En una solemne ceremonia a las afueras de la sede de la ANEF, este lunes 8 de septiembre, se inauguró el memorial en homenaje a los empleados/as públicos víctimas de la dictadura cívico militar. En la ocasión, asistió la Presidenta de la República, Michelle Bachelet; las representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, y de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira; junto a la ministra del Trabajo, Javiera Blanco; la ministra de Minería, Aurora Williams; la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa; el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz; Joan Jara, viuda de Víctor Jara; los parlamentarios/as Tucapel Jiménez, Maya Fernández, Lautaro Carmona, Hugo Gutiérrez y Claudio Arriagada; además de dirigentes sociales y sindicales.

En la ceremonia, el coro de ex presos políticos dedicó unos temas a los caídos de la ANEF. Luego, dirigieron unas palabras Lorena Pizarro y Alicia Lira, quienes celebraron este acto de memoria y llamaron a las autoridades a buscar la verdad y la justicia en los casos que aún están pendientes de desaparecidos y ejecutados políticos.

“Con este memorial cerramos una deuda de la ANEF con los trabajadores del Estado, ejecutados y desaparecidos durante la dictadura, sin dejar de recordar que el nuestro fue uno de los sectores más golpeados durante este oscuro periodo”, señaló en su discurso el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente.

De la Puente también recordó la resistencia y lucha de algunos de los homenajeados, como la de Jorge Peña Hen, Reinalda Pereira, Carlos Prats y el padre de la Presidenta, Alberto Bachelet. El memorial tiene los nombres de 380 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos plasmados en unas elegantes placas de bronces, empleados públicos de diversos sectores, quienes según lo informado por el Ministerio del Interior fueron víctimas de la tiranía.

“No se puede construir una comunidad sólida sin hacernos cargo de la violencia que fracturó nuestra sociedad y acabó con la vida de personas maravillosas, como las que hoy reciben nuestro homenaje”, señaló la Presidenta Bachelet, en su discurso.

“Necesitamos que esa justicia sea pronto y necesitamos, para que ello sea posible, que quienes tienen información relevante, sean civiles o militares, la entreguen”, consignó la Mandataria, quien instó a la Justicia a trabajar por encontrar la verdad.

Tras la ceremonia, se mostró a los asistentes las placas que constituyen el memorial a la entrada de la ANEF, donde el sacerdote Mariano Puga, reconocido colaborador de los trabajadores/as, bendijo el memorial.

Por último, destacar la excelente organización del evento a cargo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, Nayadé Zúñiga.

Se trata del caso de José San Martín Benavente, desaparecido en Temuco.

Entre los sancionados está el general (r) Gonzalo Arias González.

La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la condena a ocho años de prisión contra tres ex carabineros y un civil involucrados en el secuestro de un funcionario público en 1973.

Así, el tribunal de alzada dejó a firme la pena dictada por el juez Fernando Carreño, quien el 26 de julio de 2007 determinó las sanciones por el secuestro de José Isaías San Martín Benavente, en la época jefe de la Dirección de Industria y Comercio de la Región de la Araucanía.

Las condenas de ocho años de presidio afectan al jubilado general Gonzalo Arias González, a los ex suboficiales Juan Fritz Vega y Omar Burgos y al empresario Eduardo Riquelme Rodríguez.

San Martín Benavente, de 27 años, desapareció el 19 de septiembre de 1973 cuando se presentó voluntariamente ante Carabineros, tras el golpe militar, momento en que se perdió su rastro.

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco resolvió procesar a cuatro ex funcionarios de Carabineros por secuestro calificado de un ex funcionario del gobierno de Salvador Allende, luego que el gobierno de éste fuera derrocado en 1973.

La determinación se refiere al arresto ilegal de José Isaías San Martín Benavente, que no tenía militancia política conocida y que ejercía como director de Industria y Comercio (Dirinco) de Temuco, Novena Región, al momento de su detención, el 19 de septiembre de 1973.

La resolución del tribunal de alzada afectó al general retirado de Carabineros Gonzalo Enrique Arias González, y al oficial Eduardo Orlando Riquelme Rodríguez, y a los sargentos Juan de Dios Friz Vega y Omar Burgos.

Según el portal Memoria Viva, del Proyecto Internacional de Derechos Humanos-Londres, testigos de los hechos aseguraron que San Martín Benavente se presentó voluntariamente ante la Comisaría de Carabineros de Temuco, quedando detenido.

 “Desde esa fecha, se pierde todo rastro de su persona, pese a las diligencias y averiguaciones que su familia realizó en esa ciudad con el fin de conocer la suerte corrida por el afectado en manos de sus aprehensores”, agrega el sitio que recopila causas de derechos humanos

El Vigesimosegundo Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $35.000.000 por concepto de daño moral, a hermana de José Isaías San Martín Benavente, quien fue detenido por agentes del Estado en septiembre de 1973, en la ciudad de Temuco, perdiéndose desde entonces todo rastro de su paradero y destino.

En el fallo (causa rol 7.783-2022), la magistrada Lorena Cajas Villarroel estableció la responsabilidad del fisco en el daño causado a la recurrente por la desaparición forzada de su hermano mayor, a manos de agentes del Estado.

“Que, asentada la responsabilidad del Estado en cuanto agente que causó violaciones a los derechos humanos del hermano de la demandante, corresponderá hacerse cargo de las defensas esgrimidas por la demandada, las cuales no tienen por mérito tergiversar o enervar tal responsabilidad, sino que dicen relación con la preterición de la actora, con la reparación de los vejámenes de que fue objeto el círculo cercano de la víctima, o en cuanto a la oportunidad en que se solicita el resarcimiento”, plantea el fallo.

La resolución agrega: “Que, en relación a la excepción de preterición, es cierto que ante la desaparición o muerte de una persona –más aún en las condiciones en que se verificó la primera de las circunstancias respecto del señor José Isaías San Martín Benavente– se provoque un dolor en todas aquellas personas que se encuentran ligadas a él por lazos familiares o que de alguna forma le conocieron, siendo también cierto que dentro de aquella perspectiva pareciera razonable que no pudiere indemnizarse el dolor de todas ellas, pues de otro modo parientes lejanos e incluso amigos podrían pedir la reparación de ese sufrimiento”.

“Sin embargo –continúa–, ante ese escenario, resulta relevante la prueba que pueda rendirse para demostrar la real afectación con el hecho dañoso y es por eso, que si se indemniza a los familiares cercanos como los ascendientes o descendientes directos o colaterales por consanguinidad o a los cónyuges o convivientes pueda estimarse que se ha reparado en alguna medida el daño causado y que no sea necesario entonces reparar el pesar que pudo provocarse en los parientes más lejanos como por ejemplo cuñados, primos, sobrinos, etc. Con todo, a priori, no es posible excluirlos por la sola circunstancia de haberse indemnizado a padres, hijos o cónyuges de la víctima, toda vez que si la prueba aportada logra demostrar una verdadera afectación con el hecho dañoso, la reparación deberá otorgarse porque así lo mandata nuestra legislación”.

“Así las cosas, en el caso planteado la demandante es hermana de don José Isaías San Martín Benavente, es decir, se trata de una persona absolutamente cercana a la víctima, y que por lo tanto, es dable estimar que sufrió y sufre por su desaparición, configurando un eventual daño moral que puede perfectamente ser perseguido conforme a las reglas generales de la responsabilidad extracontractual –y con las particularidades que serán analizadas en profundidad en motivos ulteriores–; razones suficientes para desestimar la excepción de preterición”, añade.

Para el tribunal: “(…) en definitiva, mediante la prueba antes descrita y valorada en la manera señalada, será posible tener por establecido que doña María Gloria Elena San Martín Benavente sufrió efectos psíquicos del daño causado por la experiencia de violencia extrema del Estado de Chile en contra de su hermano don José Isaías San Martín Benavente, acarreando consecuencias psicológicas que producen efectos hasta la actualidad y que su camino de vida se vio interrumpido, fracturado por ese hecho, de manera irreversible”.

“A mayor abundamiento, el hecho de haberse provocado un daño moral como el invocado por la actora con ocasión de la desaparición de su hermano, se perfila como una consecuencia probable y directa de la actuación de los agentes estatales, atendidas sus circunstancias y características públicamente conocidas y acreditadas, estableciéndose por tal circunstancia el vínculo o nexo causal entre el daño y el agente causante de este”, afirma la resolución.

Asimismo, el fallo consigna: “Que, determinada la existencia del daño moral sufrido por la demandante, es necesario fijar su cuantía en dinero. Para esta materia, esta sentenciadora considerará prudencialmente el mérito de los antecedentes aportados al proceso, en especial la magnitud del daño, su extensión y las horribles circunstancias de los ilícitos, a fin de fijar un monto que se corresponda a la entidad y naturaleza del daño ocasionado a la actora. Cabe hacer presente que este tribunal comprende cabalmente que la suma de dinero que se conceda a título de indemnización en nada destierra el dolor y aflicción sufrido por la demandante debido a las conductas ilícitas ejecutadas por agentes del Estado, momento en que desnaturalizándose y trastornándose los fines del Estado aquellos que por disposición moral y legal estaban encargados de la cautela y seguridad de los ciudadanos, atentaron en los términos más crueles en contra de estos, encontrándose entre ellos el hermano de quien acciona bajo estos autos”.

“Así las cosas –ahonda–, habiendo el Estado dejado en el desamparo e indefensión a esta demandante, durante tan largo tiempo, corresponde ahora que le devuelvan a su amparo y morigere en cierta extensión los efectos perniciosos de su obrar, por lo que la acción deducida habrá de prosperar”.

“En consecuencia, se fije prudencialmente, a la luz de los antecedentes que ya obran en autos y que fueren descritos y valorados con anterioridad, en la suma de $35.000.000 (treinta y cinco millones de pesos), la que deberá pagar el Estado a la demandante por concepto de daño moral”, concluye.

Al Callín lo mandaron a comprar levadura y nunca más volvió. Su madre lo esperó en la puerta hasta que murió. Ella decía: «¿Pero cómo?, si fue a comprar no más, ¿cómo se va a demorar tanto», y se sentaba en el portal de su puerta a esperarlo.

El Callín siempre fue un niño inquieto, le gustaba andar con los más grandes. Se juntaban en la plaza de la esquina, hacían rayados a favor de Allende, o tiraba panfletos. A sus dieciséis años creía en la revolución. Su familia, ocho o nueve hermanos, hijos de campesinos, nunca se metieron en política, pero el Callín sí. Trabajaba lustrando zapatos en la plaza de Armas de Parral, donde todavía se pueden ver los puestos de lustrabotas, aunque todos ellos desaparecieron.

Claudio Jesús Escanilla Escobar era su nombre, pero todos en Parral le llamaban El Callín. El 13 de septiembre fue detenido por una patrulla militar. Iba junto a Nelson León y a Emiliano Mena, pero a ellos lo dejarían libre días después. A la señora Julia, su madre, los lustrines de la plaza le contaron que los militares y el sargento de carabineros Luis Hidalgo lo habían detenido, y que, al parecer, estaba preso en la Comisaría de Parral. Y efectivamente, el 14 de septiembre lo trasladaron a la cárcel, donde la señora Julia sólo pudo dejarle ropa y comida ya que nunca le permitieron verlo.

Junto al Callín fueron detenidos treinta y tres personas más, la mayoría de ellos jóvenes que no pasaban los veintidós años. Hijos de obreros, campesinos, gente pobre que, por una u otra razón, fueron detenidos, llevados a la Comisaría de Parral y que luego nunca más se supo de ellos. Ya desde esa época rondaba la idea que los habían llevados a la Colonia Dignidad, el enclave alemán que operó con total impunidad durante décadas en Chile y dirigida por el ex miembro de las juventudes hitlerianas Paul Shäffer.

El primero en ser detenido fue Luis Evangelista Aguayo Fernández, de veinte años; le siguió Hugo Enrique Soto Campos, de dieciocho años y estudiante secundario. También fue detenido Aurelio Clodomiro Peñailillo Sepúlveda, de treinta y dos años, y jubilado por invalidez. También Oscar Eladio Saldías Daza, de veinte años, proveniente de una familia de escasos recursos, quien trabajaba para cuidar a su madre y una sobrina de cinco años que estaban criando. También Enrique Ángel Carreño González, el único estudiante universitario, quien fue dejado  en libertad y luego arrestado para no saberse nunca más de él. También José Ignacio Bustos Fuentes, de cincuenta y dos años, un campesino que vivía con su madre, quien recorrió los cuarteles militares de Linares y Talca, pero nunca nadie más lo vio. También Rafael Alonso Díaz Meza, de veintitrés años; Irineo Alberto Méndez Hernández, de veintidós; Manuel Eduardo Bascuñán Aravena, de veintitrés; Óscar Abdón Retamal Pérez, de diecinueve y estudiante; Roberto del Carmen Romero Muñoz, de veintitrés años y obrero agrícola.

En octubre desaparecieron las siguientes personas: Armando Edelmiro Morales Morales, de diecinueve años y estudiante secundario. Luis Enrique Rivera Cofré, de veintiún años, padre del niño de nueve meses Vladimir Rivera Órdenes y de un hijo en camino que también llamarían Luis.  También desaparecieron Víctor Julio Vivanco Vásquez, de diecinueve años; y José Hernán Riveros Chávez de veintitrés. En Catillo, comunidad cerca de Parral, fueron detenidos Miguel Rojas Rojas y Gilberto Rojas Vásquez, padre e hijo. También Ruperto Oriol Torres Aravena, de cincuenta y ocho años, campesino y padre de tres hijos que quedaron huérfanos. También Ramiro Romero González, de veintiocho años, campesino, casado, dos hijos. Y Alfredo Durán Durán, de cuarenta y ocho años, quien trabajaba en el Registro Civil.

Los últimos casos de detenidos desaparecidos en Parral corresponden a 1974, más una mujer asesinada, Bella Aurora Sepúlveda Valenzuela. Se trató de doce hombres, ocho de los cuales estaban ligados a un singular hecho represivo conocido como el caso de «El Águila». Entre ellos, Aroldo Vivían Laurie Luengo y Hernán Sarmiento Sabater.

Los últimos detenidos fueron José Luis Morales Ruiz de veintiún años, artesano, quien tenía dos hijos, y Juan Francisco Ponce González, de quien no se tiene ningún registro y ni siquiera aparece en el Informe Rettig.

En la mayoría de los detenidos, salvo los involucrados en el caso de «El Águila», aparece el nombre de Luis Hidalgo, un amable señor que hasta el día de su muerte, se paseaba por el centro de Parral con total impunidad. Nunca nadie lo enfrentó, por miedo claro está. No fue condenado, no pisó la cárcel, no se arrepintió y lo más probable es que para muchos sea una de las figuras más destacadas de Parral.

Cuando le pregunté a la señora Julia que por qué salía todos los días a sentarse fuera de su casa, me respondió: «Por si aparece el Callín, sepa que esta es su casa». Nunca nadie pudo levantarla de ahí hasta que murió, esperando al hijo que ese fatídico día salió a comprar levadura.

Libro: En el pueblo hay una casa pequeña y oscura.
Autor: Vladimir Rivera Órdenes (Parral, 1973) es guionista, narrador y profesor.
Cronica: El orgullo de ser parralino.