El ministro en visita Joaquín Billard sobreseyó el caso de cuatro militares retirados procesados como autores del homicidio del argentino Bernardo Lejderman y su esposa mexicana María del Rosario Avalos Castañeda, dijeron fuentes judiciales.
En su dictamen, el juez aplicó la prescripción de la acción penal a favor del ex comandante del regimiento "Arica" de La Serena Ariosto Lapostol, el brigadier (R) Fernando Polanco Gallardo, y los suboficiales (R) Luis Fernández Monje y Héctor Vallejos Birtiola, todos del Ejército.
El matrimonio Ledjerman-Avalos fue muerto el 8 de diciembre de 1973, cuando intentaba huir hacia Argentina por un paso de la cordillera de los Andes.
El caso se abrió gracias a una querella que interpuso en 2000 el argentino Ernesto Ledjerman, hijo de la pareja, contra el ex dictador Augusto Pinochet y otros seis oficiales de Ejército por el delito de "homicidio, asociación ilícita genocida e inhumación ilegal".
Los padres de Ernesto Ledjerman, que residían en Chile desde 1971 y eran simpatizantes del derrocado gobierno del presidente Salvador Allende (1970- 1973), abandonaron el país por la persecución que desató la dictadura de Pinochet (1973-1990) contra extranjeros, en especial los refugiados argentinos, uruguayos y brasileños.
Según el Informe Rettig, que documentó las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, una patrulla militar del Regimiento Arica, en el sector de Guallihuayca, mató al matrimonio.
El juez Billard había absuelto en mayo de 2005 a los procesados bajo el argumento de "cosa juzgada", porque la Fiscalía Militar de La Serena investigó y archivó en 1973 el caso.
Pero la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones revocó en abril pasado esa decisión, por estimar que no era aplicable esa figura jurídica.
El querellante, en este caso el hijo de la pareja, que reside en Buenos Aires y es portavoz de la Asociación de Familiares de Argentinos Detenidos- Desaparecidos en Chile, puede apelar la nueva resolución del juez Billard ante el tribunal de alzada.
 

Sexta Sala del tribunal de alzada capitalino revocó las absoluciones dictadas por el ministro Joaquín Billard a favor de cuatro militares retirados que se desempeñaron en el regimiento ''Arica'' de La Serena, que estaban procesados por su presunta responsabilidad en los crímenes del argentino Bernardo Lejderman y la mexicana María del Rosario Avalos.

En decisión unánime, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto el sobreseimiento definitivo del proceso por el homicidio calificado y la inhumación ilegal del matrimonio conformado por el argentino Bernardo Lejderman Konoyoika y la mexicana María del Rosario Avalos Castañeda, acribillados por una patrulla militar el 8 de diciembre de 1973.

La causa había sido cerrada definitivamente el 25 de mayo de 2005 por el ministro Joaquín Billard, que investiga casos de violaciones a los derechos humanos perpetrados en dictadura, bajo el principio de la “cosa juzgada", exculpando a cuatro funcionarios del Ejército que en la época del doble crimen formaban parte del Regimiento "Arica", de La Serena.

En aquella oportunidad, el magistrado –que de paso también había desechado una demanda civil de indemnización- se basó en la existencia de un proceso anterior que investigó los mismos hechos, que fue tramitado y cerrado por la justicia militar sin que se establecieran responsabilidades.

Dicha investigación, rol n°14.090 del Juzgado del Crimen de Elqui-Vicuña- fue terminada con un sobreseimiento definitivo por el Segundo Juzgado Militar, que estimó extinguida la responsabilidad penal de los inculpados, como consecuencia del decreto Ley de Amnistía de 1978. El fallo fue confirmado por la Corte Marcial el 22 de julio de 1993.

Falso enfrentamiento

Lejderman, un profesor de educación física, y su mujer, María del Rosario Avalos, habían llegado a Chile en 1971, atraídos por el proceso político que se vivía en el país con el gobierno de Salvador Allende. Se establecieron en la ciudad de Vicuña, donde tomaron contacto con dirigentes socialistas y del MAPU.

Tras el golpe militar, ambos, junto a su hijo de sólo tres años, decidieron esconderse en las proximidades del pueblo de Huallihuaica -mientras intentaban huir hacia Argentina usando algún paso cordillerano-, lugar donde se habría producido un falso enfrentamiento que terminó con la muerte del matrimonio.

Tras ello, el menor, Ernesto Lejderman Avalos, fue llevado por el entonces capitán de Ejército y actual comandante en jefe de la institución, Juan Emilio Cheyre, a un convento de monjas, donde fue cuidado hasta que fue rescatado por parientes cercanos.

En una entrevista concedida en mayo pasado, Ernesto Lejderman Avalos había anunciado a El Mostrador.cl que apelaría de la decisión del juez Billard, que calificó como "decepcionante", porque "todavía hay que determinar quienes fueron todos los autores de este crimen”.

En la causa estaban procesados el ex comandante del Regimiento Arica Ariosto Lapostol Orrego; al capitán Fernando Polanco Gallardo, jefe de inteligencia de esa unidad; y a los suboficiales Luis Humberto Fernández Monje y Héctor Vallejos Birtiola, en su calidad de autores de homicidio calificado.

Inaplicabilidad

En su fallo, el tribunal de alzada capitalino estimó que “para que pueda aplicarse la cosa juzgada en un proceso penal tiene que producirse una doble identidad: del hecho punible y del actual procesado (por lo cual) no cabe sostener que esa sentencia produzca la excepción de cosa juzgada en el nuevo juicio. Con mayor razón, si en la primera causa no hubo reo”.

“En dicho proceso, si bien se estableció la figura del hecho punible, no ocurrió lo mismo con quien o quienes perpetraron el delito, por lo que el sobreseimiento ejecutoriado que declaró la amnistía no impide proseguir la investigación y que no se dan los presupuestos procesales de la cosa juzgada”, añadió la resolución, adoptada por los ministros Hugo Dolmestch, Haroldo Brito y el abogado integrante Roberto Mayorga.

Por ello, la instancia ordenó volver a la etapa de las excepciones presentadas por las defensas de los imputados, sobre las cuales Billard deberá volver a pronunciarse, quedando eliminada la causal de "cosa juzgada", tras lo cual deberá pronunciarse sobre la situación de los militares y la demanda civil de indemnización de perjuicios.

Ernesto Lejderman Ávalos, el otrora niño de dos años que presenció el  asesinato de sus padres a manos de una patrulla militar que los ultimó en los  hornos de carbón del poblado de Guallihuayca, Cuarta Región, manifestó su “profunda decepción” ante la decisión del juez Joaquín Billard que absolvió a los cuatro militares procesados en esta causa, al aplicar la institución de la “cosa juzgada”.

El pasado 25 de mayo, el mencionado magistrado decidió no aplicar ninguna sanción penal al ex comandante del Regimiento Arica, Ariosto Lapostol Orrego; al capitán Fernando Polanco Gallardo, jefe de inteligencia de esa unidad, y a los suboficiales Luis Humberto Fernández Monje y Héctor Vallejos Birtiola, en su calidad de autores de los delitos de homicidio calificado.

Fundamentalmente, Billard justificó su resolución en que estos mismos hechos habían sido investigados por el Segundo Juzgado Militar de Santiago, instancia que en marzo de 1992 determinó sobreseer total y definitivamente este proceso por la supuesta prescripción del delito, decisión que fue confirmada por la Corte Marcial en julio de 1993.

El dictamen del ministro fue bastante cuestionado por abogados de derechos humanos, ya que contraviene todo lo actuado por la justicia chilena en los últimos años, ya que diversas resoluciones han establecido que los delitos de lesa humanidad no son prescriptibles y, por otro lado, que la institución de la “cosa juzgada” sólo es aplicable cuando existe una investigación por los

mismos hechos que haya concluido con la condena o absolución de los imputados, pero no por la extinción de la acción penal.

No hubo investigación previa

En ese sentido, varios profesionales consultados afirmaron que es de común conocimiento que los tribunales castrenses no investigaron ningún hecho relacionado con violaciones a los derechos humanos y que, incluso, los eventuales imputados en esos procesos fueron citados a declarar en calidad de testigos, por lo cual no podían ser obligados a testificar en contra de sí mismos.

Al respecto, Ernesto Lejderman, quien participa en organizaciones de derechos humanos de su país y fue contactado por vía telefónica por El Mostrador.cl, señaló que “estoy profundamente deprimido. Antes del fallo estaba muy entusiasmado con los avances que había logrado el proceso en este último año, por eso no entiendo lo que ocurrió ahora. A través de mi abogado (Héctor Salazar) vamos a apelar de esta resolución, porque todavía hay que determinar quienes fueron todos los autores de este crimen”.

Las palabras del hijo del ciudadano argentino Bernardo Lejderman Konujowska y de su esposa mexicana, María del Rosario Avalos Castañeda, se refieren a que según los dichos del ex oficial de Ejército Pedro Rodríguez Bustos, quien declaró en el cuaderno secreto de la causa “Caravana de la Muerte”, la patrulla que asesinó al matrimonio estuvo formada por seis militares y no cuatro, como lo estableció la investigación de Billard.

 “Respeto a la justicia de Chile y todo lo que ha hecho en los últimos años, lo que no comparto es este fallo que es un grave error y que contraviene todo lo que se ha dado en estos últimos años”, enfatizó al explicar que también se deberían investigar la participación de esos dos militares que nunca fueron procesados.

Cheyre y su reservado testimonio

En mayo de 2003, cuando el proceso estuvo a cargo del ex ministro Daniel Calvo, en una diligencia reservada y llevada a cabo en el living de su residencia particular el comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, prestó declaración por su participación en este hecho.

Según fuentes consultadas por El Mostrador.cl, el uniformado mostró una muy buena disposición para colaborar con los requerimientos del tribunal. “El general Cheyre, al contrario de muchos uniformados, respondía las preguntas del magistrado mirándolo directamente a los ojos y en una actitud convincente

que aplacó las dudas del juez respecto a la veracidad de sus dichos”, sostuvo. En ese relato, el alto uniformado, que en ese tiempo tenía el rango de teniente, confirmó que a él le correspondió la misión de llevar al hijo de la pareja, de dos años de edad, a un hogar de menores de La Serena a cargo de unas religiosas, lugar en que se contactó a sus parientes en Argentina para que lo vinieran a buscar.

Las mismas fuentes consultadas explicaron que esa situación no reviste ningún tipo de delito, ya que el niño –en ese momento huérfano- fue trasladado a un lugar destinado para tal efecto y, por ejemplo, no fue destinado a una adopción irregular o algo por el estilo.

Sin embargo, el otrora infante, que a la fecha tiene 34 años, considera que esta participación de Cheyre es un claro indicio que él debe manejar más antecedentes sobre la muerte de sus padres –lo que negó en su declaración judicial-, ya que debe estar al tanto de todas las personas que participaron en esa patrulla militar que los ultimó.

Al respecto, Ernesto Lejderman recordó que el año pasado envió una misiva al uniformado para solicitarle su colaboración para esclarecer el caso, sin embargo, esta correspondencia jamás tuvo respuesta por parte del comandante en jefe del Ejército.

El matrimonio Lejderman–Ávalos fue asesinado en un supuesto enfrentamiento con militares, ocurrido el 8 de diciembre de 1973 en la localidad de Guallihuayca, al interior de Vicuña (IV Región).

El ministro Joaquín Billard absolvió al coronel (R) Ariosto Lapostol y otros tres ex militares al aplicar "cosa juzgada" en la causa por el homicidio calificado de Bernardo Lejderman y María Avalos, muertos el 8 de diciembre de 1973. La resolución se funda en que el crimen fue ya investigado por la justicia militar, que en 1992 dictó sobreseimiento definitivo de la causa por encontrarse extinguida la responsabilidad penal.

El fallo de Billard pone fin a un proceso que había llegado hasta la etapa de acusación y donde uno de los involucrados admitió su participación en los hechos. La resolución favorece a Lapostol y al brigadier (R) Fernando Polanco, al suboficial (R) Luis Fernández y al suboficial mayor (R) Héctor Vallejos. La aplicación de "cosa juzgada" será apelada por los querellantes, que alegan

vigencia de tratados internacionales.

En el contexto del 50 aniversario del Golpe de Estado en Chile, Proceso recuerda la historia de María del Rosario, la única víctima mexicana de la dictadura de Pinochet. Ernesto Lejderman, su hijo, habla de la batalla judicial para que su madre reciba justicia.

BOGOTÁ (Proceso).–Para Ernesto Yoliztly Lejderman Ávalos, el 50 aniversario del golpe de Estado del general Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende, que se cumple este lunes 11, será un día de reflexión.

Ese episodio, con el cual se inició un dictadura opresiva y criminal, marcó su vida. La cacería que desató el general golpista contra los seguidores de Allende convirtió a Ernesto en un huérfano a los dos años y medio de edad.

Su madre, la mexicana María del Rosario Ávalos Castañeda, y su padre, el argentino Bernardo Lejderman Konujouwska, quienes habían viajado a Chile para apoyar con trabajo en las comunidades el proyecto socialista de Allende, fueron asesinados por una patrulla militar semanas después del golpe.

El hecho ocurrió el 8 de diciembre de 1973 en una cueva en la que se ocultaban, en el norte de Chile. Ese día, María del Rosario, quien había estudiado sociología en la UNAM, se convirtió en la única víctima mexicana de la dictadura de Pinochet, cuyo régimen de facto, que se prolongó 17 años, dejó unos tres mil asesinados y desaparecidos.            

Ernesto tenía dos años y medio y estaba con sus padres cuando estos fueron ejecutados. Desde 1990, cuando terminó la dictadura de Pinochet, él libra una batalla judicial para hacer justicia.

En entrevista con Proceso a través de una videoconferencia, Lejderman Ávalos –quien tiene tres nacionalidades: argentina, chilena y mexicana, y reside en Buenos Aires— expresa su decepción por la “falta de justicia” y la “impunidad” que han caracterizado el caso.

“La justicia no avanzó –señala--, porque no condenó realmente a los militares que tenía que condenar. Los altos mandos responsables de este crimen nunca fueron tocados, solo militares de rango bajo. Esto quiere decir que prevalece la impunidad por el asesinato de mis padres”.

Esto motivó al hijo de María del Rosario y Bernardo a recurrir a la justicia internacional y llevó al caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que ese tribunal ordene al Estado chileno reabrir el caso y penalizar a los máximos responsables.

Que México se haga presente

Ernesto quiere que el gobierno mexicano lo acompañe en esa lucha por justicia, que no sólo libra ante la CIDH, sino también en Chile, donde hace tres años demandó al Estado por secuestro. Ambos procesos están en etapa de investigación.

“A mí no solo me mataron a mis padres en mi presencia –dice--, sino que además me secuestraron. Me retuvieron en una casa de monjas, con la orden a las monjas de que yo no podía salir a ningún lado, hasta que las embajadas argentina y mexicana me salvaron y me llevaron meses después con mis abuelos paternos a Buenos Aires”.

Él no recuerda nada de esa época. El primer recuerdo de su vida es de Buenos Aires. "Yo era muy niño y un perro me espantó en un parque. Yo corrí, pero el perro me persiguió, y en la desesperación por escaparme me tropecé y me rompí la nariz. Me salió mucha sangre, toda mi ropa quedó manchada. Ese es mi primer recuerdo. De lo que pasó antes, del asesinato de mis padres, no recuerdo nada, a pesar de que yo estaba con ellos”, asegura.

Amigos psicólogos le han dicho que el olvido de sus primeros años puede responder a un autobloqueo inconsciente, a una suerte de mecanismo de defensa frente al crimen atroz que presenció.

“Lo que sé de ese episodio –sostiene-- es porque me lo han dicho muchas personas y porque hubo una investigación que lo ha demostrado y que indica que a mis padres los mató la dictadura de Pinochet”.

Piensa que en el caso sí hubo verdad y una reparación simbólica, pero que falta justicia. Un tribunal chileno condenó a cinco años y un día de cárcel a tres militares por ese crimen, pero los jefes militares de la norteña región de La Serena, donde ocurrió el hecho, nunca fueron tocados. 

Ernesto vivió hasta su adolescencia convencido de que sus padres habían muerto en un accidente ferroviario, pues eso le habían contado sus abuelos Herz León y Elisa, una afable pareja tradicional judía que consideró imprudente revelar a su pequeño nieto una verdad tan dramática.

"No la pasé muy bien en mi niñez, crecí con miedos, inseguridad, timidez (...). Era un niño muy retraído", recuerda a sus 52 años de edad.

Un día, sin querer, a los 13 años, descubrió la historia de su vida en un cuaderno donde su abuelo había archivado un recorte de un diario de 1974 en el que se reportaba la muerte de Bernardo y María del Rosario Ávalos "a manos de la dictadura chilena".

Cerró el cuaderno y no quiso saber nada de ese asunto. Lo evadió y siguió aferrado a la historia que le habían contado sus abuelos.

De a poco, le abrió paso a la verdad y en 1990, cuando retornó la democracia a Chile, viajó a ese país y presentó una demanda contra Pinochet y los militares de La Serena implicados en el asesinato de sus padres.

Homenaje 50 años después

Ernesto, cuyo segundo nombre es el mexicanísimo Yoliztly (que en náhuatl significa movimiento de vida), hará un homenaje a sus padres el próximo 8 de diciembre en el sitio donde los mataron, en la cueva de la quebrada de Angostura, en el sector Gualliguayca, en la región chilena de La Serena. Así conmemorará el 50 aniversario del crimen.

Desde Buenos Aires, dará seguimiento este lunes a los actos conmemorativos del 50 aniversario del golpe de Estado de Pinochet en contra de Allende. En Chile los encabezará el presidente Gabriel Boric, quien tendrá entre sus invitados a sus homólogos de México, Andrés Manuel López Obrador; de Colombia, Gustavo Petro; de Argentina, Alberto Fernández, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou.

Ernesto dice que tiene mucho sentido que el gobierno de López Obrador lo acompañe a él en los procesos ante la CIDH y las cortes chilenas, y en los homenajes a sus padres, por ser su madre la única víctima mexicana de la dictadura de Pinochet.

Quiere viajar a México el próximo año para realizar un funeral simbólico de su madre en la Ciudad de México, donde ella nació. “Es la oportunidad de hacerle un homenaje, y me parece importante que las autoridades mexicanas participen en esto, ella era mexicana y yo también lo soy”, dice Ernesto.

Los restos de María del Rosario fueron incinerados por orden de los militares para borrar evidencias.

“En este 50 aniversario del golpe de Estado contra Allende –señala Ernesto-- la reflexión que yo hago es que muchos crímenes de la dictadura de Pinochet, como el asesinato de mis padres, quedaron impunes, y cuando no se hace justicia total se deja abierta la puerta para que se vuelvan a repetir estos sucesos”.

Ernesto dirige en Buenos Aires una corporación que ayuda a familias pobres y a inmigrantes. Piensa que esa vocación social la heredó de sus padres.

María del Rosario

María del Rosario Ávalos tenía 24 años cuando murió. Su esposo, Bernardo Lejderman, tenía 31. Ambos habían llegado a Chile a principios de 1971 atraídos por el triunfo electoral del presidente socialista Salvador Allende.

Meses después de su llegada, el matrimonio se instaló en la ciudad de Vicuña, en la región de La Serena, unos 520 kilómetros al norte de Santiago de Chile, donde se vincularon con el gobernante Partido Socialista y realizaron trabajo comunitario.

Cuando se produjo el golpe de Estado eran dos activistas muy conocidos en la zona y sabían que su vida estaba en juego ante la ola represiva desatada por Pinochet, quien nombró gobernadores militares en las 12 regiones del país para ejercer un férreo control y exterminar a la oposición política, a “los extremistas comunistas”, como él llamaba a los simpatizantes de Allende.

Cuando una patrulla militar los encontró en una cueva, ellos esperaban la temporada de deshielo para cruzar la cordillera de los Andes hacia Argentina.

María del Rosario conoció a Bernardo en la Biblioteca Central de la UNAM, donde ella estudiaba sociología. Él era un izquierdista argentino de visita en México. En 1971 se casaron y viajaron a Chile, donde nació su hijo. Para la pareja, fue un viaje sin retorno.

“Yo ya sé la verdad, lo que es necesario es la justicia”, insiste Ernesto.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de 150 millones de pesos a Ernesto Yoliztly Lejderman Ávalos, hijo de un matrimonio argentino-mexicano que fue detenido y ejecutado en diciembre de 1973, en la región de Coquimbo.

En fallo dividido, la Quinta Sala del tribunal de alzada capitalino –integrada por las ministras Maritza Villadangos, María Paula Merino y la abogada (i) María Cecilia Ramírez– condenó al fisco por la responsabilidad de agentes del Estado en el delito de lesa humanidad de que fueron víctimas el ciudadano argentino Bernardo Mario Ledjerman Konujoswska y la mexicana María del Rosario Ávalos Castañeda.

Los padres, que residían en Chile desde 1971 y eran simpatizantes del presidente Salvador Allende, trataron de abandonar el país hacia Argentina a través de un paso internacional.

Según consta en el proceso penal previo, una patrulla del Regimiento Arica, ubicado en La Serena, mató al matrimonio en el sector de Guallihuayca, mientras su hijo fue llevado a un convento, desde donde lo rescató su abuela paterna.

“Que en lo que respecta a la prescripción, tampoco podrá aceptarse la alegación de la demandada, por cuanto la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema de estos últimos años así lo ha establecido (…) tratándose de un delito de lesa humanidad, lo que ha sido declarado en la sentencia, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna”, sostiene el fallo.

“Por otra parte –continúa–, aún de admitirse la procedencia de la prescripción en los términos alegados por el Fisco de Chile, éste ha de estarse a sus propios hechos, pues de ser efectivo que el término de la prescripción se contase desde la fecha del homicidio de los padres del demandante, desde el término de la dictadura militar o hasta la entrega del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, el último de tales hechos acaecido el 11 de marzo de 1991, lo cierto es que ha sido el propio Estado de Chile quien mediante la dictación de la mencionada Ley 19.123, de 8 de febrero de 1992 ha renunciado a tal prescripción por actos propios, tal como establece el artículo 2494 del Código Civil”, recalcó.

Por tanto, “se confirma la sentencia apelada de 31 de mayo de 2018, escrita a fojas 360 y siguientes, con declaración de que se condena a la demanda a pagar al demandante la suma de 150 millones de pesos, monto reajustado conforme la variación registrada por el índice de Precios al Consumidor e intereses corrientes, a contar de la ejecutoria de esta sentencia y hasta su pago efectivo”.

En principio, de acuerdo a El Mostrador, la arista penal del caso Lejderman -que derivó en el proceso civil iniciado el 2016- se abrió en Chile gracias a una querella que interpuso en el 2000 el hijo de la pareja por el delito de “homicidio, asociación ilícita genocida e inhumación ilegal”, el cual se sumó al de otros 10 argentinos víctimas de la dictadura, según una lista que entregó la embajada de Argentina en Santiago a la Cancillería.

Ernesto Lejderman Avalos observa la placa en homenaje a su padre, Bernardo Mario Lejderman, que se colocó ayer en la Plaza República de Chile de la ciudad de Buenos Aires. El acto se realizó en memoria del militante de izquierda argentino Lejderman, quien se exilió en Chile durante la dictadura de Onganía, militó en la Unidad Popular y fue asesinado junto a su mujer, María del Rosario Avalos Castañeda, el 8 de diciembre de 1973. Participaron del homenaje la legisladora del Frente para la Victoria Gabriela Alegre –autora de la iniciativa–, el embajador de Chile en Argentina, Marcelo Díaz, y representantes de organismos de Derechos Humanos de Argentina y Chile, entre ellos, Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares y Ejecutados Políticos.

 El 8 de Diciembre se cumplen 31 años del asesinato de mis padres, Bernardo Mario Lejderman, ciudadano argentino y Maria del Rosario Avalos Castañeda, ciudadana mexicana. Fuimos sorprendidos por una patrulla militar en el norte de Chile cerca de la frontera con Argentina, fueron asesinados a mansalva, yo con dos años salve mi vida milagrosamente. 

Han pasado 31 de espera, de espera helada, de espera de justicia sin pensar en venganza, de espera con ilusión de que algún día acabe la impunidad. Y la espera por momentos también fue muy cruel; los restos de mis padres luego de haber sido asesinados tampoco tuvieron paz.

 El cuerpo de mi padre luego de ser acribillado a balazos en la altura de la montaña, fue abandonado por varios militares que comentaron en aquel entonces lo abandonaron  “para que se lo coman los pájaros”, gracias a un campesino amigo de mi padre, el fue enterrado y sus restos fueron protegidos en secreto durante mas de 17 años.

 Los restos de mi madre no corrieron mejor suerte, si bien ella por pedido de la embajada mexicana fue enterrada en el cementerio en santiago, allá por el año 1992, fecha en que regreso a Chile, lo primero que hice fue ir a buscarla sin tener éxito, así durante múltiples ocasiones intente dar con ella sin resultados positivos. 

Gracias a la investigación judicial, el año pasado el juez Daniel Calvo me informo que los restos de mi madre fueron cremados en diciembre de 1998 y pasados a un cinerario común, dos meses después que pinochet fue detenido en Londres.

Cuando fui al cementerio a pedir que me expliquen por que no me habían consultado y por que no me informaban donde estaba mi madre, me respondieron que esa información era confidencia y que debí pedir información con un abogado. Realmente fue desconcertante para mi como hijo no poder tener a los restos de mi madre como yo hubiese querido, además sino hubieran sido cremados, los mismos servirían como prueba judicial del asesinato perpetrado.

 Por otro lado debo reconocer los importantes avances positivos que ha tenido la investigación judicial, que ya proceso a cuatro militares  y luego los responsabilizó del asesinato de mis padres. También valoro de sobremanera la no aplicación de la “ley de amnistía” por parte de los jueces de Chile, esto marca un principio del fin de la impunidad.

Percibo que hay una conciencia creciente en el pueblo chileno, que de a poco va abriendo los ojos y se va convenciendo de que Pinochet no es mas que un personaje genocida y corrupto en la historia de Chile.

 Como ciudadanos tenemos que entender de que no podemos permanecer pasivos mientras se tortura y se mata, como tampoco podemos permanecer indiferente mientras se pretende aplicar la “ley de amnistía”, pretendiendo hacer borrón y cuenta nueva.

 Quiero rescatar a todos los luchadores populares que son protagonistas y artífices de los importantes avances de la justicia Chilena en materia de Derechos Humanos.

LA IMPUNIDAD TIENE 31 AÑOS PERO NO SERA ETERNA

Ernesto Yoliztly Lejderman Avalos, ernestoprensa@yahoo.es

PD: Les solicito si pueden difundir la siguiente carta que le dirijo al General Juan Emilio Cheyre

Al General Juan Emilio Cheyre

Me dirijo a usted luego de leer detenidamente los mensajes públicos de los últimos meses en lo que califica como importante "encontrar un espacio de reencuentro en la verdad y en la justicia".
No puedo dejar de decir que me ha sorprendido y que acuerdo bastante con muchas frases que usted ha manifestado, por sobre todas las cosas el mensaje de que “nunca mas pueden volver a repetirse las graves violaciones a los derechos humanos que ha pasado el pueblo chileno y la importancia de que chile tenga verdad y justicia para con su historia” , yo le agregaría “justicia con castigo a los culpables”.
No puedo dejar de transmitirle también lo mal que tomamos los familiares de detenidos desaparecidos, la actitud suya de preocupación, cuando los tribunales fallaron en favor de la no aplicación de la ley de amnistía, y esta preocupación se tradujo en una presión que como jefe del ejecito tuvo sobre el presidente de chile, considero que esta actitud atenta contra la justicia imparcial que deben tener los procesos judiciales y además esta actitud contradice a las declaraciones suyas apoyando verdad y la justicia.
Valoro, no obstante la buena actitud que ha tenido como jefe del ejercito de Chile, y me parece que se abre una nueva etapa en la vida de Chile.
Le recuerdo que mi nombre es Ernesto Lejderman Avalos, mi padre Bernardo M. Lejderman y mi madre Maria del Rosario Avalos C. , ellos fueron asesinados el 8 de diciembre de 1973, por una patrulla del Regimiento Arica en la que usted era ayudante del jefe del regimiento. Recordará entonces que usted en persona me ha llevado a un casa de providencia en donde me cuidaron las hermanas del lugar.

General Juan Emilio Cheyre:
Mi petición es que declare a la justicia todo lo que sabe del caso referente al asesinato de mis padres y transmita a la justicia los nombres de todos los militares que formaron ese día dicha patrulla, ya que de los 10 militares que conformaban dicho piquete solo hay 4 procesados.
Estoy seguro que usted conoce exactamente lo que paso aquel 8 de diciembre con mis padres y conmigo.
Si más, saludo con mucho respeto al General Juan Emilio Cheyre que próximamente se presentará en los tribunales y declarará todo lo que sabe y dará todos los nombres del piquete.
Saludo muy atentamente al General Juan Emilio Cheyre que dará contenido a los pronunciamientos teóricos de manifestarse en favor de la justicia y se oponga a la aplicación de la ley de amnistía.
Al otro Juan Emilio Cheyre no.