Crueles asesinatos, golpizas solo por placer y un trato inhumano en contra de detenidos políticos son parte de los relatos que definen al teniente (r) Walter Klug, criminal condenado por múltiples violaciones a los DDHH. En La Voz de los que Sobran revisamos en profundidad los escalofriantes testimonios que ubican a Klug como uno de los torturadores más brutales de Pinochet.

La tarde del lunes 28 de junio Walter Klug volvió a pisar tierra chilena. La estancia de su último viaje a Argentina duró aproximadamente 20 días, poco más que un periodo de vacaciones estándar. Pero Klug no estaba vacacionando, estaba huyendo de sus cuentas pendientes con la justicia tras haber sido condenado por el secuestro y homicidio de 23 empleados de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA). Tampoco tenía intenciones de volver, sino que planeaba usar al país trasandino como una pequeña escala para regresar a Alemania, país catalogado como un “refugio seguro” para criminales condenados por violaciones a los Derecho Humanos que posean la nacionalidad de la nación germana, como es el caso de Klug. No era la primera vez que el soldado intentaba evadirse de la sentencia.

Fue en octubre de 2014, al poco tiempo de jubilar, que todos los crímenes del teniente (r) del Ejército, Walter Klug, cayeron por su propio peso. Se materializaron en una condena, dictada por la Corte Suprema, de 10 años y un día en prisión por su rol en el denominado Episodio Endesa. Como resultado de la investigación, Klug fue sindicado responsable del homicidio calificado y secuestro de 23 trabajadores de las hidroeléctricas El Abanico y El Toro, entre otras causas de desapariciones forzadas en las cuales el exmilitar ha sido ubicado por sobrevivientes. Apenas a un mes de dictada la sentencia Klug obtuvo un pasaporte alemán y se escapó sin mayores complicaciones. Allí vivió tranquilamente 4 años hasta su recaptura en Italia. El ingreso del servidor de la dictadura a prisión no ha sido fácil. De alguna forma, hasta el día de hoy se niega a aceptar su responsabilidad por las múltiples violaciones a los DDHH cometidas.

Y es que, a pesar de las sólidas pruebas en su contra, Walter Klug hasta hace casi 11 años, negaba tajantemente todo lo expuesto en instancias judiciales. Así lo confirma un texto legal fechado el 18 de noviembre de 2010 en relación al Episodio Endesa.

“Enfatiza que en este recinto jamás hubo torturas ni maltratos a los detenidos, quizás algunos puntapiés para imponer orden, lo que sí hubo fueron períodos de mayor dureza en el trato, conforme se iban presentando cuadros de personas alcohólicas, personas con angustia por sentirse privados de libertad, lo que le obligaba a actuar con mayor dureza, pero siempre dentro del límite del respeto a los detenidos”, es parte de las declaraciones que el Teniente Walter Klug Rivera dio a los organismos legales, desconociendo todos los crímenes cometidos dentro del Regimiento Reforzado N°3 de Los Ángeles.

Agrega que no sabe de fusilamientos ni asesinatos al interior de la unidad militar, y que si alguien los había llevado a cabo, él no se enteró, reiterando constantemente que fue “disciplinado, duro, sarcástico incluso, pero jamás permitió maltrato físico contra los detenidos, ni provocarles dolor físico”.

Las palabras del exmilitar son frágiles, y se quiebran en una condena y el testimonio de varias víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

“Cuando estuve en el campo de concentración me tocó presenciar un cobarde asesinato. Un campesino perdió la razón producto de los golpes y de la vida que llevábamos, por esto tomó un día una tabla de madera de pequeñísimas dimensiones y golpeó con ella a un soldado en su casco, esto lo vio el teniente Walter Klug Rivera, reconocido torturador y asesino, ordenó que todos los prisioneros que estábamos cerca nos diésemos vuelta para no ver, y ordeno que nos fuéramos a nuestras celdas, entonces el sacó su pistola y la descargó en el pobre campesino demente. Cruz Roja Internacional supo de este cobarde asesinato pues se le mostró el lugar de la muerte en donde aún se veían las manchas de sangre estampadas en el cemento”, versa uno de los vívidos testimonios, recogido por el portal Memoria Viva desde un artículo del extinto diario Fortín Mapocho, de un detenido que habría estado bajo la custodia de Klug.

En La Voz de los que Sobran revisamos en profundidad los relatos emitidos tanto por detenidos como por excompañeros de Walter Klug, los cuales revelan íntimos lazos del Ejército con la organización paramilitar de extrema derecha, Patria y Libertad, las atrocidades cometidas por agentes del Estado en el Regimiento N°3 de Los Ángeles, y el rol de uno de los servidores más brutales y despiadados que la dictadura llegó a integrar en sus filas.

Tranquilo y en la impunidad

Había estado evadiendo los actos cometidos desde el golpe de Estado perpetrado por Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Cuando sus acciones lo alcanzaron, lejos de encararlas, Klug optó por seguir escapando de ellas. En noviembre del 2014, a un mes de dictada la sentencia en su contra por parte de la Corte Suprema, Walter Klug tuvo acceso a un pasaporte alemán otorgado por la propia embajada de la nación germana en Chile, y escapó al país europeo.

Ni las autoridades chilenas ni las autoridades alemanas dispusieron de medidas para prevenir la fuga del exmilitar condenado. Salir de Chile habría sido un mero trámite, tan sencillo como comprar un pasaje de avión y adosar el papeleo correspondiente. Así de fácil, uno de los criminales más sádicos del periodo dictatorial en Chile se deshizo de todas sus responsabilidades.

Pasaron 4 años antes que se le volviera a ubicar en un hotel de la ciudad italiana de Parma. Klug, de 69 años de edad en ese entonces, se encontraba en la localidad para asistir a una conferencia que daría su esposa. Sin oponer resistencia, el exmilitar se entregó a las autoridades italianas, requerido por una orden de detención internacional emanada desde Chile por el caso de Luis Cornejo Fernández, un joven estudiante de topografía, militante del Partido Comunista que estuvo detenido en el Regimiento N°3, y en cuya desaparición forzada habría estado involucrado Walter Klug.

La historia antes del hecho fortuito que permitió la captura de Klug, se convirtió en una zona difusa. Lo cierto es que el criminal de la dictadura estaba escondido a plena vista. La periodista alemana, Ute Löhning, le siguió el rastro hasta el pequeño pueblo de Vallendar, una localidad de aproximadamente 9000 personas en la cual Klug vivió tranquilamente en la impunidad.

El ámbito económico nunca fue un problema para el exmilitar, quien, según desmenuza la investigación realizada por la mencionada profesional, recibía una pensión, pagada por el Estado chileno, cuyo monto aproximado asciende a la suma de $1.200.000, más aumentos varios.

Independiente del caso de Luis Cornejo, por el cual se solicitó la detención internacional de Klug, es preciso destacar que, hasta el momento de su captura en Italia, Chile no había emitido orden de aprehensión para que el teniente regresara a cumplir la sentencia de 10 años y un día por el Episodio Endesa; dicho requerimiento fue girado por las autoridades chilenas solo tras notificar la necesidad de contar con Klug para la acción judicial relativa al caso de Cornejo.

Luego que la Corte Suprema de Italia acogiera la solicitud de Chile para extraditar al teniente coronel (r), basándose en que los crímenes cometidos atentan contra la humanidad, Klug fue devuelto el 6 de febrero de 2020.

El nombre de Walter Klug Rivera volvió a saltar a la opinión pública luego que el 8 de junio de este año la organización abocada a la defensa de los Derechos Humanos, Londres 38, denunciara que el exsoldado se volvió a fugar con rumbo a Buenos Aires, Argentina, eludiendo los controles fronterizos de la Policía de Investigaciones (PDI), con la intención de viajar de vuelta Alemania, país del cual no podría ser extraditado.

Sin embargo, al momento de llegar al país trasandino, la división de la interpol en Argentina ya estaba al tanto de su calidad de prófugo, siendo apresado el día 12 de junio en la vía pública, y dispuesto ante las autoridades para iniciar el proceso de extradición.

De alguna forma, Klug, por casi 48 años, ha estado huyendo de su pasado y de su destino, con todo lo que ello implica. El peso de ambos conceptos en la vida del exmilitar no es menor; las claves p 

Cornejo y Klug tenían la misma edad cuando coincidieron en el Regimiento N°3 de Montaña “Los Ángeles”. En calidad de detenido político, el joven estudiante de topografía de la Universidad de Concepción, con tan solo 23 años, encontraría su suerte en manos de los altos mandos del recinto militar habilitado con el único propósito de detener, interrogar, torturar y asesinar opositores al régimen de Pinochet. Al momento de su desaparición Luis Cornejo no estaba registrado en los cementerios locales, tampoco había notas de ingreso a hospitales, ni eventuales salidas del país u otorgamiento de asilo diplomático. La teoría que hasta el día de hoy se baraja es que Cornejo corrió la misma suerte que miles de compatriotas durante la dictadura militar. El joven estudiante había sido forzado a desaparecer por agentes del Estado. Sin embargo, su paso por el establecimiento donde sirvió Klug quedó en la retina de múltiples prisioneros que sobrevivieron para, años después, relatar los horrores ocurridos en el recinto.  (extracto)

A disposición de la Corte Suprema quedó este viernes el ex miembro del Ejército, Walter Klug Rivera, luego de su traslado desde Italia, donde fue detenido en abril del año pasado en el marco de una orden de captura internacional.

Klug Rivera se fugó de Chile en 2015, antes de ser notificado de la pena de 10 años de cárcel por los secuestros y homicidios de 23 trabajadores de Endesa, además de la desaparición del alumno de la UdeC sede Los Ángeles, Luis Cornejo Fernández.

El ministro Carlos Aldana, de la Corte de Apelaciones de Concepción, a cargo de este último sumario solicitó de inmediato la extradición, concedida hace unos días por la justicia italiana y de ahí su arribo en Santiago.El abogado Cristian Cruz, experto en casos por violación de derechos humanos, destacó la celeridad de la resolución y el que los tribunales chilenos actuaran para lograr la justicia demandada por las víctimas.Tras ser notificado del fallo por el caso de las centrales El Toro y Abanico, el exagente del Servicio de Inteligencia Militar deberá comenzar a cumplir la condena de 10 años y un día de cárcel, confiando el abogado Cruz en que los tribunales no darán lugar a cualquier solicitud que pudieran hacer sus abogados.

Los crímenes contra la humanidad fueron perpetrados entre el 11 de septiembre y el 17 de noviembre de 1973 en el sector cordillerano de Los Ángeles, Región del Bío Bío. Investigación estuvo a cargo del ministro Jorge Zepeda.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los delitos de secuestro y homicidio calificados de 23 trabajadores de la centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico; siete de ellos fueron ejecutados y el resto hechos desaparecer.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Andrea Muñoz- rechazó los recursos de casación presentados en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que condenó a Patricio Martínez Moena a la pena de 20 años de presidio, sin beneficios; a Walter Klug Rivera a 10 años y 1 día de presidio, sin beneficios, y a Ismael Espinoza Silva a 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada.

En el aspecto civil, la Sala Penal ratificó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de 50 millones de pesos a cada uno de los nueve familiares de las víctimas que fueron ejecutadas o desaparecidas en 1973, en el sector cordillerano de Los Ángeles, Región del Bío Bío.

Condenas que deberán cumplir por su responsabilidad en los homicidios de: Juan Miguel Yañez Franco, César Augusto Flores Baeza, Víctor Jerez Meza, Mario Belmar Soto, Mario Samuel Olivares Pérez, Juan Eladio Ulloa Pino y Víctor Adolfo Ulloa Pino.

Además la condena incluye los secuestros calificados de: Abraham López Pinto, José Abel Coronado Astudillo, Abel José Carrasco Vargas, Alamiro Segundo Santana Figueroa, Luis Leopoldo Sepúlveda Núñez, Plutarco Coussy Benavides, Wilfredo Hernán Quiroz Pereira, Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, Domingo Norambuena Inostroza, Luis Eduardo Vergara Corso, BENJAMIN ANTONIO ORREGO LILLO, José Óscar Badilla García, Manuel Antonio Aguilera Aguilera, Manuel Sepúlveda Cerda, Bernardo Samuel Meza Rubilar y Manuel Jesús Arias Zúñiga.

De acuerdo a la investigación del ministro Zepeda, se logró determinar “que en el sector cordillerano, al oriente de la ciudad de Los Ángeles, se encuentran ubicadas las centrales hidroeléctricas de El Toro y El Abanico, pertenecientes de la Empresa Nacional de Electricidad, ENDESA”.

“Los trabajadores de dichas centrales hidroeléctricas, al 11 de septiembre de l973, en su mayoría – según la sentencia del ministro Zepeda-, residían con sus familias en pequeños poblados rurales de dicha área, formando los pueblos de «Los Canelos», «Rayenco», «Polcura», «Antuco», además de campamentos de trabajo de las Centrales Hidroeléctricas de «El Toro», «El Abanico», y más al oriente, atrás de la laguna del Laja, el de «Cuatro Juntas», sector que era denominado «Mallines del Sol», perteneciente al cajón de Alto Polcura», patronímico del río «Polcura», que corre por lugar, donde también los trabajadores pasaban algunos períodos cumpliendo sus labores habituales”.

Con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, “al producirse violentamente el cambio de gobierno debido al Golpe de Estado del 11 de septiembre de l973, los trabajadores antes mencionados, como también el resto de la población civil de dichos pueblos, partidarios del gobierno anterior que es depuesto en ese día, en aplicación y conocimiento de una política del nuevo régimen y en un ataque flagrante de la dignidad humana y de la noción de humanidad misma, fueron perseguidas y detenidas por los agentes del Estado, bajo pretexto de que las víctimas pretendían atacar recintos de detención para liberar a personas privadas de libertad por la autoridad militar y/o atentar en contra de las centrales hidroeléctricas en las que muchos de ellos trabajaban”, consigna el fallo del ministro Zepeda, ratificado por el más alto tribunal del país.

El destino final de estas personas fue “su encierro o privación de libertad en el Regimiento situado en la ciudad de Los Ángeles o en lugares dependientes de esta unidad, y en definitiva muertas y, en otros casos, hechas desaparecer hasta el día de hoy», expresa el fallo.

La sentencia de la Corte Suprema se adoptó con el voto en contra -en el aspecto penal- del ministro Lamberto Cisternas, quien fue partidario de acoger minorantes de responsabilidad en el caso del condenado Klug Rivera; y la opinión disidente de la ministra Muñoz, quien fue partidaria de acoger la prescripción de la acción civil en el caso.

Este lunes 8 de septiembre, la Agrupación Nacional de Empleados Públicos (ANEF), realizará una ceremonia en que inaugurará un memorial en homenaje a los funcionarios públicos detenidos desaparecidos y muertos en dictadura, homenaje que tendrá la presencia de autoridades de gobierno, organizaciones sociales y de Derechos Humanos.

“Esto va con todo el respeto que tiene para nosotros como agrupación conservar la memoria de nuestro país. En esta ocasión, queremos inmortalizar a nuestros funcionaros y dirigentes, quienes también nos legaron su ética y lucha sindical y que fueron asesinados en el peor periodo de nuestra historia. Y al rememorara a nuestros compañeros caídos, también hacemos un llamado a la vida y la paz”, comentó el secretario general de la ANEF, Bernardo Jorquera.

Junto a los dirigentes ANEF que anunciaron el memorial, los acompañó el diputado Tucapel Jiménez, – hijo del dirigente sindical de la ANEF del mismo nombre, asesinado por agentes del Ejército en 1982-, además de la dirigente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira.

Son más de 380 casos los que aparecerán en una placa, en la sede de la ANEF, y que se inaugurará el lunes 8 de septiembre a las 11 hrs. La lista fue proporcionada al gremio por el Ministerio del Interior, donde destacan el presidente Salvador Allende Gossens y Tucapel Jiménez.

“Esta inauguración dignifica a la clase trabajadora, y a los movimientos sindicales” contó Alicia Lira, quien es viuda de un funcionario de Tesorería asesinado los primeros días tras el Golpe de Estado.

“Estos actos de mantener viva la memoria, recordar a los caídos, son importantes porque la memoria es frágil y es bueno mantenerla viva. Nosotros queremos que los jóvenes no vuelvan a vivir esa historia negra que pasamos como país y por eso es importante recordar a los caídos y buscar verdad y justicia, con el propósito de que estas cosas nunca más ocurran”, afirmó el diputado Jiménez.

Las cortes de Apelaciones de Santiago y de Puerto Montt dictaron sentencias relacionadas a investigaciones por violaciones a los derechos humanos, las que fueron indagadas por ministros en visita.

En el primer caso ,se dictó sentencias por los secuestros y homicidios calificados cometidos entre diciembre y enero de 1974, en las cercanías de las centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico, proceso que instruyó en primera instancia el ministro Jorge Zepeda.

El tribunal de alzada determinó condenar a los siguientes agentes de Estado:-Patricio Martínez Moena: 20 años de presidio, sin beneficios, Walter Klug Rivera: 10 años y 1 día de presidio, sin beneficios.

La justicia también condenó a Ismael Espinoza Silva: 5 años de presidio. Se le concedió el beneficio de la libertad vigilada. En el aspecto civil, el tribunal ratificó que los condenados y el Fisco deben pagar  50 millones de pesos a nueve familiares de las víctimas.

En el segundo caso, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt dictó cuatro  sentencias en proceso que instruyó el ministro de la Corte de Apelaciones de Coyhaique Luis Sepúlveda Coronado (casos Coyhaique, Aysén, Puerto Cisnes y Los Torreones).

Los secuestros de los 23 empleados se llevaron a cabo, según la indagatoria, los últimos días de 1973 y a comienzos de 1974.

En una resolución de 120 fojas, el ministro en visita Jorge Zepeda dictó sentencia definitiva por las ejecuciones llevadas a cabo por organismos de inteligencia de trabajadores de las centrales El Abanico y El Toro durante el régimen militar.

Los secuestros de los 23 empleados se llevaron a cabo, según la indagatoria, los últimos días de 1973 y a comienzos de 1974.

Zepeda condenó a Patricio Martínez, jefe del Departamento II de Inteligencia del regimiento de Los Ángeles, a penas de seis años de privación de libertad y a Ismael Espinoza Silva a cinco años de cárcel por el secuestro de Manuel Arias. Este último recibió el beneficio de la libertad vigilada.

Se absolvió a Walter Klug al considerar la eximente de obediencia debida, aplicando por primera vez en Chile lo reglamentado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, por considerar que este precepto es más favorable para el procesado.

Asimismo, dictó el sobreseimiento en el caso del comandante del Regimiento, Alfredo Rehren Pulido, por fallecimiento.

El magistrado Zepeda acogió las demandas de indemnización por perjuicio en contra del Fisco de Chile, ordenando pagar $50.000.000 a cada uno de nueve familiares de las víctimas que presentaron acción judicial.