El 3 y 4 de octubre se conmemora una de las fechas que marcan a fuego la violación a los derechos humanos en la ciudad de Valdivia, hace 50 años, en el sector de Llancahue, donde funcionaba el campo de tiro del 8° Regimiento de Fuerzas Especiales de Valdivia, allí fueron fusilados por un falso consejo de guerra 12 trabajadores forestales del Complejo forestal y maderero Panguipulli (Cofomap) -mayoritariamente militantes del MIR-, todos detenidos tras el golpe de Estado, torturados y acusados sin ningún proceso judicial formal.

Este caso, conocido como caso Neltume, es obra de la caravana de la muerte, episodio Valdivia tuvo como ejecutados a los estudiantes universitarios José Gregorio Liendo Vera, (militante del MIR y líder del MCR del COFOMAP, conocido como «Comandante Pepe»); Pedro Purísimo Barria Ordoñez; José René Barrientos Warner; (músico de la Orquesta de Cámara de la Universidad Austral); Fernando Krauss Iturra, (Secretario Regional del MIR) y los obreros madereros Sergio Jaime Bravo Aguilera; Santiago Segundo García Morales; Luis Enrique del Carmen Guzmán Soto; Luis Hernán Pezo Jara; Víctor Eugenio Rudolf Reyes; Rudemir Saavedra Bahamondes; Víctor Segundo Saavedra Muñoz y Luis Mario Valenzuela Ferrada. Las actividades de homenaje y conmemoración se iniciaron en el sitio de Llancahue donde familiares, compañeros y amigos se reunieron para recordar a los represaliados, tal y como se viene haciendo desde hace años.

La actividad estuvo organizada por la Casa de la memoria de Valdivia, espacios que fuera sede de la CORA, después ex cuartel de la CNI y actualmente lugar de memoria y funcionamiento de la Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la capital de Los Ríos. También fueron parte de la organización el Colectivo Sur memoria y dignidad y la Universidad Austral de Chile.

Las acciones de memoria continuaron en el cementerio municipal de la ciudad, donde a medio día se reunió más de un centenar de personas para hacer un acto de reparación y recordación en las tumbas de varios de los ejecutados por la dictadura civil-militar, en la ocasión se hicieron parte organizaciones estudiantiles y tomaron la palabra organismos de derechos humanos, así como compañeros y familiares de los obreros y estudiantes represaliados, quienes se encontraron en la tumba de Fernando Krauss, uno de los líderes miristas asesinados en este caso.

Por último, la Universidad Austral, en su Aula Magna, acogió a más de 500 personas para entregar títulos y grados póstumos a estudiantes de la casa de estudios valdiviana que fueron asesinados o permanecen desaparecidos desde 1973, muchos de ellos del caso Neltume, la entrega se hizo a familiares en una acto sobrio y emotivo que contó con la participación del Rector y de las y los decanos de la Facultad correspondiente, los homenajeados son: José Luis Appel De La Cruz (Medicina), José René Barrientos Warner (pedagogía en Castellano y Filosofía), Carmen Angélica Delar Cabezas (Medicina), Víctor Fernando Krauss Iturra (Pedagogía en Castellano), Gregorio José Liendo Vera (Agronomía), Sergio Raúl Pardo Pedemonte (Filosofía), Hugo Rivol Vásquez Martínez (Ingeniería Forestal), Rogelio Humberto Tapia de la Puente (Ingeniería Forestal), Mario Alejandro Mellado Manríquez (Agronomía) y Héctor Darío Valenzuela Salazar (Pedagogía en Castellano).

La ceremonia dio paso a la reinauguración del espacio de memoria abierto en la Universidad para los estudiantes caídos en dictadura, donde se reunió un gran número de personas y se entregó la palabra a los asistentes para rendir honores a los titulados póstumamente. Cabe destacar que la mesa interfacultades de Filosofía y Humanidades, Derecho y Artes y Arquitectura, en trabajo mancomunado con las organizaciones de derechos humanos lograron este importante y reparados acto para con los represaliados y con sus familias, marcando un hito en la historia de la UACh.

Es de gran relevancia manifestar que los actos de reparación pueden ser significativos cuando son el fruto de la acción de organizaciones de la sociedad civil, pues acompañan simbólicamente a las agrupaciones en su exigencia de justicia, con ello se da una fuerte señala contra el negacionismo y se anima a la conciencia de los sectores populares y especialmente a los jóvenes en la lucha por los derechos humanos y la justicia social.

El general (r) del Ejército Santiago Sinclair estuvo detenido por 48 horas en el Caso Caravana de la Muerte junto a otros uniformados retirados por su participación en el homicidio de 12 personas en Valdivia. Sinclair fue vicecomandante en jefe del Ejército y la justicia espera que la impunidad geriátrica o biológica no sea una causa para que los criminales que usaron uniforme queden sin penas de cárcel

El general (r) Santiago Sinclair fue detenido y acusado de participar en el asesinato de 12 personas en Valdivia en el marco de la Caravana de la Muerte entre el 3 y 4 de octubre de 1973. Junto a él se arrestó también a tres ex uniformados por el mismo crimen, Juan Carlos Michelsen, José Feliú Madinagoitía y Mario Manterola Garrido, todos ellos coroneles y mayores sin embargo quedó pendiente la detención de Hugo Guerra Jorquera, también militar en retiro.

Todos los cinco ex militares antes nombrados tienen cerca o más de ochenta años. Y los jueces decidieron que la impunidad biológica o geriátrica no tiene razón jurídica si los involucrados cometieron crímenes de lesa humanidad. Igual que los nazis que participaron "en limpiezas" y matanzas de decenas personas en la segunda guerra mundial. Incluso un nazi de 94 años, fue detenido y encarcelado la semana recién pasada.

La matanza de doce campesinos

La ministra Patricia González Quiroz sometió a proceso y ordenó la prisión preventiva del ex vicecomandante en Jefe del Ejército, exintegrante de la Junta Militar y exsenador designado, general (r) Santiago Arturo Ariel de Jesús Sinclair Oyaneder, en calidad de autor de 12 homicidios calificados.

Sinclair permaneció preso en el Batallón de Policía Militar en la comuna de Peñalolén en espera de que la Corte de Apelaciones de Santiago decidiera si debía continuar en prisión preventiva o le concedía la libertad. Este sábado quedó en libertad por 200 mil pesos, pero el juicio seguirá y tendrá que declarar nuevamente por los crímenes.

En la época en que se sucedieron los hechos, Santiago Sinclair, quien era coronel y comandante del Regimiento de Caballería N°2 Cazadores de Valdivia y la segunda autoridad militar en la zona, integró un supuesto Consejo de Guerra en el cual se condenó a muerte a 12 campesinos y militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), quienes fueron falsamente acusados de "asaltar" el retén de Carabineros de Neltume, en la precordillera al este de Valdivia, la noche del 12 de septiembre de 1973.

Con anterioridad Sinclair fue investigado por el juez Juan Guzmán en 1998, momento en la que el general (r) declaró: "Recuerdo el Consejo de Guerra que se hizo con respecto de Liendo y otro, un sujeto muy conocido de apellido Krauss, junto a otras personas que no identifico (...) Una vez terminados los alegatos nosotros votamos. El voto se depositó en una caja y el presidente del Consejo hizo el escrutinio".

El fatídico escuadrón Caravana de la Muerte llegó a ciudad de Valdivia el 3 de octubre de 1973 y fue recibido por el Comandante en Jefe de la IV División de Ejército con asiento en Valdivia, general Hugo Bravo Muñoz y el coronel Sinclair, quienes dispusieron a sus subalternos la búsqueda y el arresto de estas 12 personas.

La resolución judicial ratifica los doce fusilamientos que dio la orden Sinclair

"El día 03 de octubre de 1973, aterrizó en Valdivia un helicóptero "Puma" con un grupo de militares bajo el mando del entonces General de Ejército, Sergio Víctor Arellano Stark, delegado por quien a la fecha era Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte, con el objeto de cumplir labores de coordinación de criterios institucionales de gobierno interior y de procedimientos judiciales o de revisar y acelerar los procesos; Que, a raíz de la llegada de los militares mencionados, el día 04 de octubre de 1973, se ordenó sacar desde la Cárcel Pública de Valdivia, a Rudemir Saavedra Bahamondez, Víctor Eugenio Rudolph Reyes, Víctor Segundo Valeriano Saavedra Muñoz, Santiago Segundo García Morales, Luis Mario Valenzuela Ferrada, Sergio Jaime Bravo Aguilera, Luis Hernán Pezo Jara, Víctor Fernando KraussIturra, Pedro Purísimo Barría Ordoñez, Enrique Del Carmen Guzmán Soto y a José René Barrientos Warner, a quienes se les condujo al predio militar de Llancahue, específicamente en el polígono de tiro de la Guarnición Militar de Valdivia, lugar en donde se les fusiló a consecuencia de una sentencia pronunciada en un supuesto Consejo de Guerra, cuya materialidad no existe", señala el fallo.

Para el caso de Gregorio Liendo Vera se determinó:

"A raíz de la llegada de los militares mencionados, se ordenó sacar desde la Cárcel Pública de Valdivia a, Gregorio José Liendo Vera, estudiante de Agronomía, militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y dirigente del Movimiento Campesino Revolucionario, a quien se le condujo al predio militar de Llancahue, específicamente en el polígono de tiro de la Guarnición Militar de Valdivia, lugar en donde se le fusiló a consecuencia de una sentencia dictada en un supuesto Consejo de Guerra cuya materialidad no existe".

Casi todas las víctimas eran obreros del Complejo Maderero Forestal Panguipulli, que la noche del 12 de septiembre de 1973 se manifestaron frente al retén Neltume pidiendo a los carabineros que no se plegaran al golpe militar y entregaran sus armas. Ahí se informó que el retén fue "asaltado" por los miristas, resultando heridos los cuatro carabineros que permanecían en su interior, lo que resultó ser falso según demostró la investigación. De la misma forma, las indagatorias acreditaron la falsedad de los daños producidos a la estructura del cuartel, según informó el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

Los 12 campesinos fueron ejecutados al interior del predio militar de Llancahue. Liendo Vera fue asesinado la noche del 3 de octubre de 1973 y los otros 11 lo fueron al atardecer del día siguiente.

La magistrado Patricia González estableció que los crímenes fueron planeados por Sinclair, el general (r) Sergio Arellano Stark (declarado inimputable por demencia senil) y Hugo Bravo (ya fallecido).

El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, al ser consultado respecto de la detención de Sinclair, expresó "la justicia tarda pero llega, y si hay una investigación de esa naturaleza en materia de derechos humanos y hoy día existe esa detención, serán los tribunales los que van a determinar cuál es la responsabilidad".

A ello, el secretario de Estado agregó que "el avance que hay en los tribunales es importante para que se conozca la verdad. El caso particular lo resolverán las instituciones que corresponden y los abogados querellantes" y que se trata de "hechos de hace muchos años en que todos queremos que haya verdad y justicia".

En este tipo de situaciones ya es común que por la avanzada edad de los acusados la justicia les permite recibir algún tipo de beneficio en el que pueden cumplir sus penas en la casa o una cárcel especial para los exagentes de la dictadura o incluso apelan a la media prescripción, lo que sea que les permite rebajar el tiempo de condena.

En entrevista con Cambio21 la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, preguntada sobre esta detención expresó que "para nosotros es un avance muy importante la detención de Santiago Sinclair que tiene que ver con la Caravana de la Muerte y los 12 asesinados en Valdivia. Además, Sinclair está involucrado en otras causas".

 "Es una alegría que uno de los importantes que se mantenían en la impunidad, quien fue miembro de la Junta Militar y tuvo varios cargos en la represión del terrorismo de Estado de nuestro país haya sido detenido", mencionó Lira.

En cuanto a lo que esperan de la justicia, la presidenta de la AFEP expresó "lo único que pedimos es que Sinclair no se lleve la pena remitida y pase por la cárcel, sino que la pena se condiga con la gravedad de los delitos, porque fueron 12 personas a las que le quitó la vida. Que se busque el mecanismo en que los jueces no den la pena remitida ni apliquen la media prescripción".

En cuanto qué ha cambiado en la justicia para lograr atrapar a quienes estuvieron tanto tiempo en la impunidad, el abogado del Programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, Rodrigo Lledó, declaró que "hoy entendemos que estamos en otro escenario, que ha habido varios gobiernos de la Concertación, hubo un gobierno de centro derecha y estamos discutiendo una nueva Constitución y estas causas de derechos humanos tienen que avanzar porque así lo dispone el derecho internacional en el que nuestro país está inserto".

En relación dónde debieran cumplir sus condenas los exoficiales y qué pasa con algunas de las garantías con las que cuentan cuando son sentenciados, Lledó dijo "evidentemente que nosotros no estamos satisfechos con eso, porque nosotros hacemos todo lo posible para que se haga justicia y cuando llega el momento de cumplir la pena se hace en condiciones de privilegio y eso no corresponde porque estamos en un país que tiene que respetar la igualdad ante la ley".

A esto también se refirió el abogado de la causa, Tomás Pascual, quien explicó que "hoy tenemos una respuesta de la justicia diciendo que estos oficiales de Valdivia tuvieron y hay presunciones fundadas de que, a través de disponer de una serie de medios, permitieron que se ejecutara sumariamente a 12 personas el 3 y 4 de octubre de 1973".

Sobre la posibilidad que tiene Santiago Sinclair de cumplir una condena, el abogado dijo "uno de los elementos inherentes a los delitos de lesa humanidad es que estas personas no pudieron ser perseguidas durante un largo periodo de tiempo, por lo tanto, valerse de eso, de la edad para que no pueda exponerse a ninguna pena, sería doblemente injusto".

Finalmente, sobre los avances en el caso Caravana de la Muerte, Pascual mencionó "en el corto plazo pediremos el cierre de la investigación a objeto de que se acuse a los procesados y se les condene de acuerdo al mérito del proceso como reivindicación de los 12 ejecutados en Valdivia y de sus familiares después de 41 años, porque así podemos empezar a llegar a la verdad".

El 31 de agosto de 2023 a partir de las 12 del día, en el marco de la conmemoración por los 50 años del Golpe de Estado en Chile, se plantarán árboles nativos en el sitio de memoria ex Retén de Neltume, que recordarán a las doce víctimas de la Caravana de la Muerte ejecutadas en Valdivia los días 3 y 4 de octubre de 1973, que fueron acusadas de asaltar el Retén de Neltume por un Consejo de Guerra.

La actividad organizada y convocada por el Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume (CCMMN) en conjunto con la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y CONAF Los Ríos, y se realizará en el sitio de memoria ex Retén de Neltume, que se declaró como monumento histórico por el Decreto 32 de 2019, protegido por Ley 17.288 de Monumentos Nacionales. En la instancia se realizará se plantarán doce árboles uno en memoria de cada ejecutado, para lo cual se acompañará la acción con palabras de familiares, compañeras/ros y amigas/dos de las víctimas. .

Los compañeros que se conmemorará, eran obreros del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (COFOMAP) y/o dirigentes políticos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), vinculados a la gran empresa estatal en la cordillera. Sus nombres y fechas de muerte son:

1. Gregorio José Liendo Vera, nacido el 26 de agosto de 1945 y ejecutado el 03 de octubre de 1973, por la Caravana de La Muerte, en Valdivia.
2. Pedro Purísimo Barría Ordóñez, 22 años, ejecutado el 04 de octubre de 1973, por la Caravana de La Muerte, en Valdivia.
3. Luis Hernán Pezo Jara, 19 años, ejecutado el 04 de octubre de 1973, por la Caravana de La Muerte, en Valdivia.
4. Santiago Segundo García Morales, nacido el 29 de julio de 1947, ejecutado el 04 de octubre de 1973, por la Caravana de La Muerte, en Valdivia.
5. Víctor Segundo Valeriano Saavedra Muñoz, nacido el 15 de enero de 1954, ejecutado el 04 de octubre de 1973, por la Caravana de La Muerte, en Valdivia.
6. Sergio Jaime Bravo Aguilera, 24 años, ejecutado el 04 de octubre de 1973, por la Caravana de La Muerte, en Valdivia.
7. Rudemir Saavedra Bahamondes, nacido el 25 de junio de 1944, ejecutado el 04 de octubre de 1973, por la Caravana de La Muerte, en Valdivia.
8. Enrique del Carmen Guzmán Soto, nacido el 16 de diciembre de 1951, ejecutado el 04 de octubre de 1973, por la Caravana de La Muerte, en Valdivia.
9. Víctor Eugenio Rudolph Reyes, tenía 27 años, ejecutado el 04 de octubre de 1973, por la Caravana de La Muerte, en Valdivia.
10. Luis Mario Valenzuela Ferrada, nacido el 22 de octubre de 1952, ejecutado el 04 de octubre de 1973, por la Caravana de La Muerte, en Valdivia.
11. René José Barrientos Werner, 24 años, ejecutado el 04 de octubre de 1973, por la Caravana de La Muerte, en Valdivia.
12. Fernando Krauss Iturra, nacido el 17 de octubre de 1948, ejecutado el 04 de octubre de 1973, por la Caravana de La Muerte, en Valdivia.

Cabe mencionar, que el 16 de junio de 2023 se condenó a 18 años de cárcel al criminal y ex integrante de la Junta Militar en dictadura, Santiago Sinclair, por el delito de homicidio calificado reiterado de 12 trabajadores del COFOMAP y miristas. Además, los imputados Juan Viterbo Chiminelli y Pedro Espinoza Bravo fueron declarados culpables por el mismo crimen con igual condena. Por otra parte, Emilio Mahotiere, fue condenado a 5 años y un día como encubridor de los delitos.  El fallo prueba que la acusación fue un montaje y en los hechos no existían pruebas para acusar a los miristas en 1973.

A finales de septiembre se cumplen 49 años de la «Caravana de la Muerte», operación militar comandada por Sergio Arellano Stark que recorrió de norte a sur Chile, un viaje de exterminio que cobró el asesinato y desaparición forzada de 96 personas. Su paso por Valdivia cobró la vida de 12 personas, sus familiares hoy siguen en búsqueda de justicia.

Por: Fernanda Imbert Fuentes

El pasado viernes 2 de septiembre la agrupación de familiares de víctimas de la Caravana de la Muerte en Valdivia  se reunió  con la actual ministra de Justicia, Marcela Ríos, para pedirle que interceda y ayude a lograr un fallo favorable luego de 49 años luchando por justicia. 

La denominada “Caravana de la Muerte” fue una comitiva militar que partió el 30 de septiembre del 1973, ordenada por Augusto Pinochet y liderada por Sergio Arellano Stark, donde recorrieron Chile de norte a sur en un viaje de exterminio que cobró 96 víctimas, en la ciudad de Valdivia murieron 12 de ellos.

Sus cuerpos fueron entregados a sus familiares en cajones de madera, cerrados y listos para el entierro sin ninguna posibilidad de velorio.

Gregorio José Liendo Vera, Pedro Purísimo Barría Ordóñez, Rudemir Saavedra Bahamondes, Víctor Eugenio Rudolph Reyes, Víctor Segundo Valeriano Saavedra Muñoz, Santiago Segundo García Morales, Luis Mario Valenzuela Ferrada, Sergio Jaime Bravo Aguilera, Luis Hernán Pezo Jara, Víctor Fernando Krauss Iturra, Enrique del Carmen Guzmán Soto y José René Barrientos Warner son los jóvenes que entre el 3 y 4 de octubre de 1973 fueron fusilados por militares en al polígono de tiro de la Guarnición Militar de Valdivia.

Denegación de Justicia

La querella interpuesta el año 1998 en la Corte Suprema buscó la justicia y reparación, y a pesar de que el máximo tribunal falló a su favor – tanto en 2017, como en 2020– dictaminando como culpable a seis personas: Pedro Bravo, Carlos López Tapia, Humberto Guerra, Juan Chiminelli,  Emilio de la Mahotiere González y Santiago Arturo Sinclair, sin embargo, al día de hoy no hay ningún condenado que esté cumpliendo pena efectiva.

En 2019, como agrupación, enviaron cartas a las autoridades de la corte de apelación y al ministro encargado de las causas de DD.HH, logrando así una reunión con Javier Moya, Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago para expresarles su necesidad de apurar el proceso.

Pero este año, Yenny Barría, mediadora y familiar de una de las víctimas, descubrió que durante la pandemia el proceso no tuvo ningún avance, cumpliéndose así, dos años donde la causa aún no se encuentra en tabla para ser vista por los ministros de la corte, a lo que se sumó la frustración para los familiares el indulto entregado a dos de los criales de lesa humanidad en el gobierno de Sebastián Piñera, esto a pesar de que en abril del 2021 el Tribunal Pleno de la Corte Suprema resolvió que se agilizaría el proceso.

Para Fernando Krauss, hijo de una de las víctimas, lo que el Estado de Chile ha estado haciendo es una denegación de justicia, viendo morir a quienes han buscando justicia y a los responsables de los crímenes sin avance en el proceso judicial: “Es tan evidente que se ha ido perfilando una denegación de justicia para los familiares porque qué sentido tiene que las madres, que los hermanos, que las esposas de los familiares, fallezcan sin arribar al cierre de los procesos. Y que además fallezcan los criminales”.

Nuevas conversaciones

Tanto Yenny y Fernando creen que  la justicia chilena ha respondido sin voluntad de acelerar los procesos judiciales. La agrupación ha asistido a todas las instancias que se han presentado y no ven una voluntad real de agilizar las cosas.

A pesar de todo, siguen luchando, y para Fernando, este nuevo gobierno puede tener una disposición distinta: “Nosotros pensamos que este gobierno puede tener una disposición distinta y queremos ver medidas específicas concretas que permitan acelerar y recuperar el sentido de la justicia que hoy día está, a nuestro juicio, perdido”.

Por ello, tras la reunión con la ministra Marcela Ríos comentaron que fue una buena conversación, donde la autoridad reconoció que el Estado y la justicia chilena habían fallado en términos de reparación y declaró que están comprometidos con la causa. También, les señaló a la agrupación las medidas que están tomando para acelerar la causa y reconoció que han estado manteniendo conversaciones con el poder judicial para lograr el objetivo.

En víspera de la próxima conmemoración del golpe de Estado, donde la caravana se rememora como una de las operaciones más cruentas ejecutadas por el Ejército de Chile, los 12 jóvenes víctimas de Valdivia y los  24 años que la agrupación de sus familiares interpusieron una querella para encontrar justicia, se espera que puedan concretarse las acciones necesarias para que los culpables cumplan condena efectiva y los familiares obtengan al fin un cierre justo para este proceso.

La Corte Suprema dictaminó el cumplimiento efectivo de presidio, en calidad de autores de los delitos. Detalles del fallo en la nota.

La Corte Suprema condenó a cuatro militares en retiro por su responsabilidad en los delitos consumados de homicidio calificado de 12 personas en octubre de 1973, en la ciudad de Valdivia, en el caso denominado Caravana de la Muerte. Episodio Valdivia.

Las víctimas de homicidio fueron: Gregorio José Liendo Vera (comandante Pepe), Rudemir Saavedra Bahamondez, Víctor Eugenio Rudolph Reyes, Víctor Segundo Valeriano Saavedra Muñoz, Santiago Segundo García Morales, Luis Mario Valenzuela Ferrada, Sergio Jaime Bravo Aguilera, Luis Hernán Pezo Jara, Víctor Fernando Krauss Iturra, Pedro Purísimo Barría Ordóñez, Enrique del Carmen Guzmán Soto y José René Barrientos Warner. 

En fallo unánime (causa rol 122.163-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal revocó la sentencia impugnada y condenó a Santiago Arturo Ariel de Jesús Sinclair Oyaneder a la pena de cumplimiento efectivo 18 años de presidio, en calidad de autor de los delitos. En tanto, la confirmó en la parte que condenó al acusado Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, con declaración que deberá purgar 18 años de reclusión, como coautor.

En el caso del acusado Pedro Octavio Espinoza Bravo, deberá cumplir diez años de presidio, como autor, y Emilio Robert de la Mahotiere González, cinco años y un día de presidio, como cómplice.

Error de derecho en la sentencia anterior

El máximo tribunal estableció error de derecho en la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago, al acoger en la especie la media prescripción.

Se indica que el Estado o Tiempo de Guerra, rigió al menos hasta el 10 de septiembre de 1975, fecha que hace aplicable los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile y publicados en el Diario Oficial el 17 de abril de 1951, por lo que estaban vigentes los Convenios de Ginebra de 1949, aplicando su artículo 3°, relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra.

"Obliga a los Estados contratantes, en caso de conflicto armado sin carácter de internacional, ocurrido en su territorio (que es justamente la situación de Chile durante el período comprendido entre el 12 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1975), al trato humanitario, incluso de contendientes que hayan abandonado sus armas, sin distinción alguna de carácter desfavorable”, detalla el fallo.

“En consecuencia –prosigue–, el Estado de Chile se impuso, al suscribir y ratificar los citados Convenios, la obligación de garantizar la seguridad de las personas que pudieren tener participación en conflictos armados dentro de su territorio, especialmente, si fueren detenidas, quedando vedadas las medidas tendientes a amparar los agravios cometidos contra personas determinadas o lograr impunidad de sus autores", 

En el aspecto civil, la Sala Penal acogió el recurso de casación en el fondo deducido en representación de las cónyuges sobrevinientes de las víctimas Rudemir Saavedra Bahamondez y Gregorio José Liendo Vera, respectivamente, y anuló parcialmente el fallo recurrido, en la parte que acogió la excepción de cosa juzgada, y ordenó al fisco pagar a las demandantes una indemnización total de $160 millones por concepto de daño moral.

Fusilamientos

En el fallo de primera instancia, la ministra de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, Patricia González Quiroz, dio por establecidos los siguientes hechos:

“a) En la madrugada del día 12 de septiembre del año 1973, un grupo de personas, todas ellas residentes en la localidad de Neltume, entre las que se encontraba José Liendo Vera, concurrieron hasta las cercanías del frontis del retén de Carabineros existente en el lugar, llegando a una distancia aproximada de 30 metros, y comenzaron a dar voces, incitándolos a que se unieran para oponer resistencia al golpe de Estado del día anterior. Por unos minutos se produjo una balacera entre ambos grupos, luego de lo cual los primeros se retiraron del lugar.

Cabe consignar que el hecho así fijado surge fundamentalmente de los testimonios prestados por los cuatro funcionarios policiales que se encontraban en el lugar, entre ellos el jefe del recinto Benito Carrasco, quien sostuvo que ‘todo fue solo un intento’ el que ‘después se mal utilizó’, encontrándose como evidencias una botella sin restos de elementos explosivos, sin que se pudiera determinar las armas de fuego empleadas, en cuanto a su número y características.

b) En los días siguientes, una patrulla militar detuvo a cuatro personas en el sector de Liquiñe, presuntamente participantes en los hechos, entre los cuales se encontraban Gregorio José Liendo y Pedro Purísimo Barría, un tercer detenido cuya identidad se desconoce y la cónyuge de Liendo, que se encontraba embarazada, todos vinculados al grupo político Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

c) Estas cuatro personas fueron conducidas hasta la ciudad de Valdivia y permanecieron privados de libertad en la Cárcel Pública de Isla Teja. Gregorio José Liendo Vera y Pedro Purísimo Barría Ordóñez, estuvieron detenidos en este recinto, el primero hasta el día 3 de octubre, en que fue fusilado en el polígono del recinto militar Llancahue, en tanto que el segundo, lo estuvo hasta el día siguiente, en que fue muerto en las mismas condiciones.

d) El día 4 de octubre, junto con Pedro Barría Ordóñez, fueron fusiladas otras diez personas, a quienes se atribuyó participación de autores en los hechos ocurridos en el Retén de Neltume, al que se ha hecho referencia: Rudemir Saavedra Bahamondez, Víctor Eugenio Rudolph Reyes, Víctor Segundo Valeriano Saavedra Muñoz, Santiago Segundo García Morales, Luis Mario Valenzuela Ferrada, Sergio Jaime Bravo Aguilera, Luis Hernán Pezo Jara, Víctor Fernando Krauss Iturra, Enrique del Carmen Guzmán Soto y José René Barrientos Warner.

e) Los fusilamientos comenzaron a ocurrir el día 3 de octubre, mismo día en que arribó a la ciudad una comitiva que encabezaba Sergio Arellano Starck y que la conformaban entre otros, Pedro Espinoza, Juan Chiminelli y Emilio de la Matohiere, los que tomaron conocimiento de los hechos y los dos participaron de los preparativos y en la ejecución de los fusilamientos, como asimismo también otro personal militar que cumplía funciones en la ciudad”.