La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las condenas a cinco miembros retirados de Carabineros y uno de la Armada como autores de los asesinatos de 12 personas cometidos en la nortina ciudad de Tocopilla, en Antofagasta, entre septiembre y octubre de 1973, pocas semanas después del golpe militar que inició la dictadura, informaron fuentes judiciales.

El tribunal ratificó la sentencia de primera instancia, dictada por el juez Mario Carroza, que dictó 15 años de presidio mayor en su grado medio contra los ex oficiales de la policía militarizada Luciano Astete Almendras, Álex Adalberto Cantín Leyton y el ex suboficial Gilberto Arturo Santiago Egaña García, como autores del secuestro calificado (desaparición forzosa) de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo y de los delitos reiterados de homicidio calificado de Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reynaldo Armando Aguirre Pruneda, Freddy Alex Araya Figueroa, Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Óscar Gallegos Santis.

Asimismo, la corte confirmó la sentencia respecto del ex suboficial de la Armada Raúl Darío Almonacid Valdivia, condenado como autor de los delitos reiterados de homicidio calificado de seis de las 12 víctimas, recibiendo la pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo.

Los ex carabineros Luis Ramón Guerrero González e Ivar Liborio Muñoz Peña, en tanto, fueron sentenciados en calidad de autores del delito de secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo a cinco años de presidio menor en su grado máximo.

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia definitiva de segunda instancia en la causa llamada Episodio Tocopilla, condenando a miembros del Ejército y Carabineros por el homicidio y secuestro calificado de doce víctimas, ilícitos ocurrido entre septiembre y octubre de 1973, en el norte del país.

De esta manera la Sala, integrada por la ministra Mireya Eugenia López y los ministros(as) Suplentes Rafael Andrade y María Inés Lausen, confirmó lo resuelto por el Ministro de Fuero Mario Carroza Espinosa en su fallo de primera instancia y se condena a 15 años de presidio mayor en su grado medio a Luciano Astete Almendras, Alex Adalberto Cantín Leyton, Gilberto Arturo Santiago Egaña García, como autores de los delitos reiterados de homicidio calificado de Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reynaldo Armando Aguirre Pruneda, Freddy Alex Araya Figueroa, Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Óscar Gallegos Santis. Y por el delito de secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo.

Asimismo, se confirma la sentencia respecto de Raúl Darío Almonacid Valdivia, quien queda condenado como autor de los delitos reiterados de homicidio calificado de seis de las doce víctimas, recibiendo la pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo. Y Luis Ramón Guerrero González e Ivar Liborio Muñoz Peña quedan condenados en calidad de autores del delito de secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo a 5 años de presidio menor en su grado máximo.

El abogado querellante Francisco Ugás Tapia, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados y quien representa a familiares de Manuel Muñoz Cornejo, Carlos Garay Benavides y de Vicente Ramón Cepeda Soto, destacó de manera positiva “que se haya logrado cambiar la participación de algunos sujetos que habían sido condenados como cómplices y encubridor por sentencia de primer grado, a la de autores (concretamente, respecto de Gilberto Arturo Santiago Egaña García, de Raúl Darío Almonacid Valdivia, de Ivar Liborio Muñoz Peña, pero, por otra parte, es reprochable el que la sala, por mayoría, haya aplicado la media prescripción (motivo Vigésimo), cuya incidencia se observa de manera grosera en las penas fijadas”.

En este sentido, Ugás informó que recurrirán en los próximos días en contra de la sentencia del tribunal de alzada capitalino, tanto por la parte penal y civil.

Los hechos

De acuerdo a la investigación sustanciada por el ministro de fuero Mario Carroza se pudo establecer:

1) Que a raíz de los acontecimientos acaecidos en el país el día 11 de septiembre de 1973, el Gobierno Militar ordena tomar el control de la ciudad de Tocopilla y para llevarlo a cabo, se instruye a las unidades de la Armada, Carabineros, Policía de Investigaciones y militares, en la jurisdicción, misiones específicas a realizar.

2) Que así las cosas, en un primer momento asume como Gobernador de Tocopilla el Capitán de la Armada Humberto Fuentes Morales, quien en atención a su estado de salud y recursos logísticos, entrega esa responsabilidad al Prefecto de Carabineros Luciano Astete Almendras, y a su vez se designa al subprefecto Juan de Dios Salazar Lantery como Fiscal Militar para el departamento de Tocopilla, estando sus funciones dirigidas a instruir los procesos que tuvieran relación con las actividades políticas y subversivas que se desarrollaran en la provincia.

3) Que para tal cometido, por instrucciones del Prefecto Luciano Astete Almendras, el Fiscal Militar designa una Comisión Civil al mando del entonces Teniente Alex Cantín Leyton, para que se dedique coordinadamente con el personal militar, la Armada e Investigaciones a ejecutar operativos contra la población civil de la ciudad, consistente en allanamientos, privaciones de libertad, interrogatorios, torturas y ejecuciones sumarias, como en los casos que a continuación se indican:

A.- Hechos ocurridos el 18 de septiembre de 1973, que ocasionan la muerte de Iván Florencio Morán Araya y Ernesto Manuel Moreno Díaz.
El día 18 de septiembre de 1973, en horas de la noche, alrededor de las 20:00 horas, efectivos de Carabineros de Tocopilla comandados por Raúl Gaete Cuevas (fallecido), Juan Bonilla Castro (fallecido) y Diocario Contreras Labrín (fallecido), detuvieron en sus domicilios a Iván Florencio Morán Araya y Ernesto Manuel Moreno Díaz para conducirlos hasta la Comisaría de esa ciudad, donde serían interrogados; sin embargo, en la madrugada del día siguiente, ambos fueron ejecutados afuera de la Comisaría por funcionarios policiales que cumplían órdenes de sus superiores bajo el pretexto de haber intentado darse a la fuga, siendo sus cuerpos posteriormente entregados sin vida con heridas de bala en la morgue del Hospital Marcos Macuada de Tocopilla.

B.- Fusilados en la Mina la Veleidosa.

En otra oportunidad, estos mismos funcionarios de la Comisaría de Tocopilla detuvieron durante en el curso de los días 11 de septiembre al 04 de octubre de 1973, a varias personas individualizadas como Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reinaldo Armando Aguirre Pruneda y Freddy Alex Araya Figueroa, y les mantuvieron privadas de libertad en primer término en los calabozos de la Primera Comisaría de Carabineros de esa ciudad y luego, en la Cárcel Pública de dicho puerto, lugar éste último desde donde se les saca para llevarles el día 06 de octubre de ese año, maniatados, hasta el pique minero denominado «Mina La Veleidosa» o «La Descubridora», ubicado a una distancia aproximada a los 30 kilómetros hacia el oriente del centro de la ciudad de Tocopilla, en ese lugar se les ordena bajar y se procede a conformar un pelotón de fusileros integrados por funcionarios de Carabineros, Investigaciones, Armada y Ejército, a los cuales se les ordena dispararles con sus armas de fuego, para quitarles la vida. Con posterioridad, los cuerpos sin vida de Tognola, Garay, Segovia y Villarroel, fueron arrojados al interior del pique ya citado, el cual en esa fecha tenía una profundidad superior a los seiscientos metros, sus restos fueron parcialmente recuperados e identificados en el transcurso del año 1991, sin embargo, los cadáveres de Aguirre y Araya, son trasladados a la morgue del Hospital Marcos Macuada de Tocopilla, argumentándose habérsele muerte durante un intento de fuga, en los momentos en que se realizaba un operativo de búsqueda de armas y explosivos en el sector de una mina sin nombre.

C.- Los hechos que ocasionaron la muerte de Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Oscar Gallegos Santis, en la madrugada del 23 de octubre de ese mismo año.
Que por su parte, Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Oscar Gallegos Santis, fueron detenidos entre los días 16 y 20 de septiembre de 1973 por efectivos dependientes de la misma Prefectura de Carabineros de Tocopilla, trasladados hasta la Primera Comisaria de esa ciudad, donde se les mantuvo en los calabozos hasta la madrugada del 23 de octubre de ese mismo año, ocasión en que a los cuatro se les dio muerte al interior de sus celdas, utilizando para ello fusiles ametralladoras, sus cuerpos posteriormente entregados a la morgue del Hospital Marcos Macuada, y se informa a la ciudadanía que los detenidos le habían arrebatado el fusil SIG a un centinela que los vigilaba, el que no pudieron utilizar por desconocimiento y debido a ello, personal de servicio de la unidad policial tuvo que abrir fuego y provocarles la muerte.

D.- Secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, ocurrido el 14 de Septiembre de 1973.

Que, como se señaló anteriormente para el 11 de septiembre de 1973, en el contexto de los hechos acaecidos en el país, se le entrega la misión al Prefecto Delegado Luciano Astete Almendras de crear un grupo operativo de represión política en Tocopilla, para lo cual designa como Fiscal Militar Ad-Hoc al Subprefecto de Carabineros Juan de Dios Salazar Lantieri (fallecido), y éste para dar cumplimiento a su tarea procede a designar a determinados funcionarios de la Primera Comisaria de Tocopilla, para que se encargaran de la detención e interrogatorios de las personas conocidas como partidarias del gobierno depuesto por el golpe militar. Este grupo operativo de Carabineros, era dirigido por el Teniente Alexis Cantín Leyton e integrado de manera permanente por los funcionarios policiales tenían pleno conocimiento de la ilicitud de los actos que se cometieron y aun así, cooperaron en su ejecución con actos previos o simultáneos.

Así las cosas, el día 11 de Septiembre de 1973, estos funcionarios de Carabineros se presentaron en la Empresa SOQUIMICH, comandados por el Teniente Alex Cantín Leyton, detuvieron a Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, a quien trasladaron hasta la Comisaria de Tocopilla, luego a un calabozo del Centro de Detención Preventiva de Tocopilla, y en ese lugar permaneció durante tres días bajo crueles e inhumanos tormentos.
El 14 de Septiembre de 1973, es sacado desde la cárcel por el mismo Teniente Cantín y sus subalternos, para trasladarlo a un lugar desconocido, donde se pierde su rastro, sin que hasta la fecha se conozca su destino o paradero».

Si bien, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó como autores a un grupo de ex uniformados por el asesinato de más de una docena de victimas de la dictadura, se les aplicaría el beneficio de media prescripción, la cual reduciría sustancialmente las penas de estos criminales de DD.HH.

El caso comprendido en el llamado "Episodio Tocopilla" tuvo una reciente resolución en la Corte de Apelaciones de Santiago en donde se determinó la autoría en el homicidio y secuestro ocurridos durante el primer mes del golpe de estado en el puerto de Tocopilla.

El reciente fallo, sin embargo, redujo la pena de los condenados aplicando la medida de media prescripción en atención al tiempo transcurrido desde los acontecimientos, lo cual, según señalaron las defensas de las víctimas, será reclamado en instancias superiores.

Episodio Tocopilla

Con el Golpe de Estado de 1973, Humberto Fuentes Morales, Capitán de la Armada, asume como Gobernador de la provincia de Tocopilla, éste, ante su estado de salud, delegó esta responsabilidad en el Prefecto de Carabineros, Luciano Astete Almendras.

A Astete Almendras se le encomendó la misión de conformar un grupo operativo de represión política en Tocopilla, para ello nombró como Fiscal Militar ad-hok al Subprefecto Juan de Dios Salazar Lantery (fallecido), encargado de instruir los procesos que tuvieran relación con las actividades políticas en la provincia, para ello Salazar Lantery designó a determinados funcionarios de la Comisaría de Carabineros para encargarse de detener e interrogar a los partidarios del gobierno de Salvador Allende.

Este grupo operativo estaba al mando del entonces teniente Alex Cantín Leyton, quien coordinará con personal militar, armada y policía de investigaciones la ejecución de allanamientos, detenciones, interrogatorios, torturas y ejecuciones.

El grupo comenzó a operar inmediatamente con el golpe de estado, procediendo a la detención y desaparición de más de una docena de víctimas de la dictadura, de quienes no se tendría noticia sino hasta entrado recién el año 1990.

Según investigaciones, el grupo sería responsable de la muerte de Iván Florencio Morán Araya y Ernesto Manuel Moreno Díaz, quienes la noche del 18 de septiembre fueron detenidos en sus domicilios por los uniformados por Raúl Gaete Cuevas, Juan Bonilla Castro y Diocario Contreras Labrín, todos fallecidos. Siendo conducidos a la comisaría de Tocopilla, donde serían interrogados para ser ejecutados al día siguiente en las afueras de la unidad, bajo el pretexto de haber intentado darse a la fuga.

Sin embargo, uno de los casos más emblemáticos comprende lo sucedido con Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reinaldo Armando Aguirre Pruneda y Freddy Alex Araya Figueroa, quienes fueron detenidos entre el 11 de septiembre y el 4 de octubre. Según la investigación, al ser detenidos habrían sido conducidos a la Comisaría de Carabineros, para luego ser trasladados a la cárcel pública y, finalmente, el día 6 de octubre, maniatados, son conducidos al pique minero “Mina La Veleidosa”, también conocida como “La Descubridora”, a unos 30 kilómetros de Tocopilla.

En dicho lugar se conformaría un pelotón de fusilamiento, integrado por funcionarios de Carabineros, PDI, Armada y Ejercito, quienes posteriormente arrojarían los cuerpos sin vida de Tognola, Garay, Segovia y Villarroel al pique minero, junto a cargas de dinamita que harían detonar para borrar los rastros del crimen.

Adicionalmente, según se logró determinar, posteriormente, desconocidos habrían hecho detonar una nueva carga explosiva, dificultando aún más el posible hallazgo de los cuerpos. Sin embargo, a pesar de lo anterior, los restos de estas víctimas no serían recuperados sino recién hasta el año 1990, gracias a la acción invaluable de la Comisión Independiente de DD.HH. de Tocopilla, quienes, a pesar de las enormes dificultades, contaron con el apoyo de la población para mantener en alto la lucha por justicia y verdad, encontrando el pique y en él los restos de los detenidos desaparecidos.

Los cuerpos de Aguirre y Araya, por otro lado, serían trasladados a la morgue del Hospital Marcos Macuada, y entregados bajo el argumento de haber sido ejecutados por intento de fuga en el marco de un operativo de búsqueda de armas y explosivos.

Por otro lado, las detenciones de Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Oscar Gallegos Santis ocurren entre los días 16 y 20 de septiembre, por uniformados de la Comisaría de Tocopilla, en donde se les mantuvo hasta el 23 de octubre, siendo asesinados al interior de sus celdas y sus cuerpos entregados a la morgue del Hospital Marcos Macuada, bajo el argumento de haber intentado desarmar a un centinela.

Finalmente, en el caso de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, éste, funcionario de la empresa SOQUIMICH, fue detenido el 11 de septiembre en dependencias de la empresa, conducido a la Comisaría, donde sería torturado, para luego ser a un lugar desconocido el 14 de septiembre, fecha desde la cual se pierde su rastro.

A 48 años del golpe es necesario mantener viva la memoria de quienes fueron perseguidos por luchar por un mundo distinto, desde La Izquierda Diario entregamos en esta nota un humilde homenaje a quienes perdieron su vida de la mano de esta dictadura brutal que hoy conserva en el poder a muchos de sus agentes y cómplices

Víctimas del llamado “Episodio Tocopilla”

1. Claudio Rómulo Tognola Ríos, médico Obstetra y jefe de la maternidad del Hospital de Tocopilla y médico de la Sociedad Química de Chile (SOQUIMICH), militante socialista.

2. Carlos Miguel Garay Benavides, supervisor de Cobrechuqui (Codelco), 25 años, militante comunista

3. Luis Orocimbo Segovia Villalobos, 28 años, ingeniero de ejecución, militante socialista

4. Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, 34 años, médico

5. Reynaldo Armando Aguirre Pruneda, de 28 años de edad, empleado de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), militante socialista

6. Freddy Álex Araya Figueroa, 21 años de edad, estudiante universitario, militante socialista

7. Julio Enrique Brewe Torres, de 26 años de edad, profesor, dirigente sindical, militante socialista

8. Breno Benicio Cuevas Díaz, de 45 años de edad, inspector de sanidad, militante socialista

9. Vicente Ramón Cepeda Soto, 31 años de edad, médico cirujano, Director del Policlínico de CODELCO, militante socialista

10. Carlos Oscar Gallegos Santis; de 30 años de edad, profesor, militante socialista

11. Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, gerente de la empresa SOQUIMICH de la ciudad de Tocopilla

12. Ivan Florencio Morán Araya, 21 años de edad, empleado, militante socialista

13. Ernesto Manuel Moreno Díaz, de 18 años de edad, estudiante de enseñanza media, militante socialista.

El abogado querellante Francisco Ugás Tapia, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados y quien representa a familiares de Manuel Muñoz Cornejo, Carlos Garay Benavides y de Vicente Ramón Cepeda Soto, destacó de manera positiva “que se haya logrado cambiar la participación de algunos sujetos que habían sido condenados como cómplices y encubridor por sentencia de primer grado, a la de autores”. Sin embargo, acotó que “es reprochable el que la sala, por mayoría, haya aplicado la media prescripción, cuya incidencia se observa de manera grosera en las penas fijadas”, por lo que recurrirán en los próximos días en contra de la sentencia del tribunal de alzada capitalino, tanto por la parte penal y civil.

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia definitiva de segunda instancia en la causa llamada Episodio Tocopilla, condenando a miembros del Ejército y Carabineros por el homicidio y secuestro calificado de doce víctimas, ilícitos ocurrido entre septiembre y octubre de 1973, en el norte del país.

De esta manera la Sala, integrada por la ministra Mireya Eugenia López y los ministros (as) suplentes Rafael Andrade y María Inés Lausen, confirmó lo resuelto por el ministro de fuero Mario Carroza Espinosa en su fallo de primera instancia y se condena a 15 años de presidio mayor en su grado medio a Luciano Astete Almendras, Alex Adalberto Cantín Leyton, Gilberto Arturo Santiago Egaña García, como autores de los delitos reiterados de homicidio calificado de Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reynaldo Armando Aguirre Pruneda, Freddy Alex Araya Figueroa, Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Óscar Gallegos Santis. Y por el delito de secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo.

Asimismo, se confirma la sentencia respecto de Raúl Darío Almonacid Valdivia, quien queda condenado como autor de los delitos reiterados de homicidio calificado de seis de las doce víctimas, recibiendo la pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo. Y Luis Ramón Guerrero González e Ivar Liborio Muñoz Peña quedan condenados en calidad de autores del delito de secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo a 5 años de presidio menor en su grado máximo.

El abogado querellante Francisco Ugás Tapia, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados y quien representa a familiares de Manuel Muñoz Cornejo, Carlos Garay Benavides y de Vicente Ramón Cepeda Soto, destacó de manera positiva “que se haya logrado cambiar la participación de algunos sujetos que habían sido condenados como cómplices y encubridor por sentencia de primer grado, a la de autores (concretamente, respecto de Gilberto Arturo Santiago Egaña García, de Raúl Darío Almonacid Valdivia, de Ivar Liborio Muñoz Peña, pero, por otra parte, es reprochable el que la sala, por mayoría, haya aplicado la media prescripción (motivo Vigésimo), cuya incidencia se observa de manera grosera en las penas fijadas”.

En este sentido, Ugás informó que recurrirán en los próximos días en contra de la sentencia del tribunal de alzada capitalino, tanto por la parte penal y civil.

Los hechos

El día 18 de septiembre de 1973, en horas de la noche, alrededor de las 20:00 horas, efectivos de Carabineros de Tocopilla comandados por Raúl Gaete Cuevas (fallecido), Juan Bonilla Castro (fallecido) y Diocario Contreras Labrín (fallecido), detuvieron en sus domicilios a Iván Florencio Morán Araya y Ernesto Manuel Moreno Díaz para conducirlos hasta la Comisaría de esa ciudad, donde serían interrogados; sin embargo, en la madrugada del día siguiente, ambos fueron ejecutados afuera de la Comisaría por funcionarios policiales que cumplían órdenes de sus superiores bajo el pretexto de haber intentado darse a la fuga, siendo sus cuerpos posteriormente entregados sin vida con heridas de bala en la morgue del Hospital Marcos Macuada de Tocopilla.

En otra oportunidad, estos mismos funcionarios de la Comisaría de Tocopilla detuvieron durante en el curso de los días 11 de septiembre al 4 de octubre de 1973, a varias personas individualizadas como Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reinaldo Armando Aguirre Pruneda y Freddy Alex Araya Figueroa, y les mantuvieron privadas de libertad en primer término en los calabozos de la Primera Comisaría de Carabineros de esa ciudad y luego, en la Cárcel Pública de dicho puerto, lugar éste último desde donde se les saca para llevarles el día 6 de octubre de ese año, maniatados, hasta el pique minero denominado «Mina La Veleidosa» o «La Descubridora», ubicado a una distancia aproximada a los 30 kilómetros hacia el oriente del centro de la ciudad de Tocopilla.

En ese lugar se les ordena bajar y se procede a conformar un pelotón de fusileros integrados por funcionarios de Carabineros, Investigaciones, Armada y Ejército, a los cuales se les ordena dispararles con sus armas de fuego, para quitarles la vida. Con posterioridad, los cuerpos sin vida de Tognola, Garay, Segovia y Villarroel, fueron arrojados al interior del pique ya citado, el cual en esa fecha tenía una profundidad superior a los seiscientos metros, sus restos fueron parcialmente recuperados e identificados en el transcurso del año 1991, sin embargo, los cadáveres de Aguirre y Araya, son trasladados a la morgue del Hospital Marcos Macuada de Tocopilla, argumentándose habérsele muerte durante un intento de fuga, en los momentos en que se realizaba un operativo de búsqueda de armas y explosivos en el sector de una mina sin nombre.

En tanto, Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Oscar Gallegos Santis, fueron detenidos entre los días 16 y 20 de septiembre de 1973 por efectivos dependientes de la misma Prefectura de Carabineros de Tocopilla, trasladados hasta la Primera Comisaria de esa ciudad, donde se les mantuvo en los calabozos hasta la madrugada del 23 de octubre de ese mismo año, ocasión en que a los cuatro se les dio muerte al interior de sus celdas, utilizando para ello fusiles ametralladoras, sus cuerpos posteriormente entregados a la morgue del Hospital Marcos Macuada, y se informa a la ciudadanía que los detenidos le habían arrebatado el fusil SIG a un centinela que los vigilaba, el que no pudieron utilizar por desconocimiento y debido a ello, personal de servicio de la unidad policial tuvo que abrir fuego y provocarles la muerte.

En tanto, el día 11 de septiembre de 1973, los funcionarios de Carabineros se presentaron en la Empresa SOQUIMICH, comandados por el teniente Alex Cantín Leyton, detuvieron a Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, a quien trasladaron hasta la Comisaria de Tocopilla, luego a un calabozo del Centro de Detención Preventiva de Tocopilla, y en ese lugar permaneció durante tres días bajo crueles e inhumanos tormentos. El 14 de septiembre de 1973, es sacado desde la cárcel por el mismo teniente Cantín y sus subalternos, para trasladarlo a un lugar desconocido, donde se pierde su rastro, sin que hasta la fecha se conozca su destino o paradero».

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las sentencias y aumentó las penas que condenan a seis ex miembros de Carabineros y la Armada por el crimen de doce personas víctimas de la represión posterior al golpe militar en 1973.

La sentencia de segunda instancia resuelve sobre el caso de los homicidios calificados de Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reynaldo Armando Aguirre Pruneda, Freddy Álex Araya Figueroa, Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos "scar Gallegos Santis; y el secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo. Todos los delitos fueron cometidos en los meses de septiembre y octubre de 1973, en la comuna de Tocopilla.

Confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 17° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de $30.000.000 (treinta millones de pesos) a hermano de Freddy Álex Araya Figueroa, estudiante universitario fusilado por agentes del Estado en pique minero de Tocopilla, en octubre de 1973.

En fallo unánime (causa rol 7.594-2020), la Octava Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Rafael Andrade, Enrique Durán y la abogada (i) María Angélica Benavides– confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 17° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda.

«Que, en materia de intereses, se debe precisar que los intereses por los cuales debe ser condenada la demandada, son los intereses corrientes, los cuales, solo serán procedentes desde que el deudor se haya constituido en mora», dice el fallo.

Agrega: «Que, en cuanto a la condena en costas, es opinión de esta Corte que el demandado, por un lado, no fue vencido totalmente, debido a que el demandante no obtuvo el monto íntegro demandado, y por otro lado, tuvo motivos plausibles para litigar, razón por la cual, la demandada debe ser eximida del pago de las costas».

«Que esta Corte comparte los fundamentos del sentenciador del Tribunal a quo en virtud de los cuales se acoge la demanda de autos, así como también, comparte el monto indemnizatorio respecto del cual ha sido condenada la parte demandada», concluye.

Ejecución pique minero

En la arista penal del caso (causa rol 2.182-1998. Episodio Tocopilla), el ministro en visita extraordinaria Mario Carroza dictó sentencia de primera instancia el 25 de octubre de 2018. Dictamen que, entre otros hechos, estableció con relación al homicidio calificado de Freddy Araya Figueroa que: «(…) funcionarios de la Comisaría de Tocopilla detuvieron durante el curso de los días 11 de septiembre al 04 de octubre de 1973, a varias personas individualizadas como Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reinaldo Armando Aguirre Pruneda y Freddy Álex Araya Figueroa, y les mantuvieron privados de libertad en primer término en los calabozos de la Primera Comisaría de Carabineros de esa ciudad y luego, en la Cárcel Pública de dicho puerto, lugar este último desde donde se les saca para llevarles el día 06 de octubre de ese año, maniatados, hasta el pique minero denominado ‘Mina La Veleidosa’ o ‘La Descubridora’, ubicado a una distancia aproximada a los 30 kilómetros hacia el oriente del centro de la ciudad de Tocopilla, en ese lugar se les ordena bajar y se procede a conformar un pelotón de fusileros integrados por funcionarios de Carabineros, Investigaciones, Armada y Ejército, a los cuales se les ordena dispararles con sus armas de fuego, para quitarles la vida.

Con posterioridad, los cuerpos sin vida de Tognola, Garay, Segovia y Villarroel, fueron arrojados al interior del pique ya citado, el cual en esa fecha tenía una profundidad superior a los seiscientos metros, sus restos fueron parcialmente recuperados e identificados en el transcurso del año 1991, sin embargo, los cadáveres de Aguirre y Araya, son trasladados a la morgue del Hospital Marcos Macuada de Tocopilla, argumentándose habérsele muerto durante un intento de fuga, en los momentos en que se realizaba un operativo de búsqueda de armas y explosivos en el sector de una mina sin nombre».

A mediados de octubre de 1973, cuando yo tenía cinco años, llegó un señor a nuestra casa. Medio escondido y asomado entre las piernas de mi madre, escuché su historia. El hombre le dijo a mi madre que mi padre se entregó. No sabían nada más, solo que había desaparecido. El hombre se disculpó y tan rápido como llegó, desapareció.

COPIAPÓ, Chile ? El viernes 20 de mayo de 2022 mi familia recibió un féretro pequeño y liviano que contenía los restos de mi padre Agustín Villarroel Carmona. Un segundo ataúd contenía los restos de su colega Luis Segovia. Los militares los ejecutaron y finalmente regresaron a casa.

Hace cuarenta y nueve años, la dictadura de Augusto Pinochet ejecutó extrajudicialmente a mi papá. Esperamos casi cinco décadas para recuperarlo.

Llevamos los féretros a la Casa de la Memoria de Atacama para un acto público. Asistieron autoridades locales, líderes sociales, políticos, cantantes populares y artistas. El largo viaje hasta este momento no ocurrió solo. En cada paso del camino me acompañaron los Familiares y Amigos de los Ejecutados Políticos y los Detenidos Desaparecidos de Atacama.

Gobierno ejecuta a padre por ideología política comunista

A las 18:00 el 6 de octubre de 1973 mi padre se entregó en la comisaría de Tocopilla, Chile. Circularon comunicados oficiales por la ciudad pidiendo su rendición. Grupos militares allanaron pueblos buscándolo.

Durante la juventud de mi padre habló sobre sus creencias comunistas. Cuando se enteró por sus camaradas comunistas de que los jóvenes en prisión estaban siendo torturados y ejecutados por su culpa, se rindió voluntariamente.

Al entrar a la comisaría se encontró con Hilda Alfaro, viuda de Marco de la Vega. Vega fue un político ejecutivo. Hilda trató de convencer a mi papá de que no se rindiera, pero él se decidió. Él dijo: “No, compañera, no puedo seguir escondiéndome. No puedo seguir permitiendo que mi pueblo sufra. Me voy a entregar para que esto acabe”.

Poco después, ejecutaron a mi padre, junto con cuatro compañeros, y arrojaron sus cuerpos al pozo de una mina en medio del desierto de Atacama. Arrojaron a ocho presos ejecutados más en el lugar en los meses siguientes. Luego usaron dinamita para hacer estallar y prender fuego a la mina de 600 metros de profundidad para que no se pudieran encontrar pruebas.

Aparece un hombre con noticias devastadoras para una mamá y sus hijos

A mediados de octubre de 1973, cuando yo tenía cinco años, llegó un señor a nuestra casa. Como el más joven, me quedé al lado de mamá y la seguí a la calle. Medio escondida y asomándome entre las piernas de mi madre, escuché la historia. El hombre le dijo a mi madre que mi padre se entregó. No sabían nada, solo que había desaparecido.

El hombre se disculpó con mi madre. Tan rápido como llegó, desapareció. Volví a entrar en la casa. El camino desde la calle hasta la puerta pareció llevar mucho tiempo. Mirándola, no vi lágrimas, pero sentí su respiración profunda muchas veces.

Se acercó al resto de mis hermanos dentro de la casa vacía, que no tenía muebles. No tenía color ni fotografías. Todo lo que teníamos se quedó en Tocopilla. Ella le dijo a mi hermano que el papá había desaparecido y que los soldados probablemente lo mataron. Necesitaban gritar y llorar pero no podían. Su dolor y angustia se convirtieron en silencio.

Uno de mis hermanos salió corriendo de la casa. Viviendo en un pueblo, un cerro nos servía de patio. Corrió colina arriba y gritó: “¡milicos culiaos mataron a mi papá!”. Estuvo alejado dos días con solo once años.

La fuerza de una mujer inspira a sus hijos a luchar por justicia

Hasta entonces, mi madre vivía sumisa como esposa de un comunista. Prácticamente no tenía educación y se desempeñó como ama de casa en la sociedad ultramachista de Chile en la década de 1970. La vi transformarse de una paloma tímida en una leona para proteger y alimentar a sus cachorros.

Siguieron años dolorosos llenos de soledad, depresión, angustia e incertidumbre. No permanecimos cerca de ningún partido político. Nuestra madre siempre estuvo detrás de nosotros con resiliencia y fuerza. Ella crió a los niños para que fueran buenas personas.

Cuando llegó la democracia a Chile en 1990, se iniciaron las búsquedas en la mina y se descubrieron los primeros restos. Esos restos los trajimos a Copiapó. Sin apoyo del Estado, confiamos en voluntarios, médicos generales y trabajadores de derechos humanos para comenzar el proceso de identificación. Las primeras identificaciones utilizaron huellas dactilares, pero seguía siendo difícil determinar a quién pertenecían los otros fragmentos de huesos.

Se cometieron errores graves. La familia del prisionero ejecutado Carlos Garay recibió 19 piezas de hueso. Un año después, recibieron todo su cuerpo pero no devolvieron el primer juego de huesos. Enterraron los huesos y su cuerpo uno al lado del otro.

Cuando mi familia descubrió esto en 1993, habíamos estado tocando puertas durante algún tiempo en busca de respuestas. Dudamos al principio. Luego, hace seis años, intervinieron peritos y realizaron una prueba de ADN, que enviaron a un laboratorio especializado en el extranjero. Este año, finalmente descubrimos que los huesos pertenecían a mi padre y a Luis Segovia.

Cuarenta y nueve años después, presos políticos asesinados regresan con sus familias

En la plaza principal de la ciudad en mayo, realizamos una ceremonia. Los artistas de la ciudad les rindieron homenaje. En un día soleado, sus ataúdes estaban en el centro, rodeados de gente. Hablé en nombre de mi familia y le dije a la multitud que eliminé la palabra víctima de mi vocabulario. Mi padre era más que eso. Representó la lucha, el compromiso y una ideología. Estos hombres representaban la esencia de esa vieja ideología de izquierda en Chile. Recordémoslos como los grandes luchadores políticos y sociales de este país.

Ese día caminamos desde la plaza hasta el Cementerio General. Cientos de personas nos acompañaron al memorial, construido por familiares de víctimas. Marcó, para mí, el final de un largo y doloroso episodio de mi vida. Tengo algo de paz y la convicción de que mi lucha servirá a una nueva generación.

Hoy, seguimos esperando justicia. Seis agentes estatales continúan condenados por estos delitos, decisión judicial que muchos consideran inapropiada según los estándares internacionales para casos de graves violaciones a los derechos humanos.

Encontramos a mi papá después de 49 años. Aunque enfrentamos miles de obstáculos en el camino, nos mantuvimos firmes en la verdad y en la certeza de que estábamos haciendo lo correcto. Como mi padre, habría seguido adelante, aunque me costara la vida. Ahora luchamos por la justicia.

Rodolfo Villarroel Maya es hijo de Agustín Villarroel Carmona, ejecutado en 1974 y cuyo cuerpo desapareció durante toda la dictadura militar en Chile. Rodolfo ha representado a su familia en la lucha por la verdad y la justicia, que ha incluido la búsqueda de los restos de su padre y la obtención de la certeza de que era él. Ha sido presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Atacama durante varios años y siempre ha sido un miembro activo de esta organización.

CONTEXTO

Tras el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende y su gobierno democráticamente elegido, formado por la coalición socialista «Unidad Popular», durante 17 años se produjeron violaciones de los derechos humanos en Chile, que incluyeron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y encarcelamiento político.
Las víctimas fueron calificadas y reconocidas como tales. A la vuelta de la democracia su número ascendió a 3.225 desapariciones y ejecuciones y 38.254 casos de tortura y prisión política.

El Estado ha promovido políticas de reparación que incluyen el acceso a la asistencia sanitaria para las víctimas y sus familias y becas de estudio. Sin embargo, la justicia por parte del sistema ha sido lenta, condenando sólo a una pequeña parte de los violadores de los derechos humanos que cumplen sus penas en cárceles especiales.

El caso Tocopilla contempló la ejecución extrajudicial y posterior desaparición de doce personas. Sus cuerpos fueron ocultados en la mina de La Veleidosa. Seis ex militares fueron condenados por estos crímenes y el caso se encuentra actualmente en la última fase del proceso judicial chileno.

La actividad, que es parte de las acciones de conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar, busca mantener viva la memoria a través de la arborización de espacios de memoria o en los que se vulneró los derechos humanos, y en Atacama el hito coordinado por la SEREMI de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se realizó en la Casa de la Memoria ubicada en Copiapó.

Con la plantación de 13 arbustos de quebrachos y alcaparras en la Casa de la Memoria ubicada en la comuna de Copiapó, se llevó a cabo el hito “Árboles por la Memoria”, iniciativa que es parte de las acciones de conmemoración de los 50 años del golpe de estado cívico-militar, y es organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio con el apoyo de la cartera de agricultura.

La actividad, que contó con la presencia de las mas altas autoridades de la región presididas por el Delegado Presidencial Regional Cristhian Fuentes Varas, el Gobernador Regional, Miguel Vargas Correa, y el Presidente de la Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Atacama, Mario Silva Álvarez, rindió homenaje a los 13 detenidos desaparecidos de Atacama, y a sus familiares y amigos, apuntando a mantener la memoria viva de estas personas y sus historias, así como de los hechos que ocurrieron en el golpe de estado y la dictadura militar.

Maguindo Castillo Andrade, Benito Tapia Tapia, Ricardo García Posada, Pedro Acevedo Gallardo, Rafael Araya Villanueva, Yactong Juantock Guzmán, Aladin Rojas Ramírez, Guillermo Rojas Zamora, Alonso Lazo Rojas, José Guggiana Espoz, Lenin Díaz Silva, Leonardo Iribarren, y Joel Huaiquiñir Benavides, son los 13 detenidos desaparecidos que hoy cuentan con un árbol plantado en el inaugurado Paseo de la Memoria en la Casa de la Memoria en Copiapó.

“Árboles por la Memoria es una iniciativa que nos invita a plantar memoria y cosechar futuro, y que se enmarca en la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar, brindándonos la oportunidad de encontrarnos, dialogar y reflexionar sobre la importancia de la democracia, y a la vez rendir homenaje a las víctimas de la dictadura militar, y con esta acto de plantar 13 árboles, recordar y poner en valor la historias de vida de las 13 personas que aún están en calidad de detenidos desaparecidos en la región”, manifestó el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Guillermo Rojas Iribarren .

TESTIMONIOS

En la actividad de memoria, dieron sus testimonios a los presentes Rodolfo Villaroel, hijo del minero Agustín Villaroel Carmona, y vocero de la Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Atacama, Doris Acevedo, tía de Pedro Acevedo Gallardo, estudiante universitario y detenido desaparecido oriundo de Tierra Amarilla, y Katherine Rojas, hija de Aladin Rojas Ramírez, minero nacido en Tierra Amarilla y detenido desaparecido.

“Para mí es un avance gigantesco, un paso abismante, he rezado tanto y pedido que alguien nos apoyará en la búsqueda de mi padre. Gracias al presidente Gabriel Boric tenemos esta oportunidad de reunificar Chile, y para perdonar tenemos que poder encontrar a nuestros padres, hijos, familiares que están detenidos desaparecidos (…) no se puede reparar con nada el daño que nos ocasionó la dictadura, un daño medular, transgeneracional. Conmemorar es tan doloroso, volver a revictimizarnos y volver a vivir el duelo eterno, no sé lo que es vivir sin duelo, sin sentir la pena por la pérdida de alguien, es un sentimiento de no estar completa (…), mi mamá falleció en 2020 buscando a su esposo, mi abuela murió esperando a su hijo, y aún hay tres hermanos que seguimos buscando a mi padre, así que tengo sentimientos encontrados de pena y felicidad por este acto conmemorativo, es algo a lo que uno no se acostumbra jamás”, mencionó Katherine Rojas Leyton.

La iniciativa Árboles por la Memoria se ejecutará hasta el 29 de agosto a lo largo de todo el país, día previo a la conmemoración del día nacional e internacional del detenido desaparecido (30 de agosto), y posibilitará la plantación de 2085 árboles que recordarán a las víctimas de la dictadura militar.

“Este ha sido una ceremonia muy simbólica y significativa, porque estos 13 padres, hermanos, primos, que son nuestra familia, son personas que se encuentran desaparecidas hasta el día de hoy (…) nunca más supimos de su destino, y como no sabemos donde están sus cuerpos y hacer los rituales que esto conlleva de llevarles flores, visitarles, les hemos simbolizado en estos 13  árboles que representan vida, esperanza, sabiduría, y este es un hecho muy relevante para nosotros (…) y este gobierno es uno de los que más se ha preocupado por los derechos humanos”, señaló Mario Silva Álvarez, presidente de la Agrupación de Familiares y amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Atacama.

Finalmente, el delegado Presidencial Regional, Cristhian Fuentes Varas, remarcó la importancia del hito como un espacio de memoria y reflexión. “Estamos conmemorando con el concepto de memoria viva, y para poner en valor el legado de los 13 detenidos desaparecidos que hoy homenajeamos, y de los que acompañamos a sus familiares y amigos. Plantamos estos 13 árboles para recordarles, y también para recordar la importancia de la democracia, en esta actividad que se enmarca en la conmemoración de los 50 años del golpe de estado, y que impulsa con toda su impronta nuestro presidente Gabriel Boric”.