Hoy en Limache se llevó a cabo la iniciativa “Residencias de la Memoria”, proyecto financiado por la World University Service (WUS) de Alemania, y que tiene como objetivo identificar residencias y lugares donde hicieron sus vidas personas que fueron víctimas de la dictadura.

En noviembre de 2017, en una ceremonia realizada en el marco de la celebración del  aniversario de la comuna de Quillota, se firmó el convenio entre el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, representado por su director ejecutivo, Francisco J. Estévez; el alcalde de comuna, Luis Mella; y  el director del Serviu, Daniel Morales.

Ese primer paso permitió que hoy se instalaran las 5 primeras placas en Chile, las cuales recuerdan el último lugar de residencia de los detenidos desaparecidos Jaime Aldoney Vargas, Arturo Loo Prado, CARLOS ANTONIO VARGAS ARANCIBIA  y Jorge Villarroel Vilches; y del ejecutado político Oscar Farías Urzua.

“Este proyecto se inspiró en una iniciativa semejante en Alemania. Esto fue algo que inicialmente no sabíamos si iba a resultar, porque había que investigar, había que saber qué personas de esta zona fueron víctimas y también había que encontrarse con las familias. Sin embargo, todo se fue dando hasta que por fin están instaladas estas placas, las cuales expresan nuestra voluntad de que quede aquí este símbolo de memoria. Es un momento significativo para las familias, pero también para Limache, para esta región y para el país”, comentó Francisco Estéves, Director Ejecutivo del Museo de la Memoria.

César Barra, gobernador de la provincia de Quillota, también se hizo presente en la instalación de las placas, y comentó que “la labor del Museo de la Memoria es muy importante, porque implica el recuperar y reivindicar algo que es muy importante para la memoria de la comuna. Además, los familiares, con su vida y con su testimonio, han otorgado esperanza a todos aquellos que buscamos verdad y justicia”.

Amanda Rojas, esposa de Carlos Vargas Arancibia, aprovechó la instacia para gradecer a todos quienes hicieron posible la materialización del proyecto. “Tengo que reconocer que viví con un rencor muy grande, estuve 18 años pesando que él nos había abandonado  a mi y a mi guagua de dos años; y yo como cabra joven me creí todas las mentiras de su desaparición. Por eso estoy eternamente afradecida de cada uno de ustedes, porque esto va a significar un recuerdo eterno para nosotros, también les agradecemos por ayudarnos a saber la verdad”, comentó.

El Museo de la Memoria seleccionó a esta primera comuna, nombrando a un embajador de la Memoria para realizar la investigación que dio con el paradero de las familias de las víctimas. Fue así como Waldo García y la investigadora Verónica González realizaron el trabajo de reconstrucción de memoria y reparación, en algunos casos, valiéndose del apoyo del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), para los Afectados por violaciones a los Derechos Humanos.

El viernes pasado se llevó a cabo la iniciativa “Residencias de la Memoria”, proyecto financiado por la Wold University Service (WUS) de Alemania, que tiene como objetivo identificar residencias y lugares donde hicieron sus vidas personas que fueron víctimas de la dictadura.

En una ceremonia realizada en el marco de la celebración del aniversario de la comuna de Quillota, en noviembre de 2017, se firmó el convenio entre el Museo de la Memoria, representado por su director ejecutivo, Francisco Estévez; el alcalde de comuna, Luis Mella; y el director del Serviu, Daniel Morales.

Ese primer paso permitió que ahora se instalaran las 5 primeras placas en Chile, las cuales recuerdan el último lugar de residencia de los detenidos desaparecidos Jaime Aldoney Vargas, Arturo Loo Prado, CARLOS ANTONIO VARGAS ARANCIBIA  y Jorge Villarroel Vilches; y del ejecutado político Oscar Farías Urzua.

Esta práctica, realizada en Alemania en memoria de los judíos que sufrieron la persecución se llama actualmente Stolpelsteine y es notable que se la esté también implementando en Chile a fin de mantener viva la memoria en los casos de crímenes de Derechos Humanos.

“Este proyecto se inspiró en una iniciativa semejante en Alemania. Esto fue algo que inicialmente no sabíamos si iba a resultar, porque había que investigar, había que saber qué personas de esta zona fueron víctimas y también había que encontrarse con las familias. Sin embargo, todo se fue dando hasta que por fin están instaladas estas placas, las cuales expresan nuestra voluntad de que quede aquí este símbolo de memoria. Es un momento significativo para las familias, pero también para Limache, para esta región y para el país”, comentó Francisco Estévez.

Amanda Rojas, esposa del detenido desaparecido Carlos Vargas Arancibia, agradeció a todos quienes hicieron posible la materialización del proyecto. “Tengo que reconocer que viví con un rencor muy grande, estuve 18 años pesando que él nos había abandonado a mi y a mi hija de dos años; y yo creí todas las mentiras de su desaparición. Por eso estoy eternamente agradecida de cada uno de ustedes, porque esto va a significar un recuerdo eterno para nosotros, también les agradecemos por ayudarnos a saber la verdad”, comentó.El Museo de la Memoria seleccionó a esta primera comuna nombrando a un embajador de la Memoria para realizar la investigación que dio con el paradero de las familias de las víctimas. Fue así como Waldo García y la investigadora Verónica González realizaron el trabajo de reconstrucción de memoria y reparación, en algunos casos, valiéndose del apoyo del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), para los Afectados por violaciones a los Derechos Humanos.

Vecinos y vecinas de la población CCU trabajaron en torno a la pregunta ¿qué recordamos de los años 70's en la CCU de Limache?

Los asistentes recordaron el proceso de la Unidad Popular al interior de la fábrica y luego el Golpe militar y la represión que sufrieron en su lugar de trabajo y hogares, durante la dictadura.

Los y las participantes valoraron y agradecieron el espacio para poder compartir estos recuerdos y lamentaron la falta de participación de otras y otros vecinos en estas instancias.

Algunos de los temas conversados fueron: La organización de las JAP durante la Unidad Popular; la fábrica como un espacio de resguardo ante las crisis económicas pues sus trabajadores y trabajadoras contaban con alimentación, hogar y servicios básicos durante la UP y la dictadura; la intervención de las fuerzas navales en la fábrica el mismo 11 de septiembre para hacerse cargo de la planta y de la jornada laboral además de reprimir y registrar los espacios en búsqueda de armas.

Luego de esto, los allanamientos a la planta fueron frecuentes.

También se recordó a CARLOS ANTONIO VARGAS ARANCIBIA , detenido desaparecido en el año 1975, trabajador del área eléctrica y a Jaime Aldonay Vargas, detenido y desaparecido el año 1973, quien ocupo el rol de interventor a cargo de la fábrica durante la Unidad Popular.

Para finalizar, los y las asistentes conversaron respecto de las capacitaciones que se hacían a campesinos de Limache durante la Reforma Agraria, preparándose para las transformaciones que suponía el socialismo. Los y las participantes opinaron que los campesinos se encontraban más politizados en comparación a los obreros.

«No son sólo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan» (DV)

Andrés Figueroa Cornejo

Tras 30 años de mantenerse clausurada la fábrica original de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) en la ciudad de Limache, V Región, el domingo 28 de mayo, en el marco del Día del Patrimonio Nacional, fue abierta al público general. A diferencia de lo que muchos pensaban, masiva resultó la visita a las diversas dependencias de la industria cervecera donde fueron expuestas sus reparticiones, máquinas e imágenes de época. Buena cantidad de personas ni siquiera alcanzó a entrar a la empresa debido a la cantidad de asistentes. 

Sin embargo, la apertura de la fábrica de la CCU no fue un puro tour de fin de semana, sino que se transformó en una ventana de tiempo hacia la memoria profunda de los trabajadores que allí se desempeñaron. De hecho, hace prácticamente 50 años, la CCU fue propiedad social y sus obreros estuvieron al mando de la producción, durante los años del Gobierno popular de Salvador Allende. Y el 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe de Estado dado por las Fuerzas Armadas y Carabineros contra el Gobierno legítimamente constituido, un fuerte contingente de marinos preparados para una guerra inexistente asaltaron la fábrica, se llevaron a cientos de trabajadores inermes a reductos de tortura y exterminio. De esa brutal represión, dos trabajadores de la CCU, Jaime Aldoney y Carlos Vargas, hasta la fecha se mantienen en la condición de Detenidos Desaparecidos de la dictadura cívico-militar. ¿No es hora de un reconocimiento explícito contra esta infamia? ¿No merecen Jaime y Carlos, al menos, una placa honorable y decorosa que los rememore, y que esté ubicada en la misma fábrica que mañana se convertirá en un museo de la CCU?

Limache no duerme

En la actualidad, muchos habitantes de Limache luchan para que se erija un Memorial de los Derechos Humanos en la comuna. El concejal de la municipalidad de Limache, Joel González, indicó que, «Limache se construye demoliendo sitios de memoria, olvidando, invisibilizando. Sin embargo, nuestra comuna supo de vecinos detenidos, torturados y asesinados durante la dictadura. Los crímenes de lesa humanidad y la defensa de los derechos humanos nunca pueden ser relativizados por interpretaciones antojadizas o mezquindades políticas, porque una comunidad que no reconoce su pasado colectivo está imposibilitada de dar certezas de no volver a repetir los horrores cometidos. Con la misma consistencia con la que hemos denunciado la presencia de un ex funcionario de la Central Nacional de Informaciones (CNI, policía política de la dictadura) en el Municipio de Limache, seguiremos insistiendo en que nuestra comuna se construya un Memorial por las víctimas de la dictadura y por el Nunca Más a la vulneración de los derechos humanos en nuestro amado valle y en nuestro país».

La memoria indeleble

La señora Gioconda Aguilera Altamirano es limachina de nacimiento y vivió en la Población de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) durante el Gobierno de la Unidad Popular. Fue prisionera política de la dictadura cívico-militar entre el 22 de octubre de 1973 hasta el 22 de octubre de 1974, en el Buque Cárcel Lebu de la Academia de Guerra y en la cárcel de mujeres Buen Pastor. Hoy es presidenta de las ex presas políticas del penal de mujeres del Buen Pastor de Valparaíso, así como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Limache. 

La Comisión surgió en el contexto del estallido social de octubre de 2019. «Yo salí del país en 1976 y retorné en el 2010. Cuando llegué a Limache después de tanto tiempo, aquí no se hablaba de nada. La gente me miraba como si estuviera loca cuando le explicaba que yo había estado presa», relata Gioconda, «Los habitantes de Limache aún tenían miedo el 2010. Recién ahora las organizaciones, paulatinamente, están comenzando a levantarse».

Gioconda es militante socialista y conoció a Jaime Aldoney Vargas y Carlos Vargas Arancibia, ambos trabajadores de la CCU de la fábrica histórica de Limache y Detenidos Desaparecidos por la dictadura. Jaime Aldoney al momento de su detención fungía de interventor de la empresa por parte del Gobierno, mientras que Carlos Vargas era miembro del Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR) del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), electricista y responsable sindical de su agrupación política.

«Carlos Vargas fue detenido el 29 de mayo de 1975», narra Gioconda y agrega que, «hace poco le hicimos una conmemoración en el metro de Limache. Él tenía 36 años cuando fue arrestado por agentes de la dictadura y lo llevaron a la Escuela de Caballería de Quillota. A él lo estaban siguiendo hace tiempo. El último compañero que lo vio con vida se percató de que estaba en muy mal estado en la Escuela de Caballería del Ejército, un lugar de detención, tortura y exterminio de entonces».

La señora Gioconda contó que Carlos Vargas era casado y tenía dos hijos, «y cuando su esposa comenzó a buscarlo, los militares le dijeron que él se había ido a la Argentina con otra mujer. Pero su hijo mayor nunca creyó esa historia y lo siguió buscando. Pero nunca lo encontró. Años después se quitó la vida». 

– ¿Usted conoció personalmente a Carlos?

«Sí. En ese tiempo, mi padre era dirigente sindical y vocero de la CCU y Carlos llegaba en moto a la compañía. Era un hombre muy inteligente y reservado, y por eso le decían ‘El Mudo’. Después que Carlos fue hecho desaparecer, su madre iba todos los días a las puertas de la CCU. Entonces tocaban un pito para que salieran y entraran los obreros. Su mamá lo esperó hasta que falleció por edad y enfermedad.»

– ¿Y conoció a Jaime Aldoney?

«Él era constructor civil, estudiante de periodismo de la Universidad de Chile; fue regidor de la zona e interventor nacional de la CCU. A Jaime lo detuvieron al día siguiente del golpe de Estado, el 12 de septiembre de 1973, junto a todos los dirigentes y trabajadores que estaban en la fábrica, esperando qué hacer. Y de pronto, los marinos rodearon el edificio desde atrás. Iban pintados para la guerra. Ese día sacaron camionadas de compañeros desde la CCU y los transportaron a la base Aeronaval de Belloto. En ese sitio los uniformados obligaron a los detenidos a cavar unas zanjas para que se metieran allí. De esa manera no podían verse desde fuera de la base. La gente que buscaba a sus familiares se ubicaron en las rejas del recinto militar, pero no lograban ver a su gente.  

Los dirigentes y obreros, la verdad, no creyeron que el golpe de Estado sería tan feroz. Pensaban que ‘el que nada hace, nada teme’. Pero la juventud les dijimos que había que irse lo antes posible.»

– Usted era muy joven en esas fechas…

«Tenía 19 años. Y con los demás jóvenes nos fuimos caminando hacia los cerros, en dirección a Peñablanca.»

– ¿Y por qué?

«Porque cuando ocurrió el Tancazo, el intento de golpe de Estado del 29 de junio de 1973, los jóvenes de la Unidad Popular estábamos reunidos en la Casa de la Juventud de Limache, y fue la primera vez que nos torturaron los miembros del Ejército. Por tanto, el 12 de septiembre ya sabíamos qué iba a sucedernos. Es más, la radio La Victoria de Limache fue bombardeada. Sin embargo, nuestros mayores consideraron que exageramos, y eso que después de la tortura, ya en la casa, estuve dos días en cama sin poder moverme de dolor.»

– ¿Qué papel jugó Jaime Aldoney como interventor del Gobierno en la CCU?

«Era el administrador general de la fábrica, o sea, estamos hablando de una industria que pertenecía al área social y que estaba bajo control de los propios trabajadores. Cuando se estableció el área social, la CCU no se detuvo más porque era urgente aumentar la producción. Se laboraba día y noche en distintos turnos. Había casi 500 trabajadores.

Jaime Aldoney fue visto con vida la última vez el 13 de septiembre de 1973, en la base de Belloto. Él se encontraba junto a los demás detenidos en las zanjas. Los militares los sacaban de allí para torturarlos en otra dependencia y luego los volvían a meter en las zanjas. A Jaime se lo llevaron para torturarlo y jamás volvió.

En alguna ocasión, el hermano de Jaime me dijo que él estaba seguro de que los soldados lo lanzaron al mar. Pero no se sabe porque no existe el cuerpo.

Ahora, el 28 de mayo recién pasado, cuando abrieron la fábrica de la CCU en el Día del Patrimonio Nacional para que el público la visitara, yo me puse a discutir con un señor que aseguró que Aldoney estaba muerto, a lo que le respondí, ‘si está muerto, ¿dónde se encuentra su cuerpo?’. Se quedó callado. 

Ese día que abrieron la fábrica, los encargados se ocuparon de contar la historia oficial de la CCU, no más. No se refirieron a los trabajadores, a cuando ellos estuvieron al mando de la producción, ni al golpe de Estado y la represión. Fuimos las mujeres quienes le explicamos a la gente esa parte que quieren borrar de la memoria.»