Tenía 48 años, al momento de ser detenido. Había nacido en Valdivia, el 24 de diciembre de 1924. Se casó con Donatila Lagos González y tuvieron nueve hijos. El menor nació en 1964, al sobrevivir al parto de su madre, mientras que ella falleció. Luis quedó viudo con sus nueve hijos. Las dos niñas -de 19 y 17 años de edad- se encargaron de la crianza de sus siete hermanos menores.

Luis se desempeñaba como capataz del fundo Carranco. Tenía a su cargo recibir los camiones con madera, despachar las entregas, llevar los registros de actividades y entregar las guías. Además estaba a cargo de la pulpería y era miembro del Consejo Administrativo del Complejo.

Sus hijos Raúl y Teresa, lo recuerdan como un hombre inteligente, al que le gustaba mucho leer. Había estudiado en la Escuela de Hombres Nº 1 de Valdivia, para luego seguir en el Liceo.

«Era de pelo claro, ojos verdes, corpulento, de tez blanca. Cuidadoso en el vestir. Serio, respetuoso, sin vicios, preocupado de nosotros. Siempre nos aconsejaba que fuéramos personas de bien».

«Era un hombre creyente que participaba en la Iglesia Adventista, de Villarrica. Recibía, permanentemente, literatura cristiana de la Iglesia».

«Era militante del Partido Socialista. En su calidad de dirigente viajaba a veces a Santiago. Teníamos en la casa algunos recortes de diarios, en los cuales salía nuestro padre junto al Presidente Allende. Tales recuerdos desaparecieron con los allanamientos».

Ni el actual alcalde ni ningún otro integrante de ese destacamento pudo ser procesado y condenado por estos crímenes de lesa humanidad, pese a estar consignada su participación en el operativo. Fuentes de tribunales y policiales coinciden en manifestar que “el pacto de secreto” que se juraron y la “nula colaboración con la justicia”, fueron dos razones para lograr eludir responsabilidades. Actuaron con vestimenta sin distinción de grados, de noche y con el rostro semicubierto según declaran testigos de las detenciones y para los habitantes de estos lugares precordilleranos “fue imposible reconocer a alguno”.

Cae la noche en un Santiago que aún tiembla bajo las bombas de los Hawker Hunter. Los hombres del teniente coronel Alejandro Medina Lois, descansan en el regimiento de Telecomunicaciones en Peñalolén. Son “la reserva estratégica” del general Augusto Pinochet instalado allí durante los primeros días del Golpe Militar. Comandos de elite de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales que dirige Medina. Son los boinas negras.

Luego de las primeras 48 horas del asalto al gobierno de Salvador Allende, todo está bajo control. Allende muerto. Resistencia popular armada no hay. Los principales colaboradores del Presidente están detenidos. La revolución socialista ya es recuerdo. Humeante. Pesaroso. Trágico.

Pero una estocada inquieta la seguridad de los alzados victoriosos. La madrugada aún oscura del 12 de septiembre de 1973, un grupo de campesinos y jóvenes revolucionarios del sur en la precordillera de Valdivia, se convierte en alarma. Rodean el retén policial de Neltume, y exigen a los carabineros les entreguen armamento y munición si no están dispuestos a combatir a los golpistas. Entre ellos está el militante del MIR José Liendo Vera. El mítico y temido “Comandante Pepe”.

Los policías se niegan y abren fuego. Se inicia un tiroteo. Luego de un par de horas, el grupo que actúa desde el exterior se dispersa. Vuelve el silencio. No hay muertos ni heridos de ningún bando. A partir de entonces, el Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli se torna uno de los principales objetivos de los militares. Se presume que en la zona operan guerrilleros de peligro. Pinochet ordena su eliminación. Nace la “Operación Leopardo”.

Para ello Pinochet crea la “Brigada Especial Antiguerrilla” con los boinas negras de la Escuela de Paracaidistas de Peldehue y otros preparados hombres para el combate. Al mando del general Nilo Floody, entre 250 y 300 militares son enviados a reprimir la insurgencia. Uno de aquellos, es el joven oficial Cristián Labbé Galilea.

La mayoría son máquinas de matar. Sus especialidades: instructor militar de montaña, con cursos de paracaidistas, comandos, guerra especial, asalto, guía, y explosivos y municiones.

Días después del Golpe, la brigada inicia el viaje desde Peñalolén a bordo de camiones militares. Llevan suficiente armamento y munición liviana y pesada. Van dispuestos a la guerra y a matar guerrilleros. “La brigada se hizo porque podía existir una guerrilla rural en el Complejo Maderero Panguipulli. Había que barrer con esos focos y si se producían enfrentamientos, la orden era abrir fuego”. Es Labbé quien declara ante los tribunales en diciembre de 2003 por los crímenes de 15 campesinos de Liquiñe, 150 kilómetros al este de Valvidia, cerca de la frontera argentina. Por primera vez, Labbé destapa su bien guardado secreto: reconoce que efectivamente fue parte de ese operativo.

Desde Brasil, donde antes del 11 de septiembre de 1973 cursó diversas técnicas para convertirse en la elite de la elite, Labbé retorna a la Escuela de Paracaidistas a la Dirección de Instrucción. O sea, no sólo es un boina negra común, sino es quién los adiestra. Durante el operativo en Liquiñe y otros lugares de la precordillera valdiviana, el actual alcalde de Providencia depende directamente del jefe máximo de los boinas, el teniente coronel Alejandro Medina, quien en este largo viaje fue el comandante de Estado Mayor del general Nilo Floody. “Mi labor dependía del comandante de Estado Mayor”, sostiene Labbé en su declaración judicial. Como se sabe, con esa preparación integral, fue luego uno de los adiestradores de los agentes de la DINA y propiamente un destacado integrante de esta organización ilícita criminal.

“Primero llegamos a Valdivia pero no sabíamos muy bien a qué íbamos. Se nos dijo sólo que el objetivo era combatir una guerrilla”, recuerda un suboficial boina negra que conversó con El Mostrador, pero prefirió mantener reserva de su identidad. Un día después, el suboficial sostiene que partieron rumbo a la precordillera, a la zona del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli y llegan a Liquiñe.

“Los boinas negras se instalaron en carpas en el patio del colegio de las monjas”, afirma en la investigación judicial Julián García, industrial dueño de las Termas de Liquiñe y la hostería. Se trata de la Escuela Misional Liquiñe.

Otro contingente militar al mando del teniente coronel Hugo Guerra Jorquera, que arriba antes desde Valdivia, instala su campamento en el amplio sitio de las mismas termas, según Julián García. Este es un reconocido anticomunista, de acuerdo a declaraciones judiciales de campesinos sobrevivientes.

Nace el complejo

El Complejo Forestal y Maderero Panguipulli se extendió entre los Baños de Chihuío por el sur, y Liquiñe por el norte, a unos 150 kilómetros al este de Valdivia. Llegó a contar con 360 mil hectáreas. Lo integran 22 fundos de grandes extensiones. A partir de fines de la década de los años 60, los predios son ocupados por integrantes del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), organización controlada por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). A 1973, trabajan allí más de 3 mil campesinos. No pocos siguen al “Comandante Pepe”, líder del MCR. Junto a Liendo Vera, a fines de los sesenta llega a la zona un puñado de estudiantes miristas para iniciar una “recuperación de tierras” junto a los campesinos.

Durante el operativo en Liquiñe y otros lugares de la precordillera valdiviana, el actual alcalde de Providencia depende directamente del jefe máximo de los boinas, el teniente coronel Alejandro Medina, quien en este largo viaje fue el comandante de Estado Mayor del general Nilo Floody. “Mi labor dependía del comandante de Estado Mayor”, sostiene Labbé en su declaración judicial. Como se sabe, con esa preparación integral, fue luego uno de los adiestradores de los agentes de la DINA y propiamente un destacado integrante de esta organización ilícita criminal.

Cuando Allende triunfa en 1970, su gobierno expropia los 22 fundos. Nace así, oficialmente, el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, como empresa filial de la Corporación de Fomento, Corfo. El sueño de construir el propio destino está cumplido. El complejo y el comandante Pepe se transforman en el terror de la derecha latifundista. Por ello, la venganza post golpe militar es feroz.

Luego del episodio del retén Liquiñe la madrugada del 12 de septiembre de 1973, el comandante Pepe junto a su mujer, Yolanda Ávila, y los militantes del MIR Luis Pezo y Pedro Barría, que usa muleta para caminar, se ocultan unos días y suben a la cordillera. Pero el 19 de septiembre son hallados y trasladados a la cárcel de Valdivia. La noche del 3 de octubre de 1973, Liendo Vera es ejecutado en el campo militar de Llancahue. Al día siguiente, son asesinados otros once miristas acusados de participar en el ataque al retén Neltume. Los crímenes son manejados por la Caravana de la Muerte del general Sergio Arellano, presente en Valdivia en esos días. Para ello, Arellano firma una sentencia de un falso Consejo de Guerra. Quien fuera luego segundo hombre de la DINA, Pedro Espinoza Bravo, asiste esa noche a presenciar la muerte de Liendo Vera.

Acusan a los boinas negras

La noche del 10 de octubre de 1973 jamás podrá olvidarse por los habitantes de Liquiñe. La hostería de Julián García opera como “cuartel general”. Desde allí sale la lista con los 15 campesinos que deben ser arrestados y muertos de inmediato. Según se establece en el proceso, Julián García y su hijo Luis, que esa noche visten de militar, aportan los nombres de quienes deben morir. Los boinas negras inician la redada junto a carabineros del retén Liquiñe, a cargo del suboficial Luis Anguita Castro. Ellos conocen bien a los elegidos.

De acuerdo al informe policial firmado por el subprefecto de la Policía de Investigaciones de Valvidia, Benjamín Leal Riquelme y el subcomisario Manuel Castro Contreras, en las detenciones de los campesinos del Complejo, José Miguel y Alejandro Antonio Tracanao Pincheira y su padre Eliseo Maximiliano Tracanao Valenzuela, participan “un cabo de Carabineros de apellido Quintana del retén Liquiñe y varios militares boinas negras”.

El dueño de las termas Liquiñe Julián García, declara judicialmente que “los boinas negras hacían las detenciones”.

El juez de letras de Villarrica a 1973, René García Villegas, sostiene en su libro “Soy Testigo” que uno de los cuerpos de los acribillados en el puente Toltén, permanece horas después en el río “enredado entre unas piedras, sin cabeza”.

Elcira Figueroa Arias, esposa de Salvador Alamos Rubilar, una de las 15 víctimas de Liquiñe, declaró en el proceso que, buscando a su esposo, “en la Fiscalía Militar de Temuco el capitán Ubilla me dijo que a la fecha de la desaparición de mi marido, (10 octubre 1973), se encontraba en la zona un operativo del Comando de Boinas Negras de Colina (Santiago) por lo que las autoridades militares locales ‘se lavaban las manos’ y que si mi marido cayó en manos de ellos,  ‘mejor guarde luto y delo por muerto”.

Sobre el puente del Toltén

Amarrados de pies y manos, los 15 campesinos son conducidos esa noche en dos camionetas en dirección a Villarrica. Uno de los vehículos lo aporta Julián García y lo conduce su hijo Luis. El otro lo facilita el comerciante Juan Carmach y lo maneja el chofer de la ambulancia de Liquiñe, Sixto Díaz.

En el puente sobre el río Toltén, los campesinos son  bajados y los boinas ordenan a ambos conductores alejarse. En pocos minutos, los detenidos forman una macabra alfombra humana tendida sobre el puente. De color rojo, como la sangre que mana a raudales de sus cuerpos acribillados por fusiles de repetición con munición de guerra. Abajo, las caudalosas aguas del río no alcanzan a aplacar el ruido de la metralla. Díaz y García la escuchan, como lo declaran luego judicialmente.

Después de Liquiñe, siempre en busca de guerrilleros, el contingente de boinas negras en que participa Labbé se dirige a otras localidades que comprenden el Complejo Maderero. Pero el suboficial con quien conversamos sostiene sonriendo irónicamente: “No encontramos a ninguno, no había nada, ni guerrilleros ni nada”. La Brigada Antiguerrilla permaneció en la zona hasta comienzos de diciembre de 1973 (...) Un par de días antes de la masacre nocturna de Liquiñe, en Chihuío, 25 kilómetros al sur de Liquiñe, son igualmente acribillados 17 integrantes del Complejo, todos campesinos que vivían en la zona con sus familias.

Uno a uno los cuerpos son lanzados al río. La lista Liquiñe está cumplida. Los ejecutantes piensan que las múltiples perforaciones de los cuerpos permitirán que se hundan y se pierdan para siempre río abajo hasta el mar.

Los boteros y la autoridad

Pero días después, boteros de la zona que ejercen la pesca descubren algunos cuerpos aferrados a ramajes de la ribera o atascados entre rocas. Dan aviso a Carabineros de Villarrica. Hasta el lugar concurre el secretario del Juzgado del Crimen de Villarrica, Osvaldo Wiegand Carrasco, con  el subcomisario de la subcomisaría de Villarrica, capitán Ramón Torrealba Guzmán.

En el proceso, el secretario Wiegand dice que logra salvar un par de cuerpos. Pero los boteros lo desmienten. Estos afirman que la orden que ellos reciben tanto del secretario como del subcomisario, es liberar los cuerpos de lo que los sujetan, y echarlos a correr río abajo para que desaparezcan. Los boteros Eliseo Rosas Maldonado y José Carrasco Rodríguez, son careados con Wiegand y Torrealba. Mantienen sus dichos en cuanto a que son obligados por ambas autoridades a soltar los cuerpos y devolvernos al torrente. Lo mismo confirman los boteros Guido Mora, Leopoldo Ghisolfo y Juan Yáñez Cares.

Después de Liquiñe, siempre en busca de guerrilleros, el contingente de boinas negras en que participa Labbé se dirige a otras localidades que comprenden el Complejo Maderero. Pero el suboficial con quien conversamos sostiene sonriendo irónicamente: “No encontramos a ninguno, no había nada, ni guerrilleros ni nada”. La Brigada Antiguerrilla permaneció en la zona hasta comienzos de diciembre de 1973.

Sin embargo, en la zona por donde se desplazan los boinas bajo el mando del general Floody y Medina Lois, además de los 15 de Liquiñe, son asesinados otros 30 campesinos del Complejo Maderero. Un par de días antes de la masacre nocturna de Liquiñe, en Chihuío, 25 kilómetros al sur de Liquiñe, son igualmente acribillados 17 integrantes del Complejo, todos campesinos que vivían en la zona con sus familias. En este operativo participan también integrantes del regimiento Cazadores de Valdivia. La razzia es apoyadas por helicópteros Puma de la Fuerza Aérea, que provienen de la Base Aérea de Maquehua de Temuco.

El secreto

Algunos otros oficiales que participan en la “Operación Leopardo” son: Carlos Parera Silva, Emilio Timmermann Undurraga, Arturo Bosch González, Manuel Pérez Santillán (agente DINA) y Sergio Candia Muñoz.

¿Por qué Labbé ni ningún otro integrante de los boinas negras pudo ser procesado y condenado por estos crímenes de lesa humanidad? Fuentes de tribunales y policiales coinciden en manifestar que “el pacto de secreto” que se juraron y la “nula colaboración con la justicia”, fueron dos razones para lograr eludir responsabilidades. De acuerdo a las fuentes, a ello se agrega que, por tratarse de un contingente desconocido de Santiago, que actuó con vestimenta sin distinción de grados, de noche y con el rostro semi cubierto según declaran testigos de las detenciones, para los habitantes de estos lugares precordilleranos “fue imposible reconocer a alguno”. El ex agente DINA, coronel retirado Cristián Labbé, sortea una vez más la cárcel, mientras espera ser reelecto como alcalde el próximo 28 de octubre.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este viernes la condena a 18 años de prisión contra el coronel retirado Hugo Alberto Guerra Jorquera por el secuestro de 11 campesinos que fueron ejecutados en 1973 pero cuyos cuerpos nunca aparecieron, informaron fuentes judiciales.

Los campesinos eran de la localidad de Liquiñe y trabajaban en un complejo maderero de la zona.

El tribunal de alzada rechazó un recurso interpuesto por Guerra Jorquera para invalidar la condena impuesta por el juez Alejandro Solís en enero de 2006, que en la actualidad es la sentencia más dura dictada por violaciones de los derechos humanos.

El coronel retirado del Ejército fue condenado, asimismo, a pagar 250 millones de pesos (unos 480.000 dólares) como indemnización, en virtud de una demanda civil entablada en su contra por cinco familiares de las víctimas.

Según el Informe Rettig, que documentó las violaciones de los derechos humanos durante el régimen del fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990), los obreros agrícolas fueron detenidos en un operativo conjunto de la policía de Carabineros del retén de Liquiñe, efectivos del Ejército y civiles.

Los campesinos fueron trasladados hasta el puente Villarrica, sobre el río Toltén, donde fueron ejecutados y sus cuerpos nunca fueron encontrados.

Entre los ejecutados se hallan los hermanos Modesto, Ernesto y Alberto Reinante Raipán, los tres obreros y miembros del sindicato del complejo maderero Panguipulli.

El abogado querellante, Nelson Caucoto celebró el dictamen porque, según dijo, confirma los crímenes y establece castigos ejemplares contra los imputados.

El magistrado condenó a 18 años de presidio mayor en su grado máximo a un retirado teniente coronel del Ejército por el secuestro calificado de 11 campesinos en Liquiñe.

El ministro Alejandro Solís dictó este jueves la pena más alta conocida para una causa vinculada a violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar encabezado por el general (R) Augusto Pinochet.

El magistrado condenó a 18 años de presidio mayor en su grado máximo como autor de delitos reiterados de secuestro calificado al teniente coronel (R) Hugo Alberto Guerra Jorquera, en el denominado “episodio Liquiñe”.

El fallo se basa en la represión que sufrieron a contar del 10 octubre de 1973 un grupo de 11 campesinos que simpatizaban con la Unidad Popular (UP), en el sector precordillerano de la Décima Región de Los Lagos.

Entre las víctimas se cuentan a Salvador Álamos Rubilar, José Héctor Bórquez Levican, Daniel Antonio Castro López, Carlos Alberto Cayuman Cayuman, Mauricio Segundo Curiñanco Reyes, Carlos Figueroa Zapata, Isaías José Fuentealba Calderón, Luis Armando Lagos Torres, Ernesto Juan Reinante Raipan, Modesto Juan Reinante Raipan y Luis Alfredo Rivera Catricheo.

El retirado oficial del Ejército fue además condenado a pagar una suma total de $ 250 millones como indemnización, en virtud de una demanda civil presentada en su contra por cinco familiares de los malogrados.

Los beneficiados, con $ 50 millones para cada uno, serán Miguel Ángel e Isaías Julián Fuentealba Lagos, así como Héctor Hernán, Hugo Raúl y Didier Antonio Figueroa Arraigada.

Adicionalmente, fue condenado el dueño de las Termas de Liquiñe, un civil identificado como Luis Osvaldo García Guzmán, quien en calidad de autor del secuestro calificado de Luis Armando Lagos Torres recibió una pena de cinco años y un día.

El ministro de fuero, Juan Guzmán Tapia, resolvió esta noche someter a proceso en calidad de autor de secuestro calificado a Luis Osvaldo García Tapia, por el caso de Luis Armando Lagos Torres, de 50 años -obrero del complejo madaderero Panguipulli- militante socialista detenido en Curranco en 1973.
Luis Lagos fue detenido en 1973 junto a otras 15 personas en el sur, en la denominada Caravanita Chica, en la Novena Región.

Los 16 desaparecidos
Salvador Alamos Rubilar
José Héctor Bórquez Livican
Daniel Antonio Castro López
Carlos Alberto Callumán Callumán
Mauricio Segundo Curiñaco Reyes
Carlos Figueroa Zapata
Isaías José Fuentealba Calderón
Luis Armando Lagos Torres
Alberto Segundo Reinante Raipán
Ernesto Juan Reinante Raipán
Modesto Reinante Raipán
Luis Rivera Catricheo
Alejandro Antonio Tracanao Pincheira
José Miguel Tracanao Pincheira
Eliseo Maximiliano Tracanao Valenzuela
Bernarda Rosalba Vera Contardo

Como autor del secuestro de Luis Armando Lagos Torres fue procesado esta noche, por el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia, el único detenido en el caso Liquiñe, Luis Osvaldo Acevedo Tapia. Al momento de su detención, Lagos Torres se desempeñaba como consejero del Complejo Maderero Panguipulli, siendo posteriormente fusilado en el puente del Río Toltén. El juez Guzmán, quien instruye el caso Caravana de la Muerte, realizó hoy un careo entre Luis Osvaldo García con los hijos de algunos de los 15 campesinos desaparecidos en el puente del río Toltén.
 

Estudiante de Antropología Social de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Integrante del equipo de investigación del proyecto Fondecyt "Cuerpos ausentes/cuerpos presentes: Experiencias de familiares de detenidos-desaparecidos en Chile”, encabezado por la docente Laura Panizo.

Neltume será recordado por la historia, como tantos otros casos, como un lugar donde se hicieron realidad los sueños de poder popular de la clase trabajadora. Hoy, a 48 años de ocurridos estos crímenes, recordamos a los 16 asesinados del río Toltén y a todas aquellas familias que debieron seguir adelante luchando contra el negacionismo y el odio que les arrebató a sus seres queridos: obreros y trabajadores que vivieron el sueño de ser dueños de su futuro.

12 de septiembre de 1973. Mientras Santiago se recuperaba del agitado día anterior, en la zona cordillerana de la Región de Los Ríos, se orquestaba el primer acto de resistencia armada en contra del naciente régimen militar. Un grupo de jóvenes del lugar, pertenecientes al MIR, se organizaba para rodear al retén policial de la localidad de Neltume y comenzar el ataque. Entre ellos se encontraba el célebre “Comandante Pepe”, gran líder político insurgente y revolucionario que posteriormente fue víctima de la Caravana de la Muerte. A pesar de no registrarse víctimas fatales de ese enfrentamiento armado, el régimen reaccionó con gran fuerza a ese intento de respuesta popular armada, a través de una serie de acciones de inteligencia militar asociadas a detenciones, ejecuciones y desapariciones de civiles. A esto se sumó, como motivo de alarma para el régimen, el hecho de que en esta zona se había demostrado una gran participación política del pueblo dentro de los procesos de reformas agrarias.

El Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, ubicado en las cercanías del pueblo de Neltume, surgió a partir del proceso de tomas de predios y fábricas por parte de los trabajadores durante los primeros años de gobierno de la UP. Los trabajadores, de manera inédita, comenzaron a reclamar el control de los principales medios de producción del país. En la zona cordillerana de Valdivia llegaron a ser 22 los predios forestales tomados. El Estado hizo su parte y, sometido a las presiones de los sectores opositores, tomó cartas en el asunto y decidió expropiar estos fundos y estatizar las empresas productoras. Esto dio paso a la primera experiencia de poder popular en Chile con participación directa del Estado en el otorgamiento de poder de control y de planificación de la producción a los trabajadores.

Durante la madrugada del 10 de octubre de 1973 un convoy militar formado por un vehículo del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), una ambulancia y un auto particular facilitado por el civil Luis García, se dirige al sector de Liquiñe y sus alrededores a realizar una serie de detenciones. El ministro Alejandro Solís, juez a cargo de una serie de casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos, estableció que en estos hechos participaron efectivos de la Fuerza Aérea de Temuco junto con carabineros locales. Durante esas horas fueron detenidas 16 personas: quince trabajadores del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli y una profesora de la escuela de Puerto Fuy. Todos fueron inculpados como sospechosos de participar del ataque al retén. Algunos fueron secuestrados de sus domicilios en la localidad de Liquiñe y otros detenidos directamente en su lugar de trabajo en el complejo.

Una vez realizadas las detenciones, los vehículos se agrupan en el cruce a Coñaripe y emprenden rumbo hacia Temuco. Al pasar por sobre el puente Rodrigo de Bastidas, que cruza el nacimiento del río Toltén en la ciudad de Villarrica, el convoy se detiene y se ordena la bajada de los 16 detenidos. Allí todos son formados, mientras permanecían amarrados y vendados. Estaba oscuro, nadie circulaba por las calles a esas horas, cuando de pronto una ráfaga de disparos rompió la calma del lugar: los 16 cayeron muertos sobre el puente. Acto seguido, a los uniformados se les instruyó lanzar los cuerpos al cauce del río, no sin antes amarrarlos a pesadas piedras para que no flotaran. No obstante, temprano por la mañana, boteros del lugar divisaron algunos cuerpos que fueron arrastrados hasta la orilla, quedando atrapados entre la vegetación. Cuando dieron aviso a Carabineros, estos les ordenaron empujar los cuerpos hacia el cauce del río perdiéndose en sus profundidades. El tránsito del puente fue cortado y se les ordenó a los bomberos limpiar la sangre acumulada en el sector. Hasta el día de hoy, ninguno de los cuerpos ha sido recuperado. Estos hechos son conocidos entonces como el “Caso Liquiñe”.

De esta manera el régimen militar puso fin al sueño de miles de trabajadores de ejercer el legítimo derecho de controlar sus destinos a través de la ejecución de un proyecto inédito de participación obrera en la producción nacional.

En una conversación con Raúl Lagos, hijo de Luis Lagos Torres, me describió cómo fueron los hechos previos a la desaparición de su padre. El día anterior ambos son detenidos y trasladados a Valdivia. Allí fueron golpeados e interrogados en busca de información sobre la emboscada al retén Neltume: “Nos tomaron en la casa y nos soltaron allá en Valdivia, nos llevaron a la fiscalía militar, ahí nos tenían presos”, señaló. Luego de eso fueron liberados bajo amenazas: “Ahí llegamos a nuestra casa. Estábamos más o menos tranquilos porque nos hicieron firmar una declaración jurada a todos los que estábamos ahí. Así que dijimos: con esta cuestión estamos libres ya. Pero igual, decía yo, mi papá no se encontraba muy tranquilo… y ahí como a las 11 de la noche llegan ellos…”. El relato de Raúl, como el de tantos otros familiares, se construye a partir del profundo dolor de una herida que no ha sanado.

Los intentos de impartir justicia, por parte del ministro Alejandro Solís, se vieron reflejados en su libro Plaza Montt-Varas sin número. Memorias del ministro Alejandro Solís, donde relató los hechos ocurridos, en cuya sentencia, dictada en enero de 2006, condenó al teniente coronel del Ejército Hugo Guerra Jorquera a la pena de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, “la más alta fijada por violaciones a los derechos humanos hasta entonces”, y a pagar una indemnización de 250 millones de pesos en su calidad de autor de once delitos de secuestro calificado. También fue condenado el civil Luis Osvaldo García Guzmán, como autor del delito de secuestro calificado en la persona de Luis Armando Lagos Torres, a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo. Sin embargo, la Corte Suprema, aplicando el estatuto de la media prescripción, otorgó a ambos individuos el beneficio de libertad vigilada. Ninguno de los culpables de este caso pasó un solo día en la cárcel.

El “Caso Liquiñe” se enmarca, como tantos otros casos de violaciones a los derechos humanos, dentro de un contexto de ensañamiento militar en contra de la clase trabajadora. La misma clase que durante los años previos había cumplido el sueño de controlar los medios de producción y equilibrar la balanza en base a la justicia social. La colaboración y/o participación de civiles en estos casos da cuenta de una suerte de venganza de parte de los latifundistas que habían sido afectados por la Reforma Agraria y las expropiaciones. El premio por su colaboración sería retribuido en forma de devolución de las tierras expropiadas, durante la contrarreforma agraria del régimen militar.

El involucramiento y la participación política de la clase trabajadora durante aquellos ajetreados años de la década del 70 remeció las bases tradicionales de la estructura social chilena, provocando un temor inédito en los sectores dominantes de la sociedad que sólo pudo ser apaciguado por el golpe de Estado y la sanguinaria dictadura posterior: las  Fuerzas Armadas, a través de un proceso orquestado por el imperialismo norteamericano y por la oligarquía chilena, devolvieron los beneficios a los poderosos en desmedro de un pueblo políticamente muy culto y, por ende, extremadamente peligroso para las élites de la época.

Neltume será recordado por la historia, como tantos otros casos, como un lugar donde se hicieron realidad los sueños de poder popular de la clase trabajadora. Hoy, a 48 años de ocurridos estos crímenes, recordamos a los 16 asesinados del río Toltén y a todas aquellas familias que debieron seguir adelante luchando contra el negacionismo y el odio que les arrebató a sus seres queridos: obreros y trabajadores que vivieron el sueño de ser dueños de su futuro.

De este modo, y considerando el contexto electoral actual, resulta prudente reivindicar la conciencia política que el pueblo chileno construyó previo a la dictadura e involucrarse en los procesos democráticos con los que contamos hoy en día. No da lo mismo quien gobierne, y quien lo haga debe luchar contra el negacionismo y los pactos de silencio de las cúpulas militares. Sólo así la sociedad chilena puede avanzar hacia la construcción de una memoria histórica con base en la verdad, justicia y reparación.

Paulo Cuadra