“Lo hacemos como forma de reparación que, siendo simbólica, constituye un paso concreto para cumplir en forma cabal ese propósito para las personas directamente afectadas”, afirmó el presidente del máximo tribunal.

La Corte Suprema entregó títulos póstumos a los familiares de una detenida desaparecida y de cuatro ejecutados políticos víctimas de graves violaciones a los derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990, bajo la dictadura cívico-militar y que figuran en el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación.

En la ocasión se entregó el título profesional a los familiares de la detenida desaparecida Cecilia Gabriela Castro Salvadores y de los ejecutados políticos Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida, Patricio Munita Castillo, Juan Ramón Soto Cerda y Marco Orlando Letelier del Solar, quienes obtuvieron su grado de licenciado de manera póstuma en la Universidad de Chile.

A través del decreto exento número 0030766 de la Universidad de Chile, autorizado por la Contraloría de la República el 4 de septiembre de este año, dicha casa de estudios quedó habilitada, por primera vez en su historia, para hacer entrega de la distinción de títulos póstumos y simbólicos a los estudiantes que fueron ejecutados políticos y aquellos que se convirtieron en detenidos desaparecidos durante el régimen militar.

La ceremonia oficial, que estará encabezada por el rector Ennio Vivaldi, se desarrollará el próximo lunes 11, en el patio Domeyko de la casa central, a contar de las 12.30.

Para Vivaldi "esta iniciativa tiene dos significados muy profundos. Por una parte es un gesto de reparación para las propias víctimas y para sus familiares, quienes además asocian afectivamente a su seres querido con esta gran institución que es la U. de Chile. Por otro lado, la U. de Chile siente que está cumpliendo con su deber moral al no concederle a la dictadura el objetivo terrible de, además haberles truncado la vida, borrar sus logros como estudiantes y futuros profesionales para Chile".

La nómina incluye a 104 ex estudiantes de la universidad, quienes fueron asesinados por agentes de Estado entre 1973 y 1989.

Entre los casos más recordados destaca el del estudiante de historia Jécar Nehgme, quien figura, además, como la última víctima del régimen de Augusto Pinochet. Este ex dirigente del

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) apareció muerto el 4 de septiembre de 1989 en la calle General Bulnes, a pocos días de que se desarrollaran las elecciones que marcarían el retorno a la democracia.

Tras un largo proceso judicial, que se resolvió en 2008, se logró establecer como autores del asesinato al jefe metropolitano de la CNI, brigadier (r) Enrique Levy Araneda; al coronel (r) Pedro Guzmán Olivares y al capitán (r) Luis Sanhueza Ross.

Desde las organizaciones sociales valoraron el gesto. La presidenta de la Agrupaciones de Ejecutados Políticos (Afep), Alicia Lira, señaló que "es un gran gesto, que reconocemos enormemente. Con esto, el rector Vivaldi cumple una tarea pendiente que tenía la Universidad de Chile, ya que gestos similares ya los habían cumplido otras universidades como la U. de Santiago y la Austral de Valdivia. Pero es una señal enorme para la democracia y para que se cumpla un verdadero nunca más en Chile".

Entre los homenajeados se encuentra el estudiante de derecho U.CHILE , GERMAN RODOLFO MORENO FUENZALIDA  detenido desparecido el  15/07/1974

Por Nicolás Arraño Moreno

El operativo civil y militar buscó encubrir mediante un montaje comunicacional la desaparición forzosa de 119 chilenos y chilenas.  En el presente texto hacemos un balance de los avances en materia de justicia y en las formas de levantar memoria, entendiendo estas dos luchas como fundamentales para la construcción de una sociedad que no dé lugar al olvido ni a la impunidad.

Nicolás Arraño Moreno es Licenciado en Historia de la Universidad de Chile e integrante del Centro de Formación Memoria y Futuro. Sobrino de German Moreno Fuenzalida, militante del MIR, dirigente sindical de la Salud y estudiante de Derecho de la Universidad de Chile víctima de la Operación Colombo.

Esta semana se conmemoran 45 años de Operación Colombo o caso 119, operativo civil y militar llevado a cabo en 1975 por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), cuyo fin fue encubrir mediante un montaje comunicacional la desaparición forzosa de 119 chilenos y chilenas. Considerada como la primera acción informal de la Operación Cóndor, la desaparición de estas 119 personas contó con la colaboración de los servicios de inteligencia de Brasil y Argentina, que, a través de publicaciones en falsos periódicos, divulgaban listas de chilenos, hasta ese momento desaparecidos, que habrían perecido asesinados en diferentes países. 

Sin lugar a duda, el caso 119 resultó ser un operativo impresionante en cuanto a la capacidad de coordinación entre diversos actores civiles, militares, nacionales e internacionales para falsear la realidad. El camino plagado de montajes, omisiones y mentiras ha hecho de la búsqueda de justicia una tortuosa experiencia para los familiares, que, en base a fuerza, lucha y compromiso han sabido construir, mucho antes de que los criminales fuesen condenados, la senda de la memoria.

En el presente texto hacemos un balance de los avances en materia de justicia y en las formas de levantar memoria a partir del caso 119, entendiendo estas dos luchas como fundamentales para la construcción de una sociedad que no dé lugar al olvido ni a la impunidad. De esta manera, memoria y justicia aparecen como caminos que se entrecruzan y dialogan, cimentados paso a paso por los familiares, compañeros y compañeras de los 119 que han hecho de la lucha su vida. 

La Guerra Sicológica: Operación Colombo

Desde su inicio, el 11 de septiembre de 1973, la dictadura aplicó entre sus actos criminales la desaparición forzada de personas, práctica que según diversos estudios ha sido considerada como la más cruel de las formas de violación de derechos humanos, pues impide a los familiares procesar el respectivo duelo psicológico y material, lo que se traduce en un daño permanente, definido como cronificación del daño[1].

Esta práctica, según consigna el informe Rettig, consistió en la aprehensión y secuestro de la persona para ser trasladada a algún lugar clandestino de reclusión, “acción acompañada o seguida de medidas de ocultamiento y negativas oficiales” a reconocer la detención, impidiendo “la disposición de sus restos de modo que no pudieran ser encontrados”[2]. Dicha fórmula, implica además una compleja situación desde el punto de vista jurídico, y de aplicación de justicia, o más bien, de imposibilidad de su aplicación. En efecto, al no haber pruebas materiales de los hechos, se depende sólo de los testimonios de las personas que estuvieron con el prisionero y/o de testigos. A lo anterior, debemos sumar el hecho que a los detenidos se les aplicó legislación en tiempos de guerra, lo cual configura una ilegalidad que contraviene todos los principios y tratados internacionales referentes a los Derechos Humanos (DD.HH.).

Para atender el desarrollo del caso 119, se debe comprender la estrategia de guerra psicológica desplegada por el régimen, en su afán de “conquista del espacio interior de las personas al cual se penetra a través de mensajes. Tales mensajes actúan sobre los sentimientos y pensamientos de los individuos con el fin de cambiar sus conductas y comportamientos”[3], es decir, en su intento por encubrir la acción represiva y desmoralizar la resistencia al régimen, manipulando la opinión pública y el sentido común.

Será en el marco de estas políticas represivas y de exterminio, que en 1975 la DINA, en colaboración con los servicios de inteligencia de Brasil y Argentina, llevaron a cabo la denominada “Operación Colombo”.  Así, entre el 27 de mayo de 1974 y el 20 de febrero de 1975, fueron secuestrados por la DINA 100 hombres y 19 mujeres, la mayoría menores de 30 años, entre los cuales 94 eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), 10 del Partido Socialista (PS), 9 del Partido Comunista (PC), 2 del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), uno de la Liga Comunista y tres sin militancia conocida. 

Ante la temprana presión de los familiares, del Comité de Colaboración para la Paz y de organismos internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas[4] denunciando los secuestros y presentando recursos de amparo reiterativamente, es que los servicios de inteligencia dan paso a un macro-montaje comunicacional, con el fin de ocultar las acciones criminales que tenían deparadas para los 119.

De esta manera, comienzan a publicarse en distintos medios de prensa nacionales notas acerca de la instrucción militar que estarían recibiendo en el extranjero opositores al régimen. Así, el 12 de junio de 1975 el vespertino La Segunda notificaba en sus titulares “dos mil marxistas reciben instrucción en Argentina” y “se organizan guerrillas en contra de Chile”, indicando que entre ellos se encontraban opositores dados por desaparecidos en Chile. A esto le siguió una seguidilla de publicaciones de la prensa controlada por la dictadura denunciando el falso plan subversivo que se ideaba desde el extranjero por grupos de izquierda.

No obstante, la guerra sicológica promovida por la DINA requirió de la cooperación de sus pares argentinos y brasileños, quienes a través de ficticios medios de prensa anunciaban la muerte de 119 chilenos y chilenas. De este modo el 25 de junio en Curitiba, Brasil, un diario de irregular circulación llamado O’Día anunciaba que 59 chilenos, militantes del MIR, habían resultado muertos en enfrentamientos con la policía argentina en Salta. Asimismo, en Buenos Aires el 15 de julio la revista Lea publicaba, mediante un reportaje acerca de la “vendetta chilena”, que 60 miristas chilenos habían sido asesinados en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia por “sus propios compañeros de lucha”. Ninguno de estos medios se publicó de nuevo y de la única edición de O’Día las autoridades brasileñas se desentendieron, sin embargo, para el caso argentino, el único número de Lea fue editado por la empresa Codex, vinculada al Ministerio de Bienestar Social argentino, que se encontraba a cargo del líder de la “Triple A”, José López Rega[5].  

El único fin de estas publicaciones fue que las noticias repercutiesen en Chile y sirviesen de referencia para la prensa nacional. Luego, el montaje continuaría con la publicación del día 23 de Julio de 1975 en el diario El Mercurio de la lista de 60 miristas asesinados, citando a Lea. Al día siguiente, La Segunda, bajo el titular “Exterminan como ratas a miristas” divulgaba la lista de 59 muertos haciendo alusión a lo publicado por O’Día. Finalmente, el día 25 La Tercera titulaba “Miristas asesinados en Argentina se burlaban de tribunales chilenos”, replicando la información.

El cruel montaje perpetrado bajo la lógica de la guerra sicológica se encontraba consumado. No obstante, las labores de los familiares, compañeros y compañeras, organismos de DD.HH., prensa internacional y las investigaciones realizadas a posteriori por el Juez Juan Guzmán; han dejado al descubierto esta gran farsa. 

La reacción de los familiares y compañeros: Injusticia dictatorial, lucha y memoria

Desde el comienzo de las detenciones, los familiares buscaron la forma de denunciar lo que acontecía. En ese sentido, acudieron al Comité de Colaboración para la Paz, que se mostró, con un gran sentido de humanidad y solidaridad, como un pilar de apoyo, brindándoles asistencia jurídica y espiritual. Así, aun creyendo en las labores judiciales se presentaron múltiples recursos de amparo por cada uno de los detenidos. 

El 28 de mayo de 1975, se logró presentar ante la Corte de Apelaciones una solicitud colectiva de 164 familiares de detenidos desaparecidos para investigar su paradero, la que fue rechazada. En tanto, el 8 de julio se replicó la solicitud en la Corte Suprema, corriendo la misma suerte. Al momento de la publicación de las listas por parte de la prensa dictatorial, ya se habían presentado recursos de protección por la mayoría de los 119 en distintos juzgados del país. Sin embargo, la respuesta del Poder Judicial ante las desapariciones fue nula, tal y como consigna la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA):

“los tribunales aceptaron las peticiones del gobierno de que éstos no podían solicitar directamente informaciones a la DINA sobre los detenidos y jamás se constituyeron en los recintos secretos en que se denunció podrían encontrarse los detenidos. De los miles de recursos de amparo que se presentaron muy pocos fueron acogidos y, en el caso de los desaparecidos, puede afirmarse, ninguno de ellos logró salvar la vida de un desaparecido” [6]

Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile. OEA, 1985.

De esta forma, los familiares y compañeros, asumiendo que el poder judicial no actuaría, se volcaron hacia la organización, la lucha y la persistencia para denunciar y visibilizar las desapariciones. Congregados en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) fueron múltiples las acciones emprendidas que buscaban conmover a la opinión pública, tanto nacional como internacional. Se escribieron cartas a las autoridades, a los tribunales, a la Cruz Roja Internacional, se realizaron campañas internacionales y se tomaron las calles.

Al publicarse las listas de los 119, las agrupaciones de DD.HH. y la militancia de izquierda se percataron inmediatamente del montaje. Julio Moreno Fuenzalida, hermano de Germán Moreno Fuenzalida, quien aparece en una de las listas, el mismo 24 de Julio de 1975 escribía una carta desde su prisión política en Ritoque a su madre y hermana, en la que versaba:

“La noticia de las muertes de Germán, Marcos y otro centenar de compañeros nos golpea brutalmente[…] Mamá, Nany, el dolor del asesinato de nuestro hermano no nos pertenece, no tenemos derecho a considerarlo solamente nuestro, su muerte es un golpe para todos los trabajadores, los campesinos, los pobres, porque por ellos vivió y murió, es un golpe para todos los que consideran como suya la causa del Socialismo que es también la nuestra” [7]

Carta de Julio Moreno Fuenzalida a su madre y hermana. 25 de Julio de 1975.

  Así también, el 31 de julio de 1975, 95 detenidos del campamento Melinka en Puchuncaví, que decían haber visto a gran parte de los desaparecidos de las listas en distintos centros de detención, iniciaron la primera huelga de hambre en dictadura, denunciando la falsedad de las publicaciones de la prensa y exigiendo verdad y justicia. Así, fueron muchas las protestas que marcaron la lucha de los familiares y compañeros de detenidos desaparecidos, entre las que destacan dos huelgas de hambre desarrolladas en 1977 en la sede de la CEPAL y en la Iglesia San Francisco; una tercera en 1978 con motivo del decreto Ley de Amnistía en parroquias de Santiago y en el local de la UNICEF; y el encadenamiento en 1979 al ex Congreso Nacional, en aquel entonces Ministerio de Justicia. Todas estas acciones no obtuvieron respuesta sobre el paradero de los desaparecidos, pero, sin embargo, fueron forjando el camino de la memoria que luego develaría el montaje. Pues tal y como indica Carla Peñaloza, “la temprana organización de los familiares de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y la creación de redes de solidaridad y denuncia que los cobijaron, favorecieron la construcción de una memoria de los vencidos”[8].

(In)Justicia Transicional y Memoria: Condenas, colectivos y memoriales.

Al momento de asumir como presidente de la República Patricio Aylwin en marzo de 1990, este anuncia las aspiraciones de su gobierno por esclarecer la verdad acerca las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas entre 1973 y 1990. Bajo este principio, el 25 de abril se aprueba el Decreto Supremo 355 que crea la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación presidida por el jurista Raúl Rettig, cuyo informe entregado nueve meses después, resultó categórico al reconocer los crímenes perpetrados por el Estado de manera sistemática durante los 17 años de la dictadura. 

Para la calificación de los casos, resultaron fundamentales los archivos que habían formulado en su lucha durante toda la dictadura las agrupaciones de familiares de las víctimas y de DD.HH. Si bien el informe contribuyó al reconocimiento oficial de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, carecía de un carácter vinculante con la justicia, y en la medida que no contó con la colaboración de las Fuerzas Armadas, tampoco significó un avance para dar con el paradero de los detenidos desaparecidos. Además, el cariz pactado de la transición contemplaba la mantención de enclaves autoritarios y la vigencia de la Ley de Amnistía promulgada en dictadura, que constituyeron trabas enormes a los procesos que se pudiesen impulsar en la búsqueda por verdad y justicia. 

Ante tal panorama desalentador en materia jurídica, las acciones de memoria se mostraban como una opción para palear el dolor mientras los tribunales mantuviesen impunes a los criminales y no se supiera del paradero de los desaparecidos. En ese sentido, la inauguración en 1994 del Memorial de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutado Políticos del cementerio general marcó un hito, ya que entregó a los familiares y al pueblo chileno un espacio donde poder conmemorar y llorar a los arrebatados y arrebatadas por el terrorismo de Estado. Las conmemoraciones año a año y el levantamiento de sitios de memoria a partir de la recuperación de centros de detención ha enriquecido la tarea de memoria desplegada por las agrupaciones de DD.HH. y familiares. A pesar de que la justicia no ha obrado como se desearía, la organización civil con apoyo institucional ha impulsado iniciativas ejemplares en materia de memoria.

En ese sentido, los proyectos de Londres 38, la Casa de la Memoria de José Domingo Cañas, el Parque por la Paz Villa Grimaldi y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, todos vinculados al caso 119, son ejemplos de la fructífera labor realizada, que ha fomentado la construcción de una sociedad sin amnesia, que promueva los valores democráticos con miras al futuro.

En este tránsito, el Centro Cultural 119 Esperanzas y el colectivo 119 Familiares y Compañeros en conjunto con diversos actores sociales, sean estudiantes, trabajadores o pobladores han desarrollado distintas actividades y proyectos a lo largo de los años, entre los cuales se cuentan un memorial en la bahía de Quintero erigido junto al sindicato de pescadores de la caleta el Manzano en 2010, otro en la facultad de Derecho de la Universidad de Chile inaugurado el 2014 junto a los estudiantes o la producción del documental “119 esperanzas” en 2013, por sólo mencionar algunas, a las que se suman los actos realizados en cada fecha conmemorativa en los múltiples espacios de memoria.

En cuanto a la justicia, en 1998, el juez Baltasar Garzón incluyó la desaparición de los 119 entre las causas que motivaron la detención de Pinochet en Londres, mientras que, en los tribunales chilenos, el juez Juan Guzmán fue el encargado de investigar a la DINA. En aquel proceso, Guzmán determinó investigar el paradero de algunos de los 119 en el marco de la Operación Cóndor, pues la vinculación entre ambas operaciones quedó en evidencia tras descubrir distintos archivos en Argentina el año 1978 en la oficina de Mario Arancibia Clavel, ex miembro de Patria y Libertad y agente exterior de la DINA que participó en los atentados contra el excomandante en jefe Raúl Schneider y en el doble asesinato de Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert[9]. Entre los documentos encontrados, había cedulas de identidad de desaparecidos chilenos, algunas de las cuales correspondían a víctimas de la Operación Colombo, así como también se encontró una lista de otros 32 nombres que aparecieron en las listas de los 119[10]. En otros procesos llevados adelante en el país vecino, se ha evidenciado la colaboración de Arancibia con los grupos de exterminio de la dictadura argentina, llegando a establecerse su implicancia en la Operación Cóndor y quedando demostrado el rol que supuso la Operación Colombo como antecedente para la coordinación entre los servicios de inteligencia de las dictaduras de Latinoamérica adscritos a la Doctrina de Seguridad Nacional.

En Chile, el escenario judicial cambió cuando los jueces comenzaron a aplicar la figura del secuestro permanente, lo que implica que el delito, mientras no aparezca el cuerpo, aún se mantiene vigente. Por otra parte, comenzaron a primar las normas internacionales acerca de las violaciones a los Derechos Humanos, consagrados en el convenio de Ginebra, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que indican a los crímenes de lesa humanidad como inamnistiables e imprescriptibles, de manera tal que estos avances en materia judicial han permitido los procesos indagatorios que hasta hoy siguen su curso.

Aunque el caso 119 no ha sido llevado como causa conjunta a la justicia, muchos de los detenidos de la operación han sido incluidos en las causas de las casas de memoria ya nombradas, o bien cada familia ha iniciado procesos de forma particular. Lo que sin duda marcó un hito en cuanto a la justicia transicional en Chile fue cuando el 28 de enero de 2005, la policía de investigaciones tomaba detenido en su hogar al ex director de la DINA, el general (r) Manuel Contreras para ser trasladado al Penal Cordillera y cumplir ahí una condena de 12 años por el caso de Miguel Ángel Sandoval, víctima de la Operación Colombo. A su vez, fueron sentenciados el coronel (r) Marcelo Moren Brito y el brigadier (r) Miguel Krassnoff. Con este hecho comenzaría un proceso de mayor apertura de procesos, a los que le siguieron múltiples sentencias.

De acuerdo con la información proporcionada por la abogada Loreto Meza del entonces Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, a agosto del 2016 por las víctimas de la Operación Colombo se habían dictado 52 condenas efectivas y ejecutoriadas, habiendo 35 causas sentenciadas en primera o segunda instancia, 10 en investigación o etapa de sumario y 19 procesos en etapa de plenario, esperando que se dicte sentencia. No obstante, al observar los nombres de los militares a quienes se dictan diferentes condenas, estos se repiten una y otra vez, resultando sentenciados nada más que un reducido número de agentes de la DINA, principalmente, su plana mayor: Manuel Contreras, Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito, Basclay Zapata Reyes, Pedro Espinoza Bravo, Francisco Ferrer Lima, Rolf Wenderoth Pozo, Raúl Iturriaga Neumann y Osvaldo Romo Mena, único civil condenado.

Así el poder judicial ha ignorado, al momento de ejercer justicia por el caso 119, la gran cantidad de funcionarios y agentes, civiles y militares con los que contó la DINA. Además, ha desconocido a los otros grandes promotores de la guerra sicológica: La prensa y periodistas involucrados, muchos de los cuales, mantuvieron impunemente sus trabajos en los medios escritos nacionales, como dejó demostrado el trabajo de la periodista Lucía Sepúlveda[11]. A esto se le suma, que el dictador Augusto Pinochet, quien emitía órdenes directas a la DINA, manteniéndose al tanto de todos sus movimientos y por lo tanto, fue ideólogo activo de la Operación Colombo, murió impune. Aunque desaforado a petición del juez Guzmán en 2004, el tirano falleció el 10 de diciembre del 2006 sin condena alguna.

Reflexiones

Es posible sostener que la justicia fue, en primera instancia, la vía a la que recurrieron familiares y compañeros de los 119, quienes por medio de presentaciones, requerimientos y diligencias judiciales buscaban saber la verdad, aunque con un aparato judicial absolutamente al servicio del terrorismo de Estado, no lograban prácticamente nada. No obstante, todas aquellas denuncias y registros formulados por la AFDD, el Comité de Colaboración para la Paz y luego la Vicaría de la Solidaridad, hoy constituyen los archivos del sufrimiento, que como señala Carla Peñaloza, han sido concebidos “en un primer momento como testimonios de denuncia, de investigación y condena a la dictadura y hoy como archivos de memoria”[12].

Ignorados y violentados por el poder judicial, la acción y movilización se constituyó como el camino a seguir para las agrupaciones a fin de visibilizar el caso y las sistemáticas violaciones a los DD.HH. Así, los familiares y compañeros de las víctimas, arriesgando incluso sus vidas y sin temor a represalias, en plena dictadura tenían el coraje de protestar, denunciar y mostrar a la oprimida opinión pública chilena, los crímenes que el régimen pretendía ocultar. En esta seguidilla de acciones es donde las agrupaciones, germinan la semilla de la memoria, que hoy se configura como un sólido y robusto árbol que ha facilitado y posibilitado las labores en materia de justicia y reparación. De esta forma, los familiares en su desesperación por denunciar y saber la verdad abrieron, sin proponérselo, la senda de la memoria herida[13] que hoy vemos consolidada, más no concluida. 

La lucha de las agrupaciones logró concientizar a gran parte de la sociedad chilena respecto a las violaciones a DD.HH. que perpetraba la dictadura, de manera que, una vez llegada la democracia y con una sociedad al tanto de los crímenes, la fuerza de las agrupaciones se volcó a la búsqueda de verdad y justicia y a la construcción de memoria. Con un trabajo de visibilización y denuncia realizado durante toda la dictadura y con el montaje comunicacional de la Operación Colombo derribado, en el período transicional la lucha debía darse tanto en el ámbito jurídico: en tribunales, tratando de condenar a los culpables y de conocer el paradero de los 119; como en la esfera social: promoviendo el principio pedagógico de la memoria de mantener presente los hechos traumáticos de nuestro pasado reciente y haciendo del nunca más un compromiso con la democracia.

En cuanto a los procesos judiciales, las cifras expuestas muestran los avances a lo largo del periodo transicional. A pesar de los procesos en curso y los ya ejecutoriados, las condenas por el caso 119 solo han implicado la pena de cárcel para la plana mayor de la DINA, repitiéndose en cada sentencia los mismos nombres, desconociendo que dicha organización contó con miles de funcionarios y colaboradores tanto militares como civiles. Además, Pinochet murió sin cumplir condenas y no ha habido condena alguna para los periodistas que formaron parte activa del montaje de la Operación Colombo, omitiendo el rol criminal jugado por la prensa proclive a la dictadura[14]. Mención aparte merecen las condiciones en que los criminales han sido encarcelados.

Los años siguen pasando y los pactos de silencio se mantienen intactos, la pregunta ¿Dónde están? no halla su respuesta, la mayor parte de los criminales mueren sin ser condenados, en tanto los familiares de los y las 119 también fallecen. La atrocidad y brutalidad de la desaparición implica para el familiar, el compañero o la compañera una angustia latente, por lo que el daño se prolonga en el tiempo, significando que toda medida reparatoria resulte insuficiente, pues el luto es de nunca acabar. Esta cronificación del daño, sumada a la impunidad biológica a la que ha apelado constantemente el poder judicial, hacen difícil que podamos hablar de justicia y reparación.

La desaparición de los cuerpos es un atentado a la historia, pues los criminales consideraron que había personas que no merecían permanecer en nuestro tiempo y espacio, ni podían dejar huella en esta tierra. Pero a pesar del intento del terrorismo de Estado de eliminar de todo relato a los 119, surge con fuerza la memoria y una tortuosa búsqueda de verdad y justicia. Este arduo trabajo y compromiso que han mostrado desde un principio las agrupaciones de familiares y DD.HH. hace posible que hoy sea insostenible la negación de los crímenes que la dictadura perpetró y pretendió ocultar. 

El mayor homenaje para los 119, es continuar la senda de la memoria, haciendo honor a sus vidas entregadas a la militancia y a sus convicciones. Hoy el pueblo chileno los releva en las luchas por las que vibraron y se entregaron. De esta manera, la ausencia de los cuerpos es compensada con memoria y lucha.

Corte de Santiago aumenta condenas al agente de la DINA Miguel Krassnoff

La Corte de Apelaciones condenó al agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Miguel Krassnoff Martchenko a la pena de 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, en calidad de autor del delito de secuestro calificado de Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida, ilícito perpetrado a partir del 15 de julio de 1974, en la Región Metropolitana. La víctima pasó por el centro de detención clandestino de Londres 38 y su nombre figura en la denominada “Operación Colombo”.

En fallo dividido, la Cuarta Sala del tribunal de alzada capitalino –integrada por los ministros Juan Cristóbal Mera, María Rosa Kittsteiner y Pedro Advis– redujó la pena de 8 años de presidio que había dictado en primera instancia el ministro en visita Miguel Vázquez Plaza.

Asimismo, el tribunal de alzada redujo de $80.000.000 (ochenta millones de pesos) a $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) la indemnización civil que debe pagar el fisco a hermana de la víctima.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el ministro Vázquez logró acreditar los siguientes hechos:

“a) Que por órdenes superiores, el Ejército de Chile acondicionó, a fines del año 1973, unas cabañas de la playa de Rocas de Santo Domingo, para impartir cursos básicos de inteligencia a personal de las Fuerzas Armadas y de Orden, a fin de combatir a los opositores del Gobierno Militar de la época, personal que una vez instruido fue asimilado a diversas reparticiones de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), siendo Comandante de dicho Regimiento Manuel Contreras Sepúlveda, el que al inicio los arengaba y les explicaba el propósito de su formación.
b) Que Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida era dirigente gremial en el Hospital San Borja y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) desde al menos el año 1971.
c) Que el día 15 de julio de 1974 agentes operativos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), sin que hubiera orden alguna, procedieron a la detención en la vía pública de Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida, el que fue trasladado de inmediato al centro de detención clandestino de dicho organismo, denominado Londres 38, donde se le mantuvo privado de su libertad, fue interrogado y apremiado físicamente mediante torturas, ignorándose desde entonces su paradero, así como la suerte que ha corrido en su salud física, síquica e integridad personal, hasta el día de hoy.
d) Que al tiempo después apareció en algunos medios periodísticos extranjeros, replicados por medios nacionales, la noticia de que Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida había muerto junto a otras 118 personas en un enfrentamiento entre militantes de izquierda y/o en enfrentamiento con fuerzas extranjeras, sin que dicha noticia fuese confirmada por ninguna autoridad nacional ni extranjera”.

Resolución adoptada con el voto en contra del ministro Mera, sólo en el aspecto civil.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, dictó sentencia en la investigación que sustancia por el secuestro calificado de Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida, ilícito perpetrado a partir del 15 de julio de 1974 en la Región Metropolitana.

En el aspecto civil, se acogió la demanda indemnizatoria y se ordenó al fisco y los sentenciados pagar solidariamente $80 millones a la hermana de la víctima.

Moreno, estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, dirigente sindical del Hospital San Borja y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), pasó por el centro de detención de Londres 38 y su nombre figura en la denominada “Operación Colombo”.

En la resolución, el ministro Vázquez condenó a los ex agentes de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito y Miguel Krassnoff Martchenko a penas de 8 años de presidio como autores del delito. En tanto, dictó la absolución del agente César Manríquez Bravo.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el magistrado logró acreditar que el 15 de julio de 1974 agentes operativos de la DINA, sin que hubiera orden alguna, procedieron a la detención en la vía pública de Moreno, “que fue trasladado de inmediato al centro de detención clandestino de dicho organismo, denominado Londres 38, donde se le mantuvo privado de su libertad, fue interrogado y apremiado físicamente mediante torturas, ignorándose desde entonces su paradero, así como la suerte que ha corrido en su salud física, síquica e integridad personal, hasta el día de hoy”.

La investigación también expone que “al tiempo después apareció en algunos medios periodísticos extranjeros, replicados por medios nacionales, la noticia de que Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida había muerto junto a otras 118 personas en un enfrentamiento entre militantes de izquierda y/o en enfrentamiento con fuerzas extranjeras, sin que dicha noticia fuese confirmada por ninguna autoridad nacional ni extranjera”.

El ministro en visita  Miguel Vázquez Plaza cerró sumario en la investigación por  el secuestro calificado de Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida, ocurrido a partir del 15 de julio de 1974, en Santiago.

En la investigación se encuentran procesados los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Manuel Contreras Sepúlveda,  Marcelo  Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko y César Manríquez Bravo.

Germán Moreno Fuenzalida era dirigente de la salud y militante del MIR, fue detenido por personal de la DINA el 15 de julio de 1974, alrededor de las 18:30 horas, tras descender de un bus en calle Independencia con Borgoño, a escasa distancia de su domicilio.

En la ocasión se entregó el título profesional a los familiares de los detenidos desaparecidos Cecilia Gabriela Castro Salvadores y Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida y los ejecutados políticos Patricio Munita Castillo, Juan Ramón Soto Cerda y Marco Orlando Letelier del Solar, quienes obtuvieron su grado de licenciado de manera póstuma en la Universidad de Chile.

El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, encabezó la ceremonia en que el Pleno del máximo tribunal entregó títulos póstumos a los familiares de una detenida desaparecida y de cuatro ejecutados políticos víctimas de graves violaciones a los derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990 y que figuran en el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación .

En la ocasión se entregó el título profesional a los familiares de los detenidos desaparecidos Cecilia Gabriela Castro Salvadores y Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida,; y de los ejecutados políticos Patricio Munita Castillo, Juan Ramón Soto Cerda y Marco Orlando Letelier del Solar, quienes obtuvieron su grado de licenciado de manera póstuma en la Universidad de Chile.

A la ceremonia asistieron la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Rios;  el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza; el Defensor Nacional, Carlos Mora; la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) Alicia Lira, autoridades y agrupaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos, y familiares de los homenajeados.

El acto solemne se realizó luego de que en enero pasado el Pleno del máximo tribunal acogiera parcialmente una solicitud planteada por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Colegio de Abogados,  considerando que las respectivas universidades habían otorgado el título póstumo como reparación por las graves violaciones a los derechos humanos de las que fueron víctimas.

El presidente de la Corte Suprema destacó la importancia de esta ceremonia como un gesto de reparación integral a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos que han sido investigadas y sancionadas por los tribunales de justicia chilenos.

“Es una ceremonia especial y trascendente, porque no solo estamos acá para entregarle el título de abogado y abogada a quienes lamentablemente no pueden estar presentes, prestar el juramento y ejercer la profesión que hoy oficialmente se les reconoce, lo hacemos como forma de reparación que, siendo simbólica, constituye un paso concreto para cumplir en forma cabal ese propósito para las personas directamente afectadas, sus familiares y la sociedad en su conjunto.

“El Derecho Internacional de los Derechos Humanos es claro en cuanto a que toda vulneración a estos derechos genera un deber de reparación, el que indiscutidamente debe ser integral.

“De este modo, la reparación en esta materia no se agota en la determinación de una responsabilidad penal determinada o de una indemnización pecuniaria específica. También existen acciones concretas de otro orden que, ejercidas dentro de las competencias legalmente establecidas, permiten realzar la importancia de respetar y garantizar valores imprescindibles para toda persona y sociedad, del que fueron desarraigados quienes hoy reconocemos como abogadas y abogados.”, dijo el ministro Fuentes Belmar.

Agregó:   “Puedo señalar, en virtud de lo mandatado por el Tribunal Pleno, que la entrega póstuma de estos títulos es un acto de justicia. El aporte del Poder Judicial en este ámbito no solo se expresa en el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales; también desde nuestras funciones no jurisdiccionales existen posibilidades de acción que suman a una reparación integral. Entre ellas, justamente se encuentra la realización de conmemoraciones y homenajes que evoquen las vidas e historias de las víctimas que vieron truncada su posibilidad de titulación por lamentables hechos atentatorios a las reglas básicas de convivencia.

“Esta comprensión de la justicia como un proceso integral es precisamente lo que nos convoca el día de hoy a realizar este acto que, además de su carácter extraordinario, especial y trascendente, es también emotivo.”

Las víctimas

Cecilia Gabriela Castro Salvadores era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)  fue detenida el 17 de noviembre de 1974 por agentes de la  Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en su domicilio ubicado en calle Cano y Aponte N° 1080, departamento A, comuna de Providencia y trasladada al recinto de detención clandestino ubicado en calle José Domingo Cañas N° 1367, comuna de Ñuñoa y luego al recinto de Villa Grimaldi, donde fue vista por última vez en diciembre de 1974.

En ambos recintos de detención fue sometida a torturas por agentes de la DINA para entregar a sus compañeros de partido.

En este caso el ministro en visita Hernán Crisosto Greisse condenó a exagentes de la DINA por el secuestro calificado de Cecilia Castro Salvadores y otros 15 detenidos desaparecidos víctimas de la denominada Operación Colombo en la arista conocida como “Operación Colombo Francisco Aedo y otros” el 30 de mayo de 2017. Sentencia que fue confirmada parcialmente por la Corte de Apelaciones de Santiago el 27 de noviembre de 2020 y el recurso de casación se encuentra pendiente en la Corte Suprema.

Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida era dirigente gremial de Hospital San Borja Arriarán y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fue detenido el 15 de julio de 1974 en la calle Borgoño al llegar a Independencia y recluido en el recinto clandestino ubicado en Londres N° 38, comuna de Santiago donde fue sometido a torturas y visto por última vez.

En la investigación por el secuestro calificado de Germán Moreno Fuenzalida el ministro en visita Miguel Vázquez Plaza condenó a exagentes de la DINA el 22 de julio de 2015 y el 8 de agosto de 2017 se dictó la sentencia por la Corte Suprema.

Patricio Munita Castillo, militante del MIR,  fue detenido el 13 diciembre de 1973 en un operativo realizado por miembros del Ejército vestidos de civil  y Carabineros de Chile en el Convento de los Padres Capuchinos, ubicado en calle Catedral 2345 de Santiago, donde había buscado refugio en los meses posteriores al golpe militar junto al dirigente Bautista Van Schouwen. Al día siguiente -14 de diciembre de 1973- los cuerpos de ambos detenidos, Munita y Van Schouwen, son descubiertos  en la vía pública con múltiples heridas a bala recibidas por la espalda.

El 11 de abril de 2017 el ministro en visita Mario Carroza Espinosa dictó sentencia de primera instancia y condenó a un miembro del Ejército en retiro por su responsabilidad en el homicidio de Munita Castillo. Fallo que fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago el 9 de octubre de 2019 y el recurso de casación pendiente en la Corte Suprema

El cuerpo de Juan Ramón Soto Cerda militante del Partido Socialista apareció calcinado en un camino en el sector de Las Vizcachas, comuna de Puente Alto, el 11 de noviembre de 1981, en un vehículo junto a otras tres personas que habían sido detenidas en octubre del mismo año en la comuna de Talca y que habían permanecido detenidas ilegalmente en el cuartel Borgoño de la Central Nacional de Informaciones (CNI).  Los agentes de estado simularon un falso enfrentamiento entre fuerzas del orden y opositores al régimen de la época, ya que el vehículo apareció en las inmediaciones de la casa particular del entonces ministro de Relaciones Exteriores, René Rojas Galdames.

El 29 de enero de 2010 el ministro en visita Joaquín Billard Acuña dictó sentencia de primera instancia contra agentes de la CNI por los homicidios de Juan Soto Cerda y otras tres personas, fallo que fue confirmado por la Corte Suprema el 18 de diciembre de 2021.

Marco Orlando Letelier del Solar, militante del Partido Socialista, ex ministro del Interior, de Defensa, de Relaciones Exteriores y exembajador de Chile en Washington DC (Estados Unidos) permaneció detenido entre septiembre de 1973 y 1974 en el regimiento Tacna, la Escuela Militar, la Isla Dawson, la Academia de Guerra Aérea y el campo de prisionero de Ritoque. En 1974 salió exiliado hacia Venezuela y el 21 de septiembre de 1976 fue asesinado en un atentado terrorista con bomba organizado por la Dirección de Inteligencia Nacional en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos.

El ministro en visita de la Corte Suprema Adolfo Bañados Cuadra el 12 de noviembre de 1993 condenó a exagentes de la DINA por el homicidio de Orlando Letelier del Solar, sentencia que fue confirmada el 29 de mayo de 1995 por la Corte Suprema.

Se debe continuar el legado que iniciaron los caídos.  Así lo expresó el Presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Leonardo Jofré, en el acto de inauguración de la Placa recordatoria y escultura que se emplaza en el patio de la facultad. Al acto asistieron familiares, amigos y organizaciones de Derechos humanos.

En una solemne y emotiva ceremonia realizada en el aula magna de la Escuela de Derecho y el patio del recinto se inauguró un memorial que recuerda a abogados, egresados y estudiantes detenidos desaparecidos y ejecutados de esa casa de estudios superiores.

En la oportunidad se leyó una carta enviada por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.

A nombre de la Universidad hizo uso de la palabra el vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Álvaro Fuentealba, quien manifestó que ayer  “quienes como hoy, jóvenes y estudiantes no sólo venían a obtener un título profesional en busca de una profesión sino que soñaban con la construcción total de un mundo mejor”.

Añadió que ellos “encontraron en las múltiples vocaciones jurídicas que entonces se podían estudiar acá, el espacio para poder iniciar en las construcción de lo que ellos con total idealismo perseguían”.

Mantener vivo el recuerdo y los ideales por los que luchaban

El Secretario Ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Francisco Ugas, manifestó que “hoy 19 de noviembre de 2014 nos reunimos en esta histórica y trascendental  Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para construir memoria, para recordar a esas víctimas cuyos nombres figuran en esta obra de reparación simbólica, que dieron sus vidas para construir un Chile más justo, más solidario, más ecuánime, respetuoso de los derechos fundamentales de las personas, de la democracia y del Estado de Derecho y que por la acción del terrorismo de Estado emprendida por la dictadura cívico militar, vieron truncadas las posibilidades”.

“La lucha que hemos sostenido desde el año 1974 y la promoción de construcción de memoriales tiene  la finalidad de mantener  vivo el recuerdo y también los ideales que perseguían nuestros familiares. En esta lucha por la verdad histórica  hemos exigido la apertura de los archivos secretos, cuyo conocimiento nos dará la verdad sobre el destino final de nuestros seres queridos”, señaló  Magdalena Navarrete, Presidenta del Colectivo 119, Familiares y Compañeros, organización de quien nació la iniciativa el año 2012.

Luego de un homenaje  a cada uno de ex miembros de la Escuela de Derecho tomó la palabra Fabiola Letelier, quien recordó el asesinato de su hermano, el ex Canciller del Presidente Salvador Allende, Orlando Letelier en Washington por parte de la DINA.

La ceremonia de inauguración de la placa y  las esculturas del memorial  se realizó en el  patio central de la Facultad. Su descubrimiento fue bendecido por ritos tradicionales de las etnias mapuche y Selk’nam. Finalmente los concurrentes se acercaron al memorial con claveles rojos en homenaje a todos los caídos, mientras en medio de canciones alusivas a la pérdida, la desaparición y la esperanza.

Álvaro Varela, quien era Presidente del  Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho antes del 11 de septiembre de 1973 dijo que la memoria reciente “ha sido un proceso lento, pero ininterrumpido” (..) “hoy somos los abogados en esta Escuela de Derecho, cuna  de presidentes, políticos, intelectuales, empresarios, trabajadores, jueces. Es un momento adecuado para iniciar una reflexión desde esta profesión de abogado, desde quienes estamos llamados inevitablemente a tirar el carro de los Derechos Humanos bajo toda circunstancia”.

“Recuerdo la desolación de los pocos que asumimos desde el derecho la defensa de los perseguidos y curiosamente, hace 40 años atrás en un día como hoy, en medio de esta acción y con motivo de ella, yo era secuestrado por los esbirros de la DINA al mando del Guatón Romo y encerrado en una de las  tantas mazmorras de la dictadura dedicadas a la tortura. Y allí se encontraba Cecilia Castro Salvadores, secuestrada dios días antes de aquello. Una reflexión de los abogados omitida hasta la fecha y que con seguridad será bienvenida por la sociedad que imagino ha echado de menos la voz de los abogados, los expulsados del Poder Judicial, los expulsados desde esta escuela con procedimientos muy alejados del derecho”, reflexionó.

Leonardo Jofré, de 24 años, el Presidente en ejercicio del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho expresó que “nosotros no vivimos en dictadura, pero eso no obsta a que no podamos pensar, no podamos recordar con este tipo de actos la brutalidad de lo que significó ese período de tiranía en nuestro pueblo. Hoy día poder compartir con los familiares con los amigos, con las personas que conocieron que hoy día estamos recordando justamente llena en cada uno de nosotros esa sensación de vacío. Hay silencio permanente en esta escuela y ese silencio son las voces acalladas de las personas que hoy día no pueden estar con nosotros”.

“Esa emoción también se transforma y se traspasa en la necesidad, en el ánimo y en la convicción de que tenemos que continuar la lucha que ellos iniciaron y que también otros muchos más iniciaron antes y de esa forma continuar con el legado de cada una de esas personas”, concluyó Jofré.

El memorial recuerda  a los siguientes abogados, egresados y estudiantes de la Escuela de Derecho asesinados o desaparecidos:

Arsenio Poupin Oissel; José Tohá González; Ismael Darío Chávez Lobos; Cecilia Castro Salvadores; Patricio Munita Castillo; Juan Soto Cerda; Orlando Letelier del Solar; Germán Moreno Fuenzalida; Carlos Berger Guralnik; Julio Cabezas Gacitúa; Arnoldo Camu Veloso; Sócrates Ponce Pacheco, Fernando Valenzuela Rivero; Reinaldo Poseck Pedreros; Guillermo Vallejos Ferdinand; Carlos Salazar Contreras; Guillermo Pinto Viel.