Con sentimientos encontrados quedó el abogado querellante en esta causa, Fernando Leal. Por un lado, se mostró conforme con que el ministro en visita en casos de derechos humanos Hernán
González haya dictado condena y el pago de una indemnización, pero no descartó apelar porque esperaba más de la justicia. El profesional afirmó que "si bien estamos conformes con que la sentencia haya establecido que se cometió un ilícito y se haya condenado al acusado y establecida una indemnización en contra del Fisco, nos parece que la pena que se aplica es menor entendiendo que el delito que se termina condenando es por detención ilegal, pero creemos que habría que recalificarlo como secuestro calificado", indicó.

Pago

Fernando Leal también calificó de muy baja la indemnización decretada de 25 millones de pesos para la hija de la víctima. "Es una suma menor en atención al dolor que ella ha tenido durante toda su vida producto de la desaparición de su padre, por lo que estamos estudiando recurrir de los resuelto por el ministro", sostuvo. No hay que olvidar que en este caso el condenado es el ex coronel de Ejército Juan Morales Salgado, sentenciado por detención ilegal y arbitraria a 541 días de prisión con el beneficio de la remisión condicional. Al uniformado se le acusó de la desaparición de Waldo Villalobos Moraga, quien tenía 48 años cuando se le perdió la pista el 23 de diciembre de 1973.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal condenó al oficial de Ejército en retiro Juan Hernán Morales Salgado a la pena de 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad en el delito consumado de secuestro calificado del obrero Waldo Ricardo Villalobos Moraga. Ilícito cometido a partir del 28 de diciembre de 1973, en la comuna de Linares.

La Corte Suprema acogió los recurso de casación en el fondo deducidos y, en sentencia de reemplazó, condenó al oficial de Ejército en retiro Juan Hernán Morales Salgado a la pena de 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad en el delito consumado de secuestro calificado del obrero Waldo Ricardo Villalobos Moraga. Ilícito cometido a partir del 28 de diciembre de 1973, en la comuna de Linares.

En fallo unánime (causa rol 14.183-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por el ministro Leopoldo Llanos, la ministra María Teresa Letelier, el ministro Juan Manuel Muñoz Pardo, el abogado (i) Gonzalo Ruz y la abogada (i) Leonor Etcheberry– estableció error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Talca, al confirmar la de primer grado que condenó a Morales Salgado por detención ilegal.

“Que, los hechos que se han tenido por establecidos en estos antecedentes, a través de los elementos probatorios reunidos durante la investigación, no permiten concluir que concurran las exigencias mencionadas para enmarcar las acciones del acusado en el aludido artículo 148”, plantea el fallo.

La resolución agrega que: “En efecto y tal como se advierte del motivo sexto (fojas 1.772) de la sentencia de primera instancia, no consta en parte alguna que la detención efectuada por Morales Salgado haya obedecido a un delito cometido por la víctima, ni menos aún que quedara constancia de dicha detención y que se le pusiera a disposición de algún tribunal de la República para su procesamiento, sino que, por el contrario, tal como se lee de los hechos irrevocablemente fijados por el fallo de primer grado, no alterados por el de segunda, Waldo Ricardo Villalobos Moraga fue detenido con abuso de una función pública, sin orden de autoridad competente que lo justificase. En la especie, el resultado que la víctima se encuentra desaparecida y se ignora su actual paradero constituye el grave daño en las personas detenidas previsto en el precepto, conclusión que no se ve alterada con la modificación que la Ley 18.222, de 28 de mayo de 1983, introdujo al artículo 141, agregándole su inciso final, pues esa adición no basta para suponer que el deceso del plagiado durante la privación de libertad haya estado descartado”.

Para la Sala Penal, en la especie: “(…) en conformidad con lo expresado, al caracterizar los hechos establecidos como un delito de detención ilegal y arbitraria, en lugar de un delito de secuestro calificado, que era lo que correspondía, los jueces de alzada han incurrido en su sentencia en el vicio denunciado por los recurrentes, de modo que los libelos serán acogidos a este respecto”.

Por tanto, se resuelve en la sentencia de reemplazo:
“I.- Que se confirma, en lo apelado, la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, escrita a fojas 1.668 y siguientes, pronunciada por el señor Ministro en Visita Extraordinaria don Hernán González García, con declaración que Juan Hernán Morales Salgado, ya individualizado, queda condenado, como autor de un delito de secuestro calificado en la persona de Waldo Ricardo Villalobos Moraga, perpetrado el día 28 de diciembre de 1973, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y, la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
Atendida la entidad de la pena impuesta, no resulta procedente la concesión de ninguno de las penas sustitutivas establecidas en la Ley N° 18.216, debiendo cumplirla efectivamente, sirviéndole de abono el tiempo que haya permanecido privado de libertad en estos antecedentes, lo cual deberá ser certificado en la etapa de ejecución.
II.- Se rechazan las excepciones de reparación satisfactiva y prescripción invocadas por el Fisco de Chile.
III.- Se confirma la sentencia apelada referida, con declaración que el Fisco de Chile queda condenado a pagar la suma $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a la demandante María Elena Villalobos Guzmán, como resarcimiento del daño moral demandado”.

Decisión acordada con la prevención del ministro Llanos, quien fue del “parecer de regular el daño moral en la suma de ochenta millones de pesos en atención a los hechos que se tuvieron por configurados y su gravedad, en especial, la desaparición del padre de la víctima, ignorándose hasta ahora su paradero”.

En el fallo de primera instancia, el ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Talca Hernán González García dio por establecidos los siguientes hechos:
“a) El 23 de diciembre de 1973 Waldo Ricardo Villalobos Moraga fue detenido en la vía pública, en Linares, por efectivos de Carabineros y Gendarmería.
b) Dicha detención se produjo por agentes o funcionarios del Estado, en una época de excepción constitucional (estado de sitio/estado o tiempo de guerra interna).
c) Una vez detenido, fue llevado a la Comisaría de Carabineros y luego a la cárcel de esa ciudad, en la que permaneció algunos días, luego de los cuales salió de ese establecimiento y fue detenido por, al menos un militar, también agente o funcionario del Estado, en esa época de excepción constitucional (estado de sitio/estado o tiempo de guerra interna).
d) La víctima está desaparecida y se ignora su paradero desde el 28 de diciembre de 1973 hasta la fecha”.

La Agrupación de Familiares de DD de Talca, San Javier, Linares y Parral visitó, por primera vez, el sitio señalado por un testigo como el lugar donde en 1973 se cavaron varias fosas.

Una zona circular, desmalezada, de aproximadamente 50 metros de diámetro, rodeada de bosque nativo, arbustos y zarzamora, es el lugar donde Mercedes Fernández (87) tiene puesta su mirada y su vida. En ese lugar, a unos 12 kilómetros desde la entrada principal de la Villa Baviera, podrían haber vestigios de su hijo, Luis Evangelista Aguayo Fernández, a quien vio por última vez el 12 de septiembre de 1973.

El joven, un inspector de liceo de Parral, tenía 21 años cuando se lo llevó una patrulla de Carabineros, pocas horas después del golpe de Estado, ocurrido el 11 de septiembre de 1973. Es uno de las más de 40 personas que fueron secuestradas y hechas desaparecer de esa comuna, cuya suerte pudo terminar en el Centro de Detención, Tortura y Exterminio Colonia Dignidad. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Talca, San Javier, Linares y Parral visitó, por primera vez, el sitio señalado por un testigo como el lugar donde en 1973 se cavaron varias fosas, para arrojar y ocultar en ellas los cuerpos de prisioneros que fueron fusilados, entre septiembre y diciembre de 1973.La señora Mercedes Fernández es una de las 70 personas que recorrió este domingo 10 de septiembre los 12 kilómetros al interior del enclave alemán en vehículo, y luego caminaron unos 600 metros, entre añosos árboles y sendas pronunciadas. “Este mismo recorrido es el que pudo haber hecho mi hijo antes que me lo mataran”, solloza la octogenaria madre.

Ella es de las pocas madres que sobreviven, tras años de búsquedas. Sobre los barrosos senderos color terracota del fundo alemán, también miran cada rincón, buscando vestigios de sus hermanos María Cristina Escanilla Escobar, que busca a su hermano Claudio Escanilla Escobar, 17 años al momento de su detención, en Parral, el 13 de septiembre de 1973; Raquel Vivanco, busca a Víctor Vivanco Vásquez, 19 años, visto por última vez el 8 de octubre 1973, en Parral; Elena Villalobos, también busca a su hermano, Waldo Villalobos Moraga, detenido desaparecido desde el 23 de diciembre de 1973 en Linares; Lidia Lara, por su parte, no ve a su hermano, Fernando Antonio Lara Rojas, desde 7 de mayo de 1976, cuando se lo llevaron desde la casa que compartían en Talca.

Myrna Troncoso, presidenta de la AFDD a nivel regional, dijo que se reunieron el jueves último con el ministro en visita Mario Carroza, quien les explicó con detalle una diligencia en terreno realizada el 25 de agosto último, cuando fijaron el lugar, con el testigo presente, con la policía y peritos antropólogos.

La dirigenta explicó que “hay un nuevo indicio, una luz de esperanza de que algunos de nosotros sepamos si esta tierra aún oculta a uno o varios de nuestros amados familiares. Tenemos que ser prudentes, cautos. No debemos hacernos expectativas más allá de lo que la ciencia y la correcta actuación del juez Mario Carroza nos vaya diciendo”.

Agregó que “se trata del testimonio que valoramos mucho, de un ex colono alemán que trabajó en desenterrar cadáveres y que por primera vez reveló que este lugar esconde una fosa que en 1978 no fue excavada”.

Myrna Troncoso hizo un llamado a otros colonos alemanes o ex conscriptos que hayan participado en estos hechos a que se acerquen al juez o a los familiares. “Nosotras somos madres, hermanas, abuelas. Buscamos a nuestros queridos familiares porque es una herida abierta que no sana si no hay Verdad. Si saben algo, por favor acérquense o escriban a ddhhtalca@gmail.com por cualquier información sobre la Colonia Dignidad. Esto nos ayuda a nosotros pero también a quienes tengan esa información. Será un alivio de conciencia para ellos que fueron mandados por oficiales”.

Por su parte, la abogada Mariela Santana, anunció que se harán parte en la investigación que instruye el juez Carroza. “Ahora más que nunca debemos mantener informados a los familiares y tenemos información útil a la causa sobre inhumación y exhumación ilegal, que entregaremos en su oportunidad al magistrado, lo que significará un tremendo avance después de tantos años”, señalo la profesional.

Mientras el silencio consumió las voces de los familiares, el diácono Guido Gossens (conocido activista y defensor de los derechos humanos en la Región del Maule) dirigió la primera oración cristiana en el lugar. Pese a los llamados a la cautela sobre la expectativas, los ojos de Mercedes Fernández no pudieron más y se ahogaron en lágrimas. Myrna Troncoso y otros familiares se trenzaron en un emotivo abrazo porque pese a la razón, la esperanza ha renacido.

Durante la visita al lugar se informó que el Gobierno liberó los fondos necesarios para realizar las diligencias en el lugar, que estarán a cargo de los antropólogos Iván Cáceres y Kenneth Jensen. Los científicos han trabajado en numerosos casos de búsqueda de sitios usados para inhumar o exhumar personas asesinadas en dictadura.

El ministro Jorge Zepeda, que investigo 16 años el caso Colonia Dignidad, sin condenar a ningún jerarca alemán por delitos de lesa humanidad, los sacó del caso en 2009, cuando no aceptó la sugerencia de los científicos de buscar en el mismo lugar que hoy se ha transformado en el único sitio del país con información suficiente como para considerar que fue un sitio usado como fosa.

Asimismo, Myrna Troncoso, manifestó que de ser necesarios, solicitarán al Gobierno de Alemania que provea recursos económicos o tecnología para que apoyen las tareas científicas.

“Alemania pidió perdón y esta dispuesta a ayudar económicamente. Más que memoriales, lo que necesitamos, lo que urge hoy es saber la verdad y para eso hay que poner recursos en ciencia y tecnología”, explicó.

Anunció que formarán parte de una comisión bilateral que se está conformando, a instancias del Ministerio de Relaciones exteriores, con Alemania, donde “esperamos que escuchen fuerte y claro el mensaje de los familiares, porque nosotros no tenemos intermediarios y ojalá sólo hubiera familiares y víctimas, sin instituciones ni ONGs externas que no saben lo que ha significado luchar 44 años contra la Colonia Dignidad”.

 Bajo la supervisión del juez chileno Juan Guzmán Tapia comenzaron ayer excavaciones en un recinto militar al sur de Chile, donde supuestamente fueron enterrados presos políticos desaparecidos bajo la dictadura militar (1973-90).

Con apoyo de la policía de Investigaciones, testigos y familiares de las víctimas, el juez dirigió la primera jornada de excavaciones en un extenso campo de pruebas militares que pertenece a la Escuela de Artillería de Linares, a 306 kilómetros al sur de Santiago.

Las faenas en el recinto de 20.000 hectáreas fueron dirigidas por peritos del laboratorio de criminalística de la policía civil y seguidas por el fiscal militar de la ciudad de Talca, José Manuel Urrejola.

Según datos del Informe Rettig que documentó las violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de Augusto Pinochet, en Linares se registraron nueve casos de detenidos desaparecidos entre 1973 y 1990.

Se trata de José Campos Morales, Alejandro Mella Flores, Rubén Bravo, Anselmo Cancino Aravena, Hernán Contreras Cabrera, María Beltrán Sánchez, Waldo Villalobos Moraga, Guillermo del Campo Ramírez y Luis Tapia Concha.

La mayoría era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y trabajaba en organizaciones campesinas o estudiantiles. Los relatos de testigos coinciden en que los detenidos fueron trasladados al regimiento de Linares y que sus huellas se perdieron en el campo de pruebas militares ubicado en la precordillera. Parientes de las víctimas junto a miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos también llegaron al lugar para seguir de cerca las excavaciones.

Apoyan desafuero de Pinochet

Santiago de Chile (dpa) – La defensa de la familia Prats llamó ayer a los tribunales chilenos a acceder a la petición de desafuero del ex dictador Augusto Pinochet por el asesinato del ex jefe del Ejército chileno, el general Carlos Prats, y su esposa Sofía Cuthbert, ocurrido en Buenos Aires, en 1974.

Según indicó la abogada querellante Pamela Pereira, no existen argumentos válidos sobre la salud del octogenario militar que le impidan ser desaforado por este caso, que investiga la jueza argentina María Servini de Cubría.

La magistrada formalizó el lunes una petición de desafuero contra Pinochet, escrito que, de acuerdo a informaciones provenientes de Argentina, se encuentra en la cancillería de ese país para luego ser remitido a Chile.

Pereira indicó que la Corte de Apelaciones de Santiago debería ver en enero próximo la solicitud de desafuero, una vez que todos los antecedentes sean remitidos por la justicia argentina. «Nosotros vamos a instar para que en el próximo mes de enero pueda constituirse el tribunal pleno y de esa forma resolver sobre el pedido de desafuero», dijo la profesional.

El desafuero es el requisito fundamental que le permitiría a Servini tomar declaración indagatoria a Pinochet.