La Undécima Sala del tribunal de alzada modificó la sentencia del ministro de primera instancia y condenó a un total de 22 exagentes de la DINA por su responsabilidad en los delitos de secuestros calificados y homicidios calificados cometidos en Chile y el extranjero.

La Corte de Apelaciones de Santiago elevó las penas que deberán cumplir 22 exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional por los  secuestros calificados de Jorge Fuentes Alarcón, Julio Valladares Caroca, Juan Hernández Zazpe, Manuel Tamayo Martínez, Luis Muñoz Velasquéz, Alexei Jaccard Siegler, Héctor Velásquez Mardones y los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto González, Ruiter Correa Arce, ilícitos perpetrados en el marco de la denominada “Operación Cóndor”, acuerdo de cooperación entre los grupos represores de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay en la década de los 70.

En la sentencia (rol 4.545-2019) la Undécima Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Jessica González, Loreto Gutiérrez y Jaime Balmaceda, modificó las condenas del tribunal de primera instancia y aumentó las sanciones penales para los ex agentes involucradas en los delitos cometidos tanto en Chile como en el extranjero.

1)       Los agentes Cristoph Willike Floel y Raúl Iturriaga Neumann deberán cumplir una pena de 20 años de presidio como autores de los secuestros calificados de  Jorge Fuentes Alarcón, Julio Valladares Caroca, Juan Hernández Zazpe, Manuel Tamayo Martínez, Luis Muñoz Velasquéz, Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones y una pena de 20 años como autores de los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto González y Ruiter Correa Arce

2)       El agente Juan Morales Salgado fue condenado a una pena de  20 años de presidio por los secuestros calificados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones y una pena de 20 años de presidio por los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik y Matilde Pessa Mois.

3)       En tanto el agente Pedro Espinoza Bravo deberá purgar una pena de 20 años de presidio por los secuestros calificados de Julio Valladares Caroca, Manuel Tamayo Martínez, Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones; y una pena de 20 años de presidio por los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto González y Ruiter Correa Arce.

4)       Jorge Escobar Fuentes, Federico Chaigneau Sepúlveda, Miguel Riveros Valderrama cumplirán pena de 18 años de presidio por los secuestros de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones; y una pena de 18 años de presidio por los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto González y Ruiter Correa Arce.

5)       La agente Gladys Calderón Carreño fue sancionada con una pena de 10 años y un día de presidio por los secuestros calificados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones;  y 15 años y un día de presidio por los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto González y Ruiter Correa Arce.

6)       Los agentes Jaime Ojeda Obando y Eduardo Oyarce Riquelme cumplirán una pena de 5 años y un día de presidio por los secuestros calificados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones; y una pena de 10 años y un día de presidio por los homicidios calificados de  Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik y Matilde Pessa Mois.

7)       Miguel Krasnoff Martchenko y Gerardo Godoy Garcia cumplirán 15 años y un día de presidio por el secuestro calificado de Jorge Fuentes Alarcón.

8)       El agente Hermon Alfaro Mundaca fue condenado a 10 años de presidio por el secuestro calificado de Jorge Fuentes Alarcón. A la misma pena y por el mismo delito fueron sentenciados José Fuentes Torres, Jorge Andrade Gómez, José Aravena Ruiz, Luis Torres Méndez, María Gabriela Órdenes Montecinos, Osvaldo Pulgar Gallardo y Rodolfo Concha Rodríguez, quienes habían sido absueltos en el fallo de primera instancia.

9)       Finalmente Jerónimo Neira Méndez y Manuel Rivas Díaz deberán cumplir una pena de 3 años y un día de presidio por el secuestro calificado de Jorge Fuentes Alarcón.

La Corte compartió el criterio de primera instancia respecto de la participación de los condenados en la causa por reunirse antecedentes reales y probados respecto de su participación en los hechos, ya sea como autores inductores o autores directos de los delitos que se le atribuyeron a cada uno.

“Que respecto a las condenas y, específicamente, en relación a aquellos acusados cuya participación se calificó como coautoría, la Corte concuerda con la conclusión a que arriba el sentenciador de primer grado, en cuanto a que con los antecedentes recopilados durante la investigación es posible construir diversas presunciones judiciales que por reunir las exigencias de fundarse en hechos reales y probados, ser múltiples, graves, precisas, directas y concordantes, son bastantes para sostener con convicción que a los acusados Cristoph Georg Willeke Floel, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Juan Hernán Morales Salgado, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Jorge Marcelo Escobar Fuentes, Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda, Miguel René Riveros Valderrama, Gladys de las Mercedes Calderón Carreño, Carlos José Leonardo López Tapia, José Alfonso Ojeda Obando, Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme, Héctor Raúl Valdebenito Araya, Miguel Krassnoff Martchenko, Gerardo Ernesto Godoy García, Ciro Ernesto Torré Sáez y Orlando José Manzo Durán les cupo intervención en calidad de coautores, en los términos de los N° 1, 2 y 3 del artículo 15 del Código Penal, según se especifica en cada caso, de los delitos reiterados de secuestro calificado de Jorge Isaac Fuentes Alarcón, Juan Humberto Hernández Zazpe, Manuel Jesús Tamayo Martínez, Luis Gonzalo Muñoz Velásquez, Julio del Tránsito Valladares Caroca. Alexei Vladimir Jaccard Siegler y Héctor Heraldo Velásquez Mardones y de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Correa Arce.”, dice el fallo.

Agrega: “Que, en efecto, en el caso de quienes formaron parte del Departamento Exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional -Willeke Floel, Iturriaga Neumann y Espinoza Bravo- en los fundamentos Vigésimo Octavo, Vigésimo Noveno, Trigésimo Primero, Trigésimo Segundo, Trigésimo Cuarto y Trigésimo Quinto se exponen uno a uno todos los antecedentes probatorios en que se sustentan las imputaciones y se concluye acertadamente que la forma de autoría que les cabe a cada uno de ellos es la del N° 1 del artículo 15 del Código Penal al primero de los nombrados al haber tomado parte en la ejecución de los hechos de manera inmediata y directa, y del N° 2 en relación a los dos restantes, pues se demostró que forzaron o indujeron directamente a otros a ejecutarlos.

Lo mismo acontece en el caso de los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional que formaron parte de la denominada Brigada Lautaro y que operó en el cuartel ubicado en Calle Simón Bolívar N° 8.630 de la comuna de La Reina, en relación con los secuestros calificados de las víctimas Jaccard Siegler y Velásquez Mardones y los homicidios calificados de las víctimas Ramírez Herrera, Stoulman Bortnik y Pessa Mois, esto es, los condenados Valdebenito Araya, Morales Salgado, Oyarce Riquelme y Ojeda Obando; y de los sentenciados Calderón Carreño, Riveros Valderrama, Chaigneau Sepúlveda y Escobar Fuentes en estos mismos lícitos y también en los homicidios calificados de las víctimas Soto Gálvez y Correa Arce.

Los fundamentos Trigésimo Séptimo, Trigésimo Noveno, Cuadragésimo Cuarto y Quincuagésimo Cuarto, respecto de los cuatro primeros, y los motivos Cuadragésimo Segundo, Cuadragésimo Séptimo, Quincuagésimo y Quincuagésimo Segundo, en relación a los cuatro restantes, dan cuenta detallada de los antecedentes conforme a los cuales es posible desprender con certeza que a la época de los hechos estos acusados formaban parte, como agentes operativos, de la brigada de la Dirección de Inteligencia Nacional que materializó el secuestro de militantes del Partido Comunista, entre cuyos miembros se encontraban las personas recién nombradas, de manera tal que no obstante no recordar algunos de ellos el nombre específico de éstas, resulta indiscutible concluir, tal como lo hace el a quo, que tomaron parte en su ilegítima privación de libertad, en algunos casos, y de su homicidio, en otros, sea de manera inmediata y directa, sea forzando o induciendo directamente a otros a ejecutar estos actos, en la forma que prevén los citados N°S 1 y 2 del citado artículo 15 y que, por lo mismo, son coautores punibles de estos ilícitos.

A su turno, los encausados Godoy García y Krassnoff Martchenko, agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional adscritos al denominado Cuartel Terranova o Villa Grimaldi y condenados por el secuestro calificado de la víctima Jorge Isaac Fuentes Alarcón, son también autores en los términos del N° 1 del mismo artículo 15, en tanto jefes de grupos operativos -Tucán y Halcón respectivamente- encargados de la desarticulación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria mediante el secuestro y homicidio de sus miembros, uno de los cuales fue el mencionado Fuentes Alarcón, quien, como se dijo, fue privado ilegítimamente de libertad en la localidad de Enramada en la República de Paraguay y trasladado primero a Cuatro Álamos y luego a Villa Grimaldi, lugar este último donde, de acuerdo a numerosa prueba que se reseña en el fallo de primer grado, fue interrogado y sometido a torturas para obtener información acerca de la organización en la que militaba, actividades éstas en las que evidentemente hubieron de participar los jefes de los grupos operativos antes mencionados, que además también abundante prueba indica dirigían estos interrogatorios. En estas calidades de directos interrogadores o indirectos custodios de una persona que luego de ser secuestrada era mantenida privada de libertad en Villa Grimaldi, no puede sino concluirse que, al igual que en los casos anteriores, no obstante no recordar el nombre concreto de la víctima Jorge Isaac Fuentes Alarcón, los acusados Godoy García y Krassnoff Martchenko tomaron parte en su secuestro de manera inmediata y directa en la forma que prevé el N° 1 del artículo 15 del Código Penal.

Cabe precisar que de acuerdo a esta norma, en lo que interesa, se considera autores precisamente a los que toman parte en la ejecución del hecho de manera inmediata y directa; y lo cierto es que tratándose del delito de secuestro, la ejecución de la conducta típica no se agota con el hecho de la -por decirlo de algún modo- “aprehensión” material o física del secuestrado, sino que continúa ejecutándose, y por tanto el delito en curso de consumación, mientras dure el ilegítimo encierro o la ilegítima privación de libertad. Por consiguiente, quienes realizan actos que permiten perpetuar ese estado están en rigor ejecutando la conducta descrita por el tipo, independiente del concierto previo que haya podido mediar o no con otros intervinientes. En otras palabras, sus actos no son de simple facilitación de medios para la ejecución o de mera presencia sin tomar parte directa en ella (en cuyo caso resultaría relevante la determinación del eventual concierto previo para calificar la intervención de autoría o complicidad, de acuerdo a lo que disponen los artículos 15 N° 3 y 16 del Código Penal), sino ejecutivos propios de la autoría. Por lo mismo, el que fuerza o induce a otro a ejecutar alguno de estos actos es evidentemente autor mediato en los términos del N° 2 del artículo 15 y su conducta, por consiguiente, es también punible.

En tales condiciones, se concuerda con el sentenciador de primer grado cuando concluye que a quienes se acusó como coautores ejecutores del delito de secuestro calificado o como coautores mediatos del mismo revisten efectivamente tal calidad, pues la conducta desplegada por cada uno de ellos, según resultó acreditado, satisface las exigencias del tipo del artículo 141 del Código Penal, en relación a la primera parte del N° 1 del artículo 15 del mismo cuerpo legal y del N° 2 de ese precepto.”

Reparaciones civiles

En el aspecto civil se modificaron los montos de las indemnizaciones  para algunos de los familiares de las víctimas y además se acogieron dos nuevas medidas reparatorias solicitadas por la cónyuge de Alexei Jaccard Siegler y que son: condenar al Fisco a  destinar la suma de $15.000.000 para que a través del Ministerio de Educación se adquieran libros sobre la temática de los Derechos Humanos, que deberán entregarse equitativamente a todas las escuelas públicas de la comuna de Chiguayante y se instale en un lugar visible de las bibliotecas de cada una de ellas una placa en que se informe el hecho de existir tales libros y que fueron entregados en memoria de Alexei Jaccard Siegler, víctima de violación a los Derechos Humanos durante la dictadura militar.

Además el Fisco de Chile deberá entregar $75.000.000 a la Universidad de Concepción para que ésta instituya el premio “Alexei Jaccard Siegler”, que se otorgará anualmente a un estudiante regular de esa casa de estudios que desarrolle una investigación acerca de la temática de los Derechos Humanos, en el contexto de sus estudios en la Universidad de Concepción, y que ascenderá al equivalente en pesos a 100 Unidades de Fomento, debiendo la misma Universidad reglamentar las exigencias, requisitos y condiciones del trabajo.

Los hechos

En la etapa de investigación el ministro Mario Carroza estableció:

-Que a raíz de los acontecimientos acaecidos en el país el día 11 de septiembre de 1973, el Gobierno Militar instituye de manera formal el 25 de noviembre de 1975, en reunión plasmada en la ciudad de Santiago, Chile, un plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre los líderes de los servicios de inteligencia de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, destinado a desestabilizar a los opositores a los regímenes asumidos por las Fuerzas Armadas y de Orden;

-Que éste vínculo generaba de manera estatal e inmediata una realidad que ya se había forjado en acciones concretas entre los países aludidos, esto es, seguimientos, detenciones, interrogatorios bajo tortura, traslado entre países, desaparición o ejecución de personas contrarias a los gobiernos instituidos de facto;

-El escenario anterior habría permitido que se consumaran casos como los que a continuación se indican:

-Que el día 17 de mayo de 1975, Jorge Isaac Fuentes Alarcón, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fuera detenido en la República de Paraguay, en la localidad de Enramada, y luego trasladado a la ciudad de Asunción, donde permaneció privado de libertad hasta el 23 de septiembre de 1975, cuando se define su traslado a Chile vía aérea en forma clandestina por agentes de la DINA, los que una vez en el país le conducen a los recintos secretos de encierro y tortura que mantenía esta organización, esto es, Cuatro Álamos y Villa Grimaldi. En este último lugar, es donde Fuertes permaneció más tiempo prisionero y privado de libertad, recibió un trato cruel de parte de sus captores, se le interroga bajo tortura y se le mantiene en condiciones inhumanas, hasta probablemente el 17 de enero de 1976, cuando otros prisioneros le ven por última vez, desconociéndose su paradero hasta el día de hoy.

-Que, a su vez, el día 2 de julio de 1976, en la ciudad de La Paz, República de Bolivia, se detiene al ciudadano chileno Julio del Tránsito Valladares Caroca, militante del Partido Socialista, por la Dirección de Orden Político, organismo de seguridad de ese país en esa época. En la condición aludida, éste permaneció detenido hasta el 13 de noviembre de 1976, fecha en que fue entregado a Agentes de la DINA, en la localidad fronteriza de Charaña, quienes le trasladaron a nuestro país y le llevaron al Campamento de Prisioneros "Cuatro Álamos", que se encontraba ubicado en la calle Canadá a la altura del 3.000 de Vicuña Mackenna, quedando bajo la custodia de sus agentes, lugar en el cual de acuerdo a testigos permaneció encerrado e incomunicado, y donde se le ve con vida por última vez a fines de noviembre de 1976;

-Que por otro lado, el día 3 de abril de 1976, en la ciudad de Mendoza, República Argentina, son detenidos tres ciudadanos chilenos Juan Humberto Hernández Zazpe, Manuel Jesús Tamayo Martínez y Luis Gonzalo Muñoz Velásquez, militantes socialistas, los cuales fueron trasladados de manera clandestina vía terrestre a Chile y puestos a disposición de los agentes de la Dirección Nacional de inteligencia, quienes le llevaron al Cuartel de Villa Grimaldi, ubicado en Avenida José Arrieta N°8.200 en Santiago, como ya se ha dicho, un campo de prisioneros políticos que pertenecía a la citada organización de inteligencia, en ese lugar fueron encerrados, interrogados y torturados, y se les vio por última vez con vida a fines de abril de 1976, desconociéndose hasta la fecha sus paradero;

-Que por último, en un episodio acaecido en el año 1977, militantes del Partido Comunista, cuya dirección orgánica exterior había decidido la necesidad de canalizar ayuda financiera externa al Partido en Chile, le pide a uno de ellos viajar desde Suiza -Alexei Vladimir Jaccard Siegler-, a Chile, previa escala en Buenos Aires, para encontrarse con otro militante que debía viajar desde Rusia -Ricardo Ignacio Ramírez Herrera- y contactarse ambos además con el militante que residía en esa ciudad -Héctor Heraldo Velásquez Mardones-. Este encuentro no pudo plasmarse porque los tres son detenidos por la Policía Federal Argentina el día 16 de mayo de 1977, sin fundamento legal, y privados de libertad para ser entregados a los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, quienes les trasladan a Santiago de Chile, donde los encierran en el Cuartel de Simón Bolívar, ubicado en la calle del mismo nombre, N08.630, son interrogados bajo tortura y en fecha indeterminada desaparecen. La búsqueda hasta hoy se mantiene al no ser posible encontrar a las víctimas Jaccard y Velásquez, que no registran salidas o entradas comprobadas ni tampoco constan sus defunciones, pero sí se ha encontrado parte de los restos de su compañero de infortunio, Ricardo Ramírez Herrera en Chile, en el sector denominado "Cuesta Barriga", al igual que aquellos pertenecientes al matrimonio formado por Jacobo Stoulman Bortnik y Matilde Pessa Mois, quienes viajaron a Buenos Aires a concretar el despacho del dinero a nuestro país, pero antes son detenidos -el 29 de mayo de 1977- en el Aeropuerto de Ezeiza, en momentos en que bajaban del avión que los traía de Chile, perdiéndose desde ese momento todo rastro de ellos, hasta la aludida evidencia cierta de haber sido inhumados ambos en el ya citado lugar;

-En esta operación, participan a su vez, militantes del Partido Comunista que se encontraban en Chile, que servían de enlace en esta operación, pero cuando se descubre la artimaña fueron ejecutados, Hernán Soto Gálvez en fecha indeterminada, entre el día 7 de junio y el 10 de noviembre de 1977, y Ruiter Enrique Correa Arce, el día 28 de mayo de ese mismo año, 

-El análisis de los antecedentes reseñados en los párrafos precedentes, patentizan la apuntada cooperación y coordinación de los servicios de inteligencia, en casos concretos, donde los agentes de inteligencia de nuestro país, en estos casos, coludidos con los de Argentina, Paraguay y Bolivia, no solo concertaron la detención de las víctimas, sino que también crearon las condiciones para encerrarlos y trasladarlos a nuestro país, con el siniestro propósito de confinarlos en recintos clandestinos para interrogarlos, torturados y luego proceder con extrema crueldad, a eliminarlos.

Calderón Carreño hizo un curso de enfermería en 1972 y fue destinada en septiembre de 1973 al campo de prisioneros de Tejas Verdes. Formó parte de la DINA desde su inicio, donde prestó funciones en la siniestra Clínica Santa Lucia, que era un centro de tortura ubicado en el centro de Santiago.

El ministro en vista para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, condenó este viernes a 20 ex miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los delitos de secuestro y homicidio calificado de víctimas de la acción coordinada de servicios de inteligencia sudamericanos en la década del ‘70, conocida como Operación Cóndor.

Entre los condenados se encuentra Gladys de las Mercedes Calderón Carreño, quien deberá cumplir 10 años y un día de presidio, en calidad de autora de los delitos reiterados de secuestro calificado de Alexei Vladimir Jaccard Siegler y Héctor Heraldo Velásquez Mardones; y como autora de los homicidios calificados de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.

De acuerdo al sitio web www.memoriaviva.com, la oficial del Ejército, quien hizo un curso de enfermería en 1972, fue destinada en septiembre de 1973 al campo de prisioneros de Tejas Verdes, que funcionaba al interior del Regimiento N°2 de Ingenieros, comandado por el entonces coronel de Ejército Manuel «Mamo» Contreras Sepúlveda. En ese lugar trabajaba bajo las ordenes del médico Vitorio Orvieto Tiplizki, supuestamente para la «atención de los prisioneros».

«El Ángel del Cianuro», como se le conocía a Calderón, formó parte de la DINA desde su inicio, siendo integrada al departamento de Sanidad de este organismo y cumpliendo funciones inicialmente en la Clínica Santa Lucia, que era un centro de tortura bajo control médico y estaba ubicado en Santa Lucia 162.

Se presume además que está involucrada directamente  en la muerte del ex agente de la DINA Manuel Jesús Leyton, quien murió en marzo de 1977 por aplicación de torturas y gas sarín, hecho por el cual también Gladys Calderón Carreño ha sido procesada.

Gladys Calderón Carreño también cumplió roles como agente operativa y se ha acreditado su participación junto a Elisa del Carmen Magna Astudillo en el operativo de «Calle Conferencia» (la Ratonera) y en la detención del dirigente máximo del PC Víctor Manuel Díaz López, en mayo de 1976 en Las Condes.

Los condenados

En el fallo, el ministro Carroza también condenó a los agentes Cristoph Georg Willeke Floel y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann a 17 años de presidio efectivo, en calidad de autores del delito reiterado de secuestro calificado de: Jorge Isaac Fuentes Alarcón, Julio del Tránsito Valladares Caroca, Juan Humberto Hernández Zazpe, Manuel Jesús Tamayo Martínez, Luis Gonzalo Muñoz Velásquez, Alexei Vladimir Jaccard Siegler y Héctor Heraldo Velásquez Mardones; y como autores del delito de homicidio calificado de: Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.

En el aspecto civil, el ministro en visita acogió las demandas presentadas por familiares de las víctimas, condenando al Estado de Chile a pagar indemnizaciones por concepto daño moral de entre $20.000.000 y $90.000.000 (veinte y noventa millones de pesos). Asimismo, acogió una serie de medidas de reparación solicitada por familiares de Jaccard Siegler.

La Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, instó hoy en el Memorial del Detenido Desaparecido del  Cementerio General a que las “autoridades, de una vez por todas dejen de desentenderse del tema del terrorismo de Estado y las violaciones de los derechos humanos”.

Estas palabras las pronunció en la ceremonia de traslado de los restos del militante comunista Ricardo Ramírez Herrera al Memorial del Detenido Desaparecido.

“No queremos más palabras que son un mero compromiso público. No queremos más que digan que para ellos es un tema importante y en la práctica sigan desentendiéndose, como cuando el 21 de mayo la Armada sale con medallas que recuerdan el 11 de septiembre y no dicen nada” y exigió que el “Gobierno de una vez por todas avance en verdad y justicia y, termine esta vergonzosa impunidad”, en el homenaje a Ricardo Ramírez Herrera.

La víctima, a la cual se trasladó al memorial, fue detenido en 1977 en Buenos Aires por organismos de inteligencia de Chile y Argentina, trasladado a Chile en el marco de la Opéración Cóndor, asesinado en el Cuartel Simón Bolívar, luego enterrado ilegalmente en Cuesta Barriga, para posteriormente, en la llamada Operación Retiro de Televisores, hacer desaparecer su cuerpo. Ramírez estaba a cargo de la organización y las finanzas del PC en Buenos Aires, recursos que se enviaban a Chile.  

El Servicio Médico Legal identificó los restos de dos vértebras, las cuales fueron entregadas este sábado a sus familiares, quienes lo velaron en la casa que fue su hogar en la comuna de Ñuñoa, para luego trasladarlo al Cementerio General.

En ese marco, Lorena Pizarro demandó al Poder Judicial que “empiece a juzgar también a civiles responsables del golpe, a lo menos a todos aquellos que ocuparon cargos de ministros y subsecretarios, cómplices del genocidio”.

Solicitó a los jueces que terminen de “repetir siempre los mismos nombres de los agentes, no fueron 70 criminales los que sostuvieron el terrorismo de Estado durante 17 años, queremos que vayan a cárceles comunes, que empiecen a recibir condenas acordes con el delito”.

Asimismo pidió que “se empiece de una vez por todas a depurar a las Fuerzas Armadas y a Carabineros de Chile (…) y queremos que al Parlamento, de una vez por todas se envíen proyectos con suma urgencia y se aprueben todas las iniciativas que impidan la impunidad y aseguren la verdad y la justicia”.

“Ya no aceptamos más esta falta de voluntad política que a veces se asemeja a la cobardía. No lo aceptamos más porque la gesta de nuestros compañeros y compañeras detenidos y detenidas desaparecidas  es inmensa”, planteó. 

A la ceremonia asistió el Presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien señaló posteriormente, en declaraciones a www.villagrimaldi.cl, que “no sólo el Gobierno, toda la sociedad chilena está al debe (…) Nosotros hemos conversado en repetidas oportunidades con representantes del Ejecutivo como Partido Comunista para solicitar una postura más decidida respecto al tema. Creemos que todavía hay mucho por hacer, quedan muchas verdades que están ocultas en algún lugar, hay explicaciones que deben las Fuerzas Armadas, que deben los civiles que participaron”.

También se refirió a las demandas de los ex presos políticos que permanecieron en huelga de hambre durante más de 45 días. “Hemos apoyado en todo lo que hemos podido sus solicitudes, las compartimos absolutamente y nos parece que las reparaciones que se han entregado a los ex presos y los torturados están por debajo de lo que debiera ser una reparación digna. Son personas que lo han sufrido todo. Yo lo conozco por dentro, fui intensamente torturado, sé todo lo que se pierde como persona, después es muy difícil recuperarse y hay algunos que no se han recuperado nunca”.

El féretro con los restos de  Ricardo Ramírez Herrera fue recibido al ingreso al memorial con pétalos de rosas rojas por un grupo de niños de la familia.

A la ceremonia fúnebre asistió el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, quien expresó sentidas palabras en homenaje al ex alumno de la casa de Bello. Asimismo, estaba presente la Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual, el Director del Instituto Médico Legal, Patricio Bustos, el alcalde de Recoleta Daniel Jadué, la Premio Nacional de Derechos Humanos Viviana Díaz, la ex ministra Paulina Veloso, Carmen Hertz, María Luisa Ortiz del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior Hugo Pávez. En la oportunidad, se leyó un saludo del directorio y los trabajadores de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.

Se leyeron cartas de la víctima que envió mientras estaba en el extranjero, luego de verse forzado a huir el año 1976. Se bailó la “Cueca Sola”, tema emblemático de la  Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, el cual comenzó a bailarse durante la dictadura para simbolizar la ausencia de sus seres queridos.

Con emoción su familia, sus ex compañeros de partido y amigos acompañaron finalmente el féretro para dejarlo en el Memorial del Detenido Desaparecido, mientras se escuchaba la Internacional Comunista.

Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnick y la esposa de este último, Matilde Pessa Mois: los tres estaban en la lista de 25 personas por las que el juez Juan Guzmán le preguntó al general (r) Augusto Pinochet el sábado 25 de septiembre de 2004. Hacía sólo dos meses que la Corte de Apelaciones de Santiago había desaforado al ex dictador por su responsabilidad en la Operación Cóndor, un plan internacional de cooperación y acción conjunta que implementaron en las décadas del ‘70 y ‘80 los regímenes dictatoriales del Cono Sur para identificar, vigilar, capturar, secuestrar, torturar, eliminar y hacer desaparecer a opositores políticos, los llamados “subversivos”. Era en el contexto de esa investigación judicial que Guzmán interrogaba a Pinochet. El acta de esa declaración que duró apenas 25 minutos y que tres días después publicó El Mercurio, da cuenta de que Pinochet aseguraba no recordar nada de ese plan, que era una cosa de inteligencia, y por lo tanto, de mandos medios, y que “ni Cóndor ni nada de eso era problema mío”.

Sobre los muertos y desaparecidos que dejó ese plan de exterminio, afirmó:

-Yo era Presidente, no me iban a informar de cosas chicas.

Manuel Contreras y Augusto Pinochet

Guzmán le volvió a preguntar: “¿Dio órdenes relacionadas con la detención, interrogación, tortura, traslado o desaparición forzada de las siguientes personas?”, y leyó uno a uno los 25 nombres de una lista de víctimas chilenas de la Operación Cóndor. Allí estaban Ricardo Ramírez y el matrimonio Stoulman-Pessa. El primero era comunista y estaba encargado de la organización y las finanzas del partido en la clandestinidad. Los otros dos no tenían militancia política, pero supuestamente habrían sido parte de un plan para ingresar al país fondos para la disidencia a la dictadura. Los tres fueron detenidos en Buenos Aires, Argentina, en distintas fechas de mayo de 1977. Ramírez cayó primero, secuestrado el día 16 junto a otros dos chilenos y cinco argentinos. Trece días después, el 29, Jacobo Stoulman y Matilde Pessa llegaron a esa ciudad y apenas bajaron del avión fueron detenidos. Simplemente se esfumaron: a los tres los hicieron desaparecer. Sobre ellos, Pinochet dijo:

-Yo estaba arriba. No daba órdenes relacionadas con las personas mencionadas. No conozco a ninguna de esas personas por las cuales se me pregunta.

Pasó el tiempo. Pinochet murió en diciembre de 2006, en su casa y sin condena. De los desaparecidos, hubo versiones sobre su destino, pero no noticias. Aunque eso cambió hace sólo unas semanas.

El 18 de mayo de 2015, a 38 años de que Ramírez desapareciera en Argentina, Valentina, su hija, recibió un llamado desde la oficina del ministro de la Corte de Apelaciones, Mario Carroza. Su padre había sido identificado. O al menos, lo que quedó de él. Se trataba de pequeños fragmentos de huesos que fueron encontrados en 2001 en la Cuesta Barriga, en Talagante. En la misma fosa había también parte de los restos de Jacobo Stoulman y Matilde Pessa. Sus hijas igualmente recibieron la llamada de Carroza.

-No nos dijeron nada por teléfono, pero nos citaron a la oficina del ministro. Estábamos con mis dos hermanas cuando nos dio la noticia: “Van a poder enterrar a sus papás”, nos dijo el juez Carroza. Nos miramos y no sabíamos qué decir. Nos quedamos mudas –cuenta Alejandra Stoulman, quien tenía 15 años cuando sus padres desaparecieron.

La identificación de Ramírez y los Stoulman-Pessa es clave para comprobar la verosimilitud del macabro relato que en 2007 hicieron a la justicia tres agentes de la DINA que operaron en el cuartel Simón Bolívar, en La Reina. Antes de que estos últimos hablaran, al menos respecto a Ramírez y las otras dos personas que fueron secuestradas con él el lunes 16 de mayo de 1977, la versión que entregaba el jefe del órgano represivo de la dictadura, el general (r) Manuel Contreras, era que habían sido arrestados por la inteligencia argentina y que los habían hecho desaparecer arrojando sus cuerpos al Río de La Plata (ver reportaje en La Nación).

Los agentes desmintieron a su antiguo mandamás y, revelaron una historia completamente distinta, pero que igual terminaba en muerte: una vez secuestrados en Buenos Aires, Ramírez y sus dos compañeros fueron traídos a Chile de forma encubierta para luego ir a parar al centro de torturas que operaba la Brigada Lautaro, uno de los grupos más sanguinarios de la DINA. Que allí los torturaron y los eliminaron con gas sarín. Que los enterraron en una fosa en Peldehue y que dos años después, en 1978, exhumaron sus cuerpos con una retroexcavadora y los llevaron a la Cuesta Barriga, en medio de la llamada Operación Retiro de Televisores.

De los Stoulman-Pessa era poco lo que se sabía: sólo que habían desaparecido en Buenos Aires. Pero la reciente y sorpresiva identificación de sus restos arma un relato diferente: el de una ruta que los trajo de vuelta a Chile y que terminó con un entierro ilegal en el mismo punto que Ramírez y sus compañeros. A la vez que se empieza a cerrar un capítulo para las familias, se abre uno completamente nuevo para la investigación que lleva el ministro Carroza; uno que confirma que hubo traslado e intercambio de detenidos entre los órganos represivos de las dictaduras que integraron la Operación Cóndor, para luego hacerlos desaparecer.

EL SECUESTRO DE LOS FINANCISTAS

La historia de los últimos días de Ricardo Ramírez Herrera y el matrimonio de Jacobo Stoulman y Matilde Pessa, parte en el aeropuerto de Ezeiza, con Alexei Vladimir Jaccard Siegler y su fallido viaje a Chile. Él era estudiante, tenía 20 años y desde el ’73 estaba exiliado en Suiza. Aunque era chileno, también tenía la nacionalidad de ese país. Allí se había casado hacía un año, en 1976, con Paulina Veloso Valenzuela, quien mucho después, ya en democracia y durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, se convertiría en ministra secretaria general de la Presidencia y luego en integrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Jaccard militaba en el Partido Comunista (PC) y tenía por esos días una importante y peligrosa misión: volar de Suiza a Santiago con US$ 20.000 en efectivo en un maletín que debía entregar a los dirigentes del partido. Como no había vuelos directos, debía sí o sí pasar por Buenos Aires y allí coordinar el resto del viaje. Aterrizó el domingo 15 de mayo de 1977. Fue con su llegada que el operativo conjunto de la DINA con la Policía Federal Argentina se activó.

19 personas caerían durante esos días en las garras de la Operación Cóndor a ambos lados de la Cordillera de Los Andes. Siete chilenos, doce argentinos. Sólo hubo tres sobrevivientes.

Los agentes no se dejaron caer de inmediato, sino que dejaron actuar a Jaccard. Sus contactos en Argentina eran otros dos chilenos: Ricardo Ramírez, que había llegado hacía poco desde Hungría para hacerse cargo de la organización y las finanzas del PC en Buenos Aires, y el también comunista Héctor Velásquez Mardones. Contaban también con el apoyo de un grupo de argentinos miembros del Comité de Solidaridad con Chile en Argentina. Todos sus pasos eran monitoreados.

Un día después, el lunes 16 de mayo, todo el plan para financiar al PC se vino abajo. Los tres chilenos fueron emboscados por la Policía Federal en plena Avenida 9 de julio, afuera del céntrico Hotel Bristol de Buenos Aires. Esa misma jornada, fueron secuestrados cinco de sus colaboradores argentinos. Los ocho desaparecieron. El dinero también.

Como Jaccard además era suizo, la embajada de ese país en Argentina solicitó la apertura de una investigación para dar con el paradero de su ciudadano desaparecido. Vino entonces otra etapa del operativo Cóndor: el montaje. Un reportaje publicado en Infojus señala que la policía argentina informó a la justicia que el viaje de Jaccard a Chile sí se concretó y que el 26 de mayo de 1977, doce días después de su secuestro, cruzó la cordillera en el vuelo N°630 de la empresa Varig, con pasaporte argentino. Por su parte, la Policía Internacional de Chile entregó reportes sobre supuestos viajes que Ricardo Ramírez habría realizado entre 1977 y 1983. Pero todo era mentira. Un engañó que ya la DINA y la dictadura de Pinochet ya habían hecho anteriormente con las víctimas de la llamada Operación Colombo, al hacer aparecer a 119 chilenos ejecutados y hechos desaparecer en Chile, como “asesinados por sus propios compañeros en el exterior”.

Los antecedentes que recopiló la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para elaborar en 1992 el Informe Rettig, permitieron armar una primera hoja de ruta de lo que realmente pasó con Jaccard, Ramírez, Velásquez y sus socios argentinos. Tras su detención en las afueras del hotel, habrían sido llevados a un recinto de la Policía Federal y luego a la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, que por entonces, era uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grandes y activos de Argentina y de toda Sudamérica. Al menos 5.000 personas fueron llevadas hasta ese recinto bonaerense para luego hacerlas desaparecer.

Dice el informe: “A la luz de estos y otros antecedentes se logró establecer que posteriormente a la triple detención en Buenos Aires de los militantes comunistas chilenos, los organismos de seguridad chilenos y argentinos desplegaron un arsenal de falsos documentos e informaciones para encubrirse mutuamente frente a la presión del Gobierno helvético que insistía en conocer lo sucedido a un nacional en tránsito”.

Los represores aún no anulaban a toda la red de financiamiento del PC. Ruiter Correa Arce era un comunista de 61 años que tenía esposa, tres hijos y un kiosco de diarios en Santiago que servía de buzón para el intercambio entre la dirigencia externa e interna del partido. Así también consta en el Informe Rettig. Él habría participado en la coordinación del plan para ingresar el dinero al país. El 27 de mayo del‘77, a doce días del secuestro de Jaccard, Ramírez y Velásquez en Argentina, Ruiter Correa se esfumó mientras iba a almorzar. Su cadáver apareció al día siguiente en el lecho del río Mapocho.

En la lista de la DINA quedaban sólo dos personas por eliminar: Hernán Soto Gálvez, el “enlace financiero” del PC entre Argentina y Chile, y el empresario de origen judío Jacobo Stoulman Bortnick. Soto era un blanco fácil, y así quedó de manifiesto cuando a comienzos de junio de ese año lo secuestraron en San Miguel y lo hicieron desaparecer. De él no se supo más hasta que fue identificado en 2012 entre los restos encontrados en la Cuesta Barriga. Con Stoulman era distinto: a través de su empresa Cambios Andes, se había convertido en un prominente hombre de negocios en Santiago, especialmente en el circuito de inversionistas judíos. Hacerlo desaparecer en Chile era arriesgado. Hacerlo en Argentina, cuando viajara con su esposa, fue la opción.  ( extracto)

Esta mañana fueron entregados en el Servicio Médi

En las afueras de la institución se reunieron familiares y algunos compañeros de partido, quienes entonaron emocionados la Internacional Comunista para reencontrarse con su ser querido. "Quién se iba a imaginar este momento si ya ha pasado tanto tiempo", comentan sus cercanos. Fueron 38 años de espera que hoy concluyeron entre aplausos y abrazos en memoria de los que no están.

"¡Compañero Ricardo Ramírez, presente!", declamaban, mientras una decena de banderas rojas acompañó el pequeño féretro hasta la carroza fúnebre.

co Legal los restos de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, militante comunista que fue detenido en Buenos Aires y hecho desaparecer en el marco de la Operación Cóndor en el año 1977. 

Sus restos serán velados en la casa de la familia hasta el domingo, día en que se realizará su funeral junto al Memorial del Detenido Desaparecido en el Cementerio General cerca del mediodía.

IDENTIFICACIÓN

A mediados de junio, según detalló un reportaje de Ciper, los restos de Ricardo Ramírez fueron identificados por medio de pequeños fragmentos óseos que fueron periciados en el SML, junto a otros dos detenidos desaparecidos que habían sido secuestrados en Argentina.

El subdirector del Servicio Médico Legal, Dr. David Montoya, comentó que la institución realiza un trabajo muy cercano con las familias de los detenidos desaparecidos, un acompañamiento que estrecha el vínculo para enfrentar en conjunto la difícil situación que viven.

"Es una situación enormemente emocionante y conmovedora. Es lo que significa enfrentarse con la certeza final de que la persona está muerta", señala.

"Nosotros siempre vamos a estar abiertos a recibir estos casos en la medida que se vayan encontrando", declara, considerando que son miles los casos que aún esperan justicia y verdad por parte del Estado y de quienes poseen información sobre el paradero de sus familiares.

Los restos de Ramírez, miembro del Partido Comunista desaparecido el 16 de mayo de 1977 en Argentina en el marco de la Operación Cóndor, fueron sepultados el domingo en el Cementerio General de Santiago por sus familiares y de familiares de otros desaparecidos a cuya cabeza se encontraba su hija Valentina, en una emotiva ceremonia que dejó a la vista las heridas que aún sangran en Chile.

El país se halla sumido el domingo en las celebraciones eufóricas del primer trofeo importante de la selección de fútbol, la Copa América. Pero no faltó quien recordara, como hizo el jugador Jean Beausejour, que en ese mismo estadio donde Chile derrotó a Argentina el sábado en la final, se secuestró, detuvo, encarceló y torturó a militantes y opositores a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"En un lugar donde hubo tanta tristeza y muerte, hoy le dimos una alegría a Chile", declaró Beausejour, que admitió haber rezado por los desaparecidos poco antes de saltar a la cancha del Estadio Nacional.

El colectivo de los familiares de los desaparecidos, que aún lucha por rescatar la memoria social y política que a veces el país parece querer olvidar, se dio cita el domingo al mediodía, entre silencios, en una ceremonia íntima, para conmemorarlos a todos, pero especialmente a Ramírez, del que se leyeron dos de sus emotivas cartas escritas desde el exilio.

Ramírez, encargado de las finanzas del Partido Comunista de Chile en la clandestinidad de Argentina, fue secuestrado junto a otros cuatro compañeros del mismo partido y cinco argentinos del Comité de Solidaridad con Chile como parte de la Operación Cóndor, un dispositivo conjunto de las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia para perseguir y hacer desaparecer a opositores —en su mayoría militantes de izquierda.

En total, 66 chilenos fueron detenidos, secuestrados y hechos desaparecer en Argentina en el marco de esta operación, según datos oficiales.

Los restos de Ramírez, que tenía 40 años cuando desapareció, fueron encontrados en Cuesta Barriga, en Chile, en 2001 y analizados por el Servicio Médico Legal (SML) del país.

El viernes, el SML entregó a su familia la parte de una vértebra, el único resto disponible identificado como de Ramírez, en un acto en el que estuvo presente The Associated Press y en el que se palpaba la ansiedad y la tristeza, puesto que todo apunta a que su muerte fue violenta.

También se cree que fue trasladado de Argentina para ser torturado y asesinado en Chile. Los restos encontrados en Cuesta Barriga confirman el traslado e intercambio de detenidos por la Dirección de Inteligencia Nacional chilena (DINA) y su equivalente argentino, SIDE, para eliminar disidentes.

"Para nosotros este es el cierre del círculo de un enigma por el que luchó durante mucho tiempo la viuda de Ramírez, Edna Canales, en su búsqueda incansable de la verdad de lo que había ocurrido a su marido, dónde estaba, quién lo había capturado", explica a la AP, David Canales, hermano de Edna y cuñado de Ricardo Ramírez.

"Para mí es una satisfacción saber que la mayoría de mi familia se siente mejor por darle un cierre a esto, pero personalmente si me preguntas a mí, yo seguiré luchando por la restitución de la Verdad y la Justicia de todos los desaparecidos de la dictadura", señaló al ser interrogado sobre el significado personal de la ceremonia. Canales mismo fue uno de los que luchó contra el régimen de Pinochet.

"En Chile, como Estado, aún queda mucho por hacer por reparar, hay olvido para todas las personas que sufrieron prisión, tortura, exilio, heridas físicas o emocionales que invalidaron sus vidas de alguna forma y que reciben, por ejemplo, una pensión mensual de 70.000 pesos del Estado (unos 110 USD), eso no es una reparación, no permite sobrevivir dignamente", apuntó.Las cifras rojas de la dictadura incluyen 40.018 víctimas, de las cuales 3.095 son opositores asesinados. Un millar sigue en la lista de desaparecidos, según sucesivas investigaciones oficiales.

Desde Suecia un homenaje de nuestro recuerdo para Ricardo Ramirez Herrera. Gracias a todos los que participaron. Från Sverige, vår hyllning till Ricardo Ramirez . Tack alla som medverkade i det här.