En 1943 Corfo creó Endesa (Empresa nacional de Electricidad S.A.), que impulsó tan rápidamente la hidroelectricidad que, hacia la década del 70, ya era la principal fuente de energía en Chile y sin lugar a dudas, los trabajadores eléctricos chilenos cumplieron su rol con enorme éxito. A Endesa se unían otras empresas públicas y privadas que lograron interconectar el sistema, dando cobertura segura a casi todo el territorio nacional.

El gobierno de la Unidad Popular impulsó fuertemente el desarrollo de Endesa y de allí la puesta en marcha de la central El Toro y la construcción de Antuco en la región del Biobío, además de nuevos proyectos de expansión.

Respecto a las nuevas relaciones sociales de producción que buscó la UP, el informe "Identificación, recopilación y sistematización de información concerniente a los efectos en el sector energético del golpe de Estado de 1973 y la posterior dictadura civil y militar, desarrollado por la Universidad de Santiago de Chile para Subsecretaría de Energía en 2022, señala que:

"En un ámbito distinto, siguiendo la lógica de las empresas públicas, la Unidad Popular tenía el interés de promover e impulsar la participación de los trabajadores en las distintas compañías estatales del sector energético, lo cual permitió que en 1972 y 1973 diferentes dirigentes sindicales se incorporaran a los directorios de las empresas, además de asumir varios cargos como encargados del personal de las compañías".

Con el golpe de Estado esta política fue defenestrada absolutamente. Como es sabido, la empresa fue privatizada completamente a fines de la dictadura, luego de ir vendiendo cada una de sus filiales desde 1980 en adelante. Pero el odio dictatorial hacia los trabajadores ejerciendo poder en estas empresas llevó a graves violaciones a los Derechos Humanos.

Así, contabilizamos 23 detenidos desaparecidos del sector energético. Las ejecuciones políticas ascienden a 12 trabajadores. En la siguiente lista de detenidos desaparecidos, se agregan personas que fueron detenidas en recintos de la empresa: 

Manuel Antonio Aguilera Aguilera, sin militancia, Los Ángeles.

Manuel Jesús Arias Zúñiga, sin militancia, Antuco.

José Oscar Badilla García, sin militancia, Antuco.

Silvio Francisco Bettancourt Bahamonde, MAPU, Punta Arenas.

Mario Omar Belmar Soto, sin militancia, Antuco.

Abel José Carrasco Vargas, PS, Antuco.

José Abel Coronado Astudillo, sin militancia, Antuco.

Plutarco enrique Coussy Benavides, PC, Antuco.

Jaime Patricio Donato Avendaño, PC, Santiago.

Víctor Jerez Meza, PS, Los Ángeles.

Luis Segundo Lazo Santander, PC, Santiago.

Zacarías Antonio Machuca Muñoz, MIR, Santiago.

Gaspar Medina Medina, PS, Chubut, Argentina.

Bernardo samuel Meza Rubilar, PS, Antuco.

Luis Fernando Norambuena Fernandois, PS, San Antonio.

Mario Samuel Olivares Pérez, PS, Antuco.

Francisco Hernán Ortiz Valladares, PC, Santiago.

Armando Portilla Portilla, PC, Santiago.

Wilfredo Hernán Quiroz Pereira, PC, Los Ángeles.

Juan Luis Rivera Matus, PC, Santiago.

Manuel Sepúlveda Cerda, PC, Los Ángeles.

Luis Leopoldo Sepúlveda Núñez, PC, Antuco.

Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, PC, Los Ángeles.

Marcelino Cárdenas Villagrán, sin militancia, Pilmaiquén, Osorno.

Juan Segundo Mancilla Delgado, sin militancia, Pilmaiquén, Osorno.

César Augusto Flores Baeza, PS, Los Ángeles.

Abraham López Pinto, PC, Antuco.

Domingo Antonio Norambuena Inostroza, PC, Antuco.

Benjamín Antonio Orrego Lillo, sin militancia, Los Ángeles.

Alamiro Segundo Santana Figueroa, JS, Los Ángeles.

Juan Eladio Ulloa Pino, sin militancia, Los Ángeles.

Víctor Adolfo Ulloa Pino, sin militancia, Los Ángeles.

Luis Eduardo Vergara Corso, PS, Antuco.

Juan miguel Yáñez Franco, PC, Los Ángeles.

Ejecutados políticos:

Augusto Andino Alcayaga Aldunate, PR, Santiago.

Valentín Cárdenas Arriaga, PC, Pilmaiquén, Osorno.

José Rosa Devia Devia, sin militancia, Santiago.

Juan Dagoberto Fernández Cuevas, PS, Santiago.

Miguel Alberto Fernández Cuevas, PS, Santiago.

Francisco Guillermo Flores, Sin militancia, Santiago.

Enrique González Angulo, Sin militancia, sin militancia, Los Ángeles.

José Maldonado Fuentes, Sin militancia, Santiago.

Alfredo Segundo Pacheco Molina, sin militancia, Pilmaiquén, Osorno.

Eduardo Pacheco Molina, sin militancia, Pilmaiquén, Osorno.

Teobaldo José Paillacheo Catalán, PC, Pilmaiquén, Osorno.

Jorge Manuel Parra Alarcón, Cerro Sombrero, Tierra del Fuego.

Además, se debe considerar que Endesa constituye uno de los casos de denuncia por graves crímenes de lesa humanidad, concentrando estos en el área de Los Ángeles y con recursos presentados ante la Corte de Apelaciones de Concepción. Recién en 2004 fueron identificados los cuerpos de los desaparecidos en el fundo La Mona: César Flores, Mario Belmar, Juan Ulloa, Víctor Ulloa y Juan Yáñez. La Corte Suprema, en 2014 y por fallo dividido, condenó a 20 años de presidio mayor a Patricio Martínez Moena, 10 años para Walter Klug Rivera y 5 años para Ismael Espinoza Silva.

Hasta ahora no se ha investigado la responsabilidad de la empresa en estos delitos , ya sea en colaboración, delación o participación directa en los crímenes, tampoco si facilitó recursos humanos o materiales para ejecutar los crímenes o en su posible actuación como cómplice, aunque hay evidencia en los juicios del uso de espacios y equipos de la empresa para detenciones ilegales y otrturas, como en el caso de los cinco represaliados en la central Pilmaiquén, en la provincia de Osorno y en Cerro Sombrero, Tierra del Fuego.

Cabe recordar que el rol empresarial, tanto de privados como de agentes del Estado nombrados por la dictadura en las empresas públicas es una de las tantas asignaturas pendientes de la justicia chilena.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los delitos de secuestro y homicidio calificados de 23 trabajadores de la centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico; siete de ellos fueron ejecutados y el resto hechos desaparecer.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Andrea Muñoz- rechazó los recursos de casación presentados en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que condenó a Patricio Martínez Moena a la pena de 20 años de presidio, sin beneficios; a Walter Klug Rivera a 10 años y 1 día de presidio, sin beneficios, y a Ismael Espinoza Silva a 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada.

En el aspecto civil, la Sala Penal ratificó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de 50 millones de pesos a cada uno de los nueve familiares de las víctimas que fueron ejecutadas o desaparecidas en 1973, en el sector cordillerano de Los Ángeles, Región del Bío Bío.

Condenas que deberán cumplir por su responsabilidad en los homicidios de: Juan Miguel Yañez Franco, César Augusto Flores Baeza, Víctor Jerez Meza, Mario Belmar Soto, Mario Samuel Olivares Pérez, Juan Eladio Ulloa Pino y Víctor Adolfo Ulloa Pino.

Además la condena incluye los secuestros calificados de: Abraham López Pinto, José Abel Coronado Astudillo, Abel José Carrasco Vargas, Alamiro Segundo Santana Figueroa, Luis Leopoldo Sepúlveda Núñez, Plutarco Coussy Benavides, Wilfredo Hernán Quiroz Pereira, Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, Domingo Norambuena Inostroza, Luis Eduardo Vergara Corso, Benjamín Antonio Orrego Lillo, José Óscar Badilla García, Manuel Antonio Aguilera Aguilera, Manuel Sepúlveda Cerda, Bernardo Samuel Meza Rubilar y Manuel Jesús Arias Zúñiga.

De acuerdo a la investigación del ministro Zepeda, se logró determinar “que en el sector cordillerano, al oriente de la ciudad de Los Ángeles, se encuentran ubicadas las centrales hidroeléctricas de El Toro y El Abanico, pertenecientes de la Empresa Nacional de Electricidad, ENDESA”.

“Los trabajadores de dichas centrales hidroeléctricas, al 11 de septiembre de l973, en su mayoría – según la sentencia del ministro Zepeda-, residían con sus familias en pequeños poblados rurales de dicha área, formando los pueblos de «Los Canelos», «Rayenco», «Polcura», «Antuco», además de campamentos de trabajo de las Centrales Hidroeléctricas de «El Toro», «El Abanico», y más al oriente, atrás de la laguna del Laja, el de «Cuatro Juntas», sector que era denominado «Mallines del Sol», perteneciente al cajón de Alto Polcura», patronímico del río «Polcura», que corre por lugar, donde también los trabajadores pasaban algunos períodos cumpliendo sus labores habituales”. 

Con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, “al producirse violentamente el cambio de gobierno debido al Golpe de Estado del 11 de septiembre de l973, los trabajadores antes mencionados, como también el resto de la población civil de dichos pueblos, partidarios del gobierno anterior que es depuesto en ese día, en aplicación y conocimiento de una política del nuevo régimen y en un ataque flagrante de la dignidad humana y de la noción de humanidad misma, fueron perseguidas y detenidas por los agentes del Estado, bajo pretexto de que las víctimas pretendían atacar recintos de detención para liberar a personas privadas de libertad por la autoridad militar y/o atentar en contra de las centrales hidroeléctricas en las que muchos de ellos trabajaban”, consigna el fallo del ministro Zepeda, ratificado por el más alto tribunal del país.

El destino final de estas personas fue “su encierro o privación de libertad en el Regimiento situado en la ciudad de Los Ángeles o en lugares dependientes de esta unidad, y en definitiva muertas y, en otros casos, hechas desaparecer hasta el día de hoy», expresa el fallo.

La sentencia de la Corte Suprema se adoptó con el voto en contra -en el aspecto penal- del ministro Lamberto Cisternas, quien fue partidario de acoger minorantes de responsabilidad en el caso del condenado Klug Rivera; y la opinión disidente de la ministra Muñoz, quien fue partidaria de acoger la prescripción de la acción civil en el caso.

El teniente coronel (r) Walther Klug Rivera deberá cumplir pena de 10 años de presidio por su responsabilidad como autor de secuestros y homicidios calificados entre septiembre y noviembre de 1973.

La ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González,  dio orden de ingreso –hoy 2 de agosto de 2021-  en calidad de rematado al penal correspondiente al teniente coronel en retiro Walther Klug Rivera, condenado a 10 años de presidio por su responsabilidad cono cómplice en el denominado Episodio Endesa causas por  violaciones a los derechos humanos.

La orden de ingresó se materializó luego de que una corte de Italia accediera a la solicitud de extradición planteada por el ministro en visita Mario Carroza –entonces instructor de la causa- para que Klug Rivera cumpliera la pena dictada en octubre de 2014 condenó a Klug Rivera por su responsabilidad en los secuestros calificados y homicidios calificados en la realización a las víctimas  Juan Miguel Yañez Franco, César Augusto Flores Baeza, Víctor Jerez Meza, Mario Belmar Soto, Mario Samuel Olivares Pérez, Juan Eladio Ulloa Pino, Víctor Adolfo Ulloa Pino, Abraham López Pinto, José Abel Coronado Astudillo, Abel José Carrasco Vargas, Alamiro Segundo Santana Figueroa, Luis Leopoldo Sepúlveda Núñez, Plutarco Coussy Benavides, Wilfredo Hernán Quiroz Pereira, Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, Domingo Norambuena Inostroza, Luis Eduardo Vergara Corso, Benjamín Antonio Orrego Lillo, José Óscar Badilla García, Manuel Antonio Aguilera Aguilera, Manuel Sepúlveda Cerda, Bernardo Samuel Meza Rubilar, Manuel Jesús Arias Zúñiga, todos ellos vinculados a las centras hidroélectricas de El Toro y El Abanico, y detenidos entre septiembre y noviembre de 1973 por miembros del Ejército de Chile.

El Poder Judicial informó en horas de la noche de la internación en el Regimiento de Policía Militar N° 1 Santiago, en la comuna de Peñalolén, a Walther Klug Rivera, criminal de lesa humanidad de la Dictadura chilena que se había fugado del país intentando evadir los procesamientos de la justicia en su contra.

El excoronel Klug Rivera es un conocido miembro de las fuerzas represivas de la Dictadura en el sur de Chile, y hoy es requerido en dos causas por violaciones a los derechos humanos: el secuestro y muerte de 21 trabajadores de Endesa en la comuna de Antuco, Provincia de Bío Bío y el secuestro calificado del presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, sede Los Ángeles, Luis Cornejo.

En el primer caso, Klug fue condenado por la Corte Suprema a 10 años de prisión, sin beneficios, por su responsabilidad en los homicidios de: Juan Miguel Yañez Franco, César Augusto Flores Baeza, Víctor Jerez Meza, Mario Belmar Soto, Mario Samuel Olivares Pérez, Juan Eladio Ulloa Pino y Víctor Adolfo Ulloa Pino; además de los secuestros calificados de: Abraham López Pinto, José Abel Coronado Astudillo, Abel José Carrasco Vargas, Alamiro Segundo Santana Figueroa, Luis Leopoldo Sepúlveda Núñez, Plutarco Coussy Benavides, Wilfredo Hernán Quiroz Pereira, Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, Domingo Norambuena Inostroza, Luis Eduardo Vergara Corso, Benjamín Antonio Orrego Lillo, José "scar Badilla García, Manuel Antonio Aguilera Aguilera, Manuel Sepúlveda Cerda, Bernardo Samuel Meza Rubilar y Manuel Jesús Arias Zúñiga.

En el segundo caso, Klug es sindicado como el responsable de la desaparición del estudiante de Topografía y presidente del centro de alumnos de la sede Los Ángeles de la Universidad de Concepción, Luis Cornejo.

Klug se había fugado en 2015 a Alemania, aprovechando la liviandad del trato a los violadores de DDHH que se da en nuestro país. Así, utilizó su doble nacionalidad y se benefició de la dificultad de la nación europea para extraditar a sus ciudadanos, aunque sean criminales de lesa humanidad. Sin embargo, en 2019 fue detenido en viaje que realizó a Italia, país desde donde fue extraditado a Chile.

No obstante, pese a la gravedad de los crímenes cometidos -se encuentra condenado por la Corte Suprema-, el criminal de lesa humanidad no fue encarcelado y se fugó nuevamente, esta vez a Argentina, desde donde fue expulsado a nuestro país. Klug no cumplió las cautelares que dictó el Ministro Carlos Aldana -quien no ordenó su detención pese a la existencia de estos antecedentes- por el otro caso por el que está siendo procesado: el secuestro calificado de Luis Cornejo.

La Ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, señaló que Walther Klug Rivera cumplirá en el Regimiento de Policía Militar N° 1 Santiago un periodo de cuarentena de 10 días para luego revisar su situación procesal.

Los restos de detenidos desaparecidos identificados recientemente por el ministro Jorge Zepeda en Santiago y el Servicio Médico Legal (SML), hallados en 1990 en Los Angeles, llegaron anoche a la Octava Región y serán velados hoy en la parroquia Los Cotolengos.

      Así lo informó la abogada Nelly Navarro Rojas, querellante en varias causas por violaciones de derechos humanos en las provincias de Concepción y Biobío, quien precisó que los funerales de tres de las víctimas individualizadas serán realizados mañana.

      Los detenidos identificados por el juez Zepeda son Juan Miguel Yáñez Franco, Mario Omar Belmar Soto, César Augusto Flores Baeza y los hermanos Juan Eladio y Víctor Adolfo Ulloa Pino, cuyos restos fueron encontrados hace 14 años en el interior del fundo La Mona, hoy propiedad de la forestal Mininco. Las víctimas desaparecieron el 12 de septiembre de 1973, luego de ser aprehendidas y llevadas a la tenencia de Carabineros El Abanico.

      Según indicó la abogada Navarro, los funerales de los hermanos Ulloa y de Flores Baeza serán mañana, tras una misa en la Catedral de Los Angeles. Los primeros, sin embargo, serán llevados tras el oficio religioso a Curacautín, mientras que Flores Baeza será enterrado en el Cementerio General angelino. Las osamentas de Yáñez Franco fueron remitidas a su familia en Temuco. Las de Belmar Soto, en tanto, descansarán en el Memorial de Santiago, pues sus parientes residen actualmente en Argentina.

      La abogada Navarro sostuvo que en la Octava Región hay todavía alrededor de 150 detenidos desaparecidos. Agregó que a muchos de ellos podrían pertenecer las osamentas halladas en distintas excavaciones en la región, en análisis en el SML de Santiago.

El ministro de fuero Jorge Zepeda estableció la identificación de los restos pertenecientes a cinco detenidos desaparecidos desde el Regimiento de Infantería de Montaña de Los Angeles, en los días posteriores al golpe militar.

Tras someter a pericias de ADN osamentas halladas en 1990 en el fundo La Mona, cerca de Los Angeles, el juez determinó que estos corresponden a César Flores Baeza, Mario Belmar Soto, Juan Ulloa Pino, Juan Yáñez Franco y Víctor Ulloa Pino, este último de sólo 16 años al momento de su detención. César Flores, que era funcionario de la Corporación de la Reforma Agraria, es tío del periodista de La Nación Domingo Luis Narváez.

La resolución determinó que los cuerpos de estas personas fueron enterrados clandestinamente luego que se les dio muerte, y sus restos fueron luego desenterrados después de 1978 en lo que se conoció como “Operación Retiro de Televisores”. Los pequeños fragmentos hallados en 1990 corresponden a los que quedaron en el lugar del entierro luego de las exhumaciones posteriores a 1978.

La “Operación Retiro de Televisores” correspondió al nombre que la dictadura dio a las remociones de cuerpos a partir de fines de 1978, luego que en Lonquén se descubrieron los cuerpos de 15 campesinos asesinados. Esta operación fue confirmada por un criptograma enviado por el general Augusto Pinochet a los regimientos, documento del que fue testigo un suboficial de inteligencia que lo descifró y que así lo declaró este año al juez Juan Guzmán.

Como un acto de recuperación de la memoria institucional, de reparación y sanación, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo instaló una placa en recuerdo de los funcionarios que fueron asesinados a partir del 11 de septiembre de 1973 y entregó un reconocimiento a sus familiares.

“Tomamos el relevo generacional, la Historia seguirá con nosotros y hoy rompemos el silencio institucional de 50 años”, con estas palabras, Maricarmen Tapia, jefa del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio dio inicio al homenaje a los treinta funcionarias y funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que fueron detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante la dictadura cívico – militar, en el marco de las acciones impulsadas por el Gobierno a 50 años del golpe de Estado.

El ministro Carlos Montes expresó que “ceremonias de esta misma naturaleza se están haciendo en La Moneda y en varios ministerios y oficinas públicas a lo largo del país. Fue el presidente Gabriel Boric el que quiso que surgiera de distintas maneras la expresión de los servicios y también de otras organizaciones. Hoy tuvimos un momento de cariño, respeto y consideración, con el orgullo de decir que el Ministerio de la Vivienda es capaz de pensar en la Historia para proyectarla hacia el futuro”.

Al respecto, Maricamen Tapia detalló la relevancia que tuvo el proceso de preparación de esta ceremonia y de las otras actividades que el Centro de Estudios y el Centro de Formación, Diálogo y Participación organizaron, y el sentido de sanación institucional que se le quiso dar.

“La Historia no es, si no es contada. Y la Historia requiere de nuestro compromiso con los derechos humanos, la verdad, la justicia y la reparación. Hay una Historia que quiere ser contada y que requiere de espacios como este, de tiempo y de oídos. El conocimiento nos libera y da poder y, en este caso, un poder de entendimiento, de recobrar el sentido, de explicar el presente. También el conocimiento nos permite sanación, y que ni la tristeza ni la violencia nos impida recoger esta Historia y los valores y los ideales que la sustentaron”, afirmó la jefa del Centro de Estudios.  

Al acto asistieron familiares de las y los funcionarios homenajeados, quienes se manifestaron su emoción y agradecimiento por el reconocimiento institucional.

“Soy hija de don Víctor Hugo Morales Mazuela, jefe de la oficina de emergencia de CORHABIT el año 1973. Detenido, secuestrado, torturado y asesinado por la dictadura. Quiero saludar al ministro, porque tuvieron que pasar 50 años para que esto ocurriera. En nombre de los familiares, ejecutados y detenidos políticos, quiero entregarle mi agradecimiento y emoción por esta actitud”, expresó Olga Morales al término de la ceremonia.

Marlene Galdames, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (AFUMINVU), se sumó a las manifestaciones de sobrecogimiento y recalcó que se trata de un acto de justicia y recuperación de la memoria institucional.

“Especialmente queremos saludar a los familiares de los compañeros y compañeras neutras que ya no están con nosotros, que hace 50 años atrás salieron por esa puerta y no los volvieron a ver. No nos podemos imaginar lo que significa para ustedes estar hoy día acá (…) Nosotros como ministerio tenemos una deuda con ustedes. No podemos olvidar a quienes fueron parte de este ministerio, por eso estamos acá”, sostuvo la dirigente.

La placa conmemorativa con los nombres de las treinta funcionarias y funcionarias de MINVU y SERVIU quedó instalada en el primer piso del edificio institucional, como un ejercicio permanente de memoria y reconocimiento a quienes dieron su vida por el sueño de un país más justo y digno para todas y todos.

Entre los asistentes se encontraban quienes colaboraron en el proceso de investigación y preparación de las actividades de conmemoración del MINVU, entre ellos, Miguel Lawner, Premio Nacional de Arquitectura 2019 y ex director de la CORMU; Alfredo rodríguez, investigador; Lilia Santos, encargada de recreación del Parque O’ Higgins, y decenas de funcionarias y funcionarios del MINVU, SERVIU y la Seremi.

Además, la ceremonia estuvo acompañada por una instalación artística de estructuras formadas por volantines, realizados por Arte Volantines. En una de ellas se lee “No me olvides” y a su espalda se pueden ver los rostros de los treinta funcionarios ejecutados y desaparecidos en la dictadura cívico-militar. Otras dos instalaciones recuerdan un afiche de Vicente Larrea, que hizo en el marco de los trabajos voluntarios de estudiantiles de 1972, y el sello de la Conmemoración de los 50 años.

El acto solemne contó también con la intervención artística de Daniela Contreras y Nelson Arriagada, quienes interpretaron la coreografía Anhelo.

Listado de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos

El siguiente listado se construyó gracias a una revisión sistematizada y semiautomatizada de la base de datos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación; el informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación; el informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura; e información administrativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Lo anterior permitió obtener una doble verificación de la información, en la mayoría de los casos.

1. ACHU LIENDO RIGOBERTO DEL CARMEN. Ejecutado político. PS. 13-12-1973. 31 años. FUNCIONARIO CORHABIT
2. AEDO CARRASCO FRANCISCO EDUARDO. Detenido Desaparecido. PS-MIR. 07-09-1974. 63 años. ARQUITECTO MINVU
3. CANTEROS PRADO EDUARDO. Detenido Desaparecido. PC. 23-07-1976. 48 años. CONSTRUCTOR CIVIL CORHABIT.
4. CARCAMO ARAVENA RAUL IVAN. Detenido Desaparecido. MAPU. 31-08-1977. 32 años. EMPLEADO CORHABIT
5. CARRION CASTRO JORGE ERNESTO        Detenido Desaparecido. MIR. 5/10/1973. 23 años. OBRERO EMPRESA DE AGUA POTABLE DE SANTIAGO
6. CELEDON LAVIN LEON EDUARDO. Ejecutado político. Sin Militancia. 02-10-1973. 33 años. ABOGADO COU
7. CEPEDA MARINKOVIC HORACIO. Detenido Desaparecido. PC. 15-12-1976. 54 años. CONSTRUCTOR CIVIL- JUBILADO COU
8. ESPINOZA POZO MODESTO SEGUNDO. Detenido Desaparecido. MIR. 22-08-1974. 32 años. RONDIN CORVI
9. FELMER KLENNER JOSE LUIS Ejecutado político. MIR.19-10-1973. 20 años. EMPLEADO CORHABIT
10. GADEA GALAN NELSA ZULEMA. Detenida Desaparecida. Sin Militancia. 19-12-1973   29 años. SECRETARIA CORVI-KPD
11. GONZALEZ ORTEGA, HUGO ARNER. Detenido Desaparecido. PS. 13-09-1973 23 años. FUNCIONARIO COU
12. HIDALGO ORREGO SERGIO JORGE. Detenido Desaparecido. PS. 31-08-1977. 33 años. SUPERVISOR MANTENCION EQUIPOS KPD
13. IBARRA FUENTES GUILLERMO. Ejecutado político. Sin Militancia. 11-11-1973. 32 años. OBRERO SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
14. LABRIN SASO, MARIA CECILIA. Detenida desaparecida. MIR. 12-08-1974. 25 años. ASISTENTE SOCIAL CORVI. Embarazada
15. MORALES MAZUELA VICTOR HUGO. Detenido Desaparecido. PC. 09-08-1976. 45 años. JEFE DE OBRA – ADMINISTRATIVO CORHABIT
16. OLIVARES JORQUERA RAUL JAIME Ejecutado político. PS. 01-08-1975. 25 años. EMPLEADO CORVI
17. ORELLANA CASTRO MIGUEL IVAN HUMBERTO. Detenido Desaparecido. MIR. 00-07-1976. 27 años. FUNCIONARIO CORMU
18. OTAROLA VALDES LUIS GERARDO. Detenido Desaparecido. PC. 30-08-1977. 25 años. OBRERO KPD
19. PONCE ARIAS ELIGEN. Ejecutado político. Sin Militancia. 27-09-1973. 38 años. JEFE OBRAS CORHABIT
20. PONCE PACHECO SOCRATES. Ejecutado político. PS. 11-09-1973. 30 años. ABOGADO MINVU, INTERVENTOR INDUMET
21. QUEZADA MONCADA HERNAN LEOPOLDO. Detenido Desaparecido. Sin Militancia. 09-10-1977. 32 años. INGENIERO TÉCNICO KPD
22. RAMIREZ HERRERA RICARDO IGNACIO. Detenido Desaparecido. PC. 16-05-1977. 40 años. CONSTRUCTOR CIVIL MINVU
23. RETAMAL MATAMALA FRANCISCO DE ASIS. Detenido Desaparecido    . PC. 09-10-1973. 26 años. EMPLEADO COU EN CONSTRUCTORA DOLMEN
24. RODRIGUEZ URZUA ALEJANDRO. Detenido Desaparecido. PC. 27-07-1976. 49 años. ARQUITECTO, VICEPRESIDENTE CORHABIT, CO-FUNDADOR ESCUELA DE ARQUITECTURA UTE
25. SAAVEDRA CHAMORRO FRANCISCO ANTONIO. Ejecutado político. Sin Militancia. 11-09-1973. 25 años. AUXILIAR CORVI
26. SCHMIDT ARRIAGADA CARLOS. Detenido Desaparecido. PS. 13-09-1973. 21 años. FUNCIONARIO CORVI
27. SCHNEUER YUBERO WALTER CARLOS. Ejecutado político. MIR – FER. 16-09-1973. 21 años. ESTUDIANTE UNIVERSITARIO, EMPLEADO COU
28. ULLOA PINO JUAN ELADIO. Detenido Desaparecido. Sin Militancia. 18-09-1973. 26 años. TOPOGRAFO, JEFE COU.
29. VERA ALMARZA IDA AMELIA. Detenido Desaparecido. MIR. 19-11-1974. 32 años. ARQUITECTA CORVI
30. VIDAL PEREIRA RUDY FREDDY. Ejecutado político. PC. 22-11-1973. 27 años. JEFE RELACIONES COMUNITARIAS CORHABIT