Yo soy Jacquelinne Lazo Pereira, hija de Helga Pereira Cancino y Raúl Lazo Quinteros quien fue detenido el día 17 de septiembre de 1973 junto a otros cuatro campesinos del asenta - miento Paula Jara Quemada, que antes era el fundo San Miguel, entre ellos el hermano de mi mamá, Orlando Pereira Cancino. Mi papá no sabía leer ni escribir, así que de ninguna manera podía tener algún cargo en el asentamiento. Yo tenía seis años cuando mi papá quedó detenido en la comisaría de Paine, y en ese tiempo vivíamos en el sector de La Paloma de este fundo. No tengo ningún recuerdo de lo que pasó con mi papá ese día. Tampoco sabíamos mucho lo que estaba pasando, no sabíamos de golpes de Estado, ni que se estaban llevando gente detenida, nada de nada. Lo que sé es lo que nos han contado y lo que se ha ido sabiendo con el tiempo. Mi papá, junto a otros campesinos se fueron a presentar voluntariamente a la comisaría porque el presidente del asentamiento les informó que así debían hacerlo. En la madrugada del día siguiente, el 18 de septiembre, los mataron en Cullipeumo. Gracias al Rucio Colorín  , que se salvó, se supo lo que había pasado y dónde estaban sus cuerpos. Tal vez, siendo chicos, nos enteramos de lo que estaba pasando con mi papá, pero no teníamos noción de la realidad o no la asumíamos. No nos dábamos cuenta porque éramos unos niños chicos, además que éramos tan ignorante. No sabíamos que no estaba el papá en la casa. Tampoco recuerdo si mi mamá nos contaba algo. De esa etapa tengo completamente lagunas. Solo sé decir que, al pasar los años, cuando empezamos con las denuncias a los civiles que estuvieron involucrados en el caso de mi papá, y cuando logramos que metieran preso a Luzoro3 , recién vine a entender lo que pasó y lo que pasaba en esos tiempos. También, comencé a agarrarle un odio a ese hombre muy grande. Recuerdo que la primera demanda se hizo en el año ‘77 en la Vicaría4. Esa vez fue la tía Nancy, la viuda del hermano de mi mamá, Orlando Pereira, también ejecutado en Cullipeumo, y el abogado era Caucoto.

Llegamos a vivir a La Paloma

Antes vivíamos en Maipo, en Buin, y llegamos a vivir a La Paloma, en Paine, en 1968. Allá también mi papá se dedicaba al campo, era agricultor. En el asentamiento trabajaba la tierra, nada más. Pocos son los recuerdos que tengo de mi papá. Sé que le gustaba cantar “Adiós Pampa Mía”, que no sé de quién es, que usaba una manta de castilla, y también tengo una tetera y un azucarero que eran de él. Cuando lo mataron aun no estaban designados los sitios en el asentamiento, así que nunca tuvimos un pedazo de tierra por el que tanto mi papá trabajó, siendo que toda la vida vivimos ahí. Mi mamá era dueña de casa, y después que se llevaron a mi papá tuvimos que trabajar con ella, andábamos buscando qué hacer. Trabajábamos en lo que fuera para llevar la comida a la casa. Nosotros pasamos frío, hambre y mucho sufrimiento. Me da rabia ver como otras familias con detenidos desaparecidos que siempre han tenido una mucho mejor situación que nosotros, nunca ofrecieron alguna ayuda, un kilo de azúcar, un kilo de pan, lo que sea. Teníamos que comer pan con hongos que sacábamos de los basureros, ir a la escuela a puro tomar la leche y comer un pan. Nosotros no tenemos derecho a estudios, porque mi padre no es detenido desaparecido, los hijos de éstos y de los torturados sí tienen derecho a recibir becas de estudios.

Actualmente tengo cinco hijos: Manuel, Fredy, Jennifer, Davis y Claudio. El mayor tiene 33 años y el menor tiene 15 años. Fredy nació un 11 de septiembre en Santiago, por más que traté de no tenerlo un día como ese. Tengo siete nietos y a todos les he hablado de lo que pasó con su abuelo. EXTRACTO

Yo soy María Yolanda Lazo Pereira, hija de Raúl Lazo Quinteros. Soy la hija menor de seis hermanos, y tenía cinco años cuando quedó detenido en la comisaría de Paine y luego lo mataron. Mi hermana mayor, Margarita, tenía 11 años, Raúl 10 años, Raquel 9 años, Pedro 7 años, y Jacquelinne tenía 6 años. Tampoco tengo recuerdos de ese tiempo, solo después supe algo por todas las historias que los más grandes contaban en la misma familia, mi mamá, Yolanda Pereira Cancino, y mis hermanos mayores. Lo poco que sé, es que el Rucio Colorín dio aviso de donde había quedado mi papá. Cuando fuimos creciendo fuimos conociendo la historia de lo que había pasado, los mismos vecinos cuando pasaba algo nos decían “Pucha esto no estaría pasando si hubiese estado su padre”. Después cada uno hizo su vida y así se iba contando la historia del papá. ¡No le tomábamos el peso! Yo creo que sabíamos que los milicos andaban buscando gente que se llevaban y que desaparecieron, pero aparte de eso no le dábamos mayor importancia porque éramos muy niños. Miedo tampoco teníamos por lo mismo, después claro que tuvimos miedo, hasta ahora yo tengo miedo, hasta por mis hijos tengo miedo. Salíamos con la mamá a cortar porotos, habas, porotos verdes, arvejas. La cosecha que hubiera teníamos que salir a trabajar. También estudiábamos la enseñanza básica en el colegio que estaba en el fundo San Miguel, donde está el Memorial y que ahora se llama Bárbara Kast. También nos pasó que como mi papá figura como muerto no tenemos derecho a becas, por ejemplo. A nuestros hijos nosotros les dimos estudios ¡Pero nos pelamos el lomo! para darle sus estudios. Si recibimos la indemnización de diez millones que dieron, pero a nosotras, como éramos chicas nos la daban en cuotas mensuales, de a poco. A los hermanos mayores les tocó los diez millones.

Con toda la familia hicimos el mosaico de mi papá en el Memorial, hasta los nietos fueron a trabajar. Éramos los más que nos reíamos, lo pasamos súper bien. Mi mamá también participó. El mosaico de mi papá tiene toda una historia. Está él de huaso. Hay cuatro estrellas, dos luceros y una luna. Cuatro estrellas que somos sus hijas, dos luceros sus hijos varones, y la luna es mi madre. También pusimos a su yegua colorada, que cuando mi padre, una vez al mes, volvía curadito lo dejaba en la puerta de la casa. El mosaico que hicimos es su vida. Entre risa y pena hacíamos el mosaico de mi padre. Nos pusimos de acuerdo en que haríamos. Conversamos entre hermanos qué era lo más ideal para hacer en el mosaico. Podría haber sido su casa que tanto luchó y al final poco la disfrutó. Pero no, él era un huaso, era un agricultor. Luchó por ese sitio, para dejarnos algo a nosotros. Eso era mi papá, un agricultor. En el año 2015 se hizo la reconstitución de la ejecución de mi papá en Cullipeumo. Fuimos todos los hermanos. Sentí mucha pena al estar en ese lugar y escuchar bien lo qué pasó con mi papá, porque el Rucio dijo tal cual la historia. Los peritos llevaron a personas que representaban a los ejecutados. Nosotros mirábamos todo, vimos cómo fue, qué dijeron, quiénes andaban, todo eso. Con lo de Luzoro me da miedo que tomen represalias en contra de mi familia, de mis sobrinos, de mi hermano. Incluso a mí me da miedo estar relatando esta historia, por lo mismo no soy de las que se meten en las reuniones. Por esto, ni siquiera quiero decir donde vivo, aunque a lo mejor lo saben porque investigan la vida de uno. Yo a ellos no les debo nada, solo la desgracia de mi vida no más. Me da mucho miedo que ellos cobren venganza ahora que se hizo público que es culpable su padre. No sé si lo harán, pero me da miedo.

Francisco Luzoro Montenegro, empresario camionero de Paine, participó en el fusilamiento de cinco campesinos en la zona. Una de las víctimas sobrevivió y fue testigo clave para identificar a Luzoro y a los carabineros involucrados.

Este viernes 17 de noviembre, en fallo dividido, la Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó al empresario Francisco Luzoro Montenegro a la pena de 20 años de presidio, como autor en el fusilamiento de cinco campesinos de Paine: Carlos Chávez Reyes, Raúl del Carmen Lazo Quinteros, Orlando Enrique Pereira Cancino y Pedro Luis Ramírez Torres; y del delito frustrado de homicidio calificado de Alejandro del Carmen Bustos González, quien sobrevivió al fusilamiento escondiéndose entre los cuerpos de las víctimas. Este fallo es histórico, ya que es el primero en el país que condena a un civil por una causa de derechos humanos.

En la etapa de investigación, realizada por la ministra Marianela Cifuentes, se pudo definir que, a petición del subcomisario Nelson Iván Bravo Espinoza, varios civiles, dueños de tierras y/o vehículos, comenzaron a colaborar activamente con el transporte de personal y de detenidos, entre ellos Juan Francisco Luzoro Montenegro, presidente del Sindicato de Dueños de Camiones de Paine.

El día 17 de septiembre de 1973, en horas de la tarde, las cinco víctimas se presentaron en la comisaría de Paine. En las horas siguientes, funcionarios de la mencionada unidad policial interrogaron y golpearon a los detenidos. Al día siguiente, en la madrugada, fueron sacados de la Subcomisaría de Paine, subidos a un vehículo y trasladados hacia el sector de Collipeumo, donde fueron fusilados. La comitiva que trasladó a los detenidos estaba conformada por varios vehículos, ocupados por personal de Carabineros y por civiles, entre ellos Juan Francisco Luzoro Montenegro, todos al mando del sargento Manuel Antonio Reyes Álvarez, ex jefe del Retén Hospital.

La declaración del sitio de memoria Memorial Paine, valoraron la sentencia, "pues sienta un precedente al condenar por primera vez a un civil por haber cometido crímenes de lesa humanidad y por haber sido parte de un aparato represivo del Estado". "Consideramos esencial que el Estado salde la deuda que tiene con las y los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos, dotando al poder judicial de recursos que permitan esclarecer la verdad de lo ocurrido, cumpliendo así con las recomendaciones y convenciones internacionales a las que se ha suscrito el Estado de Chile", consignaron.

Paine fue una de las localidades más afectadas por la participación de civiles en la represión (transportistas, comerciantes y latifundistas), contra campesinos y otros habitantes simpatizantes de la Unidad Popular, registrando -según el Informe Rettig- setenta detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.

Este fallo, además de ser la primera condena a un civil por crímenes de lesa humanidad, confirma la línea judicial sobre la participación activa de civiles en los crímenes de la dictadura, tal como lo afirma la querella presentada por Londres 38 contra los directivos de Pesquera Arauco durante el año 1973 y 1974.

Fueron los dueños de latifundio y de camiones quienes participaron junto a los agentes de Estado en las torturas, ejecución y desaparición de los 70 habitantes de Paine, en su mayoría campesinos, durante la dictadura militar. La justicia ha procesado a seis de ellos y uno quedó imputado por los crímenes de lesa humanidad, Francisco Luzoro Montenegro. Sin embargo, el clan Kast, quien ha participado según testigos, ha quedado impune.

El 2017, la Corte Suprema ratificó el fallo contra el primer civil condenado por crímenes de lesa humanidad: Francisco Luzoro, por el asesinato de Carlos Chávez Reyes, Raúl del Carmen Lazo Quinteros, Orlando Enrique Pereira Cancino y Pedro Luis Ramírez Torres. La condena fue por 20 años y un día. Sin embargo, el criminal solicitó la libertad provisional bajo fianza en favor del procesado, bajo el argumento de "no ser un peligro para la seguridad de la sociedad", manteniendo para el procesado la obligación de firma en dependencias del tribunal.

Francisco Luzoro fue el dirigente dueño de camiones de Paine, quien actuó como cabecilla de varios civiles que facilitaron vehículos y logística para las labores represivas de carabineros y militares y participaron en ejecuciones de al menos setenta campesinos y obreros agrícolas de Paine, localidad ubicada 46 kilómetros al suroeste de Santiago, en la actual provincia del Maipo.

También hubo otros cinco civiles procesados, como Rubén González Carrasco, Claudio Orregón Tudela y Juan Francisco Luzoro como cómplices de secuestro agravado de dos víctimas. Luego, Luzoro y Mario Tagle Román fueron encargados reos como autores del homicidio calificado de otras víctimas. En un tercer procesamiento, Juan Francisco Luzoro y Ricardo Tagle Román también fueron procesados como autores de homicidio calificado.

El 2017 también se procesó al civil Juan Guillermo Quintanilla Jerez y al militar (r) José Vásquez Silva como autores del secuestro calificado de 22 personas, entre ellas Andrés Pereira, padre de la abogada de Derechos Humanos Pamela Pereira.

Estas 22 víctimas fueron detenidas en la localidad de Paine, en octubre de 1973, de ahí fueron trasladadas a la quebrada de Los Quillayes en las cercanías del lago Rapel, donde habrían sido ejecutados.

El clan Kast y su impunidad

Las denuncias contra la familia del candidato presidencial ultraderechista José Antonio Kast volvieron tras conocerse el fallo de la Corte Suprema por el caso de "Paine Centro", el cual involucra la ejecución y desaparición de 38 habitantes. En el fallo se condenó a 11 ex uniformados del Ejército y Carabineros.

En el programa Sin Filtros, Dauno Tótoro, dirigente del Partido de los Trabajadores Revolucionarios (PTR) emplazó a Teresa Marinovic, convencional del Partido Republicano por la complicidad de la familia Kast en la ejecución y desaparición de 70 personas, todos hombres y en su mayoría trabajadores agrícolas. Durante la discusión, Tótoro invitó a Marinovic a leer el libro A la sombra de los cuervos (Ceibo Ediciones, 2015) del periodista Javier Rebolledo, en donde se aborda el rol de los cómplices civiles de la dictadura civil-militar.La familia Kast tiene renombre en la derecha, Miguel Kast, hermano de José Antonio Kast, famoso operador de la derecha, uno de los pilares fundantes de la UDI, arquitecto en los cambios del Estado (ODEPLAN) durante los 80 para ajustarlo al nuevo sistema económico neoliberal que se quería implementar en ese momento, sino además con vínculos con la misma DINA, como revela el libro A la Sombra de los Cuervos, el periodista Javier Rebolledo.

Voces contra la Reforma Agraria

En el Golpe de Estado, Miguel Kast hizo una buena relación con Jaime Guzmán y también fundador UDI. Antes, en los años 70, mientras que en distintas localidades como en Paine, la Reforma Agraria comenzaba a levantarse desde organismos campesinos y sindicatos de obreros agrícolas, en ese periodo la familia Kast habría facilitado los camiones e inclusive sindicado a algunos de los que fueron luego asesinados.

Christian Kast, hijo del propietario de establecimientos Bavaria y hermano de José Antonio, fue citado a declarar por la justicia el 2003. Causa que fue reabierta el año 2002 por la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Stella Elgarrista, acumulándolas en una sola, denominada “Paine”, producto de que 70 ciudadanos de localidades como Pintué, El Escorial, Chada, Culitrín y Hospital, entre otras, habían sido asesinados o permanecían desaparecidos.

Francisco Luzoro, reconoció que “los operativos que realizaba personal de carabineros escoltados por nosotros [los civiles] eran exclusivamente para detener gente en diferentes lugares, los cuales eran trasladados a la Subcomisaría de Paine, sin saber cuál era su destino final (…)”. La familia Kast tenía relación con préstamos y traslados que unía a los militares y Carabineros con las detenciones.

Justicia condena por primera vez a cárcel efectiva a civil por causas de violación a DDHH.

La Corte Suprema condenó por primera vez a pena de cárcel efectiva a un civil por causas de violaciones a los Derechos Humanos.

En fallo dividido, la sala penal del máximo tribunal del país sentenció a 20 años de presidio a Francisco Luzoro Montenegro como autor del homicidio calificado de Carlos Chávez Reyes, Raúl Lazo Quinteros, Orlando Pereira Cancino y Pedro Ramírez Torres. Además, lo declaró culpable del homicidio frustrado de Alejandro Bustos González, todos hechos ocurridos el 18 de septiembre de 1973.

Las víctimas, miembros del villorrio “Paula Jaraquemada” de Paine, fueron detenidas el 17 de ese mismo mes por personal de Carabineros. Ahí fueron interrogados y golpeados por personal policial siendo trasladados desde la subcomisaría de Paine a un sector de Colipeumo. Una vez en el lugar los cuatro hombres fueron fusilados.

Por su parte, el abogado de los familiares de las víctimas, Nelson Caucoto, reconoció que la justicia tardó para lograr la verdad.

El fallo, además, ordena una indemnización por dos mil 210 millones de pesos a los familiares de las víctimas.

Dirigente camionero condenado por violación a los DDHH es trasladado al penal Colina.

Hasta el penal de Colina fue trasladado Juan Francisco Luzoro Montenegro, dirigente camionero condenado a la pena de cárcel efectiva por casos de violación a los Derechos Humanos.

Luzoro fue detenido en el aeropuerto cuando retornaba desde Fresia, esto en el marco del cumplimiento de condena ordenada por la Corte Apelaciones de San Miguel.

El detenido debe cumplir una condena de 20 años y un día por los delitos de homicidio calificado en calidad de autor y cómplice.

De acuerdo a la información entregada desde la Brigada de Derechos Humanos por subprefecto Erik Martínez, el 18 septiembre de 1973 Juan Luzoro en su calidad de dirigente camionero en Paine apoyó en el traslado de militares y detenidos tras el golpe de estado.

La Corte Suprema confirmó que Francisco Luzoro Montenegro participó en calidad de autor del homicidio calificado de Carlos Chávez Reyes, Raúl del Carmen Lazo Quinteros, Orlando Enrique Pereira Cancino y Pedro Luis Ramírez Torres.

Además fue condenado por el delito de homicidio frustrado en el caso de Alejandro del Carmen Bustos González, crímenes que fueron cometidos en el sector de Colipeumo, de la comuna de Paine.

Francisco Luzoro fue detenido en el aeropuerto de Santiago, trasladado hasta la corte de San Miguel para la notificación de la condena, para posteriormente ser trasladado hasta el penal de Colina.