Enrique Segundo Montero Montero
Antecedentes del Caso
Rut : 136.509 San Bernardo
F.Nacim. : 22-10-43, 29 años al momento de la detención
Domicilio : Juan de Saavedra 13637, Población el Olivo, San Bernardo.
E.Civil : Casado
Actividad : Comerciante ambulante
C.Repres. : Sin militancia política conocida
F.Detenc. : 23 de septiembre de 1973
SITUACION REPRESIVA
Enrique Montero Montero, casado, comerciante ambulante, fue detenido en el domicilio de su madre por un grupo de Carabineros, quienes irrumpieron violentamente en la morada del matrimonio conformado por Manuel González Torres y Viola Montero Escanilla; Enrique Montero era hijo sólo de ésta última. Los policías hicieron salir de la casa al matrimonio, para luego sacar de su interior al afectado, en presencia de sus familiares y a golpes de culata. Uno de los carabineros conminó a Enrique Montero a despedirse pues, según gritó a viva voz, aquella podía ser la última vez que veía a su familia.
Enseguida el afectado fue conducido a la Comisaría de Carabineros de San Bernardo.
El mismo día de la detención 23 de septiembre de 1973, la casa de Enrique Montero, situada en las inmediaciones de la de sus padres, fue allanada y los uniformados que participaban en el operativo cavaron varios hoyos, seguramente buscando armas u otros elementos que no encontraron, causando innumerables destrozos en la habitación y obligando también al detenido a picar la tierra. Asimismo, incautaron especies y rompieron numerosos pares de zapatos nuevos que Enrique Montero mantenía como mercadería, que vendía en su carácter de comerciante ambulante.
Momentos antes de que se practicara esta detención, fue aprehendido un amigo de éste, de nombre Alejandro Estrada Carrasco. Ambos fueron transportados en el mismo vehículo -una camioneta- al recinto policial, pero Estrada permaneció detenido solamente un par de horas en la Comisaría de San Bernardo, recuperando después la libertad. Con posterioridad, Alejandro Estrada narró a la familia que, si bien él no estuvo con Enrique Montero en el mismo calabozo, lo vio detenido en el interior de la Comisaría durante el tiempo en que estuvo allí.
Por otra parte, los uniformados que arrestaron al afectado en el domicilio de su madre, al llevárselo, lo interpelaron con el sobrenombre de "Guatón Alejo", el cual jamás correspondió a ningún apodo de Enrique Montero.
Momentos después de la detención, María Audomira González Montero, una hermana del afectado, se dirigió a la Comisaría de San Bernardo, donde reconocieron que su hermano estaba arrestado y aceptaron recibirle solamente un cortavientos para el detenido.
Al día siguiente, María Audomira González regresó a la comisaría, pero los carabineros le expresaron que su hermano había sido puesto en poder de los militares y se encontraba en la base de Cerro Chena. Al dirigirse a Cerro Chena, la hermana fue informada que Enrique Montero no se encontraba ahí, por lo que volvió a encaminar sus pasos a la Comisaría, lugar en el que los carabineros le insistieron que Enrique Montero había sido trasladado a Cerro Chena.
Desde ese momento, comenzó un peregrinaje de la familia por distintos lugares de detención o centros en los que se mantuvo a prisioneros en virtud del estado de guerra interno -después estado de sitio- declarado por el gobierno militar. Así, los parientes acudieron al Ministerio de Defensa, la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos -SENDET-, el Estadio Nacional, el Estadio Chile, el Regimiento de San Bernardo, el Regimiento Buin, etc., sin que en ninguno de esos recintos se reconociera la detención de Enrique Montero.
Aun cuando la situación de detención y posterior desaparecimiento de Enrique Montero parece inscribirse dentro del marco de represión indiscriminado que se produjo inmediatamente después del Golpe Militar de 1973, y que muchas veces no se dirigió exclusivamente en contra de dirigentes, la víctima no era militante político. En la Población El Olivo, días antes de la detención de Enrique Montero fue aprehendido, también el dirigente del Comité Sin Casa, Vicente Ramón Blanco Ubilla, quien en la actualidad se encuentra en calidad de detenido desaparecido. Y, pocos días después de la detención de Enrique Montero fue muerto a tiros por una patrulla militar, en la puerta de su casa, Rudy Vidal Pereira, otro dirigente de la misma población "El Olivo".
GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
A pesar de que la familia de Enrique Montero Montero acudió en busca de ayuda a organismos de derechos humanos, el temor les impidió efectuar cualquier tipo de acción judicial durante el régimen militar.
No obstante, a la búsqueda de información relacionada con el paradero del detenido desaparecido en los centros de detención existentes en esa época, debe añadirse una importantísima diligencia efectuada por los familiares. Lucía González Montero, otra hermana del afectado, entabló contacto con un Comandante de apellido Correa, quien, a comienzos del gobierno militar, desempeñaba funciones en la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos -SENDET-. Ese Oficial informó a Lucía González que su hermano Enrique Montero Montero había sido ejecutado entre los meses de septiembre a noviembre de 1973.
En consecuencia, con fecha 27 de julio de 1976, Lucía González Montero dirigió una presentación escrita al Secretario Ejecutivo de SENDET, solicitándole un certificado en que constara la muerte de su hermano.
Con fecha 10 de agosto de 1976, el Secretario Ejecutivo de SENDET respondió que "el ciudadano Enrique Segundo Montero Montero murió en acción, como consecuencia derivada del 11 de septiembre de 1973". La firma del Secretario Ejecutivo corresponde al parecer, al Coronel Pedro Espinoza. Ese documento no señala ni la fecha o causa de muerte ni tampoco las circunstancias en que el afectado habría perecido o el lugar de inhumación. O sea, nunca fue inscrita su defunción, por lo que legalmente continúa desaparecido.
Con fecha 25 de junio de 1991, doña Viola Montero Escanilla, madre del afectado, presentó una querella por el secuestro de Enrique Montero Montero ante el Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, la que dio origen al juicio rol N°68.191-5 de ese tribunal. Ese proceso se encuentra al término del año 1992 en la etapa de sumario con múltiples diligencias pendientes.
Los antecedentes antropomórficos de Enrique Segundo Montero Montero fueron anexados a la causa 4449-AF del 22 Juzgado del Crimen de Santiago por el delito de inhumación ilegal, en el Patio 29 del Cementerio General, de personas no identificadas muertas entre septiembre y diciembre de 1973. El Juez Instructor de la causa ordenó la excavación de 108 tumbas en septiembre de 1991. De allí se exhumaron 125 cuerpos, los que fueron remitidos al Instituto Médico Legal. En la actualidad (fines de 1992) se está a la espera de los informes periciales de identificación.
Fuente :Vicarìa de la Solidaridad
Prensa
La actividad estuvo marcada por el retiro de la placa en homenaje al dictador Augusto Pinochet en la Casa de la Cultura comunal, además de los testimonios de los hechos ocurridos con pobladores luego del golpe de Estado de 1973.
En una jornada sensible para las víctimas de la dictadura, San Bernardo retiró una placa en homenaje a Augusto Pinochet que estaba ubicada en la Casa de la Cultura de la comuna.
A la ceremonia asistió el alcalde de Fontenay Sous Bois, Jean-Phillip Grutier, edil de una de las comunas francesas que acogió a más de 800 exiliados políticos durante la dictadura.
También asistieron agrupaciones de Derechos Humanos, entre ellas la Corporación Memorial Cerro Chena, la Corporación Jenny Barra, el Grupo de Amigos del Padre Joan Alsina, Grupo Ferroviarios Mártires, Corporación Memorial Paine, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación y representantes del Colegio de Profesores.
Durante el encuentro se anunció la puesta en marcha de la Oficina de los Derechos Humanos, iniciativa inédita en la comuna que comenzó a trabajar durante marzo.
En su discurso, el alcalde Christopher White comentó que “para poder mirar hacia el futuro debemos reparar el pasado y mientras siga en un muro el nombre de una persona que no genere consenso en el país creo que estamos dando un paso importante al retirarlo”.
Por su parte, Andrés Bravo, fotógrafo de la memoria recordó cómo su padre fue torturado en el centro de Casas Viejas de Chena, en un relato que emocionó a los presentes.
Al término del encuentro, ambos alcaldes mantuvieron una reunión bilateral para acordar un trabajo de intercambio en materia cultural, educativa y de gestión municipal.
Fuente : radio.uchile.cl 30/03/2022
Fecha :30-03-2022
Habían transcurrido solamente doce días desde aquel fatídico martes 11 en que se inició el despliegue de las Fuerzas Armadas ocupando todo el territorio nacional cuando Carabineros irrumpió violentamente en la vivienda de la Población El Olivo, en San Bernardo, donde se encontraba Enrique Montero Montero, de 29 años, casado y comerciante ambulante. En presencia de Viola Montero Escanilla, su madre y de Manuel González Torres lo golpean y lo detienen.
Momentos después de la detención, su hermana María Audomira se dirigió a la Comisaría de San Bernardo, donde le reconocieron que estaba allí y le recibieron una prenda de ropa para el detenido. Al día siguiente, los carabineros le señalan que su hermano había sido entregado a los militares y se encontraba en la base de Cerro Chena. En Cerro Chena, le indicaron que no se encontraba ahí. Volvió a la Comisaría, y los carabineros le insistieron que había sido trasladado a Cerro Chena. Ir y venir, venir e ir, así pasaron los años de dictadura.
Un nombre y un cuerpo
Con el advenimiento de los gobiernos civiles parecía abrirse una nueva etapa en la búsqueda de la verdad. Así lo señalaban las autoridades y los familiares necesitaban creerlo. En 1991, se les informa a los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos del periodo comprendido entre el 11 de septiembre y diciembre de 1973 en la Región Metropolitana que prontamente se exhumarían más de cien cuerpos señalados como NN en el Patio 29 del Cementerio General. En verdad, se trataba de 126 cuerpos enterrados en 107 tumbas. Un hallazgo doloroso para los familiares que además, debieron soportar el sarcasmo del “pero qué economía más grande” proferido por el propio dictador Augusto Pinochet.
Pese a todo, inquebrantables y resistentes los familiares se dispusieron a entregar fotografías y el máximo de informaciones para lograr la identificación de aquellas osamentas. Habían esperado tanto tiempo.
Un 25 de julio de 1995, veintidós años después de la detención y desaparición de Enrique Segundo Montero Montero, unas osamentas inhumadas ilegalmente en el Patio 29 son identificadas como las que le pertenecen.
Para sus familiares han sido años de espera y de peregrinar de un lado a otro. Ahora, con dolor pueden reunir nombre y cuerpo para proceder a un digno rito mortuorio y cerrar un largo ciclo con la certeza de conocer el destino final y tener un lugar donde llevarle una flor.
Un doloroso retroceso
Pero ese extenso recorrido no tuvo como final la verdad y la justicia. Poco a poco, un rumor que circulaba en los pasillos del Servicio Médico Legal (SML) y las agrupaciones de familiares, comienza a adquirir fuerza. Las identificaciones no han sido correctas, hay errores. Un informe de una universidad escocesa así lo señala al periciar la información entregada y compararlas con las identificaciones del propio SML. Y éste no entrega ese informe a los Tribunales de Justicia. Se genera una controversia.
Los familiares entre la rabia y el dolor ven cómo sus desaparecidos desaparecen nuevamente. El Estado fue quién los secuestró e hizo desaparecer y el Estado que debió asumir plenamente su responsabilidad les señala que se equivocó en las identificaciones. Enrique Segundo Montero Montero es nuevamente desaparecido. Su identificación es errónea y la familia hizo un duelo con el cuerpo equivocado. ¿Se asumieron todas las responsabilidades políticas?
Plan de Búsqueda
No hace mucho se anunció el impulso de un Plan Nacional de Búsqueda que tiene como objetivo dar respuesta a la pregunta lanzada al mundo en los comienzos de la dictadura “¿Dónde están?
Tras tantos años viviendo entre el dolor y la esperanza, entre frustraciones y engaños, es legítimo que los familiares desconfíen de las instituciones. Ellos siempre han estado dispuestos a prestar su máxima colaboración. También esperan que las instituciones y aquellos que cuentan con información privilegiada y de primera mano, es decir, los victimarios de las fuerzas armadas y de orden y sus colaboradores civiles entreguen la información que poseen. En el recuerdo asoma la Mesa de Diálogo, las dudas. La experiencia indica que la única posibilidad de que rompan sus pactos es cuando los tribunales avanzan en su tarea. Y más preguntas buscan respuestas. ¿Qué piensa la ministra de Defensa y los responsables políticos de la conducción de las Fuerzas Armadas?. ¿Habrá los recursos necesarios para investigar? ¿Se resolverá la crisis que enfrentan las instituciones colaboradoras de la justicia como el SML? ¿Se puede confiar en el SML si contrata a quien promete beneficios para los criminales de lesa humanidad presos en Punta Peuco? ¿Hay voluntad política en el Estado para hacer verdad?
Nueva querella
Entretanto los familiares no descansan y perseveran en su búsqueda. No quieren revivir las sensaciones angustiosas una y otra vez. Es cierto. Pero también es cierto que las desconfianzas existen, aunque no las quisieran. Pero prosiguen en su lucha, resisten, no renuncian a ella e insisten.
“Vengo en interponer querella criminal en contra de todos aquellos que resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores de los delitos de asociación ilícita para la comisión de inhumación ilegal y exhumación ilegal, cometidos en perjuicio de don Enrique Segundo Montero Montero” se señala en la acción judicial presentada hace pocos días en la Corte de Apelaciones de San Miguel por su hijo, Patricio Gilberto Montero Espinoza y que tiene el patrocinio de las abogadas Alejandra Arriaza del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos ONG CINTRAS y Mariela Santana, de la Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo, CODEPU.
En la querella se denuncian dos delitos “el diseño, desarrollo y ejecución de un plan, por parte de personal perteneciente al Ejército de Chile, orientado a ubicar, exhumar y eliminar definitivamente las osamentas de ejecutados políticos, enterrados clandestinamente en sus respectivas jurisdicciones configurando el delito de asociación ilícita para la comisión del delito de exhumación ilegal y el desenterramiento de los restos de las víctimas inhumadas ilegalmente, con infracción de la normativa legal y reglamentaria, configura el delito de exhumación ilegal”.
Se agrega que “estos ilícitos en tanto atentan contra los más básicos principios de humanidad, dignidad y respeto por las garantías fundamentales, se consideran crímenes de lesa humanidad. Una de las consecuencias prácticas de dicha calificación es que los partícipes en el crimen deben ser buscados y perseguidos en cualquier lugar del mundo en que se encuentren y no puede invocarse en su favor ni amnistía ni prescripción”.
Han transcurrido más de 50 años desde aquel 23 de septiembre de 1973. Desde entonces, Enrique Segundo Montero Montero es un detenido desaparecido, se desconoce su destino final. 50 años, es demasiado tiempo para quienes sufrieron la violencia de estado, los familiares y la sociedad en su conjunto. Han esperado tanto que ya es el momento que tan interminable espera con dolores e incertidumbre llegue a su fin.
CODEPU
Fuente :codepu.cl 19/4/2024
Otra Información
El Patio 29 solía destinarse a la sepultación de indigentes, pacientes iquiátricos y personas que morían sin ser identificadas (NN). Sin embargo, entre septiembre de 1973 y enero de 1974, sus tumbas se utilizaron para ocultar como NN a víctimas de la represión. Javiera Bustamante y Stephan Ruderer reconstruyen la dolorosa historia del lugar, valiéndose de testimonios de los familiares de detenidos- desaparecidos, cartas, documentos y otras fuentes. El libro da cuenta, igualmente, del arduo proceso de identificación y entrega de los cuerpos, así como de las irregularidades que caracterizaron estas diligencias. Las potentes fotografías que ilustran el volumen fueron realizadas por la artista visual Mara Daruich.
Bustamante, Javiera; Ruderer, Stephan
Fuente :ocholibros.cl sin fecha
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