Máximo tribunal fijó indemnizaciones por 1.225 millones de pesos para los familiares de las once víctimas.

Se sobreseyó al general en retiro de la FACh Vicente Rodríguez Bustos y se confirmó la absolución de general en retiro de Carabineros Patricio de la Fuente.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva por los secuestros y homicidios calificados de los miembros del Grupo de Amigos Personales (GAP), escolta del presidente Salvador Allende, que fueron detenidos el 11 de septiembre de 1973 y luego ejecutados. 

Las víctimas fueron Domingo Bartolomé Blanco Tarrés y José Belisario Carreño Calderón (secuestrados) y Gonzalo Mario Jorquera Leyton, Carlos Alfonso Cruz Zavala, Luis Alfredo Gamboa Pizarro, Pedro Juan Garcés Portiagliati, Óscar Osvaldo Marambio Araya, Edmundo Enrique Montero Salazar, Jorge Osvaldo Orrego González, William Osvaldo Ramírez Barría y Enrique Andrés María Ropert Contreras (asesinados).

Todos ellos fueron detenidos en las inmediaciones del Palacio de La Moneda, luego trasladados al edificio de la Intendencia de Santiago y posteriormente a unidades policiales, donde finalmente fueron ejecutados o se les perdió el rastro.

En el fallo, la Segunda Sala del máximo tribunal revocó la sentencia apelada en la parte que condenó al general en retiro de la Fuerza Aérea Vicente Armando Rodríguez Bustos, quien murió antes de la resolución de segunda instancia, por lo que instruyó a decretar el sobreseimiento definitivo y parcial, sostiene un comunicado del Poder Judicial. 

Al mismo tiempo, se confirmó la absolución de general en retiro de Carabineros, Patricio de la Fuente Ibar, por falta de participación y fijó la indemnización de 1.225 millones de pesos que deberá pagar el fisco por daño moral a familiares de las víctimas.

Con el fin de "reparar, mitigar o ayudar a sobrellevar el dolor causado por el hecho ilícito asentado", se determinó pagar montos dependiendo del vínculo o parentesco con la víctima.

Así, a quienes sean cónyuge o madre de la víctima, la suma de 80 millones de pesos; a los hijos de ellas, la cantidad de 50 millones de pesos; para los demandantes en calidad de hermanos, el monto de 20 millones de pesos y para quienes acreditaron ser sobrinos de una de las víctimas, la suma de cinco millones. 

LOS DETALLES DEL FALLO

En el fallo de primera instancia, el ministro Mario Carroza estableció las identidades de los miembros del GAP, siendo Domingo Blanco Tarrés uno de los jefes del dispositivo, y Enrique Ropert Contreras, que a la época era un universitario e hijo de Miria Contreras Bell, secretaria privada del Presidente Allende.

En la madrugada del día 11 de septiembre de 1973, el grupo se trasladó a la residencia presidencial de calle Tomás Moro en busca de Allende, que ya había partido con un grupo de escoltas y de carabineros a La Moneda.

De esta forma, determinaron seguir el paso, siendo Blanco Tarrés junto a José Belisario Carreño Calderón, Carlos Cruz Zavalla, Luis Gamboa Pizarro, Pedro Juan Garcés Portigliati, Gonzalo Mario Jorquera Leyton, Óscar Marambio Araya, Edmundo Montero Salazar, Jorge Osvaldo Orrego González y William Ramírez Barría, detenidos al intentar ingresar por calle Morandé.

Lo mismo ocurrió con Enrique Ropert, luego de que su madre, Miriam Contreras Bell -secretaria de Allende- le solicitara averiguar respecto a las detenciones de los demás escoltas. 

"Todos los integrantes de la guardia personal del Presidente Allende, junto a Enrique Ropert Contreras, fueron trasladados hasta las dependencias de la prefectura policial del interior de la Intendencia, sin que las intervenciones desde el Palacio Presidencial y del director de Carabineros, en ese momento, tuvieran éxito en obtener su liberación", sostiene el fallo.

"El grupo fue conducido a la Intendencia, donde permanecieron por unas horas, siendo subidos posteriormente por orden del coronel Carlos Hinrichsen González a un bus de Carabineros y llevados a la Sexta Comisaría de Santiago". Fue allí donde más tarde llegó "un mayor de Inteligencia de la FACh, premunido de una orden escrita de un Consejo de Guerra, quien es el que finalmente procede a llevarse consigo a este grupo de detenidos, antes de ser puestos a disposición de la Justicia".

"Todo o parte de este grupo de prisioneros es trasladado el día 12 o 13 de septiembre de 1973 al Cuartel Central de la Policía de Investigaciones, donde fueron sometidos a interrogatorios, entre los que se sabe con certeza que estaba Domingo Blanco Tarrés, quien es ingresado a la Cárcel Pública el día 15 de septiembre de 1973, por órdenes de la 2º Fiscalía Militar, desde allí le sacan en varias oportunidades y le llevan a la Fiscalía, donde fue sometido a torturas, interrogatorios y careos con otros miembros del GAP".

Así, salió del recinto el 19 de septiembre, según los registros de Gendarmería, "por orden de la Segunda Fiscalía Militar, perdiéndose desde esa fecha todo rastro de él, desconociéndose actualmente su paradero", dice el escrito. 

En tanto, el paradero de José Belisario Carreño Calderón se desconoce, luego de que se descartara que se encontraron sus restos el 19 de septiembre de 1973 en el puente Bulnes.

El fallo agrega que los cuerpos de Enrique Ropert Contreras, Carlos Cruz Zavalla, Luis Gamboa Pizarro, Gonzalo Mario Jorquera Leyton, Óscar Marambio Araya, Edmundo Montero Salazar, Jorge Osvaldo Orrego González y William Ramírez Barría fueron encontrados el día 19 de septiembre de 1973 en las riberas del río Mapocho, en el sector del puente Bulnes.

"En relación a Pedro Juan Garcés Portigliati, se encuentra debidamente acreditado que su cadáver ingresa al Instituto Médico Legal, sin constar respecto de él ningún informe de autopsia o acta de recepción de cadáveres, encontrándose esta víctima entre las identificadas por exámenes de ADN realizados posteriormente a restos encontrados en Patio 29" del Cementerio General.

En ese lugar, en una fosa común, y según la identificación por exámenes de ADN, se encontró los restos de Carlos Cruz Zavalla, Luis Gamboa Pizarro, Pedro Juan Garcés Portigliati, Oscar Marambio Araya, Edmundo Montero Salazar, Jorge Osvaldo Orrego González, William Ramírez Barría y Enrique Ropert Contreras.

Finalmente, "conforme a la autopsia de la época y registros de entierro, se encuentra establecido que los restos de Gonzalo Mario Jorquera Leyton fueron reconocidos 

entregados a sus familias en los días posteriores a ocurridos los hechos".

Los integrantes de Grupo de Amigos Personal (GAP) fueron retenidos en La Moneda el 11 de septiembre de 1973 para luego ser ejecutados.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva por los secuestros calificados (desapariciones) y homicidios calificados de 11 escoltas del presidente Salvador Allende, más conocidos como el Grupo de Amigos Personal (GAP).

El principal acusado ya se encuentra fallecido, pero el máximo tribunal del país condenó al Fisco a pagar una indemnización de $1.225 millones a las familias.

Las víctimas de secuestros calificados son Domingo Bartolomé Blanco Tarrés y José Belisario Carreño Calderón, mientras que los homicidios calificados corresponden a Gonzalo Mario Jorquera Leyton, Carlos Alfonso Cruz Zavala, Luis Alfredo Gamboa Pizarro, Pedro Juan Garcés Portiagliati, Óscar Osvaldo Marambio Araya, Edmundo Enrique Montero Salazar, Jorge Osvaldo Orrego González, William Osvaldo Ramírez Barría y Enrique Andrés María Ropert Contreras.

Los 11 miembros del Grupo de Amigos Personales fueron detenidos el 11 de septiembre de 1973 en las inmediaciones del Palacio de La Moneda, trasladados a la Intendencia de Santiago, luego a unidades policiales y, finalmente, ejecutados.

En el fallo, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros y ministras Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier, Eliana Quezada y la abogada (i) Pía Tavolari– revocó la sentencia apelada, únicamente en la parte que condenó al general en retiro de la Fuerza Aérea (FACH) Vicente Armando Rodríguez Bustos, quien murió antes de la resolución de segunda instancia, por lo que dispuso que el ministro instructor proceda a decretar el correspondiente sobreseimiento definitivo y parcial a su respecto.

Asimismo, la Sala Penal confirmó la absolución de general en retiro de Carabineros, Patricio de la Fuente Ibar, por falta de participación y fijó, además, en la suma total de $1.225.000.000 las indemnizaciones que deberá pagar el fisco por concepto de daño moral, a familiares de las víctimas.

Cada año los chilenos de todo el mundo conmemoran el 11 de septiembre, día en que arrancó una de las dictaduras más sangrientas conocidas en la historia. Ese día, en 1973, una junta militar encabezada por el general Augusto Pinochet y maniobrada desde atrás por la oligarquía chilena y la CIA estadounidense derrocó al Presidente Salvador Allende, quien había sido elegido democráticamente mediante el sufragio universal. Pulso le preguntó a Hortensia Agurto qué significa para ella esa fecha.

Hortensia Agurto
Colaboración especial

El Golpe Cívico Militar  del día 11 de septiembre de 1973 tocó muy de cerca a mi familia, arrebatando la vida, primero, de mi cuñado Gonzalo Mario  Jorquera Leyton, 27 años de edad, quien fuera detenido a su llegada a la Moneda (palacio de gobierno)  el mismo 11 en la mañana y luego apareciera fusilado el día 20  del mismo mes. Dos años más tarde, el 1 de agosto de 1975, mi esposo Raúl Jaime Olivares Jorquera, 25 años de edad, fue detenido por la policía de Investigaciones y llevado  al cuartel Zañartu, en Santiago, lugar en donde fue brutalmente torturado. Y como el objetivo era asesinarlo lo envenenaron con estricnina que es un veneno para eliminar roedores.

Esto lo hemos descubierto después de 50 años. Ha sido una larga lucha por la verdad y la justicia. A la fecha hay 4 policías procesados por homicidio calificado y esperamos que el ministro, Sr. Mario Carroza dicte sentencia en primera instancia dentro de poco.
Para mí, conmemorar el 11 de septiembre de 1973 es mantener viva la memoria. Es  reafirmar un compromiso con la verdad y la justicia. Con todos  quienes dieron  sus vidas por una sociedad más justa.

El 11 de septiembre de 1973 vi cómo se truncaba la vida de cientos de chilenos, incluyendo la mía y de mi familia. Es recordar al presidente  Salvador Allende que no vaciló en dar su vida por su pueblo, que confió en él.

Conmemorar el 11 de septiembre de 1973 es recordar cuando se cometieron  los crímenes más horrendos, dejando a cientos de ejecutados políticos, cientos de detenidos desaparecidos, miles de prisioneros políticos, torturados, encarcelados. Es importante conmemorar el 11 para recuperar y estimular la memoria colectiva de la historia de Chile, para que nunca más vuelva a ocurrir. Conmemorar cada año el 11 es, para mí, una de las razones de existir ya que tuve la suerte de sobrevivir. Cada 11 comienza en el Árbol de la Memoria (situado en el Parque Jeanne-Mance) con una vigilia y exposición de fotos de nuestros detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Culmina con un acto en homenaje a todos ellos. También se rinde homenaje a nuestros compañeros expresos políticos. Ellos sobrevivieron a la tortura, la prisión, la relegación y muchos continúan luchando paraque se haga justicia en Chile.

Conmemorar el 11 significa compartir esta historia con las comunidades culturales de Montreal y con el público en general. Es una manera de seguir denunciando los 17 años de dictadura y  sus crímenes. También significa continuar denunciando la impunidad existente en Chile.

Memoriaviva tuvo acceso al certificado de defunción de don Gonzálo Mario Jorquera Leyton, que se registra el 20 de septiembre de 1973 a las 8.30 horas de acuerdo al Registro Civil de Identificación.

Numero de folio: 600021169346