La Corte de Apelaciones de Concepción elevó y decretó penas efectivas de cárcel por el asesinato de 18 campesinos de Mulchén en 1973, cuyos restos el Ejército hizo desaparecer seis años más tarde.

El fallo decreta la privación de libertad para 10 excarabineros y exmilitares, a quienes se responsabilizó como autores, coautores y encubridores de los homicidios calificados.

Cuando el ministro para causas por violación de derechos humanos, Carlos Aldana, dictó el fallo de primera instancia hace dos años, los familiares de las víctimas criticaron las bajas penas dictadas y que iban desde los 541 días a los 10 años de cárcel, absolviendo incluso a algunos acusados.

Y es que como parte de la sanción al mismo tiempo se permitía el cumplimiento en libertad, siendo justamente este el principal cambio realizado por la Corte de Apelaciones de Concepción, que al aumentar las penas más bajas a 5 años y 1 día, hasta la más alta de 15 años y 1 día, el cumplimiento tras las rejas se hace una obligación.

La abogada querellante, Patricia Parra, saludó la sentencia del tribunal de alzada, pues además de sancionar a quienes perpetraron las ejecuciones de los 18 campesinos de Mulchén, la Corte confirmó la existencia de la Operación Retiro de Televisores que entre 1978 y 1979 llevó a cabo la desaparición de los restos de víctimas asesinadas por la dictadura.

No obstante, los más de 46 años desde los crímenes y el revés que significó la resolución del ministro Aldana en 2017, la dirigenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Norma Panes, expresó que el fallo de la Corte reafirma la esperanza que tienen en que a pesar del tiempo se haga justicia.

El caso Mulchén comenzó investigando las ejecuciones en 1973 de los 18 campesinos en la zona cordillerana a manos de personal de Carabineros y del Ejército de Los Ángeles, para después abrir el ministro Aldana la arista de la Operación Retiro de Televisores, lo que si bien retrasó el sumario, permitió acreditar -subrayó la abogada querellante- cómo y quiénes desaparecieron los cuerpos.Ahora la sentencia irá a la Corte Suprema para el pronunciamiento final, donde además se revisará la indemnización de 1.600 millones de pesos que el Fisco debería pagar a las esposas, hijos y hermanos de las víctimas de la llamada Masacre de Mulchén.

Un significativo reconocimiento recibieron los investigadores Alexis Rojas y Ricardo Maldonado con su obra: Memorias y derechos humanos. Los archivos del Monumento Histórico Matanza de Mulchén: Fundo Carmen y Maitenes, que ganó el Premio Escrituras de la Memoria 2022 en la categoría obra inédita. Este es el resultado de un largo trabajo y estudio en torno a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura en la zona.

El hecho histórico que trata el libro es el asesinato de 18 trabajadores forestales del lugar a manos de agentes del Estado en los inicios de la dictadura, en el año 1973. Este Sitio de Memoria, recibió su declaratoria por parte del Consejo de Monumentos Nacionales en 2017 y se encuentra en la Reserva Nacional Malleco, administrado por Conaf, en el Fundo Carmen y Maitenes,  comprendiendo  las comunas de Collipulli en La Araucanía y Mulchén en Bío Bío.

“El reconocimiento que recibió esta investigación sobre los documentos patrimoniales del Sitio de Memoria Matanza de Mulchén y Collipulli, son un llamamiento a que se realice una reparación social, y así revertir los procesos de memoricidio que sistemáticamente se realiza en la precordillera de Collipulli y Mulchén y evitar así su substracción por parte de la sociedad en el futuro.  Reiteramos la necesidad que los actores sociales y comunidades que se superponen en el Sitio de Memoria, reconozcan el derecho a preservar la memoria, de manera digna, de los obreros agrícolas y exinquilinos que fueron asesinados en octubre de 1973”, expresó uno de sus autores, el antropólogo Alexis Rojas.

Los ganadores del Premio Escrituras de la Memoria 2022, uno de los galardones que otorga el Ministerio en el ámbito literario, son los siguientes:

Categoría Obras Publicadas: La palabra escondida: Conversaciones con Stella Díaz Varín, de Claudia Donoso.

En Categoría Obras Inéditas:

•            Ganadora: Memorias y derechos humanos. Los archivos del Monumento Histórico Matanza de Mulchén: Fundo Carmen y Maitenes, de Alexis Rojas y Ricardo Maldonado.

•            Mención: Bitácora trans, de Esther Barría

Trabajo mancomunado

A través de su programa de Memoria y DD.HH del Ministerio, la Seremi de las Culturas ha impulsado un fuerte quehacer con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la zona desde hace ya algunos años, propiciando espacios de diálogo, como un Seminario sobre Memorias y DD.HH realizado en noviembre de 2022 en la ciudad de Victoria y que continuará el presente año con diversas acciones.

En este sentido, la seremi de las Culturas (s) de La Araucanía Silvana Ayala, subrayó que “esta valiosa distinción que otorga nuestro Ministerio a los autores del libro y también a quienes lideran la organización, como es el caso de Marina Rubilar, es sin duda un aliciente que nos llama a seguir profundizando en esta línea de trabajo. La reflexión que hacemos hoy es que a casi 50 años de ocurrido el Golpe de Estado, es una materia que nos interpela y nos convoca a continuar en el camino de la recuperación de nuestra memoria y el fortalecimiento de los derechos humanos como principios transversales de un trabajo mancomunado entre las distintas instituciones públicas en conjunto con las organizaciones de Derechos Humanos”.

Premios Literarios del Ministerio

En sus distintas categorías y géneros los premios literarios 2022 reconocieron 25 obras ganadoras y 22 menciones, entre los que se distribuyen más de 166 millones de pesos. Todo lo anterior, sitúa a estos galardones como los reconocimientos anuales a la creación más relevantes a nivel nacional.

En la foto: El galadornado Ricardo Maldonado; la subsecretaria de las Culturas y las Artes Andrea Gutiérrez; la presidenta de la agrupación Marina Rubilar a nombre de Alexis Rojas, (el otro autor) y la ministra Julieta Brodsky, en diciembre en la ceremonia de entrega del premio. 

El Sitio Histórico Matanza de Mulchén se emplaza en una extensa área birregional, a ambos márgenes del río Renaico, entre las comunas de Mulchén (región del Biobío) y Collipulli (región de La Araucanía). Este territorio, profundamente vinculado a las luchas sociales del mundo silvoagropecuario y a los procesos de Reforma Agraria de los años 60 y 70, fue escenario de la brutal represión ejecutada tras el Golpe de Estado de 1973. Durante los días 5, 6 y 7 de octubre de ese año, 18 trabajadores fueron perseguidos, secuestrados, torturados y asesinados por agentes del Estado y civiles vinculados al poder latifundista local. La violencia desplegada no sólo eliminó físicamente a los dirigentes y trabajadores sindicados, sino que desmembró núcleos familiares y comunidades enteras, dejando marcas indelebles en los cuerpos y en las memorias locales. Posteriormente, la dictadura implementó la llamada “Operación Retiro de Televisores”, exhumando clandestinamente los cuerpos para ocultar los crímenes, acción que fue registrada en los informes Rettig y Valech.

Desde la fundación de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Mulchén (AFDDM) en 2003, se ha sostenido una lucha incansable por verdad, justicia y memoria. A través de acciones colectivas, esta agrupación logró que el sitio fuera declarado Monumento Nacional en 2017, visibilizando hitos como el “Árbol de la Memoria” y la casona de CONAF. El sitio se ha consolidado como un espacio para la conmemoración, el archivo testimonial y la pedagogía de los derechos humanos, posicionándose como referente en la construcción de memorias colectivas y garantías de no repetición. Su labor trasciende la denuncia del pasado: busca incidir en el presente y el futuro, construyendo una sociedad más justa, democrática y consciente del valor de la vida y la dignidad humana.

11 ex militares y carabineros fueron condenados con distinas penas por su responsabilidad y participación en el denominado caso Retiro de Televisores, arista Mulchén, en el que 18 campesinos fueron ejecutados por la Dictadura Militar en 1973.

Los carabineros en retiro Jacob Ortiz, Juan Higueras, Osvaldo Díaz y Héctor Guzmán deberán cumplir 10 años de cárcel efectiva por 12 homicidios calificados, 5 años más por secuestro calificado y 300 días más inhumación ilegal, sin derecho a beneficios.

En cambio los militares José Iturriaga, Jaime Miller, Julio Fuentes, Luis Palacios, Juan Balboa, Jaime García y Julio Reyes fueron condenados por encubrimiento a 3 años y exhumación ilegal a 541 dias, sin embargo cumplirán con libertad vigilada.

“Ellos fueron sentenciados por delitos de homicidio calificado, secuestro calificado e inhumación ilegal -carabineros-, en cambio los militares, ellos participaron en un hecho el año 79, fue por el llamado retiro de televisores en que concurrieron al lugar de los hechos, desenterraron restos óseos de estas personas ejecutadas, entonces la pena de ellos es de encubridores, porque no fueron ni autores ni cómplices”, explicó el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana.

Una decisión que dejó insatisfechos a los familiares de la víctimas. “No estamos conformes, porque considero que los años que les han dado son pocos con respecto a la cantidad de víctimas que fueron asesinadas. Ellos eran de inteligencia del Ejército y ellos trataron además de encubrir, ocultar todo lo horroroso de los asesinatos” dijo su vocera Marina Rubilar.

La acción a seguir será recurrir de apelación al fallo. “Hemos conversado con los familiares y obviamente hay que analizar el fallo en su totalidad y ver la interposición de un recurso de apelación que permita a la ilustrísima Corte de Apelaciones revocar el fallo y que se enmiende conforme a derecho”, señaló la abogada querellante Patricia Parra.

La ejecución de los campesinos ocurre en octubre de 1973 por parte de carabineros. En 1979 son exhumados ilegalmente por el Ejército y llevados hasta el regimiento de Los Ángeles donde los restos fueron incinerados y hechos desaparecer, según dicta un fallo de la Corte Suprema en 2009, por orden expresa de Augusto Pinochet.

Se trata de 14 ex agentes del Estado y 2 civiles involucrados en el asesinato de Víctor Jara y Littré Quiroga, el crimen del diplomático español Carmelo Soria, Operación Cóndor, Caravana de la Muerte, caso “Quemados” y la masacre en Laja-San Rosendo.

El Estudio Jurídico Caucoto Abogados, oficina especializada en derechos humanos, entregó un nuevo listado actualizado con 16 perpetradores prófugos de la justicia. Se trata de 14 ex agentes del Estado y 2 civiles, condenados por diversos delitos de lesa humanidad, involucrados en el asesinato de Víctor Jara y Littré Quiroga; el crimen del diplomático español Carmelo Soria, Operación Cóndor, Caravana de la Muerte,  Caso “Quemados” y la masacre en Laja-San Rosendo, entre otros procesos.

En noviembre de 2023, el Estudio Jurídico dio a conocer un primer listado que incluía a 14 ex agentes fugitivos, habiendo sido varios de ellos capturados a la fecha. Sin embargo, nuevos nombres se han agregado al listado y continúan en la impunidad pese a las penas impuestas.

El listado está compuesto por ex militares, carabineros, ex funcionarios de la Armada, y civiles integrantes o de aparatos represores de la dictadura como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la Central Nacional de Inteligencia (CNI), inteligencia naval, y el Comando Conjunto, acusados como autores y coautores de secuestro calificado, homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de tormentos, entre otros delitos.

“Es obligación del Estado que las penas se cumplan”

Para el abogado Francisco Bustos, responsable de elaborar la lista de fugitivos, resulta preocupante la cantidad de prófugos toda vez que “el deber estatal de investigar, juzgar y sancionar implica también la imposición de penas efectivas y proporcionales. Y desde luego es obligación del Estado que las penas se cumplan”.

Otro aspecto preocupante, según explica Bustos, es el tiempo transcurrido en algunos casos: “Quien más tiempo lleva evadiendo la justicia es el empresario Barrueto, casi dos años después de la sentencia del caso Santa Bárbara-Quilaco. Todos los restantes tienen órdenes de detención de 2023 y 2024. En este sentido, han caído algunos de los que llevaban más tiempo huyendo de la justicia, como Rubén Morales, desde fines de 2022, y Juan Opazo Vera, último prófugo del caso Paine, que escapaba desde junio de 2022. Esto es algo que también debe reconocerse, todos los condenados por ese episodio están cumpliendo pena”.

En ese sentido, señala que “esperamos que el Poder Judicial y las policías continúen profundizando aquellas medidas implementadas que han permitido reducir estos márgenes de impunidad”.

Listado de prófugos por crímenes de lesa humanidad

1) Luis Enrique Barrueto Bartning (empresario), condenado a 10 años y un día como coautor de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara.

2) Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (oficial de Ejército, DINA), condenado en el Episodio Conferencia II, a 12 años de presidio mayor por los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, y a tres años de presidio por los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos, por lo que fue condenado a tres años de presidio respectivamente.

Chaigneau tiene además condenas en el proceso Operación Cóndor y por la desaparición forzada de Reinalda Pereira Plaza. En Operación Cóndor está sentenciado a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado reiterados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones; y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.

Recientemente fue condenado a 7 años de presidio como coautor del secuestro de Reinalda Pereira Plaza.

3) Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo (oficial de la Armada), sentenciado como autor del delito de homicidio calificado y aplicación de tormentos contra Enrique López Olmedo, a las penas de 12 años de presidio y 541 días respectivamente.

4) Nelson Edgardo Hasse Mazzei (oficial del Ejército), condenado como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal. Se impuso una pena de 10 años y un día por los secuestros y de 15 años de presidio por los homicidios.

5) Guillermo Salinas Torres (oficial del Ejército), 6) Pablo Belmar Labbé (oficial del Ejército), 7) René Patricio Quilhot Palma (oficial del Ejército), condenados como coautores de los delitos de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza y autores de asociación ilícita. Por el primer cargo se impuso una pena de 15 años y un día a Salinas Torres, y de 10 años y un día a los dos restantes. Por el delito de asociación ilícita se impuso a cada uno la pena de 541 días de presidio.

8) Juan de Dios Higueras Álvarez (suboficial de Carabineros), condenado en el Episodio Mulchén, como coautor  de los homicidios calificados perpetrados en el (i) Fundo Carmen y Maitenes: Florencio Rubilar Gutie´rrez, Jose´ Liborio Rubilar Gutie´rrez, Jose´ Lorenzo Rubilar Gutie´rrez, Alejandro Albornoz Gonza´lez, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acun~a, Daniel Alfonso Albornoz Gonza´lez; ii) del Fundo Pemehue: Alberto Albornoz Gonza´lez, Felidor Exequiel Albornoz Gonza´lez, Jero´nimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y Jose´ Fernando Gutie´rrez Ascencio, ocurridos en los di´as 6 y 7 de octubre de 1973; a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias;

También en el mismo episodio fue condenado como coautor de los delitos de secuestro calificado de las siguientes personas del (ii) Fundo El Morro: de Juan de Dios Laubra Brevis, Jose´ Florencio Ya´n~ez Dura´n, Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, Edmundo Jose´ Vidal Aedo, Domingo Sepu´lveda Castillo y de Guillermo Jose´ Albornoz Gonza´lez, perpetrados a partir de los di´as 5, 6 y 7 de octubre de 1973, en la comuna de Mulche´n, a la pena de diez an~os y un di´a de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales.

9) René Riveros Valderrama (oficial de Ejército) sentenciado en el proceso Operación Cóndor, a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado reiterados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones; y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.

10) Jaime Ojeda Torrent (oficial de Ejército), condenado en el proceso Caravana de la Muerte, episodio La Serena, condenado en calidad de cómplice de 15 homicidios calificados, a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio.

Las víctimas son Óscar Aedo Herrera, Marcos Barrantes Alcayaga, Mario Ramírez Sepúlveda, Hipólito Cortés Álvarez, Jorge Contreras Godoy, Roberto Santa Cruz, Jorge Jordán Domic, Gabriel Vergara Muñoz, Carlos Alcayaga Varela, Jorge Osorio Zamora, José Araya González, Óscar Cortés Cortés, Manuel Marcarian Jamett, Víctor Escobar Astudillo y Jorge Peña Hen.

11) Andrés Pablo Potin Lailhacar (ingeniero civil – Patria y Libertad – Comando Conjunto). Condenado en calidad de coautor del delito de secuestro calificado de Luis Emilio Maturana González, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, y en calidad de coautor del delito de secuestro de Juan René Orellana Catalán, a la pena de 400 días de presidio menor en su grado mínimo.

12) Iván Humberto Figueroa Canobra (oficial de Ejército), condenado a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias legales, por los delitos de homicidio calificado consumado de Rodrigo Rojas De Negri, y homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana Arancibia.

13) Luis Raimundo Quezada Chandía (exconscripto) condenado como coautor de los homicidios calificados de Hernán Henríquez Aravena, y de Alejandro Flores Rivera, a la pena de 17 años de presidio mayor en su grado máximo.

14) José Isaías Vidal Veloso (comisario de la Policía de Investigaciones de Chile – CNI) condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo más accesorias legales.

Dos condenados en el Episodio Laja – San Rosendo

15) Alberto Juan Fernández Michell (oficial de Carabineros), condenado como autor de 19 homicidios calificados, a la pena de presidio perpetuo, más accesorias legales.

16) Mario Sebastián Montoya Burgos (cabo de Carabineros), condenado como coautor de 19 homicidios calificados, a la pena de 15 años y un día de presidio, más accesorias legales.

Prófugos capturados a la fecha

– Jorge Vargas Bories, (oficial de Ejército y agente de la Central Nacional de Inteligencia, CNI), por lo que fue trasladado al penal Colina I. El exuniformado fue condenado como coautor del asesinato bajo tortura del profesor de enseñanza media y ex militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez, ocurrido el 21 de agosto de 1979.

– Manfredo Enrique Jurgensen Caesar (médico, CNI) sentenciado como coautor del homicidio calificado de Federico Álvarez Santibáñez, a la pena de 8 años de presidio. Estuvo prófugo desde enero, detenido en Argentina en junio de 2023 cuando intentaba abordar un vuelo a Alemania, siendo solicitada su extradición pero falleció días después privado de libertad.

– Héctor Fernando Osses Yáñez (oficial de Carabineros, dirigente gremial de uniformados en retiro), condenado como autor en casi una docena de casos por asesinatos en la Población San Gregorio, quién estuvo prófugo entre 2021 a 2023.

– José Miguel Meza Serrano (Armada, DINA), y Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme (suboficial Ejército, DINA), sentenciados como coautores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio cada uno, y de los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos, por lo que fueron condenados a 3 años de presidio respectivamente;

– Juan Dionisio Opazo Vera (exconscripto) sentenciado como coautor de 38 homicidios calificados a la pena de 10 años y un día, en el caso Paine.

– Víctor Álvarez Droguett (Ejército, DINA), condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado en las personas de don Juan Fernando Ortiz Letelier, don Horacio Cepeda Marinkovic y don Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo; condenado como coautor de los delitos de secuestro calificado en las personas de don Fernando Alfredo Navarro Allendes y de Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio; condenado como autor de los delitos de secuestro simple en las personas de don Juan Fernando Ortiz Letelier, don Horacio Cepeda Marinkovic y don Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio y condenado a 10 años de presidio por el secuestro calificado de Marta Ugarte Román.

– Juan Renán Jara Quintana (oficial del Ejército), condenado como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal. Se impuso una pena de 10 años y un día por los secuestros y de 15 años de presidio por los homicidios.

– Juan Daniel Marambio López (suboficial del Ejército), condenado como coautor del homicidio calificado de Francisco Javier Santoni Díaz, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales. También fue condenado como coautor del secuestro calificado de Bernardo Cortés Castro, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias.

– Miguel Fernando Gajardo Quijada (empleado civil del Ejército, CNI), condenado como cómplice en el Episodio Janequeo, por los delitos de homicidio calificado de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, a la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio más accesorias legales.

– Rubén Aroldo Morales López (oficial de Carabineros), condenado a 10 años y un día de presidio mayor como autor del homicidio calificado de Jorge Vásquez Matamala.

– Olegario Enrique González Moreno (Ejército, DINA), condenado como coautor de un secuestro calificado (desaparición forzada), a la pena de 10 años y un día.