Donde la protesta adquirió mayores grados de masividad y combatividad fue en las poblaciones. Estas también fueron los escenarios principales de la represión, como en la población Los Copihues, en la comuna de La Florida. En esta población, la protesta fue masiva: familias completas se sumaban desde los pasajes y calles en que vivían, mientras que los sectores más organizados y fogueados salían a levantar la protesta a las avenidas La Florida y Departamental. En el cruce de ambas arterias, la rotonda Departamental, el enfrentamiento era más agudo. Cuando las fuerzas represivas ocupaban dicho lugar, las protestas se trasladaban a las calles interiores. Cerca de las 9:30 horas del 2 de julio, patrullas de uniformados coparon la rotonda y comenzaron a disparar hacia el interior de las poblaciones. Luego, avanzaron hacia el sur, llegando al cruce entre avenida La Florida y avenida El Parque, desde donde dispararon en dirección a las barricadas levantadas en las esquinas de los diversos pasajes de la población Los Copihues y asesinaron a Nadia del Carmen Fuentes Concha, de 13 años, que falleció cerca de las 10 de la mañana. Como veremos, este asesinato no pasó desapercibido para el magisterio opositor de la comuna, especialmente el que ejercía la docencia en el colegio al que asistía Nadia, quienes se ex-presaron mediante una carta aparecida en el periódico Rûpu.   

Nadia Fuentes nació el 7 de abril de 1973 y el día en que perdió su vida había salido de su hogar a comprar pan junto con dos hermanos menores, en momentos en que pobladores realizaban manifestaciones y barricadas en la esquina del pasaje Los Retamos y avenida El Parque. En el periódico de la Vicaría de la Solidaridad se recogió el testimonio de Jacqueline, amiga de Nadia: Veníamos juntas cuando empezaron los disparos, de una patrulla militar que estaba en la rotonda. Nos apuramos y cuando me doy vuelta la Nadia se está doblando, como abrazando el bolso de pan y mirándome con los ojos muy grandes, muy abiertos. Yo le decía: Nadia, qué te pasa, contéstame y se caía. Yo me asusté. (Solidaridad, 1986, p. 21)

La familia de Nadia formaba parte de los sectores populares que pagaban las peores consecuencias del modelo económico implementado por la dictadura. Al momento de fallecer, un vecino comentó con sus ojos llenos de lágrima a Solidaridad: “Si usted le hubiera visto su cuerpecito y la carita. Si no tienen qué comer con el marido en el POJH. Están todos desnutridos y el 80 por ciento de los que vivimos aquí ya no tenemos qué comer” (Solidaridad, 1986, p. 21). Por su parte, la madre de Nadia, María Concha Escobar, que tenía otros cinco hijos, declaró que los militares “cuando vieron que cayó al suelo, ellos, que le habían disparado, se arrancaron. Ni siquiera la socorrieron. La dejaron ahí nomás” (APSI Extra, 1986, p. 3).

Unas horas más tarde, oficiales de Carabineros llegaron al lugar e intentaron retirar el cuerpo, pero un sacerdote, la familia y pobladores lo impidieron al no existir aún una orden judicial. Recién al anochecer, Carabineros logró su objetivo mediante el lanzamiento de gases lacrimógenos y disparos de armas de fuego. Pobladores de Los Copihues solicitaron un ministro en visita para que se individualice a los autores de los disparos que dieron muerte a Nadia. El 4 de julio, cerca de las 16 horas, su cuerpo fue sepultado en el Cemen-terio General.

En la edición del mes de julio de Rûpu se publicó una carta póstuma para ella, firmada por “tus profesores” y fechada el mismo día de su muerte. En la carta, manifiestan que tras la noticia de su muerte los embargó un profundo pesar, por no haber expresado antes, “en las clases de nuestra sencillísima escuela de población”, numerosos sentimientos de amor hacia ella. Al mismo tiempo, manifiestan una fuerte sensibilidad hacia las condiciones de vida de los sectores populares más precarizados, como los de la población Los Copihues. La desnutrición, la cesantía, la drogadicción, el alcoholismo, etcétera, eran males que no dejaban indiferente al profesorado que educaba en las escuelas de estos sectores. Si bien no mencionan explícitamente a qué escuela se refieren, sí se indica que era una del sector. Los Copihues era una población originada tras una toma de terreno en enero de 1970, la que adoptó rápidamente el nombre de Campamento Unidad Popular, en explícito respaldo a la coalición de izquierda que unos meses después triunfaría, llevando a Salvador Allende a la presidencia de la nación. Durante la dictadura, se dividió el campamento y, al igual que numerosas poblaciones y villas del país, se modificó su nombre. Así, el sector hacia el norte del canal (Zanjón de la Aguada) se bautizó como población Las Araucarias, mientras que el ubicado hacia el sur se denominó como Los Copihues.

En ese sentido, pareciera ser que el grupo de profesores que redactó la carta defendía una escuela que se mantuviese ajena a la adopción de las formas de lucha política de esos años. No obstante, el grupo finalizaba con un llamado a la esperanza y a la construcción de memoria: No te hemos perdido Nadia, seguiremos teniéndote a través de otros niños como tú, a quienes seguiremos entregando lo mejor de nosotros, como a nuestros hijos o más que a ellos, para que sean capaces de labrar su propio futuro y el de su patria, de América y del mundo. (Rûpu, 1986, nro. 2)Testimonios como los recogidos en esta carta permiten dar cuenta del sentir del profesorado ante la situación del país bajo la dictadura, de las protestas contra esta y de la represión. Expresiones de este tipo no son fáciles de encontrar, pues las fuentes provenientes del sistema escolar, por lo general, responden al funcionamiento más formal y normativo, no representando canales de expresión de los sujetos que integran las comunidades educativas.

Testimonios, fotografías, cartas, testimonios y otros documentos que familias, amigas y amigos entregaron o escribieron especialmente para ser publicados incorpora el libro “Rompiendo el silencio de niñas, niños y adolescentes ejecutados políticos durante la dictadura cívico-militar 1973-1990”, el que fue realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y a la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

La publicación basada principalmente en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991) y el Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (1996), busca reconstruir de forma integral y cuidada cada una de las vidas e historias de las víctimas.

Durante la investigación se accedió al archivo de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, donde se custodian documentos que las familias han preservado a través de años. También se incluyeron ilustraciones que estuvieron a cargo de Álvaro Gómez.

El proceso de creación fue un desafío complejo que implicó conjugar delicadeza, respeto y rigurosidad metodológica para enunciar en esta obra una verdad dolorosa e ineludible.