Manuel de la Cruz Vargas Leiva
Antecedentes del Caso
Rut : 1.169.190 de Santiago
F.Nacim. : 20-06-22, 54 años a la fecha de su detención
Domicilio : El Atajo 029, Til-Til
E.Civil : Casado, 4 hijos
Actividad : Jubilado de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas
C.Repres. : Alcalde de la Comuna de Til-Til de 1945 a 1949 Regidor de Til-Til hasta el 11 de septiembre de 1973 en representación del Partido Comunista. Miembro del Comité Central del Partido Comunista
F.Detenc. : 7 de agosto de 1976
SITUACION REPRESIVA
Manuel de la Cruz Vargas Leiva, casado, cuatro hijos, jubilado, ex Alcalde de Til Til, militante del Partido Comunista de Chile, fue detenido alrededor del mediodía del día 7 de agosto de 1976 por agentes de la DINA, en las inmediaciones de la Estación Central. Momentos antes había estado en ese mismo lugar con su hijo Manuel Enrique, quien relató que su padre le había comentado en dicha oportunidad que por esos días estaba siendo buscado por agentes de seguridad. Además, le señaló que se dirigía a encontrarse con su cónyuge ya que debía entregarle dinero par los gastos de la casa. Manuel Enrique se despidió de su padre y sólo volvió a saber de él cuando le informaron que no había llegado donde su cónyuge. Ella, la señora Irene Marín, relató posteriormente que el afectado "ese día, debía reunirse conmigo a fin de entregarme la pensión mensual ...no concurrió a nuestra cita, esa mañana me llamó por teléfono y me preguntó si yo iba a salir y le contesté que no. El quedó de llamarme nuevamente esa tarde, para ponernos de acuerdo sobre el lugar donde me entregaría el dinero del mes, pero no me llamó más".
Los agentes de la DINA luego de aprehender a Manuel Vargas Leiva, lo trasladaron hasta el recinto de Villa Grimaldi ubicado en José Arrieta en la comuna de Peñalolén, así lo consigna el informe final de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. En declaración jurada del 4 de diciembre de 1979, Juana del Carmen Vicencio Hidalgo, detenida el 13 de agosto de 1976, relata que estando detenida en Villa Grimaldi fue interrogada intensamente por Manuel Vargas Leiva. Agrega que en una ocasión pudo ver en dicho recinto y conversar con él a Mario Juica Vega, persona que siempre acompañaba a Manuel Vargas; la última vez que los había visto juntos era el 30 de julio. Juica Vega había sido detenido el 9 de agosto y al igual que el afectado se encuentra desaparecido. Posteriormente, a fines del mes de septiembre de 1976, llegaron al domicilio del afectado en Til-Til 4 sujetos de civil. Allí conversaron con la suegra de Manuel Enrique Vargas, hijo del afectado. Su interés era establecer los bienes que eran de propiedad de la víctima. Esa fue la última oportunidad en que los agentes se hicieron presentes.
Años antes, en 1949, Manuel Vargas Leiva siendo Alcalde de Til-Til fue detenido y relegado a la isla de Melinka. Años más tarde, después del Golpe Militar de 1973, precisamente en la madrugada del 22 de enero de 1975, llegaron hasta el domicilio del afectado en Til-Til, 5 sujetos de civil, movilizados en una camioneta Station Wagon marca FARGO, sin patente. Los sujetos allanaron la casa y se llevaron "secuestrados", ya que no hubo orden competente, a sus hijos Flavia y Manuel Enrique, los trasladaron hasta las cercanías de una playa donde los encerraron en unas casetas. Al mediodía del día siguiente los interrogaron respecto de las amistades de su padre, los lugares que visitaba, si tenía armas en la casa, durante el interrogatorio los agentes golpearon a ambos hermanos permanentemente, incluso los amenazaron de muerte. Ya en la noche los sacaron del lugar y los devolvieron a su domicilio.
El 21 de mayo de 1976 al mismo domicilio anterior concurrieron civiles que se movilizaban en un taxi Peugeot, cerca de la 04:00 de la tarde. Los sujetos preguntaron a Manuel Enrique si ahí vivía Vargas, y como les respondiera que él era el único Vargas que allí vivía los agentes se retiraron sorprendidos, según relatara éste.
Una semana más tarde, el 27 de mayo de 1976, volvieron al domicilio señalado, los mismos sujetos acompañados de otros tres y movilizados en un auto Peugeot celeste. Los agentes hablaron con la señora Norma Cimino, suegra de Manuel Enrique, y le preguntaron por él, además agregaron que estaban buscando al afectado y que se les había escapado, pero en Santiago lo ubicarían.
Nuevamente volvieron el 3 de junio de 1976, en esa oportunidad mostraron una foto carnet de Flavia Vargas, hija de la víctima, y le preguntaron a la señora Norma por la dirección de ella en Santiago, además le preguntaron por la edad y descripción física de Manuel Vargas Leiva. Finalmente los agentes de la DINA detuvieron al afectado, quien permanece hasta la fecha en calidad de detenido desaparecido.
GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 23 de agosto de 1976, Irma Marín presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de amparo en favor de su cónyuge Manuel Vargas Leiva. El escrito que denunciaba la detención del afectado ingresó al Tribunal el 24 de agosto de 1976 con el rol Nº807-76. Con fecha 31 de agosto de 1976, el Ministro de Interior informó a la Corte que el afectado no se encontraba detenido por orden de dicha Secretaría de Estado.
La Jefatura del Area Metropolitana de Investigaciones señaló que en ninguna de sus unidades dependientes se encontraba detenido el afectado. Una respuesta similar entregó, a través del Ministro del Interior, el Prefecto de la Zona Metropolitana de Carabineros: en el mismo informe se señala que en el Kardex de dicha repartición estatal no se registra la detención del ciudadano mencionado, como tampoco consta resolución u orden alguna que lo afecte.
El 1o. de octubre de 1976 basándose en el mérito de los antecedentes recibidos y, particularmente en lo afirmado por el Ministerio del Interior, la Corte rechazó el Amparo, ordenando además remitir los antecedentes al 10º Juzgado del Crimen de Santiago. El 7 de octubre la Corte Suprema confirmó la resolución apelada.
El 16 de noviembre de 1976 se inició la causa rol Nº3.628 por presunta desgracia de Manuel Vargas Leiva, en el 10º Juzgado del Crimen de Santiago.
El 21 de diciembre de 1976 la 11ª Comisaría Judicial de Santiago informó al Tribunal que averiguaciones practicadas en el Servicio Nacional de Detenidos (SENDET), servicios asistenciales, centros de reclusión y Tres Alamos no aportaron antecedentes respecto del afectado.
El 13 de enero de 1977 el Juez del 10º Juzgado del Crimen de Santiago tuvo a la vista y acumuló la causa rol Nº103.107 del 5º Juzgado del Crimen por investigar los mismos hechos. Cabe señalar que la mencionada causa tuvo su origen en una denuncia por presunta desgracia, presentada al 5º Juzgado del Crimen el 25 de octubre de 1976.
Policía Internacional informó al 10º Juzgado del Crimen que el afectado no registraba salidas del país. También el Servicio de Registro Civil e Identificación informó que no se registraba la detención de Manuel Vargas Leiva.
Luego de diversos informes de distintas entidades públicas que señalaron no tener antecedentes del afectado, el 7 de julio de 1977 el Juez determinó cerrar el sumario y sobreseer temporalmente la causa dado que no se "ha logrado establecer la presunta desgracia" del afectado.
Dicha resolución fue apelada por la denunciante y, el 27 de octubre de 1977 la Corte confirmó la resolución del 10º Juzgado del Crimen de Santiago.
El 5 de enero de 1978 se presentó ante el 10º Juzgado del Crimen de Santiago, una querella criminal por los delitos de secuestro y arresto ilegal de Manuel Vargas Leiva. El 10 de enero de 1978 la querella fue acumulada a la causa rol Nº3.628 del mismo Tribunal.
Nuevamente informaron las entidades públicas consultadas, tales como Registro Civil, Policía internacional, etc., la respuesta siempre fue que no existían antecedentes sobre el afectado.
Entre abril y marzo de 1978 diversos hospitales, entre los cuales estaban los de las Fuerzas Armadas y Policiales, informaron que el afectado no había ingresado a sus establecimientos.
El 27 de junio de 1978 el II Juzgado Militar de Santiago informó al Tribunal que revisados los libros de ingresos no figura ningún proceso contra el afectado. De igual modo informaron las Fiscalías Militares pertenecientes al mencionado Juzgado Militar, como el Juzgado de Aviación.
El 30 de junio de 1978 la Ministro de Justicia, Mónica Madariaga, informó al Tribunal que no hay constancia en dicha Secretaría de Estado que se le haya practicado examen médico al afectado. El Juez declaró cerrado el sumario, por encontrarse agotada la investigación, el 31 de julio de 1978. El 7 de agosto del mismo año, dado que "de la investigación practicada no se ha logrado establecer la presunta desgracia de Manuel de la Cruz Vargas Leiva" se sobreseyó temporalmente la causa. La Corte de Apelaciones aprobó el fallo el 13 de diciembre de 1978.
El 12 de marzo de 1980 el Ministro en Visita Extraordinaria, Servando Jordán López, nombrado por la Corte de Apelaciones para investigar los casos de detenidos desaparecidos en Santiago, resolvió reponer la causa al estado de sumario. Durante ese mes declararon ante el Ministro diversos testigos vinculados al afectado.
El 25 de abril, luego de tener a la vista el proceso 553-78 tramitado en la 2ª Fiscalía Militar e iniciado en el 10 Juzgado del Crimen, donde figura Manuel Vargas Leiva -proceso conocido como "Querella contra Manuel Contreras Sepúlveda y otros" -el Ministro Jordán se declaró incompetente para investigar los hechos de la causa, ordenando remitirlos al Tribunal Militar competente y que ya investigaba los hechos. Apelada, no se dio lugar a la solicitud.
El 3 de septiembre de 1980, el Juez Militar aceptó la competencia y remitió los antecedentes a la 3ª Fiscalía Militar, rolando la causa con el Nº654-80. El 8 de septiembre, la III Fiscalía Militar resolvió elevar los antecedentes al Segundo Juzgado Militar a fin de resolver sobre acumulación a causa rol Nº553-78. El 23 de septiembre de 1980 el Juez Militar resolvió acumular la causa a la rol Nº553-78. La mencionada causa se inicia cuando el 1° de agosto de 1978, familiares de 70 desaparecidos, entre los que se contaban los de Manuel de la Cruz Vargas Leiva, interpusieron una querella ante el 10° Juzgado del Crimen de Santiago, por el delito de secuestro agravado en contra del General (R) Manuel Contreras Sepúlveda, del Coronel de Ejército Marcelo Luis Moren Brito y del Teniente Coronel de Ejército Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo. Al Tribunal se entregaron además las identidades de otros agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), los antecedentes de recintos secretos de detención del mencionado organismo y otros datos relativos a su estructura y medios con que contaba la DINA.
Sin realizar ninguna diligencia, el 10 de mayo de ese año la Jueza del 10° Juzgado se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Justicia Militar; después de varias apelaciones, en mayo de 1979 la causa se radicó en la 2a. Fiscalía Militar de Santiago, bajo el rol N°553-78.
En 1983 el Tribunal tuvo a la vista los cuatro cuadernos de instalación de la Visita Extraordinaria por casos de detenidos desaparecidos de la Región Metropolitana que sustanció el Ministro Servando Jordán, en ellos se contenía importante información respecto al actuar de la DINA y a la responsabilidad de ese organismo de seguridad de cientos de detenidos desaparecidos.
Sin que se realizaran diligencias durante cuatro años, el 20 de noviembre de 1989, el Teniente Coronel de Ejército Enrique Ibarra Chamorro, Fiscal General Militar, solicitó para esta causa la aplicación del Decreto Ley de Amnistía (D.L. 2.191), porque el proceso había tenido como finalidad exclusiva la investigación de presuntos delitos ocurridos durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 y porque, durante los 10 años de tramitación, no se había logrado "determinar responsabilidad de persona alguna". El 30 de noviembre de 1989, la solicitud fue acogida por el 2° Juzgado Militar, el que sobreseyó total y definitivamente la causa -la que aún se encontraba en etapa de sumario- por "encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos denunciados". Las partes querellantes apelaron de dicha resolución a la Corte Marcial, la que confirmó el fallo en enero de 1992. Se interpuso entonces un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia, la que al mes de diciembre de 1992 aún no evacuaba su resolución.
(Antecedentes completos de la querella en contra de Manuel Contreras se encuentran en el caso de Eduardo Alarcón Jara, 30 de julio de 1974).
Fuente :(Informe corporación)
Prensa
A fines de mayo de aquel año en los comités regionales del PC se supo que toda la Dirección del Partido había caído. Sólo estaban a salvo Víctor Cantero e Inés Cornejo -esta última alejada de la organización por motivos de salud-. La DINA quería a Cantero, el hombre al que presumían responsable de los dineros. En la persecución, los agentes secuestraron a los hermanos Julio y Eduardo Budnik.
En la madrugada del día 30 de abril de 1976, cerca de las 3:30 horas, agentes de la DINA, apoyados en las inmediaciones por integrantes del Comando Conjunto, llegaron hasta la casa ubicada en calle Conferencia 1587, en el sector surponiente de la comuna de Santiago, donde funcionaba un taller de carteras, propiedad del obrero marroquinero Juan Becerra Barrera. Le dijeron que su cuñada, María Teresa Zúñiga, quien vivía en la calle Alejandro del Fierro 5113, en Quinta Normal, había sufrido un trágico accidente automovilístico. Becerra accedió a acompañarlos, subiéndose al vehículo en que se movilizaban. De inmediato fue esposado, vendado y trasladado hasta la Villa Grimaldi.
Ese fue el inicio de una operación diseñada por los mandos de la DINA para capturar a la cúpula del Partido Comunista. Punto favorable para los objetivos de Manuel Contreras fue el haber logrado la colaboración de Elisa Escobar Cepeda, enlace de Mario Zamorano, detenida por los agentes de la DINA a fines de marzo o comienzos de abril de 1976.
Becerra era amigo de Zamorano desde comienzos de los años sesenta, y en 1974 el dirigente del Partido le había pedido ocupar su casa de Conferencia para efectuar reuniones cada dos o tres meses. Zamorano también llegaba con frecuencia a la vivienda de la madre de Becerra, ubicada en la calle Alejandro del Fierro, en la comuna de Quinta Normal. Elisa Escobar conocía ambos lugares y entregó sus características, además de las probables fechas de las reuniones, a los hombres de la DINA.
Así, aquella noche de fines de abril los agentes de la brigada Purén, apoyados por otras agrupaciones del cuartel Terranova, detuvieron a varios de los moradores de ambas casas, a los que torturaron durante casi dos días antes de llevarlos de nuevo a sus domicilios y montar las ratoneras en espera de los dirigentes comunistas que acudirían a la cita programada.
El 30 de abril los agentes ocuparon la vivienda de Alejandro del Fierro y retuvieron allí a cuatro adultos y un niño de diez años. Ana María Becerra, hermana de Juan, casada con Julio Maigret, uno de los retenidos en la casa de Quinta Normal, se enteró de lo que allí ocurría y acudió el 2 de mayo a dar aviso a la Vicaría de la Solidaridad. En ese lugar se encontró con el obispo auxiliar de Santiago, Enrique Alvear, y le contó lo que estaba pasando con su familia. El prelado, portando unos medicamentos que requería uno de los apresados en la casa de Alejandro del Fierro, se apersonó en la vivienda inquiriendo a los agentes de la DINA por su proceder. Éstos quisieron retenerlo también, pero uno de los jefes del grupo decidió dejarlo ir. Alvear comunicó por escrito al presidente de la Corte Suprema y al ministro de Justicia lo que había presenciado.
No obstante aquella circunstancia, cinco agentes de la DINA se instalaron el 2 de mayo en la casa de Conferencia y a sus ocupantes los obligaron a simular que estaban trabajando en el taller de marroquinería que funcionaba en el lugar.
Los dirigentes comunistas convocados a la reunión entrarían sin mayores precauciones, salvo que faltara una cierta cartera colgada en la ventana, la señal convenida para advertir sobre un peligro inminente. Becerra había cedido en la Villa Grimaldi a las tortura y confirmó los detalles de la cita en su casa. Lo que Becerra no sabía era que a esa reunión, programada para tratar el tema sindical, debía asistir el propio Víctor Díaz, que a última hora fue marginado por seguridad y reemplazado por Jaime Donato, miembro de la Comisión Sindical del Partido.
El 3 de mayo Elisa Escobar acudió a la casa de Conferencia para avisar que al día siguiente Mario Zamorano llegaría con otras personas.
A las 19 horas del 4 de mayo, ignorante de las detenciones ocurridas en las horas anteriores, se apersonó en el taller de Conferencia Mario Zamorano, uno de los máximos dirigentes del Partido. Todo estaba aparentemente normal e ingresó tirando del cordel que abría la puerta. Dos hombres le cayeron encima; intentó resistir, pero le dispararon en una pierna y cayó sangrando profusamente. Lo envolvieron en una frazada y lo arrastraron a una pieza interior. Sólo minutos después ingresó a la trampa Jorge Muñoz Poutays, miembro también de la Dirección.
Esa madrugada una camioneta se llevó a los detenidos. A la mañana siguiente, miércoles 5 de mayo, llegó a la casa Jaime Donato Avendaño, miembro del Comité Central y encargado del Frente Sindical. Poco después apareció Uldarico Donaire, conocido como «Rafael Cortez», otro de los máximos responsables del Partido, encargado de la Comisión de Control y Cuadros.
Elisa Escobar volvió a la casa el 6 de mayo, cerca de las 13:30 horas. Preguntó por Zamorano y, en una evidente operación de encubrimiento, fue detenida por los agentes de la DINA.
Estando en manos de la DINA, Elisa Escobar acudió el 8 de mayo a la casa de Eliana Espinoza, enlace de Víctor Díaz, y al no encontrarla le dejó un recado con su padre, donde le pidió que se juntaran en un determinado punto de Santiago. Eliana Espinoza llegó al lugar, pero no encontró a nadie. Fue en ese momento cuando la DINA inició su seguimiento.
Entretanto, Víctor Cantero, miembro también de la Dirección del Partido, llegó a una reunión de los comités regionales de Santiago, a la cual debían asistir Donaire y Muñoz, los que no aparecieron. La reunión se levantó de inmediato y cundió la inquietud entre los dirigentes.
Tras el aparente fallido contacto con Elisa Escobar, Eliana Espinoza decidió ir a ver a Víctor Díaz para hacerle presente su preocupación. Se reunieron el 11 de mayo y, al término de la cita, ella quedó de volver para sacarlo del lugar.
Víctor Díaz, cabeza del comunismo criollo en la clandestinidad, fue detenido a las 2:00 de la madrugada del 12 de mayo de 1976, por un numeroso contingente de la DINA. Bajo el nombre de José Santos Garrido Retamal, residía con un matrimonio amigo donde el dueño de casa era el ingeniero Jorge Canto Fuenzalida, en la calle Bello Horizonte, en Las Condes. Periódicamente lo visitaba una mujer llamada «Ana», que realmente era Eliana Espinoza Fernández, su enlace con la plana mayor del PC.
Cuando ese día 11 Eliana llegó a visitarlo estaba visiblemente alterada. Hablaron como siempre en voz baja y en un aparte. Ella se retiró muy luego. Esa noche, cerca de las 2:00 de la madrugada del día 12, insistentes timbrazos despertaron a la familia. Al asomarse a la calle, el dueño de casa pudo ver a seis sujetos de civil armados, algunos con ametralladoras largas. Uno de los agentes gritó: «¡Somos de la DINA!».
Sacaron a Víctor Díaz de la casa cerca de las 3:00 de la madrugada. Iba vestido con su pijama, con zapatos sin calcetines y una chaqueta sobrepuesta sobre los hombros. Llevaba las manos atadas a la espalda y, a causa de los fuertes y numerosos golpes, tenía un ojo semicerrado, el labio inferior hinchado, respiraba con dificultad y caminaba y cojeaba más que de costumbre.
Al día siguiente, la ofensiva de la DINA prosiguió con la detención de Fernando Lara Rojas, 27 años, dirigente regional del PC en Talca y que desde 1975 colaboraba con un equipo del Partido en Santiago. El 19 de mayo, ante un llamado de Eliana Espinoza para encontrarse, fue detenido en la calle César Cerda Cuevas, 47 años, obrero de la construcción, dirigente nacional de la CUT e integrante del Comité Central. Fue visto por última vez en Villa Grimaldi en septiembre.
A fines de mayo, en los comités regionales se supo que toda la Dirección del Partido había caído. Sólo estaban a salvo Víctor Cantero e Inés Cornejo, esta última alejada de la organización por motivos de salud. La DINA quería a Cantero, el hombre al que presumían responsable de los dineros. En la persecución, los agentes secuestraron a los hermanos Julio y Eduardo Budnik. A continuación, a Eduardo Cantero y a Clara Cantero de 22 años, hermano e hija de Víctor, respectivamente. Los restos de Eduardo fueron encontrados en 1990 en el fundo Las Tórtolas, que había sido terreno militar. De Clara aún no se encuentra nada. Desapareció desde Villa Grimaldi.
A mediados de julio de 1976 la División Nacional de Comunicación Social, Dinacos, informó que los organismos de seguridad habían logrado desbaratar 32 casas buzón del Partido Comunista, las que servían de enlace entre la Dirección y los regionales de dicho partido.
Los oficiales que comandaban la represión directa contra el PC condujeron a los dirigentes comunistas a lugares secretos de detención. Desde Villa Grimaldi los llevaron al cuartel de Simón Bolívar, donde fueron sometidos a feroces tormentos y usados, además, como conejillos de experimentación por Michael Townley, quien buscaba probar en humanos los efectos del gas sarín que había logrado producir el químico Eugenio Berríos.
En los últimos días de aquel mes de julio, lo que quedaba de la Dirección del PC instruyó a Víctor Cantero y a Inés Cornejo para que abandonaran el país y entregaran a otro equipo la dirección del Partido. Antes, a fines de mayo y luego de una rápida consulta entre los sobrevivientes del Comité Central, se coincidió en que el elegido debía ser Fernando Ortiz Letelier, profesor universitario y miembro del Comité Central. En medio de condiciones dramáticas, donde cada día algún dirigente desaparecía, Fernando Ortiz asumió la conducción del PC secundado por Waldo Pizarro, Horacio Zepeda y Fernando Navarro. A fines de octubre, Cantero y Cornejo se asilaron en la embajada de Italia. También se ordenó hacerlo a Luis Canales, Virginia González y Víctor Galleguillos.
A principios de agosto de 1976 se inició otro devastador golpe en contra del aparato de Organización del PC. Al mediodía del 4 de agosto fue detenido en la vía pública, muy cerca de su casa, Hugo Vivanco Vega; poco después capturaron a su esposa, Alicia Herrera, en su domicilio. El día 5, en su casa, fue arrestado Oscar Ramos Garrido, ex intendente de Llanquihue, miembro del Comité Central y encargado de Organización, y su hijo Oscar Ramos Vivanco.
El 9, fueron detenidos Víctor Morales Mazuela, José Corvalán Valencia, Mario Juica Vega, Jorge Salgado Salinas y Pedro Silva Bustos, todos dirigentes intermedios vinculados a los organismos de Dirección. El mismo 9, apresaron a Marta Ugarte Román, integrante del Comité Central. El 10 de agosto cayó Nicolás Vivanco, hijo de Hugo. El 7 había desaparecido Manuel Vargas Leiva, ex alcalde de Tiltil y miembro del Comité Central. El 11 de agosto, Miguel Nazal Quiroz, integrante del Comité Central y secretario del regional de San Miguel; y Carlos Vizcarra Jofré, ex dirigente de la Jota que había pasado al Partido; el 16, Julio Vega Vega, dirigente sindical; el 18, Nelson Jeria, secretario del Regional Norte de Santiago; el 26, el Comando Conjunto detuvo a Víctor Cárdenas, y la DINA, a Gabriel Castillo Tapia y Pedro Silva Bustos, miembros del equipo de Organización que mantenían contactos con los regionales.
El 12 de septiembre de 1976, un ciudadano francés admiraba los rompientes de la playa La Ballena, en el balneario de Los Molles, cerca de La Ligua, cuando entre los roquerios vio el cuerpo atado de una mujer que había sido arrojado por el mar. Era Marta Ugarte, la tesorera del PC, secuestrada a comienzos de agosto, antes de llegar a su casa.
En las semanas previas habían aparecido varios cuerpos desfigurados en las riberas del río Maipo. Exhibían huellas de balazos y estaban amarrados con alambre desde el cuello a las piernas, dentro de sacos paperos.
La segunda dirección del PC empezó a caer el 9 de diciembre, al ser detenido Armando Portilla Portilla, miembro del Comité Central. El 13, en la vía pública y ante numerosos testigos, fue capturado Fernando Navarro Allende, también miembro del Comité Central.
Dos días después, el 15 en la mañana, fueron detenidos en la rotonda Lo Plaza, en Ñuñoa, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos Cataldo. Esa misma tarde cayeron, en calle Larraín, Fernando Ortiz Letelier y Waldo Pizarro Molina, y en otros barrios de Santiago, Héctor Véliz Ramírez, Luis Lazo Santander y Reinalda Pereira Plaza, 29 años, embarazada de cinco meses.
Tres días después fueron secuestrados por la DINA Lisandro Cruz Díaz y el mirista Carlos Durán González. El 20 de diciembre, con la detención de Edras Pinto Arroyo, ex secretario de los diputados del PC, terminó la ofensiva de la DINA en contra de los comunistas.
A los detenidos se les torturó hasta matarlos. Se les inyectó cianuro y otras sustancias letales. Se les arrancó de su boca las tapaduras de oro que algunos poseían. Se les quebraron los huesos. Se les asfixió con bolsas plásticas. Se experimentó en ellos con gas sarín. Se les aplicó un soplete para borrarles sus rostros, cicatrices, huellas dactilares y cualquier otro rastro que permitiera identificarlos. Finalmente, sus cuerpos fueron introducidos en sacos paperos, con pedazos de rieles amarrados con alambre, subidos a helicópteros del Ejército y lanzados al mar en el litoral central.
A comienzos de 1977, la DINA había logrado casi completamente su objetivo: exterminar a la Dirección del PC. También había logrado acumular una gran cantidad de información sobre la orgánica interna y las redes de apoyo construidas en el exterior por los comunistas. Se enfocaron entonces en otra de las metas prioritarias: identificar y capturar a los encargados de las finanzas y apropiarse de los fondos que venían de Europa y de los que, muy secretamente, algunos operadores financieros locales administraban en Chile.
Fuente :interferencia.cl 5/5/2021
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