Cuando el juez Mario Carroza decide dejar en detención preventiva al general (R) Patricio Campos, seguramente para procesarlo por obstrucción a la justicia, y el general Ríos se esconde entre permisos administrativos y visitas a unidades lejanas a la capital, el Comando Conjunto parece vivir sus últimos capitulos bajo la protección institucional de la FACH. Sin embargo, sus agentes, aquellos hombres y nujeres que secuestraron, torturaron, asesinaron y terminaron por hacer desaparecer a decenas de militantes de izquierda, continúan mayoritariamente haciendo sus vidas normales. Unos pocos están detenidos en unidades de la misma Fuerza Aérea, pero otros son empresarios o funcionarios de la FACH, viven tranquilos en villas militares, sufragan y se pasean por las calles como todo ciudadano, apareciendo incluso en veladas sociales como las que frecuentaba "la Pochi" junto a su esposo.

El Siglo espera, con este especial, hacer un aporte para terminar con esa impunidad.

El denominado Comando Conjunto (CC) fue una agrupación de inteligencia que operó aproximadamente entre fines de 1975 y principios de 1977, y cuyo objetivo principal fue la represión a la denominada Fuerza Central del MIR, y a los comités centrales del Partido y las Juventudes Comunistas. Durante este período, según el Informe Rettig, fue responsable de la desaparición de cerca de 30 personas. Otras fuentes hablan de más de 70.

Conocido internamente como "la unidad", estaba formado principalmente por agentes pertenecientes a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) y más tarde con una participación importante de efectivos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR). Contó también, en menor medida, con la participación de agentes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y con algunos efectivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Además, colaboraron en ese Comando miembros de la Policía de Investigaciones de Chile y civiles provenientes del grupo de extrema derecha Patria y Libertad.

Cuarteles del horror

Entre los primeros recintos de tortura, aún antes de denominarse Comando Conjunto, aparece la Academia de Guerra Aérea (AGA) que funcionó desde fines de 1973 hasta fines de 1974, formalmente a cargo de la Fiscalía de Aviación, la que en la práctica se coordinaba estrechamente con el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA). El General Bachelet y muchos oficiales de la FACH fueron torturados en sus subterráneos. José Luis Baeza Cruces, miembro del Comité Central del PC actualmente desaparecido, también estuvo allí. Por este caso ha sido citado a declarar Fernando Matthei, a la fecha director de la AGA.

En enero de 1975, cuando el SIFA desocupó la AGA, traslada a los detenidos a una casa de Santiago, ubicada en el sector de Apoquindo, a unas dos cuadras de la Municipalidad de Las Condes. Este inmueble fue utilizado como recinto secreto de detención hasta el mes de marzo de 1975 y estaba a cargo de agentes de la recientemente creada DIFA.

Después de esa fecha, las oficinas de la DIFA se trasladaron a Juan Antonio Ríos N° 6, Donde funcionaba la Comunidad de Inteligencia, mientras los detenidos son repartidos entre el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina ("Remo Cero") y un hangar al interior del aeropuerto Cerrillos. Otro centro clandestino de tortura es el conocido como "Nido 20", ubicado en la calle Santa Teresa 037, cerca del paradero 20 de la Gran Avenida, en Santiago. Producto de las torturas en su interior, falleció Alonso Gahona Chávez, hoy detenidos desaparecido. También aquí fue muerto a golpes Humberto Castro Hurtado. Hoy la casa alberga a la Corporación Nacional de Laringectomizados (operados de cáncer a la laringe).

El recinto denominado "Nido 18" fue empleado exclusivamente para practicar la tortura. Se trata de un local ubicado en la calle Perú 9053, comuna de La Florida en Santiago, cercano al paradero 18 de Vicuña Mackenna. En este centro, según testigos, se quitó la vida Arsenio Leal Pereira, bajo la presión de las torturas a que estaba siendo sometido. En "Remo Cero", junto a los agentes de la FACH, operan miembros del Servicio de Inteligencia Naval y algunos agentes de Ejército. La dotación de la Dirección de Inteligencia de Carabineros era más numerosa. También aquí actúan los civiles provenientes de Patria y Libertad. Desde allí habrían sido sacados en helicóptero para ser arrojados al mar varios detenidos, entre ellos Humberto Fuentes Rodríguez y Luis Moraga Cruz. También hay testigos que afirman que fueron sacados desde aquí, para ser asesinados y enterrados en los terrenos militares de Peldehue Ricardo Weibel Navarrete, Ignacio González Espinoza, Miguel Rodríguez Gallardo y Nicomedes Toro Bravo. En este recinto fallecieron algunos detenidos a consecuencia de torturas, entre ellos José Sagredo Pacheco.

Este local fue visitado frecuentemente por un médico que atendió a varios detenidos y supervisaba las torturas.

Un recinto ubicado en calle Dieciocho N° 229, que había sido sede del diario El Clarín y tras el golpe militar pasó a poder de Carabineros, fue conocido como "La Firma". Allí se instaló la Escuela de Inteligencia de Carabineros, algunos de cuyos profesores eran miembros no sólo de DICAR sino también del Comando Conjunto. Colindante a este edificio existe otro inmueble comunicado con él, en cuya parte posterior funcionó clandestinamente el CC. En este local se mantuvo detenidos a distintos prisioneros comunistas, entre ellos Carlos Contreras Maluje, Juan René Orellana, Luis Emilio Maturana, Juan Antonio Gianelli, quienes fueron sacados de ese lugar para ser asesinados y enterrados clandestinamente en la Cuesta Barriga, y José Weibel Navarrete, quien posteriormente fue asesinado en el sector del Cajón del Maipo.

En 1985, "La Firma" sería ocupada para secuestrar a una decena de profesores y a los tres profesionales comunistas que luego aparecerían degollados en un camino rural de Quilicura. Otros inmuebles usados indistintamente por el SIFA y el CC, donde se mantuvo transitoriamente detenidos, fueron un inmueble del Barrio Bellavista que había pertenecido a Sergio Bushmann, donde vivían miembros solteros del CC, y la Comisaría Las Tranqueras, usada mientras se efectuaba la visita de una delegación de derechos humanos de las Naciones Unidas, a fin de que tales detenidos no pudieran ser ubicados en los lugares de detención más conocidos.

AGA: Escuela de torturas

Testigos que sobrevivieron a las torturas de la Academia de Guerra Aérea recuerdan como sus captores y torturadores, entre otros, a los generaes Orlando Gutiérrez Bravo y Juan Soler Manfredini; los comandantes Sergio Lizasoaín Mitrano, Edgar Cevallos Jones, Jaime Lavín Fariña, Carlos Godoy Avendaño, Juan Bautista González, Ramón Cáceres Jorquera y Humberto Velásquez Estay; el coronel y médico FACH Humberto Berg Fontecilla; los coroneles Sergio Sanhueza López y Javier Lopetegui Torres; los capitanes León Duffey Treskoff, Juan Carlos Sandoval, Alvaro Gutiérrez, Jaime Lemus, Florencio Dublé, Contreras y Fullogher (jefe de guardia permanente); el abogado Julio Tapia Falk, los asesores legales Cristián Rodríguez, Jaime Cruzat y Víctor Barahona; los tenientes Juan Carlos Sandoval, Luis Campos, José García Huidobro, Víctor Matig Guzmán, Franklin Bello y Gonzalo Pérez Canto; el Sargento Hugo "chuncho" Lizana, el suboficial Juan Normabuena, el cabo Eduardo Cartagena y el Cabo 2º Gabriel Cortés (que se cambió el nombre).

Uno de los sobrevivientes del AGA, el Comandante Ernesto Galaz, recuerda que "me arrestaron junto al general Bachelet, Vergara y el coronel Miranda, que trabajaba conmigo. Nos llevaron al subterráneo del ministerio (de Obras Públicas), donde comenzó la investigación con un fiscal que nos pregunta cosas para luego mandarnos detenidos a la Base Aérea de Colina, en la que estamos hasta el 20 en condiciones bastante dignas, tratados como oficiales prisioneros de guerra. Este día nos sacaron con un despliegue inusitado de tropas, armando un operativo ridículamente complejo, nos subieron a un helicóptero y nos trasladaron a la Academia de Guerra Aérea. Aquí nos meten en una pieza a los 4, uno en cada rincón, ingresando una turba de oficiales y suboficiales que nos ponen capucha, nos amarran las manos y dan inicio a las palizas y torturas. Nos tenían días enteros sin dormir, sin beber o comer, hasta que nos llevaron a declarar ante el Fiscal Gutiérrez, que había sido compañero mío en la Escuela y que presenció todas las torturas a que fuimos sometidos. Insistentemente quería que refrendáramos su versión, pretendía que afirmáramos que era cierto lo del Plan Zeta, del robo de documentos, del espionaje, la traición, los contactos con el MIR y el PC. Todo lo que estaban inventando para justificar el golpe.

 Da un poco de vergüenza admitirlo, pero terminamos firmando lo que nos presentaron luego de las largas sesiones de tortura, de los golpes eléctricos en los genitales, de levantarnos las uñas con alfileres, de pasarnos cordeles por entre las piernas y estirarlos para levantarnos de los testículos. Esos documentos son la base de los consejos de guerra: confesiones sacadas bajo tortura.

 Después ya nos llevaron a una sala donde estábamos sentados, vueltos hacia la pared, sin capucha pero con un miedo enorme, puesto que en cualquier momento nos venían a buscar para llevarnos a la tortura, a la aplicación de corriente. Yo estuve hasta fines de noviembre. De los 4 que comenzamos, fuimos aumentando hasta llegar a unos 105, aunque fueron centenares los uniformados que pasaron por la AGA. Los 105 fuimos trasladados a la Academia Politécnica de El Bosque, donde nos instalaron en cuatro salas, sentados, vueltos a la pared, con un centinela en la puerta que estaba constantemente haciendo sonar el seguro del fusil para hacernos saber de su presencia. Presumo que eran conscriptos, pues en una de las salas se le escapó un tiro a uno y mató al cabo José Espinoza Santis. Obviamente, el cabo Espinoza fue enterrado con todos los honores militares, presentado como una de las víctimas de los marxistas".

 Los últimos pasos

El martes 8 de octubre el juez Mario Carroza ordenó la detención preventiva del ex Director de Aeronáutica Civil y esposo de "la Pochi", Patricio Campos Montecinos. Las razones del titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago para dejarlo a resguardo en la Base Aérea de El Bosque, se basan en la muy posible comprobación de que Campos cometiera el delito de obstrucción a la justicia al entregar datos falsos a la Mesa de Diálogo El general Campos, hasta la denuncia realizada por La Nación, era la quinta antigüedad de la FACH y uno de los posibles sucesores del actual Comandante en Jefe de la institución. Instalado por Ríos a la cabeza del equipo que decidió qué información entregar, su responsabilidad en la obstrucción apunta también a quien personifica el actual mando de la FACH, por lo que siguiendo la línea del juez Carroza, que ya interrogó al ex Comandante en Jefe Fernando Rojas Vender, no sería extraño que el mismo Ríos pasara a acompañar a Campos, Ruiz Bunger y el "mono" Saavedra en la Base El Bosque.

Por su parte, las agrupaciones de familiares, la CUT, el Partido Comunista y diversos voceros de la Concertación, continúan ejerciendo presión para que, a la brevedad, Patricio Ríos abandone el edificio de Zenteno con Alameda, lugar donde están los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

Otros profesionales del crimen

Coronel Horacio Otaiza, Alias "pata de oso", muerto en extrañas circunstancias.

Luis Rolando Pacheco Valdés, coronel (r) de la FACH. Jefe de la Base Aérea de Colina al momento de funcionar en su interior el centro de torturas "Remo Cero". Procesado por el ministro Cerda como autor de asociación ilícita criminal.

Rubén Samuel Romero Gormaz, general (r) de Carabineros, jefe de la DICAR en J.A.R. 6. Procesado por Carlos Cerda como autor de la asociación ilícita y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira. Freddy Enrique Ruiz Bunger, general (r) de la FACH. Jefe de la DIFA en J.A.R. 6. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira. Actualmente es procesado por el titular del 25º Juzgado del Crimen de Santiago por el secuestro de Víctor Vega, y por Joaquín Billard del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, por la desaparición y muerte de Juan Luis Rivera Matus. El ministro Mario Carroza lo sometió a proceso por el delito de secuestro calificado en las personas de Víctor Vega, David Urrutia, Juan Carlos Orellana y Ricardo Weibel, y la detención ilegal de los sobrevivientes Isabel Stange, Jaime Estay y Amanda Belisco.  La ministro María Teresa Díaz, del Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, lo procesó por la desaparición de Alonso Gahona Chávez y Miguel Rodríguez Gallardo.

Mario H. Vivero Avila, general (r) de la FACH, juez de Aviación y comandante de la guarnición de Santiago en 1976. Procesado como autor de asociación ilícita criminal por Carlos Cerda en 1986, amnistiado por el juez Manuel Silva Ibáñez. Actualmente, el ministro Hazbún del 25º Juzgado del Crimen lo procesa como encubridor de la asociación ilícita y de la desaparición de Víctor Vega.

Suegro del Jefe de Estado Mayor de la FACH, Mario Avila, uno de los posibles sucesores de Patricio Ríos en la Comandancia en Jefe. Avila comandó a los Hawker Hunter que bombardearon la casa presidencial de Tomás Moro el 11 de septiembre de 1973.

Carlos Arturo Madrid Hayden, comandante (r) de la FACH. Vicecomandante del Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina en el que funcionó el centro de tortura "Remo Cero". Procesado por Cerda como autor de asociación ilícita criminal, mientras que el juez Hazbún lo considera cómplice del secuestro de Víctor Vega. El ministro Joaquín Billard, del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, lo procesa como autor de secuestro calificado en el caso de Juan Luis Rivera Matus.

Germán Alfredo Esquivel Caballero, teniente coronel (r) de Carabineros, encargado de contrainteligencia en DICAR. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira.

Roberto Fuentes Morrison, alias "Wally", C.I. 3.469.587-3. Durante la Unidad Popular se destacó en los grupos paramilitares de Patria y Libertad, donde conoce a varios de los que posteriormente llevaría al CC. Como Comandante de Escuadrilla de la FACH se incorpora a esta asociación ilícita criminal, pasando a ser uno de los jefes operativos reconocido como uno de los más crueles torturadores. Fue procesado por Carlos Cerda debido a su participación en decenas de secuestros, torturas, ejecuciones y desapariciones de militantes del MIR y el PC. A mediados de 1989 fue acribillado a la salida de su casa. Jorge Arnoldo Barraza Riveros, Comisario (r) de la Policía de Investigaciones. Alias "El Zambra". Procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal. Germán Enrique Pimentel Ceballos, comandante (r) de la FACH, coordinador de operaciones especiales. Procesado por el ministro Cerda como autor autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira.

Luis Enrique Campos Poblete, comandante (r) de la FACH. Procesado por Carlos Cerda como autor de asociación ilícita criminal Marco Alejandro Cortes Figueroa, inspector (r) de la Policía de Investigaciones. Alias "Yoyopulus". Procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal en el caso de Cerda. Pablo Arturo Navarrete Arriagada, coronel (r) de Carabineros con destinación en DICAR. Procesado como cómplice de asociación ilícita criminal por el ministro Cerda.

Manuel Antonio Salvatierra Rojas, subprefecto (r) de la Policía de Investigaciones. Alias "Negro" (C.I. 6.195.828-2). Procesado por el ministro Cerda como autor de asociación ilícita criminal. Humberto Villegas, sargento segundo (r) de Carabineros. Alias "Don Beto". Procesado por Carlos Cerda como autor de asociación ilícita criminal y cómplice de la desaparición de Reinalda Pereira y Edrás Pinto.

También aparecen como colaboradores el general de brigada (r) Jorge Dagoberto Alicera Carrasco, ex jefe de la base aérea de Colina, que en 1978 era coronel y cumplía funciones como director de comunicaciones y electrónica de la Fuerza Aérea.

Jacobo Atala Barcudi, Director de Inteligencia de la Fach, actualmente en retiro. En 1977 se desempeñó como juez de aviación interino. Ramón Pedro Cáceres Jorquera, Alias "Comandante Matamala", fiscal de la FACH al que se acusa de torturar prisioneros en el Hospital de la Fuerza Aérea. Procesado en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

Nicanor Díaz Estrada, general de brigada aérea (r), se desempeñó en 1973 como coronel y director de la Academía de Guerra Aérea (AGA). Mario Ernesto Jahn Barrera, coronel (r), se desempeñó como jefe del departamento de contrainteligencia de la FACH y prestó servicios en la DINA, como subdirector de ese organismo recorrió el cono sur de América invitando a los jefes de seguridad de las dictaduras para constituir lo que se conoce como el Plan Cóndor. Hasta marzo del 2002 fue Director del Museo de Aeronáutica ubicado en el Aeropuerto Cerrillos.

Eduardo Enrique Fornet Fernández, ex director de inteligencia de la FACH. Germán Segundo Campos Vásquez, oficial (r) de Carabineros. Santiago Luis Callejón Vera, que además fue escolta del general (r) Gustavo Leigh Guzmán.

Sergio López Díaz, oficial de Ejército. Sometido a proceso por el titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Joaquín Billard, como autor del delito de secuestro calificado en el caso de Juan Rivera Matus. Roberto Serón Cárdenas, alias Satín, coronel (r) de la FACH, jefe equipo de investigación del CC (según "Colmillo Blanco").

Sergio José Manuel Linarez Urzúa, general (r) de la FACH.

René Arturo Peralta Pasten, oficial (r) de la FACH, se desempeñó como director de inteligencia. Juan Manuel Duran Baeza, funcionario FACH.

Rubén Morales Cubillos, funcionario de la FACH.

Patricio Ernesto Pérez Villagrán, oficial (r) de la FACH, hizo clases de contrainteligencia es escuela de inteligencia de la institución.

Franklin Bello Calderón, teniente (r) de la FACH, procesado en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

José Aladino Cerda Córdoba, funcionario de Gendarmería, procesado en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

Miguel Angel Perucca López, reservista de la FACH. Víctor Misael Robles Mella, oficial (r) de la FACH.

Luis Eduardo Rojas Campillay, funcionario de la FACH.

Patricio Eugenio Saavedra Rojas, comandante (r) de la FACH.

Lénin Figueroa Sánchez, C.I. 4.633.329-2.

José Florentino Fuentes Castro, C.I. 5.340.552-5.

Francisco Hidalgo García, 2.633.797-6.

Francisco Segundo Illanes Miranda, C.I. 4.294.918-3.

Ernesto Arturo Lobos Gálvez, C.I. 5.082.345-8.

También procesados por el ministro Carlos Cerda fueron Gustavo Leigh Guzmán y Julio Eladio Benimelli Ruz, fallecidos en diversas circunstancias. Encausados como cómplices aparecen los coroneles (r) de Carabineros Italo Astete Sermini, Gonzalo Jiménez Huerta, Raúl Enrique Montt Carvajal y Federico Luis Smith Ibarra. También los tenientes coroneles Graciano Bernales Pérez, Juan Bezzemberger Schwarz y Luis Humberto Villagra Rebeco. Como encubridores de los secuestros de Reinalda Pereira y Edrás Pinto fueron encausados el subcomisario de Investigaciones Federico Infante Lillo y el oficial Jorge Mondaca González, ambos en retiro. En el proceso abierto por Carlos Hazbún son sometidos a proceso Carlos Pascua Riquelme,

 Juan Arturo Chávez Sandoval y Alejandro Sáez Mardones ("El Pegaso", cumpliendo presidio perpetuo por caso degollados).

 Manuel Barra Von Kretschmann, C.I. 1.614.559-9, jefe del Servicio de Inteligencia Naval en la Comunidad de Inteligencia. Capitán de fragata al momento del golpe, parte de la dirección de la DINA en 1974 y subdirector en 1975. En 1977 pasa a formar parte de la CNI. Fue procesado como cómplice de la asociación ilícita cy del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira por el ministro Cerda. riminal

 Edgar Benjamín Cevallos Jones, C.I. 2.895.236, coronel (r) de la FACH. Director de la DIFA y luego de la SIFA, torturador en la Academia de Guerra Aérea y jefe del "Wally" en el CC. Alias "Inspector Cabezas". Procesado por Carlos Cerda como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira. Procesado en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Díaz en 1974.

 Juan Francisco Saavedra Loyola, alias "Jano" y "mono", C.I. 4.124.917-K, Coronel (r) de la FACH. Comandante de grupo de la Academia de Guerra Aérea, donde estuvo a cargo de los interrogatorios y tortura de sus compañeros leales al gobierno, entre ellos Alberto Bachelet. En 1976 es nombrado Director de la Base Aérea de Colina y se integra al CC reemplazando en el cargo de jefe operativo a Edgard Cevallos. En 1977 se traslada a la Comunidad de Inteligencia. Hasta principios de los '90 estaba activo en la FACH con el grado de coronel. Fue procesado por el ministro Carlos Cerda y hoy lo requiere el juez Hazbún en el caso de la desaparición de Víctor Vega. El ministro Mario Carroza lo sometió a proceso por el delito de secuestro calificado en las personas de Víctor Vega, David Urrutia, Juan Carlos Orellana y Ricardo Weibel, y la detención ilegal de los sobrevivientes Isabel Stange, Jaime Estay y Amanda Belisco.

 Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán, teniente (r) de la Armada, C.I. 4.638.149-1, Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira. Actualmente es procesado por el juez Carlos Hazbún por el secuestro de Víctor Vega.

Eduardo Enrique Cartagena Maldonado, alias "Lalo", C.I. 5.083.760. Suboficial (r) de la FACH. Agente del CC desde 1975, participando en secuestros, torturas y desapariciones de numerosos dirigentes comunistas entre ese año y 1976. Tras la disolución de este organismo pasó a integrar el Servicio de Inteligencia dla Fuerza Aérea (SIFA). Está siendo procesado en el 4º Juzgado del Crimen de San Miguel por el secuestro y torturas que causaron la muerte de Alonso Gahona Chávez.

También aparece encausado en el proceso abierto por el juez con dedicación preferente Carlos Hazbún, titular del 25º Juzgado del Crimen, referido al secuestro y desaparición de Víctor Vega Riquelme ocurrido el 3 de enero de 1976. Su último domicilio conocido es Del Rey 394, Maipú.

Miguel Arturo Estay Reyno, C.I. 6.446.545-7, alias "El Fanta". Ex militante comunista, pasó de delator a agente tras ser detenido en 1975. Conocedor de las estructuras internas de las Juventudes Comunistas y el PC, fue pieza vital en la detención de sus principales dirigentes, de los que figuraban Carlos Contreras Maluje, José Weibel Fernando Ortiz y Waldo Pizarro. Participó en el secuestro de su ex compañero Manuel Guerrero, quien fue uno de los pocos que logró escapar de las garras del CC, pero en 1985 vuelve a secuestrarlo, esta vez con los agentes de la DICOMCAR, para finalmente degollarlo junto a José Manuel Parada y Santiago Nattino. Procesado por el ministro Cerda y amnistiado por Silva Ibáñez, hoy cumple su condena a cadena perpetua en Colina por el asesinato de los tres profesionales comunistas y es procesado por la desaparición de Víctor Vega.

 César Luis Palma Ramírez, alias "El Fifo". C.I. 6.387.372-1. Militante de Patria y Libertad detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya, amnistiado después del golpe de Estado por el Almirante Adolfo Waulbaum. Amigo del "Wally", quien lo lleva al CC. Según Andrés Valenzuela, "El Fifo" participa en los asesinatos de José Weibel Navarrete, Miguel Rodríguez Gallardo, Humberto Fuentes Rodríguez, los agentes del mismo organismo Carol Flores (Alias Juanca) y Guillermo Bratti, todos desaparecidos hasta la fecha. También se le nombra entre quienes ejecutan en Cuesta Barriga a los dirigentes comunistas Lincoyan Berríos, Fernando Navarro, Fernando Ortiz, Waldo Pizarro, Luis Lazo, Juan Gianelly, Horacio Cepeda, Héctor Véliz y Reinalda Pereira, quien se encontraba en avanzado estado de embarazo. Procesado por el ministro Cerda en 1986, aparece hoy en los casos de Alonso Gahona y Víctor Vega. Su última dirección conocida es El Quilo 5535, Quinta Normal, donde funciona la fábrica de equipos refrigerantes FRIGOMET LTDA., en la que aseguran que no lo conocen, sin embargo continúa su fono-fax 7738010 a nombre de Palma Ramírez.

Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias "El Barba". C.I. 5.521.250-3. Ex militante del MIR, agente. Acusado por numerosos sobrevivientes de haber participado en su detención y tortura en la Academia de Guerra Aérea. Luego pasaría a integrar la brigada que se dedicó a reprimir al MIR en la DINA. Procesado por torturas y secuestro permanente en, al menos, dos juzgados de Santiago. Su último domicilio conocido es Las Hualtatas 4966, fono 2633546, Vitacura.

Roberto Alfonso Flores Cisterna, alias "El Huaso". C.I. 7.767.975-8. Soldado (R) de la FACH. El 11 de septiembre de 1973, como soldado de la FACH en la Base Aérea El Bosque, participa en interrogatorios y torturas a detenidos. Por su "capacidad" es enviado a continuar su labor en la Academia de Guerra Aérea bajo el mando de Edgard Cevallos. En 1975 pasa a formar parte del CC, siendo responsable del secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes comunistas.

Hasta mediados de los '90 continuaba en servicio activo en la SIFA, hoy aparece desempeñándose en el rubro del comercio. Su último domicilio conocido es Villa Tantauco, Block 10282, depto. 31, San Bernardo.

Alejandro Jorge Forero Alvarez, C.I. 5228186-5, cardiólogo. Registro Colegio Médico 9580-K. Comandante de Escuadrilla y médico que se desempeñaba al momento del golpe de Estado en el Hospital de la FACH. En 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina. En este lugar participa del CC, supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Fue sometido a proceso por el juez Carlos Cerda en plena dictadura y hoy vuelve a ser requerido por el juez Hazbún en el caso de Víctor Vega. Fue el primer funado en Chile, el 1º de octubre de 1999, en su consulta en la Clínica INDISA. Es socio, entre otros organismos, de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, donde figura con la dirección de la INDISA, y de la Sociedad Chilena de Cardiología en la que aparece con su consulta particular: Av. Apoquindo 6275, oficina 116, y el correo electrónico forero@entelchile.net. Su última dirección conocida es Camino La Brisa 14.199-2, Lo Barnechea, teléfono 2161253.

 Otto Silvio Trujillo Miranda, C.I. 5.684.434-1, agente civil, alias "Colmillo Blanco" en reportaje de La Nación. Militante DC en su juventud, luego se incorporó a Patria y Libertad donde conoce al "Wally", quien lo llevaría al CC y le salvaría la vida euna disputa entre este organismo y la DINA cuanjunto a Carol Flores y Guillermo Bratti, entregaroinformación a los hombres de Contreras. Desde antes del golpe de Estado pertenecía al Servicio de Inteligencia Militar (SIM), luego fue llamado por Fuentes Morrinson para que formara parte del equipo de seguridad del Ministerio de Agricultura y del CC .

Participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda hasta su expulsión por el incidente con la DINA. Sus "contactos" le permitieron hacerse cargo de una empresa de seguridad en el sur de Chile, tras lo cual se vio envuelto en numerosos procesos por giro doloso de cheques. Está en la nómina de los procesados por Carlos Cerda y en los procesos abiertos por la desaparición de Alonso Gahona y Víctor Vega.

Guillermo Antonio Urra Carrasco, alias "Willy". C.I. 6.687.227-0. Cabo segundo (R) de la FACH. Agente operativo del CC desde su formalización en 1975. Fue procesado por el juez Carlos Cerda por su participación en el secuestro, torturas y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Según testigos directos es responsable de la ejecución de prisioneros en el Cajón del Maipo (entre ellos José Weibel y los agentes Carol Flores y Guillermo Bratti), en Cuesta Barriga (entre otros Horacio Cepeda, Fernando Ortiz y Reinalda Pereira) y en el lanzamiento al mar de otros, frente a las costas de Quinteros.

Hoy vuelve a ser procesado, esta vez por el caso de Víctor Vega. Su última dirección conocida es Santa Blanca 1990, Las Condes.

 Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, C.I. 7.298.556-7, cabo segundo (r) de la FACH, con destinación a la DIFA y al Comando Conjunto. Alias "La Pochi". Esposa del general Patricio Campos Montecinos, Director Gende Aeronaútica Civil hasta la denuncia realizada por la Nación. Procesada por el ministro Cerda como autora de asociación ilícita criminal y cómplice de la desaparición de Reinalda Pereira y Edrás Pinto, amnistiada por el juez Manuel Silva Ibáñez. Campos año, en el cargo de Director del Museo Aeronáutico a Mario Jahn Barrera. Fernando Patricio Zuñiga Canal

Montecinos mantuvo, hasta marzo de este año, en el cargo de Director del Museo Aeronáutico a Mario Jahn Barrera.

F ernando Patricio Zuñiga Canales, 5.974.807-6, Alias "Chirola". Suboficial (R) de la FACH. Como soldado de  la Base Aérea de El Bosque participa en la tortura de sus camaradas de armas. Luego es trasladado a la Academia de Guerra Aérea para cumplir las mismas funciones y de allí pasa a formar parte de la DIFA. En 1975 se incorpora al CC, en el que participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda, entre ellos Víctor Cárdenas, Carlos Durán, Luis Maturana, Humberto Castro y Davíd Urrutia. También está presente en la ejecución de Bratti y Flores. Perteneció al Servicio de Inteligencia de la FACH (SIFA) al menos hasta principios de los '90. Fue procesado por el ministro Cerda y hoy aparece en los casos de Alonso Gahona y Víctor Vega.

Su última dirección conocida es Pasaje Simón Bolivar 1298, San Bernardo.

 Jorge Rodrigo Cobos Manríquez, 5.890.505-5, teniente de reserva FACH, proveniente de Patria y Libertad. Alias "Kiko" o "Elefantito" (C.I. 5.890.505-4). Procesado por el ministro Cerda como autor autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira. Ejuez Hazbún lo sometió a proceso por la desaparición de Víctor Vega.

Pedro Ernesto Caamaño Medina, suboficial (r) de la FACH. Alias "Peter", C.I. 7.024.319-9. Agente operativo en el centro de torturas "La Firma". Procesado por el juez Carlos Hazbún por el secuestro de Víctor Vega.

Manuel Agustín Muñoz Gamboa, C.I. 4.842.855-K ,mayor (r) de Carabineros. Alias "El Lolo". Destacó por su crueldad en el CC, retornando con el grado de capitán a Carabineros. En la DICOMCAR comparte labores con su "colega" del CC Miguel Estay Reino. En este organismo aparece involucrado en el asesinato por degollamiento de Juan Antonio Aguirre Ballesteros en 1984. Fue procesado por el ministro Cerda, posteriormente fue condenado a 5 años y un día por su participación en el asesinato de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino. Hoy aparece procesado por el secuestro y desaparición de Alonso Gahona, en el 4º Juzgado del Crimen de San Miguel, y en el caso que lleva el juez Hazbún por el secuestro y desaparición de Víctor Vega.

Alejandro Fígari Verdugo, C.I. 6.693.227-3, alias Luty, proveniente de Patria y Libertad, segundo al mando en el equipo de detención, luego de Fifo Palma (según "Colmillo Blanco").

Alex Damián Carrasco Olivos, Funcionario de la FACH, escolta de Leigh, Fernando Matthei y Ramón Vega. Alias "Loco Alex", C.I. 6.243.426-7. Agente operativo del Comando Conjunto.

 Julio Federico "Alvaro" Corbalán Castilla, mayor de Ejército, enlace entre esta institución y el CC. En 1980 asumió la jefatura de operaciones de la Central Nacional de Informaciones (CNI). Condenado a prisión perpetua por el crimen del carpintero Juan Alegría Mundaca, realizado para encubrir el asesinato de Tucapel Jiménez. Implicado en la masacre de Operación Albania, la desaparición de cinco militantes rodriguistas en septiembre de 1987, las muertes de cuatro militantes de izquierda en venganza por el atentado contra Pinochet y cientos de secuestros ilegales y torturas en contra de chilenos. El titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Joaquín Billard, lo sometió a proceso como autor del delito de secuestro calificado en el caso de Juan Rivera Matus.

Raúl Horacio González Fernández, C.I. 6.519.815-0, funcionario (r) de la FACH. Alias "Rodrigo"o "Wally Chico". Testigos afirman que participó en la detención de José Weibel. Procesado como cómplice de la detención ilegal de Amanda Velasco Pedersen en el 25º Juzgado del Crimen.

Antonio Benedicto Quiros Reyes, C.I. 3.189.349-6, coronel (r) de la FACH y jefe del Departamento de Contrainteligencia en los años del CC. Procesado por Carlos Cerda como autor de asociación ilícita criminal.

Andrés Pablo Potin Lailhacar, C.I. 5.390.709-1, agente civil del CC. Alias "Yerko". Militante de Patria y Libertad detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya. Procesado por el juez Hazbún como participante del secuestro de Víctor Vega. Hoy figura como empresario en el rubro computacional con una oficina en Américo Vespucio Norte2506.

Robinson Alfonso Suazo Jaque, C.I. 7.641.894-2, soldado (r) de la FACH. Alias "Jonathan". Torturador en la AGA. Procesado en el 25º Juzgado del Crimen por el secuestro y desaparición de Víctor Vega.

Juan Luis Fernando López López, C.I. 5.790.799-1, de chapa "Pantera", comandante de grupo de la FACH, jefe equipo de logística y detención del CC (según "Colmillo Blanco").

 Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo, C.I. 5.164.080-2, oficial de la Armada perteneciente al grupo Ancla 2 del Servicio de Inteligencia Naval. En 1974 formó parte del DINE y luego del CC. Sirvió en la DINA, donde conoció a la "flaca" Alejandra de la que fue amante. En 1977 pasó a la CNI.

La demencia fascista de Leigh y sus generales

Curiosamente el azar unió la publicación de "Disparen a la bandada" de Fernando Villagrán (Planeta) con las "turbulencias" en la Fach y las revelaciones sobre el Comando Conjunto. La aparición del libro estaba planificada desde marzo y corresponde a un trabajo iniciado en los primeros meses del 2001. Se refiere a lo ocurrido en la Fuerza Aérea antes y durante el golpe militar, en los días siguientes y hasta el proceso caratulado "Contra Bachelet y otros", hito en la represión.

Una explicación aclara la aparente coincidencia. Mucho de lo ocurrido en estos días tiene raíces antiguas. Desde antes de septiembre de 1973, se desarrolló en la Fach un fascismo sui generis, de extrema peligrosidad. El anticomunismo y la ambición de poder del general Gustavo Leigh y sus incondicionales fueron determinantes.

Se pretendió marcar camino al nuevo régimen con decisión y hegemonía doctrinaria, apoyada en una represión irrestricta tanto a los civiles como a los militares dudosos o claramente opuestos al golpe.Se proyectó realizar un gran proceso a los antiguos gobernantes, los llamados "jerarcas de la UP", presos en isla Dawson, para lo cual serviría de antecedente un Consejo de Guerra en la Fach para castigar supuesta infiltración de Izquierda y el mitológico Plan Z. De la Fach surgió después el Comando Conjunto, cuyas actividades clandestinas han dado que hablar en estos días. Criminales y torturadores ascendieron y ocuparon altas posiciones de mando, hasta hoy. Ninguna institución ha sido más renuente que la Fach a individualizar a los responsables de crímenes y a rehabilitar a uniformados torturados, encarcelados y exonerados deshonrosamente.

Desde los primeros días, la Fach fue implacable. Cerca de 700 militares y civiles, casi un 10% de la dotación institucional, fueron investigados, bajo tortura y detención en condiciones terribles. Generales, coroneles, comandantes, capitanes, tenientes, suboficiales y clases fueron sometidos a Consejo de Guerra. Un general, Alberto Bachelet, murió a consecuencia de la tortura. Dos soldados fueron asesinados y otro enloqueció. También fueron procesados varios civiles, entre ellos Carlos Lazo, presidente del Banco del Estado y el senador socialista Erich Schnacke, acusados de infiltración y actividades subversivas. El origen de "Disparen a la bandada" se relaciona con la polémica que se produjo cuando el cientista político Felipe Agüero denunció como torturador al académico Emilio Meneses, de la Universidad Católica. Agüero reconoció a Meneses como uno de los oficiales reservistas de la Armada que lo torturaron en el Estadio Nacional. En ese lugar también estaba preso, Fernando Villagrán, amigo de Agüero y, como él, militante del Mapu-OC. En medio del escándalo que siguió a la denuncia, Agüero recibió una comunicación de un ex oficial de la Fach residente en Inglaterra, en que éste hacía recuerdos de su destinatario y de Villagrán, a quienes había salvado la vida cuando estaban prisioneros. Era el capitán de bandada Jorge Silva, encausado en el proceso Fach luego de sufrir brutales torturas, y posteriormente expulsado del país. Silva había visto a los jóvenes en la Cárcel Pública, pero se había mostrado reticente, preocupado por su seguridad. El contacto con el capitán Silva hizo que Fernando Villagrán sintiera que se estaba cerrando una historia que debía contar. Se ligan de este modo dos relatos: uno, el de Villagrán y Agüero, y el otro que es múltiple, el de la gente de la Fach, en el cual el capitán Silva juega un rol vinculante. En los días que siguieron al golpe, Agüero y Villagrán fueron detenidos mientras realizaban actividades clandestinas para organizar alguna resistencia a la arremetida militar. "El golpe de Estado en Chile ha sido casi perfecto", escribió Patrick Ryan, agregado naval de Estados Unidos en Chile. Detenidos y golpeados en la calle, los jóvenes fueron llevados a la base aérea de El Bosque. Fueron objeto de torturas y tratamientos inhumanos. Después de algunos días aislados, fueron destinados a la muerte como supieron después. Compadecido, el capitán Jorge Silva dispuso para salvarlos que fueran llevados al Estadio Nacional. Allí sufrieron nuevos tormentos hasta ser enviados a la Cárcel Pública. En ese lugar vieron llegar al capitán Silva, desde la Academia de Guerra Aérea (AGA) Paso a paso, el autor, con la colaboración de Marcelo Mendoza, reconstruye la historia. Documentos, prensa, libros, entrevistas y la memoria del proceso Fach fueron las fuentes. Con meses de anticipación, pequeños grupos de oficiales y suboficiales de la Fach advirtieron las maniobras conspirativas del alto mando. El golpe estaba en marcha. Los grupos eran diversos: había constitucionalistas, otros eran hombres de Izquierda que se ligaron al MIR y a otros partidos, no faltaban los profesionales ciento por ciento. Todos alertaron una y otra vez al gobierno. Sus avisos no fueron escuchados. Hubo uniformados que tomaron conciencia de lo ocurrido el mismo día del golpe y se negaron a colaborar. Víctimas y torturadores son personas de carne y hueso, no simples nombres. El general Sergio Poblete, los coroneles Carlos Ominami Daza y Rolando Miranda, los comandantes Alamiro Castillo, que se asiló a los pocos días facilitando que los detenidos lo "cargaran" con responsabilidades imaginarias, y Ernesto Galaz, los capitanes Silva, Donoso, Carbacho, Aycinena, los suboficiales Constanzo, Figueroa, González y muchos otros aparecen sometidos a extrema presión y casi siempre resisten. Casi todos fueron dignos y consecuentes entonces, y siguen siéndolo. Destacan también las figuras de Angela Jeria viuda de Bachelet y de su hija Michelle, colaborando con la resistencia, detenidas y recluidas en Villa Grimaldi meses después de la muerte del general. Aunque no son caricaturas, los verdugos -Gustavo Leigh, Orlando Gutiérrez, Edgar Ceballos, Cáceres, Otaiza, Jahn, Lavín, Cruzat. Lizazoaín y los demás- aparecen como personas coherentes en su ideología, crueldad y falta de escrúpulos. En el libro hay hechos poco conocidos como la participación de Mario Jahn, oficial de inteligencia, en una conspiración para matar a Salvador Allende, o la verdadera situación de Leigh dentro de la Fach, donde era resistido por muchos oficiales a pesar de lo cual fue nombrado comandante en jefe. Aparecen también las reuniones clandestinas en que se planificó el golpe y el bombardeo a La Moneda (denunciadas sin mayor eco). Es importante la relación del proceso público, "el proceso de la Fach", que terminó en sonado fracaso. Se realizó en la Academia de Guerra Aérea en los primeros meses de 1974 y estuvo plagado de aberraciones jurídicas. Entre otras, la violación de la irretroactividad de la ley penal, las confesiones autoinculpatorias obtenidas bajo tortura, la falta de garantías para los abogados defensores y otras infracciones a las normas del "debido proceso". El juicio se vio como una farsa, e indudablemente lo fue. Los abogados defensores fueron amenazados directamente. Roberto Garretón fue notificado por Jaime Cruzat, abogado de la Fach que participó directamente en torturas: "Tengo orden de denunciarte a la Fiscalía de Aviación por haber dicho que aquí se ha tortuado". También los testigos fueron intimidados y hasta detenidos, como ocurrió al periodista Sergio Campos, por negarse a testimoniar contra Erich Schnacke. Incomunicado en los subterráneos de la AGA, estuvo vendado y amarrado un par de días antes de ser llevado al Ministerio de Defensa. La maquinaria montada por los generales Gustavo Leigh, Orlando Gutiérrez, el coronel Horacio Otaíza y el abogado Julio Tapia Falk, terminó volviéndose contra ellos. El impacto del "proceso Fach" fue tan negativo para la Junta Militar que no hubo otros juicios y mucho menos proceso público contra los ex ministros del presidente Salvador Allende. Las sentencias del proceso Fach fueron muy duras. Las suavizó el general José Berdichevsky que actuó como juez de Aviación. Conmutó las condenas a muerte, pero la gran mayoría de los condenados estuvo mucho tiempo en la cárcel. Los últimos salieron al exilio en 1978. "Disparen a la bandada" es un libro escrito sin grandilocuencia, como "desde adentro", desde las vicisitudes y vivencias personales que se van entrelazando para entregar una apasionante visión panorámica. En esta obra notable, Fernando Villagrán muestra habilidad narrativa y rigor conceptual. Al mismo tiempo, un neto compromiso con una verdad abrumadora negada hasta hoy

por HERNAN SOTO

«Fui violada, me ponían corriente, me quemaron con cigarrillos, me hacían ‘chupones’, me pusieron ratas. Creo que estuve en Venda Sexy (recinto secreto de la DINA), me amarraron a una camilla donde unos perros amaestrados me violaron. Estaba siempre con scotch, después una venda y después una capucha. Se reían, nos ofrecían comida y nos daban cáscaras de naranjas. Nos despertaban de noche para perder la noción del tiempo».
(Testimonio de una niña de 16 años, secuestrada en la Región Metropolitana, quien luego fue expulsada del país sin su familia.)

El horror se hizo presente para todos los chilenos. Algunos seguirán diciendo que es mentira, que a los sobrevivientes «les pagaron para hablar contra las Fuerzas Armadas», o por último que «se lo merecían». Pero el país ya supo la verdad y hasta una modelo-animadora quiere «saber los nombres de los torturadores». Esa es la idea de este especial: entregar una parte de la verdad que no tiene por qué esperar 50 años para ser conocida.
Esa es una de las tantas críticas que se hace al Informe sobre Prisión Política y Tortura presentado por Ricardo Lagos, en la noche del domingo 28 de noviembre, a través de un discurso pregrabado para la cadena nacional transmitida antes de comenzar los espacios noticiosos de los canales de televisión. Solo, sin víctimas ni familiares a los que mirar a los ojos, el Presidente de la República cumplía con el ritual de informar a sus conciudadanos. No hubo entrega simbólica del texto, no hubo posibilidad de consultar nada, no hubo reconocimiento de los motivos que llevaron a tantos hombres y mujeres a torturar a sus compatriotas, no hubo crítica certera, no hubo nombres de víctimas ni de victimarios, no se entregaron los antecedentes a la Justicia, como se había hecho luego del Informe Rettig y hasta de la Mesa de Diálogo.

Reacciones desde el odio
Senadores designados y ex uniformados reaccionaron descartando participación en los delitos. El ex almirante Jorge Martínez Bush exigió un «punto final» para terminar con las «mentiras» contra su institución. El otro ex almirante, Jorge Arancibia, negó rotundamente la posibilidad de «dar de baja» a La Esmeralda, «que sólo puede ser dada de baja en combate» y amenazó: «Yo no puedo comprometerme, ni nadie puede hacerlo, a que algo no ocurra nunca más si no sé qué lo origina». Muchos insistieron en la tesis de Hermógenes Pérez de Arce sobre los infundios sin base contra los uniformados y el «gobierno militar», repetidos en boca de los generales y almirantes en retiro.
El senador designado y ex comandante en jefe de la FACH Ramón Vega apoyó la declaración oficial de su institución y agregó que: «las consecuencias hoy día las estamos lamentando y las estamos investigando, pero una planificación de tortura yo por lo menos jamás la escuché, nunca se analizó, ni en la Academia de Guerra ni en la Escuela de Aviación ni en ninguna escuela de instrucción se escuchó nunca la palabra tortura».

Los senadores Rodolfo Stange y Fernando Cordero, ex generales directores de Carabineros, no aceptaron responsabilidad institucional en las torturas y aseguraron que «no hay motivos para que la policía uniformada pida perdón».

Stange criticó el informe sobre tortura «porque raya en lo inconstitucional, poniendo en tela de juicio a las instituciones y no a las personas. Yo participé en la junta de gobierno, pero no hago un mea culpa porque no me siento responsable de ninguna situación extrema como se está indicando en la comisión del obispo Valech», señaló.
Cordero, por su parte, dijo que habría que «completar la tercera pata de la mesa, porque en este minuto la mesa está coja, hay que hacer el mea culpa por lo que se produjo antes del 11 de septiembre del 73, que fue el causante de todas las situaciones que se produjeron con posterioridad».

El actual Director General, Alberto Cienfuegos, también se mostró lejano a la posibilidad de pedir perdón o asumir institucionalmente la responsabilidad, aunque debería responder sobre cuál fue su función, desde el 25 de marzo de 1974, cuando como teniente fue nombrado en comisión de servicio para desempeñarse como Jefe de la Oficina de Informaciones de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, recordada por mucha gente por su sigla: SENDET.

La UDI, Renovación Nacional y Lavín, apostaron por bajarle el perfil, por mostrarse en profunda conmoción, asegurando incluso que su participación en la dictadura era, justamente, para evitar que se cometieran más atropellos y abrir camino a la democracia. Nadie les creyó. Sergio Fernández continuó tratando de descartar su participación en las violaciones a los derechos humanos, pero su compañera de gabinete Mónica Madariaga aseguró que en los centros clandestinos de tortura los agentes lo conocían como «el car’e jote». Pronto deberá iniciar continuas visitas a tribunales, junto a Sergio Onofre Jarpa, Sergio Diez, Ambrosio Rodríguez, entre tantos, para responder a tanta interrogante que surge sobre sus responsabilidades como autoridades civiles. Una nueva avalancha de querellas por torturas, como las que ya han presentado cientos de ex presos políticos, se anuncia tras la entrega del informe. Fernández Fernández deberá responder, por ejemplo, por que negó a la Justicia la existencia de Villa Grimaldi, como lo demuestra el oficio reservado en que responde el 18 de mayo de 1978 a la pregunta del Tercer Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago.

Exigencias desde las organizaciones
La conjunción de organizaciones de ex presos políticos reaccionó al unísono (ver página 2), las agrupaciones de familiares de las víctimas se sumaron a la denuncia. El Partido Comunista anunció nuevas querellas y agregó que «la principal reparación que esperaba el país es la que dice relación con que ésta fuera proporcional al daño causado. Esto implica verdad y justicia plena para todas las víctimas. Demandamos que en aras de esos principios, el Informe se haga público en su totalidad; que los nombres de los torturadores sean entregados a los tribunales de justicia y se inicien todos los procesos judiciales que se requieran; que sus archivos sean desclasificados en forma inmediata y no en 50 años; que sean removidos inmediatamente de las fuerzas armadas y policiales todos los responsables de torturas y vejámenes; que se termine con la doctrina militar cuya matriz es instaurada por el imperialismo norteamericano, y en la cual son y han sido instruidos sistemáticamente los cuadros militares y policiales chilenos, para reprimir a su propio pueblo».

El tema de la reparación monetaria no fue el centro de la polémica, excepto por el intento de Ricardo Lagos de chantajear a los torturados con la amenaza de tener que sacar dineros de los programas sociales para cancelarles la indemnización.

Desde el CODEPU se hizo otra exigencia: «Así como se van abrir nuevos plazos para reconsiderar la calidad de víctimas de las personas que no calificaron, planteamos que por tratarse de un crimen de lesa humanidad no puede existir un plazo excluyente para la calificación. En este sentido, el Estado debe abrir un nuevo plazo, para nuevas presentaciones de personas que por diversas razones no concurrieron al llamado inicial, más cuando el propio Informe señala que los testimonios recogidos ‘sólo representan una muestra parcial del universo total de personas afectadas por dichas violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar'».

Así, ni el mea culpa que intentaron hacer algunos medios de comunicación, como Canal 13, o el «asombro» de algunos funcionarios de la dictadura como Jorge Hevia, han logrado sacar del centro el tema principal: en Chile se torturó. La tortura fue sistemática y organizada, apoyada con toda la infraestructura del Estado convertido en terrorista; cientos de hombres y mujeres fueron adiestrados para someter a las más terribles vejaciones a otros hombres y mujeres. El uso de ratas y perros para agredir sexualmente a los prisioneros, la electricidad en los rincones más delicados de sus cuerpos, los simulacros de fusilamiento, la abstinencia de comida por largos períodos y muchas otra aberraciones, fueron cometidas en contra de quienes consideraban «enemigos», «humanoides» en el decir de uno de los integrantes de la Junta Militar. Lo otro que ha sido claro es que los sobrevivientes han tenido el coraje y la dignidad para relatar lo que sufrieron, para transformarlo en esperanza y ganas de seguir insistiendo en la necesidad de transformar este país, para continuar luchando por hacer realidad los sueños de aquellos que no pudieron acudir a dar su testimonio: los ejecutados y detenidos desaparecidos.

DINA: La mano de Pinochet
«Siempre cumplí (…) conforme a las órdenes que el señor Presidente de la República me daba. Solamente él, como Autoridad Superior de la DINA, podía disponer y ordenar las misiones que se ejecutaran y siempre, en mi calidad de Delegado del Presidente y Director Ejecutivo de la DINA, cumplí estrictamente lo que se me ordenó».
(Manuel Contreras Sepúlveda, director de la DINA).

En los procesos contra la DINA, mirando la lista de encausados y condenados, pareciera que los únicos que la conformaron eran unos pocos mandos encabezados por su director Juan Manuel Contreras Sepúlveda, de alias «Mamo» y «Mojón». Siempre aparecen Pedro Octavio Espinoza Bravo, alias «Don Rodrigo»; Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, alias «Don Elías» y «Luis Gutiérrez»; Miguel Krassnoff Martchenko, alias «caballo loco»; y los operativos Gerardo Godoy García, Basclay Zapata Reyes y Osvaldo Romo Mena. Pero los torturadores fueron muchos más.

Brigada Caupolicán
Mayor Marcelo Luis Manuel Moren Brito, jefe de Brigada Caupolicán. Alias «coronta», «ronco» y «oso».

Teniente Coronel Vianel Valdivieso Cervantes, alias «Víctor». Jefe del Departamento de Operaciones Psicológicas. Mantenía contacto con los periodistas que ejercían servicios para la DINA, como Roberto Araya, Julio López Blanco, Claudio Sánchez, Pablo Honorato, Ricardo Coya y Beatriz Undurraga, y el publicista Manfredo Mayol. Pasó a retiro en 1987 y se instaló en Temuco con una empresa privada.

Capitán de Corbeta Sergio José Peñaloza Marusic, agente operativo.

Capitán de Corbeta Alejandro Paulino Campos Rehbein, alias «Antolín». C.I. 3.704.573-K. Agente operativo. Luego se integra a la Subdirección de Inteligencia Exterior.

Capitán Francisco Maximiliano Ferrer Lima. Alias «Max Lenoux». Jefe del centro clandestino de torturas conocido como José Domingo Cañas, reemplazando a Ciro Torré. Socio de «Pedro Diet Lobos» e instructor de la Escuela Nacional de Inteligencia impartiendo los cursos de «servicio secreto y observación». Continuó su labor en la CNI y se mantuvo en servicio activo, al menos, hasta principios de los 90 con el grado de coronel.

Teniente Fernando Eduardo Laureani Maturana, alias «teniente Pablo». Agente Brigada Caupolicán y jefe del grupo Aguila, conocido como «los guatones». Hasta principios de los 90 continuaba en servicio activo, con el grado de coronel, como Jefe de Estado Mayor de la 3ª División de Ejército en Concepción.

Teniente de Carabineros Jaime Gustavo López Abarca, agente de Londres 38 y Cuatro Alamos. C.I. 1.822.793-2. Involucrado en la desaparición de María Cecilia Labrín Sazo.

Cabo de Carabineros Emilio Hernán Troncoso Vivallos. C.I. 4.236.940-3. Involucrado en las desapariciones de Juan Bautista y Washington Maturana Pérez, Mario Juica Vega, Gabriel Castillo y Daniel Palma Robledo.

Cabo de Carabineros Heriberto del Carmen Acevedo Acevedo.

Teniente de Ejército Jorge Claudio Andrade Gómez, C.I. 5.293.833-3. En los primeros días del golpe participa en la masacre del complejo maderero Panguipulli. Actúa bajo el mando directo de Krassnoff en el cuartel Terranova (Villa Grimaldi). En agosto de 1979, ya en la CNI, participó en la aplicación de las torturas que causaron la muerte del profesor Federico Alvarez Santibáñez. En 1991 era mayor en la Guarnición General Metropolitana y miembro del DINE.

Cabo de Carabineros José Aravena Ruiz, alias «muñeca del diablo» y «cucharita», este último sobrenombre se lo pusieron los prisioneros pues acostumbraba golpearles los nudillos de las manos con una cuchara después de la tortura. Fue funado en diciembre de 1999 en su casa de Alfonso Leng 5569-0, en la Villa Santa Elena de Macul, sitio que abandonó poco después.

Conscripto del Ejército Samuel Enrique Fuenzalida Devia, alias «gato».

Emilio Iribarren Ledermann, alias «Joel». Pasó de militante del MIR a ser agente de la DINA.

Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias «Barba». Pasó de militante del MIR a ser agente, primero del Comando Conjunto y luego de la DINA. Por estos días está siendo procesado en varios casos de torturas y desapariciones.

Capitán de Carabineros Egladio Salgado Torres, agente destinado al Cuartel General de Belgrano, pero también con funciones operativas en secuestros y torturas en Villa Grimaldi. En 1980 retornó a su institución, integrándose a la DICAR. Pasó a retiro con el grado de coronel.

Sergio Bernardino Ortega Parada, alias «gil culiao».
Capitán de corbeta Sergio José Peñaloza Marusic. C.I. 4.782.486-9. Agente operativo de la DINA hasta su disolución.

Cabo de Carabineros José Avelino Yévenes Vergara, alias «Quico» o «Daniel Cáceres». Integrante del grupo Halcón II, con labores de torturador en Londres 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi. Al finalizar la DINA pasó a la CNI y luego al DINE. Fue funado en su casa de Calle B 5266, Villa San Luis de Macul, comuna de Peñalolén.

Brigada Purén
Capitán de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena, Jefe de Brigada Purén. C.I. 5.454.077-1. El 11 de septiembre se desempeñaba en la Escuela de Infantería de San Bernardo participando en las ejecuciones y desapariciones Paine y Cerro Chena. Continuó su labor en la CNI. Tras el fin de la dictadura se radicó en Talca, donde tiene una empresa que provee de forraje y granos al Ejército.

Coronel de Ejército Manuel Andrés Carevic Cubillos, alias «Raúl» y «Claudio». Segundo en el mando de la Brigada Purén. Continuó su labor en la CNI y, en 1989, fue designado Jefe de Plaza en el distrito de La Pintana, Puente Alto, Pirque y San José de Maipú. Hasta principios de los 90 formó parte del DINE con el grado de coronel.

Mayor de Carabineros Eduardo Víctor Espinoza Paiella. C.I. 3.662.969-K. Agente del Departamento Economía. Pasó a retiro junto con Manuel Contreras.

Capitán Carabineros Germán Jorge Barriga Muñoz, alias «Don Jaime». C.I. 5.060.938-3. Integrante de la Brigada Purén y luego de la CNI. Con el grado de coronel, Barriga cumplía en 1991 funciones en la Dirección Nacional de Movilización. Fue funado en su domicilio de Irarrázaval 2061, departamento 105, lugar que abandonó presurosamente. Hoy es jefe de seguridad de los supermercados Lider.

Teniente Manuel Abraham Vásquez Chahuán, alias «teniente Manuel». C.I. 5.090.309-K. Responsable en las desapariciones y ejecuciones de Paine y Cerro Chena. Continuó en la CNI y en 1989 fue designado comandante del Batallón Logístico de Concepción.

Cabo de Ejército Basclay Humberto Zapata Reyes, alias «el troglo». Con fama de ser muy cruel en las torturas y violar a las mujeres detenidas. Procesado por múltiples casos de desaparición, ejecuciones y torturas. Hasta principios de los 90 se mantuvo como instructor en la Escuela de Suboficiales «Daniel Rebolledo» y con labores operativas en el DINE.

Oficial de Carabineros Gerardo Urrich González, alias «mano negra». Instructor en Tejas Verdes. Responsable de una serie de ejecuciones en el sector conocido como Barrancas, hoy mayoritariamente comuna de Pudahuel. Fue funado en su oficina de «Servicios de Seguridad Alcázar», ubicada en Ahumada 236, oficina 408.

Teniente de Ejército Manuel Jorge Provis Carrasco. Como integrante de la Escuela de Infantería de San Bernardo participó en los crímenes de Paine y Cerro Chena. Continuó en tareas represivas y fue comandante del cuartel de la CNI de calle Borgoño, participando en la Operación Albania. A fines de 1989 regresa de un viaje profesional que hace a Israel. Hasta 1991 era teniente coronel en la Brigada de inteligencia del Ejército.

Teniente de Ejército Marco Antonio Sáez Saavedra. C.I. 5.795.624-0. Especialista en la represión al Partido Comunista y Partido Socialista. En 1991 era teniente coronel y desempeñaba sus labores en la Dirección de Operaciones del Ejército. Cuñado del mayor de la CNI Joaquín Molina, asesinado por Manuel Contreras Valdebenito.

Teniente de Ejército Manuel Rolando Mosqueira Jarpa.

Detective Manuel Gregorio Chirinos Ramírez.

Detective Jorge Lander Cabezas.

Detective Francisco Aladino Caamaño Díaz.

Detective Arturo Patricio Vargas Cid.

Inspector de Investigaciones Juan Saldías Valdés, alias «Harry el sucio».

Inspector de Investigaciones Risiere del Prado Altes España, alias «Pedro».

Otros mandos y agentes
Teniente Coronel de Ejército Jerónimo Luzberto Pantoja Hernández, Subdirector de la DINA y la CNI. C.I. 2.095.044-7. Responsable de la masacre de Chihuío como vicecomandante del Regimiento Maturana de Valdivia. En 1990 fue arrestado por su participación en la financiera ilegal conocida como «La Cutufa».

Teniente Coronel de Ejército Alberto Elissalde Muller, Encargado Departamento de Economía. C.I. 3.118.465-7. Como encargado de la Subdirección de Personal paga los salarios de los agentes a través de las empresas de fachada «Villar y Reyes» y «Elissalde y Poblete». Al menos hasta fines de los 90 vivió en uno de sus extensos predios en la zona sur del país.

Mayor Carlos Rafael Parera Silva, Alias «Luis Gutiérrez», C.I. 3.090.193-2. Jefe Departamento Exterior (sucesor de Iturriaga Neumann). En 1973 era Segundo Comandante de Boinas Negras en Peldehue. Cuando se disolvió la DINA se reincorporó al Ejercito y fue destinado como Comandante del Regimiento Dolores, Director de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, y en 1985 agregado militar en Francia. En el gobierno de Patricio Aylwin fue Agregado Militar en la embajada chilena en Sudáfrica.

Andrés Terrise Castro. Agente del Departamento de Operaciones Sicológicas, donde cumplía funciones de encubrimiento de crímenes y preparación de campañas de propaganda. Continuó en la CNI y el DINE como agente civil. Hoy aparece como empresario de una firma de publicidad con sede en la Ciudad Empresarial de Huechuraba.

Mayor Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, jefe de Villa Grimaldi. C.I. 3.870.222-K. Era el jefe y amante de Luz Arce. En 1985 fue agregado militar en la República Federal Alemana, pasando a retiro en 1987 para irse al sur, donde muchos altos jerarcas de la DINA tienen extensas zonas de tierra.

Mayor Julio Cerda Carrasco, Jefe de Seguridad del Cuartel Central (Belgrano). Responsable de desapariciones y ejecuciones en el Cerro Chena. Pasó a retiro en diciembre de 2002 como Comandante en Jefe de la IV División del Ejército.

Capitán de Ejército Eugenio Armando Videla Valdebenito, agente operativo. C.I. 4.209.466-8. Participó en los cursos de Tejas Verdes antes de pertenecer a la DINA. Fue director de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes y gobernador de San Antonio. En servicio activo hasta principios de los 90, llegó a integrar el Estado Mayor del Ejército.

Teniente de Ejército Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, C.I. 3.704.546-2. Agente Departamento Exterior. En 1973 se desempeñaba en el comando de aviación y fue uno de los pilotos que acompaño al sur y norte del país al General Arellano Stark, en la «Caravana de la Muerte». El año 1974 pasó a formar parte de la DINA. Funado en su domicilio en Avenida El Bosque Norte y su trabajo en la empresa minera Kvaerner-Chile, de origen holandés.

Teniente Ricardo Víctor Lawrence Mires, 5.392.869-2, Jefe Brigada Halcón 1. Alias «cachete grande». Procesado por numerosos casos de secuestros, ejecuciones y torturas, entre ellos la desaparición de María Cecilia Labrín Sazo que se encontraba en avanzado estado de embarazo. Fue funado en Tabancura 1382, su lugar de trabajo en la distribuidora de camarones «Kamaron Bay», donde usa el alias de «Ricardo Flores» en su contacto con dueños de numerosos restaurantes de Santiago.

Teniente de Carabineros Emilio Patricio Sajuria Alvear, socio de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos. C.I. 5.122.525-2. Funado en Telefónica, donde se desempeñaba en su Departamento Jurídico. Hoy ejerce como abogado de empresas turísticas.

Subteniente de Carabineros Gerardo Ernesto Godoy García, Jefe Grupo de Apoyo Tucán y Jefe de la Venda Sexy. Alias «cachete chico». Hasta marzo de 1991, con el grado de mayor, era jefe de la comisaría de Ancud. Después de esa fecha fue trasladado a Santiago. Hoy condenado por el secuestro de Miguel Angel Sandoval, debiendo ser trasladado a Punta Peuco II, aunque aún se le ve por su casa de La Reina.

Oficial de Carabineros Gerardo Alejandro Aravena Longa, agente operativo. C.I. 4.567.685-4. Involucrado en la ejecución de cinco prisioneros políticos en Cuesta Barriga y en la desaparición de José Guillermo Barrera. Al terminar la DINA pasó a la CNI y en 1985 volvió a Carabineros, pasando a retiro como comandante. Hoy es Gerente General de Radio Santiago.

Oficial de Ejército Mario Alejandro Jara Seguel. C.I. 3.319.824-8. Jefe del cuartel de la DINA en la IV Región, con asiento en Coquimbo. En otro momento estuvo al mando de la brigada que operaba en Rocas de Santo Domingo. Amigo personal de Manuel Contreras. Adquirió una parcela entre Coquimbo y La Serena en la que viviría con su ex secretaria, de nombre Nancy.

Comando Conjunto
El terrorismo desde la FACH
El denominado Comando Conjunto (CC) fue una agrupación de inteligencia que operó aproximadamente entre fines de 1975 y 1976, y cuyo objetivo principal fue la represión a la denominada Fuerza Central del MIR, y a los comités centrales del Partido y las Juventudes Comunistas. Durante este período, según el Informe Rettig, fue responsable de la desaparición de cerca de 30 personas. Otras fuentes hablan de más de 70.
El CC estaba formado principalmente por agentes pertenecientes a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) y más tarde con una participación importante de efectivos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR). Contó también, en menor medida, con la participación de agentes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y con algunos efectivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Además, colaboraron en ese Comando miembros de la Policía de Investigaciones de Chile y civiles provenientes del grupo de extrema derecha Patria y Libertad.

Los inicios en la AGA
Testigos que sobrevivieron a las torturas de la Academia de Guerra Aérea recuerdan como sus torturadores, entre otros, a los generales Orlando Gutiérrez Bravo y Juan Soler Manfredini; los comandantes Sergio Lizasoaín Mitrano, Edgar Cevallos Jones, Jaime Lavín Fariña, Carlos Godoy Avendaño, Juan Bautista González, Ramón Cáceres Jorquera y Humberto Velásquez Estay; el coronel y médico FACH Humberto Berg Fontecilla; los coroneles Sergio Sanhueza López y Javier Lopetegui Torres; los capitanes León Duffey Treskoff (quien llegó hasta general al interior de la FACH), Alberto Waschtendorf, Juan Carlos Sandoval, Alvaro Gutiérrez (residiendo actualmente en Melipilla), Jaime Lemus, Víctor Mattig Guzmán, Florencio Dublé, Contreras y Hernán Fucshlogher (jefe de guardia permanente); el abogado Julio Tapia Falk (cerebro del consejo de guerra y asesor principal del general Leigh. Rector designado en la U. de Chile, abogado de Manuel Contreras cuando intentó refugiarse en el Hospital Naval de Talcahuano y, últimamente, querellante en contra de la obra «Arturo Prat». Trabaja en su estudio privado de abogado en la comuna de Providencia, en calle Santa Magdalena), los asesores legales Cristián Rodríguez, Jaime Cruzat Corvera (que tiene su oficina en pleno Paseo Huérfanos) y Víctor Barahona; los tenientes Juan Carlos Sandoval, Luis Campos, José García Huidobro, Franklin Bello y Gonzalo Pérez Canto; el sargento Hugo «chuncho» Lizana, el suboficial Juan Normabuena, el cabo Eduardo Cartagena y el cabo 2º Gabriel Cortés (que se cambió el nombre).

por Julio Oliva García

El profesional se desempeñó como coronel (J) en esa institución castrense y ejerció la rectoría de la Universidad de Chile, como designado, en la década de 1970.

Este jueves se informó el fallecimiento del abogado Julio Tapia Falk, quien se desempeñó como rector designado de la Universidad de Chile entre 1975 y 1976. El profesional integró la Fuerza Aérea de Chile (FACh), donde tenía el rango de coronel (J), y fue asesor de la Junta Militar y de quien fuera Comandante en Jefe de la institución aérea, Gustavo Leigh.

Tapia Falk también fue representante legal del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, en el período en el que el militar se refugió en el Hospital Naval de Talcahuano en los '90.

En 2002, el abogado presentó un recurso de protección contra la obra teatral "Prat", por considerarla deshonrosa para la memoria del héroe de Iquique.

Sus familiares informaron que los funerales de Julio Tapia Falk se llevarán a cabo este jueves en el Cementerio General, luego de una misa que se realizará en la iglesia Santa María de Las Condes a las 12:00 horas.