César Arturo Emiliano Negrete Peña
Antecedentes del Caso
Rut : 6.129.980
F.Nacim. : 17-08-49, 25 años a la fecha de su detención
Domicilio : Remodelación San Borja, Torre 9, Dpto.105, Stgo.
E.Civil : Soltero
Actividad : Ingeniero Comercial
C.Repres. : Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)
F.Detenc. : 9 de diciembre de 1974
SITUACION REPRESIVA
César Arturo Emiliano Negrete Peña, soltero, ingeniero comercial, militante del MIR, fue detenido el 9 de diciembre de 1974, alrededor de las 21 horas en su domicilio, por unos 10 a 15 agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, (DINA), que lo condujeron hasta los recintos secretos de detención y tortura conocidos como "La Venda Sexy" -ubicado en Irán con Los Plátanos, comuna de Macul- y Villa Grimaldi -José Arrieta altura 8.200, Peñalolén- desde donde desapareció. En esa oportunidad fue detenida Amalia Muñoz -madre de su novia- y una amiga de ésta, Alicia Bravo. A las 11 de la mañana de ese mismo día, había sido detenida, en la calle, Marta Neira Muñoz -convivía con la víctima- la que también fue recluida en el recinto de calle Irán con Los Plátanos, desde donde se perdió su rastro.
Ese 9 de diciembre los hechos se iniciaron con la detención de Marta Neira en calle Bascuñán, por cuatro agentes de la DINA. De inmediato, la madre de ella, Amalia Muñoz, se comunicó con el afectado, a quien un amigo recomendó que, dado las circunstancias y su militancia en el MIR, no se acercara a su departamento de la Remodelación San Borja. Sin embargo, y como Marta Neira -según lo relataron testigos- colaboraba con él en las tareas partidarias por motivos afectivos, César Arturo Negrete decidió volver a su domicilio creyendo que si él era detenido, ella quedaría en libertad.
Alrededor de las 9 de la noche, Amalia Muñoz y su amiga Alicia Bravo, frente a la carencia de informaciones relativas a Marta Neira, acudieron al departamento para preguntar al afectado si había sabido algo al respecto. Allí, la puerta les fue abierta violentamente por civiles, siendo ambas mujeres empujadas hacia el interior del inmueble, el que estaba ocupado por unos 10 a 15 sujetos que allanaban el lugar e interrogaban, a gritos, a César Arturo, el que respondía con tono angustiado. La señora Amalia pudo observar que todo se encontraba en completo desorden, que los individuos estaban fuertemente armados y que uno de ellos era alto, 1.80 metro, tez blanca, pelo negro liso, de bigotes, ojos oscuros, orejas chicas, nariz aguileña, labios delgados, de unos 30 años y vestido de terno, y que un segundo agente tendría unos 40 años, 1.70 metro de estatura, pelo castaño oscuro, crespo, macizo, nariz chata, labios delgados y también vestía de terno y corbata. La interrogaron sobre su presencia en el departamento y le dijeron que ellos no conocían a Marta Neira y que seguramente ella andaba de paseo.
Cerca de las 21:30 horas, los agentes procedieron a llevarse detenidas a Amalia Muñoz y a su amiga. Las hicieron bajar por el ascensor, aparentando ser amigos de ellas y actuando con absoluto disimulo. "Nadie habría podido imaginarse nuestra terrible situación", declaró después la señora Amalia Muñoz. Las dos mujeres fueron introducidas en una camioneta Chevrolet color rojo con toldo y, después de andar unas cuadras, sus aprehensores les vendaron la vista. César Arturo Negrete Peña quedó en el departamento junto a sus captores.
Amalia Muñoz y Alicia Bravo fueron conducidas hasta "La Venda Sexy", en donde permanecieron vendadas y aisladas hasta la madrugada del día siguiente, cuando fueron sacadas de allí en un Austin Mini color amarillo y llevadas hasta su domicilio. La señora Muñoz recuerda que se trataba de una casa grande, de dos pisos, particular, con césped a la entrada y en la que se escuchaba mucho ruido de vehículos que entraban y salían con personas. También escuchó gritos de dolor y una radio a todo volumen. A Alicia Bravo -según lo afirmó la testigo- los agentes la hicieron sacarse la venda de los ojos y les mostraron a una joven torturada, la que yacía sangrando en el suelo y se quejaba. En estas condiciones, fue pateada por sus torturadores.
"La Venda Sexy" o "La Discoteque" -llamada así por los vejámenes sexuales a que eran sometidos los detenidos, hombres y mujeres, que allí se encontraban y porque permanentemente se mantenía música a todo volumen para que los gritos de los torturados no se escucharan en las casas vecinas- era una casa de dos pisos, de estructura sólida, con escalera de mármol y piso de parquet. En el segundo piso había tres piezas y debajo de la escalera un baño chico, con una ventana redonda que tenía un vidrio quebrado por donde se divisaba un árbol. (Antecedentes completos de este recinto, agentes que en él funcionaban, torturas a las que sometían a las víctimas, verlos en el caso de Marta Silvia Adela Neira Muñoz).
En este recinto fue visto el afectado y su novia Marta Neira. Al día siguiente de su detención, el 10 de diciembre de 1974, fue detenida Elba Rosa Moraga Vega por cinco agentes de la DINA que llevaban consigo, en calidad de detenido, a César Arturo Negrete, siendo ambos conducidos hasta "La Venda Sexy". Según la testigo - que declaró ante el Tribunal- allí había un gran número de presos a los que se torturaba con aplicación de electricidad, los sumergían en tambores con agua y a algunos les ponían tablones sobre las piernas y les pasaban un vehículo por encima. Esto había sucedido con Félix de la Jara Goyeneche (actualmente desaparecido). En dicho centro de reclusión de la DINA, la declarante fue careada con el afectado sobre unos dólares que había traído de Buenos Aires. Posteriormente, Elba Rosa vio a Marta Neira muy torturada. La testigo permaneció con los afectados en "La Venda Sexy" hasta el 24 de diciembre de 1974, fecha en que ella fue trasladada a Villa Grimaldi.
Cristina Verónica Godoy Hinojosa, detenida el 6 de diciembre de 1974, permaneció, entre otros, en el recinto de calle Irán con Los Plátanos. Aquí fue violentamente interrogada y torturada. La testigo permaneció en "La Venda Sexy" durante unos 10 días y compartió pieza con Marta Neira, Ida Vera Almarza y Nilda Patricia Peña Solari, las tres actualmente detenidas desaparecidas. Recuerda que Marta pedía a los guardias que le permitieran ver a César Arturo, cosa que a veces conseguía y ambos se juntaban y hablaban unos minutos en el pasillo.
Posteriormente, el afectado fue visto en Villa Grimaldi, también recinto secreto de detención y tortura de la DINA. Aquí había una pieza grande, en la que los detenidos permanecían en el suelo durante todo el día y la noche y cuya única actividad consistía en esperar que los sacaran a interrogatorios o los llevaran a presenciar las torturas de otros detenidos. Permanecían con los ojos vendados y, en la noche, les amarraban pies y manos juntos por la espalda y los hacían acostarse en el suelo, que era de baldosas. En las mañanas los llevaban al baño, que era uno solo, y que estaba ubicado junto a la sala de torturas, lo que los obligaba a escuchar los gritos de aquellos que en esos momentos estaban siendo apremiados. Eran alimentados tres veces por día. Al desayuno, un pote de aluminio con café y un pan; al almuerzo un plato de sopa y en la noche otra vez lo mismo. A veces les desataban las manos para comer. Otras, sólo desamarraban a algunos, los que debían entonces dar de comer al que estaba al lado. En algunas oportunidades los hacían comer en el suelo, con las manos amarradas a la espalda, lamiendo los platos como perros, lo que para muchos resultaba humillante y desesperante. "La verdad es que en Villa Grimaldi uno convivía con la tortura - declaró el testigo Héctor Hernán González Osorio- el sufrimiento y la muerte, todo el tiempo, sin parar. Día y noche se sentían los gritos de hombres y mujeres siendo "parrillados" (catre de fierro en que se ataba a la víctima desnuda para proceder a aplicarle corriente en todo el cuerpo), golpeados o colgados".
Fue en este recinto en que Cristián Mallol Comandari, detenido el 7 de diciembre de 1974, vio al "Flaco René" -apodo de la víctima- sentado en una pieza chica. Después lo vio en una sala grande, en la que el afectado permaneció hasta más o menos el Año Nuevo. También, César Arturo fue visto en este centro de reclusión por Héctor Hernán González Osorio.
Ambos testigos -Mallol y González- permanecieron incomunicados durante largos meses en Villa Grimaldi, siendo brutalmente torturados. Durante su reclusión ambos fueron obligados por sus captores -agentes de la DINA- a participar en una conferencia de prensa, en febrero de 1975, dada desde el Edificio Diego Portales por cuatro dirigentes del MIR: Cristián Mallol, Héctor Hernán González, Humberto Menanteaux Aceituno y José Hernán Carrasco Vásquez. Estos dos últimos salieron en libertad, desde Villa Grimaldi, en septiembre de 1975, para volver a ser detenidos por agentes de la DINA, en noviembre de ese mismo año. Sus cadáveres fueron remitidos al Instituto Médico Legal después de ser casualmente encontrados, enterrados, en las cercanías de Buin. Ambos presentaban signos de haber sido torturados en vida.
Dicha conferencia de prensa, acompañada por una declaración pública, fue transmitida por cadena nacional de radio y televisión y en ella los detenidos hablaron de la derrota sufrida por el MIR. El 14 de enero de 1975 Amalia Muñoz hizo entrega a sus dueños del departamento de la Remodelación San Borja, a las 11 de la mañana. Hasta ahí llegó un individuo de civil, el que dijo ser Capitán. Llevaba consigo documentos que anteriormente guardaban César Arturo y Marta Neira en su domicilio. El individuo comenzó a hablar de las personas que allí vivían y se jactó de tenerla detenida a ella, diciendo que el afectado se encontraba prófugo. Agregó que en ese departamento había encontrado un arsenal de armas.
Las circunstancias que rodearon la detención y desaparición de César Negrete y Marta Neira, fueron establecidas en el testimonio entregado por Héctor Hernán González Osorio. El testigo fue detenido el 6 de diciembre de 1974 por agentes de la DINA que lo condujeron a Villa Grimaldi, en donde permaneció incomunicado durante 6 meses. Al momento de su detención, el declarante portaba consigo una llave que correspondía a una oficina en la calle San Antonio al llegar a Ismael Valdés Vergara. Aquí funcionaba un local de reunión de militantes del MIR, donde supuestamente trabajaban dibujantes técnicos. El testigo guardaba en este inmueble toda la documentación relativa a sus actividades con estructuras partidarias a su cargo y los puntos de contacto con otros militantes. Al encontrarle la llave, los agentes desencadenaron sobre él una avalancha de preguntas y golpes.
A raíz de estos hechos, el 7 de diciembre de 1974, cayó detenido Cristián Mallol; el día 8, Washington Cid Urrutia (actualmente detenido desaparecido) y su esposa María Isabel Ortega; el 9 de diciembre, María Teresa Bustillos Cereceda (detenida desaparecida). Por estas vías, la DINA no tardó en llegar al "buzón" (casa donde se dejaban los recados e instrucciones) de la estructura partidaria de la que era jefe César Arturo Negrete Peña y de su enlace, Marta Neira Muñoz.
El afectado estaba siendo buscado desde antes de su detención. En efecto en noviembre de 1973, en la ciudad de Tomé, habían sido detenidos su padre, César Negrete Espinoza, y sus hermanas, Gabriela y Rosa Negrete Peña. Participaron en estas detenciones detectives de Tomé, encabezados por el Subcomisario Sergio González Vera y por el detective Gustavo Cáceres Soto. Los detenidos fueron trasladados a Santiago por el detective Fuad Lama, y llevados al Cuartel General de Investigaciones de esta ciudad. Aquí se les interrogó y se les dijo que habían sido aprehendidos por culpa de César Arturo Negrete, al que acusaron de mirista y al que dijeron necesitar porque el afectado conocía a un ex-interventor de MADEMSA, (César Arturo había trabajado en esta empresa). Cuando los detectives declararon ante el Tribunal, informaron que la orden de detención la había dado el Jefe de la Plaza de Concepción, Capitán de Navío Aníbal Aravena Miranda. Además, a principios de diciembre de 1974, civiles que se identificaron como pertenecientes a Investigaciones, llegaron en tres oportunidades hasta el domicilio de Olivia Negrete -tía de la víctima- en Santiago. Aquí, preguntaron por la víctima, sin dar mayores explicaciones.
GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 11 de febrero de 1975, se interpuso un recurso de amparo por el afectado ante la Corte de Apelaciones de Concepción, el que fue rolado con el N°3331, informándose en la presentación que César Negrete había sido detenido en Santiago. Se realizaron consultas a distintas autoridades de la zona. El 19 de febrero de 1975, el Capitán de Navío y Comandante en Jefe de la II Zona Naval, Aníbal Aravena Miranda, informó al Tribunal carecer de antecedentes relativos a la víctima. En los mismos términos informó el Coronel Luis Araya Cereceda, Comandante Subrogante de la III División de Ejército, el 17 de febrero de 1975. También se envió un Oficio al Ministro del Interior, el que nunca fue respondido. El 2 de abril de 1975, la Corte resolvió prescindir de dicho informe. Al día siguiente, 3 de abril del mismo año, el Tribunal se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago, y en donde se adjuntó un tardío Oficio del Ministro del Interior y General de División, Raúl Benavides Escobar, informando que el afectado "no se encontraba detenido por orden de esa Secretaría de Estado".
Sin que el Tribunal de Santiago realizara diligencia alguna, el recurso fue rechazado el 10 de abril de 1975, sólo en virtud del informe entregado por el Ministro Benavides.
El 13 de diciembre de 1974 se había interpuesto un primer recurso de amparo por el afectado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue rolado con el N°1578-74. En la presentación, Ofelia Negrete Espinoza -tía de la víctima- señalaba que el 11 de diciembre de 1974 había recibido una llamada anónima de una mujer comunicándole que César Arturo se encontraba detenido desde el día 9 de ese mes. Se consultaron las distintas autoridades, informando el Comando de Aviación de Combate que el afectado no se encontraba detenido ni procesado por los Tribunales de Aviación en Tiempo de Guerra, (3 de enero de 1975). Por su parte, el Ministro del Interior y General de División Raúl Benavides Escobar, expresó, el 8 de enero de 1975, que la víctima no se encontraba detenida por orden de esa Secretaría de Estado. La Jefatura de la Zona en Estado de Sitio ofició diciendo que César Negrete no se encontraba sumariado en el II Juzgado Militar ni detenido en la Jurisdicción de dicha Jefatura.
El 23 de enero de 1975, la Corte rechazó el amparo y remitió los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente para que instruyera sumario.
El 30 de enero de 1975 se inició, en el 9° Juzgado del Crimen de Santiago, la causa rol N°13.478-6. Ante una orden judicial, Investigaciones informó haber realizado averiguaciones en Cárcel Pública, Penitenciaría y diversos centros de detenidos y en la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET), sin lograrse resultados que permitieran ubicar el paradero de César Negrete, (9 de marzo de 1975). El 13 de mayo de 1975, se presentó ante este Tribunal una denuncia por presunta desgracia del afectado, en la que Ofelia Negrete adjuntó una declaración jurada de Amalia Muñoz, señalando "a cinco meses de su arresto (el del afectado), aún no se conoce su paradero y las autoridades requeridas han negado reiteradamente el hecho de su detención". Se solicitaba oficiar al Ministro del Interior y a la Dirección de Inteligencia Nacional para que informara si el afectado se encontraba en su poder.
En junio de 1975 concurrió a declarar al Tribunal, la señora Amalia Muñoz, la que dijo "yo vi cuando el día 9 de diciembre de 1974, unos 10 a 15 civiles detenían a César Arturo Negrete Peña". Enseguida relató la detención de su hija, Marta Neira, y la de ella misma, así como su traslado y permanencia en un recinto secreto de la DINA. En contraste con estas declaraciones, estaba el Oficio del 23 de mayo de 1975 del Coronel Jorge Espinoza Ulloa, Secretario Ejecutivo del SENDET, en el que se decía que dicho organismo carecía de antecedentes en relación al afectado. En noviembre de 1975, el Ministro Benavides reiteró que César Negrete no se encontraba detenido. Volvió a asegurar exactamente lo mismo el 29 de diciembre de 1975, agregando que la DINA no registraba antecedentes de César Negrete en sus kardexs y que su personal no lo había detenido.
El 19 de marzo de 1976 se cerró el sumario y sobreseyó temporalmente la causa por no encontrarse "suficientemente acreditada la existencia del delito denunciado". La resolución subió en consulta a la Corte de Apelaciones de Santiago. El Fiscal, en su dictamen señaló: "nadie va a convencer a Ofelia Negrete Espinoza, tía de César Arturo Negrete, de que éste no fue detenido, y del cual, según corresponde concluir del mérito del proceso, no ha logrado saber nada". Agregaba que, sin embargo, el Tribunal, ante los informes de las autoridades, sólo podía deducir que no había sido detenido. El 18 de mayo de 1976, la Corte aprobó la resolución consultada.
Tres años después, en junio de 1979, la familia del afectado interpuso ante el Tribunal una querella criminal por los delitos de violación de domicilio y secuestro o arresto ilegal cometidos en la persona de César Arturo Negrete Peña. En la presentación se relataban las circunstancias de la detención de la víctima y se entregaba la descripción de dos de los agentes que participaron en el allanamiento y aprehensión del afectado. Se solicitó la reapertura de la causa anterior y distintos Oficios dirigidos a otros tantos organismos.
La querella fue acogida y comenzó a ser tramitada por el Ministro en Visita Servando Jordán López en el mes de julio de 1979. El Ministro Jordán había sido designado en calidad de tal por la Corte Suprema de Justicia para conocer de las numerosas denuncias de detenciones seguidas de desaparecimientos investigadas en los Tribunales de la jurisdicción de Santiago, (marzo de 1979). En esta etapa del proceso compareció Sergio Arnaldo González Vera, Comisario de Investigaciones en retiro, el 3 de agosto de 1979. Expuso recordar haber participado en la detención de Gabriela y Rosa Negrete Peña (hermanas de la víctima), la que se efectuó por orden del jefe de Plaza Capitán de Navío Aníbal Aravena Miranda, no mencionó la detención del padre del afectado. Cuando el 3 de abril de 1980 declaró ante el Ministro en Visita, el Capitán Aníbal Octavio Aravena Miranda, quien expuso que entre el 11 de septiembre de 1973 y marzo de 1974 se desempeñó como Gobernador del Departamento de Tomé, época en la que no se le formuló ninguna denuncia relacionada con personas desaparecidas. Agregó que no recordaba la detención de la familia Negrete. También se consignaron distintos Oficios emanados de autoridades de la época. El General de Brigada Enrique Valdés Puga, Vice Ministro de Relaciones Exteriores, informó que no había constancia de que el afectado hubiera salido del país por vía del asilo político. (7 de agosto de 1979). Por su parte, el Ministro del Interior, Sergio Fernández Fernández, el 24 de agosto del mismo año, comunicó que en los Servicios de Inteligencia del Ejército, de Carabineros, de la Fuerza Aérea de Chile y en la CNI, no existía constancia de la detención de César Negrete Peña. El 11 de diciembre de 1979 el Ministro en Visita acumuló a este proceso la causa rol N°14433 del 9° Juzgado del Crimen de Santiago y en la que se investigaba la desaparición de Marta Neira Muñoz. Se adjuntó entonces la declaración jurada de Elba Rosa Moraga Vega en la que la testigo denunciaba que al ser detenida -el 10 de diciembre de 1974- los agentes de la DINA llevaban en calidad de detenido a César Negrete. También la declarante vio tanto al afectado como a Marta Neira, recluidos en "La Venda Sexy". Simultáneamente, la parte querellante solicitó la comparecencia de Marcelo Moren Brito, en relación a la reclusión de César Negrete en Villa Grimaldi. El agente de la DINA compareció el 6 de marzo de 1980. Expuso que ese recinto, al igual que Londres 38, era sólo un lugar de tránsito de detenidos y de fichaje y control de documentación para análisis de inteligencia. Ante las fotografías que se le exhibieron, dijo que nunca vio ni a César Negrete ni a Marta Neira.
El 30 de mayo de 1980, se solicitó al Ministro Jordán que se citara a declarar al General (R) Manuel Contreras Sepúlveda para que informara sobre los funcionarios que se desempeñaban en el recinto ubicado en calle irán con Los Plátanos, comuna de Macul, ("Venda Sexy"), entregándose el nombre de algunos de los agentes para que fueran individualizados por él. El Ministro Jordán no dio lugar a la diligencia porque en el Cuaderno de Instalación de la Visita (antecedentes completos al respecto en el caso de Eduardo Alarcón Jara) constaba que el ex jefe de la DINA sólo reconocía como centro de detención al Campamento de Cuatro Alamos. Respecto a ello se tuvo a la vista el Cuaderno de la Visita y se dejaron consignados los antecedentes relacionados con la documentación de Cuatro Alamos, la que había sido incinerada. También se consignaron las declaraciones prestadas por el General Manuel Contreras Sepúlveda referidas a Osvaldo Romo Mena (habría sido sólo un informante de un agente de la DINA), a los recintos de Villa Grimaldi y Londres 38 (no eran lugares de reclusión) y a las propiedades de calle José Domingo Cañas N°1367 y de calle Irán con Los Plátanos, las que fueron definidas como cuarteles dependientes de la Dirección de Inteligencia Nacional. En octubre de 1980, el Ministro Jordán ordenó a Investigaciones averiguar el paradero de Elba Rosa Moraga Vega, la que no había podido ser ubicada para que compareciera al Tribunal. Al respecto, el Ministro dejó establecido que esa Visita había notado que cuando se ordenaba a Investigaciones la citación de una persona determinada "ese Servicio se limita a informar que no se le ubica en su domicilio o que éste se halla cerrado, sin realizar pesquisa alguna para ubicar a la persona". En esta oportunidad. Elba Rosa Moraga fue hallada y expuso ante el Tribunal, el 11 de noviembre de 1980 ratificando su declaración jurada.
En mayo de 1981, se solicitó al Ministro Jordán que exhortara al Tribunal Civil de Primera Instancia de la ciudad de Bonn, Alemania, para que declarara Samuel Enrique Fuenzalida Hevia, ex- agente de la DINA que había reconocido su participación como aprehensor y guardián de personas desaparecidas, tarea que había ejercido en la misma época y lugar en que estuvieron recluidos César Negrete y Marta Neira. Sin que se cumpliera esta diligencia, el Ministro Jordán López se declaró incompetente el 10 de agosto de 1981, remitiendo los antecedentes a la Justicia Militar. Se apeló de la resolución y la Corte de Apelaciones de Santiago la confirmó el 15 de septiembre del mismo año. La causa fue radicada en la 1a. Fiscalía Militar, siendo rolada con el N°759-81.
Ante este último Tribunal declararon los detectives que participaron en la detención del padre y de las hermanas del afectado. Gustavo Cáceres Soto dijo -en marzo de 1982- que en 1974 se desempeñaba como Inspector en la ciudad de Tomé y que, junto a Sergio González, había participado en la detención de César Negrete Espinoza y de sus hijas. Agregó no recordar de quien emanó la orden de aprehensión, los motivos de ésta ni ante quién fueron puestos a disposición los detenidos. Sergio Arnaldo González Vera expuso, el 17 de marzo de 1982, que había detenido personalmente al señor Negrete y a una de sus hijas en virtud de una orden dada por el Capitán de Navío Aníbal Aravena Miranda, entonces Jefe de Plaza de Tomé. No recordó a quienes habían sido entregados.
Por su parte, Fuad Lama Lama dijo que había trasladado, en calidad de detenidos a César Negrete Espinoza y a sus hijas Gabriela y Rosa Negrete Peña desde Concepción a Santiago. Además, la Fiscalía Militar envió oficios a los Servicios de Inteligencia del Ejército, de Carabineros y de la Fuerza Aérea, sin resultados positivos. Posteriormente, el 27 de julio de 1982, se sobreseyó temporalmente la causa por "no estar acreditada en autos la perpetración de los hechos denunciados", sin proceder al cierre del sumario. Se apeló ante la Corte Marcial y, el 30 de agosto de 1983, este Tribunal repuso la causa al estado de sumario por no encontrarse agotada la investigación. Como única diligencia, se expidió orden de ubicar a Cristina Verónica Godoy Hinojosa, testigo de la reclusión de César Negrete y Marta Neira en el recinto conocido como "Venda Sexy". Investigaciones no pudo encontrar el domicilio de la testigo y el 13 de octubre de 1983 se declaró cerrado el sumario por encontrarse agotada la investigación sobreseyéndose temporalmente la causa. Se apeló de la resolución ante la Corte Marcial, la que evacuó su informe cuatro años después, el 5 de diciembre de 1987. En esta resolución, la Corte aplicó el Decreto Ley de Amnistía (2.191) de abril de 1978, sobreseyendo total y definitivamente el proceso, con los votos en contra de los Ministros Correa y Chaigneau, los que estimaron "improcedente sobreseer definitivamente la causa, por cuanto en su concepto, para que pueda aplicarse la amnistía es necesario que se encuentre establecido que los hechos investigados correspondan a un ilícito penal y que se haya determinado la participación de alguna persona como autor, cómplice o encubridor". Este fallo fue apelado ante la Corte Suprema, Tribunal que lo revocó cambiando el sobreseimiento definitivo por sobreseimiento temporal.
Por su parte, la familia realizó una serie de gestiones administrativas tendientes a dar con el paradero del afectado. Acudieron al Ministerio de Defensa, al SENDET, a la Cruz Roja Internacional. Todo sin resultados positivos. César Arturo Negrete Peña es en la actualidad un detenido-desaparecido.
Fuente :Vicarìa de la Solidaridad
Prensa
El último acto conmemorativo por los 40 años del golpe de estado organizado por la Vocalía de Derechos Humanos, Solidaridad y Conflictos Sociales de la FEC, se realizó esta mañana, con el develamiento de la placa remozada, que lleva inscrita el nombre de los 54 estudiantes, ex alumnos, profesores y funcionarios de la Universidad de Concepción que fueron asesinados durante el régimen militar, muchos de los cuales continúan hasta el día de hoy en calidad de detenidos desaparecidps.
Gabriel Provoste, vocal de DDHH de la FEC, indicó que esta es la última expresión de las actividades que han organizado para septiembre, expresando que el objetivo es conmemorar a los compañeros y compañeras de la UdeC, que fueron víctimas de la dictadura militar.
Provoste señaló que en el transcurso de estos últimos 20 años ?el memorial fue erigido en 1993 para conmemorar los 20 años del golpe- el monumento ha sufrido de constantes deterioros, explicando que hemos cambiado la placa y agregado el nombre de otros diez compañeros que no estaban en la anterior y al mismo tiempo restaurar la pieza. El dirigente estudiantil recordó que la idea del memorial estaba unida a una plaza de reflexión, para lo cual se encuentran aún trabajando y buscando los recursos para ella.
En la actividad, a la que acudieron alrededor de 150 personas, participaron las asociaciones de ex prisioneros políticos del MIR, organizaciones estudiantiles y la sociedad mutualista Bautista van Schouwen Vasey.
La escultura "Homenaje a los estudiantes detenidos desaparecidos", es un grupo escultórico en concreto y mosaico, que Representa a cuatro figuras erectas en una síntesis reconocible como figuras humanas, atadas entre sí con anillos de metal. Están dispuestas formando un semicírculo cuyo centro está ocupado por una mocheta inclinada, en que se apoya una lista grabada en bronce con el nombre de los alumnos de la Universidad que fueron detenidos desaparecidos en el periodo 1973-1990.
Las personas de la comunidad UdeC, víctimas de la violencia de la dictadura, y que fueron reconocidas hoy, son Enrique Carreño, Eduardo Crisóstomo, Ogán Lagos, Fabián Ibarra, Fernando Alvarez, Jaime Eltit, Dignaldo Araneda, Muriel Dockendorff, Héctor González, Alexei Jaccard, César Negrete, Wladimir Araneda, José Aguayo, Miguel Catalán, Silvia Calfulén, Ricardo Ruz, Héctor Rodríguez, José Bordaz, Alan Bruce, Edgardo y Miguel Enríquez Espinoza; Caupolicán Inostroza, Marcos Montecinos, Juan Perelman, José Randolph, Freddy Torres, Arturo Villabela, Felipe Campos, Luis Barra, Jorge Grez, Arturo Hillerns, Fernando Krauss, Bautista Van Schouwen, Carlos Rioseco, José Carrasco Tapia, José Carrasco Vásquez, Juan Espinosa, Sonia Ríos, Carlos Contreras Maluje, José Jara, Héctor Zúñiga, Elizabeth Cabrera, Roberto Chávez, Washington Cid, Carlos Fernández, Jorge Fuentes, Juan Carlos Gómez, Nelson Herrera, Sergio Lagos, Luis Pincheira, Sergio Riffo, Ariel Salinas, Patricio Sobarzo, Héctor Velásquez, Manuel Villalobos, Rolando Angulo, Jaime Araya y Luis Cornejo.
Fuente :udec.cl 22/03/2016
Fecha :22-03-2016
En los casos de los agentes Manuel Contreras Sepúlveda y Marcelo Moren Brito, el tribunal de alzada capitalino dispuso que los antecedentes vuelvan al ministro de primera instancia, Leopoldo Llanos, para que dicte su sobreseimiento por fallecimiento.
La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia de primera instancia dictada en la investigación denominada "Villa Grimaldi. Cuaderno Principal", que indagó la desaparición de 19 personas y un homicidio calificado, ilícitos perpetrados al interior del centro de detención ilegal, ubicado en la comuna de Peñalolén.
En un fallo unánime, la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Mauricio Silva Cancino, Mario Rojas y Jessica González– ratificó las condenas efectivas para 11 integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los secuestros calificados de: Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, Marta Silvia Adela Neira Muñoz, César Arturo Emiliano Negrete Peña, Alejandro Juan Ávalos Davidson; y por el homicidio de Humberto Juan Carlos Menenteau Aceituno.
La sentencia ratificó las penas en contra de:
1- Pedro Espinoza Bravo: 20 años de presidio por su responsabilidad en el homicidio de Humberto Juan Carlos Menenteau Aceituno; y 20 años de presidio por los secuestros de Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, Marta Silvia Adela Neira Muñoz, César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro Juan Ávalos Davidson.
2- Rolf Wenderoth Pozo: 15 años de presidio por su responsabilidad como cómplice en el homicidio de Humberto Juan Carlos Menenteau Aceituno; y 20 años de presidio por los secuestros de Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro Juan Ávalos Davidson.
3- Miguel Krassnoff Martchenko: 20 años de presidio por los secuestros de Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro Juan Ávalos Davidson.
4- Fernando Lauriani Maturana: 20 años de presidio por los secuestros de Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro Juan Ávalos Davidson.
5- Gerardo Godoy García: 20 años de presidio por los secuestros de Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro Juan Ávalos Davidson.
6- Ricardo Lawrence Mires: 20 años de presidio por los secuestros de Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro Juan Ávalos Davidson.
7- Basclay Zapata Reyes: 15 años y un día de presidio por los secuestros de Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Carreño Aguilar, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Jacqueline Paulette Drouilly Yurich, Juan René Molina Mogollones, René Roberto Acuña Reyes, Carlos Alberto Carrasco Matus, Hugo Daniel Ríos Videla, Agustín Alamiro Martínez Meza, Juan Rodrigo Mac-Leod Treuer, María Julieta Ramírez Gallegos, Luis Jaime Palominos Rojas, César Arturo Emiliano Negrete Peña y Alejandro Juan Ávalos Davidson.
8- Manuel Carevic Cubillos: 15 años y un día de presidio por los secuestros de María Isabel Joui Petersen, Marta Silvia Adela Neira Muñoz y César Arturo Emiliano Negrete Peña.
9- Raúl Iturriaga Neumann: 15 años y un día de presidio por los secuestros de María Isabel Joui Petersen, Marta Silvia Adela Neira Muñoz y César Arturo Emiliano Negrete Peña.
10- César Manríquez Bravo: 15 años y un día de presidio por los secuestros de Guillermo Roberto Beausire Alonso, Manuel Antonio Carreño Navarro, Iván Sergio Carreño Aguilar y Jacqueline Paulette Drouilly Yurich.
11- Orlando Manzo Durán: 10 años y un día de presidio por el secuestro de Jacqueline Paulette Drouilly Yurich.
En el aspecto civil, el fallo confirmó que el Estado de Chile debe pagar una indemnización total de $1.850.000.000 (mil ochocientos cincuenta millones de pesos) a familiares demandantes, en sumas que van desde los $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a los $150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos), según se detalla en la sentencia.
En los casos de los agentes Manuel Contreras Sepúlveda y Marcelo Moren Brito, se dispone que los antecedentes vuelvan al ministro de primera instancia, Leopoldo Llanos, para que dicte su sobreseimiento por fallecimiento.
Fuente :elmostrador.cl 16/09/2015
Fecha :16-09-2015
El ministro en visita Alejando Solís encargó reos a toda la plana mayor de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por la desaparición y muerte de 20 opositores al régimen militar que estuvieron detenidos en el centro de reclusión clandestino “Villa Grimaldi“, en la comuna de Peñalolén entre los años 1974 y 1977.
El juez dictó este martes el auto de procesamiento en contra de 13 ex integrantes de la DINA por las figuras penales de secuestro y homicidio calificado en contra de 20 personas.
El magistrado encausó a los ex miembros de la DINA señalando que corresponden a delitos de lesa humanidad cometidos “por una organización criminal que tenía como único objetivo reprimir a los opositores, que consideraba enemigos políticos, el mismísimo Presidente de la República, Augusto Pinochet Ugarte, utilizando como medios de destrucción armas de fuego, explosivos y otros idóneos”, dice la extensa resolución del magistrado.En un listado que encabeza el ex director de la DINA, general en retiro Manuel Contreras, el juez Solís menciona una a una las víctimas de estos graves crímenes cometidos en el régimen militar.Entre ellos al coronel (R) Marcelo Luis Moren Brito por los secuestros calificados de: Guillermo Roberto Beausire Alonso, Alan Roberto Bruce Catalán, Manuel Antonio Carreño Navarro, María Teresa Eltit Contreras, María Isabel Joui Petersen, Agustín Alamiro Martínez Meza, Marta Silvia Adela Neira Muñoz, César Arturo Emiliano Negrete Peña, Iván Carreño Aguilar y los homicidios de: Alejandro Juan Ávalos Davidson, y Humberto Juan Carlos Menanteau Aceituno.
Una de las víctimas, Alan Roberto Bruce Catalán, era sobrino de Moren Brito. Al momento de su asesinato tenía 24 años de edad, era casado y tenía un hijo. Había estudiado Ingeniería Civil en la Universidad Católica y militaba en el MIR. Detenido el 13 o 14 de febrero de 1975 desde un inmueble de calle Illanes, junto a Montti y Carmen Díaz, fue aprehendido por Marcelo Moren Brito, quien los traslada hasta Villa Grimaldi, donde permanecen hasta fines de febrero de 1975. Según otros detenidos, Marcelo Moren Brito torturó y mató personalmente a Alan Bruce.
Fuente :publimetro.cl 04/12/2012
Fecha :04-12-2012
El ministro de fuero, Juan Guzmán Tapia, sometió a proceso a siete militares (r) por el delito de secuestro calificado, por la desaparición de 23 personas en el recinto de torturas de Villa Grimaldi, durante el gobierno militar.
Los ex uniformados son el ex director de la Dina, Manuel Contreras Sepúlveda; el coronel Marcelo Moren Brito; brigadier Miguel Krasnoff; el suboficial Basclay Zapata; el agente Osvaldo Romo; el oficial en retiro de Carabineros, Conrado Pacheco y al agente Pedro Alfaro.
Fuente :La Tercera 22 de Julio 2002
Fecha :22-07-2002
La iniciativa de un grupo de académicos y académicas de distintas facultades consiste en la exhibición de una serie de microdocumentales que recogen testimonios sobre la vida de estudiantes y trabajadores ejecutados o detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar.
Instalada en 1993 en el Campus Concepción, la escultura Ronda de la Unidad del artista Lautaro Labbé es un símbolo de resistencia contra al olvido; una interpelación permanente al nunca más.
Desde el centro de la Plaza de las Memorias y los Derechos Humanos -situada en las cercanías de la Laguna Los Patos-, la obra recuerda a 66 integrantes de la UdeC, cuyas vidas fueron truncadas con el quiebre de la democracia.
A 50 años del golpe de Estado, un grupo de académicas y académicos recupera sus historias en el marco del programa institucional de conmemoración del 11 de septiembre de 1973 que coordina la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio (Vrim).
Rescate de la memoria histórica de los miembros de la comunidad de la Universidad de Concepción víctimas de la violencia política ejercida por la dictadura cívico- militar es el título del proyecto que consiste en un ciclo de microdocumentales, conversatorios y exposición fotográfica.
La docente de la Facultad de Medicina, Jéssica Bastidas del Río, es la responsable de esta iniciativa impulsada por la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Académicas y Académicos Enrique Molina Garmendia, pensada como una contribución a la memoria histórica universitaria y nacional.
Las principales motivaciones tras la iniciativa, que también busca aportar al desarrollo de un pensamiento crítico orientado a fortalecer la convivencia democrática, apuntan a las características de un período histórico que, a juicio de la académica, ha sido invisibilizado en la actualidad.
“Hubo represión cívico militar, extremo uso de la violencia, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas y una importante participación de civiles. Además hay una banalización de los hechos, ya sea en el número de las víctimas y la justificación de los actos represivos”, indica.
Por otro lado, acota que hay una constatación a nivel nacional y local del desconocimiento de las nuevas generaciones en torno a “los hechos cometidos en el marco de la dictadura cívico-militar en Chile y la repercusión que éstos tuvieron en nuestros estudiantes, funcionarios y profesores”.
La iniciativa cuenta con la colaboración de los docentes Luisa Bascuñán Godoy (Ciencias Naturales y Oceanográficas), Patricio Castro Maldonado (Ciencias Biológicas), Abelardo Castro Hidalgo (Educación), Natascha de Cortillas Diego y Yasna Pereira Reyes (ambas de Humanidades y Arte), para quienes la memoria es un elemento imprescindible para entender los sucesos históricos que ocurrieron en dictadura, sus motivaciones y sus resposnsables.
“Somos responsables de recuperar y mantener la memoria histórica, con el fin de generar la conciencia colectiva necesaria y fundamental, manifiesta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir en nuestro país y en ningún otro lugar”, dicen desde el equipo.
“La dictadura cívico-militar mantiene heridas abiertas, con temas inconclusos, cuyos efectos se extienden hacia nosotros hoy. Se trata de un pasado que se encuentra en permanente proceso de actualización y que interviene en las proyecciones futuras”, agregan las y los docentes.
En esa perspectiva, para ellos y ellas las prácticas colectivas de rememoración dan sentido a lo acontecido. “La supervivencia de algunos protagonistas y su descendencia y sus testimonios recientes, nos permiten recuperar la historia y su legado”.
Junto a las y los académicos UdeC participa Hilda Espinoza Figueroa, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, quien valora el aporte de la iniciativa que recuerda a las y los jóvenes que, como ella, vivieron la universidad en la época previa al quiebre institucional.
“Me ha traído recuerdos, volví a pasar por el corazón los años 70; para mí ha sido importante y valioso y creo que con la gente de mi edad va a pasar lo mismo, porque es volver a nuestra historia, a los momentos del gobierno de Salvador Allende, un tiempo en que hacíamos tantas cosas como estudiantes”, dijo.
Asimismo, expresó la relevancia de los ejercicios de memoria al interior de la casa de estudios. “Los chiquillos no saben, hay que dejar un museo o un lugar de exposición, donde estén estos recuerdos, creo que es muy importante”.
Homenajes en las facultades
La actividad contempla la presentación de nueve microdocumentales inéditos, con testimonios sobre la vida de estudiantes ejecutados/as o desaparecidos/as en las voces de familiares y/o cercanos, realizados al alerto del proyecto UCO Resignificando los Derechos Humanos desde las artes visuales, desarrollado entre mayo de 2022 y enero de este año, también a cargo de Bastidas.
Las exhibiciones se realizan en distintas facultades y son acompañadas por una muestra fotográfica de los estudiantes y trabajadores de quienes existe registro y un conversatorio con las personas que entregaron testimonios para los documentales (representantes de organizaciones de Derechos Humanos, de la sociedad civil, estudiantes y docentes UdeC).
Los homenajes partieron el 28 de junio en la Facultad de Medicina con la exhibición del microdocumental sobre el ex intendente, egresado de Derecho, libretista y locutor de la Radio de la UdeC, Fernando Álvarez Castillo, fallecido el 8 de noviembre de 1973 en la Cuarta Comisaría de Concepción producto de torturas.
Allí se recordó también a Felipe Campos Carrillo (estudiante de kinesiología) y a los egresados de Medicina Luis Barra García, el fundador del Mir, Miguel Humberto Enríquez Espinosa, Arturo Enrique Hillerns Larrañaga y Bautista Van Shouwen Vasey.
El ciclo continúa en agosto con los microdocumentales de Héctor Patricio Sobarzo Núñez (carrera de Sociología, ejecutado el 2 julio de 1984 en Santiago a los 31 años), el 16 en el Campus Chillán, y de Carlos Rioseco Espinoza (carrera de Odontología, detenido-desaparecido desde enero de 1975 en Valparaíso, con 26 años).
El 13 de septiembre en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas se recordará al estudiante César Arturo Emiliano Negrete Peña (25 años, detenido desaparecido desde el 9 de diciembre de 1974, en Santiago).
Dos semanas más tarde, en la Facultad de Ciencias Sociales se exhibirán los testimonios audiovisuales sobre Rolando Gastón Angulo Matamala, ejecutado el 19 de abril de 1974 en San Carlos, a los 26 años) y José Ernesto Agurto Arce (detenido desaparecido desde el 15 de febrero de 1975 en Santiago, con 27 años), ambos pertenecían a la carrera de Servicio Social.
El 11 de octubre, la Facultad de Educación acogerá el homenaje a Sonia del Tránsito Ríos Pacheco (carrera de Pedagogía en Química, 30 años, detenida desaparecida desde el 17 de enero de 1975 en Valparaíso) y Wladimir Daniel Araneda Contreras (carrera de Pedagogía Básica, 33 años, ejecutado el 22 de octubre de 1973 en Concepción).
El ciclo de memoria termina el 25 de octubre en la Facultad de Ciencias Sociales y el acto de recuerdo dedicado a Carlos Julio Fernández Zapata (carrera de Sociología, 26 años, detenido desaparecido desde el 10 de septiembre de 1974 en Santiago).
Fuente :noticias.udec.cl 27/7/2023
45 años y, otras, un par menos llevan peleando por conocer el paradero de sus seres queridos. La muerte de Ana González, que jamás pudo encontrar a los suyos, las trajo de vuelta a la memoria de los chilenos, “¿pero hasta cuándo?” se preguntan cuatro de las dirigentes históricas de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción. Acusan olvido de los políticos, dicen que las usaron para terminar con la dictadura y que, luego, las hicieron a un lado.
Cuando se enteró del fallecimiento de Ana González, figura reconocida por su trabajo por los Derechos Humanos en Chile, Mónica Negrete Peña se sentó en uno de los sillones del living de su casa en Tomé, encendió un cigarrillo, cerró sus ojos y pensó en Celima, su mamá.
Inmediatamente vino a su memoria una imagen que todavía la estremece: la de Celima sentada por horas frente a la puerta de entrada de su hogar, en los tiempos en que una severa artrosis en sus caderas casi no le permitía dar un paso. Pedía que la dejasen ahí, pues quería ser la primera en abrir cuando llegase su hijo.
Aquello nunca sucedió, y Celima Peña Peña murió sin conocer dónde estaba el único varón de sus cinco hijos: César Arturo Negrete Peña, de 25 años, detenido desaparecido desde fines de 1974.
-Ella siempre lo sintió vivo, nunca se quiso convencer de lo contrario. Jamás perdió la esperanza de encontrarlo, por eso recorrió cielo, mar y tierra buscándolo: iba a los centros de detención, a las cárceles, a los hospitales. Caminaba kilómetros, con frío, lluvia o calor hasta donde le dijeran que alguien le podía dar un dato sobre él. Durante todo ese tiempo llevaba dentro de su cartera una bolsita con calcetines y slips para que en el momento en que lo hallase, él se pudiese cambiar su ropita interior- rememora Mónica Negrete.
A esa misma hora, pero en Chiguayante, otra hija recordaba a su madre.
-Mi mamá, María Audelina Mardones, perdió a sus dos hijos mayores. A uno lo sacaron a patadas desde nuestra casa en Villarrica, en 1973, y el otro fue detenido en Buenos Aires, cuatro años más tarde, en la Operación Cóndor. A pesar de su humildad y de tener pocos estudios, mi viejita era muy ejecutiva. Decía hay que actuar, hay que llamar la atención para poder hallarlos, hay que preguntar en todos lados para saber cómo ocurrieron las cosas. Mientras yo cuidaba a mi papá que estaba enfermo, postrado, ella participaba en las marchas; estuvo en una huelga de hambre, buscó incansablemente hasta que un día se sintió mal. Recuerdo que puso en mis manos las fotos de mis hermanos y me dijo: “No soy capaz de seguir; ahora a ti te toca buscarlos”. Fue como una posta. Ella murió, y yo continúo investigando qué sucedió con ellos- dice Elizabeth Velásquez Mardones.
La muerte de Ana González, que jamás pudo encontrar a su esposo, a sus dos hijos y a su nuera, les hizo revivir su propia lucha por hallar a los suyos. Sin embargo, dicen que los homenajes y las palabras bonitas pronunciadas sobre todo por políticos ligados a la izquierda chilena, también les produjeron sentimientos encontrados.
-Doña Ana era un símbolo, una mujer conocida, que se hacía notar por su presencia y su carácter; su historia sin duda merecía reconocimientos, pero lo cierto es que mucha de la gente que con tanto pesar se refería a su fallecimiento hace tiempo se había olvidado de los familiares de detenidos desaparecidos. No sólo no la ayudaron a ella y a todos nosotros a buscar la verdad sobre lo ocurrido con nuestros seres queridos, sino que, además, nos invisibilizaron. Nos usaron para luchar en contra de la dictadura, y salvo excepciones que se cuentan con los dedos de las manos, una vez recuperada la democracia, la mayoría nos dejó de lado- protesta Mónica Negrete de manera enérgica.
Vivos los queremos
Concepción, 28 de mayo de 1978. “Padre Pedro Azócar, somos familiares de detenidos desaparecidos, y en este momento nos vamos a tomar la parroquia, porque vamos a comenzar una huelga de hambre indefinida”. El eco de la iglesia amplificó la intensidad de aquellas palabras recién pronunciadas por Ester Araneda Gallardo -en ese entonces de no más de 30 años- justo cuando el sacerdote entregaba la bendición final a los fieles, aquel domingo en la Parroquia Universitaria.
Nadie entendía quién era esa mujer pequeñita que con tanto desplante había interrumpido la eucaristía. Militante de las Juventudes Comunistas, Ester, atea hasta el día de hoy, no era conocida en los círculos de la Iglesia. Muchos de los asistentes fruncieron el ceño y se retiraron; los menos se quedaron admirando el arrojo del grupo de mujeres que estaba junto a ella en esa aventura hasta hoy recordada como la Huelga Larga de 1978.
-Si bien nos habían dateado de que este curita podía ser “sensible” a nuestro tema, igual estábamos nerviosas. La respuesta del padre Azócar, sin embargo, nos tranquilizó. Llamó a la persona que estaba a cargo de la iglesia, y le pidió que encendiera una estufa y que nos acomodara unas salitas para que nos instaláramos. Luego, en privado, nos agradeció por haber escogido su parroquia- recuerda hoy, a sus 70 años, Ester Araneda, una de las más reconocidas dirigentas de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la Octava Región.
La edición del día siguiente del diario La Tercera recogía el acontecimiento ocurrido en la Parroquia Universitaria, y explicaba que la huelga de hambre de Concepción se sumaba al ayuno que el 22 de ese mes habían comenzado otros manifestantes, especialmente mujeres, en distintos templos de la capital, con el objetivo de “llamar la atención sobre casos de presuntos desaparecidos, en espera de una respuesta del Gobierno”.
En Concepción se organizaron de la misma forma que sus compañeros en Santiago. Cerca de 13 participaron en esa primera huelga, entre ellas, Celima Peña, Digna Silva, Carmen Ramírez, Margarita Toro, Eglantina Alegría, Julita Aguilera, María Fredes, Gloria Urra, Isabel Quiñones, María Medina y Sara Lagos, la mayor del grupo, a la que apodaban la mami.
Otras tres asumieron la vocería. Una de las encargadas de esa función era Hilda Espinoza Figueroa, quien en 1971 se había casado en esa misma parroquia con Carlos Rioseco Espinoza, estudiante de Odontología de la UdeC, y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Ella y Ester estaban ahí por sus maridos, detenidos desaparecidos desde 1975 y 1976, respectivamente.
También cumplían el rol de voceras Mónica Negrete y María Adriana Pablos, esposa de Carlos Contreras Maluje, aprehendido en Santiago, en noviembre de 1973.
Ellas eran las encargadas de enviar comunicados y recibir a los periodistas locales que llegaban a cubrir la noticia. Mónica Negrete recuerda que Quintín Oyarzo llamaba a diario para monitorear la situación muy temprano en la mañana. Pero no era el único, porque la huelga de los familiares de detenidos desaparecidos concitó la atención mundial. De hecho, hoy se encuentran en línea las informaciones que sobre el evento reportaba periódicamente el diario El País, de España.
Llegaban cientos de telegramas y el teléfono no paraba de sonar. Sin embargo, un llamado fue recibido con sorpresa, y fue motivo de alegría para las huelguistas. Era el actor italiano Marcello Mastroianni, que en los sesenta había cautivado a las chilenas en La Dolce Vita. “Quería solidarizar con nosotros”, recuerda Hilda Espinoza. También llamaron Sophia Loren y el cantante Domenico Modugno. Esos eran momentos que distendían la complicada situación.
A nivel nacional, la Huelga Larga duró 17 días, y sólo finalizó gracias a la mediación de la Iglesia. Aunque no hubo respuesta desde el Gobierno, la manifestación visibilizó las violaciones de derechos humanos en Chile y, en Concepción, fue el punto de partida para la creación de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la Octava Región. Sus primeras coordinadoras fueron Hilda Espinoza, Ester Araneda, Mónica Negrete y Gloria Urra, hermana de Raúl, empleado de la CMPC asesinado en la masacre de Laja-San Rosendo. Gloria finalmente encontró el cuerpo de su hermano. Hace un par de semanas, el ministro Carlos Aldana dictó acusación en contra de carabineros en retiro y de extrabajadores de la papelera por homicidio calificado e inhumación ilegal de Raúl Urra y de otras 18 personas detenidas en 1973 en dichas localidades de la provincia de Biobío. Ellas eran las encargadas de recopilar casos y de ayudar a los familiares de detenidos desaparecidos. “A mí me correspondía ir a Chillán. Allá te encontrabas con situaciones terribles. Mujeres cuyos maridos estaban desaparecidos que tenían cinco, siete y hasta 10 hijos. Si a nosotros nos costaba mantener a uno, imagino las penurias que deberían haber vivido”, explica Hilda.
Por eso la agrupación también ofrecía ayuda solidaria. “Pedíamos bonos sociales por aquí y por allá; a veces nos ayudaban, otras nos daban con la puerta en la cara. Con lo obtenido comprábamos los útiles escolares para los hijos de desaparecidos y también regalitos para la Navidad, que a veces era lo único que recibían”, cuenta Mónica Negrete.
Tras la huelga, las mujeres de la agrupación comenzaron a marchar los días sábado por el centro de Concepción, desde los Tribunales hasta la Catedral. Lo hacían levantando pancartas con fotografías de sus familiares y, bajo ellas, una leyenda que decía: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
La tierra les respondió
Tras las primeras detenciones ocurridas en distintos puntos del país, la Iglesia Católica comenzó a recibir las peticiones de ayuda de los familiares de los detenidos. En Concepción, esas solicitudes se concentraron en el Departamento de Servicio Social del Arzobispado, cuyo director eclesiástico era el sacerdote Manuel Camilo Vial Risopatrón. “Ese departamento existía para otros fines, y luego del golpe, el arzobispo Manuel Sánchez decidió que también allí se hicieran cargo de la situación de los detenidos y presos. Estaba en Barros Arana 1701. Por el lado de Ainavillo funcionaban los comedores populares, que después se llamó Pastoral Obrera. Ahí el jefe era el padre Carlos Puentes”, rememora Mónica Negrete. Allá fue el primer lugar donde llegó su madre junto a otras mujeres y a algunos padres y hermanos a pedir ayuda. Ese grupo fue el que en 1978 dio origen a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la Octava Región.
En octubre de 1973, el cardenal Silva Henríquez había creado el Comité para la Paz (Comité pro Paz), donde también participaban la iglesia Ortodoxa, la Luterana y la Comunidad Israelita. Su función era prestar asistencia legal a las personas afectadas por el régimen militar. Este comité se coordinaba con el arzobispado de Concepción donde había tres asistentes sociales que evaluaban si los casos requerían interponer alguna acción legal; luego estaban los abogados que iniciaban los trámites correspondientes. En la capital regional, el jefe de ese equipo era el abogado Jorge Barudi Videla. Lo acompañaban Martita Wörner y, años después, María Angélica Fuentes. Fueron cientos los recursos de amparo que se presentaron, pero ninguno era admitido. El primero que consideró la justicia fue uno en nombre de Carlos Contreras Maluje, presentado por su padre, el abogado Carlos Contreras. En el momento, esto fue visto como una esperanza, pero nada sucedió finalmente. Contreras Maluje habría sido asesinado el mismo día de su detención.
El Comité pro Paz debió cerrar, por “solicitud” de Pinochet, en diciembre de 1975. En enero del año siguiente, Silva Henríquez creó la Vicaría de la Solidaridad.
Hilda Espinoza recuerda que durante los primeros años de búsqueda recibían muchos datos falsos, y que ellas los seguían todos pensando que eran ciertos. También debían enfrentar las burlas de quienes no creían que hubiese detenidos desaparecidos. “En una ocasión fui a la Cruz Roja, en Santiago, a dejar una foto de mi esposo. Me dijeron, no sea lesa, qué anda sufriendo, si su marido se fue con otra, y usted acá llorando por las puras”, cuenta Ester Araneda.
Incluso, durante la segunda huelga de hambre, en 1979, llegó una mujer a contarles que su marido había estado desaparecido muchos años, y que lo había encontrado, que nunca había estado preso. “Nosotros sentimos una felicidad enorme, eso era una esperanza, pero todo era una mentira. Nunca supimos quién era”, recuerda Mónica Negrete.
Los engaños siguieron hasta ya recuperada la democracia. “Lo más terrible fue cuando Manuel Contreras entregó una lista donde daba a conocer el destino de cientos de detenidos desaparecidos. Ahí aparecía que mi hermano mayor había sido lanzado al río de La Plata dentro de un tambor de aceite. Finalmente ese dato era falso. Era para seguir dañando, para seguirnos torturando”, recalca Elizabeth Velásquez Mardones, que asumió como coordinadora de la Agrupación de Familiares de Detenidos de Concepción (ese nombre tomó paso luego de que se crearan agrupaciones en Chillán, Los Ángeles y Laja) desde el 2013 hasta este año.
Sus esperanzas de encontrar a sus familiares vivos se destruyeron el 30 noviembre de 1978, cuando cerca de Talagante, en un lugar conocido como Hornos de Lonquén, se encontraron restos de personas que habían sido aprehendidas, en Isla de Maipú en 1973. Hasta ese momento figuraban como desaparecidos.
“La tierra nos habló y nos dijo lo que nadie había querido responder. Ahí supimos que nosotros tampoco hallaríamos con vida a nuestros familiares”, sostiene Hilda Espinoza.
No nos olviden
“La muerte de Ana González le recordó a Chile a sus detenidos desaparecidos. Pero cuánto va a durar eso”, dice Ester Araneda. A pesar de su posición política, dice que está desilusionada del poco compromiso demostrado por los gobiernos luego de recuperada la democracia.
“En agosto pasado, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos realizó la vuelta número 100 por La Moneda y el Palacio de Tribunales exigiendo verdad. La vuelta 100, y a nadie parece importarle. Ni siquiera la Presidenta Bachelet se preocupó de nosotros”, añade.
Hilda Espinoza asegura que el informe Rettig, que avaló que en Chile sí se violaron los derechos humanos durante el régimen miliar, que individualizó víctimas y dio detalles de sus casos, es el fruto del trabajo que por tantos años hizo nuestra agrupación en todo el país, “si no, jamás nos hubiesen considerado, porque pasado el tiempo, la gente empezó a olvidar a los detenidos desaparecidos; los integrantes de la agrupación envejecieron, otros fallecieron y cada vez vamos quedando menos. Los culpables de estos crímenes también se están muriendo, y se están llevando a la tumba la verdad que necesitamos. Por eso no podemos dar vuelta la hoja como algunos piden. Nosotros también estamos viejas y lo único que queremos es saber la verdad antes de morir”, sentencia.
Fuente :revistanos.cl 21/3/2020
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