El ministro en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, sometió a proceso a tres miembros en retiro del Ejército por el delito de secuestro con grave daño en perjuicio de Faruc Jimmy Aguad Pérez, Mario Alvarado Araya, Pedro Abel Araya Araya, José Armando Fierro Fierro, Artemio Pizarro Aranda y Wilfredo Ramón Sánchez Silva, ilícito cometido en San Felipe, entre el 8 y 10 de octubre de 1973.

El ministro en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, sometió a proceso a tres miembros en retiro del Ejército por el delito de secuestro con grave daño en perjuicio de Faruc Jimmy Aguad Pérez, Mario Alvarado Araya, Pedro Abel Araya Araya, José Armando Fierro Fierro, Artemio Pizarro Aranda y Wilfredo Ramón Sánchez Silva, ilícito cometido en San Felipe, entre el 8 y 10 de octubre de 1973.

En magistrado sometió a proceso en causa (Rol 14-2014) a Héctor Orozco Sepúlveda, ex oficial de Ejército; Raúl Navarro Quintana, médico y ex oficial de Ejército y Milton Núñez Hidalgo, ex suboficial de Ejército, como autores en delito de secuestro con grave daño.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita logró establecer los siguientes hechos: "que entre los días 8 y 10 de octubre de 1973 fueron detenidos por Carabineros de Cabildo, sin orden judicial ni administrativa, las víctimas Faruc Jimmy Aguad Pérez, Mario Alvarado Araya, Pedro Abel Araya Araya, José Armando Fierro Fierro, Artemio Pizarro Aranda, Wilfredo Ramón Sánchez Silva, siendo llevados primero a la Comisaría de La Ligua y luego a la Comisaría de Carabineros de San Felipe, desde la cual fueron sacados por orden superior el 11 de octubre del mismo año, por una patrulla integrada por personal policial y efectivos del Regimiento Yungay para ser llevadas -supuestamente- a la cárcel de Putaendo, en el camino y a la altura del sector Las Coimas, los bajaron del vehículo en que eran trasladados y se les dio muerte, ejecutándolos con disparos de armas de fuego, configurándose de este modo el delito de secuestro con grave daño, por cuanto a las víctimas se les privó de su libertad, sin derecho, por varios días, detención que ocasionó un grave daño para los afectados a quienes finalmente se les quitó su vida, figura prevista y sancionada en artículo 141 inciso 3º del Código Penal de la época".

La resolución agrega: "Que si bien es cierto que los mencionados precedentemente ya fueron encausados por el delito de homicidio de las personas indicadas, en causa rol nº 2182-98 de la l. Corte de Apelaciones de Santiago, episodio Mario Alvarado, proceso en el cual se dictó en primera instancia una sentencia condenatoria y en segunda instancia una sentencia absolutoria para todos ellos, no es menos cierto que el ilícito por el cual se les sentenció fue homicidio calificado, no existiendo pronunciamiento acerca del secuestro y otros delitos que concurrieron en los mismos hechos, y sin perjuicio de estimarse que respecto de aquellos operaría la cosa juzgada aparente o fraudulenta, por lo que aparece sobradamente justificado perseguir la responsabilidad de Milton René Núñez Hidalgo, Héctor Manuel Rubén Orozco Sepúlveda y Raúl Orlando Pascual Navarro Quintana por el ilícito a que se refiere esta resolución".

Encontrándose presos Héctor Orozco Sepúlveda en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Punta Peuco; y Milton Núñez Hidalgo y Raúl Navarro en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1, "exhórtese al 34º Juzgado del Crimen de Santiago para que se les notifique esta resolución entregándoseles copia de ella y hecho se de orden para su ingreso como procesados en esta causa, facultándose además para que el tribunal exhortado conceda la apelación en caso que ella fuere interpuesta". 

El magistrado sometió a proceso a Héctor Orozco Sepúlveda, ex oficial de Ejército; Raúl Navarro Quintana, médico y ex oficial de Ejército y Milton Núñez Hidalgo, ex suboficial de Ejército, como autores en delito de secuestro con grave daño.

El ministro en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, sometió a proceso a tres miembros en retiro del Ejército por el delito de secuestro con grave daño en perjuicio de Faruc Jimmy Aguad Pérez, Mario Alvarado Araya, Pedro Abel Araya Araya, José Armando Fierro Fierro, Artemio Pizarro Aranda y Wilfredo Ramón Sánchez Silva, ilícito cometido en San Felipe, entre el 8 y 10 de octubre de 1973.

El magistrado sometió a proceso en causa (Rol 14-2014) a Héctor Orozco Sepúlveda, ex oficial de Ejército; Raúl Navarro Quintana, médico y ex oficial de Ejército y Milton Núñez Hidalgo, ex suboficial de Ejército, como autores en delito de secuestro con grave daño.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita logró establecer los siguientes hechos: que entre  los días 8 y 10 de octubre  de 1973 fueron detenidos por Carabineros de Cabildo, sin orden judicial  ni administrativa, las víctimas Faruc Jimmy Aguad Pérez, Mario Alvarado Araya, Pedro Abel Araya Araya, José Armando Fierro Fierro, Artemio  Pizarro Aranda, Wilfredo  Ramón Sánchez Silva, siendo llevados primero a la Comisaría de La Ligua y luego a la Comisaría de Carabineros de San Felipe, desde la cual fueron  sacados por orden superior el 11 de octubre  del mismo año, por una patrulla integrada por  personal  policial y efectivos  del Regimiento Yungay para ser llevadas -supuestamente- a la cárcel de Putaendo, en el camino y a la altura del sector Las  Coimas, los bajaron del vehículo en que eran trasladados y se les dio muerte, ejecutándolos con disparos de armas de fuego, configurándose de este modo el  delito de secuestro con grave daño, por cuanto a las víctimas se les privó de su libertad, sin  derecho,  por varios días, detención que ocasionó un grave daño para los afectados a quienes finalmente se les quitó su vida, figura  prevista y sancionada en artículo  141 inciso 3º del Código Penal de la época.
La resolución agrega que si bien es cierto que los mencionados precedentemente ya fueron encausados por el delito de homicidio de las personas indicadas, en causa rol  nº 2182-98 de la l. Corte de Apelaciones  de Santiago, episodio Mario  Alvarado,  proceso en el cual se dictó  en  primera instancia una sentencia condenatoria y en segunda instancia una sentencia  absolutoria para todos ellos, no es menos cierto que el ilícito  por el cual se les sentenció fue homicidio calificado, no existiendo pronunciamiento  acerca del secuestro y otros  delitos  que concurrieron  en los mismos hechos, y sin perjuicio de estimarse que respecto de aquellos  operaría la cosa juzgada aparente o fraudulenta, por lo que aparece  sobradamente  justificado   perseguir  la responsabilidad de Milton  René Núñez Hidalgo, Héctor Manuel Rubén Orozco Sepúlveda y Raúl Orlando  Pascual Navarro Quintana  por el ilícito  a que se refiere esta resolución.

Encontrándose presos Héctor Orozco Sepúlveda en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Punta Peuco; y Milton Núñez Hidalgo y Raúl  Navarro en el  Centro de Cumplimiento Penitenciario  Colina 1, "exhórtese al  34º  Juzgado del  Crimen  de  Santiago  para  que  se  les  notifique esta resolución entregándoseles copia de ella y hecho se de orden para su ingreso como procesados en esta causa, facultándose  además para que el tribunal exhortado conceda la apelación en caso que ella fuere interpuesta".

El ministro en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, sometió a proceso a tres miembros en retiro del Ejército por el delito de secuestro con grave daño en perjuicio de Faruc Jimmy Aguad Pérez, Mario Alvarado Araya, Pedro Abel Araya Araya, José Armando Fierro Fierro, Artemio Pizarro Aranda y Wilfredo Ramón Sánchez Silva, ilícito cometido en San Felipe, entre el 8 y 10 de octubre de 1973.

En magistrado sometió a proceso en causa (Rol 14-2014) a Héctor Orozco Sepúlveda, ex oficial de Ejército; Raúl Navarro Quintana, médico y ex oficial de Ejército y Milton Núñez Hidalgo, ex suboficial de Ejército, como autores en delito de secuestro con grave daño.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita logró establecer los siguientes hechos:

«Entre los días 8 y 10 de octubre de 1973 fueron detenidos por Carabineros de Cabildo, sin orden judicial ni administrativa, las víctimas Faruc Jimmy Aguad Pérez, Mario Alvarado Araya, Pedro Abel Araya Araya, José Armando Fierro Fierro, Artemio Pizarro Aranda, Wilfredo Ramón Sánchez Silva, siendo llevados primero a la Comisaría de La Ligua y luego a la Comisaría de Carabineros de San Felipe, desde la cual fueron sacados por orden superior el 11 de octubre del mismo año, por una patrulla integrada por personal policial y efectivos del Regimiento Yungay para ser llevadas -supuestamente- a la cárcel de Putaendo.

En el camino y a la altura del sector Las Coimas, los bajaron del vehículo en que eran trasladados y se les dio muerte, ejecutándolos con disparos de armas de fuego, configurándose de este modo el delito de secuestro con grave daño, por cuanto a las víctimas se les privó de su libertad, sin derecho, por varios días, detención que ocasionó un grave daño para los afectados a quienes finalmente se les quitó su vida, figura prevista y sancionada en artículo 141 inciso 3º del Código Penal de la época».

La resolución agrega:

«Que si bien es cierto que los mencionados precedentemente ya fueron encausados por el delito de homicidio de las personas indicadas, en causa rol nº 2182-98 de la l. Corte de Apelaciones de Santiago, episodio Mario Alvarado, proceso en el cual se dictó en primera instancia una sentencia condenatoria y en segunda instancia una sentencia absolutoria para todos ellos, no es menos cierto que el ilícito por el cual se les sentenció fue homicidio calificado, no existiendo pronunciamiento acerca del secuestro y otros delitos que concurrieron en los mismos hechos, y sin perjuicio de estimarse que respecto de aquellos operaría la cosa juzgada aparente o fraudulenta, por lo que aparece sobradamente justificado perseguir la responsabilidad de Milton René Núñez Hidalgo, Héctor Manuel Rubén Orozco Sepúlveda y Raúl Orlando Pascual Navarro Quintana por el ilícito a que se refiere esta resolución».

Encontrándose presos Héctor Orozco Sepúlveda en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Punta Peuco; y Milton Núñez Hidalgo y Raúl Navarro en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1, «exhórtese al 34º Juzgado del Crimen de Santiago para que se les notifique esta resolución entregándoseles copia de ella y hecho se de orden para su ingreso como procesados en esta causa, facultándose además para que el tribunal exhortado conceda la apelación en caso que ella fuere interpuesta».

Comunicado de los familiares

El Ministro en Visita Extraordinaria Sr. Jaime Arancibia Pinto, el 2 de octubre de 2019 dictó el Auto de Procesamiento a Condenados por Violaciones a los Derechos Humanos en Caso Las Coimas, uno de los casos de derechos humanos de mayor impunidad en Chile; se somete a proceso a Milton René Núñez (Sub oficial de Ejército), Héctor Orozco Sepúlveda (General de Ejército) y Raúl Navarro Quintana (Médico Cirujano y Coronel de Ejército); en calidad de autores de delito de Secuestro con grave daño en perjuicio de Faruc Aguad Pérez, Mario Alvarado, Pedro Abel Araya; José Armando Fierro, Artemio Pizarro y Wilfredo Sánchez Silva.

Este 11 de octubre, se cumplen 46 años del salvaje secuestro, tortura y ejecución de seis cabildanos: Mario Alvarado Araya, Alcalde de Cabildo (34 años), Pedro Araya Araya (27 años) Armando Fierro Fierro (24 años) Artemio Pizarro Aranda (37 años) Wilfredo Sánchez Silva (28 años) y Faruc Aguad Pérez (26 años).

Todos secuestrados, torturados, y asesinados cobardemente a manos de carabineros y efectivos militares del ejército de Chile.

Los expedientes de este caso, son en extremo dolorosos. La crueldad aplicada en los cuerpos de nuestros familiares, así como el terrorismo de Estado que se hizo presente en Chile, desde el golpe, dejó heridas profundas en nuestras familias y en el pueblo de Cabildo, sin que hasta el momento se haya juzgado a nadie por este caso, dejando en total impunidad este crimen.

En cada una de las querellas criminales presentadas, desde el 30 de octubre de 1987 (en que Berta Manríquez, esposa de Faruc Aguad uno de los ejecutados, abre el camino de exigencia de justicia en tribunales, presentando la primera querella por este caso) la Corte de Apelaciones de Valparaíso, aplicó la Ley de Amnistía de 1978, decretando de esta manera la impunidad en el caso.

El 10 de octubre del 2014, las hijas de Faruc Aguad, uno de los compañeros ejecutados, y guiadas por la abogada de Derechos Humanos, Magdalena Garcés, deducimos querella criminal en contra de todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores, por los delitos de secuestro y torturas, cometidos en perjuicio del padre de las querellantes, don Faruc Jimmy Aguad Pérez, sancionados a la fecha de los hechos en los artículos 141, 150 y 292 del Código Penal, en relación con el artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra de 1949, así como de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos y Degradantes. A esta querella se han ido sumando los otros familiares de los ejecutados políticos de Cabildo.

Desde la presentación de esta nueva querella, somos los hijos e hijas de los ejecutados de Cabildo, quienes seguimos la búsqueda incansable de justicia, gran parte de las madres y padres de los compañeros ya no están, así como tampoco sus viudas.

Y no deja de asombrarnos la lentitud de los procesos judiciales en este caso de derechos humanos, así como la falta de justicia real, no existe nadie juzgado nunca por este caso, a pesar de que los años de investigación e intentos de mantener viva la esperanza de juicio y castigo a los responsables de este crimen, solo nos han entregado la memoria del hecho ocurrido, así como la claridad respecto a quienes son los responsables directos de este alevoso crimen.

La falta de justicia, sin sanción a los responsables por más de 46 años ¿En quién podemos confiar? No queremos reproducir en nuestros cuerpos y emociones las terribles enfermedades que se han llevado a las viudas de ejecutados políticos y de detenidos desaparecidos.

Este delito cometido contra nuestros familiares y contra nuestro pueblo de Cabildo, por su particular y excepcional gravedad, agredió e hirió no solamente a sus víctimas, sino también a la conciencia misma de la humanidad.

Los responsables, han violado principios que deben regir la vida de las naciones civilizadas, transgrediendo los propósitos y principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Es por ello que han sido calificados como crímenes de Lesa Humanidad. Las consecuencias prácticas de una tal calificación es que los autores y demás partícipes en el crimen deben ser buscados y perseguidos en cualquier lugar del mundo en que se encuentren y no puede invocarse en su favor ni amnistía ni prescripción.

No queremos dejar como herencia a nuestros hijos, hijas, nietos, nietas esta tragedia de Chile, aquella tragedia que no puede volver a repetirse porque atenta contra todos los habitantes de esta tierra.

De esto estamos seguras, por ello, el nombre de los cobardes lo traemos a la memoria, es nuestra exigencia, sean juzgados por este crimen: Héctor Orozco Sepúlveda, Dr. Raúl Navarro Quintana, Milton Núñez, entre otros. Todos ellos del Regimiento de Infantería Nº 3 de Yungay San Felipe, a la fecha del hecho.

¡¡Como familia esperamos que este auto procesamiento llegue a un juicio justo y que sean juzgados y condenados los culpables de tan alevosos crímenes!!.

¡¡Juicio y castigo a los culpables NO MÁS IMPUNIDAD EN CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD ¡¡

Firmantes: hijas de Faruc Aguad- hijas e hijos de Mario Alvarado; Familiares de Cabildo- Alicia Lira Presidenta AFEP- Eduardo Morris Presidente de la agrupación de familiares de ejecutados y detenidos desaparecidos de Valparaíso.

Los detuvieron en Cabildo y una patrulla militar los ejecutó en Las Coimas aduciendo “ley de fuga”.-

Este lunes 9 de septiembre, en La Moneda se recordarán los sucesos del 11 de septiembre de 1973 con un acto ceremonial. Lo propio hizo la oposición en el Museo de la Memoria.

Putaendo también tiene un lugar en los oscuros sucesos acaecidos tras el Golpe Militar en 1973. El Informe Rettig consigna una breve reseña de cada uno de los seis militantes comunistas ejecutados en Las Coimas por una patrulla militar que les aplicó la “ley de fuga”, fusilándolos a mansalva. La recopilación de hechos llevada adelante por la Comisión Rettig, permitió armar una historia, lo que facilitó, varias décadas mas tarde, determinar las responsabilidades, aunque la justicia sobreseyera las causas.

En efecto, en el 2008, la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago había absuelto a los ex miembros del Ejército Héctor Manuel Rubén Orozco Sepúlveda, Rodrigo Alex Retamal Martínez, Raúl Orlando Pascual Navarro Quintana y Milton René Núñez Hidalgo, condenados en la investigación de derechos humanos conocida como episodio “Mario Alvarado” que falló la ministra suplente Adriana Sottovia Jiménez.

En fallo unánime los ministros Rosa María Maggi, Juan Cristóbal Mera y el abogado integrante Emilio Pfeffer determinaron la absolución de los ex militares por los homicidios calificados de Mario Alvarado Araya, Faruc Jimmy Aguad Pérez, Wilfredo Ramón Sánchez Silva, Artemio Pizarro Aranda, Pedro Abel Araya Araya y José Fierro Fierro, ocurridos el 11 de octubre de 1973 en el sector de Las Coimas, comuna de Putaendo.

Año tras año, estas ejecuciones son recordadas en Putaendo como el triste aporte de la comuna a los horrores de la dictadura. No faltarán en esta víspera, aquellos que, aunque públicamente ensalzan por un lado la figura del dictador Pinochet, por otro tratan hipócritamente de vestirse con ropajes humanitarios, en aras del, por estos días, tan manoseado “perdón”.

Esta vez, nuevamente, se intentará conseguir fondos para construir un memorial en el lugar donde fueron ejecutados, una deuda que, tanto Putaendo como Cabildo, a 40 años, aun no logran saldar.

Detenidos y torturados, exonerados, Putaendo tiene memoria no escrita de bastantes más personas que estos seis nombres, que son los que quedaron registrados. En Guzmanes, en El Tártaro, en Granallas, en Quebrada de Herrera y en el mismo casco urbano del pueblo aun suenan los Lobos, Jara, Gómez, Gaona y varios mas. Pero estos seis cabildanos a los cuales se les arrebató la vida en Las Coimas, son quienes permiten, con su cruenta historia, que la memoria siga viva.

Este es el texto que consigna el Informe Rettig, sobre el caso de los ejecutados en Las Coimas:

_______________________________________________________________________________________________________

El día 11 de octubre de 1973 fueron ejecutados por personal del Ejército en el sector de Las Coimas en San Felipe, seis militantes comunistas. Ellos eran:

Mario Alvarado Araya, 34 años, Alcalde de Cabildo, quien había sido detenido por primera vez el 17 de septiembre, recuperando prontamente su libertad, sin que se le formulara ningún cargo. A principios de octubre, fue obligado por la autoridad militar a retractarse públicamente de su militancia, en la Municipalidad de Cabildo, ante múltiples testigos. Su segunda detención se produjo el 8 de octubre, en su domicilio, y fue practicada por Carabineros de Cabildo. (N. del R.: Su hijo, Mario Alvarado Osorio, actualmente es Concejal del PC en dicha comuna).

Faruc Jimmi Aguad Pérez, 26 años, empleado de la Sociedad Abastecedora de la Minería (Sademi), encargado electoral y de propaganda del Partido Comunista local, detenido en su lugar de trabajo, en presencia de otros trabajadores, el día 8 de octubre de 1973 por Carabineros de Cabildo (3º de izq. a der. en la foto).

Wilfredo Ramón Sánchez Silva, 28 años (orilla der. en la foto), empleado de la Sociedad Abastecedora de la Minería (Sademi) de Cabildo. Fue detenido en su lugar de trabajo el mismo día y en las mismas circunstancias que Faruc Aguad.

Artemio Pizarro Aranda, 37 años (1º de la izq. en la foto), también empleado de Sademi. Fue detenido en el mismo lugar y por los mismos agentes aprehensores el día 9 de octubre.

Pedro Abel Araya Araya, 27 años, Interventor de la mina La Patagua, fue detenido por primera vez el 11 de septiembre, siendo liberado sin cargos una semana después. Su segunda detención se produjo también el 9 de octubre, al presentarse voluntariamente a la Comisaría de Cabildo, a raíz de una citación dejada en su domicilio por funcionarios de dicha unidad policial.

José Armando Fierro Fierro, 24 años (2º de izq. a der. en la foto), también empleado de Sademi, fue detenido el 9 ó 10 de octubre en Cabildo, por Carabineros de esa localidad.

Según la versión oficial del Jefe de Zona en Estado de Sitio de la Provincia de Aconcagua y Comandante del Regimiento de Infantería Nº 3, Yungay, estas seis personas fueron ejecutadas cuando intentaron huir y agredieron a un suboficial que viajaba en la camioneta del Ejército que los trasladaba desde la Cárcel de San Felipe a la Cárcel de Putaendo. Se indicó en dicha versión que a todos se les había comprobado participación directa en la organización terrorista del sector minero de Cabildo, habiendo sido detenidos en un operativo donde se les encontró gran cantidad de armas y explosivos.

Los antecedentes reunidos por esta Comisión sobre las circunstancias de la detención de las víctimas desmienten la versión oficial, ya que ninguno de sus hogares fue allanado en busca de armas, ni tampoco existió un operativo militar en su lugar de trabajo, donde algunas de ellas fueron detenidas, en forma pacífica y a la vista de los otros trabajadores.

Presentadas estas muertes como producto de un intento de fuga, la Comisión no pudo aceptar esta explicación atendidas, principalmente, las circunstancias que siguen:

– Resulta inverosímil que el único modo de evitar la fuga haya sido dar muerte inmediata a todos los afectados, que iban desarmados y bajo fuerte vigilancia militar.

– El entonces Jefe del Servicio de Salud de San Felipe, que fue quien ordenó practicar las autopsias y devolver los cuerpos a los familiares, fue informado por el médico legista de que los cuerpos registraban múltiples impactos de bala, muchos de los cuales no eran mortales, y también heridas cortopunzantes, cuya existencia no ha tenido ninguna explicación razonable. Esta información está corroborada por lo señalado en los mismos certificados de defunción.

Por tanto, a esta Comisión le asiste la convicción que Mario Alvarado, Faruc Aguad, Wilfredo Sánchez, Artemio Pizarro, Pedro Araya y José Fierro fueron víctimas de violación a sus derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado quienes los ejecutaron al margen de todo proceso.

El alto oficial de Ejército fue encausado junto al ex coronel de Sanidad Raúl Navarro y el suboficial Milton Núñez, por la ejecución de seis personas el 11 de octubre de 1976, entre las que se encontraba el entonces alcalde de Cabildo, Mario Alvarado Araya. Por el caso de Jorquera, Orozco se encuentra incomunicado.Detenido e incomunicado se encuentra desde ayer en la tarde el ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y ex Fiscal Militar, general (r) Héctor Orozco, por una orden dictada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Daniel Calvo.

La aprehensión de Orozco se relaciona con el caso de la desaparición del ex suboficial del DINE, Guillermo Jorquera Gutiérrez, quien fue detenido el 23 de enero de 1978 cuando intentaba asilarse en la embajada de Venezuela.

El ex suboficial Jorquera -a quien le correspondió organizar el campamento de prisioneros de Isla Dawson- cayó en "desgracia" en diciembre de 1977, cuando estaba a cargo de investigaciones especiales en el ministerio de Relaciones Exteriores, vinculadas a labores de inteligencia. Puesto que había asumido en julio de 1976.

Un comunicado realizado en esa época por el subdirector de la Escuela de Blindados, Carlos Quiroga Vargas, y que fue entregado a la cónyuge del desaparecido, apuntaba a que Guillermo Jorquera había sido marginado del Ejército, en diciembre de 1977, debido a un extravío de documentos de la Cancillería relacionados con el caso Letelier. Pérdida de la cual fue culpado el ex suboficial.

El día en que Jorquera intentó solicitar asilo en la embajada venezolana, fue detenido por el carabinero que se encontraba de punto fijo en el recinto, Carlos Garrido Sotomayor, quien lo condujo hasta una comisaría. Allí fue recibido por el entonces mayor Julio Mardones Ferrada quien, al constatar que se trataba de un militar, lo puso a disposición del capitán de Ejército Adolfo Fernando Born Pineda, ex efectivo de la DINE.

Según declaraciones prestadas por Born, personalmente llevó a Guillermo Jorquera hasta las oficinas del general Héctor Orozco, oficial que fue designado por Pinochet como fiscal militar en el llamado caso Pasaportes, ligado al asesinato de Letelier en Washington.

Ejecución en Las Coimas

Ayer, el ministro Daniel Calvo, también dejó detenido e incomunicado al ex oficial Born, por la eventual responsabilidad que le pudiera caber en estos hechos y, en una investigación distinta, sometió a proceso al general Orozco y a otros dos ex militares.

Este último encausamiento fue dictado por la ejecución, ocurrida el 11 de octubre de 1973, de los militantes comunistas Mario Alvarado, Faruc Aguad, Wilfredo Sánchez, Artemio Pizarro, Pedro Araya y José Fierro. "Ajusticiamiento" que habría sido realizado por personal del Ejército en el sector de Las Coimas en San Felipe.

Asimismo, junto con Orozco, fueron procesados el ex coronel de Sanidad Raúl Navarro y el suboficial Milton Núñez, contra quienes se dictó una orden de detención.

Uno de los ejecutados en Las Coimas -Mario Alvarado Araya- era, hasta antes del golpe militar, el alcalde de Cabildo. Alvarado fue detenido por primera vez el 17 de septiembre de 1973, pero recuperó prontamente su libertad, sin que se le formulara cargo alguno, según consta en el informe Rettig. Su segunda detención se produjo el 8 de octubre en su domicilio. En esta ocasión, fue detenido por personal de Carabineros de Cabildo.

Faruc Jimmi Aguad Pérez, quien tenía 26 años al ser detenido por Carabineros de Cabildo, era empleado de la Sociedad Abastecedora de la Minería (Sademi), encargado electoral y de propaganda del Partido Comunista local. La detención se produjo en su lugar de trabajo, en presencia de otros empleados, el día 8 de octubre de l973. Junto a él cayó su compañero de labores y militancia, Wilfredo Ramón Sánchez Silva, de 28 años.

Artemio Pizarro Aranda, 37 años, también era empleado de la Sademi y fue detenido en iguales circunstancias que sus compañeros Alvarado y Aguad, pero al día siguiente: el 9 de octubre.

En tanto, Pedro Abel Araya Araya, de 27 años, era interventor de la mina La Patagua. Fue detenido por primera vez el 11 de septiembre de 1973, pero fue liberado sin cargos una semana después. Su segunda detención se produjo también el 9 de octubre, al presentarse voluntariamente a la Comisaría de Cabildo, respondiendo a una citación dejada en su domicilio por funcionarios de dicha unidad policial.

Por último, José Armando Fierro Fierro, de 24 años y también empleado de la abastecedora minera, fue detenido el 9 o 10 de octubre en Cabildo, por personal de Carabineros de dicha localidad.

Según la versión oficial del Jefe de Zona en Estado de Sitio de la Provincia de Aconcagua y Comandante del Regimiento de Infantería N° 3, "Yungay", estas seis personas fueron ejecutadas cuando intentaron huir y agredieron a un suboficial que viajaba en la camioneta del Ejército que los trasladaba desde la cárcel de San Felipe a la cárcel de Putaendo. Se indicó en dicha versión que a todos se les había comprobado participación directa en la organización terrorista del sector minero de Cabildo. Los ejecutados -según esta versión- habían sido detenidos en un operativo con gran cantidad de armas y explosivos en su poder.

Sin embargo, los antecedentes reunidos por la Comisión Rettig desmintieron esa versión oficial, ya que ninguno de sus hogares fue allanado en busca de armas, ni tampoco existió un operativo militar en su lugar de trabajo, donde algunas de ellas fueron detenidas en forma pacífica y a la vista de los demás trabajadores.

PUTAENDO.- Al acercarse una fecha tan sensible como es el 11 de septiembre y a 40 años de este fatídico momento para la historia de Chile, el fusilamiento de seis militantes del Partido Comunista de Cabildo, ocurrido en el sector Las Coimas, aún permanece prácticamente en el olvido y desconocimiento de muchos.

El 11 de octubre del año 1973, personal del Ejército acribilló a seis militantes del Partido Comunista que eran transportados desde la cárcel de San Felipe a la cárcel de Putaendo, destino al cual no llegaron.

Según los antecedentes proporcionados por el Informe Rettig, el jefe de la zona en estado de sitio de la Provincia de Aconcagua y comandante del regimiento de infantería N°3 Yungay, estas seis personas fueron ejecutadas cuando intentaron huir y agredieron a un suboficial que viajaba en la camioneta del ejército que los trasladaba desde San Felipe hacia Putaendo. En esa versión, se indicó que a todos se les había comprobado participación directa en la organización terrorista del sector minero de Cabildo, habiendo sido detenidos en un “operativo” donde se les fue encontrada gran cantidad de armas y explosivos.

Los antecedentes reunidos por la Comisión Rettig sobre las circunstancias de la detención de las víctimas desmienten la versión oficial, ya que ninguno de los hogares de los fusilados fue allanado en busca de armas ni tampoco existió un operativo militar en sus lugares de trabajo donde alguna de ellas (las víctimas) fueron detenidas en forma pacífica y a la vista de otros trabajadores.

La misma comisión determinó que presentadas estas muertes como producto de un intento de fuga, no podían aceptar esta explicación, atendidas principalmente las siguientes circunstancias.

1) Resulta inverosímil que el único modo de evitar la fuga haya sido dar muerte inmediata a todos los afectados que iban desarmados y bajo fuerte vigilancia militar.

2) El entonces jefe del Servicio de Salud San Felipe, que fue quien ordenó practicar las autopsias y devolver los cuerpos a sus familiares, fue informado por el médico legista de aquel entonces que los cuerpos registraban múltiples impactos de bala, muchos de los cuales no eran mortales, y también heridas corto-punzantes, cuya existencia no tuvo explicación razonable, información que está corroborada en los mismos certificados de defunción.

En mérito de lo anterior, el Informe Rettig determinó en forma oficial: “Por tanto, a esta comisión le asiste la convicción absoluta que Mario Alvarado Araya, Faruc Aguad Pérez, Wilfredo Sánchez Silva, Artemio Pizarro Aranda, Pedro Araya Araya y José Fierro Fierro fueron víctimas de violación a sus derechos humanos, de responsabilidad de agentes del Estado, quienes los ejecutaron al margen de todo debido proceso”.

Los seis fusilados eran conocidos vecinos de la comuna de Cabildo y pese a todos estos años, en su momento existió una pequeña animita en el lugar donde fueron ejecutados, pero para muchas generaciones esta historia prácticamente ha quedado en el olvido.

Faruc Jimmi Aguad Pérez: 26 años, empleado de la Sociedad Abastecedora de la Minería, encargado electoral y de propaganda del Partido Comunista local, detenido en su lugar de trabajo, en presencia de otros trabajadores el día 8 de octubre de 1973 por Carabineros de Cabildo.

Mario Alvarado Araya: 34 años, alcalde de Cabildo, quien había sido detenido por primera vez el 17 de septiembre, recuperando prontamente su libertad, sin que se le formulara cargo alguno. A principios de octubre fue obligado por la autoridad militar a retractarse públicamente de su militancia, en la Municipalidad de Cabildo y ante múltiples testigos. Su segunda detención se produjo el 8 de octubre, en su domicilio y fue practicada por Carabineros de Cabildo.

Wilfredo Ramón Sánchez Silva: 28 años, empleado de la Sociedad Abastecedora de la Minería de Cabildo, fue detenido en su lugar de trabajo el mismo día y en las mismas circunstancias que Farud Aguad.

Artemio Pizarro Aranda: 37 años, también empleado de SADEMI. Fue detenido en el mismo lugar y por los mismos agentes aprehensores el día 09 de octubre.

Pedro Abel Araya Araya: 27 años, interventor de la mina La Patagua, fue detenido por primera vez el 11 de septiembre, siendo liberado sin cargos una semana después. Su segunda detención se produjo también el 9 de octubre, al presentarse voluntariamente a la Comisaría de Cabildo a raíz de una citación dejada en su domicilio por funcionarios de esa unidad policial.

José Armando Fierro Fierro: 24 años, también empleado de SADEMI, fue detenido el 9 ó 10 de octubre en Cabildo, por Carabineros de esa comuna.

Por esta causa fueron procesados los ex miembros del ejército Raúl Navarro Quintana, Héctor Orozco Sepúlveda, Milton Núñez Hidalgo y Rodrigo Retamal Martínez, quienes posteriormente fueron absueltos de los cargos que se les imputaban.

Patricio Gallardo M.

Entre el dolor, el recuerdo y las ansias de verdad y justicia, las y los comunistas de la provincia de Petorca homenajearon a sus militantes caídos en dictadura. El acto llamado “Héroes y Heroínas del Pueblo” ha recorrido hace dos meses el país para entregar la distinción máxima que da el Partido Comunistaa sus militantes: La medalla Luis Emilio Recabarren, esta vez de manera póstuma y especial a los asesinados por la dictadura cívico-militar. Los familiares de Mario Alvarado Araya, quien fue alcalde de Cabildo; Pedro Abel Araya Araya, inventor minero; y de los funcionarios de SADEMI, Faruc Jimmi Aguad, Artemio Pizarro Aranda, Wilfredo Ramón Sánchez Silva, José Armando Fierro Fierro, recibieron la preciada medalla honorífica. Estos compañeros fueron ejecutados el 11 de octubre de 1976 por el Ejército en el sector de Las Coimas de San Felipe.

También fueron conmemorados Orlando Galdámez Rojas, regidor de Petorca y funcionario de ENAMI, muerto el 6 de octubre de 1973 producto de torturas y Lorenzo Flores Flores, suplementero y detenido desaparecido también desde octubre del ’73.

Asistieron al evento político, la secretaria política regional Quinta Cordillera, Cinthy Miskulini, la Secretaria Regional de las Juventudes Comunistas,  Nicole Concha González, la Consejera Regional María Victoria Rodríguez, Patricio Aliaga Díaz, alcalde de Cabildo, los concejales Alexis Sánchez (PS), Mario Alvarado (PC), Ignacio Miranda (DC), el alcalde de La Ligua, Rodrigo Sánchez Villalobos y los concejales Hugo Díaz Tapia, Oscar BelmarSánchez yAna ardiles. También asistieron el encargado político del Movimiento Autonomista, Oscar Véliz. Junto con ellos, se hizo presente Mario Muñoz Salas  de la Asociación Minera de Petorca y Felisa Garay de la CUT provincial.

Las primeras palabras fueron emitidas por el secretario político de Cabildo, Pablo Aracena Suarezen; un emotivo y profundo discurso que recorrió la historia de los militantes y dirigentes comunistas, donde expresó que “la convicción y lealtad de los comunistas ha sido inclaudicable, con la misma generosidad de nuestros militantes y dirigentes adhirieron y aportaron a las conquistas sociales de nuestro pueblo, defendieron los derechos conquistados aun con su propia vida cuando fue necesario” Nuestra conducta inquebrantable ha estado siempre al servicio de los más humildes esclavizados y ofendidos del sistema”.

Al encuentro de memoria asistió el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, el que brindó un saludo a los militantes de la provincia y a sus héroes y heroínas. Para el timonel del partido este acto homenaje comienza en un mes significante para el PC, “entramos a conmemorar una de las fechas más trágicas de la historia de nuestro país, nos acercamos al 11 de septiembre. Es un mesen  que vamos a recordar a todas nuestras víctimas, vamos a recordar al presidente Salvador Allende, a Pablo Neruda y a Víctor Jara, que son figuras simbólicas de esta era”, manifestó.

En el proceso de identificar a cada uno de los militantes comunistas víctimas de la dictadura, el PC vio aumentar la cifra que mantenían como registro, llegando a más de 530 personas. Guillermo Teillier explicó que la estructura se dio cuenta de que existían más nombres de los contenidos en documentos oficiales. Hoy existen más de 1.000 detenidos desaparecidos de los que no existe rastroy que para el presidente del PC “no hay indicios de que se quiera investigar a fondo la verdad”. En este sentido agregó que con la asunción del Presidente Sebastián Piñera se generó un clima, que según Guillermo Teillier quizás fue generado por los compromisos de su sector con la dictadura militar de Pinochet y que dio pie a  que algunos pudieran dar libertad condicional a siete violadores de derechos humanos.

Las acciones legislativas que prosiguieron a la determinación de la Corte Suprema, hicieron que parlamentarios de oposición presentaran una acusación Constitucional, la que según el también diputado comunista no pretende revertir el fallo sino que acusar un  abandono de deberes, al no tomar un fallo sobre la base de convenciones y tratados de derechos humanos internacionales a los que Chile ha suscrito.“Esta sensación de impunidad no es sólo con la decisión de la Corte Suprema, sino con los indultos que ha dado el Presidente, con las peticiones de libertad condicional, hay ya 40 casos de reos de Punta Peuco en que se les quiere otorgar libertad condicional”, sostuvo Teillier. Además recordó más casos en los que este gobierno ha ido en contra de los derechos humanos, como el rechazo al monto reparatoriodestinado a las víctimas de prisión política, tambiénlos ministros negacionistas, un subsecretario involucrado en el ocultamiento de información sobre la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva y el caso de la subsecretaria de justicia y Derechos Humanos donde no ha entregado un mensaje para establecer esclarecimiento ni reparación.

“En toda esta tarea de reivindicar la memoria de las víctimas de la dictadura, de buscar la verdad, de exigir justicia, estamos empeñados en seguir adelante, y vamos a salir adelante, porque la finalidad última que buscamos es que no se repitan estos hechos en nuestro país, en amarrarles las manos a los que piensen que pueden repetir lo que hicieron el 11 de septiembre de 1973. Eso debe quedar establecido en la conciencia de todos, en la ley, en la Constitución y donde sea necesario”,sentenció el máximo dirigente del Partido Comunista.

Guillermo Teillier informó a los presentes que este 9 de septiembre en Santiago se realizará la tradicional marcha y que cada uno de los actos estarán caracterizados por la masividad y la unidad. Sobre esta última el timonel del PC se detuvo, pues enfatizó que en este periodo los derechos humanos han propiciado la unidad de la oposición y que otro momento donde se puede expresar es el 5 de octubre, donde se cumplen 30 años del “NO”. “Vamos a celebrar la derrota de la dictadura. Ese es un triunfo de todo el pueblo chileno, nadie, ningún partido por sí mismo ni persona puede arrogarse esa conquista. Eso se hizo posible gracias a las personas que desde el mismo ’73 lucharon, hicieron resistencia civil y que ese 5 de octubre se inscribieron en los registros electorales, hicieron propaganda para el plebiscito y votaron”,afirmó el presidente del PC.Y añadió que“el partido votó igualmente por Patricio Aylwin a pesar de las diferencias manifiestas que teníamos, pero había una cosa superior, que podíamos tener muchas diferencias pero todos coincidíamos en que había que acabar con la dictadura”.

Guillermo Teillierprofundizó en el llamado a la unidad y explicó por qué el PC la preconiza, porque así como a pesar de las discrepancias propias de cada colectividad, lograron terminar con 17 años de régimen militar.“Si queremos ser representantes del pueblo, de sus demanda,  y solucionar los problemas que tiene el país, eso no lo puede hacer ningún partido solo, lo tiene que hacer un conjunto de partidos que tengan la fuerza necesaria para llevar adelante los cambios que Chile necesita”, subrayó.

Para finalizar, el Presidente del Partido Comunistase señaló a los representantes de partidos y movimientos políticos presentes en el acto, a los que expresó que  “en el Partido Comunista encontrarán siempre la disposición a conversar, a ponerse de acuerdo y sobre la base de lo que está discutiendo nuestro pueblo, la ciudadanía”. A los familiares delos Héroes y Heroínas del Pueblo, “Nunca el Partido Comunista va a olvidar el ejemplo de nuestras compañeras y compañeros, los llevamos muy profundamente dentro de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestro pensamiento, su ejemplo es una guía muy importante para nosotros”, concluyó.

Instalan placa conmemorativa en sitio de ejecutados políticos en sector Las Coimas

Se trata de la iniciativa “Ruta de la memoria” del Consejo de la Cultura y Mesa de Cultura, Memoria y DD.HH.

ACONCAGUA (11/12/2017).-Porque la memoria es parte de nuestra historia y nuestro presente, este domingo en una íntima y emotiva ceremonia se instaló una obra escultórica que reconoce como sitio de memoria al sector Las Coimas (cerca de Putaendo), donde fueron ejecutados 6 dirigentes del Partido Comunista en 1973, como parte de la brutal represión ejercida por militares en los días posteriores al golpe de estado que marcó el fin de la democracia y la instalación de la dictadura que gobernó Chile durante 17 años.

Hasta el lugar llegaron familiares de quienes fueron ejecutados en Las Coimas, autoridades encabezadas por el gobernador de San Felipe Eduardo León y el director (s) del Consejo Regional de Cultura Patricio Cerda, además de Verónica De Negri (madre de Rodrigo Rojas, quemado y asesinado en dictadura), representantes de los pueblos originarios, del Partido Comunista y de organizaciones de derechos humanos, entre los que se contaron Villa Grimaldi y el colectivo trasandino “Historias Desobedientes”, integrado por hijas e hijos de genocidas argentinos.

La actividad, que estuvo marcada por el recogimiento y reflexión de los hijos hijas, sobrinos, esposas y familiares de quienes perdieron la vida a manos de militares en este episodio oscuro y sangriento de nuestra región, consideró una caminata, lecturas de textos, canciones interpretadas por familiares de las víctimas y la instalación de la obra escultórica “Enredadera de la memoria” del artista Leandro Silva, y se realiza precisamente el Día de los Derechos Humanos que se conmemora en todo el mundo y siempre en nuestro país tiene una connotación más profunda y emotiva.

“Esta actividad, se enmarca en el trabajo que realiza el Consejo junto a la Mesa de Cultura, Memoria y Derechos Humanos de la Región de Valparaíso, con el objetivo de crear una “Ruta de la Memoria” regional para el reconocimiento de personas, lugares y sitios, que son parte de esa dolorosa historia de nuestro país. Hace unas semanas, la Presidenta de la República, firmó la creación del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio, que contempla dentro de sus objetivos y funciones, una atención especial por esta memoria que es parte de nuestra cultura, y el resguardo permanente de los derechos humanos en el país y sus habitantes”, afirmó el director (s) del Consejo Regional de Cultura, Patricio Cerda.

La “Ruta de la memoria” ya ha instalado este 2017 otras dos placas en el Liceo Matilde Brandau de Ross en Valparaíso, Las Coimas y Colliguay en la Provincia del Marga Marga y busca crear consciencia sobre estos hechos, mantener la memoria viva para el conocimiento de las nuevas generaciones, recordar y reconocer a las víctimas y familiares en su dolor, para que nunca más en Chile vuelvan a sucederse crímenes y atropellos a los derechos humanos.

El Liceo Matilde Brandau de Ross de Valparaíso, ex Liceo N° 2 de Niñas, fue uno de los primeros centros de detención y tortura de Chile, siendo trasladados hasta este establecimiento civiles y estudiantes la misma noche del 11 de septiembre de 1973. Por eso la ceremonia realizada ayer en su acceso principal tuvo un especial simbolismo, ya que este liceo fue el escogido para instalar la primera placa de la “Ruta de la Memoria” en la Región de Valparaíso, oportunidad en que se descubrió una placa conmemorativa con la presencia de la directora regional de Cultura, Nélida Pozo; la seremi de Justicia, Paz Anastasiadis; la directora del Liceo, Verónica Ramírez; agrupaciones de Derechos Humanos y la “Mesa de Cultura, Memoria y Derechos Humanos de la Región de Valparaíso”.

La “Ruta de la memoria” busca identificar los centros de detención política y tortura durante la dictadura militar para resignificarlos. La directora regional de Cultura, Nélida Pozo Kudo, explicó que “para las organizaciones de derechos humanos era fundamental hacer una señalización de aquellos sitios que habían sido lugares de violencia, tortura y prisión política, por eso desarrollamos esta iniciativa que se llama la Ruta de la Memoria, como una forma que la propia comunidad se pudiera apropiar de estos lugares, que hay varios en la Región de Valparaíso, y que de una manera simbólica las víctimas de los derechos humanos pudieran tener un tipo de reparación y la sociedad entendiera que este tipo de hechos no pueden volver a ocurrir en nuestro país”.

Por su parte la seremi de Justicia, Paz Anastasiadis, afirmó que “la Presidenta Bachelet ha fortalecido el trabajo en materia de derechos humanos y cada uno de los organismos públicos del Gobierno tienen que ir en esta línea, en eso Cultura ha priorizado y tenido un trabajo permanente liderando la Mesa de los DD.HH. y esta Ruta de la Memoria nos lleva a generar un nunca más, eso es la fortaleza de tener una república democrática donde podemos priorizar y resguardar a cada una de las personas, reconociendo su dignidad y sus pensamientos políticos”.

Alicia Zúñiga, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Valparaíso y del Colectivo de ex Presas Políticas del Buen Pastor, explica que desde 2014 “nosotros hicimos todo un trabajo de investigación y recopilación de los datos de estos lugares donde fueron desaparecidas personas, y pensamos que era pertinente partir aquí, porque fue el primer centro de detención y tortura de la región y del país, porque el golpe de Estado lo inició la Armada en Valparaíso. Hoy es un día altamente significativo, se va concretando un sueño largamente acariciado, sabemos que queda mucho por trabajar y avanzar para que la comunidad haga suyos estos espacios y memoriales, para poder educar a las nuevas generaciones y terminar con esta cultura negacionista, que impide conocer toda la verdad y hacer plena justicia”.

La placa memorial es una obra escultórica del artista Leandro Silva, quien participó en una convocatoria abierta que se hizo a los artistas de la región, resultando elegido su trabajo “Enredadera de la memoria”. Su autor explica que “esta obra pasa a ser un símbolo de algo tan importante como lo son los derechos humanos, y eso para mí tiene una significación muy grande, porque pasa a ser un arte sagrado, un arte que repara, y lo que necesitamos es arte y justicia”.

La “Ruta de la memoria” considera en esta primera etapa la instalación de esta placa memorial en otros dos sitios de la región: Isla Riesco en Colliguay y Las Coimas en Putaendo.