El ministro en visita Alejandro Solís procesó a los cinco ex miembros de la plana mayor de la Dina por el doble homicidio y asociación ilícita en el caso de la muerte del general Carlos Prats, ex comandante en jefe del Ejército, y su mujer, Sofía Cuthbert, hecho ocurrido en Argentina el 30 de septiembre de 1974.

La decisión judicial recayó en el general (r) y ex director de la Dina, Manuel Contreras Sepúlveda; los brigadieres (r) Pedro Espinoza (segundo hombre de la Dina) y José Zara; el general (r) Raúl Iturriaga Neumann y su hermano, el ex agente civil Jorge Iturriaga. 

Mientras Contreras y Espinoza fueron sometidos a proceso "en calidad de autores como jefes en el delito de asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado de Prats y su esposa", Zara  y los hermanos Iturriaga Neumann fueron procesados "en calidad de autores como miembros" de la mencionada asociación ilícita.

El general (r) Contreras fue notificado de la determinación judicial ayer en la tarde en su casa, donde cumple arresto domiciliario por su procesamiento en otros crímenes. Esta mañana, Zara, Espinoza y Raúl Iturriaga Neumann fueron informados de su procesamiento. Por su parte, Jorge Iturriaga Neumann aún no ha sido notificado oficialmente. Según se sabe, estaría de vacaciones y regresa a Santiago el jueves 26 de febrero, día en el que se realizará el trámite judicial.

Procesados después de intensos interrogatorios

La semana pasada el juez Solís interrogó a los cinco involucrados en el caso, ocasión en la que se confirmó que el ex agente de la Dina Michael Townley es autor material del delito.

El general Prats y su esposa fueron asesinados el 30 de septiembre de 1974 en Palermo, Buenos Aires, cuando, al llegar a su casa, una bomba explotó en su vehículo.

El caso en Chile se abrió después de casi 30 años, luego que la Corte Suprema conociera un pedido de extradición, por la jueza argentina María Servini de Cubría, hacia el país trasandino de la cúpula de ese organismo represivo.

Aunque el máximo tribunal rechazó la petición el pasado 9 de diciembre, ordenó abrir una causa en Chile, proceso que había sido derivado al 19° Juzgado del Crimen.

Sin embargo la titular de ese juzgado se declaró incompetente, por lo que el máximo tribunal designó como ministro de fuero al magistrado Alejandro Solís.

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones, en votación dividida, decidió otorgar la libertad provisional previo pago de una fianza de $1.500.000 pesos al brigadier (r) José Zara Holger, quien está procesado por los delitos de doble homicidio calificado del general Carlos Prats y su esposa, y asociación ilícita.

La libertad del ex miembro de la DINA fue concedida el lunes, con consulta a la Corte, por el ministro en visita que investiga la muerte del ex comandante en Jefe, Alejandro Solís, luego que la defensa del ex uniformado, encabezada por el abogado José Luis Sotomayor, así lo solicitara.

El tribunal, conformado por los ministros Gabriela Pérez, Dobra Lusic y Luis Orlandini, escuchó esta mañana los alegatos de los abogados Pamela Pereira, por parte de la familia Prats, y José Sotomayor en defensa de Zara. Votaron a favor de la libertad los magistrado Orlandini y Pérez; en tanto la opinión disidente corrió por parte de la ministra Lusic.

José Zara fue procesado por el asesinato de Prats, junto al general (r) Manuel Contreras, al brigadier (r) Pedro Espinoza, al general (r) Raul Iturriaga Newman y al agente civil de la DINA, Jorge Iturriaga Newman, a quien el tribunal revocó la semana pasada el procesamiento por el delito de asociación ilícita.

Luego de conocida la resolución de hoy, la abogada Pereira manifestó su desacuerdo con el fallo, puesto que a su juicio el militar en retiro tiene "una personalidad muy agresiva, que a mi juicio constituye efectivamente un peligro para la sociedad".

La abogada insistió en que existen diligencias pendientes de gran importancia para el proceso que requieren que el ex uniformado continúe detenido.

El abogado de Zara, José Luis Sotomayor, consideró como un acto humanitario que el ministro haya concedido la libertad a su representado, y calificó como errada la argumentación de la parte querellante que sostuvo que el brigadier (r) era un peligro para la sociedad.

El general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert fueron asesinados en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974 por agentes de la disuelta DINA. En Argentina la investigación está en manos de la jueza María Servini de Cubría.

Por primera vez en la historia judicial reciente, un juez chileno acusó a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta durante la dictadura de Augusto Pinochet,  de ser "una asociación ilícita", en particular, para cometer el doble homicidio del general en retiro Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires.

El ministro Alejandro Solís dictó los autos acusatorios para fallar el caso en primera instancia, en los que apuntó al general (r) Manuel Contreras y al brigadier (r) Pedro Espinoza como los jefes de esta asociación ilícita.

El magistrado señaló que el proceso "ha sido complicado, porque son varios delitos, hay gente de muy alto nivel en la jerarquía militar que está implicada, por lo tanto ha sido bastante esforzado el trabajo".

El fallo determinó además que los brigadieres (r) Raúl Iturriaga Neumann, Jorge Zara y Christoph Willike eran parte de la agrupación criminal, al igual que la ex agente civil Mariana Callejas.

Los brigadieres Jorge Iturriaga y Reginaldo Valdés, en tanto, quedaron en calidad de cómplices.

La DINA, que según Contreras dependía directamente del fallecido dictador Augusto Pinochet, es sindicada por abogados de derechos humanos como la responsable de centenares de crímenes contra opositores al régimen militar.

Además, del caso de Prats y su esposa, también fue responsable del atentado que le costó la vida en Washington al ex canciller Orlando Letelier y su secretaria

Luego de casi diez años, desde que la justicia francesa se decidió a juzgar a un grupo de represores chilenos y un argentino por el secuestro y desaparición de cinco ciudadanos franco-chilenos, el Gran Tribunal Penal de París fijó fecha para el juicio entre el 19 y 23 de mayo próximo.

Los 13 chilenos y el argentino serán juzgados en rebeldía (según la figura legal francesa) pues ni Chile ni Argentina acogieron las demandas de extradición formuladas en su momento por Francia. Entre los chilenos están el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras y el líder de la secta alemana Colonia Dignidad, Paul Schafer.

Cuatro de los chilenos requeridos inicialmente ya están muertos: el dictador Augusto Pinochet, el general Javier Palacios que comandó el asalto desde tierra a La Moneda el 11 de septiembre de 1973, el coronel de aviación Andrés Pacheco Cárdenas, comandante de la base aérea de Temuco, y el ex agente civil Osvaldo “Guatón” Romo.

Los oficiales chilenos (todos en retiro) que serán sometidos a juicio son, además de Contreras y Sch fer: Emilio Sandoval Poo, empresario sureño; Joaquín Ramírez Pineda, ex comandante del regimiento Tacna; Rafael Ahumada Valderrama; el teniente coronel de Carabineros Gerardo Godoy García (“El Cachete Chico”); Basclay Zapata Reyes (“El Troglo”), DINA suboficial de Ejército; Miguel Krassnoff Martchenko, brigadier DINA ex jefe de la brigada Águila; Marcelo Moren Brito, coronel DINA ex jefe de Villa Grimaldi; Pedro Espinoza Bravo, brigadier ex segundo jefe de DINA; Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, general DINA ex jefe de su departamento exterior; José Zara Holger, brigadier DINA, ex jefe de su departamento exterior; y el ex agente civil DINA Enrique Arancibia Clavel, que el año pasado terminó de cumplir una pena de presidio en Buenos Aires por el asesinato en 1974 del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. También será juzgado el ex jefe de la inteligencia del Ejército argentino (SIDE) en Mendoza y Bahía Blanca durante la última dictadura, José Osvaldo Riveiro, alias “Balita”.

Los catorce criminales, la mayoría con un largo prontuario por delitos de lesa humanidad, serán juzgados por el secuestro y desaparición de Alfonso Chanfreau Oyarce, Jean Ives Claudet Fernández, René Marcel Amiel Baquet, George Klein Pipper, y Etienne Pesle de Menil.

Las cinco víctimas Chanfreau fue detenido en julio de 1974 en Santiago y su nombre aparece en la lista de los 119 desaparecidos de la Operación Colombo -preámbulo de la Operación Cóndor- por la que la dictadura chilena pretendió hacer creer que habían huido a Argentina.

Claudet fue detenido en Buenos Aires en noviembre de 1975 como parte de la Operación Cóndor, en la que también participaron los servicios de inteligencia de Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. En este caso, Arancibia Clavel o “Luis Felipe Alemparte”, envió desde Buenos Aires (noviembre de 1975) un memorándum dirigido a “Luis Gutiérrez”   -chapa del cargo de jefe exterior DINA, en ese entonces Iturriaga

Neumann- que decía: “A Claudet se le sometió a interrogatorio. .. Ya no existe, es RIP (Réquiem in pace)”.

El memo, junto a otros similares, fue pesquisado en Buenos Aires por la jueza María Servini y formó parte del expediente abierto allá por el crimen de los Prats-Cuthbert.

Amiel fue arrestado en Mendoza por agentes chilenos y argentinos en 1977. Klein era asesor de Allende y fue detenido en La Moneda el día del golpe militar. Pesle era un sacerdote secuestrado en Temuco en septiembre de 1973.

Después de 34 años de cometido el doble homicidio, el ministro Alejandro Solís dictó sendas condenas en contra de la cúpula de la DINA por su responsabilidad en la muerte del otrora comandante en jefe del Ejército Carlos Prats  y su esposa Sofía Cuthbert. En el dictamen de primera instancia el juez establece una pena perpetua en contra de Manuel Contreras Sepúlveda por los dos crímenes y a su vez una sentencia de veinte años de presidio por asociación ilícita.

Para el brigadier (r) Pedro Espinoza la sentencia es de veinte años de presidio por cada  asesinato y otros veinte años por su rol en esta asociación ilícita

En el caso del agente Raúl Iturriaga Neumann el dictamen es de quince años de presidio por cada homicidio  y de 541 por asociación ilícita. Un poco más baja es la pena para José Zara, Juan Morales Salgado y Christoph Willike donde la sentencia alcanza a diez años presidio por cada crimen y de  541 días por la asociación ilícita.

En el caso de  Jorge Iturriaga  Neumann cinco años y un día por cada homicidio  y a su vez Mariana Callejas  -en su rol de autora material del crimen- recibió  una pena de diez años por cada homicidio

Finalmente el suboficial (r) Reginaldo Valdés enfrentará dos penas de 541 días por su rol en los dos asesinatos.

Hijas del matrimonio Prats-Cuthbert destacaron fallo

Angélica y Cecilia Prats Cuthbert arribaron complacidas hasta el palacio de tribunales para interiorizarse del dictamen del ministro Alejandro Solís en contra de quienes participaron en el doble homicidio de sus padres Carlos Prats y Sofía Cuthbert ocurrido en 1974 en Argentina.

"Lo que uno más esperaba era justicia frente a lo que vivieron nuestros padres y la posibilidad de hacer un aporte al país con esta verdad, un aporte al Ejército para que puede escribir su verdadera historia", afirmó Angélica Prats.

En tanto Cecilia afirmó que “el país ya conoce la verdad, nosotros estamos tranquilos después de todos estos años. El Ejército también tiene claridad de los participantes: son siete militares que en servicio activo participaron de la muerte del Comandante en Jefe, agentes del Estado participantes están determinados también, así que esa claridad ya la tiene el país y la tenemos nosotros también".

Angélica Prats valoró el trabajo que ha efectuado el ministro a cargo del proceso Alejandro Solís puntualizando además que no se puede olvidar los avances de la justicia argentina que también tramita esta causa.

Para la abogada de la familia Prats, Pamela Pereira  con la investigación del juez Solís queda en evidencia que el crimen fue "un acto de terrorismo de la mayor magnitud en territorio extranjero" y que en este participaron “agentes de la DINA, oficiales del Ejército de Chile.

Cuando cerca de la una de la madrugada del lunes 30 de septiembre de 1974 el general Carlos Prats detuvo su auto junto a su esposa Sofía Cuthbert para entrarlo al garaje de la calle Malabía, en el barrio de Palermo en Buenos Aires, unos segundos pudieron salvar sus vidas.

Fue el breve lapso en que la agente de la DINA Mariana Callejas no logró activar el detonador electrónico cuando su marido, el gringo Michael Townley, a su lado al interior de un vehículo, le dio la orden de matar.

Townley era más diestro y le quitó el dispositivo provocando la explosión que remeció la calle oscura. El general y su mujer nunca supieron de aquellos segundos del destino.

Treinta y cuatro años después, ayer la espada de la justicia cayó finalmente sobre los autores intelectuales y materiales, seis altos oficiales y un suboficial de Ejército, todos en retiro, además de dos civiles.

Dos presidios perpetuos y penas de prisión entre 20 años y 541 días para todos ellos, dictados en la sentencia de primera instancia por el juez instructor de la causa, Alejandro Solís.

A las 10 de la mañana llegaron al despacho del ministro Solís las hijas del general, Cecilia y Angélica, junto a la abogada Pamela Pereira. La otra hija, Sofía, es actual embajadora en Atenas. El otro abogado querellante, Hernán Quezada, se encuentra en Nueva York por dos años.

Media hora después, al salir de la sencilla oficina en la terraza del Palacio de Tribunales, los ojos brillantes de las tres mujeres denotaban la emoción vivida junto al juez.

"Ahora el país ya sabe la verdad", dijo Angélica. Cecilia recordó los primeros tiempos en Buenos Aires cuando la jueza María Servini iniciaba las primeras indagatorias que concluyeron con un único condenado, el agente civil Enrique Arancibia Clavel.

Después, en 2002 el doble crimen se comenzó a investigar por primera vez en Chile.

La abogada Pereira tenía también motivos para emocionarse, pues recordó a su padre asesinado junto a los campesinos de Paine.

"Este acto de justicia con el general Prats, su esposa, y su familia simboliza la justicia que otros familiares todavía no han tenido en Chile, como es el caso de mi padre", señaló.

Pero como lo recordaron las hijas del matrimonio asesinado, faltó a la cita el dictador Augusto Pinochet. El fue el principal autor intelectual, a pesar de que, primero con su pretendida demencia con la que engañó a los jueces de las cortes, como algunos ministros en privado lo reconocen, y luego por una cuestión de forma procesal, se salvó dos veces de ser desaforado por este doble crimen.

Desde Nueva York el abogado Quezada manifestó que "la sentencia del ministro Solís debería convertirse en material de estudio en las escuelas institucionales de las Fuerzas Armadas, porque constituye un documento histórico para establecer la verdad acerca de los crímenes más atroces cometidos durante la dictadura de Pinochet".

Aquel domingo 29 de septiembre de 1974, extrañamente el general Prats se veía alegre y hasta rió a veces. En la casaquinta de los Stevenin-Muratorio en las afueras de Buenos Aires (BA) asistía a un asado junto al ex cónsul de Chile, Eduardo Ormeño.

Hablaron de pintura y otros temas que manejaba como un soldado culto, al igual que su esposa. Jugaron al bridge y el matrimonio propuso formar un grupo para reunirse todos los miércoles a jugar. Empezarían la próxima semana.

Cerca de las cuatro de la tarde los Prats-Cuthbert pidieron a Ormeño que los llevara de vuelta a Malabía para cambiarse ropa porque irían al cine con el ex embajador de Allende en Buenos Aires, Ramón Huidobro y su mujer. "Pan y chocolate" fue la película.

Después se fueron a cenar a casa de Huidobro. Allí Prats, en la sobremesa, volvió a entristecer y dijo una frase que marcó para siempre esa noche: "Cómo irá a ser esto Ramón, por dónde vendrá, pero yo ando armado así es que no les será tan fácil". En los días previos había recibido amenazas de muerte.

El viernes anterior, oculto en el garaje de Malabía, Townley instaló bajo el Fiat 125 del general la carga con dos cartuchos de C4 y tres detonadores.

El tío Kenny, como los hijos de Mariana Callejas llamaban al gringo, se había cruzado días antes con el general Prats en un parque mientras lo seguía. Pensó en dispararle ahí mismo, pero desistió porque "había mucha gente" como lo dijo después en Estados Unidos a la jueza Servini.

Mientras tanto, El "Yiyo" Raúl Iturriaga, entonces jefe del departamento exterior de la DINA, vigilaba, husmeaba, juntaba más datos de los pasos del matrimonio que agregaba a los recolectados por el mayor Juan Morales (que después sería el jefe de la temible Brigada Lautaro), enviado por Contreras a BA como el primer espía de avanzada.

A las 00:40 de la madrugada del día 30, Townley y Callejas esperaban a cien metros de distancia al interior de su auto en la penumbra de la calle Malabía, cuyas luces estaban debidamente apagadas coordinados con la inteligencia argentina.

Prats y su mujer no alcanzaron a sospechar nada. Menos que estaban a minutos de conocer la fatal respuesta al comentario que esa noche el general le había hecho en la sobremesa a su amigo Ramón Huidobro, ¡cómo irá a ser!

34 años después

Viajaban por el barrio Palermo, en Buenos Aires, la madrugada del 30 de septiembre cuando una bomba instalada por miembros de la DINA fue detonada. El general (R) Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, habían sido asesinados.

Ayer, 34 años después, elmagistrado Alejandro Solís, finalmente dictó condenas contra los ex agentes de la DINA acusados por asociación ilícita y doble homicidio.

Para Manuel Contreras, el ex jefe operativo del grupo de inteligencia, ordenó cadena perpetua en cada una de las muertes. La sentencia también incluye penas para otras ocho personas.

Informadas del fallo en profundidad, las dos hijas del general Prats no pudieron contener su emoción. Para ambas las sentencias son justas y entregan verdad al país y al Ejercito.

Sin embargo, para ellas, también debió haber sido condenado Augusto Pinochet por cuanto, “él también fue parte de este grupo de personas que atentaron contra mi padre”, dijo Cecilia Prats.

Hecho público el fallo, el Gobierno valoró la investigación, un paso en la labor de “hacer verdad y justicia”, como dijo el ministro de Justicia, Carlos Maldonado. Los parlamentarios socialistas y PPD también se mostraron conformes con el dictamen y esperanzados en que otros casos que se investigan también tengan este impacto.

Pero todavía no está todo dicho en este caso. Al ser una sentencia de primera instancias los involucrados pueden apelar. Habrá que esperar.

Condenados

• General (R) Juan Manuel Contreras Sepúlveda: Dos condenas a presidio perpetuo por los homicidios calificados de Carlos Prats González y Sofía Cuthbert Charleoni. Veinte más como jefe en el delito de asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado.

• Brigadier (R) Pedro Octavio Espinoza Bravo: Dos condenas a 20 años por los homicidios de Carlos Prats González y Sofía Cuthbert Charleoni y 20 años como jefe en el delito de asociación ilícita.

• General (R) Raúl Eduardo Iturriaga Neumann: Dos condenas a 15 años por los homicidios calificados y 541 días como miembro de asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado.

• Brigadier (R) José Octavio Zara Holger: Dos condenas de 10 años y un día por el doble homicidio y 541 días por asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado.

• Coronel (R) Cristoph Georg Paul Willeke Floel: Dos condenas a 10 años y un día por el doble homicidio y como miembro en el delito de asociación ilícita a 541 días.

• Coronel (R) Juan Hernán Morales Salgado: Dos condenas a 10 años y un día por el doble homicidio y 541 días por asociación ilícita.

• Mariana Inés Callejas Honores: Dos condenas a 10 años y un día por el doble homicidio calificado.

• Jorge Enrique Iturriaga Neumann: Dos condenas a 5 años y un día como cómplice de homicidios calificado.

• Suboficial Reginaldo de la Cruz Valdés Alarcón: Dos condenas de 541 días como cómplice de homicidio calificado.

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó en todos sus términos las condenas dictadas en primera instancia por el ministro Alejandro Solís el pasado 30 de junio de 2008, en contra de nueve ex agentes de la DINA, incluido su jefe Manuel Contreras, por el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.

El doble crimen fue cometido en Buenos Aires en la madrugada del 30 de septiembre de 1974, mediante la instalación de una bomba en el auto del ex comandante en jefe del Ejército.

 La hija del general, Angélica Prats, dijo en el palacio de tribunales que “estamos emocionados como familia porque la Corte ha confirmado todas las condenas aplicadas por el ministro Solís”.

 Sin embargo, advirtió que “ahora esperamos que la Sala Penal de la Corte Suprema no rebaje las penas”. Con ello aludió a que, desde hace unos tres años, este tribunal viene beneficiando a todos los ex agentes con rebajas considerables de condena, lo que permite otorgarles el beneficio de cumplirlas bajo los cinco años y un día en el régimen de “libertad vigilada”.

 Entre los organismos de derechos humanos existe la interrogante si esta vez los ministros de la Sala Penal “se atreverán” a beneficiar también a los asesinos del general y su esposa.

De los nueve sentenciados, sólo están en prisión cumpliendo otras condenas, Manuel Contreras, el ex segundo de la DINA, Pedro Espinoza, y el ex jefe exterior de esta asociación ilícita criminal, general (R) Eduardo Iturriaga Neumann.

 Los otros castigados judicialmente son el brigadier (R) José Zara Holger, los coroneles (R) Christoph Willikie Flöel y José Morales Salgado, el suboficial (R) Reginaldo Valdés Alarcón, y los ex agentes civiles Mariana Callejas Honores (ex esposa de Michael Townley quien hizo estallar la bomba junto a Callejas) y Jorge Iturriaga Neumann.

La resolución fue adoptada por la unanimidad de la Novena Sala integrada por los ministros Jorge Dahm y Mario Rojas, y la magistrado Dobra Lusic.

La Segunda Sala de la Corte Suprema dio a conocer este jueves el fallo definitivo con las condenas dictadas contra los responsables de los homicidios del otrora comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, perpetrados en septiembre de 1974, en el barrio bonaerense de Palermo.

El presidente de la sala penal, Rubén Ballesteros, comunicó las siguientes penas. Por asociación ilícita formada en 1974, el general (r) Manuel Contreras y el brigadier (R) Pedro Espinoza fueron condenados a tres años y un día, sin beneficios.

Por su parte, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Cristoph Willike Floel, José Zara, Juan Morales Salgado fueron condenados a 100 días de cárcel por este mismo ilícito.

Por el delito de homicidio calificado, los generales en retiro Manuel Contreras y Pedro Espinoza fueron condenados a 17 años de presidio mayor, sin medidas alternativas.

En tanto, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Willike Floel, José Zara, Juan Morales Salgado fueron condenados a 15 años y un día sin beneficios.

En calidad de cómplices, Mariana Callejas y Jorge Iturriaga Neumann fueron condenados a una pena de cinco años de presidio con beneficios.

El 29 de enero del año pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia dictada el 30 de junio de 2008 por el juez de primera instancia, Alejando Solís. El magistrado condenó a doble cadena perpetua al general Manuel Contreras y de forma adicional, fue sentenciado a otros 20 años de prisión como jefe de la asociación ilícita que organizó la disuelta DINA para cometer el doble crimen.

Las mismas penas recibió el ex brigadier Pedro Espinoza Bravo; mientras el general retirado Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, encargado de las operaciones en el exterior del organismo, recibió dos condenas de 15 años de prisión por los asesinatos y 541 días por asociación ilícita.

El ex brigadier José Zara fue sentenciado a dos penas de diez años de cárcel por los homicidios y a 541 días por la asociación ilícita, al igual que los ex coroneles Cristoph Willike Floel y Juan Morales Salgado.

Mientras Mariana Callejas fue condenada a dos penas de diez años. La mujer fue esposa del ex agente estadounidense Michael Townley, quien actualmente reside en Estados Unidos, acogido al programa de protección de testigos, fue el encargado de instalar y detonar la bomba colocada bajo el automóvil del general Prats.

Condenas ejemplares que en Chile serán difíciles de igualar recibieron los ex agentes de la dictadura militar, con el general Augusto Pinochet incluido, en el juicio que se desarrolló en París.

En total, fueron 14 acusados del régimen chilenos, quienes recibieron como mínimo penas de 15 años de prisión.
Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, la temible DINA, fue condenado a cadena perpetua, la misma pena otorgada al ex brigadier Pedro Espinoza.

35 años después de las desapariciones de 4 ciudadanos franceses asesinados en dictadura, llega una forma de justicia simbólica para sus familiares, como celebra Bernard Chanfreau, hermano de Alphonse, militante del MIR desaparecido en 1974.
“Estoy muy emocionado porque termina una época muy dura para nosotros, tanto para nuestra familia como para la mujer de mi hermano, la hija, las dos hermanas de Janet Claude. Es una satisfacción total muy importante. Ninguna condena de esos culpables nos va a restituir a nuestro hermano y a nuestra familia”, señaló Chanfreau.

Los familiares de los desaparecidos valoraron que en estos casos se haya logrado la actuación de la justicia, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, donde según acusan, el sistema sigue bajo el yugo de la dictadura.

El abogado Benjamín Serfati, representante de la Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo (Codepu) destacó que a partir de este juicio histórico emanarán desde Francia órdenes de extradición que deberá resolver nuestro país.

“Una orden de extradición va a ser emitida por Francia dirigida a las autoridades chilenas y vamos a ver cómo van a reaccionar las autoridades chilenas respecto de los condenados que hoy están presos en Chile. Sobre los casos de los chilenos libres va a ser muy interesante seguir la elección de las autoridades en el sentido de acoger o no las solicitudes”, indicó el jurista.

Los familiares y sus representantes aseguraron que más allá que parezca que este juicio haya sido simbólico se utilizaron argumentos jurídicos válidos en todo el mundo, lo que impedirá que los ex agentes condenados salgan del país, por ejemplo, y las órdenes de detención emanadas del gobierno francés para los 14 inculpados siguen vigentes.

El Brigadier en retiro del Ejército, y exintegrante de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), José Zara Holger cumplió la condena de 15 años por el asesinato del comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert y esta madrugada dejó la cárcel de Punta Peuco.

Según información de 24 Horas, cerca de las 00:00 horas de este martes 26 de agosto, Zara Holger fue liberado tras estar tras las rejas desde el 13 de julio del año 2010. El exintegrante de la DINA, no cumplió la pena de inmediato, sino que 36 años después fue condenado por el crimen junto a otros nombres como Pedro Espinoza, Raúl Iturriaga, Juan Morales y Mariana Callejas. 

José Zara deja Punta Peuco y queda en libertad: cumplió condena por asesinar al general Prats y su esposa

Ahora, tras salir de Punta Peuco y sin hablar con la prensa, fue recibido por sus familiares y amigos, quienes lo trasladaron hasta el domicilio ubicado en la comuna de Las Condes, donde permanecerá.

Primer magnicidio en el extranjero 

El crimen ocurrió durante la dictadura de Augusto Pinochet, cuando se concretó el primer magnicidio en el extranjero.

Todo ocurrió el 30 de septiembre de 1974, cuando la DINA mandó a explotar el auto del General Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires.

En detalle, la bomba fue puesta en la caja de cambios de su vehículo y provocó una trágica e inesperada muerte al matrimonio. 

Según los antecedentes, este hecho es el primer atentando en el extranjero ordenado durante la dictadura.   

José Zara, de 82 años, fue condenado el 2010 a 15 años de prisión por su participación en el doble homicidio registrado en Buenos Aires, y que constituyó el primer atentado internacional de la dictadura chilena.

El exbrigadier del Ejército, José Octavio Zara Holger, (82) quedó en libertad tras cumplir la condena de 15 años y un día en el penal de Punta Peuco por el asesinato del excomandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert. El doble homicidio ocurrió en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974, orquestado por la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) y en el marco de la Operación Cóndor.

Zara, exintegrante del Departamento Exterior de la Dina, abandonó la cárcel de Tiltil cerca de la medianoche del lunes y se dirigió a su domicilio en la comuna de Las Condes.

El proceso judicial se inició en 2003, cuando el ministro en visita Alejandro Solís dictó condenas contra la cúpula de la Dina. En un primer fallo de 2008, el ex director de la entidad, Manuel Contreras, fue sentenciado a dos presidios perpetuos —uno por cada homicidio—, mientras que Pedro Espinoza recibió 20 años por cada crimen. En esa misma resolución, Zara y otros exagentes fueron condenados a 10 años y un día por cada asesinato, además de 541 días por asociación ilícita.

Sin embargo, en agosto de 2010 la Corte Suprema revisó el caso y rebajó la mayoría de las penas. Así, Contreras pasó de cadena perpetua a 17 años de presidio por el doble homicidio. En tanto, Espinoza recibió la misma pena, y Zara, junto a Raúl Iturriaga y Juan Morales, fue finalmente condenado a 15 años y un día sin beneficios.

Carlos Prats, quien había sucedido a René Schneider como comandante en jefe del Ejército en 1970, se destacó por su defensa del orden constitucional y su apoyo al gobierno de Salvador Allende, llegando a ocupar los ministerios de Interior y Defensa, además de la Vicepresidencia de la República. En junio de 1973, sofocó el intento golpista conocido como el “Tanquetazo”, lo que lo convirtió en un objetivo para sectores militares y civiles contrarios a Allende.

A fines de agosto de 1973, acosado por las presiones en su contra, Prats renunció y recomendó a Augusto Pinochet como su sucesor. Tras el golpe de Estado, se exilió en Argentina junto a su esposa. Un año más tarde, ambos fueron asesinados en Buenos Aires cuando una bomba instalada en su automóvil explotó en plena madrugada, constituyendo el primer atentado internacional de la dictadura chilena.

En su mayoría, las críticas por la liberación del exbrigadier apuntan a la proporcionalidad de su pena versus la gravedad del delito. Uno que, además, se convirtió en el primer atentado internacional orquestado por la dictadura civil-militar chilena.

La mañana de este martes se dio a conocer la liberación de José Octavio Zara Holger, exbrigadier del Ejército que integró el Departamento Exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) durante los primeros años de la dictadura civil-militar chilena.

Zara (82) abandonó el penal de Punta Peuco tras cumplir 15 años de condena por el asesinato del excomandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires. Lo anterior, en lo que constituye uno de los casos de violaciones a los derechos humanos sucedidos en el marco de la dictadura civil-militar chilena con mayor repercusión mediática, y que pasó a la historia como el primer atentado internacional orquestado por los aparatos represivos del dictador Augusto Pinochet.

Caso judicial que, sin embargo, no estuvo exento de polémicas, especialmente luego de que el 2010 la Corte Suprema rebajara la condena de Zara y otros involucrados. Entre ellos, el exdirector de la Dina, Manuel Contreras, que en primera instancia fue sentenciado a dos presidios perpetuos para, finalmente, ser condenado a 17 años de cárcel.

“En el criterio judicial estas cosas pueden o suelen suceder. No a diario, pero con más frecuencia de lo que se supone”, explicó Luciano Fouillioux, abogado de la familia Prats. “Claramente, no hay nadie que discuta ni la autoría ni la participación de este hombre en los asesinatos de su jefe, el comandante Prats, y su señora. Eso está fuera toda discusión. Pero la gente razona adecuadamente que debieron ser dos condenas. A los años que sean, pero dos condenas, porque son dos asesinatos, no uno”.

“Lo que pasa es que se interpretó, y eso es un éxito de la defensa, que el hecho fue uno, no dos. Pudo haber tenido dos consecuencias, pero es un solo hecho. En todo caso, esto pasa con más habitualidad en términos de delitos económicos. Cuando se cometen varios, la tendencia es agruparlos como un solo acto delictivo para concentrar todo. Esa es la justificación, si es que se puede llamar así, por la cual se le aplicaron 15 años”, clarificó Fouillioux.

No obstante, precisó que la familia del matrimonio Prats-Cuthbert no tiene reparos con el proceso. “Nos habría gustado que fueran más años, pero no tenemos ningún reparo en el cumplimiento de la condena. El tipo cumplió y, habiéndolo hecho, salió en libertad. Estamos en presencia de los elementos del debido proceso íntegramente, aunque nos podrá insatisfacer parte del monto de la condena“, afirmó el abogado.

Una sentencia simbólica

Pero más allá de las condiciones que rodearon el trabajo judicial, se trata de una noticia que igualmente remece la memoria histórica del país. “El cumplimiento de esta condena es algo duro en lo personal, en lo familiar y en lo nacional porque, al final, nos recuerda esa mañana en que fueron asesinados mis abuelos. El impacto que causó a nivel nacional y el dolor a nivel familiar. La salida de Zara implica un recuerdo doloroso para Chile”, condensó Carlos Cuadrado, descendiente de Prats, exalcalde de Huechuraba y actual candidato a diputado por el distrito 9.

“Es triste porque Zara tuvo 15 años para arrepentirse o para señalar alguna forma de arrepentimiento, y no lo hizo. Y sale de la cárcel después de 15 años convencido, seguramente, de que lo que hizo era lo correcto”, señaló Cuadrado. “Por otro lado, el cumplimiento de la condena ratifica que la justicia determinó que él era culpable de este crimen. Por lo tanto, para la historia de Chile va a seguir siendo el asesino del general Prats. Y también ratifica que Augusto Pinochet dio la orden de cometer este crimen”.

“Por último, viéndolo desde un punto de vista positivo, creo que el cumplimiento de Zara por el crimen de mi abuelo, de 15 años, implica, en parte, justicia para mucha gente, muchos chilenos que siguen buscando a sus familiares, que no han tenido justicia en otros casos y que, al menos, la tranquilidad que tienen es que por otros casos este personaje sí cumplió condena”, cerró el exalcalde.

Desde la vereda de las organizaciones de derechos humanos, Gaby Rivera, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), apuntó a lo representativa que resulta la pena de Zara a la hora de observar cómo opera la justicia en torno a los casos de violaciones a los derechos humanos. “Siempre hemos apostado por la justicia”, clarificó Rivera, para agregar que “con lo que no estamos de acuerdo es con el tiempo que se le dio a un violador de derechos humanos y quiero decirlo claramente, un asesino. Y este asesinato no hay que olvidarlo”.

“Nunca hablamos de casos emblemáticos, pero por la connotación que tuvo sin duda que ha sido uno de los que ha dolido mucho, y creo que nos va a seguir doliendo durante todo el tiempo en que estemos luchando por verdad y justicia. Todavía tenemos leyes que amparan a los asesinos“, complementó Rivera.

“Sí, Zara cumplió condena, pero para este crimen no bastaba con 15 años. Él debió tener cadena perpetua, tal y como pedimos para cada uno de los asesinos de nuestros familiares”, cerró la dirigente.

Cabe destacar que, a través de la ministra vocera de La Moneda, Camila Vallejo, el Ejecutivo también se hizo parte de la discusión levantada por la liberación del exDina. “Como Gobierno, lamentamos que el exintegrante de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), José Zara, haya terminado su condena sin contribuir al esclarecimiento del paradero de las víctimas de desaparición forzada. Más aún, en este año, que se cumplen 50 años de la macabra Operación Cóndor y 51 años del asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert”, escribió la autoridad en su cuenta de X.

Esta vez, el exbrigadier del Ejército -que integró el Departamento Exterior de la DINA- enfrenta una orden judicial que busca esclarecer su responsabilidad en la muerte de Ronni Moffitt, asistente del exministro de Allende y víctima del atentado.El exbrigadier del Ejército y exagente de la DINA, José Zara Holger, fue detenido este miércoles 27 de agosto en su domicilio en Las Condes, a menos de 48 horas de haber salido en libertad desde el penal de Punta Peuco. La nueva orden judicial se relaciona con el atentado que en 1976 le costó la vida al exministro del gobierno de Salvador Allende, Orlando Letelier, y a su asistente estadounidense, Ronni Karpen Moffitt, en Washington D.C.

Zara había recuperado la libertad el lunes pasado, luego de cumplir una condena de 15 años por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, perpetrado en Buenos Aires en 1974 en el marco de la Operación Cóndor. Su salida de Punta Peuco había generado críticas en organizaciones de derechos humanos, que consideraban que aún quedaban causas pendientes por violaciones a los derechos fundamentales en el contexto de la dictadura civil-militar encabezada por Augusto Pinochet.

La reciente aprehensión fue ejecutada por la Policía de Investigaciones (PDI), en virtud de una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago. La medida apunta a la responsabilidad de Zara en el homicidio calificado de Moffitt, joven de 25 años que trabajaba como asistente de Letelier y que falleció junto a él tras la explosión de una bomba instalada en el vehículo en el que se trasladaban por la capital estadounidense, el 21 de septiembre de 1976. Acto que igualmente fue orquestado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Aunque diversos exagentes de la DINA, entre ellos Manuel Contreras y Pedro Espinoza, ya habían sido condenados en nuestro país por el crimen de Letelier, la justicia chilena no había abordado en profundidad la responsabilidad penal por la muerte de Moffitt.

Cabe destacar que el atentado contra Orlando Letelier es considerado uno de los actos más graves de la represión internacional organizada por las dictaduras del Cono Sur. El hecho provocó un fuerte impacto diplomático, al ocurrir en territorio estadounidense y costar la vida de una ciudadana de ese país.

En tanto, Zara, de 82 años, quedó a disposición de la Corte de Apelaciones, la que deberá definir sus próximas medidas procesales, incluyendo eventuales medidas cautelares.