y privar de libertad a (1) Luis Arnoldo Ferrada Sandoval, de 22 años, casado, padre de cuatro hijos, quien se desempeñaba como cajero y bodeguero agrícola en el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, sin que registrase militancia política conocida. Posteriormente, una vez apostados en la localidad de Llifén, la comitiva castrense concurrió hasta el Retén de Carabineros local, recinto donde los funcionarios policiales de esa dotación hicieron entrega formal a los militares de un grupo de trabajadores de la zona que mantenían encerrados bajo custodia por motivos ideológicos, entre los cuales figuraba el civil (2) Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, de 24 años, casado, padre de dos hijos, quien ejercía funciones como Jefe de Fábrica en el aludido complejo forestal y era militante activo del Partido Socialista, individuo que previamente había sido detenido el 7 de octubre de 1973 en el sector de Arquilhue por Carabineros de Lifén y conducido a Futrono el día siguiente. Asimismo, se unió al contingente de prisioneros el ciudadano (3) Rosendo Rebolledo Méndez, de 40 años, casado, padre de ocho hijos, obrero forestal y dirigente del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero", sin colitancia politica conocida, quien se había presentado de forma voluntaria en el Retén de Lifén el 7 de octubre de 1973 bajo promesas de seguridad, quedando recluido en el lugar, para ser conducido a Futrono el 8 de octubre de ese año. De igual manera, el personal militar mantuvo privado de su libertad al campesino (4) Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo, de 28 años, casado, trabajador del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, sin militancia partidista, quien había sido detenido por Carabineros de Llifén el 7 de octubre de 1973 y entregado formalmente el día 9 a los mandos de la caravana militar.

f) Que, el destacamento militar prosiguió su avance por la ruta cordillerana hasta arribar al sector de Curriñe, lugar donde los Oficiales dispusieron cercar y reunir a la totalidad de la población masculina del caserío, ordenándoles colocarse en fila con las manos en alto. En este sitio, premio dors de listas con nombres específicos de personas, procedieron a apartar y privar de libertad a las siguientes víctimas: (5) José Rosamel Cortés Díaz, de 35 años, casado, padre de dos hijas, obrero maderero del Complejo Panguipulli e integrante del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero", sin militancia política conocida; (6) Neftalí Rubén Durán Zúñiga, de 22 años, casado, padre de un hijo, obrero forestal afiliado al mismo sindicato, sin adscripción partidista conocida; (7) Eliécer Sigisfredo Freire Caamaño, de 20 años, soltero, obrero maderero del complejo forestal, sin militancia política; (8) Juan Walter González Delgado, de 31 años, casado, padre de seis hijos (naciendo el menor de ellos encontrándose su progenitor en cautiverio), empleado administrativo del Complejo Panguipulli y Secretario del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero", sin militancia política conocida; (9) Carlos Vicente Salinas Flores, soltero, de 21 años, quien presentaba una invalidez física, desempeñándose como radioperador del complejo y afiliado al sindicato antes mencionado, sin militancia partidista; y (10) Pedro Segundo Pedreros Ferreira, de 48 años, viudo, padre de ocho hijos, empleado administrativo del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli en calidad de Jefe de Predios, sin militancia conocida.

Que, las víctimas aprehendidas en Curriñe fueron subidas por la fuerza y bajo constantes malos tratos a la parte posterior de los camiones militares, prosiguiendo el convoy su marcha hacia el sector rural de Chabranco.

g) En la localidad de Chabranco, los efectivos militares privaron de libertad a un nuevo grupo de pobladores civiles, individualizados como: (11) Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, de 46 años, casado, padre de dos hijas, obrero maderero del complejo e integrante del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero", sin militancia política; (12) José Orlando Barriga Soto, de 32 años, casado, padre de cuatro hijas, oficial herrero del Complejo Panguipulli y Tesorero del Sindicato "Esperanza del Obrero", sin militancia conocida; (13) Narciso Segundo García Cancino, de 31 años, casado, padre de cuatro hijos, obrero forestal, sin adscripción partidista conocida; (14) Daniel Méndez Méndez, de 42 años, casado, padre de ocho hijos, obrero forestal y expresidente del sindicato campesino referido; (15) Rubén Vargas Quezada, de 56 años, casado, padre de diez hijos, obrero del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, sin militancia conocida; y (16) Sebastián Mora Osses, de 47 años, casado, obrero forestal del complejo y extesorero del sindicato "Esperanza del Obrero", sin militancia política conocida. En este sector cordillerano, la tropa militar detuvo al menor de 17 años, (17) Fernando Adrián Mora Gutiérrez, obrero maderero del complejo y afiliado al citado sindicato; sin militancia partidista, quien era hijo de Sebastián Mora Osses y fue obligado a abordar el vehículo tras indagar voluntariamente por el destino de su padre.

h) Que, los diecisiete campesinos y trabajadores forestales detenidos en el transcurso del operativo militar fueron trasladados bajo estricta custodia y en condiciones inhumanas hasta las Termas de Chihuío, lugar donde fueron ingresados y mantenidos atados con alambres en una dependencia de la casa patronal del fundo homónimo, de propiedad de la sucesión de la familia Gonzalez Torres. En ese sitio, durante la noche del 9 de octubre de 1973, en medio de la lluvia, el barro y la oscuridad, los prisioneros, quienes presentaban evidentes signos de haber sido sometidos a severos maltratos físicos, fueron sacados de su lugar de encierro por el personal militar y conducidos a pie a un bosque de hualles y arbustos situado a una distancia aproximada de 500 metros del inmueble principal, En las inmediaciones de dicho sector forestal, los efectivos del Ejército, actuando sin justificación legal y de manera concertada, procedieron a ejecutar a todos los prisioneros mediante ráfagas de fusilería de asalto de dotación institucional, provocandoles la muerte en el lugar sin que mediara proceso judicial, consejo de guerra o instrucción administrativa previa de ninguna especie que legitimara tal proceder.

i) Que al amanecer del día siguiente, un testigo de la zona constató de manera directa la presencia de los cuerpos inertes de los ejecutados tendidos en la faja boscosa del predio, advirtiendo que los cadáveres presentaban múltiples impactos de bala, desgarros y heridas cortantes visibles en sus extremidades y abdomen. Los restos mortales de los campesinos permanecieron abandonados a la intemperie en el mismo sitio del crimen durante varios días, cubiertos rústicamente con ramas, troncos y vegetación del lugar por disposición del personal a cargo del operativo, hasta que, transcurrido dicho lapso y por instrucción de la superioridad militar de Valdivia, una patrulla del Ejército regreso al sector con la finalidad de ocultar los cuerpos, mediante la inhumación clandestina de las victimas, procediendo para ello a sepultarlos en tres fosas comunes previamente excavadas en el terreno rocoso y arcilloso del fundo.

j) Que, con posterioridad a dicho enterramiento irregular y clandestino, los cadáveres de las víctimas fueron exhumados de noche por orden del mando militar y mediante la intervención de terceros no identificados, con el claro propósito de hacer desaparecer de forma definitiva toda evidencia del crimen. Sin perjuicio de ello, años más tarde, familiares y civiles interesados se constituyeron en el paraje de Chihuío para indagar la ubicación de las sepulturas originales, constatándose formalmente mediante posteriores prospecciones arqueológicas, antropológicas y judiciales el hallazgo de múltiples fragmentos óseos humanos consistentes en piezas craneales, de extremidades, columna vertebral, costillas y un total de catorce rótulas, además de vestimentas, calzado y diversos objetos persunales asociados a las víctimas, confirmando científicamente que los cuerpos de los ejecutados habían sido inhumados en dicho predio y desenterrados clandestinamente mediante una remoción mecánica de tierra efectuada por terceros, sin que hasta la fecha de hoy haya sido posible determinar el paradero de los restos óseos que fueron removidos e ignorándose el destino final dado a los mismos, privando de esta forma de manera permanente a sus familias de la posibilidad de recuperar y dar digna sepultura a los restos de sus seres queridos con arreglo a sus convicciones éticas o creencias religiosas.

k) Que, con la finalidad de consolidar el ocultamiento de la masacre, las autoridades militares y administrativas procedieron a practicar ficticias inscripciones de defunción ante el Servicio de Registro Civil e Identificación en favor de diversas víctimas de este episodio, consignando que los decesos se habían verificado en la lejana localidad cordillerana de Liquiñe, atribuyendo el fallecimiento a "causas no precisadas" bajo la fecha del 9 de octubre de 1973. Para dotar de apariencia de legalidad a estas inscripciones, se requirió de manera obligatoria la comparecencia ante el Oficial Civil de soldados conscriptos del Regimiento de Caballería "Cazadores", quienes figuraban registrando domicilio procesal en el mismo recinto militar de Valdivia, forzándolos a deponer falsamente en calidad de "testigos de comprobación de defunción” , en circunstancias de que estos ni siquiera conocían a las víctimas respecto de las cuales declaraban, cumpliendo de esta forma con órdenes verbales expresas emanadas de sus mandos superiores dirigidas a encubrir de manera permanente las ejecuciones sumarias perpetradas en las inmediaciones de las Termas de Chihuío.

Fuente :pjud.cl

Fecha :12-11-2026

Corte Suprema dictó la sentencia definitiva por las ejecuciones de 17 trabajadores del Sindicato Campesino La Esperanza del Obrero del Complejo Agrícola y Forestal Panguipulli.
En fallo dividido, la Corte Suprema dictó sentencia en la investigación en el proceso conocido como caso Chihuío, correspondiente a los crímenes de 17 personas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Los trabajadores asesinados el 9 de octubre de 1973 pertenecían al Sindicato Campesino La Esperanza del Obrero del Complejo Agrícola y Forestal Panguipulli.
En esta causa fue condenado el oficial de Ejército en retiro Luis Alberto Osorio Gardasanich, quien recibió una pena de 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor de los 17 homicidios calificados. En tanto, el oficial de Carabineros en retiro Luis Eduardo Osses Chavarría, fue sentenciado a 3 años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplice de 4 de los 17 secuestros calificado. Por su parte, el civil Bruno Esteban Obando Cárdenas resultó absuelto por falta de participación.
La resolución fue adoptada con el voto favorable de los ministros de la Segunda sala del máximo tribunal Jaime Rodríguez y Hugo Dolmestch, más el abogado integrante Alberto Chaigneau, en tanto los magistrados Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros estuvieron por la figura de la prescripción.
La misma sala, con el voto en contra del ministro Dolmestch y el abogado integrante Chaigneau, resolvió además desestimar el pago de una indemnización para los familiares de las víctimas por incompetencia del tribunal.
LAS VÍCTIMAS
La siguiente es la nómina de víctimas en el caso Chihuío: Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Rubén Neftalí Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, Rubén Vargas Quezada y Fernando Adrián Mora Gutiérrez.

 

Fuente :La Nacion 28 de enero de 2011

Fecha :28-01-2011

Durante este sábado fueron entregados los restos de dos obreros forestales del Fundo Chihuío, del Complejo Agrícola y Forestal Panguipulli, quienes fueron detenidos, torturados y asesinados en manos de militares durante la dictadura de 1973.

Durante este sábado fueron entregados los restos de Rubén Vargas (56), quien era tejuelero y dirigente del sindicato “La esperanza del obrero”, y Fernando Mora Gutiérrez (17), quien era obrero maderero, ambos detenidos en octubre del año 1973.

En relación a Vargas su familia estuvo esperando 44 años para su regreso. Mientras que Mora, su familia ya había vivido la experiencia de recibir los restos de otro de sus miembros por el mismo caso, Sebastián Mora Osses.

Ambos casos se fueron identificados a través de las diligencias realizadas en el contexto del Caso Chihuío, donde hasta la fecha se ha logrado identificar a 12 de las 17 personas asesinadas.

“Ahora en los certificados de defunción figura el lugar correcto de fallecimiento de los familiares, que es Baños de Chihuío. Estamos en una segunda etapa que consiste en colocar la causa de la muerte, que será como señala la sentencia, una ejecución por acción militar”, explicó el abogado Álvaro Mesa a SoyChile.cl

El Caso Chihuío y la impunidad de los genocidas

El Caso Chihuío fue abierto para investigar un operativo militar desarrollado por el personal de los regimientos “Cazadores” y “Maturana”, de Valdivia, en 1973. El operativo salió el 7 de octubre de ese año para realizar un recorrido que pasó por Llifén, Arquilhue, Curriñe y Chabranco, hasta llegar a Chihuío.

Según consta en la investigación judicial, durante ese trayecto detuvieron a 17 trabajadores agrícolas pertenecientes al sindicato campesino “La esperanza del obrero”, del Complejo Agrícola y Forestal Panguipulli. Las personas detenidas estaban apuntadas en una lista que había confeccionado Américo González Torres, uno de los dueños del fundo Chihuío.

Los detenidos fueron trasladados hasta el sector de Baños de Chihuío la noche del 9 de octubre. Ahí fueron ejecutados. Días después, los restos fueron sepultados ilegalmente en el mismo sitio, en dos fosas.

En 1978 fue realizada la Operación Retiro de Televisores, momento en el que se desarrollaron exhumaciones clandestinas con el objetivo de que desaparecieran las evidencias del caso.

Fuente :laizquierdadiario.cl 28/3/2017

Se trata de viudas, madres, hijos y hermanos de 8 trabajadores asesinados durante la Dictadura Militar El Segundo Juzgado Civil de Valdivia condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $314.000.000 (trescientos catorce millones de pesos) a la viuda, madre, hijos y hermanos de ocho víctimas ejecutadas en 1973, en el sector Baños de Chihuío, Futrono. En el fallo (causa rol 479-2016), el magistrado Rafael Cáceres Santibáñez acogió la demanda de indemnización interpuesta por los familiares de Eliecer Freire Caamaño, Rubén Durán Zúñiga, Rubén Vargas Quezada, José Orlando Barriga Soto, Fernando Mora Gutiérrez, Sebastián Mora Osses, José Ricardo Ruiz Rodríguez y Pedro Segundo Pedreros Ferreira; y rechazó la excepción de prescripción y la excepción de pago total opuesta por fisco. "Que, la excepción de pago, alegada como excepción principal, fundada en que los actores ya fueron indemnizados con ocasión del otorgamiento de pensiones de reparación conforme a las leyes 19.123 y 19.980, contradice la normativa internacional antes señalada ya que el Derecho interno sólo es aplicable si no está en contradicción con esa preceptiva, de modo que la responsabilidad del Estado siempre queda sujeta a las reglas del Derecho internacional", sostiene el fallo. La resolución agrega que:" La normativa invocada por el Fisco no contempla incompatibilidad alguna con la indemnización que aquí se persigue y no se puede suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación, y que las asume el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación invocada por el demandado. Así, ello no supone una renuncia de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley, pues la única limitante de quienes reclaman un daño como consecuencia del actuar de agentes del Estado es demostrar la existencia de dicho detrimento y la relación con la víctima para plantear su pretensión”El denominado caso Chihuío da cuenta de un operativo militar de personal de los regimientos “Cazadores” y Maturana” de Valdivia, quienes realizaron el 7 de octubre de 1973 un recorrido por los lagos Futrono, Maihue y Ranco, pasando por las localidades de Llifén, Arquilhue, Curriñe y Chabranco, hasta llegar a Chihuío. Durante el trayecto, la patrulla detuvo a 17 trabajadores agrícolas, pertenecientes al sindicato campesino “La esperanza del obrero” del Complejo Agrícola y Forestal Panguipulli, a partir de una lista confeccionada por un particular.

El 9 de octubre de 1973, personal militar sacó a los detenidos desde una casa patronal del fundo Chihuío, donde se les mantuvo privados de libertad, y los trasladó a unos 500 metros del lugar, donde fueron ejecutados al margen de todo proceso legal. Días después, los cuerpos de los trabajadores fueron sepultados ilegalmente en el mismo sitio, en dos fosas. De acuerdo al informe de la Corte de Apelaciones de Valdivia, posteriormente, en 1978 y en el marco de la “Operación Retiro de Televisores”, se realizaron exhumaciones clandestinas con el objetivo de hacer desaparecer las evidencias del caso. En este contexto y de acuerdo a la investigación desarrollada por la justicia, militares de civil exhumaron los restos de los trabajadores, con la ayuda Américo González Torres, haciendo desaparecer sus cuerpos lanzándolos al mar.

Fuente :afdd-afep-valdivia.cl 28/9/2023

Sus antecedentes, como los de su hijo, fueron entregados por Alterneriana Gutiérrez, viuda y madre de los desaparecidos. La entrevistamos en Curriñe visitando a sus parientes en noviembre de 1989. Volvimos a conversar con ella en el mes de julio de 1990, en Valdivia.

Sebastián Mora nació cerca de Panguipulli en 1933. Estuvo algunos años interno en un Colegio. Sabía leer y escribir y al momento del Golpe era dirigente campesino.

Doña Alterneriana nos relató que conoció a Sebastián -quince años mayor que ella-, cuando ella tenía solo catorce años. «Nos conocimos en Futahuenle, en la comuna de Río Bueno, y a los dos o tres meses, nos casamos». Alterneriana vivía con sus padres que trabajaban para la firma Fried. Una vez casados se fueron a vivir al fundo de los Ulmos, cerca de Pallaco. Allí trabajaba Sebastián haciendo leña. Vivieron dos años en ese lugar. Más tarde fue contratado por la firma Fried y se fueron a vivir a Puerto Quitaqui, en un río que va a Callumapu.

«Sebastián trabajaba haciendo caminos para llegar al mar. Allá estuvimos como tres años y luego la firma Fried nos trasladó con casa y todo a Cufeo, al lado de Los Ulmos. El trabajaba como jornalero de una casa a otra. Al cabo de dos años nos trasladaron al Fundo Las Águilas, en Máfil, cerca de Maihue. Allí estuvimos ocho años, Fernando, mi hijo mayor, nació en ese fundo. Era un fundo patronal, el dueño era Enrique Taladriz. Ahí Sebastián trabajaba como palanquero en el Aserradero. En ese fundo nacieron otros tres hijos. El patrón recomendó a Sebastián como ‘buen trabajador’ a don Pedro García para que éste le diera trabajo. Con él nos fuimos al fundo Las Violetas. Luego don Pedro García compró el fundo Vista Alegre, y para allá nos fuimos a vivir cinco años más. Mi esposo seguía trabajando como palanquero».

«En la época del Gobierno del Presidente Freí al Sr. García le tomaron el fundo. Nosotros fuimos testigos, pues teníamos la casa cerca de la tranca. Allí pusieron muy temprano en la mañana una bandera. Cerraron la tranca con cadenas y candados y ahí se juntaron todos los del Sindicato».

«Cuando le tomaron el fundo al patrón nos tuvimos que ir. Nos trasladamos al fundo de don Erwin Ronder y en el año de 1972, durante el Gobierno del Presidente Allende, nos fuimos a Curriñe. Sebastián comenzó a trabajar en el Complejo Maderero y luego nos trasladamos a Chabranco. Allí nos dieron casas prefabricadas que había dejado la firma Fried. El sitio era pequeño y además no teníamos plata para comprar animales».

«El había aprendido el oficio de palanquero con mi papá, y sabía armar y desarmar un aserradero. Le gustaba el trabajo y cuando estaba en la casa era muy bueno con sus ocho hijos. Jugaba y conversaba, sobre todo con Femando, el mayor. Los días domingo iba a mirar con los niños los partidos de fútbol. Éramos sencillos y tranquilos. Teníamos el rito de la antigüedad, si discutíamos ligerito transábamos, así era nuestra vida».

«Ambos éramos Evangélicos y teníamos a todos nuestros hijos bautizados y presentados en el Evangelio del Señor en la Iglesia de Onofre, Iglesia del Señor Jesucristo. Yo no era bautizada, lo hice cuando quedé sola. Pero no soy practicante pues después que se llevaron a Sebastián y a mi hijo me agarró el vicio del cigarro y no lo puedo dejar».

El 11 de septiembre de 1973 Alterneriana escuchó por la radio que «algo pasaba con el Presidente Allende», Sebastián ya se había ido al trabajo. Cuando volvió ella le contó la  noticia. El prendió la radio para escuchar y exclamó preocupado: ¡Quizás qué es lo que va a pasar!’ pero luego pensó que todo se iba a solucionar y que seguirían trabajando sin problemas».

El día 9 de octubre, Sebastián y su hijo fueron los últimos en ser detenidos por la patrulla militar, la que inmediatamente siguió camino a Chihuío.

Fuente :unidadmpt.wordpress.com 15/5/2017

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Ultima Actualización : 14/11/2026