El 26 mayo de 1976 fue detenida Elizabeth Mercedes REKAS URRA, quien presentaba un embarazo de cuatro meses, junto a su cónyuge, Antonio ELIZONDO ORMAECHEA, militante del MAPU. Según declaró Andrés Constantino Rekas Urra, hermano de Elizabeth Mercedes, quien mismo fue detenido en la vía pública el 24 de mayo, siendo inmediatamente trasladado a un lugar que identificó como Villa Grimaldi. Allí fue interrogado acerca de las actividades y paradero de su hermana Elizabeth, de su cuñado Antonio, y del amigo de ambos, Juan Bosco MAINO CANALES, señalándosele que sólo sería liberado cuando éstos fueran detenidos. Al día siguiente, fue sacado por sus captores de Villa Grimaldi y trasladado a los lugares de trabajo de su hermana y de su cuñado con el objeto de que los identificara. Posteriormente fue devuelto al lugar de reclusión señalado.

El día 26, estando aún detenido en Villa Grimaldi, Andrés Rekas escuchó un sonido característico que tenía la Citroneta que conducía su cuñado Antonio Elizondo. Unos momentos después, escuchó los gritos de una mujer, a la que reconoció como su hermana Elizabeth Mercedes. Ese mismo día fue liberado. Unos días después, concurrió hasta el domicilio de su hermana y de su cuñado, comprobando que éstos no se encontraban allí, y que el departamento se hallaba en un completo desorden, muestra evidente de haber sido allanado.

El Notario Público, Rafael Zaldívar Díaz, levantó acta del estado en que se encontraba el departamento que ocupaba el matrimonio Elizondo-Rekas, comprobándose además que sobre la mesa del comedor se encontraban los lentes ópticos, el reloj y una revista pertenecientes a Juan Maino, dirigente del MAPU, quien fue detenido el mismo día al interior de este departamento.

Por otra parte, el 30 de diciembre de 1980 fue detenido por agentes de la CNI, Carlos Montes. Durante los interrogatorios a que fue sometido se le exhibió un documento manuscrito por él y que se encontraba en poder de Juan Maino a la fecha de su detención. Con ocasión de la detención de Carlos Montes, el Ministerio del Interior informó al tribunal que éste era un alto dirigente del MAPU y que "con la detención de uno de sus más importantes colaboradores, Juan Maino" había ingresado a la clandestinidad para evitar ser aprehendido.

La Comisión tiene la convicción de que tanto Elizabeth Rekas, como Antonio Elizondo y Juan Maino, fueron detenidos y hechos desaparecer por agentes del Estado, en grave violación a sus derechos humanos.

La medida contra el ex jerarca alemán, Willy Malessa Boll fue decretada por la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza.  El detenido sería el único de los perpetradores directamente implicados en estos crímenes detenido en Chile. Otros de los cómplices, como Rudolf Collen, Gerard Mucke, Karl Van Den Berg y Kurt Schnellekamp, fallecieron de muerte natural y otros como Reinhard Döring y Hartmut Hopp viven en completa impunidad en Alemania.  

El ex integrante del equipo de seguridad del jerarca alemán Paul Schafer, y líder de Colonia Dignidad, Willy Malessa Boll, quedó detenido y en prisión preventiva en la cárcel de Mulchén en calidad de cómplice de los delitos de secuestro calificado de tres presos políticos detenidos por la DINA y cuyos cuerpos fueron hechos desaparecer por Paul Schafer   

La medida contra el ex jerarca alemán, Willy Malessa Boll fue decretada por la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza.   

Malessa sería el único de los perpetradores directamente implicados en estos crímenes detenido en Chile. Otros de los cómplices, como Rudolf Collen, Gerard Mucke, Karl Van Den Berg y Kurt Schnellekamp, fallecieron de muerte natural y otros como Reinhard Döring y Hartmut Hopp viven en completa impunidad en Alemania.  

Al imputado se le vincula con las desapariciones de Juan Bosco Maino Canales, Elizabeth de las Mercedes Rojas Urra y Antonio Elizondo, todos ellos, según estableció la investigación judicial, fueron detenidos por la DINA en Santiago, tras el golpe de Estado de 1973 y entregados a Paul Schäfer en Colonia Dignidad.   

Fuentes ligadas a la causa judicial señalan que años más tarde, la DINA dispuso que los cuerpos fueran desenterrados y hechos desaparecer. En el caso de Colonia Dignidad, Schäfer ordenó esa misión a Gerard Mücke y Willy Malessa. El primero de ellos confesó que Malessa desenterró los cuerpos y, luego, los habrían quemado o disuelto en cal y agua, para finalmente cargar las cenizas en máquinas y lanzarlas al río Perquilauquén, en la frontera sur de Colonia Dignidad.  

En un reportaje televisivo que se transmitió a nivel mundial por la plataforma digital de contenidos audiovisuales Netflix, el propio Malessa también confiesa y confirma la versión que Mucke entregó a la justicia chilena. Sin embargo, Malessa nunca fue detenido por causas de violaciones a los derechos humanos, hasta este viernes

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos del Maule valoró la acción de la ministra Plaza, calificándolo de un “hito importante” para la verdad y justicia. Además. tienen en la mira a dos excolonos que estarían implicados en tareas de desaparición de personas.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos del Maule valoró la acción de la ministra Plaza, calificándolo de un “hito importante” para la verdad y justicia. Además. tienen en la mira a dos excolonos que estarían implicados en tareas de desaparición de personas.

Este viernes se informó la detención de Willy Malessa, excolaborador de Paul Schäffer en Colonia Dignidad, por ser cómplice de secuestro calificado de Juan Bosco Maino Canales, Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra y Antonio Elizondo Ormaechea, quienes fueron detenidos por agentes de la DINA.

La ministra Plaza señala en su resolución que “de los antecedentes y las declaraciones de Willy Malessa Boll fluyen presunciones fundadas para estimar en este estado procesal que le ha correspondido participación en calidad de cómplice en los referidos delitos”.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos del Maule valoró la acción de la ministra Plaza, calificándolo de un “hito importante” para la verdad y justicia.  

“La detención de Malessa es el resultado de la perseverancia de las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de la Región del Maule que junto a la abogada de CODEPU, Mariela Santana venían solicitando desde hace más de un año la detención del  hoy procesado y declarado reo, habida consideración de que no hace mucho, no se procedió por parte del Estado de Chile con la debida diligencia para lograr en Italia  la extradición  del alemán y ex jerarca de Colonia Dignidad,  Reinhard Döring Falkenberg que se encontraba detenido por una orden internacional de captura por el delito de secuestro de Juan Maino”, señala la declaración.

Asimismo, la agrupación hizo un llamado a que “se pericien los sitios de interés que se encuentran al interior de la ex Colonia Dignidad, como son las fosas clandestinas, que permitan encontrar rastros e indicios de huellas de ADN de nuestros familiares”.

Por otra parte, la misiva sostiene que “es imprescindible, especialmente para las agrupaciones de familiares en la región del Maule, que Willy Malessa no sólo permanezca detenido, sino que colabore con esclarecer lo ocurrido en la ex Colonia Dignidad durante la dictadura, como perpetrador clave en el manejo de las retroexcavadoras, algo que él ha señalado, detallando que ocultó e hizo desaparecer cuerpos de detenidos y detenidas desaparecidas en la precordillera de Parral”.

En el caso de Malessa Boll, son sus propias declaraciones los que lo ubican operando una retroexcavadora para desenterrar cuerpos de fusilados y desaparecidos en Colonia Dignidad en una acción de colaboración del enclave alemán con la dictadura, las Fuerzas Armadas y los aparatos represivos dictatoriales que tenía como finalidad borrar todo rastro de los crímenes cometidos, entre ellos vehículos de propiedad de las víctimas.

Por último, la declaración sentencia: “Exigimos que todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos ahí ocurridas, declaren también ante la justicia, aportando nuevos antecedentes a las investigaciones y sean procesados según lo que la ley estipule. Ha declarado desde 2005 y que nunca ha querido revelar el lugar exacto de las fosas”.

 Una delegación italiana visitó Chile esta semana para pedir la extradición de militares chilenos condenados en Italia por la Operación Cóndor y sus miembros dijeron confiar en que la justicia chilena la otorgue próximamente.

Compuesta por el abogado, Arturo Salerni, el representante de varias de las víctimas, Jorge Ithurburu, quienes impulsaron el proceso en Italia, se reunieron con la ministra de Justicia de Chile, Marcela Ríos, y la viceministra de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter.

Además, tomaron contacto con las partes civiles y testigos del juicio, junto con conocer los lugares donde ocurrieron los hechos.

"Nosotros hemos controlado el procedimiento para la extradición aquí en Chile y probablemente en el mes de mayo, la Corte Suprema chilena pueda sentenciar por los primeros tres pedidos de extradición", dijo el abogado Salerni, en una rueda de prensa en el Museo de la Memoria de Santiago.

"Creo que existen todas las condiciones previstas por el tratado de extradición ítalo-chileno para que esta extradición sea concedida", agregó el jurista italiano.

En julio de 2021, la Justicia italiana solicitó a Chile extraditar a tres exmilitares chilenos, condenados a cadena perpetua en Italia por el asesinato de dos de sus ciudadanos, en el marco del Plan Cóndor, una operación coordinada de las dictaduras militares del Cono Sur en la década de los 70 para el exterminio de opositores.

Tras más de 20 años de investigaciones, la Corte Suprema italiana concluyó el año pasado el proceso, con la condena a cadena perpetua 24 exmilitares y represores latinoamericanos, seis de ellos chilenos.

Los militares condenados por el juicio son acusados de torturar, hacer desaparecer y asesinar en los años 70 a 43 ciudadanos latinoamericanos de origen italiano: seis argentinos, cuatro chilenos y 13 uruguayos, además de otros 20 uruguayos secuestrados en Argentina.

Los chilenos condenados, todos a cadena perpetua, son los exmiembros de la Policía de Investigaciones Daniel Aguirre Mora y Carlos Luco Astroza y el exsuboficial Orlando Moreno Vásquez, por quienes se pidió la extradición.

Los otros tres son el excoronel Rafael Ahumada Valderrama y los exbrigadieres y miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), Pedro Espinoza Bravo y Manuel Vásquez Chahuán

Todos son ancianos exagentes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que dejó más de 3.200 víctimas, entre muertos y desaparecidos.

Las víctimas ítalo-chilenas son Juan José Montiglio Murúa, de 24 años; el exsacerdores de 31 años Omar Venturelli; el estudiante Juan Maino Canales, de 27, junto al matrimonio formado por Elizabeth Rekas Urra y ANTONIO ELIZONDO ORMAECHEA. Además del mecánico Jaime Donato Avendaño, de 41.

Veintitrés italianos que vivían en Chile, Bolivia, Perú y Uruguay fueron asesinados en el marco del Plan Cóndor.

En la sentencia (rol 82.487-2021), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Mauricio Silva Cancino, Leopoldo Llanos y Jean Pierre Matus- consideró que se cumplen los requisitos para solicitar a Italia la extradición de Reinhard Doring Falkenberg

La Corte Suprema estimó procedente solicitar a la República de Italia la extradición del ciudadano alemán  Reinhard Doring Falkenberg, procesado por la ministra en visita de causas de derechos humanos Paola Plaza González  como cómplice de los secuestros calificados de Juan Bosco Maino Canales, Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra y Antonio Elizondo Ormaechea, cometidos el día 26 de mayo de 1976 en la ex Colonia Dignidad.

En la sentencia (rol 82.487-2021), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Mauricio Silva Cancino, Leopoldo Llanos y Jean Pierre Matus- consideró que se cumplen los requisitos para solicitar la extradición al país europeo para que sea juzgado en nuestro país.

“Que en el caso examinado los delitos por los cuales se encuentra procesado el requerido, son delitos comunes, no siendo en consecuencia de aquellos políticos o militares que no hacen procedente la extradición, según se refiere en el tratado suscrito entre los Estados Partes; el delito por el cual fue procesado el requerido es punible con una sanción superior a un año de privación de libertad; se trata de delitos perpetrados en territorio nacional; existe un mandato de aprehensión librado en su contra vigente y la acción penal no se encuentra prescrita por tratarse de hechos punibles que son considerados de lesa humanidad, cometidos en contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, dice el fallo.

Agrega: “Que se encuentra establecido en el proceso, además, que el requerido, se encuentra detenido en la República de Italia a consecuencia de la orden de detención y captura internacional emanada de los Tribunales Chilenos”.

Además se considera: “Que en consecuencia, como se advierte de la sentencia firme mediante la cual se sometió a proceso al requerido, así como del informe de la Sra. Fiscal Judicial, y en consideración, además, a las reflexiones precedentes, todas las exigencias para efectos de requerir la entrega del requerido se satisfacen, de modo que corresponde acceder a la petición de que se formule el pedido de extradición y continuar con su tramitación”.

La Corte de Apelaciones de  Santiago dictó sentencia de segunda instancia en la investigación por los secuestros calificados de Juan Maino Canales, Elizabeth Rekas Urra y Antonio Elizondo Ormaechea, ilícitos ocurridos a partir del 26 de mayo de 1976.

La resolución confirma la sentencia de primera instancia dictada por el ministro en visita Jorge Zepeda el 23 de enero de 2012, que condenó a los ex integrantes de la Dirección de  Inteligencia Nacional (DINA) Manuel Contreras Sepúlveda y Carlos López Tapia, a penas de 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autores de los secuestros calificados y a Eugenio Fieldhouse Chávez a la pena de 5 años y un día de presidio, en calidad de cómplice.

Asimismo, las juezas absolvieron por falta de convicción a los ex integrantes de la Colonia Dignidad Gerard Mucke Koschitzke y Karl Johann van Den Berg Schurrmann, revocando el fallo de primera instancia que los había condenado a 5 años y un día de presidio, en calidad de cómplices.

En el aspecto civil, se revocó la condena al fisco a pagar indemnización a las víctimas. Sin embargo, se determinó que los condenados Contreras Sepúlveda, López Tapia  y Fieldhouse Chávez deben pagar una indemnización de noventa millones de pesos a Filma Canales Soré –madre de Juan Maino Canales- y sesenta millones de pesos a  María Dolores Elizondo Ormaechea –hermana de Antonio Elizondo Ormaechea- por concepto de daño moral.

Willi Malessa fue acusado como encubridor de tres secuestros realizados por la DINA en Santiago en 1976. Tanto a las víctimas como a sus vehículos (dos “Citronetas”) se les perdió el rastro al interior del predio principal de la secta, en la precordillera de Parral.

Pese a que ya han transcurrido cerca de 50 años desde los hechos, la ministra en visita para causas de violaciones de los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, condenó a seis años de presidio a uno de los últimos jerarcas de la Colonia Dignidad que quedan con vida, Willi Malessa, acusado de encubrir el secuestro de tres militantes del MAPU, cuyo rastro se perdió al interior de la Colonia Dignidad, en mayo de 1976.

Se trata del fotógrafo Juan Maino Canales, de Antonio Elizondo Ormaechea y de su esposa, Elizabeth Rekas Urra, que tenía cuatro meses de embarazo al momento de ser secuestrada por miembros de la desaparecida DINA. Una de las peculiaridades de este caso es que tanto a Maino como al matrimonio Elizondo-Reckas les robaron sus automóviles, dos Citroen AX-330, más conocidos como “Citronetas”.

Maino Canales era un estrecho colaborador del actual ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. De hecho, Pablo Adriasola Maino, primo de la primera víctima, declaró el 2004 que “el día anterior a su detención (Juan) estuvo conmigo, manifestándome que se tenía que juntar con Carlos Montes”. Sin embargo, Montes, un alto dirigente del MAPU en la época, no logró llegar al encuentro que realizarían en Estación Central, por lo cual Maino, que residía en Rancagua, se fue a pernoctar a la casa de un amigo en Santiago, siendo posteriormente secuestrado.

Como reveló en 1987 la periodista Mónica González en la revista Análisis, en las fosas comunes que se excavaron en el sector de Chenco, al interior de la secta de inspiración neonazi asentada en la precordillera de Parral, no solo sepultaron los cuerpos de opositores políticos, sino también vehículos, los que eran entregados al enclave como una suerte de “pago” por el uso de las instalaciones del lugar como campo de concentración y de desaparición de opositores.

Autos como “pago”

Ello se vio corroborado a inicios de 2005, cuando la policía civil encontró partes de dos motores sepultados, ambos de marca Renault, los cuales estaban a 135 cm de profundidad, aproximadamente, con sus números de serie borrados.

Ello era coherente con los testimonios que por aquel entonces comenzaron a prestar distintos colonos, quienes relataban que a mediados de los años 70 aparecieron dentro del predio al menos ocho vehículos que no pertenecían a la dotación inicial con que ellos contaban (formada solo por autos y camiones Mercedes Benz, Magirus o Volkswagen), incluyendo dos o tres “Citronetas”.

Sin embargo, las investigaciones judiciales realizadas hasta la fecha indican que al menos en 15 casos de desapariciones forzadas los agentes de la DINA también robaron los vehículos de sus víctimas 

El medio hermano del médico Hartmutt Hopp, Ulrich Schmidtke Miottel, dijo, también en 2005, que unos 30 años antes Schäfer lo había llamado, junto a Willi Malessa, Artur Gerlach y al parecer a Johann Van Den Berg, diciéndoles a que “el Gobierno militar les había dado una tarea”, que consistía en reparar y pintar esos vehículos (entre los cuales él dijo que había dos o tres “Citronetas”), para luego venderlos y, con el producto de ello, obtener dinero para comprar nuevos equipos de filmación. 

No obstante, poco después de eso la instrucción cambió, pues Malessa “se acercó a mí y me señaló que Paul Schäfer había ordenado hacer desaparecer los vehículos ya indicados y que yo debía ayudarlo a desarmarlos y enterrarlos bajo tierra”, lo que se cree ocurrió en 1978, cuando los cuerpos inicialmente sepultados en Chenco fueron removidos de allí en el marco de la llamada “Operación Retiro de Televisores”, como se conoció la instrucción que dio Augusto Pinochet ese año, en orden a esconder todas las evidencias de las violaciones de los derechos humanos.

Schmidtke también señaló que “una vez que estos eran desarmados los subíamos a un camión Magirus Deutz (que actualmente se encuentra en los talleres). Estos vehículos fueron enterrados en una parte del valle al interior de la Colonia (donde la policía encontró parte de ellos). Para estos efectos Willi elegía los lugares y procedía a realizar un hoyo con una máquina retroexcavadora marca Caterpillar, con oruga”.

En su testimonio, explicó que un automóvil Austin Mini, que era de fibra de vidrio, fue incendiado y, en el caso de los demás móviles, “Willi procedió a machacar estos autos con la pala de la retro y posteriormente los tapó con tierra. A los días siguientes seguimos desarmando y enterrando vehículos, pero yo no recuerdo los lugares exactos, ya que como señalé anteriormente, Willi siempre elegía los lugares”.

El testigo además dijo que un par de años antes (hacia 2003), otro de los jerarcas de la secta, Hans Jurgen Riesland, se le había acercado diciendo “que él tenía conocimiento de que yo y Willi habíamos hecho desaparecer o, mejor dicho, enterrado vehículos, y que esto era muy peligroso si eran descubiertos o si Willi nos delataba”.

Por cierto, en su declaración, Schmidtke no se guardó nada. También relató, entre otras cosas, que “efectivamente al interior de Colonia Dignidad se construyeron armas de fuego, tales como metralletas, granadas, y parte de estas (fueron) vendidas al Ejército”.

Un largo proceso 

Dos de los jerarcas del enclave, Gerhard Mücke y Johann Van Den Berg, terminaron condenados en primera instancia a una pena de 5 años y un día de presidio, como cómplices del secuestro calificado de Juan Maino, Elizabeth Rekas y Antonio Elizondo. Asimismo, fueron condenados el exdirector de la DINA Manuel Contreras, así como el exagente de la DINA Carlos López, a 10 años y un día, como autores de los mismos delitos. Otro agente, el exdetective Eugenio Fieldhouse, fue condenado a 5 años y un día como cómplice. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago absolvió posteriormente a Mücke y Van Den Berg, lo que después fue confirmado por la Corte Suprema. 

La Justicia italiana, sin embargo, condenó a cadena perpetua a 14 militares chilenos por su participación en la “Operación Cóndor” y por la desaparición de ciudadanos italianos en dicho marco, incluyendo el caso de Juan Maino, que poseía nacionalidad italiana.

Ahora, en un nuevo fallo, la ministra Plaza determinó que Malessa (de 76 años en la actualidad) fuera condenado a seis años como encubridor, lo que le fue notificado en la cárcel de Colina 1, donde el exjerarca se encuentra recluido desde hace dos años ya.

por Carlos Basso Prieto

Construcción mide cerca de 20 metros de largo y cuenta con una especie de brazo de unos 5 metros. Fue periciado por la ministra en visita para causas de derechos humanos, Paola Plaza, y efectivos de la Policía de Investigaciones.

Próxima a dictar sentencia en contra del último jerarca de Colonia Dignidad que sigue en Chile, Willi Malessa Boll, se encuentra la ministra en visita para causas de violaciones de los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, según El Mostrador pudo confirmar a través de fuentes judiciales.

Lo anterior ocurre en medio de una serie de diligencias encabezadas por la magistrada, entre las cuales se cuentan los peritajes que se han realizado en las últimas semanas en un nuevo búnker hallado en el acceso a la antigua secta, en un terreno que fue enajenado y vendido a particulares.

Cabe indicar que durante muchos años Willi Malessa pudo zafar de la Justicia. El anterior ministro en visita a cargo de las causas vinculadas a Colonia Dignidad (Jorge Zepeda) nunca lo acusó de delito alguno, por lo cual Malessa, que estaba residiendo en Los Ángeles, se jactaba de ser intocable.

Sin embargo, las cosas cambiaron para él con la llegada de la ministra Plaza, que en mayo del año pasado lo sometió a proceso como autor de uno de los casos más emblemáticos de desapariciones forzadas de la dictadura, en el cual fueron secuestrados los militantes del MAPU Juan Maino Canales, Elizabeth Rekas (embarazada de cuatro meses al momento de su desaparición) y su esposo Antonio Elizondo, todos los cuales fueron plagiados en Santiago en mayo de 1976, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

La investigación original culminó con una condena en contra de toda la cúpula de la DINA y de dos jerarcas de la Colonia Dignidad, Gerhard Mücke, exguardaespaldas de Paul Schäfer, y Johan Van Den Berg, quienes sin embargo terminaron finalmente absueltos.

De acuerdo con lo indagado, después que los tres secuestrados fueran conducidos a Villa Grimaldi, fueron trasladados desde allí rumbo al predio de Parral, donde desaparecieron junto a dos automóviles que les fueron robados al momento de ser detenidos.

La existencia de varias fosas en las cuales se escondieron los autos robados a los detenidos desaparecidos era conocida ya hace más de 20 años, luego de que la periodista Mónica González lo diera a conocer en la revista Análisis. Tras múltiples diligencias al interior del predio, se encontró evidencia física de ello, al recuperarse los motores de dos automóviles enterrados.

Antes de su fuga a Alemania, donde permanece hasta hoy, el médico Hartmut Hopp reconoció saber de la existencia de los autos, uno de los cuales era el que él ocupaba.

Su medio hermano, Ulrich Schmidtke Miottel, declaró en 2005 que 25 o 30 años antes el líder de la secta, Paul Schäfer, lo llamó a él, a Willi Malessa, a Artur Gerlach y al parecer a Johan Van Den Berg, diciéndoles a que “el gobierno militar les había dado una tarea”, que consistía en reparar y pintar varios vehículos, para luego venderlos y con el producto de ello obtener dinero para comprar nuevos equipos de filmación.

Sin embargo, algunos años más tarde, Malessa le dijo que era necesario desarmar todos esos vehículos y enterrarlos.

El desarme, explicó Schmidtke, “consistía en sacar motores, ejes y piezas más grandes. Una vez desmontados los vehículos subíamos las partes, cabinas, a un camión Magirus Deutz, y es muy probable que los motores hubiesen quedado separados, para un posterior entierro en otro lugar. Estos vehículos fueron enterrados en una parte del valle al interior de Colonia (donde la policía encontró parte de estos). Para estos efectos Willi elegía los lugares y procedía a realizar un hoyo con una máquina retroexcavadora marca Caterpillar, con oruga”.

Según detalló, lanzaron un Austin Mini a uno de los hoyos hechos por la máquina y tras rociarlo con bencina le prendieron fuego, que lo consumió por completo, dado que el auto era de fibra de vidrio. En el caso de los demás automóviles, Malessa los aplastó con la pala. Los motores, en tanto, fueron sepultados en otros lugares, usando para ello una retroexcavadora más pequeña.

Con esos y otros antecedentes, incluyendo varios peritajes a las piezas de vehículos halladas enterradas en el predio, se dictó el auto de procesamiento contra Malessa.

Una de esas diligencias se realizó poco antes de la muerte de Gerhard Mücke, quien falleció en septiembre de 2022 en la cárcel de Cauquenes. Allí se constituyó la ministra en visita, junto a su equipo, e interrogó al exhombre de seguridad del enclave. Este, exangüe, reconoció que habían inhumado los cadáveres de varios detenidos desaparecidos en varias fosas comunes ubicadas en el camino a Chenco (siempre dentro de la colonia), donde por años se han efectuado excavaciones, en el marco de un proceso por inhumaciones y exhumaciones ilegales.

Lo último obedece a que, por los testimonios de los mismos colonos, se sabe que los cuerpos enterrados allí en 1973 fueron removidos cinco años más tarde, quemados, triturados y lanzados al río Perquilauquén, en el marco de la operación “Retiro de televisores”, que buscaba eliminar evidencias relativas a las personas asesinadas después del golpe de Estado.

Con los nuevos datos aportados por Mücke, coincidentes con otros antecedentes derivados de la investigación contra Malessa, la policía civil trabaja hoy en el sector, un lugar que –como dice Margarita Romero, presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad– coincide con lo señalado por varios campesinos que vivían en el lugar y que trabajaban para el enclave, que “manifiestan que en el camino a Chenco, que era el lugar donde ellos habitaban, habían ya excavado fosas para el mismo 11 de septiembre, las que estaba ubicadas a ambos costados del camino y les causaron mucho miedo, pues pensaron que eran para ellos”. A ese respecto, recuerda que muchos de esos campesinos “fueron terriblemente reprimidos, maltratados y muchos de ellos torturados, antes de ser expulsados de sus tierras por parte de la colonia”.

El búnker

Además de las causas relativas a Malessa y a las inhumaciones ilegales, la ministra Plaza sustancia también un cuaderno administrativo relativo a Colonia Dignidad, que se inserta en el Plan Nacional de Búsqueda.

La semana antepasada la magistrada, junto a oficiales y peritos de la PDI, se constituyó en un predio que hasta hace poco perteneció a la Colonia Dignidad, ubicado muy cerca del acceso principal a la misma, efectuando un primer reconocimiento de un búnker del cual no se tenía conocimiento hasta ahora, pese a que debe tener cerca de 50 años de existencia.

Al respecto, Romero explicó a El Mostrador que hacia julio pasado les llegó información relativa a dicha construcción, y que “nuestra asociación fue a constatar su existencia, gracias a lo cual nos dimos cuenta de que era un espacio que no había sido explorado, que no había sido periciado, y que era importante que lo informáramos a la ministra que lleva la causa sobre Colonia Dignidad, quien acogió los antecedentes y no solo eso, sino que se constituyó en el lugar”.

Se trata de un búnker que se encuentra camuflado en medio de un bosque, que posee una puerta metálica muy pesada y que consta de al menos un pasillo de cerca de 20 metros de largo, uno de ancho, en promedio. Además, a pocos metros del inicio del búnker, cuyas paredes son de concreto, este se bifurca en diagonal, existiendo un brazo de unos cinco metros de largo.

Toda la construcción, que pasa bajo el camino principal, posee una importante cantidad de cableado, cajas de circuitos eléctricos y lo que parece ser un mecanismo hidráulico. Al respecto, Romero indica que tiende a pensar que “es una construcción que tiene que ver con los sistemas de vigilancia que implementó la colonia, especialmente en lo relativo a las cámaras y los sistemas de audio con que evitaban que ingresaran personas al lugar y, sobre todo, que huyeran los colonos. También hay un sistema hidráulico y es posible, por lo que he conversado con algunas personas, que este sirviera para levantar un puente o, bien, parte del camino, con el fin de bloquear el acceso a la colonia si lo estimaban necesario”.

Por ello, precisó la dirigente, “pensamos que se trata de un hallazgo muy importante y, además, tendemos a pensar que probablemente esté conectado con otros túneles, por lo cual es muy importante que la ministra siga adelante con las investigaciones y peritajes que ya ha ordenado”.

por Carlos Basso Prieto

Fue la persona encargada de exhumar los cuerpos de decenas de detenidos desaparecidos, por orden expresa de Paul Schäfer, en diversas fosas ubicadas en el enclave Alemán. Sus declaraciones a la justicia, a 50 años del golpe militar, son parte de las horrorosas memorias de la dictadura. A dos semanas de su detención por secuestro calificado, El Desconcierto tuvo acceso exclusivo a ellas.

Hablar de Willy Malessa es necesario. No porque haya sido detenido hace dos semanas por orden de la ministra Paola Plaza, acusado de ser cómplice de secuestro calificado de tres miembros del MAPU -Juan Maino, Elizabeth Rekas y Antonio Elizondo, detenidos por la DINA en 1976-, sino porque es uno de los personajes clave en la denominada operación “Retiro de Televisores”.

Volver a saber de Malessa es recordar que las órdenes siempre tienen ejecutantes y que las exhumaciones solicitadas por Augusto Pinochet, a través de criptogramas dirigidos a distintos regimientos del país, a fines de 1978, también se realizaron fuera de recintos castrenses, como en el predio de más 14 mil hectáreas de la Sociedad Benefactora Dignidad ubicado en Parral.

Más de cuatro décadas después, una indemnización del gobierno Alemán y un rol protagónico en una serie documental en Netflix, Malessa vuelve a encarnar lo que siempre ha sido: un testigo que simula cooperar. Un hombre cuyas señas han sido insuficientes para ubicar a los cerca de 100 detenidos desaparecidos que pasaron por el enclave Alemán.

-Lo de Malessa es una seudo colaboración- dice la abogada querellante Mariela Santana. Si bien es la primera vez que se somete a proceso, en base a información que estaba presente desde el año 2005, nunca ha entregado datos precisos sobre el lugar donde se realizaron las exhumaciones.

Hasta ahora se sabe que en Colonia Dignidad se cavaron al menos 10 fosas, que sólo una se ha periciado sin encontrar restos y que existiría otra que nunca ha sido removida, cuya existencia fue revelada por el mismo Malessa al ministro en visita Mario Carroza, en agosto de 2017, y que provocó en su momento la ira de Paul Schäfer.

Otros versiones -más punzantes- apuntan a que el miembro del staff de seguridad del líder alemán negoció “su impunidad a cambio de entregar información sobre sitios en que se ocultó evidencia o efectuar delaciones de terceros”. Tesis que sostiene Herman Schwember en su libro “Delirios e indignidad: El estéril mundo de Paul Schäfer”.

En cualquier caso la importancia que tiene Malessa es que no hay otro quien pueda llegar a esa última fosa perdida, acaso el único lugar de Chile donde habrían restos concretos de detenidos desaparecidos. Y lo es por una razón elemental: a él le encargaron desenterrar los cuerpos de detenidos desaparecidos con una pala mecánica.

El Desconcierto tuvo acceso en exclusiva a dos declaraciones judiciales del exguardaespaldas de Schäfer; donde se revelan detalles de la Operación Retiro de Televisores en Colonia Dignidad, planificada tras el hallazgo de 18 cadáveres de campesinos en Lonquén, en diciembre de 1978.

La orden del dictador no se prestaba para dobles lecturas: había que desenterrar a los muertos y arrojarlos al mar. Sin cuerpos, no habría evidencia. Malessa en el fondo fue el encargado de garantizar esa impunidad. El hombre de la retroexcavadora.

“Entre arbustos y moras”

La ministra Plaza ha ordenado una serie de diligencias en Colonia Dignidad: peritajes de geomagnetismo financiados por Alemania y un set de fotografías aéreas proporcionadas por la FACH. Ambas gestiones le permitieron identificar cinco áreas de interés que podrían ser objeto de nuevas diligencias.

Son probablemente los mismos lugares que visitó Malessa, guiado por Schäfer, y que tuvo que “limpiar” con otros dos colonos de la secta alemana: Karl Van den Berg Schuurmann y Gerhard Mucke Koschitzke.

En una declaración de Willy Malessa, ante el ministro Jorge Zepeda en el año 2005, relata que llegó a Chile el 26 de julio de 1961, proveniente de un hogar en Alemania que era una especie de sede de Colonia Dignidad en Europa. Acá cuenta que estudió para tornero mecánico y luego pasó a realizar faenas con maquinaria pesada, retroexcavadoras y bulldozers.

-En un principio trabajé en la limpieza del campo, para conseguir un lugar apto para levantar una construcción para que cuando llegara el resto de la gente (colonos) en barcos, tuvieran donde llegar- dice en la declaración.

A continuación, comenta que empezaron a llegar vehículos que no pertenecían a los colonos y que luego se enteró que eran de la DINA. También recuerda la visita de Pinochet en un helicóptero Puma, y en otras oportunidades de Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza.  Otro que visitaba el lugar, añade, era el hijo del “mamo” quien enseñaba artes marciales a los colonos.

Malessa asegura que Paul Schäfer, pederasta que también intentó abusar de él, les enseñó que era mejor “no saber nada, por lo que no se mencionaban los nombres verdaderos de quienes visitaban la colonia. Lo que Paul ordenaba, se cumplía, de lo contrario uno se exponía a un castigo incluso físico…En la colonia no se hacía nada sin el conocimiento de Schäfer”.

Sobre las faenas de exhumación, el ex colono cuenta que los restos encontrados los dejaban en un balde, primero, y luego los trasladaban en sacos a un camión. Sacos de color blanco donde los alemanes envasaban la urea. De ahí los llevaban a “un lugar escondido, entre arbustos y moras, para incinerarlos”.

Días más tarde, regresaban con rastrillos al lugar de cremación para identificar si habían quedado restos óseos. Los últimos fragmentos los arrojaban al río Perquilauquén, tal como comentó Malessa en el documental sobre Colonia Dignidad exhibido en Netflix. “Conforme lo que ví, podría decir que desenterré alrededor de 30 cuerpos humanos”, confesó.

En otra declaración del año 2017 entregada al ministro Mario Carroza, el tornero de origen alemán cuenta que una de las primeras tareas de “limpieza” la realizó cerca de la casa de un inquilino de apellido Constanzo y que Gerhard Mucke le indicó exactamente donde cavar.

A unos tres metros de profundidad, dice Malessa, “me percaté que en la pala de la máquina no salió únicamente tierra, observando claramente un cuerpo, del cual no se podían ver detalles…No recuerdo con exactitud cuántos cuerpos saqué de esa excavación, pero fueron varios”.

[caption id="attachment_334914" align="aligncenter" width="1280"]Carteles de detenidos desaparecidos en Colonia Dignidad[/caption]

El excolono asegura que realizó la misma operación en unos dos o tres sectores más, “donde al cavar salieron más cuerpos y restos”. Luego le ordenaron “preparar un terreno plano, donde dispusieron una especie de parrillas, lugar donde los sacos fueron descargados”.

“Intentaron quemar los sacos y su contenido, con madera y combustible espeso hecho de bencina, para prenderles fuego, desconociendo si finalmente eso les resultó, ya que según lo que ellos hablaban, les estaba siendo muy difícil lograr su objetivo”, complementó.

También recuerda el traslado de los últimos restos en un camión a la orilla del río y ver como la “tolva del vehículo descargó su carga”. “El hecho de ver los cuerpos en la pala, fue un impacto muy grande para mí, ya que nunca me imaginé que limpiar los predios, significaba sacar cadáveres enterrados”.

Willy Malessa lleva poco más de 15 días en prisión. Su defensa solicitó su excarcelación, pero el jueves de la semana pasada fue rechazada, negándosele la libertad provisional por considerarlo un peligro para la sociedad.  Hoy sigue recluido en la cárcel Colina 1.

por Claudio Pizarro

estudiantes, exalumnos, amigos del liceo y de la Ute   

30 - Amador Montero Mosquera, estudiante de la Universidad Técnica del Estado, sede Temuco. Militante Comunista.
29 - Juan Carlos Ruiz Mancilla, estudiante de Construcción Civil en la Universidad Técnica del Estado, sede Temuco. Militante Comunista.
28 - Juan Antonio Chávez, estudiante de la Universidad Técnica del Estado, sede Temuco. Militante Comunista.
27 - Pedro Labra Saure, estudiante de la Universidad Técnica. Militante del MIR.
26 - Patricio Calfuñir Henríquez, estudiante de la Universidad Técnica, muerto en Neltume. Militante del MIR.
25 - Alan Rodríguez Pacheco, estudiante de la Universidad Técnica. Militante del MIR.
24 - Óscar Fuentes Fernández, estudiante de Ingeniería en Minas de la Universidad de Santiago (USACH).
23 - Julio Santibáñez Romero, dirigente estudiantil de la Universidad Técnica del Estado y militante político.
22 - René Lucero Muñoz, estudiante de la Universidad Técnica.
21 - Ernesto Contreras Jorquera, estudiante de la Universidad Técnica.
19 - Víctor Alfonso Martínez, Ingeniero de Ejecución Mecánico egresado de la Universidad Técnica del Estado. Militaba en el MIR.
18 - Ramón Núñez Espinoza, estudiante de la Universidad Técnica, militante del MIR.
17 - Blanca Carrasco Peña, estudiante de Artes Plásticas. Militante del MIR y dirigente estudiantil de la Universidad Técnica del Estado.
16 - Juan Bosco Maino Canales, egresado de Ingeniería de la Universidad Técnica del Estado. Militante del MAPU.
15 - Michelle Peña Herreros, estudiante de Ingeniería de la Universidad Técnica del Estado. Militante socialista. Estaba embarazada de ocho meses.
14 - Agustín Alamiro Martínez Meza , Ingeniero de Ejecución de la Universidad Técnica Sede La Serena y estudiante de Ingeniería Civil de la Sede Santiago. Militante del MIR.
13 - Rafael Madrid Gálvez , militante socialista y dirigente en la Universidad Técnica del Estado.
12 - Eugenio Iván Montti Cordero, egresado de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica del Estado, militante del MIR.
11 - Jorge Elías Andrónico Antequera, egresado de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica del Estado. Militante del MIR.
10 - Víctor Jara Martínez, cantante, músico, autor y director teatral. Miembro del Comité Central de las J.J.C.C., profesor de la Universidad Técnica del Estado.
9 - ANTONIO ELIZONDO ORMAECHEA . Militante del MAPU. Egresado de Ingeniería de la Universidad Técnica del Estado.
8 - Hugo Araya González, militante socialista, fotógrafo, funcionario de la Universidad Técnica del Estado.
7 - Gregorio Mimica Argote, estudiante de la Universidad Técnica del Estado, Presidente del Centro de Alumnos de su Escuela, militante del Partido Comunista.
6 - Marcos Barrantes Alcayaga, supervisor de MANESA. Militante socialista. Estudiante de Construcción Civil de la Universidad Técnica Sede La Serena.
5 - Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Profesor de enseñanza Industrial y Constructor Civil de la Universidad Técnica. Militante del MIR.
4 - Claudio Enrique Contreras Hernández, Constructor Civil de la Universidad Técnica Sede La Serena y estudiante de Ingeniería Civil de la Sede Santiago. Militante del MIR.
3 - Mario Martínez Rodríguez, Secretario General de la FEUSACH y Secretario de Finanzas de la CONFECH. Militante Demócrata Cristiano.
2 - Jaime Buzio Lorca , estudiante de Mantención Mecánica en el Instituto Tecnológico de la Universidad Técnica. Militante de la Liga Comunista
1 - Gastón Vidaurrázaga Manríquez. Profesor egresado de la Universidad Técnica del Estado. Militante del MIR.
Te solicito les des a todos un gran saludo de este viejo olivarero, que hace más de 3décadas vivió el privilegio de ser parte de una de las mas formidables luchas universitarias que Chile ha conocido.

Mis recuerdos para Iris, Emilio, Aldo, Gordo Verdugo, Miguel, Moris Daneri, Pato Soza, Cifuentes y muchos que formaron la FEUT de los tiempos de la Reforma y del Presidente Allende.

Saludos afectuosos

Alberto Ríos Ponce
(EX PRESIDENTE DE FEUT)   (EXTRACTO)