En el Cementerio de Hualqui finalmente fueron sepultados los restos de Hugo Candia Nuñez, mirista asesinado en la Base Naval de Talcahuano en 1973. Sus familiares interpusieron una querella en contra de quienes resulten responsables de la muerte del ex trabajador de CAP, siendo 3 marinos de la central de inteligencia los principales sospechosos.

Tras años de espera y de incertidumbre, de no saber si los restos entregados en un rústico cajón herméticamente sellado y con la prohibición de ser abiertos correspondían efectivamente al joven luchador social -de sólo 19 años al momento de su muerte- por fin se pudieron realizar sus exequias, hasta donde llegaron familiares, amigos y compañeros del MIR.

Nancy, una de sus hermanas y quien hizo innumerables gestiones para que laboratorios extranjeros determinaran su ADN y causas de muerte, indicó que es un acto de justicia a la memoria de un valiente que se pueda cumplir con un funeral que por décadas les fue negado.

En la misma línea, Héctor Sandoval, dirigente de la Coordinadora de ex Presos Políticos, expresó que les da tranquilidad poder despedir a un amigo después de tantos años de espera, recordando las condiciones en que se entregó el cuerpo mutilado del joven mirista.

El Chayo, como era conocido el militante del MIR, fue asesinado junto a un amigo el 11 de octubre de 1973, en el Fuerte Borgoño, al interior de la Base Naval de Talcahuano, y tres marinos, quienes dejaron la Armada con altos rangos tras pertenecer a organismos represores de la institución, serían los autores del crimen.

Casi 37 años debieron transcurrir para que finalmente los restos de Hugo Candia Nuñez, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la empresa Sigdo Kopper, ejecutado político el 11 de octubre de 1973, pudieran ser enterrados en su sepultura definitiva. La ceremonia respectiva se realizó este domingo 30 de mayo, en la comuna de Hualqui, región del Bío Bío.

Hugo Candia, conocido como “Chayo” y su camarada Máximo Neira Salas, director y presidente del sindicato de Trabajadores de la empresa Sigdo Kopper, y militantes del MIR en el Cordón Industrial de Talcahuano, fueron detenidos tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

De lo ocurrido, supo su hermana Haydée, a fines de septiembre de ese año, cuando hasta su casa ubicada en Denavi Sur, en Talcahuano, llegó Néstor Ramírez Robles, quien se identificó como conscripto del Destacamento de Infantería de Marina, D.I.M., Aldea N’ 3 de Talcahuano, quien le informó que su hermano y Máximo Neira estaban detenidos en el Fuerte Borgoño en Talcahuano. Incluso le entregó una nota escrita por su hermano y un pañuelo ensangrentado, indicándole que Hugo Candia estaba siendo torturado.

Según lo que se ha podido a través de la investigación respectiva, la detención de ambos dirigentes fue practicada por el Servicio de Inteligencia de la Armada, Ancla Dos, de la Base Naval de Talcahuano, dirigido en aquella época por el Capitán de Corbeta Ari Acuña Figueroa. Dicho organismo, relata el abogado querellante Nelson González “había introducido agentes encubiertos en las organizaciones sindicales y sociales de Talcahuano, desde principios de 1973, lo que les posibilitó la detención de la mayoría de los dirigentes de la zona industrial de ese puerto en las primeras horas del golpe de estado, según consta en los procesos judiciales incoados por estos sucesos en contra de aquellos criminales”.

Candia y Neira permanecieron recluidos en el Fuerte Borgoño de la Base Naval, en las instalaciones del Destacamento de Infantería de Marina (DIM) Nº 3, Sargento Aldea, que estaba al mando del capitán de fragata Fernando Carrasco Herrera. “Específicamente los tenían en un recinto denominado "la Ciudadela", en donde fueron torturados salvajemente junto a un sinnúmero de otros presos políticos partidarios del depuesto Presidente Allende, para ser finalmente ejecutados ilegalmente el 11 de octubre de aquel mismo año, sin proceso judicial alguno ni derecho a defensa legal y publicitados destacadamente por la prensa local”.

Los cadáveres de Hugo Candia y Máximo Neira fueron entregados a sus familiares por el Jefe del Estado Mayor de la Base Naval de Talcahuano, capitán de fragata Víctor Hugo Henríquez Garat, en ataúdes rústicos fabricadas en los talleres del Departamento de Bienestar de la Armada, sin ninguna identificación y con la prohibición expresa de abrir dichos féretros.

Incluso, relata el abogado González, “una patrulla naval acompañó los restos mortales hasta el cementerio de Hualqui, en donde bajo su vigilancia fueron inhumados, permaneciendo las familias de ambas víctimas en la incertidumbre respecto de su identidad”.

Exhumación 34 años después

Recién el 26 de julio de 2007 y por instrucciones del ministro para causas de derechos humanos, Carlos Aldana, los restos de Hugo Candia fueron exhumados desde el cementerio de Hualqui.

Se buscaba con esta diligencia, realizar nuevas pericias a las osamentas para determinar la causa de muerte, pues los testimonios y versiones oficiales recogidas respecto del hecho, apuntaban a que Hugo Candia resultó muerto al intentar escapar.

Pero el cuerpo presentaba evidentes señales de tortura, pues aunque les entregaron la urna sellada, los familiares igual la abrieron y pudieron ver con horror que el cráneo estaba destrozado y que al cuerpo le faltaba un pie.

Luego de la exhumación, el ministro Aldana solicitó diversas pericias a los restos y otros elementos, resultado que recién le fue remitido el 25 de febrero de 2010.

De acuerdo a lo indicado en el informe, el certificado de defunción de Hugo Candia indica como causa de muerte “estallido parcial de la bóveda craneana izquierda, herida a bala transfixiante submentoneana y supra glótica”.

En el informe se indica que con un 99,995 por ciento de probabilidad los restos corresponden a Hugo Candia Nuñez.

En las conclusiones se señala que como lesiones correspondientes a la muerte “se observaron fracturas craneales, mandibulares y costales, que no presentan signos de reparación y que a excepción de la fractura costal, son lesiones traumática incompatibles con la vida y compatibles con trauma provocado por proyectil de arma de fuego”.

En consecuencia y basado en los antecedentes analizados, el informe concluye que la muerte de Hugo Candia se “produjo como consecuencia directa y proporcionada de las heridas por arma de fuego, siendo la causa del fallecimiento un shock traumático correspondiente a una muerte de etiología médico legal, violenta homicida”.

El documento es firmado por Rodrigo Retamal, antropólogo físico; Alejandra Didier, arqueóloga y Alejandro Jiménez, odontóloga forense.

Con la causa de muerte aclarada, la parte querellante solicitará el procesamiento de quienes resulten responsables de este homicidio, algunos de los cuales están claramente identificados.

Este sábado 29, el Servicio Médico Legal entregó los restos de Hugo a su hermana Haydee, los que fueron sepultados definitivamente esta vez, en el cementerio de Hualqui, en una ceremonia a la que asistieron familiares, amigos y compañeros de militancia de este joven dirigente sindical (tenía apenas 21 años cuando fue asesinado) que fue ejecutado tras el golpe militar de 1973.

Dos exfuncionarios de la Armada fueron condenados por un caso de derechos humanos y homicidio calificado ocurrido en la Base Naval de Talcahuano, región del Bío Bío.

El ministro Carlos Aldana condenó al exuniformado y miembro de la Armada, Julio Alarcón Saavedra, por el homicidio calificado del mirista Hugo Candia, hecho ocurrido en 1973.

Alarcón fue condenado a una pena de 10 años y un día de cárcel por este delito y además deberá cumplir 61 días de prisión por las torturas efectuadas a otro mirista, Máximo Neira.

En tanto, el oficial en retiro de la Armada, Ary Acuña Figueroa, fue condenado como encubridor del homicidio de Alarcón y las torturas a Neira.

Figueroa deberá cumplir una pena de 4 años y 61 días, con el beneficio de libertad vigilada.

En el ámbito civil y por la participación de los exagentes del Estado en los delitos de lesa humanidad, el ministro Aldana condenó al Fisco -solidariamente con los dos condenados- al pago de 250 millones de pesos a la viuda e hijos de Máximo Neira.

por Claudia Miño

Tribunal de alzada de Concepción confirmó la sentencia de Julio Alarcón Saavedra y Ary Acuña Figueroa.

Los hechos ocurrieron en el Fuerte Borgoño en octubre de 1973.

En el aspecto civil, el fallo condenó al Estado y a los sentenciados a pagar una indemnización total de 250 millones de pesos a los familiares de Neira Salas.

La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la sentencia que condenó a dos miembros en retiro de la Armada por su responsabilidad en el homicidio calificado de Hugo del Rosario Candia Núñez y de la aplicación de tormentos a Máximo Segundo Neira Salas en octubre de 1973 en Talcahuano, Región del Biobío.

El fallo unánime ratificó la condena de 10 años y un día para Julio Alarcón Saavedra en calidad de autor del homicidio calificado de Hugo Candia Núñez y de 61 días por los apremios ilegítimos en contra de Máximo Neira Salas.

Además confirmó la condena de Ary Acuña Figueroa a 4 años de presidio como encubridor del homicidio de Candia y de 61 días por la aplicación de tormentos a Neira, con el beneficio de libertad vigilada por el lapso de cinco años.

"Especialmente es posible tener por cierto que las víctimas fueron aprendidas por personal de la Armada de Chile, que fueron llevadas por orden de la autoridad de dicha época a las instalaciones del Fuerte Borgoño Talcahuano y retenidas e interrogadas ahí, específicamente en el sector denominado 'La Ciudadela'", asegura el fallo.

"Las víctimas eran perfectamente conocidas por los funcionarios aprehensores y reconocidas por quienes practicaron tareas de custodia. En dicho contexto, además, es posible presumir que las víctimas fueron sometidas a tormentos y que perdieron la vida mientras se encontraban custodiados por personal de la Armada de Chile", agrega la resolución.

En el aspecto civil, el fallo condenó al Estado y a los sentenciados a pagar una indemnización total de 250 millones de pesos a los familiares de Neira Salas.

La Corte Suprema condenó a dos ex altos oficiales de la Armada a las penas de 10 años y un día de presidio como autores de homicidio calificado y a 3 años y un día de presidio como autores del delito de aplicación de tormentos a los dirigentes sindicales Hugo del Rosario Candia Núñez, de 22 años de edad, y Máximo Segundo Neira Salas, de 34 años. Los delitos fueron perpetrados entre el 11 de septiembre y el 11 de octubre de 1973, en el recinto de la Armada Fuerte Borgoño, ubicado en Talcahuano.

Ambas víctimas eran originarias de la localidad de Hualqui, dirigentes sindicales de la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP) y militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Hugo Candia Núñez fue ejecutado el 11 de octubre de 1973, en el Fuerte Borgoño de la Base Naval de Talcahuano, específicamente en el sector denominado La Ciudadela; personal de la Armada lo había detenido en momentos posteriores al 11 de septiembre de 1973, al interior de la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP). En el mismo Fuerte, fue sometido a diversos vejámenes causándole la muerte Máximo Neira Salas. Ambos eran dirigentes del Sindicato de la Sigdo Kopper S.A., que prestaba servicios al interior de CAP.

En fallo unánime (causa rol 28.310-2018), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, Jorge Zepeda y la abogada (i) Leonor Etcheberry- acogió el recurso de casación interpuesto por los querellantes respecto a la calificación del delito y la cuantía de las penas y condenó a los ex oficiales Julio Humberto Salvador Alarcón Saavedra y Ary Antonio Acuña Figueroa, en calidad de autores de ambos ilícitos.

En primera instancia, en fallo dictado en agosto de 2016, el ministro Carlos Aldana Fuentes había condenado al ex capitán de fragata, y a la época de los hechos oficial operativo del "Ancla Dos", Julio Humberto Alarcón Saavedra a las penas efectivas de 10 años y un día de presidio, en calidad de autor directo del homicidio calificado de Hugo Candia Núñez, y a 61 días de presidio, como autor del delito de apremios ilegítimos a Máximo Neira Salas.

En tanto, el ex contra almirante de la Armada, y a la época de los hechos jefe del aparato represivo "Ancla Dos" de la Base Naval Talcahuano, Ary Antonio Acuña Figueroa había sido condenado a 4 años de presidio, como encubridor del homicidio de Hugo Candia Núñez y a 61 días de presidio como autor de los apremios a Máximo Neira Salas, con el beneficio de la libertad vigilada por el lapso de 5 años.

La Corte de Apelaciones de Concepción, en octubre de 2018, había ratificado la resolución de primera instancia. En esta ocasión, la Segunda Sala del máximo tribunal recalifica el delito y aumenta la condena del ex marino Ary Acuña Figueroa por los homicidios calificados y aumenta las penas de ambos condenados por el delito de tortura.

Sobre las consideraciones del fallo y sentencia la Corte Suprema señala: "Que el fallo censurado, luego de ponderar los elementos de juicio que se reunieron en autos en torno a la aplicación de tormentos y muerte de Máximo Segundo Neira Salas, concluyó que los hechores actuaron deliberadamente e inhumanamente al infringir dolor mediante la tortura, lo que lo demuestran sus restos mortales al haber sufrido amarras con alambres en su cuerpo, las que necesariamente produjeron heridas producidas por la despiadada acción de los victimarios, la que coincide con las versiones dadas por los testigos acerca del grave maltrato sufrido por la aplicación de los tormentos".

Y luego concluye:

Por tanto, se resuelve que: "se confirma la sentencia apelada de ocho de agosto de dos mil dieciséis, escrita de fojas 2104 y siguientes, con las siguientes declaraciones:
I.- Que queda condenado Ary Antonio Acuña Figueroa a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa, como autor del delito de homicidio calificado de de Hugo del Rosario Candía Núñez, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1 del Código Penal, ocurrido el 11 de septiembre de 1973, en la comuna de Talcahuano.

II.- Que Julio Humberto Salvador Alarcón Saavedra y Ary Antonio Acuña Figueroa, quedan condenados a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa, en calidad de autores del delito de aplicación de tormentos o rigor innecesario previsto en el artículo 150 N°1, inciso segundo, del Código Penal, en perjuicio de Máximo Segundo Neira Salas, ocurrido desde el 11 de septiembre de 1973, en la comuna de Talcahuano".

El pasado sábado 29 de octubre, vecinos y vecinas de Hualqui inauguraron en la población Alonso de Ercilla un monolito que recuerda a Máximo Neira Salas (Moncho) y Hugo Candia Núñez (Chayo), vecinos de la comuna asesinados en dictadura.

La espera llevó 12 años desde que el PRAIS impulsó como proyecto la instalación de un memorial para los vecinos fusilados el 11 de octubre de 1973, y aunque muchas veces tomó impulso no se pudo concretar hasta que la iniciativa fue revivida por las y los habitantes de la alguna vez República Independiente.

"El 11 de septiembre, durante la velatón que realizamos todos los años en el lugar, decidimos que, debido al triunfo del Rechazo, era tiempo de ir rescatando la memoria y nos propusimos como fecha el mes de octubre para sacar adelante este monolito", explicó Jessica Neira, miembro de Memoria Hualquina, agrupación que junto a más vecinos que, comprometidos con sus recuerdos, gestionaron con sus propios recursos su confección e instalación.

Toma Arnoldo Ríos

Durante el acto, familiares y amigos de los recordados, miembros del PRAIS y de Memoria Hualquina, descubrieron la placa y rememoraron a los fallecidos, sus historias personales y de lucha que les llevó a la persecución.

Máximo (34) y Hugo (21) fueron dirigentes de la Toma Arnoldo Ríos, la cual comenzó en 17 de enero de 1971 siendo el asentamiento que dio forma a la población Alonso de Ercilla. Ésta comenzó con 20 hombres y 60 mujeres sin casa, "quienes luchando día a día para mantenerla, se fueron afiatando, asignando sitios, los cuales fueron medidos con los pasos de los mismo pobladores", contó una de las asistentes y habitante histórica de esta población.Ambos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), también fueron dirigentes del Sindicato de la Sigdo Kopper S.A., que prestaba servicios al interior de la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), lugar donde fueron detenidos por efectivos de la Armada, quienes los trasladaron al Fuerte Borgoño de Talcahuano, siendo fusilados por el Destacamento de Infantería de Marina.

Frente a la voluntad mostrada por las y los pobladores fue que las condiciones en el municipio rápidamente mejoraron, dándose visto bueno a su instalación en el concejo municipal luego de estar durmiendo esta posibilidad desde la asignación de un espacio en la plazoleta del barrio en la administración anterior.

"No queríamos que sus nombres estuvieran en el olvido", reafirma Jessica.

Con un destacado apoyo de los ex prisioneros politicos del Partido Comunista estuvimos hoy en los Tribunales apoyando a la familia de Hugo Candia con quienes desde hace mucho tiempo venimos buscando la verdad y el cumplimiento de su deber a los Tribunales de Justicia Penquista. Todos los maleantes se declararon inocentes, ninguno torturó, todos eran poco menos que las nanas de los prisioneros, sin embargo todos los compañeros que asesinaron estos criminales fueron previamente torturados salvajemente en la Base Naval de Talcahuano en manos del criminal servicio de inteligencia Naval llamado ANCLA 2 y de los miembros del CIRE que integraban oficiales de inteligencia del Ejercito, Carabineros y de Investigaciones.

El Ministro Carlos Aldana ahora debera acceder a la peticion de exumar los restos de Hugo Candia para demostrar que era imposible que se le aplicara la llamada LEY DE FUGA con lo cual el Alto Oficial imputado de su cobarde ejecusion pueda ser finalmente condenado, ademas porque es tambien responsable de la ejecusion simultánea de Maximo Neira y dias antes de Jose Constanzo Vera. En archivos adjuntos les envio algunos testimonios de nuestra constante lucha contra la impunidad en el ejercicio del rescate de la memoria historica. NADIE ESTA OLVIDADO HASTA QUE EL ULTIMO CRIMINAL PAGUE. y con nosotros nuestros muertos para qe nadie quede atrás.... Exprisioneros Políticos de Concepción. El cobarde le huye a la verdad porque la mentira es como él. Héctor Sandoval Torres

Expertos supervisados por el juez chileno Carlos Aldana exhumaron hoy los restos de Hugo Candia, ex miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) ejecutado por efectivos de la Armada en octubre de 1973. Santiago, Chile. "El objetivo es determinar la causa de muerte. Se dice que la persona habría fallecido cuando se daba a la fuga y que le habrían disparado miembros de la Armada. Vamos a ver qué herida quedó o si tiene alguna señal ósea, o determinar si eso corresponde al informe, al comunicado, o al bando que se dio en esa oportunidad", explicó el magistrado. El 11 de octubre de 1973, Candia, de 21 años, se entregó voluntariamente a efectivos de la Armada en la Base Naval de Talcahuano, 443 kilómetros al sur de Santiago, luego de semanas de clandestinidad. Según la versión oficial, el joven fue abatido al intentar escapar del lugar donde permanecía detenido, pero la diligencia del juez Aldana busca demostrar que no se aplica la ‘ley de fuga' pues Candia habría sido torturado y luego ejecutado en el lugar. Posteriormente, el cuerpo del mirista fue entregado a la familia en un féretro sellado por completo, sin que pudieran reconocer si efectivamente se trataba de Candia. 26 de julio de 2007