René Martínez, quien tenía 23 años, era cabo reservista del Ejército, institución a la que fue reincorporado el 22 de septiembre de 1973, once días después del golpe de Estado, y fue destinado a la Escuela de Infantería, con sede en San Bernardo.

El juez de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Héctor Solís, condenó este martes a 10 años y un día de prisión al brigadier en retiro del Ejército Víctor Raúl Pinto Pérez por el delito de homicidio calificado en contra del cabo reservista René Martínez Aliste, ocurrido en diciembre de 1973.

La resolución fue adoptada por el magistrado que investiga el caso denominado "San Bernardo V", sobre el asesinato de opositores de esa localidad al sur de Santiago y que instruye el magistrado por decisión de la Corte Suprema.

Martínez, quien tenía 23 años, era cabo reservista del Ejército, institución a la que fue reincorporado el 22 de septiembre de 1973, once días después del golpe de Estado, y fue destinado a la Escuela de Infantería, con sede en San Bernardo.

El 3 de diciembre de 1973, su familia intentó contactarse con el joven, pero se les informó que estaba en comisión de servicio.

Sin embargo, según el informe Rettig, que documentó las violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura, el joven fue ejecutado el 8 de diciembre de ese año "por agentes del Estado".

La Corte de Apelaciones de San Miguel escuchó este martes los alegatos por el sobreseimiento definitivo por la aplicación de la ley de amnistía, dictado por la ministra Estela Elgarrista en el caso de Manuel Rojas Fuentes, ejecutado en 1973 en la escuela de Infantería del sector del Cerro Chena, en San Bernardo.

La jueza había procesado a fines del año pasado a Víctor Pinto Pérez, en ese entonces encargado del campo de prisioneros de Chena, como autor homicidio calificado. Sin embargo, tras esa decisión cerró el sumario y sobreseyó definitivamente el caso, por considerar que estaba establecido el delito y su autor.

Los alegatos, tanto de la parte querellante representada por Nelson Caucoto como la defensa del ex uniformado, a cargo del abogado Gustavo Collado, se hicieron ante los ministros Ismael Contreras, Claudio Pavéz y María Luisa Letelier.

En la oportunidad, el abogado Caucoto explicó que como se trata de un crimen de guerra cometido en tiempos de guerra, no es objeto de amnistía.

Manuel Rojas Fuentes finalizó su servicio militar en junio de 1973, pero el 11 de septiembre de ese año fue llamado a reincorporares a las filas de la Escuela de Infantería de San Bernardo, donde fue detenido y trasladado hacia el Cerro Chena, donde fue ultimado junto a René Martinez, quien se encontraba en su misma situación.

La ministra de fuero de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Estela Elgarrista, dictó cuatro autos de procesamientos por casos de detenidos de desaparecidos y ejecutados políticos de Paine, algunos de los cuales fueron trasladados al cerro Chena.

En calidad de coautores de los secuestros con homicidios de los campesinos Juan Guillermo Cuadra Espinoza, de 26 años, e Ignacio del Tránsito Santander Albornoz, de 17 años, quedaron encausados Andrés Magaña Bau y Víctor Raúl Pinto Pérez.

Cuadra y Santander fueron aprehendidos el 24 de septiembre de 1973 en el fundo "El Escorial" de Paine. Según revelaron miembros del Regimiento de Infantería de San Bernardo de la época, ambos fueron ejecutados por aplicación de la ley de fuga el cuatro de octubre de 1973.

Por los casos de Paine ya habían sido dictados otros autos de procesamientos en relación a 37 víctimas. Las encargatorias de reo dictadas ayer por la jueza Elgarrista amplía la resolución anterior.

Además del fallo indicado, la ministra dictó otros tres autos de procesamiento, contra el entonces capitán Víctor Raúl Pinto Pérez, quien en esa época se desempeñaba como jefe del departamento de inteligencia del Regimiento de Infantería de San Bernardo y jefe del recinto del Cerro Chena.

Pinto quedó procesado como autor del secuestro y homicidio del campesino Carlos Manuel Ortiz Ortiz, de 18 años, llevado al cerro Chena el tres de octubre de 1973.

También fue encausado por el homicidio calificado del conscripto René Máximo Martínez Aliste, de 20 años, asesinado el ocho de diciembre 1973; y, en calidad de autor, por el homicidio del conscripto Manuel Rojas Fuentes, de 20 años, ultimado el siete de diciembre del mismo año.

El abogado querellante en todos estos casos, Nelson Caucoto, valoró la resolución de la jueza y señaló que es significativo que hayan sido dictados en estos días, pues “eran procesos en los cuales nunca se pensó que la justicia podría avanzar, lo que viene a justificar la función de los jueces especiales en materia de derechos humanos”. 

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, dictó acusación contra ex oficial del Ejército, como autor del delito de secuestro calificado de Juan Domingo Martínez Aldana, ilícito perpetrado a partir del 3 de diciembre de 1973, en la comuna de San Bernardo.
De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, la ministra en visita dio por establecido la siguiente secuencia de hechos:
a) Que, el día 3 de diciembre de 1973, en horas de la noche, militares de dotación de la Escuela de Infantería de San Bernardo, detuvieron, sin derecho, a Juan Domingo Martínez Aldana, militante del Partido Socialista, en su domicilio, ubicado en Avenida Central N° 452, Población Santa Laura, comuna de San Bernardo.
b) Que, posteriormente, la víctima Juan Domingo Martínez Aldana fue trasladado al Campo de Prisioneros que la Escuela de Infantería de San Bernardo mantenía al interior del Cerro Chena, lugar en que se le mantuvo encerrado, sin derecho, junto a su hijo René Máximo Martínez Aliste, Cabo 2° de Reserva del Ejército de Chile y otros soldados de Reserva, entre ellos, Patricio Antonio Vargas Carvallo, Héctor Rafael Armijo Herrera, Raúl Alfredo Zúñiga Soto, Daniel Orlando Sánchez Álvarez, Feliciano Iván Pavez Andrade y Fernando Octavio Zúñiga González, quienes lograron sobrevivir, siendo sometido a interrogatorios y malos tratos.
c) Que, en esa época, el Campo de Prisioneros del Cerro Chena se encontraba a cargo del Teniente de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena.
d) Que, el día 7 de diciembre de 1973, al interior del referido Campo de Prisioneros, Juan Domingo Martínez Aldana, en lugar de ser puesto a disposición de la autoridad administrativa o judicial correspondiente, fue ejecutado, al margen del ordenamiento jurídico, mediante múltiples disparos con arma de fuego.

SANTIAGO DE CHILE.- El ex dictador chileno Augusto Pinochet ha sido objeto de dos nuevas querellas por violaciones de los derechos humanos ante los tribunales de su país.

El primer libelo acusatorio ha sido presentado por el abogado Hugo Gutiérrez contra Augusto Pinochet por los homicidios de Juan Martínez Aldana y su hijo René Martínez Aliste, hecho ocurrido el 7 de diciembre de 1973 en la comuna santiaguina de San Bernardo.

En el requerimiento se solicita también que se cite a declarar al comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, como testigo.

Según el 'Informe Rettig' que documentó las violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura (1973-1990) Juan Domingo Martinez Aldana, dirigente sindical socialista de 42 años, fue detenido el 3 de diciembre de 1973 por militares y ejecutado el 7 de septiembre del mismo año.

Su hijo Rene Máximo Martínez Aliste, de 20 años, reservista del Ejército, fue llamado a reintegrarse el 22 de septiembre de 1973 pero al intentar la familia tomar contacto con él tras la detención de su padre, se les informó de que estaba en «comisión de servicios».

Sin embargo, según señala el informe 'Rettig', René Máximo Martínez fue ejecutado el día 8 de diciembre de 1973 por agentes del Estado.

Segunda querella

La otra querella contra Augusto Pinochet se refiere a las muertes de cinco militantes de la Izquierda Cristiana, ocurridas entre 1973 y 1990.

Se trata de Arturo Riveros Blanco, Tomás José Hinojosa Araos, Jorge Pacheco Durán, Alfonso Aros Pardo y Pedro Mariqueo Martínez.

La querella ha sido presentada por dirigentes de ese partido político y patrocinada por el abogado Nelson Caucoto.

Testimonios, fotografías, cartas, testimonios y otros documentos que familias, amigas y amigos entregaron o escribieron especialmente para ser publicados incorpora el libro “Rompiendo el silencio de niñas, niños y adolescentes ejecutados políticos durante la dictadura cívico-militar 1973-1990”, el que fue realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y a la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

La publicación basada principalmente en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991) y el Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (1996), busca reconstruir de forma integral y cuidada cada una de las vidas e historias de las víctimas.

Durante la investigación se accedió al archivo de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, donde se custodian documentos que las familias han preservado a través de años. También se incluyeron ilustraciones que estuvieron a cargo de Álvaro Gómez.

El proceso de creación fue un desafío complejo que implicó conjugar delicadeza, respeto y rigurosidad metodológica para enunciar en esta obra una verdad dolorosa e ineludible.