Jorge Antonio Herrera Cofré
Antecedentes del Caso
Rut : 7.475.179, Santiago
F.Nacim. : 11-01-56, 18 años a la fecha de la detención
Domicilio : La Victoria 0356, casa 12, comuna La Granja
E.Civil : Soltero
Actividad : Estudiante 3° de Enseñanza Media, Liceo San Luis comuna San Miguel
C.Repres. : Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.
F.Detenc. : 13 de diciembre de 1974
Jorge Antonio Herrera Cofré, 18 años a la fecha de la detención, estudiante secundario, militante del MIR, fue detenido el 13 de diciembre de 1974. Aún cuando no hay testigos directos de su detención y se desconoce por lo tanto las circunstancias de la misma, se ha logrado determinar a través de testigos la efectividad de su arresto y lugares donde permaneció detenido.
Señala su familia que ese mismo día 13 de diciembre de 1974, alrededor de las 22 horas, mientras se encontraban en su casa de calle La Victoria 0356, casa 12, llegaron hasta el lugar cinco hombres vestidos de civil que venían armados, dijeron ser de Investigaciones y mostraron una credencial que nadie alcanzó a leer. Preguntaron de inmediato por Jorge Antonio, quien había salido momentos antes. Hicieron preguntas sobre sus estudios, sus amigos y sus actividades. Entraron a su cuarto y lo allanaron revisándolo por entero, dejando todo en completo desorden. Incluso intentaron romper algunos muebles de la casa lo que fue impedido por las protestas de la familia. Al cabo de media hora se retiraron del lugar en una camioneta último modelo, marca Chevrolet, con toldo y cabina color crema.
Entre los agentes que la noche del día 13 de diciembre del 74, concurrieron a su domicilio en busca de Jorge Herrera Cofré, reconocieron a Osvaldo Romo Mena, alias "el guatón Raúl", como uno de los agentes que participó en ese operativo.
Bernardita Núñez Herrera en declaración que presta ante el Segundo Juzgado del Crimen del Departamento Presidente Aguirre Cerda, causa rol 28.029, refiere que estando detenida en el lugar de reclusión ilegal de "Venda Sexy", ubicado en calle Irán con Los Plátanos de la comuna de Macul, el día 13 de diciembre fue llevada al baño pudiendo ver a Jorge Antonio Herrera Cofré, quien estaba a la entrada de los baños de hombres, con su vista vendada. Bernardita dice que conocía de antes al joven Herrera por cuanto ambos pertenecían al mismo grupo escolar del sector, y en razón de la militancia partidaria de los dos. Se acercó a él y éste le solicitó que si ella quedaba en libertad, avisara a su familia de su arresto. La testigo además da cuenta que el afectado en esa ocasión vestía camisa color verde nilo de mangas cortas y blue-jeans, lo que coincide con la descripción de vestimenta que hace la familia de cuando lo ve por última vez.
Importante también es la declaración que hace Héctor Hernán González Osorio. Hablando sobre su detención y las consecuencias que ella tuvo para la militancia del MIR, relata que el 7 de diciembre de 1974, lo llevan a una oficina donde al allanar, los agentes de la DINA encuentran los puntos de contacto que González debería tener los próximos días. Así es como a la semana después de este hecho, este testigo relata que cae detenido "...el compañero Jorge Antonio Herrera Cofré o 'Jaime', estudiante secundario, muy joven...".
Manuel Elías Padilla Ballesteros por su parte, dice que aún cuando él no vio al afectado, supo por otros detenidos que el joven Herrera estuvo en Venda Sexy y que fue sacado de ese lugar junto a Félix de la Jara Goyeneche e Isidro Pizarro Meniconi, entre los días 15 y 18 de diciembre de 1974. A Jorge Herrera Cofré lo ubicaba perfectamente por haber sido compañeros de estudio de Enseñanza Media en el Liceo de Hombre N°6.
Con fecha 24 de julio de 1975, el diario La Segunda publicó una lista de 59 personas, entre las que figuraba Herrera Cofré, supuestamente fallecidas en la localidad de Salta, Argentina, a consecuencia de un presunto enfrentamiento con la policía de ese país. Esta versión fue proporcionada por un cable que remitía antecedentes dados por el diario O'Dia de Curitiba, Brasil.
Posteriormente, se pudo comprobar que la publicación aludida correspondía al diario "Novo Dia", que fue el sucesor de O'Dia cerrado 14 años antes y que editó solamente un ejemplar, precisamente el que publicó la nómina de los presuntos extremistas chilenos muertos. Los 59 nombres de la nómina del diario O'DIA, más una segunda nómina con 60 nombres de características similares publicada por la revista LEA de Argentina, corresponden a 119 personas desaparecidas que habían sido detenidas por los servicios de seguridad entre junio de 1974 y febrero de 1975.
La señora Elena Cofré Jofré en declaración jurada ante notario, relata que el 29 de julio de 1977 se presentaron en su casa de Avda. Fraternal 3833, población J.M. Caro, dos detectives que se identificaron y que se movilizaban en el coche de Investigaciones, diciendo que venían por encargo del Gobierno para colaborar en el esclarecimiento de personas desaparecidas. Lo que en realidad les interesaba, era saber cómo se había gestado la iniciativa de hacer una presentación por varios detenidos desaparecidos al Gobierno.
El 26 de marzo de 1987 la madre del afectado dejó constancia en una declaración jurada de numerosos llamados telefónicos anónimos que ha recibido especialmente en ese mes, y cuyo objeto son amedrentarla en la búsqueda de su hijo Jorge.
Hasta la fecha Jorge Herrera Villegas continúa desaparecido.
GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 20 de diciembre de 74 se presentó en la Corte de Apelaciones de Santiago el recurso de amparo rol 1626-74. Este recurso fue interpuesto por la madre del afectado señora Elena Cofré Jofré.
El mismo día 20 de diciembre la Corte consultó telefónicamente a Investigaciones a fin de averiguar si se encuentra detenido el joven Herrera en alguna de sus dependencias. La respuesta fue negativa.
El 21 de diciembre se ofició al Ministro del Interior, Ministro de Defensa y al Jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional. El 30 de diciembre respondió el Director de Inteligencia Nacional -DINA- diciendo que ruega a la Corte "tenga la amabilidad de dirigirse al Ministerio del Interior (Departamento Confidencial) o a la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos que tiene como misión dar este tipo de informaciones". El 16 de enero respondió el Ministro del Interior de la época, General Raúl Benavides Escobar, diciendo que no está detenido por orden de ese Ministerio.
Por su parte la recurrente en el amparo, y madre del desaparecido, solicita a la Corte en tres oportunidades durante la tramitación del amparo, que se reiteren los Oficios a fin de que las autoridades den una respuesta sobre el paradero de su hijo. El 18 de febrero de 1975 el Coronel Hernán Ramírez Ramírez, Jefe de Zona en Estado de Sitio, responde que el afectado no está detenido por orden de esa Jefatura. El 19 de febrero lo hace el Comando de Combate de Aviación diciendo que no se encuentra detenido ni procesado por los Tribunales de Aviación.
Con el mérito de estos informes, el 28 de mayo de 1975 la Corte declara sin lugar el recurso de amparo y ordena pasar los antecedentes al Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía que corresponda.
El 3 de julio de 1975, el Segundo Juzgado de Mayor Cuantía de La Granja, ordena instruir la causa rol 18.280 en favor de Jorge Herrera Villegas. La madre del afectado concurre a ratificar lo que había expuesto en el recurso de amparo y agrega que, con fecha 28 de mayo de ese año, ella había interpuesto una denuncia por arresto ilegal en el mismo Juzgado y que lleva el rol 18.263 por lo cual el 11 de junio de 1975 se ordena acumular la causa rol 18.280 a la 18.263.
Instruido el sumario correspondiente, se ordenan varias diligencias: petición de informes al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y al Jefe de Zona en Estado de Sitio.
Todos ellos responden negativamente sobre el paradero de Herrera Villegas. El 6 de junio lo hace el Ministro del Interior General Raúl Benavides Escobar; el 8 de junio el Coronel Oscar Coddou Vivanco (Subsecretario de Guerra) y el 18 de junio el General de Brigada y Jefe de la Zona en Estado de Emergencia, Rolando Garay Cifuentes.
Entre el 3 y 5 de junio declaran ante el Tribunal los padres y los hermanos de la víctima, poniendo en conocimiento del Juez los antecedentes que tenían sobre la detención y allanamiento a la casa de que fueron objeto el 13 de diciembre de 1974.
Pero, con el mérito de los antecedentes y como a juicio del Tribunal no resultaba completamente establecida la comisión de algún delito con ocasión del desaparecimiento de Jorge A. Herrera Villegas, el 11 de julio de 1975 se sobresee temporalmente la causa, resolución que es aprobada por la Corte de Apelaciones el 19 de agosto de 1975.
El 22 de agosto de 1980 nuevamente la madre recurre a la justicia en busca de su hijo. Esta vez presenta una querella criminal contra Osvaldo Romo Mena por el delito de secuestro, en el Segundo Juzgado de Mayor Cuantía de La Granja y que rola con el número 28.029. En el escrito principal afirma que, tanto ella como su hijo Robinson, a través de la fotografía que acompañan en la querella, pudieron reconocer a Romo como parte del grupo operativo que efectuó el allanamiento a su morada el día 13 de diciembre de 1974. Y hacen una descripción del agente: se trata de un ex-activista poblacional del sector Lo Hermida; para luego ser un destacado agente de DINA, miembro de un grupo operativo de ese organismo y especializado en la aprehensión de militantes del proscrito MIR. Su último domicilio conocido hasta septiembre de 1975 era el de la calle Los Molineros N°1308, Ñuñoa. Agregan que fue visto en dos vehículos en el período que comprende la detención del joven Herrera: camioneta Chevrolet C-10, color rojo, patente EM-965 de Las Condes año 1974 y camioneta Chevrolet C-10, color blanco, patente LZ-142 de Las Condes, año 1974, ambos vehículos nuevos.
Se solicitaron una serie de diligencias para ubicar el paradero de Osvado Romo, que son acogidas por el Tribunal. El 23 de octubre de 1980 hace llegar una fotocopia de una publicación chilena, la revista "Qué Pasa", que en un recuadro informa textualmente: "El guatón Romo ex-comandante Raúl del MIR, ex DINA y hombre de difícil ubicación e interrogatorio en los procesos de detenidos desaparecidos, estaría de vuelta en funciones de seguridad, que él presenta como altas y oficiales".
Se pide citar a la directora de la revista para que informe al Tribunal sobre los antecedentes que la llevaron a publicar esa información. El Tribunal determina no dar lugar a esa petición.
El 1° de octubre de 1980 informa el Departamento del Tránsito de la Municipalidad de Las Condes sobre las patentes de los vehículos mencionados en la querella; respecto de la placa LZ-142 dice que no corresponde a esa Municipalidad. En septiembre de 1981, en un escrito se aclara que la placa no es de 1974 sino del año 1975. Igualmente se responde que, por la antigüedad de la patente, no obran en la Municipalidad antecedentes sobre ella. Y de la placa EM-965, el mismo departamento responde también en octubre de 1980 que corresponde a un automóvil, marca Austin, modelo MG-1300 del año 1974 cuyo propietario es un particular.
Encargada Investigaciones de averiguar sobre el paradero de Osvaldo Romo, en Oficio del 27 de septiembre de 1980 informa haber concurrido al domicilio de Los Molineros 1308 Población La Faena, donde sus moradores actuales manifiestan no conocer a este sujeto. Pero una vecina sí sabe que entre los años 1974-1975 vivió allí y se marchó con toda la familia, ignorando dónde. Consultado el Gabinete Central de Identificaciones aparece viviendo en Los Corteses 5696 de Ñuñoa.
Al concurrir al lugar, se constató que la numeración no existe, aunque por referencias de una vecina se pudo determinar que la numeración correcta era la 5690, y esa casa debió ser demolida producto de una remodelación vial. Investigaciones no pudo ubicar el paradero de Romo.
El 12 de noviembre de 1980, el entonces Ministro del Interior Sergio Fernández Fernández, responde un Oficio enviado por el Juez pidiendo a la CNI que informe sobre este individuo. Allí responde que: "1971 Candidato a regidor por el Partido Unión Socialista Popular -USOPO- por la comuna de Ñuñoa. 1972 Candidato a Diputado por la XXIV Agrupación Departamental (no electo). 1972 Presidente de la Junta de Vecinos "Campamento Lulo Pinochet". 1974 Buscado por Ejército, Armada y FACH por ser Jefe de Célula para-militar bajo el alias de "El Raúl". 1980 Orden de aprehensión formulada a la Policía Civil por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. Este individuo fue conocido durante el régimen presidencial anterior bajo el apodo de "El Comandante Raúl" (fuente de información: Diario "La Segunda del 1° de abril de 1980).
Y para finalizar el Ministro agrega que: "...en el Departamento de Estado a su cargo no existen antecedentes del referido Romo Mena".
Por su parte el Departamento de Extranjería y Policía Internacional responde el 31 de octubre de 1980 que Romo no registra anotaciones de viaje. Y el 10 de noviembre de 1980 responde el Teniente General Raúl Benavides Escobar, Ministro de Defensa Nacional, diciendo que Romo no registra antecedentes en ninguna de las instituciones de la Defensa Nacional dependientes de ese Ministerio.
El abogado de la parte querellante hace llegar más datos sobre este sujeto. El 11 de noviembre entrega al Tribunal una fotocopia de una nota del diario El Mercurio del día 1° de noviembre de 1980, donde se informa que en un proceso por secuestro de personas, el Ministro sumariante Alberto Echavarría dio orden de ubicarlo. Agrega también la publicación que, de acuerdo a antecedentes obtenidos, éste se habría hecho la cirugía estética para reingresar a Chile sin problemas, y que en fuentes de la policía, aún cuando mantiene la más absoluta reserva sobre las pesquisas para ubicarlo, trascendió que estas están bien encaminadas, estableciéndose en forma fehaciente que Osvaldo Romo se encuentra en Chile. El 25 de septiembre de 1981 hace llegar otro antecedente más; se trata esta vez de una nota dirigida por el ex-presidente de la Corte Suprema, José María Eyzaguirre, de fecha 5 de julio de 1976 a la señora Yolanda Pinto, madre de otro detenido desaparecido -Martín Elgueta Pinto- y también víctima de Romo. Dice en ella textualmente que, "Con referencia a su carta o 23 de julio último, puedo manifestarle que en conversación sostenida con el señor Manuel Contreras, Jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, me expresó que el señor Osvaldo Romo trabajó para el organismo que él dirige hasta noviembre de 1975 y que, posteriormente, se ausentó del país".
El 7 de marzo de 1980, el juez instructor de esta causa, señor Javier Torres Vera, despacha orden de aprehensión contra Osvaldo Romo Mena bajo apercibimiento de rebeldía y ordena agregar su extracto de filiación. En él se lee que su carnet de identidad es el N°3.674.948 y su número penal 576.363. Fue declarado reo por hurto el 27 de enero de 1958 en la causa 67.521 del 1° Juzgado del Crimen de Mayor cuantía de Santiago. Al 28 de julio de 1981 Investigaciones no logra ubicar el paradero de Romo para detenerlo, por lo que se le declara rebelde para todos los efectos legales.
El 16 de junio de 1981 declara ante el Tribunal doña Bernardita de Lourdes Núñez Rivera, quien expresa que ella estuvo con Jorge Antonio Herrera Cofré el día 13 de diciembre de 1974, en el recinto de la DINA denominado "Venda Sexy" de calle Irán con Los Plátanos. El 18 de julio de 1981 declara también en el proceso Ricardo González González, jubilado de las Fuerzas Armadas y actual ocupante de la casa de calle Los Molineros 1308, donde vivió Romo. Expresa que en 1978 estaba buscado una casa con compromiso de compra venta para una hija, cuando supo a través de un corredor de propiedades, que una señora llamada Ester de Romo vendía la suya porque viajaba al extranjero. Hizo las gestiones del caso y dice que contó incluso con la aprobación de la Junta de Vecinos, quienes le manifestaron que el antiguo dueño, un tal señor Romo, había dejado muchos problemas, que al parecer había participado en tomas de sitios y asaltos y que actualmente estaba desaparecido desde que tomó el mando la Junta de Gobierno. Termina reiterando que no conoce a Romo ni a su esposa, y que todas las gestiones fueron hechas a través de un corredor de propiedades.
A petición de los querellantes el 23 de junio de 1981 el Juez ordena citar al carabinero Héctor Leblanc Quilodrán Alfaro, quien concurrió con una citación a la casa de Romo de calle Los Molineros.
Después de 3 reiteraciones de la citación, concurre el citado funcionario el 22 de marzo de 1982. En su declaración expone que: efectivamente le tocó diligenciar una orden judicial en el año 75 donde se ordenaba citar a Osvaldo Romo, quien tenía su domicilio en la calle Los Molineros 1308, para que concurriera a un Tribunal de Santiago. Relata que Romo lo atendió personalmente y le manifestó que esa orden no se la iba a recibir, porque a él se le debería citar por el Servicio de Inteligencia Militar por pertenecer a dicho organismo. Dice además este funcionario de Carabineros, que cuando concurrió al domicilio vio que había 4 militares de civil vigilando en el antejardin de esa casa. Finaliza diciendo que sobre este hecho dio cuenta en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde fue interrogado por un Ministro.
Sin haber logrado ubicar el paradero de Osvaldo Romo Mena, el 2 de abril de 1982 se sobresee temporalmente la causa ya que, según el Juez, de acuerdo a los antecedentes reunidos no resulta completamente justificado la existencia del delito denunciado. Esta resolución es aprobada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 22 de noviembre de 1982.
El agente Romo que durante la tramitación del proceso rol 28.029 en el 2do. Juzgado de La Granja, por el desaparecimiento de Jorge Herrera Cofré, fue citado en varias oportunidades, fue detenido el 16 de noviembre de 1992, como resultado de una serie de diligencias decretadas en la causa por el desaparecimiento de Alfonso Chanfreau Oyarce. Osvaldo Romo Mena había abandonado el país a finales de 1975, para eludir citaciones judiciales de Tribunales que tramitaban causas por detenidos desaparecidos. La DINA le había proporcionado documentos de identidad falsa para él y su grupo familiar. En Brasil se encontraba bajo el nombre de Osvaldo Andrés Henríquez Mena; al ser descubierto, las autoridades brasileras lo detuvieron y luego expulsaron del país.
A diciembre de 1992, había sido encargado reo en seis causas de detenidos desaparecidos y tenía varias citaciones pendientes en otros procesos similares.
Fuente :Vicarìa de la Solidaridad
Prensa
Testimonios, fotografías, cartas, testimonios y otros documentos que familias, amigas y amigos entregaron o escribieron especialmente para ser publicados incorpora el libro “Rompiendo el silencio de niñas, niños y adolescentes ejecutados políticos durante la dictadura cívico-militar 1973-1990”, el que fue realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, y a la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.
La publicación basada principalmente en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991) y el Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (1996), busca reconstruir de forma integral y cuidada cada una de las vidas e historias de las víctimas.
Durante la investigación se accedió al archivo de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, donde se custodian documentos que las familias han preservado a través de años. También se incluyeron ilustraciones que estuvieron a cargo de Álvaro Gómez.
El proceso de creación fue un desafío complejo que implicó conjugar delicadeza, respeto y rigurosidad metodológica para enunciar en esta obra una verdad dolorosa e ineludible.
Fuente :cultura,gobierno.cl 20/4/2023
Fecha :20-04-2023
DD.HH. Agente de fue sentenciado junto aotros seis militares por la muerte de un joven de l8 años en 1974.
La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel condenó a Miguel Krassnoff Martchenko y otros seis militares en retiro y exmiembros de la Dina por el secuestro calificado del menor Jorge Antonio Herrera Cofré en diciembre plena dictadura. El nuevo fallo sentenció al grupo por la desaparición de Herrera, estudiante de enseñanza media, de 18 años, que en ese entonces militaba en el MIR, y que actualmente figura como detenido desaparecido. Krassnoff fue condenado a ocho años de cárcel y abultó su “récord” de condenas por violaciones alos DD.HH., que yasuperan los 800 años. Los otros sentenciados son Pedro Espinoza, roth, Raúl Iturriaga Neumann, Manuel Carevic, Manuel Rivas y Hugo Hernández. ATON
L A Miguel Krassnoff, uno de los criminales más crueles de la dictadura. /aron
RESUMEN
La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel condenó a Miguel Krassnoff Martchenko y otros seis militares en retiro y exmiembros de la Dina por el secuestro calificado del menor Jorge Antonio Herrera Cofré en diciembre plena dictadura., El nuevo fallo sentenció al grupo por la desaparición de Herrera, estudiante de enseñanza media, de 18 años, que en ese entonces militaba en el MIR, y que actualmente figura como detenido desaparecido., Los otros sentenciados son Pedro Espinoza, roth, Raúl Iturriaga Neumann, Manuel Carevic, Manuel Rivas y Hugo Hernández.
Fuente :litoralpress.cl 18/11/2021
Fecha :18-11-2021
Alrededor de 307 niños y jóvenes menores de 21 años fueron detenidos desaparecidos por la dictadura de Pinochet.
El Informe Rettig, de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991), certifica 307 casos de menores de 20 años ejecutados por agentes de la dictadura de Pinochet, entre los cuales se encuentran niños de seis meses hasta adolescentes.
El informe presenta 75 casos de infantes detenidos desaparecidos, de los cuales se reconocen 26 casos de niños muertos por militares durante la Dictadura.
Por otro lado, la falta de documentación de cédula de identidad de los infantes es un punto en contra para la búsqueda de verdad y justicia, mientras que los testimonios indican que los menores se encontraban en la cercanía de sus padres y que fueron arrestados por militares que ejercían custodia en lugares públicos.
Según la fuente de RadioUchile, la divulgación de las víctimas infantiles de la Dictadura se hizo presente en el contexto de la detención de Pinochet en Londres. Casos de menores como Rodrigo Anfruns, salieron a la luz, cuyo cuerpo apareció a pocos metros del lugar de su desaparición en junio de 1979, bajo circunstancias que aún no son esclarecidas. O el caso de Carlos Fariña Oyarce, menor de 13 años detenido en la población La Pincoya, y su cuerpo encontrado en el año 2000, quemado y con múltiples heridas a bala.
A días de cumplirse 44 años desde el Golpe Militar y el posterior régimen de Pinochet, difundimos listado de menores y jóvenes detenidos desaparecidos (extracto )
ENTRE ESTAS VICTIMAS SE ENCUENTRA JORGE ANTONIO HERRERA COFRE DE 18 AÑOS DETENIDO DESAPARECIDO EL 13/12/1974 EN SANTIAGO.
Fuente :laizquierdadiario.cl 5/9/2017
Fecha :05-09-2017
En estos días, la justicia oficial realizó tres pronunciamientos sobre crímenes de compañeros que resistieron con las armas a la dictadura cívico-militar. Por el homicidio de dos compañeros, la Suprema confirmó condenas para delincuentes de la CNI. Luego, por la desaparición de un adolescente, algunos criminales de la DINA son sometidos a proceso. Finalmente, por el asesinato de otro camarada son condenados, en primera instancia, más desalmados de la funesta DINA. Exponemos los casos en orden cronológico de su ocurrencia
Jorge Antonio Herrera Cofré, el Flaco del Liceo de Hombres Nº 6
Por el delito de secuestro calificado (detención y posterior desaparecimiento) del compañero JORGE ANTONIO HERRERA COFRÉ, Jaime, ocurrido a partir del 13 de diciembre de 1974, la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, dictó auto de procesamiento para tres chacales de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, la ministra en visita dio por establecido los siguientes hechos:
"El día 13 de diciembre de 1974, en horas de la tarde, Jorge Antonio Herrera Cofré, de 17 años, estudiante de enseñanza media, dirigente estudiantil y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (M.I.R.), tras salir de su domicilio ubicado en calle Victoria de la comuna de La Granja, en dirección al Liceo N° 6 "Andrés Bello", fue detenido, sin derecho, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), dirigida por el ex Coronel Manuel Contreras Sepúlveda, actualmente fallecido, encontrándose a nivel Metropolitano a cargo de Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo.
Luego, Herrera Cofré fue trasladado hasta el centro de detención denominado "Venda Sexy", situado en calle Irán N° 3.037 de la comuna de Ñuñoa, a cargo de Manuel Carevic Cubillos y, posteriormente, a Villa Grimaldi, ubicada en José Arrieta N° 8.200 de la comuna de Peñalolén, a cargo de Pedro Espinoza Bravo, lugares en que se le mantuvo privado de su libertad, según testimonios de otros detenidos que lograron sobrevivir, entre ellos, Bernardita de Lourdes Núñez Rivera, Héctor Hernán González Osorio y María Alicia Salinas Farfán, desconociéndose, hasta ahora, su paradero".
Los procesados en éste crimen corresponden a Wenderoth, Carevic y Espinoza.
El camarada Jorge Herrera Cofré, 18 años a la fecha de su detención y desaparición, era estudiante secundario y un militante del MIR. Aun cuando no hay testigos directos de su detención y se desconoce por lo tanto las circunstancias de la misma, se ha logrado determinar a través de testigos la efectividad de su arresto y lugares donde permaneció detenido.
Señala su familia que ese aciago día 13 de diciembre de 1974, alrededor de las 22 horas, mientras se encontraban en su casa de calle La Victoria 0356, casa 12, llegaron hasta el lugar cinco hombres vestidos de civil que venían armados, dijeron ser de Investigaciones y mostraron una credencial que nadie alcanzó a leer. Preguntaron de inmediato por Jorge Antonio, quien había salido momentos antes. Hicieron preguntas sobre sus estudios, sus amigos y sus actividades. Entraron a su cuarto y lo allanaron revisándolo por entero, dejando todo en completo desorden. Incluso intentaron romper algunos muebles de la casa lo que fue impedido por las protestas de la familia. Al cabo de media hora se retiraron del lugar en una camioneta último modelo, marca Chevrolet, con toldo y cabina color crema.
Entre los agentes que la noche del día 13 de diciembre del 74, concurrieron a su domicilio en busca de Jorge Herrera Cofré, reconocieron a Osvaldo Romo Mena, alias "el guatón Raúl", como uno de los agentes que participó en ese operativo.
Bernardita Núñez Herrera en declaración que presta ante el Segundo Juzgado del Crimen del Departamento Presidente Aguirre Cerda, causa rol 28.029, refiere que estando detenida en el lugar de reclusión ilegal de "Venda Sexy", ubicado en calle Irán con Los Plátanos de la comuna de Macul, el día 13 de diciembre fue llevada al baño pudiendo ver a Jorge Antonio Herrera Cofré, quien estaba a la entrada de los baños de hombres, con su vista vendada. Bernardita dice que conocía de antes al joven Herrera por cuanto ambos pertenecían al mismo grupo escolar del sector, y en razón de la militancia partidaria compartida. Se acercó a él y éste le solicitó que si ella quedaba en libertad, avisara a su familia de su arresto. La testigo además da cuenta que el afectado en esa ocasión vestía camisa color verde nilo de mangas cortas y blue-jeans, lo que coincide con la descripción de vestimenta que hace la familia de cuando lo ve por última vez.
Importante también es la declaración que hace Héctor Hernán González Osorio. Hablando sobre su detención y las consecuencias que ella tuvo para la militancia del MIR, relata que el 7 de diciembre de 1974, lo llevan a una oficina donde al allanar, los agentes de la DINA encuentran los puntos de contacto que González debería tener los próximos días. Así es como a la semana después de este hecho, este testigo relata que cae detenido "...el compañero Jorge Antonio Herrera Cofré o 'Jaime', estudiante secundario, muy joven...".
Con fecha 24 de julio de 1975, el diario La Segunda publicó una lista de 59 personas -entre las que figuraba Jorge- supuestamente fallecidas en la localidad de Salta, Argentina, a consecuencia de un presunto enfrentamiento con la policía de ese país. Esta versión fue proporcionada por un cable que remitía antecedentes dados por el diario O'Dia de Curitiba, Brasil. Posteriormente, se pudo comprobar que la publicación aludida correspondía al diario "Novo Dia", que fue el sucesor de O'Dia cerrado 14 años antes y que editó solamente un ejemplar, precisamente el que publicó la nómina de los presuntos extremistas chilenos muertos. Los 59 nombres de la nómina del diario O'DIA, más una segunda nómina con 60 nombres de características similares publicada por la revista LEA de Argentina, corresponden a 119 personas desaparecidas que habían sido detenidas por los servicios de seguridad entre junio de 1974 y febrero de 1975. Tales montajes correspondían a la infausta Operación Colombo, fraguada entre los aparatos represivos de las dictaduras militares del cono sur latinoamericano.
La madre de Jorge, la señora Elena Cofré Jofré en declaración jurada ante notario, relata que el 29 de julio de 1977 se presentaron en su casa de Avda. Fraternal 3833, población J. M. Caro, dos detectives que se identificaron y que se movilizaban en el coche de Investigaciones, diciendo que venían por encargo del gobierno militar para colaborar en el esclarecimiento de personas desaparecidas. Lo que en realidad les interesaba, era saber cómo se había gestado la iniciativa de hacer una presentación por varios detenidos desaparecidos al Gobierno.
Fuente :acciondirectachile.blogspot.com, 8 de Diciembre 2016
Fecha :08-12-2016
A través de informes médicos de dudosa calidad técnica, acusados por crímenes de lesa humanidad buscan evadir condenas alegando enfermedad mental o física. “Peritaje” realizado al exagente Raúl Iturriaga Neumann por Hugo Lara Silva –exlíder del nazismo chileno–, señala que la condena es “venganza”.
El 3 de marzo del año 2000, a las 10:25 de la mañana, un avión proveniente de Londres aterrizó en el aeropuerto del Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile en Pudahuel. Desde la aeronave descendió, en silla de ruedas, el entonces senador designado Augusto Pinochet Ugarte, después de pasar 503 días detenido en Londres. Para sorpresa de los presentes –y del mundo entero–, el exdictador, liberado por no encontrarse apto para enfrentar un juicio, se levantó y caminó en dirección a los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. “Hombre muerto caminando”, tituló irónicamente el semanario The Clinic.
En efecto, la súbita “resurrección” del enfermo planteó serias dudas respecto a su real estado de salud, pavimentando una estrategia jurídica que sería utilizada en el futuro por otros militares condenados por violaciones a los derechos humanos en Chile.
El concepto hoy tiene nombre y apunta a todos aquellos acusados por crímenes de lesa humanidad que buscan zafar de la acción de la Justicia simulando patologías físicas o síquicas, a través de informes de dudosa calidad técnica.
El término es impunidad biológica y se aplica también a los casos que no han podido resolverse judicialmente, pese a transcurrir largos años –en algunos casos décadas–, debido a la muerte de testigos y victimarios. Esto último, siguiendo la misma idea, impide asegurar el debido proceso y termina garantizando la impunidad, sobre todo en aquellos casos donde estuvieron involucrados altos mandos que son los de más avanzada edad. Las cifras al respecto señalan que, hasta abril de 2024, según el último Informe de Derechos Humanos de la UDP, 457 exagentes fallecieron en alguna etapa del proceso judicial.
Si bien el paso del tiempo sigue siendo un factor determinante para sepultar las causas sin responsables, la elaboración de informes que aluden a una incipiente demencia o alguna otra patología psiquiátrica o de salud mental, han crecido exponencialmente durante los últimos tres años. “La fiebre de los informes”, le llaman los abogados de derechos humanos que deben lidiar con estas estrategias.
Simulación
Aparte de Pinochet, otro caso paradigmático es el de Edwin Dimter Bianchi, coronel en retiro del Ejército conocido como “El Príncipe” –acusado del homicidio de Víctor Jara y del director del Servicio de Prisiones durante la Unidad Popular, Littré Quiroga Carvajal–, quien se mantuvo fuera de prisión debido a una serie de informes que lo diagnosticaron con enajenación mental.
La Unidad de Investigación de El Mostrador accedió a uno de los informes periciales que confirman el diagnóstico realizado al exoficial del Ejército. El documento señala que la metodología empleada incluye una entrevista, lectura de expediente de causa y análisis de caso “por una hora”. El informe concluye que Dimter padece un trastorno neurocognitivo mayor de curso progresivo e irrecuperable. “Dichos déficits cognitivos interfieren con la autonomía y actividades cotidianas”, explica el informe.
Pese a las lapidarias conclusiones del documento, las diligencias solicitadas por la ministra en visita Paola Plaza comprobaron que Dimter no solo acudía frecuentemente al supermercado a realizar las compras de su hogar, sino que se trasladaba al lugar conduciendo un vehículo propio.
La indagatoria, en definitiva, permitió desechar los informes elaborados por el Servicio Médico Legal y el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz. “El Príncipe” (como le decían en el Estadio Nacional), condenado a 25 años de prisión, ingresó el 17 de octubre del año pasado a Punta Peuco.
A propósito del ingreso del exuniformado a la cárcel, este medio realizó una nota dando cuenta del hecho, solicitando un pronunciamiento al Poder Judicial, desde donde respondieron que “se procederá con especial cuidado en estas materias, disponiendo medidas de corroboración ante cualquier diagnóstico que merezca dudas, a fin de dar certeza de que las decisiones judiciales adoptadas se fundan en evaluaciones irrefutables”.
Pese a las buenas intenciones de los encargados de impartir justicia, la capacidad de simulación de exagentes de inteligencia es un tema que todavía preocupa a los abogados de derechos humanos. “Si la persona efectivamente tiene una situación de salud mental, no hay nada que hacer. La Justicia no puede reclamar, pero si la persona está simulando, eso implicaría salir de la cárcel por secretaría y constituye una forma de impunidad por motivación fraudulenta”, explica el abogado Francisco Bustos.
El exsecretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y exconsejero del INDH Francisco Ugás, expresó el mismo punto de vista en una reciente columna de opinión publicada en este medio. “Las medidas dirigidas hacia una correcta examinación deben ser extremas y rigurosas, teniendo en consideración, primero, que gran parte de los agentes tienen especialización en inteligencia y han sido formados para simular… buscan burlar y abstraerse de la acción de la Justicia, lisa y llanamente, mintiendo respecto de su estado de salud”, señaló.
Equipos multidisciplinarios
Existen sentencias judiciales que también ahondan en el análisis de informes presentados por victimarios. En el caso del homicidio del obrero agrícola Pedro Curihual Paillán, cometido en septiembre de 1973 en la comuna de Pitrufquén, se condenó a 12 años de cárcel a Carlos Moreno Mena, pese a que los exámenes del Servicio Médico Legal apuntaban a la existencia de un diagnóstico de demencia en la primera atención ambulatoria del exteniente de Carabineros. El problema, añade el documento, es que “no aparece en las siguientes evaluaciones, ni se condice con el examen clínico actual”.
Este tipo de incongruencias en los peritajes, según la sicóloga y abogada Natalia Roa, se deben a la inexactitud de los diagnósticos. “Para diagnosticar hay que hacer los exámenes mínimos, no basta con decir que la persona padece alguna patología en base a un par de entrevistas o impresiones. Hay casos en que no se pasa ni una prueba para acreditar un diagnóstico. Por eso, la preocupación que tenemos, es que exista un estándar mínimo para justificar una consecuencia jurídica tan relevante, como un sobreseimiento o cumplimiento alternativo de condena”, asegura.
Otro de los déficits detectados en los informes es la participación de un solo médico en el diagnóstico. En el caso de César Manríquez Bravo, jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, condenado como uno de los autores de la desaparición de la asistente social Jacqueline Binfa y el veterinario Jorge D’Orival en el año 1974, uno de los informes que le diagnosticó enajenación mental, el 10 de enero de este año, fue firmado por un solo psiquiatra del Servicio Médico Legal.
Para el neurosiquiatra Luis Fornazzari –consultor de la Clínica de la Memoria y del Programa de Geriatría Psiquiátrica del Hospital St Michael en Canadá y uno de los encargados de los peritajes al exdictador Augusto Pinochet–, los informes periciales en estos casos deben ser multidisciplinarios. “En la actualidad, todos los centros asistenciales que evaluamos a pacientes con cualquier tipo de demencia, lo hacemos con equipos multiprofesionales con el objetivo de tener una visión múltiple del trastorno cognitivo y analizarlo desde varios ángulos”, explica.
Respecto de los diagnósticos, aseguran algunos especialistas, hay otro factor no siempre bien ponderado: no todo trastorno cognitivo es sinónimo de cambio de medidas cautelares, ni tampoco corresponde a una enfermedad incurable. “Hay casos donde se diagnostica un delirium, pero como la conclusión no se basa en exámenes, no se hace una distinción que es muy relevante: la enfermedad se puede tratar con medicamentos y se pasa. La demencia, en cambio, por definición, no es reversible. Entonces, poder diferenciar ambos cuadros es muy importante”, explica Natalia Roa.
Fornazzari, incluso, va más allá de la inexactitud del diagnóstico. “La culpabilidad no expira debido a que son más viejos. No hay que olvidar que se trata de crímenes de lesa humanidad que tienen dos caras: el respeto a las víctimas, por un lado, y que los pacientes puedan tratarse al interior de las cárceles, con una buena calidad de vida, aunque tengan demencia. Esto no se trata de venganza, se trata de justicia. Y los crímenes de lesa humanidad no prescriben”, plantea.
El informe del exlíder neonazi
Informes hay para todos los gustos y algunos –sin temor a exagerar– son realmente inclasificables. Es el caso del peritaje neurológico realizado a Raúl Iturriaga Neumann en el Hospital Militar, a mediados de este año, por el médico y perito judicial Hugo Lara Silva, en el contexto de la investigación por el secuestro calificado de Jorge Herrera Cofré, que se investiga en la Corte de Apelaciones de San Miguel.
Las conclusiones del documento descartan algún tipo de discapacidad mental, asegurando que desde el punto de vista neurológico el exmilitar –condenado a un total de 515 años de cárcel por diversos delitos– puede ser imputado de manera normal en cualquier causa de carácter penal.
Sin embargo, el informe se extiende en una serie de razonamientos sociopolíticos ajenos al tenor de este tipo de peritajes.
Uno de estos puntos concluye que Iturriaga Neumann es esencialmente una víctima: “Un adulto mayor de 87 años, pensionado, que no representa ningún peligro para la sociedad ni para la izquierda, porque el 11/09/73 pasó a la historia hace rato (más de 50 años), ahora no es un soldado, es un anciano exsoldado, siendo la condena actual clara venganza”.
Luego, el informe sigue ahondando en el rol que tuvo el exoficial en la historia sociopolítica del país. “No es un delincuente, es un ex soldado de la patria… que cumplió con la reglamentación vigente en su tiempo y lugar, para su institución y para la República, dentro del contexto de su trabajo como militar especializado y en periodo de guerra irregular (propia del marxismo internacional), en base a un claro quiebre del estado de derecho por el gobierno marxista de Salvador Allende”, explica textualmente el informe neurológico.
A continuación, el documento plantea algunas inquietudes que el médico intenta destacar: “¿Es que los Militares y Carabineros que salvaron a Chile de un asalto marxista al poder a través de un flagrante atropello a la constitución y que evitaron una Guerra Civil, son objetos de Odio y Venganza y los Rojos asesinos de Militares y Carabineros son merecedores de Indultos y Beneficios por estos 8 gobiernos incluido el de ‘PIÑERA y BORIC’?” (sic).
Hugo Lara Silva además explica que “la legislación internacional de la deconstrucción, de los llamados ‘crímenes de lesa humanidad’” no debe aplicarse con efectos retroactivos y que “por justicia pareja aplicada por las Naciones Unidas, tendría que hacerse con efecto retroactivo también en la ex URSS, China, Cuba, Camboya, Corea del Norte, Viet-Nam, Checoslovaquia, Hungría, etc.” (sic).
Todas estas estrategias, según Lara Silva, han condenado a Iturriaga Neumann a una “odiosa muerte por reclusión”. “Es un problema político y médico que involucra a un preso político militar, haya participado o no en una detención de subversivos marxistas, cosa que no me corresponde juzgar como perito neurólogo. Detención que no cuenta con ninguna evidencia o testigos según informa el Mayor General, porque él nunca detuvo a nadie y es lo que consta en su hoja de vida que para las FFAA es de imprescindible veracidad”, plantea textualmente.
Antes de terminar el informe, el perito asegura que el documento redactado fue hecho “sin odiosidades de ninguna especie, sin odiosidades de venganza marxista que pericia no a un delincuente con discapacidad médica leve a moderada sino a un Mayor General (r) que actuó en tiempos especiales de Guerra Irregular contra el Marxismo Internacional por orden del legítimo Gobierno de la República, que restableció el Estado de Derecho” (sic), finaliza.
Cabe mencionar que Hugo Lara Silva asumió en 1997 como líder del que fue uno de los principales grupos neonazis de Chile, el Movimiento Nacional Socialista Obrero (MNSO), y que en el juicio en contra de los neonazis que en 2006 asesinaron al joven Tomás Vilches en el Persa Bío Bío, uno de los imputados, Héctor Herrera, contó la conversación que tuvieron ese día con Lara, con el cual se encontraron en una tienda: “Esteban lo saludó y le preguntó por su hija, comentando que no se veían hace tiempo, desde las reuniones del Nacional Socialista [sic]. Hablaron también sobre otras reuniones neonazi. El doctor Lara le entregó una tarjeta de presentación, indicándoles que si querían podían ir al restaurante Lili Marlen, al que iba gente importante, como empresarios poderosos. El saludo entre Esteban y el doctor Lara fue muy particular, se tomaron de las manos y se saludaron de beso”, dijo Herrera (quien recibió una condena de seis años), en referencia a Esteban González, más conocido como “Tito van Damme”.
El Mostrador se comunicó con el Servicio Médico Legal, buscando aclarar las inquietudes planteadas en este reportaje, pero desde el organismo aseguraron que no harían declaraciones al respecto.
por Claudio Pizarro Sanguesa
Fuente :elmostrador.cl, 15 de Septiembre 2025
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