En un fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó este martes la condena a cinco exmiembros de la Armada por el secuestro calificado del estudiante universitario Silvio Vicente Pardo Rojas, detenido y desaparecido en Valparaíso en abril de 1974, durante la dictadura militar.

Los condenados —Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, Juan de Dios Reyes Basaur, Héctor Vicente Santibáñez Obreque, Sergio Hevia Febres y Guillermo Tomás Morera Hierro— deberán cumplir 15 años de presidio efectivo, en calidad de autores del delit.

La resolución, dictada en la causa rol 45.260-2024, fue adoptada por la Sala Penal integrada por el ministro Leopoldo Llanos, las ministras María Cristina Gajardo y Eliana Quezada, junto a los abogados integrantes Juan Carlos Ferrada y Carlos Urquieta.

Argumentos del fallo

El tribunal rechazó los recursos de casación presentados por las defensas, argumentando que carecían de precisión jurídica y buscaban en realidad modificar la forma de cumplimiento de las penas, lo que no corresponde a esta vía procesal.

En su dictamen, la Corte señaló que las solicitudes de los recurrentes eran “vagas e imprecisas” y que pretendían una “revaloración probatoria” que está vedada en sede de casación. Asimismo, advirtió que las causales invocadas eran contradictorias entre sí, lo que también condujo al rechazo del recurso.

“En realidad, el propósito del articulista es una nueva ponderación del acervo probatorio (…), lo que devela que el abogado defensor busca que esta Corte efectúe un ejercicio que no le corresponde”, precisó la resolución.

El caso de Silvio Pardo

El fallo de base, dictado por el ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino Cancino, estableció que Silvio Pardo, estudiante de Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso y militante del MIR, fue detenido el 4 de abril de 1974 por agentes del Servicio de Inteligencia de la Armada.

La víctima fue recluida en el cuartel Silva Palma, donde fue sometida a interrogatorios, torturas y prácticas conocidas como “porotear” —ser obligado a identificar a otras personas que luego eran detenidas—.

Posteriormente, Pardo fue trasladado al campamento de prisioneros de Puchuncaví y regresado a Silva Palma a comienzos de mayo de 1974. Su última comunicación con su esposa, María Elena Zamora, fue una tarjeta fechada el 1 de mayo de 1974.

Desde el 6 de mayo de 1974 no se tuvo más noticias de él. Pese a versiones que señalaban que sería liberado junto a otro detenido, su paradero nunca se conoció. Hasta hoy permanece como detenido desaparecido.

Contexto histórico

El caso se enmarca en la acción de organismos represivos creados tras el golpe de Estado de 1973, como el SICAJSI (Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área de Seguridad Interior), dependiente de la Armada, que operó en Valparaíso bajo una estructura jerarquizada destinada a perseguir opositores políticos.

La condena de la Corte Suprema reafirma la línea de responsabilidad penal en delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado durante la dictadura, crímenes que son imprescriptibles y cuya persecución judicial continúa vigente a más de cinco décadas de ocurridos los hechos.

Durante el acto se distinguió al mejor graduado, licenciado y premio alumni, además de la entrega de dos títulos póstumos.

Los pasados 22 y 29 de mayo se realizaron en el Salón de Honor de Casa Central de la PUCV, las ceremonias de licenciatura correspondientes a los graduados del año 2022 de la Facultad y Escuela de Derecho de la Casa de Estudios. 

Las actividad contó con la presencia de la vicerrectora académica de la Universidad, Claudia Mejías Alonzo, la decana de la Facultad de Derecho, María Graciela Brantt Zumarán, el director de la Escuela de Derecho, Eduardo Aldunate Lizana, y los capellanes de la PUCV, Padre Mauricio González y Padre José Pablo Valencia, quienes estuvieron acompañados, también, por el cuerpo académico de la Escuela.

A propósito de la instancia, la decana Brantt señaló que "esta es una valiosa oportunidad para agradecer a los graduados por haber confiado en nuestra institución para recibir la formación que los habilita para ser profesionales del derecho. Los profesores y profesoras de esta Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso asumimos como una enorme responsabilidad y un gran honor la tarea de transmitir conocimientos, traspasar experiencias y promover en nuestros estudiantes la formación de las competencias necesarias para el ejercicio de esta hermosa y desafiante disciplina (...) Reitero la alegría que nos embarga por poder celebrar este acto , felicitando a los licenciados y también a sus familias y seres queridos, que les acompañaron en este proceso. Reciban nuestros deseos de un desempeño profesional exitoso y una vida plena. Esta seguirá siendo su casa, esperamos que no dejen de volver a ella". 

Por su parte, la director Aldunate añadió que "con este grupo de licenciados y licenciadas damos cuerpo a nuestra responsabilidad, como Facultad y Escuela, de entregar a la sociedad un grupo de personas en condiciones de asumir y desarrollar cabalmente sus funciones profesionales, uniendo, a las herramientas necesarias para un exitoso desarrollo individual, el potencial para realizar un valioso aporte a la comunidad".

En la ceremonia se premió a quien obtuvo las mejores calificaciones a lo largo de toda la carrera como "Mejor Graduado". En esta oportunidad el alumno que recibió el diploma fue Joaquín Torres Oyaneder, quien también fue reconocido como el "Mejor Licenciado en Ciencias Jurídicas" no sólo por sus pares y por la Universidad, sino por la comunidad jurídica en general en lo que comprende ya una tradición del Colegio de Abogados de Valparaíso.

En esa misma línea, Constanza Belén Cienfuegos Ibacache recibió el premio Alumni PUCV, reconocimiento que busca distinguir a un estudiante que durante su carrera demostró compromiso con su escuela y con la comunidad universitaria en general, representando fielmente el sello valórico de la PUCV.

Asimismo, y por acuerdo del Consejo Superior de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad reconoce y honra la memoria de quienes, habiendo formado parte de su comunidad universitaria como estudiantes, no alcanzaron a culminar sus estudios o, habiéndolos terminado, no alcanzaron a titularse o graduarse, otorgándoles póstumamente Títulos, Grados y Postítulos. Bajo ese contexto, recibieron el grado de Licenciada y Licenciado en Ciencias Jurídicas María Ignacia Candia Zamora y SILVIO VICENTE PARDO ROJAS.

Silvio Vicente Pardo Rojas fue detenido el 4 de abril de 1974 en la vía pública, en Valparaíso, por funcionarios del Servicio de Inteligencia de la Armada. Su rastro se perdió en el Cuartel Silva Palma de Playa Ancha.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones de los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, dictó un auto de procesamiento en contra de 9 miembros en retiro de la Armada, por su responsabilidad en el delito de secuestro con grave daño de Silvio Vicente Pardo Rojas (en la foto), ilícito perpetrado en abril de 1974, en el Cuartel Silva Palma de Playa Ancha.

En la resolución (causa rol 51-2016), el ministro Arancibia sindicó como autores del delito a Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, Bertalino Segundo Castillo Soto, Alejo Esparza Martínez, Héctor Vicente Santibáñez Obreque, Sergio Hevia Febres, Gilda Mercedes Ulloa Valle y Guillermo Tomás Morera Hierro.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita logró establecer que el estudiante universitario «Silvio Vicente Pardo Rojas fue tomado detenido el 4 de abril de 1974 en la vía pública, por funcionarios del Servicio de Inteligencia de la Armada. 3 agentes de dicho servicio allanaron su domicilio llevándose algunas cosas, y le avisaron a su esposa que Pardo había sido detenido. Pardo Rojas era estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, y militante del MIR, integrante del comité local Quillota de la señalada organización.

En los días siguientes al arresto, su esposa, María Elena Zamora, se puso en contacto con la Cruz Roja Internacional con el propósito de obtener alguna noticia acerca del paradero de su marido, enterándose que Pardo Rojas se encontraba recluido en el Cuartel Silva Palma.

Allí, la víctima fue constantemente interrogada y sometida a tormentos. Dentro de las sesiones de interrogatorio, Pardo Rojas era sacado por los agentes del Estado a ‘porotear’; es decir, era sacado a la calle a reconocer a otras personas que luego eran detenidas; también era sometido a careo con otros detenidos y a hacer reconocimientos faciales de los compañeros que eran interrogados. La víctima mostró signos de maltrato físico y desgaste psicológico, repitiendo constantemente a sus compañeros de detención que tenía miedo que lo mataran.

Pardo Rojas mantiene contacto con su esposa mediante unas tarjetas que intercambiaban a través de la Cruz Roja Internacional. Con fecha 29 de abril de 1974, el organismo internacional informa a María Elena Zamora que Pardo Rojas ha sido trasladado al campamento de Puchuncaví, donde habría permanecido hasta aproximadamente el 3 de mayo del mismo año, fecha en la que es devuelto al Cuartel Silva Palma junto a otro detenido.

La última tarjeta que Zamora recibe de la víctima, está fechada el 01 de mayo de 1974. A mediados de mayo de 1974, Zamora concurrió a la Primera Zona Naval, donde se le indicó que Pardo Rojas estaba ‘en declaración’ y que luego de terminar ésta, él saldría en las listas y se podría conocer su paradero.

A mediados de junio de 1974, la Cruz Roja Internacional informa a María Elena Zamora que se había perdido contacto con Silvio Pardo Rojas desde el 3 de mayo de 1974 cuando fue sacado del campamento de Puchuncaví, ignorándose dónde habría sido conducido, agregando de que si Pardo hubiese salido en libertad, el organismo hubiese sido informado.

La última noticia que se tiene sobre la víctima es que habría sido dejado en libertad junto al detenido Eduardo Cabrera Vásquez el día 06 de mayo de 1974, pero que no habría salido del recinto junto con Cabrera Vásquez, por lo que desde ese momento se le perdió el rastro.

Desde entonces, Silvio Pardo Rojas permanece en calidad de detenido-desaparecido».

Las familias de los exalumnos Jaime Eltit Spielmann y Fernando Álvarez Castillo, recibieron los títulos póstumos luego que el 2022 la UdeC aprobara las respectivas licenciaturas de grado, como un acto de reparación a solicitud del Colegio de Abogados, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y la Corte Suprema.

“Mi tío Jaime, en conjunto con su hermana -mi tía Maritza- se fueron a vivir a Concepción desde Temuco. Era la primera generación que iba a la Universidad de una familia de harto esfuerzo (…) Concepción los acogió de una manera muy especial, justamente porque la Universidad de Concepción tenía una vocación de comunidad y un espíritu universitario bastante especial. Mi tía Maritza sobrevivió al Golpe, pero a ambos (la casa de estudios) los acogió en la vida política, en la vida comunitaria, en la vida religiosa, en la vida universitaria, entonces fue algo muy importante para ello (…) Ahora en este reconocimiento simbólico y cada una de estas cosas siempre son súper importantes, sobretodo en lo simbólico, en lo familiar, en lo que nos ha unido en estos últimos 50 años, pero no deja de quedar el sinsabor que hasta el día de hoy no sabemos dónde están”.

Verónica Eltit Neumann, representa a la tercera generación de su familia, que durante 50 años, ha buscado a Jaime Eltit Spielmann, exalumno de la carrera de Derecho de la UdeC a quien no volvieron a ver tras el Golpe de Estado. Ella y su hermano, estuvieron presentes en la audiencia pública en que el Tribunal Pleno de la Corte Suprema, entregó el Título de Abogado Póstumo a ocho personas víctimas de la dictadura militar. “Representamos primero a nuestros abuelos, que murieron después de 30 años de lucha sin saber dónde estaba su hijo, y a sus hermanos, que hoy no pudieron estar aquí”, señaló con emoción Verónica tras la ceremonia encabezada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juan Eduardo Fuentes Belmar. Actividad a la que asistieron diversas autoridades como la Ministra del Interior y Seguridad Pública; el Ministro de Justicia y Derechos Humanos; el Fiscal Nacional; el presidente del Colegio de Abogados y la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos; mientras que, por parte de la UdeC, asistieron el Rector Dr. Carlos Saavedra Rubilar, y el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Rodolfo Walter Díaz.

Junto a los familiares de Jaime Eltit Spielmann, estuvieron presentes las hijas de Fernando Álvarez Castillo, ex Intendente de Concepción y exalumno UdeC. “Al momento de ser ejecutado, él estaba en comisión de servicio como Intendente, pero él era parte de la Universidad de Concepción, toda la vida lo fue. Estudió en la Universidad de Concepción, fue dirigente estudiantil, después fue funcionario de la Universidad porque era locutor de la Radio Universidad de Concepción, fue dirigente de los trabajadores también. Entonces fue un hombre que estuvo vinculado a la Universidad su vida entera”, señaló su hija Marcela Álvarez Ramírez, quien también es exalumna UdeC, al igual que su hermana y madre.

El Rector Saavedra indicó que la iniciativa de otorgar estos títulos póstumos se viene gestando desde el año 2020, impulsada por el Colegio de Abogados y la Agrupación de Ejecutados Políticos, cuya solicitud fue canalizada por la Corte Suprema. “Finalizando el año 2020 llega este requerimiento de la Corte Suprema de que las universidades evaluásemos la posibilidad de entregar los certificados de grado de licenciado en abogacía en los dos casos de quienes habían sido estudiantes de la Universidad de Concepción”, señaló el Rector, considerando que según los antecedentes de la UdeC, ambos exalumnos tenían la condición de egresados y no habían rendido el examen de licenciatura. La revisión de expedientes y el análisis del Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, “permitió que en noviembre del 2022 pudiésemos por decreto especial, entregar estos certificados de grado en Derecho a los dos exalumnos que habían sido víctimas de desaparición, en un caso, y de ejecución, en otro, cuyos casos están demostrados en el Informe Rettig”, señaló el Rector.

El valor de la reparación

El Salón de Honor del Palacio de Tribunales estaba repleto. Cada familia de las ocho personas que serían investidas con el Título de Abogado Póstumo esperaban en silencio y con nerviosismo, que tras unos minutos, se quebró con un aplauso cerrado cuando el Ministro de la Corte Suprema y abogado en casos de DDHH, Mario Carroza Espinosa, entregó cada uno de los Títulos en un momento cargado de emoción, recuerdo y simbolismo. Luego de esto, el Presidente de la Corte Suprema reflexionó que dicho acto “es un paso concreto para cumplir en forma cabal los objetivos de carácter reparatorio, tanto para las personas directamente afectadas, como para sus familiares y la sociedad en su conjunto”. En ese sentido, señaló que la reparación no se satisface sólo con la determinación de responsabilidades penales, “también se requiere pasos concretos de otro orden, que desplegada dentro de las competencias legalmente establecidas, hagan posible realzar la importancia de respetar y garantizar los derechos y valores esenciales para toda persona y sociedad, del que fueron privados quienes hoy investimos como abogados”, por lo que estos actos, robustecen la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos fundamentales, concluyó.

De igual forma, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, destacó que la entrega de estos Títulos “es una mínima forma de entender la reparación, en términos de reparación íntegra, pero sobretodo, es una forma de comprender la justicia en términos amplios como el propio Presidente de la Corte Suprema se refirió”.

Tras la ceremonia, el Rector Saavedra y el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, entregaron los diplomas con la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales a ambas familias, instancia en que la máxima autoridad de la UdeC destacó que al conmemorar los 50 años del Golpe de Estado en nuestro país, es relevante que “se pueda desarrollar este acto reparatorio que, en parte, a las familias también les permite ir cerrando heridas, cerrando procesos. Pienso que es un hito, un acto tremendamente simbólico, tremendamente emotivo para nuestra Universidad”. Asimismo, el Decano Rodolfo Walter indicó que “es un honor y un deber haber entregado los grados de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de manera póstuma a estos dos exalumnos. El consejo directivo en su oportunidad lo aprobó por unanimidad y así lo hicimos saber a la autoridad universitaria que finalmente tramitó estos reconocimientos”.

“Cada una de estas cosas va entregando un pedacito de paz dentro de toda la lucha que esto ha significado para la familia”, reflexionó Verónica Eltit, sobrina del exalumno Jaime Eltit Spielmann; mientras que también con emoción la hija de Fernando Álvarez Castillo, agradeció el reconocimiento que hizo la Corte Suprema, “especialmente en estos tiempos en que hablamos tanto de negacionismo. Aquí se han entregado títulos a 8 personas que fallecieron o que son detenidos desaparecidos y la Corte Suprema los está reconociendo como abogados, como profesionales, como personas de bien, que si estuvieran vivos, podrían estar trabajando por la justicia del país”, es por esto que “tenemos que hacernos cargo de nuestra historia, para poder aprender para el futuro y sobretodo las nuevas generaciones”.

Junto a los exalumnos UdeC, quienes también recibieron el Título de Abogado Póstumo fueron: Silvio Vicente Pardo Rojas; Litré Quiroga Carvajal; Héctor Mario Silva Hiriarte; Fernando Abraham Valenzuela Rivera; Guillermo Osvaldo Vallejo Ferdinand; y José Tohá González, padre de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá Morales.