En Memoria de: 

Gastón de Jesús Cortés Valdivia
 Luis Alberto Gómez Cerda
 René Andrés Linsambarth Rodríguez
 Manuel del Carmen, Muñoz Cornejo
 Orlando Vitalio Mutarello Soza
 Luis Orozimbo Segovia Villalobos
 Claudio Rómulo Tognola Rios
 René Daniel Vallejos Parra
 Luis Eduardo Contreras
 Elisa Escobar

Y los miles de detenidos desaparecidos de nuestro país…

Hasta el Cementerio General de Antofagasta, llegaron trabajadoras de SERPAJ  para rendir un homenaje y entregar una ofrenda floral  en el memorial que recuerda a los detenidos desaparecidos de la región, acción que se enmarca en una nueva jornada que conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido.

Alzando el mensaje de #NoMeCalloNiTeOlvido, se busca no sólo reconstruir la memoria fracturada y herida de nuestro país, sino también, exigir verdad y justicia, acompañando a las miles de familia que aún buscan a sus seres queridos, quienes aún no tienen noticias sobre su paradero, formando parte de los más de 3 mil detenidos desaparecidos que dejó la dictadura cívico militar en Chile.

En este sentido, Hanna Goldener, directora regional de SERPAJ Antofagasta destacó que “Hoy a 44 años del Golpe de Estado, se hace más urgente que nunca la necesidad de memoria, verdad justicia y reparación para tantas familias. No olvidemos que en nuestra región hubo 46 centros de detención, y lamentablemente 88 ejecutados políticos y 10 detenidos desaparecidos. Por ello con este homenaje buscamos recordarlos a ellos y a tantos chilenos que entregaron su vida por un proyecto de país basado en la libertad y la justicia”.

CONTRIBUCIÓN EN DICTADURA 

Desde 1977 que SERPAJ Chile tiene presencia en Antofagasta. En plena dictadura militar, su labor se centró en desarrollar diversas acciones en torno a la Educación Popular y los Derechos Humanos, realizando también un trabajo poblacional en el sector Nueva Balmaceda y Población la Bandera. Transcurridos 10 años, es decir en 1989, la labor ya se había extendido a 5 poblaciones en las que trabajaban junto a mujeres, jóvenes y pobladores.

Junto con ello, también se contaba con una sede en el centro de la ciudad, espacio abierto a la comunidad donde se realizaron charlas, seminarios y diversas jornadas que buscaron ser un aporte para combatir la represión y la violencia de la dictadura. Dentro de las tantas acciones que se desarrollaron, se cuentan por ejemplo:

• Apoyo De Capacitación a la Coordinadora Democrática de Mujeres en Antofagasta.
• Vigilia a Favor de los Presos Políticos
• Jornadas, cursos y talleres de Educación Popular en las áreas de Educación para la Democracia, Derechos Humanos, No Violencia y Mujer.
• Apoyo Educativo a los familiares de Detenidos Desaparecidos
• Apoyo a la Comisión de DDHH de Tocopilla

En este día, como Servicio Paz y Justicia no podemos dejar que la impunidad entorpezca las acciones en busca de la verdad y la reparación, por ello demandamos:

• El cierre de la Escuela de las Américas, y el cese de envío de tropas nacionales a capacitarse en este nicho de entrenamiento para la represión dependiente del gobierno de los Estados Unidos.
•  El cierre definitivo de Punta Peuco y el cese de centros de reclusión con privilegios especiales para criminales condenados por crímenes de lesa
  humanidad
•  Es urgente la desclasificación de los archivos de la comisión Valech y poner fin a los 50 años de silencio que permitirá otorgar verdad, descanso
  y paz a las familias de ejecutados y detenidos desaparecidos

El horror que se apoderó de los chilenos el 30 de noviembre de 1978 cuando por primera vez la evidencia fue más que las palabras de la Junta Militar y el hallazgo de osamentas en los Hornos de Lonquén demostró los crímenes ocultos de la dictadura y abrió la puerta a un nuevo episodio mucho más alevoso: la exhumación de cuerpos y su destrucción.

Debieron pasar varios años para que la palabra remoción comenzara a circular como un hecho cierto en los pasillos de los tribunales, junto a la evidencia irrefutable de la Cuesta Barriga y del Fuerte Arteaga.
Los pequeños fragmentos hallados en Calama también alertaron sobre dinamitación de cuerpos que luego fueron cambiados de posición, ya que tras Lonquén era necesario encubrir de mejor forma los crímenes y eliminar cualquier vestigio de evidencia.
Consciente de esta realidad, el Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior consideró que su mandato de ayudar en las investigaciones, tras las huellas de detenidos desaparecidos, no debían detenerse sólo en el primer crimen, sino que avanzar en la búsqueda de la verdad última de los detenidos desaparecidos.
Basándose en el mandato que otorga la ley 19.123 del 8 de febrero de 1992, el Programa analiza hace semanas en su reunión habitual del equipo jurídico que se efectúa los martes, los casos en que hacerse parte para indagar este nuevo episodio.
Tras la presentación hecha en Cuesta Barriga que no fructificó y que ahora espera que la Corte de Apelaciones determine si la ministra Amanda Valdovinos o el titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago Mario Carroza debe conocer este abrir sumario sobre este crimen, el Programa insistió en el caso Fuerte Arteaga. Y ahí la respuesta fue la misma que en el proceso anterior, la ministra Valdovinos -que busca osamentas de detenidos desaparecidos de La Moneda en el recinto castrense- informó que deben ser los tribunales del crimen correspondientes quienes inicien una investigación al respecto.

Calama, Tocopilla y Purén
Con el panorama adverso, el Programa ahora se juega las cartas con más calma y analiza en paralelo pedir que se investigue remociones en tres causas: Calama, Tocopilla y Purén.
En el primer lugar, siguen sin ser ubicados los restos de trece personas que habrían sido encontrados hace algunos días en las pampas de Moctezuma, a unos 15 kilómetros de Calama.
Aunque no se indica aún a quién corresponden estas piezas, los informes preliminares hablan de remociones de cuerpos por los pequeños restos hallados. En la zona aún falta por encontrar las osamentas de Carlos Berger Berger Guralnik (PC), Daniel Jacinto Garrido Muñoz (sin militancia), David Ernesto Miranda Luna (PC), Manuel Segundo Hildago Rivas (PC), Domingo Mamani López (PS), Luis Alfonso Moreno Villarroel (PS), Rosario Aguid Muñoz Castillo (PS), Alfredo Víctor Ortega Cuevas (PS), Rafael Enrique Pineda Ibacache (PS), Haroldo Ruperto Cabrera Abarzúa (PS), Sergio Moisés Ramírez Espinoza (sin militancia), Jorge Ruben Yueng Rojas (sin militancia) y Bernardo Cayo Cayo (PC).
Todos ellos figuran -de acuerdo al informe de las Fuerzas Armadas presentado en el marco de la Mesa de Diálogo- como lanzados al mar frente a las costas de Tocopilla.
El caso lo ve el juez con dedicación preferente, titular del Segundo Juzgado del Crimen de Loa-Calama Jaime Medina.
En Tocopilla la entidad dependiente del ministerio del Interior tiene puestos los ojos sobre la posibilidad que se identifique el paradero de un grupo de detenidos desaparecidos que habrían sido enterrados en la mina La Veleidosa. Ya se han logrado ubicar los cuerpos de Claudio Rómulo Tognola Ríos y Carlos Miguel Garay Benavides, pero aún falta las osamentas de Luis Alberto Gómez Cerda.
El ministro de fuero Juan Guzmán Tapia ha revisado al menos en dos oportunidades el sector y ahora esta a la espera que la ministra de fuero Gabriela Corti, en Valparaíso, termine con los trabajos en el desaparecido centro de reclusión de Isla Riesco, para utilizar la maquinaria pesada necesaria paras las excavaciones.

El estudiante de Arica
El otro episodio que podría implicar al Programa se refiere a Sergio Amador Pantoja Rivera, estudiante, quien cumplía su servicio militar obligatorio en el Regimiento Rancagua de Arica y que, encontrándose en campaña militar en la localidad de Putre, fue detenido luego de un interrogatorio practicado por personal del Servicio de Inteligencia Militar, SIM, y sacado del campamento con fecha 24 de Octubre de 1974, junto al conscripto Juan Peña Fuenzalida, por un grupo de uniformados, quienes los trasladaron amarrados y vendados en un jeep con destino desconocido.
Se estima que desde el 2 de enero de 1974 la víctima estuvo en el Regimiento Coraceros de Viña del Mar, hasta que el 3 de octubre de 1974 fue trasladado al Regimiento de Infantería Motorizado "Rancagua" de la ciudad de Arica donde se perdió su rastro. Aquí los informes hablan también de la posibilidad que halla sido inhumado y luego exhumado su cuerpo
 

Cumpliendo con su mandato básico de ayudar a los procesos judiciales que tengan como fin encontrar detenidos desaparecidos, el Programa de Derechos Humanos, conocido anteriormente como Corporación de Reconciliación Nacional, se hará parte coadyuvante en las 22 causas en que el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia se declaró incompetente.
El Programa también afina la estrategia para hacerse parte en los procesos que tramita el juez Guzmán sobre detenidos desaparecidos o ejecutados políticos cuyos restos aún no han sido encontrados. El punto aún no resuelto es si presentarán escritos de acuerdo a los episodios ya fijados -Villa Grimaldi, Pisagua, Calle Conferencia, Liquiñe, Operación Cóndor, Operación Colombo- o sólo con respecto a cada una de las víctimas que investiga el magistrado.
A la fecha, Guzmán sólo ha recibido el escrito firmado por el subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, por el caso del pique mina Mapocho y se espera que próximamente la instancia dependiente del gobierno solicite diligencias para apresurar esta causa, que no se encuentra dentro de las prioridades de Guzmán.
Con ello, el Programa persigue que los procesos progresen en forma simultánea y se cumpla con el desafío de hallar el mayor número de restos de detenidos desaparecidos.
Aunque originalmente el juez planteó que era incompetente en 27 procesos, en los últimos días a solicitud de los querellantes ha decidido revocar algunas de sus resoluciones.
Esto fue lo sucedió en el caso de Luis Alberto Gómez Cerda, Claudio Romulo Tognola Ríos y Carlos Miguel Garay Benavides cuya investigación había sido delegada al Juzgado de Letras de Tocopilla y hoy, junto con el resto de causas de detenidos desaparecidos de esa zona, conformarán un nuevo cuaderno de investigación caratulado como Tocopilla y al que en los próximos días se abocará en profundidad el ministro de fuero.
Gómez Cerda fue detenido el 13 de septiembre de 1973, mientras se desempeñaba en la División Chuquicamata de la Corporación del Cobre (Codelco) de Tocopilla (Cobrechuqui), de militancia socialista no hay registros fehacientes que establezcan que sucedió con él.
Distinta es la historia de Tognola Ríos -médico obstetra (PS) que trabajaba en la maternidad del hospital de Tocopilla y en la Sociedad Química de Chile (Soquimich) y de quien se pierde el rastro el 16 de septiembre de 1973- y de Garay Benavides -supervisor de Cobrechuqui (PC), detenido el 12 de septiembre de 1973-, pues de acuerdo a los querellantes sus cuerpos estarían en la mina "La Veleidosa", donde ya se realizaron excavaciones, las que tuvieron como resultado el hallazgo de un gran número de restos óseos, que corresponderían a ellos.
Otro proceso que volverá a manos del Guzmán es la causa de Isidoro Carrillo Tornería y otros, donde actúa como querellante Vasili Carrillo, caso que había sido rechazado por el magistrado y entregado en agosto de este año al juzgado de turno de Concepción.
Pero el logro más trascendental para los querellantes fue que el ministro acogiera nuevamente la desaparición de Cardenio Ancacura Manquian (PS) y Manuel Jesús Hernández Inostroza, pues de acuerdo al informe que entregaron las Fuerzas Armadas al concluir la Mesa de Diálogo sus restos fueron lanzados al Lago Ranco, Décima región.
Debido a los antecedentes aportados por las FF.AA esta causa constituye para los querellantes un aporte significativo a los procesos de derechos humanos, por lo que no debería ser abandonada por el ministro.
Según el jefe del área jurídica del Programa de Derechos Humanos, abogado Roberto Garretón, una vez que conozcan la lista definitiva de causas en que se declaró incompetente Guzmán lo inmediato sería pedir ministros en visita en los casos que corresponda e, independiente de ello, la entidad debe participar en la investigación.
Las causas que Guzmán no revisará
Entre las causas relegadas por Guzmán hasta ahora se estableció que la investigación sobre la ejecución de Mario Alvarado Araya, Faruc Aguad Pérez, Wilfredo Sánchez Silva y Artemio Pizarro Aranda, quienes perdieron la vida a manos de personal del Ejército en el sector de Las Coimas en San Felipe, será vista por la ministra de fuero Gabriela Corti en Valparaíso.
Por su parte, la desaparición el 17 de noviembre de 1975 del militante socialista Miguel Enrique Rodríguez Vergara será investigada por la jueza con dedicación exclusiva Raquel Lermanda, titular del Noveno Juzgado del Crimen de la capital.
Lo mismo sucederá con la ejecución en la vía pública que sufrió el 24 de septiembre de 1973 Arnoldo Camu Veloso, asesor legal del Presidente Salvador Allende, cuyo proceso quedará en manos de la jueza exclusiva María Ines Collins, del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago.
Otras causas en las que Guzmán se declaró incompetente :
- Luis Rodríguez Arancibia, Alfredo Moreno Neira, Luis Verdejo Contreras y Jaime Max Bastián Leiva: será enviada al Vigésimo Juzgado del Crimen de Santiago. - Hugo Riveros Gómez: quedará a cargo del 18º Juzgado del Crimen de la capital. - Juan Isaías Heredía Olivares: será vista por el Juzgado de Letras de Los Angeles. - José Esaú Velásquez Velásquez y otros: quedará en manos del Juzgado de Chaitén. - Guillermo Vargas Gallardo:será pesquisa por el Juzgado del Crimen de turno de Copiapó. - Humberto Salas Salas :se revisará en el Juzgado del Crimen de turno de Osorno. - Máximo Astolfo Bermúdez Ballón y Juan Rafael Bermúdez Gaete: será analizada por el 26º Juzgado del Crimen de Santiago. - Tránsito Cabrera Ortiz: será vista por el Juzgado del Crimen de Talcahuano.
- Máximo Segundo Neira Salas: será indagada por el Juzgado de turno de Talcahuano. - Salvador Cautivo Ahumada: será pesquisada por el Juzgado de turno de Arica. - Miguel Vega: será analizada por el Juzgado de turno de Curicó. - José Alfonso Constanzo Vera: quedará a cargo del Juzgado de turno de Talcahuano. - Susana Estrella Obando: será investigada por el Juzgado de turno de Punta Arenas. - Lisandro Salvador Sandoval Fuentes: será revisada por el 14º Juzgado del Crimen de Santiago. - Silvio Francisco Betancourt Bahamondes: será analizada por el Juzgado de turno de Punta Arenas. - Ramón Luis Vivanco Díaz: a cargo del Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo. - Guillermo Amador Alvarez Cañas: quedará en manos del Juzgado de turno de San Antonio. - Ariel Monsalves Martínez: será vista por el Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo. - Bernardo Mario Lejderman y María del Rosario Avalos Castañeda: será investigada por el Juzgado de Letras de Vicuña. Juez Sergio Muñoz interrogó a ex jefe CNI Roberto Schmied por caso Alegría Mundaca;
El ministro en visita Sergio Muñoz interrogó hoy al ex funcionario de la Central Nacional de Informaciones (CNI), brigadier (R) Roberto Schmied Sanzi, para establecer si le cabe responsabilidad en calidad de autor, cómplice o encubridor en el proceso por el homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca, delito conectado al de Tucapel Jiménez.
Alegría Mundaca fue asesinado en 1983 por agentes de la CNI para encubrir el homicidio del dirigente sindical. El 19 de julio del año pasado, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones condenó a cadena perpetua al ex jefe operativo de la CNI, Alvaro Corbalán, y los ex agentes de ese organismo Carlos Herrera Jiménez y Armando Cabrera, en calidad de autores del crimen, mientras que castigó con diez años de prisión a Osvaldo Pincetti.
Además, está sometido a proceso Hugo Alarcón Vergara, ex chofer de Alvaro Corbalán.
Al momento de cometerse el crimen, Schmied era el subdirector de la disuelta CNI y se le atribuye la calidad de cómplice por ser el oficial superior en la línea de mando de los agentes de ese organismo que ya han sido condenados.
La versión entregada por Schmied en el interrogatorio de Muñoz señala que jamás tuvo conocimiento de la operación porque en esa época se hallaba fuera del país, de acuerdo a su pasaporte que está incluido en el expediente

División: Chuquicamata

Edad al ser detenido: 33 años

Cargo: Supervisor en la planta termoeléctrica de Tocopilla

Dicen que Luis Gómez Cerda tenía una voz envidiable, por sus dotes para el canto y por ese tono de líder que, sumado a unos ojos verdes, grandes y profundos, lo convertían en la opción obvia a la hora de elegir a un maestro de ceremonias de cualquier evento. 

Penúltimo de cinco hermanos, nació y creció en San Antonio, puerto en el que años después conocería a su esposa, con la que compartía en el coro sinfónico y con el que viajaron por Chile para participar en distintos festivales. ¡Y cómo bailaba cueca! Sus movimientos eran tan espectaculares que, el día de su matrimonio, decidieron cambiar el tradicional vals por un zapateo pícaro. “¡Bueno, por algo yo nací el 18 de septiembre!”, dice su hija Alejandra.

Era tan apasionado por el deporte, que practicaba fútbol, atletismo, ciclismo y natación, ímpetu físico y aventurero que lo llevó a enrolarse en la Tercera Compañía de Bomberos de San Antonio. 

Tuvo dos hijas, a quienes traspasó el amor y respeto por la figura materna. Él siempre se hizo cargo de su mamá, ante un padre que se alejó tempranamente de sus vidas. Cuentan que de ella heredó una forma de ser cariñosa y acogedora, palpable en sus múltiples actividades en beneficio de la comunidad que lo rodeaba. 

Esa veta social la mostró en Codelco. Primero se desempeñó en El Salvador como oficinista, en 1971. Luego fue trasladado a la División Chuquicamata, donde destacó por organizar y participar en operativos médicos para poblados lejanos y de difícil acceso. 

El 13 de septiembre de 1973, Luis, supervisor en la planta termoeléctrica de Tocopilla, dirigente sindical y militante socialista de 33 años, fue detenido por Carabineros en la Casa de Huéspedes de Codelco donde vivía con su familia. Esa noche su esposa Gladys y su hija Alejandra, de entonces casi 3 años, además de la directora del recinto habitacional en Tocopilla y un médico del Hospital de Chuquicamata vieron cuando lo trasladaron en una camioneta particular hasta la comisaría. Después de dos días de incomunicación, el 15 de septiembre se le informó a su señora que había quedado en libertad la noche anterior, en pleno toque de queda. 

Nunca más volvieron a saber de él. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación se formó la convicción de que su desaparición fue forzada y que los responsables fueron agentes del Estado.

Actualmente, la búsqueda de Luis continúa en Tocopilla, donde se han solicitado diligencias en el contexto de un trabajo conjunto de su hija, familiares de otras víctimas, el Programa de DD.HH. del Ministerio de Justicia, y el ministro en visita encargado de su causa.

Información en base al testimonio de su hija, Alejandra Gómez.

Tocopilla: Realizan diligencias de búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada

?         La acción es el resultado del trabajo de las familias y el equipo del Programa de Derechos Humanos.

La investigación en terreno se realizó en el marco de la reactivación de la causa llamada “La Veleidosa”, cuyas acciones de búsqueda se realizaron en la mina del mismo nombre, en la Mina la Coca, Caleta Guanillo, sector Playa Los Chinos y en otros sitios de interés que ya han sido identificados por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y que actualmente se encuentran en estudio.

Esta causa es el resultado de las primeras querellas interpuestas por las familias de las víctimas y el equipo del Programa de Derechos Humanos en enero del 2023.

Las diligencias estuvieron a cargo del ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal y se dieron en el contexto de la recepción de antecedentes, los que dieron cuenta del destino de seis víctimas, quienes fueron detenidas por agentes del Estado el año 1973, ejecutadas fuera del pique e inhumadas en su interior y finalmente, ser dinamitadas.

La acción investigativa consideró una inspección ocular por vía marítima y de exploración vertical, a través de un escaneo topográfico geotécnico y de una estrategia de descenso y ascenso, liderado por un grupo especializado de rescate.

Marcelo Orellana, jefe del área jurídica del Programa de Derechos Humanos y a cargo de la causa, señaló que “esta investigación se ha trabajado coordinadamente con los familiares, quienes han provisto los antecedentes necesarios para llevar a cabo las indagaciones.”

“Hoy ellos han estado presentes en las diligencias junto al equipo del Programa Derechos Humanos, del Servicio Médico Legal, la Gobernación Marítima, Sernageomin y otros”, explicó Orellana.

?          Las víctimas

Se trata de personas de sexo masculino que trabajaban en la zona, a excepción de Agustín Villarroel Carmona quien se encontraba de paso en la ciudad. Las víctimas fueron detenidas por agentes del Estado entre el 11 y el 17 de septiembre de 1973.

Las víctimas Claudio Tognola Ríos (42); Luis Segovia Villalobos (28); Carlos Garay Benavides (25) y Agustín Villarroel Carmona, fueron ejecutados y lanzados al interior de la mina La Veleidosa, siendo sus restos encontrados el año 1990.

En tanto, hasta hoy permanecen desaparecidos Luis Alberto Gómez Cerda y Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, ambos de 33 años, al momento de ser detenidos por agentes del Estado. La apuesta y la esperanza es encontrarlos en la mina La Veleidosa. En caso contrario, se explorarán otros sitios de interés para la búsqueda.

El Plan Nacional de Búsqueda está mandatado a realizar las investigaciones que sean necesarias y no solo en este caso, si no que en todos. Esta es una de las razones del por qué fue concebido como una política de Estado.

?          Las familias

-“Nuestras familias se han unido porque sabemos que, si encuentran a uno, encontrarán al otro”

De las víctimas que aún permanecen desaparecidas se sabe muy poco. Pero de la escasa información que existe, se intuye que ambos habrían estado juntos.

Se trata de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, trabajador de Soquimich y de Luis Alberto Gómez Cerda, funcionario de Cobrechuqui (hoy Codelco), ambos detenidos en las dependencias de su lugar de trabajo el día jueves 13 de septiembre de 1973.

“Mi papá tenía 33 años cuando se lo llevaron, yo tenía tres años y no recuerdo, pero sé que estábamos comiendo.

En ese tiempo aún estábamos viviendo en la casa de huéspedes de Cobrechuqui. Llevábamos pocos meses en Tocopilla y estábamos a la espera de la asignación de la casa fiscal.

A mi papá se lo llevaron Carabineros, ellos andaban en una camioneta blanca de Soquimich y dijeron que se lo llevaban a la comisaría de Tocopilla.

Mi mamá fue a preguntar por él esa noche, pero le dijeron que estaba incomunicado. Que le llevara comida y mantas al día siguiente. Así lo hizo, pero nuevamente le dijeron que estaba incomunicado…. 

Al día siguiente volvió: lo habían dejado en libertad la noche anterior, cerca de la hora del toque de queda…. Y eso fue lo último que se supo de él.

Hoy tengo expectativas. Expectativas en lo dicho por el ministro Cordero. Es tan importante para nosotros saber la trayectoria de lo que pasó. Hasta el día de hoy, ni siquiera sabemos dónde lo mataron.

Del Plan Nacional de Búsqueda, lo primero que debo decir y agradecer, es que nos escucharon. En conjunto presentamos la querella por inhumación y exhumación en La Veleidosa. También hemos trabajado en otros lugares de interés, como la mina La Coca y sitios dentro del mismo Tocopilla.

Nosotros hemos entregado información al Programa de Derechos Humanos y al ministro Hormazábal, que lamentablemente ya no está, porque ahora es ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso…

Lo que pasó con mi papá coincide con el caso de Manuel Muñoz Cornejo que también sigue desaparecido. Nuestras familias se han unido porque sabemos que si encuentran a uno, encontrarán al otro”.

El testimonio es de Alejandra (53), hija de Luis Alberto Gómez Cerday nieta de Mercedes Cerda, en 1973 era jefa de hogar, con tres hijos y 58 años cumplidos al momento en que se llevaron a Luis.

‘Menchita’, como le decían con cariño, fue la incansable buscadora. Buscó en el norte y en el sur. Andaba con ropa y comida que terminaba regalando a los otros detenidos, porque el suyo no estaba. Falleció a los 73 años sin saber nada de su hijo.

-          En los ‘90

“La búsqueda que se hizo en 1990 partió en mayo, gracias al trabajo en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos de Tocopilla de esa época, con Marisol Ramírez y otras personas del equipo.

Primero hicimos un trabajo de difusión para encontrar testimonios y una vez que se logró aquello se presentó la querella ante el juez Jorge Cortés-Monroy por inhumación ilegal en la mina La Veleidosa.

Fue un trabajo bien a pulso. Tuvimos la colaboración de Tocopilla, de la Compañía Minera de Tocopilla, los mismos integrantes de la comisión estuvieron harneando la tierra y fueron pirquineros de la zona los que ingresaron a la mina.

Los primeros restos empezaron a aparecer en junio. Ahí llegaron un grupo de antropólogos forenses que pertenecían al GAF (Grupo de Antropología Forense), Elías Padilla, María Olga Allamand, David del Pino y el médico Alfredo Sierra.

La búsqueda fue difícil porque el gobierno de la época prestó recursos mínimos. La que ayudó con los gastos fue ‘Normita’ -Norma Tejada Palacios- quien en ese tiempo era la gobernadora de Tocopilla. La alimentación salía de esos recursos más los aportes de personas de Tocopilla.

Fue difícil por la inexperiencia y la desconfianza porque recién estaba partiendo la democracia y se mantenían en los mismos cargos muchos de los carabineros que habían participado en las detenciones, torturas y desapariciones. En julio apareció el primer y único cuerpo. Era Carlos Garay Benavides.

De los demás solo se pudo encontrar restos de osamentas, uno de ellos era mi papá, Claudio Tognola Ríos. De él solo se encontró su mano izquierda y un zapato.

La búsqueda continuó hasta octubre de ese año porque no logramos encontrar a nadie más.

Desde 1973, nosotros sabíamos que estaban en esa mina, porque se lo contó un pirquinero a mi mamá. Le dijo que consiguiera los permisos para ingresar y por supuesto nunca se los dieron.

Pasaron los años. La mina fue dinamitada, al menos, dos veces.

El último día de la búsqueda, antes de cerrar la mina, encontraron la mano del papá. En enero de 1991, el juez Cortés Monrroy me llamó para informarme que esa mano era de mi papá.

Cuando terminó la búsqueda, nos quedamos preocupados, teníamos la sensación de que faltaba tiempo, faltaban personas y más restos de quienes ya habíamos encontrado, pero no se pudo seguir por falta de recursos.

Después de mucho tiempo, en el que los jueces que no tenían el interés de avanzar en la búsqueda, en el 2000, el juez Juan Guzmán toma la causa. Con los antecedentes que le dimos, organizó la entrada a la mina y notaron que había que reforzarla, pero para eso se necesitan recursos. El juez Guzmán los pidió, pero el Estado se los negó y no se pudo reabrir la mina.

Siempre tuvimos la intención de volver a buscar y por esas cosas maravillosas de la vida, conocimos a las hijas de Manuel Muñoz Cornejo  y Luis Gómez Cerda y nos unimos para volver a intentarlo y no solo en la mina, también en otros sitios de interés y conformamos la Agrupación de Familiares de Víctimas de Tocopilla y comenzamos a trabajar con el Programa de Derechos Humanos. 

En paralelo empezó a gestarse el Plan Nacional de Búsqueda. Gracias al plan, al ministro Hormazábal y a los antecedentes que habíamos recopilado se logró interponer una querella en enero del 2023 para hacer la búsqueda de los restos que faltan.

Desde ese momento a la fecha hemos hecho un trabajo en conjunto con el equipo del programa de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Búsqueda. Ya hemos ido a terreno tres veces y se está trabajando para reforzar a la mina.

Nosotros nos sentimos esperanzados y respaldados por el Plan Nacional de Búsqueda, porque si bien en el camino ha habido discrepancias en cómo enfrentar las cosas o de coordinar, siempre hemos mantenido un buen diálogo. Siempre hemos llegado a un entendimiento para avanzar en el objetivo especial que es encontrar primero a los que faltan y después, encontrar más restos de nuestros familiares.

Estoy esperanzada y agradecida de haber encontrado a las personas que forman la Agrupación. No ha sido un camino fácil, no solo por golpear puertas sin respuesta, sino también porque ha sido difícil encontrar personas que estén a firme con el pensamiento y objetivo de encontrar verdad, justicia y reparación. Me siento muy acompañada, confiada y con esperanza de encontrar buenos resultados”.

El testimonio es de Paola (58), hija de Claudio Tognola Ríos.