El magistrado procesó al desaforado senador vitalicio en calidad de co-autor intelectual del delito de secuestro calificado seguido de homicidio en los casos en que las víctimas no han sido halladas, y por homicidio en el caso de los cuerpos que se han encontrado, lo que hace un total de 74 casos. En una resolución absolutamente inesperada, el ministro de fuero, Juan Guzmán Tapia, notificó a la defensa del general (R) Augusto Pinochet que lo sometió a proceso en calidad de co-autor intelectual de delitos vinculados a la Caravana de la Muerte.
Tras esta decisión es muy difícil que a Guzmán se le quite el caso Pinochet, porque ello sería visto como una presión por sus decisiones judiciales. Otros análisis estiman que "la derecha estiró demasiado la cuerda". La resolución del magistrado, además, amplía estos cargos al ex brigadier Pedro Espinoza; al coronel (R) Marcelo Moren Brito; al general (R) Sergio Arellano Stark y al coronel (R) Sergio Arredondo. Para tomar su decisión, el magistrado debe haber considerado como declaración indagatoria los exhortos que envió a Londres, cuando Pinochet estaba detenido.

Finalmente, Augusto Pinochet presentó su renuncia a la Cámara Alta, a través de una carta entregada por el cardenal Francisco Javier Errázuriz al presidente de la corporación, Andrés Zaldívar.

Aún no se conoce el contenido del documento que llegó hasta el escritorio del titular de la Cámara Alta. Sólo se sabe que éste tiene dos páginas y que explicita que Pinochet renuncia a su calidad de senador vitalicio porque su estado anímico y de salud ya no le permite ejercer esta función.

El Gobierno, a través del ministro Heraldo Muñoz y del propio Presidente Lagos, manifestaron su conformidad con la decisión del general (r).

En un fallo inesperado, por 14 votos contra 9 el Pleno de la Corte de Apelaciones resolvió esta mañana acoger la solicitud de desafuero del ex Comandante en Jefe del Ejército Augusto Pinochet Ugarte, por su vinculación con la denominada Operación Cóndor.

Con la resolución de hoy, el ex gobernante podría ser procesado por su responsabilidad en la desaparición de centenares de víctimas en el marco del mencionado operativo.

El ministro de fuero Juan Guzmán Tapia sometió a proceso al general (R) Augusto Pinochet Ugarte por nueve secuestros calificados y un homicidio calificado perpetrados en el marco de la Operación Cóndor, como fue conocida la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur de América Latina para eliminar a sus opositores a fines de los setenta y principio de los ochenta.

Ésta es la primera vez que se dicta un procesamiento en toda Sudeamérica en contra de uno de los autores de esta coordinación, en la que también estuvieron involucrados los gobiernos de Uruguay, Argentina, entre otros.

Después de ordenar la realización de exámenes médicos y reunirse en varias oportunidades con los tres peritos a cargo de las diligencias, el magistrado estimó que existen antecedentes respecto a que el ex militar tuvo algún grado de responsabilidad en la desaparición y muerte de ciudadanos chilenos.

La resolución del magistrado se encuentra consignada en dos partes. En la primera, explica que el ex militar no se encuentra demente y, por tanto, puede enfrentar un juicio de reproche, y en la segunda lo somete a proceso.

El juez decretó arresto domiciliario contra el ex militar, el que probablemente se concretará en su residencia de La Dehesa, y anticipó que lo notificará a la brevedad.

Consultado por la dificultad de tomar esta resolución, el magistrado comentó que "cuando estudié bien todas las declaraciones, todos los elementos de juicio que tenía a la vista y las percepciones personales que yo tuve de él no fue difícil, fue bastante fácil".

El juez citó como los principales fundamentos de su determinación, entre otras características de Pinochet, "su coherencia, la comprensión de las preguntas y las respuestas atinadas", tras lo cual negó que el procesamiento responde a la difusión del informe sobre prisión política y tortura.

Actualmente, Pinochet también se encuentra privado de su fuero como ex gobernante por la responsabilidad que le puede caber en el atentado que en 1974 le costó la vida al general Carlos Prats y a la esposa de éste, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires, aunque la determinación aún debe ser ratificada por la Corte Suprema.

Asimismo, es investigado por el ministro de fuero Sergio Muñoz por las millonarias cuentas detectadas a su nombre en el Banco Riggs de Estados Unidos, avaluadas entre US$4 millones y US$ 8 millones. En este proceso, se indaga si el origen del dinero es lícito y la evasión tributaria en la que habría incurrido al no pagar los impuestos respectivos por los depósitos.

La defensa del general en retiro Augusto Pinochet Ugarte formalizó la presentación de un recurso de amparo a favor del ex uniformado, con lo que paralizaron, por el momento, el arresto domiciliario decretado en su contra luego que fuera procesado en el marco de la Operación Cóndor.

La orden de detención fue dictada por el ministro de fuero Juan Guzmán, quien estimó que Pinochet se encuentra "apto mentalmente" para enfrentar un proceso por su presunta responsabilidad en nueve secuestros permanentes y un homicidio calificado perpetrados durante esa coordinación represiva.

Sin embargo, con el escrito presentado por la defensa del ex militar la orden de arresto quedó congelada hasta que la Corte de Apelaciones de Santiago tome una decisión al respecto, aunque el proceso en contra de Pinochet sigue su curso.

El ministro Guzmán admitió que antes de decretar la detención domiciliaria de Pinochet, debe esperar la resolución que adopte el tribunal de alzada capitalino.

En tanto, el abogado Eduardo Contreras, querellante del ex militar, precisó que el escrito no tiene ninguna influencia respecto al procesamiento dictado por el magistrado.

"Esto no tiene ninguna repercusión respecto al procesamiento, salvo que el recurso de amparo lo ganara la defensa de Pinochet. A la luz de los antecedentes que hay, teniendo en cuenta que previamente hubo dos pronunciamientos de desafuero, es imposible absolutamente que sea revocado el fallo del juez Guzmán", señaló.

Fijan domicilio en Los Boldos

El magistrado también visó la presentación de la Auditoría General del Ejército, que fijó en la Parcela de Los Boldos el domicilio del general (R) Pinochet.

Guzmán tenía previsto notificar de esa resolución al ex militar en la residencia que éste tiene en La Dehesa, por lo que ahora deberá desplazarse a la finca ubicada en las cercanías de Bucalemu, Quinta Región.

Luego del rechazo de la Corte Suprema a desaforar a Augusto Pinochet, el ministro Alejandro Solís optó por dictar el sobreseimiento definitivo del ex dictador en el caso por el doble homicidio del general (r) Carlos Prats, y su esposa Sofía Cuthbert.

Con la medida el juez cumplió con lo dispuesto por el máximo tribunal que en la práctica al negar el desafuero le impidió seguir investigando la responsabilidad de Pinochet.

El 24 de marzo, el pleno de la Corte Suprema rechazó desaforar a Pinochet, argumentando razones formales, fundamentalmente la existencia de un pronunciamiento anterior. Solís mantiene procesada a toda la plana mayor de la DINA.

El dictador Augusto Pinochet falleció este domingo a los 91 años de edad en el Hospital Militar de Santiago, donde se encontraba ingresado desde hace una semana, cuando sufrió un infarto de miocardio que a punto estuvo de costarle la vida. Pinochet rigió con mano de hierro los destinos de Chile entre 1973 y 1990, encabezando una dictadura que eliminó y reprimió a miles de opositores. La Justicia chilena estaba en proceso de encausar al general por algunos de los crímenes cometidos por el Gobierno militar que dirigió.

"El hospital Militar de Santiago comunica el sensible fallecimiento del ex presidente de la República y ex comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet Ugarte", es el texto de un escueto comunicado emitido por el Hospital Militar. "A las 13:30 horas (17.30 en España) el paciente sufrió una inesperada y grave compensación que obligó a su traslado en estado crítico a la Unidad de Cuidados Intensivos donde se aplicaron todas las medidas médicas de resucitación no lográndose la respuesta médica positiva falleciendo a las 14.15 horas", dice el comunicado. El cadáver de Pinochet será trasladado esta tarde (medianoche en España) a la Escuela Militar de Santiago, donde se instalará la capilla ardiente durante al menos 48 horas, según han informado fuentes castrenses. Durante su convalecencia tras el infarto, el Gobierno de Michelle Bachelet ya adelantó que no se le rendirían honores de Estado.

Sin honores de Estado

Las exequias del dictador serán el próximo martes, según ha informado el Ejército chileno, mientras el Gobierno ha confirmado que no tendrá honores de Estado. "El día martes 12 de diciembre a las 12.00 horas [las cuatro de la tarde en España] se realizará en la Escuela Militar una misa exequial y al término de ésta se efectuarán los honores fúnebres en el patio de honor del instituto", precisa el ejército en un comunicado. El Gobierno, en tanto, ha dicho que no habrá honores de Estado para Pinochet y que sólo la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, representará al Ejecutivo en la misa.

Al término de una reunión de la presidenta, Michelle Bachelet, con el comité político de ministros, el portavoz gubernamental, Ricardo Lagos Weber, indicó que no obstante se ha autorizado izar la bandera a media asta en los recintos del Ejército y unidades militares del país. Lagos Weber indicó que los restos de Pinochet serán cremados y sus cenizas se entregarán a sus familiares.

El cadáver de Augusto Pinochet ha sido trasladado esta madrugada a la Escuela Militar, donde será velado hasta el martes con los honores que el reglamento del Ejército establece para sus ex comandantes en jefe. El traslado del féretro se concretó a las 05.00 hora española, varias horas después de lo anunciado como medida de seguridad, dijo la policía, debido a los hechos de violencia que se desataron en el centro y otros sectores al caer la tarde y el comienzo de la noche. Incluso, los aproximadamente 4.000 partidarios del ex dictador que se habían congregado frente a la Escuela Militar con velas encendidas y otros gestos de homenaje al ex general, habían disminuido en más de la mitad cuando finalmente se produjo el traslado, en medio de fuertes medidas de seguridad.

Disturbios en La Moneda

Las reacciones de los chilenos han sido inmediatas y de signo contrario. Las manifestaciones, en las que han participado unas 5000 personas sólo en la capital, se han saldado con decenas de detenidos,

según fuentes oficiales. Los detractores del dictador fallecido comenzaron con cánticos, pancartas y banderas en la Plaza de Armas, y muchos de los familiares de detenidos desaparecidos destaparon botellas de champaña. La Alameda Bernardo O'Higgins, la principal arteria que cruza la capital chilena se abarrotó de gente que celebraba la muerte de Pinochet. Al menos seis agentes de policía y un civil han resultado heridos y cuatro personas han sido detenidas en medio de los enfrentamientos que se registraron esta madrugada entre los detractores del dictador Augusto Pinochet y Carabineros en el parque de la Alameda de Santiago, frente al Palacio de La Moneda.

Los manifestantes comenzaron a concentrarse frente a La Moneda para celebrar la muerte del general. Después de que algunos sobrepasaran las barreras de contención dispuestas en la Plaza de la Ciudadanía, los carabineros intentaron controlarlos con gases lacrimógenos y caños de agua antidisturbios. Ante el aumento de los enfrentamientos, la Guardia Presidencial decidió cerrar la puerta del Palacio de La Moneda. Algunos de los manifestantes han arrancado semáforos y las barreras de la calle Alameda, mientras otros encapuchados lanzan piedras a los vehículos de la fuerza pública.

Por el contrario, frente al Hospital Militar donde se encontraba internado Pinochet, cientos de simpatizantes lloraban su fallecimiento portando fotografías del ex dictador y entonaban de vez en cuando el himno nacional. Algunos de sus partidarios reaccionaron con violencia contra de la prensa nacional y extranjera que cubre los acontecimientos a las puertas del Hospital.

Miles de crímenes

La muerte de Pinochet se ha producido antes de que pudiera responder ante la Justicia por los miles de crímenes cometidos por la dictadura que encabezó. Según estimaciones, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las que 1.192 permanecen como detenidas desaparecidas. Más de 28.000 opositores fueron torturados, según datos oficiales, y alrededor de 300.000 debieron exiliarse por razones políticas.

Actualmente, el ex dictador estaba siendo procesado por algunos de los crímenes de los que se le acusaba. De hecho, durante su convalecencia en el Hospital Militar le fue levantado un arresto domiciliario. La Caravana de la muerte, la Operación Cóndor o la Operación Colombo eran algunos de los nombres de las campañas de represión de opositores. El proceso judicial al dictador comenzó e octubre de 1998, cuando, por orden del juez español Baltasar Garzón, fue arrestado en Londres, donde pasó 17 meses. Los farragosos trámites legales no fructificaron con su entrega a España y Pinochet volvió finalmente a Chile por problemas de salud. No obstante, se abrió la puerta legal a su enjuiciamiento y la justicia chilena, con el juez Juan Guzmán a la cabeza comenzó a actuar.

Al momento de morir, Pinochet estaba procesado como presunto autor de secuestros (desapariciones), homicidios y torturas en al menos tres casos por violaciones a los derechos humanos, además de un caso de fraude al fisco y uso de pasaportes falsos en relación con el descubrimiento, en 2004, de numerosas cuentas secretas a su nombre en el Riggs Bank de EE UU y otros bancos del exterior, en las que acumuló una fortuna calculada hasta el momento en 26 millones de dólares. De acuerdo con las leyes chilenas, tras su muerte Pinochet deberá ser sobreseído en todas las causas que lo involucraban.

Las armas químicas que el dictador chileno Augusto Pinochet usó para envenenar a sus adversarios políticos se llamaban neurotoxinas botulínicas y fue el Gobierno de la dictadura militar brasileña quién se la proveyó.

El balance oficial de muertos durante los 17 años en que el dictador chileno estuvo en el poder (1973-1990) fue de 3.225 muertos y desaparecidos, además de los 37.000 presos políticos. Parte de esas muertes fueron provocadas por envenenamiento con el arma bioquímica llegada desde Brasil, un veneno mucho más fuerte que el cianuro. La neurotoxina botulínica produce intoxicación con parálisis y lleva a la muerte por asfixia.

Como es sabido, Brasil apoyó el golpe militar chileno de 1973. El entonces Gobierno militar de Brasilia ofreció plena ayuda a Pinochet, desde financiera a diplomática. Ambos Gobiernos dictatoriales continuaron socorriéndose mutuamente durante los años de la represión.

Lo que era menos conocido y que es indagado por los actuales Gobiernos democráticos de Brasil y Chile es la ayuda bioquímica que Brasil ofreció a Pinochet para poder eliminar con mayor eficacia a sus adversarios políticos, como informa el diario brasileño O Globo.

Para disimular el contrabando de la toxina obtenida en Brasil se usó como fachada el Instituto Bacteriológico chileno, hoy Instituto de Sanidad Pública (IPS). Ha sido la médica, Ingrid Heltmann Ghigliotto, exdirectora del IPS que estuvo presa durante el régimen militar, quien ha contado a la agencia DPA que encontró en los sótanos del instituto dos cajas con ampollas de toxinas botúlicas del Instituto Butantan de Sâo Paulo, que hubiesen sido suficientes para matar a la mitad de los habitantes de Santiago de Chile.

El Ministerio de Sanidad de Brasilia afirma que no posee registros de envíos al antiguo Instituto Bacteriológico de Santiago. A su vez, en Sâo Paulo, el Instituto Butantan dice que no le consta el envío de anatoxina botúlica a Chile en la década de los 70 a los 80.

Fue la CIA la primera que habría descubierto en 1978 el interés del dictador chileno por el uso de armas químicas como las que le llegaban desde Brasil para eliminar con mayor eficacia a sus adversarios.

Mientras comienza a identificarse a los chilenos involucrados en la historia, se desconocen aún los colaboradores en Brasil que ofrecieron a Pinochet la toxina mortífera. En este país están en curso los trabajos de la Comisión de la Verdad, creada por la presidenta Dilma Rousseff para esclarecer todos los crímenes perpetrados durante la dictadura militar que aún siguen ocultos o en el olvido. Podría ser una ocasión para conocer a ciencia cierta la verdad y la envergadura sobre estas informaciones que la justicia chilena está investigando.

En Argentina se lleva a cabo un juicio masivo contra los criminales de los Ejércitos de América del Sur que idearon el denominado Plan Cóndor, para exterminar a personas de pensamiento progresista. Los "inteligentes espías" dejaron todo tipo de huellas. El descuido dejó documentos que hablan de las invitaciones "secretas" de una reunión-seminario que se realizó en Chile y dieron origen al plan represivo que originó la mayor masacre de gente de izquierda del cono sur. Vea en exclusiva, la invitación de Manuel Contreras, ex jefe de la DINA a sus pares de la "inteligencia" de otros Ejércitos de América

Es el año 1975. Pinochet está al poder y la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) tiene mucho trabajo que hacer. Los grupos de izquierda intentan recuperarse en Chile luego de masivas detenciones, exilios y crímenes y la DINA intenta exterminarlos. ¿Cómo? El plan es aunar fuerzas con los líderes militares de las dictaduras del cono sur de América para acabar con la amenaza de estos grupos.

El director de la DINA de ese entonces, Manuel Contreras, es el encargado de contactar con los organismos de "inteligencia" de los países del sur para concertar una reunión en Santiago. Al encuentro asisten los jefes de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y, esporádicamente, Perú, Colombia, Venezuela, y Ecuador.

El encuentro "secreto" de "inteligencia" se realiza con éxito. Los jefes llegan al acuerdo de realizar una operación conjunta para acabar con la amenaza de movimientos de tendencia izquierdista. A ésta se le llama "Operación Cóndor", en honor al ave inmortalizada en el escudo nacional del país huésped.

Actualmente, son más de 100 personas cuyo rastro se perdió en operaciones de exterminio de los agentes de los organismos represivos y que son parte del actual juicio que se realiza en Argentina. Pero pueden ser más las víctimas de la operación. No fue hasta 1992 que fueron descubiertos en Paraguay los denominados "Archivos del terror", una serie de documentos que prueban la existencia de la sangrienta organización.

Resulta que la operación de Inteligencia "secreta" dejó detrás varios documentos que confirmaron su existencia y sus crímenes. Los documentos encontrados corresponden a cartas enviadas por Manuel Contreras en que invita a una reunión de trabajo de Inteligencia nacional, la que tenía "un carácter de estricto secreto" en Santiago.

¿Cómo se explica que los organismos de espionaje dejen huellas de su organización criminal o cómo es que se cite a una reunión secreta mediante una carta? Más que de inteligencia, la reunión organizativa revistió toques casi humorísticos, sino fuese por las trágicas consecuencias que trajo. Por ejemplo, hubo reuniones sociales de los participantes, fotografías, visitas a autoridades y encuentros semipúblicos. O sea los supuestos espias más top"s de América, dejaron todo tipo de huellas...

La tontera y la arrogancia: la explicación de la evidencia

El abogado de Derechos Humanos y director de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), Hiram Villagra, explica que esta actitud no fue al azar. El sentimiento de superioridad que compartían los agentes de Inteligencia, que actuaron con completa despreocupación.

"Ellos estaban seguros de la impunidad, y así actuaron de forma descubierta. Intercambiaron correspondencia", dice el abogado Villagra.

"La reunión Cóndor fue financiada por la DINA y significó un aparataje antisubversivo bastante importante", recuerda el abogado

El profesional profundiza en su tesis de arrogancia de los militares que incluso usaron entidades públicas para el envío de misivas a los países aliados para la formar la organización criminal. "Fue tan grosera que quien fuera gerente del Museo Aeronáutico, fue enviado a mandar carta a todos los jefes de los países para coordinar Cóndor".

Mientras, el abogado del PC, Eduardo Contreras, explica que entre los miembros de la Operación Cóndor, existía la sensación de permanencia eterna en el poder, siendo así, ¿quién los iba a detener?

"Cuando se produjeron los golpes de Estado, todos ellos empujados por EE.UU, tenían la sensación que por la violencia sus gobiernos iban a ser eternos. De alguna manera tuvieron razón, muchas de las acciones, instituciones nuevas y cambios que introdujeron en los pueblos se mantienen hasta hoy", dijo el abogado que se querelló contra Pinochet y logró su desafuero.

"Ese aire de prepotencia, venía por tener de su lado a los empresarios y a los medios de comunicación, los hacía presumir que podían hacer acta de todo lo que se les ocurría, porque nunca iban a ser descubiertos. La arrogancia de las dictaduras y los dictadores es enorme, pensaron que jamás iban a ser condenados o procesados", concluyó.

Se tiende a confundir que los archivos hoy conocidos son producto de los descuidos, que Inteligencia no funcionó como tal. Sin embargo, la situación fue distinta. Fue el emborrachamiento de poder lo que les jugó en contra. La sensación de invencibilidad fue su condena. Fueron esas pistas almacenadas las que lograron llevar a los dictadores y su secuaces al banquillo de los acusados.

Los fondos fueron transferidos a la cuenta corriente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) debido a que los herederos de Pinochet no los reclamaron dentro del plazo legal de seis meses. Cabe mencionar que estos fondos no formaron parte del decomiso ordenado por la Corte Suprema en 2018, que obligó a la familia Pinochet a traspasar al fisco US$ 1,6 millones, señalando que el general (r) había incurrido en conductas relacionadas con la sustracción de caudales públicos.

Tras casi dos décadas de intensas investigaciones y litigios, más de $3 mil millones de pesos chilenos, equivalentes a aproximadamente US$ 3.3 millones, que fueron incautados al dictador Augusto Pinochet Ugarte, en el marco del Caso Riggs, finalmente han quedado en manos del Poder Judicial de Chile. Según consignó El Mercurio, la larga batalla legal concluyó con la liquidación de tres depósitos a plazo que estaban en una entidad bancaria.

El caso Riggs, que se remonta a agosto de 2004, fue una investigación que se centró en el patrimonio del fallecido general y líder de la dictadura chilena Augusto Pinochet Ugarte. En 2018, la Corte Suprema ordenó el decomiso de una parte de los fondos relacionados con Pinochet, determinando que su familia debía traspasar al fisco un monto equivalente a US$ 1.6 millones, lo que en ese momento representaba poco más de mil millones de pesos chilenos.

La Sala Penal de la Corte Suprema también concluyó que los herederos de Pinochet eran “terceros responsables” en este caso y que el general (r) había incurrido en “conductas que importaron sustracción de caudales públicos”. Estas decisiones legales marcaron un hito en la lucha contra la impunidad en Chile y sentaron un precedente importante.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) fue el organismo que solicitó al ministro del tribunal de alzada capitalino, Guillermo de la Barra, poner a disposición de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) los fondos retenidos en el tribunal. El ministro De la Barra accedió a esta solicitud en el año 2020, basándose en el artículo 677 del Código de Procedimiento Penal chileno, que establece que los dineros puestos a disposición de los tribunales que no sean objeto de incautación ni reclamados dentro de los plazos señalados se girarán a la orden de la CAPJ para sus fines.

Sin embargo, la historia legal de estos fondos no terminó allí. La defensa de Lucía Hiriart, la fallecida viuda de Augusto Pinochet, interpuso un recurso argumentando que ella ya no era dueña de los bienes en comiso. El ministro De la Barra rechazó este recurso, y en diciembre de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó su decisión. La sentencia quedó ejecutoriada hace un año, pero la entrega de los fondos no pudo concretarse en agosto de 2022 debido a medidas precautorias impuestas por el 7º Juzgado Civil de Santiago, en respuesta a una demanda presentada por el CDE.

De acuerdo al matutino, estos recursos serán destinados a los fines de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).

En Antofagasta, la Quebrada El Way se erige como un trágico recordatorio de las atrocidades cometidas por la Caravana de la Muerte en 1973. Este sitio, donde catorce prisioneros políticos fueron ejecutados, simboliza la lucha por la memoria y la justicia frente a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar en Chile.

La Quebrada El Way, ubicada en Antofagasta, Chile, es un sitio de gran relevancia histórica y simbólica debido a las atrocidades cometidas durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. En la madrugada del 19 de octubre de 1973, catorce prisioneros políticos fueron brutalmente ejecutados en este lugar por la infame Caravana de la Muerte, una comitiva del ejército liderada por Sergio Arellano Stark. Este grupo recorrió el país de sur a norte entre el 30 de septiembre y el 22 de octubre de 1973, asesinando a 104 personas, dejando una profunda herida en la historia de Chile?, de acuerdo a los antecedentes históricos entregados por la Agrupación Providencia.

Antofagasta

El horror de la Caravana de la Muerte se manifestó en Antofagasta cuando, bajo órdenes directas de “acelerar procesos y uniformar criterios en la administración de la justicia”, se llevaron a cabo falsos consejos de guerra. Los prisioneros políticos, previamente encarcelados, fueron sacados de sus celdas y ejecutados sumariamente?.

Los catorce cuerpos fueron transportados a la morgue del Hospital Regional de Antofagasta, donde un gendarme llamado Octavio Sepúlveda fue testigo de las horribles condiciones en las que se encontraban. Los cuerpos presentaban graves lesiones de bala, al punto de ser casi irreconocibles. Esta brutalidad dejó una marca imborrable en la comunidad local?.

El papel de la prensa y la manipulación de la información

La prensa local, controlada por el régimen, reportó los asesinatos como una acción contra el “activismo político y la conspiración terrorista”, justificando así las ejecuciones ante la opinión pública. Los certificados de defunción fueron manipulados por órdenes militares para encubrir la causa real de las muertes.

Memoria y Conmemoración

Con el retorno a la democracia, diversas agrupaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas han trabajado incansablemente para preservar la memoria de estos eventos. En 2001, se construyó la “Plaza de los Derechos Humanos” en la entrada de la Quebrada El Way, simbolizando un espacio de resistencia y memoria para las generaciones futuras. Esta plaza fue reinaugurada en 2007 y, posteriormente, se añadió una nueva placa en 2015.

El reconocimiento de la Quebrada El Way como Monumento Histórico es esencial para honrar la memoria de los ejecutados políticos y como símbolo de resistencia frente a la impunidad. Este sitio, además de ser un lugar de reflexión, recuerda la importancia de defender los derechos humanos y la dignidad de las personas, destacando la larga lucha de los familiares y las organizaciones que mantienen viva la memoria de los crímenes de la dictadura?.

Llamado a la memoria y la justicia

La historia de la Quebrada El Way y los eventos ocurridos durante la Caravana de la Muerte en Antofagasta son un recordatorio de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas durante la dictadura en Chile. Preservar este lugar como un sitio de memoria es crucial para asegurar que las futuras generaciones comprendan la importancia de la justicia y los derechos humanos, evitando así que estos atroces crímenes caigan en el olvido.

La resolución del 7° Juzgado Civil de Santiago señala que "se encuentra acreditado" que Augusto Pinochet "incurrió en conductas que importaron sustracción de caudales públicos". El fallo de primera instancia aún podría ser apelado.

Casi siete años después de que la Corte Suprema dictara la sentencia que puso fin al denominado caso Riggs —en que se persiguieron los delitos de malversación de caudales públicos de Augusto Pinochet— el 7° Juzgado Civil de Santiago dictó su resolución respecto de una demanda ingresada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Mediante la acción, el organismo estatal busca recuperar el dinero que, hasta ahora, no ha sido objeto de comiso.

Según recoge el diario El Mercurio, el tribunal acogió la demanda presentada por el CDE en la que se persigue el provecho del dolo ajeno por parte de los miembros de la sucesión de Pinochet, por lo que ordenó la restitución de más de 16 millones de dólares.

En la lista de herederos se incluye a la fallecida esposa del dictador, Lucía Hiriart y otras 15 personas que son parte de su descendencia. Se trata de un fallo de primera instancia, por lo que aún podría ser llevado a la Corte de Apelaciones y eventualmente a la Corte Suprema.

Ingresos sin justificación

En la resolución de 52 páginas, el 7º Juzgado Civil de Santiago señala que: “Pese a que no fue posible hacer efectiva la responsabilidad penal del Sr. Pinochet Ugarte por su fallecimiento, se encuentra acreditado (…) que este incurrió en conductas que importaron sustracción de caudales públicos, estimándose que sus ingresos sin justificación ascendieron al menos a US$ 17.886.323, cuyo origen se encuentra en los fondos de gastos reservados asignados a la Presidencia de la República, a la Casa Militar y a la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile”.

“Así las cosas, la cuantía del provecho susceptible de ser percibido por los demandados consiste en la parte del patrimonio de origen ilícito del causante que no fue objeto del comiso, monto que asciende a la suma total de US$ 16.244.768,74, de modo que la distribución del provecho entre la sucesión deberá hacerse a prorrata de sus derechos en la herencia”, dice la sentencia.

Tal cantidad, indicaron desde el tribunal, debe ser pagada en pesos chilenos conforme al valor de la moneda norteamericana a la época del pago, más “intereses corrientes para operaciones reajustables a partir de la fecha en que los demandados incurran en mora y hasta el pago efectivo”.

Descartan que acción civil esté prescrita

Ante el intento por parte de los familiares de Pinochet para que se declare prescrita la acción, el fallo advierte que ese plazo debe “computarse desde que efectivamente los herederos podían recibir el provecho, lo que, como lo ha sostenido la tesis fiscal, se produjo una vez dictada la sentencia de reemplazo por la Excma. Corte Suprema con fecha 24 de agosto de 2018, puesto que desde este momento la situación jurídica de los demandados en torno al patrimonio disputado quedó finalmente delimitada, surgiendo el provecho para los herederos en relación a la parte del haber de su causante que no quedó afecta a la pena de comiso”.

“Desde esta fecha, y hasta la notificación de la demanda a los demandados, no transcurrió el cuadrienio (cuatro años) que contempla el artículo 2332 del Código Civil para declarar la prescripción de la acción”, zanjaron.

Tras el fallo de primera instancia, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, afirmó que “la demanda por provecho del dolo ajeno que hoy acoge íntegramente la justicia forma parte de un conjunto de acciones materializadas por el Consejo de Defensa del Estado para reparar los exorbitantes perjuicios ocasionados por la malversación de fondos públicos cometida por Pinochet y sus colaboradores”.

A través de informes médicos de dudosa calidad técnica, acusados por crímenes de lesa humanidad buscan evadir condenas alegando enfermedad mental o física. “Peritaje” realizado al exagente Raúl Iturriaga Neumann por Hugo Lara Silva –exlíder del nazismo chileno–, señala que la condena es “venganza”.

El 3 de marzo del año 2000, a las 10:25 de la mañana, un avión proveniente de Londres aterrizó en el aeropuerto del Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile en Pudahuel. Desde la aeronave descendió, en silla de ruedas, el entonces senador designado Augusto Pinochet Ugarte, después de pasar 503 días detenido en Londres. Para sorpresa de los presentes –y del mundo entero–, el exdictador, liberado por no encontrarse apto para enfrentar un juicio, se levantó y caminó en dirección a los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. “Hombre muerto caminando”, tituló irónicamente el semanario The Clinic.

En efecto, la súbita “resurrección” del enfermo planteó serias dudas respecto a su real estado de salud, pavimentando una estrategia jurídica que sería utilizada en el futuro por otros militares condenados por violaciones a los derechos humanos en Chile.

El concepto hoy tiene nombre y apunta a todos aquellos acusados por crímenes de lesa humanidad que buscan zafar de la acción de la Justicia simulando patologías físicas o síquicas, a través de informes de dudosa calidad técnica.

El término es impunidad biológica y se aplica también a los casos que no han podido resolverse judicialmente, pese a transcurrir largos años –en algunos casos décadas–, debido a la muerte de testigos y victimarios. Esto último, siguiendo la misma idea, impide asegurar el debido proceso y termina garantizando la impunidad, sobre todo en aquellos casos donde estuvieron involucrados altos mandos que son los de más avanzada edad. Las cifras al respecto señalan que, hasta abril de 2024, según el último Informe de Derechos Humanos de la UDP, 457 exagentes fallecieron en alguna etapa del proceso judicial.

Si bien el paso del tiempo sigue siendo un factor determinante para sepultar las causas sin responsables, la elaboración de informes que aluden a una incipiente demencia o alguna otra patología psiquiátrica o de salud mental, han crecido exponencialmente durante los últimos tres años. “La fiebre de los informes”, le llaman los abogados de derechos humanos que deben lidiar con estas estrategias.

Simulación

Aparte de Pinochet, otro caso paradigmático es el de Edwin Dimter Bianchi, coronel en retiro del Ejército conocido como “El Príncipe” –acusado del homicidio de Víctor Jara y del director del Servicio de Prisiones durante la Unidad Popular, Littré Quiroga Carvajal–, quien se mantuvo fuera de prisión debido a una serie de informes que lo diagnosticaron con enajenación mental.

La Unidad de Investigación de El Mostrador accedió a uno de los informes periciales que confirman el diagnóstico realizado al exoficial del Ejército. El documento señala que la metodología empleada incluye una entrevista, lectura de expediente de causa y análisis de caso “por una hora”. El informe concluye que Dimter padece un trastorno neurocognitivo mayor de curso progresivo e irrecuperable. “Dichos déficits cognitivos interfieren con la autonomía y actividades cotidianas”, explica el informe.

Pese a las lapidarias conclusiones del documento, las diligencias solicitadas por la ministra en visita Paola Plaza comprobaron que Dimter no solo acudía frecuentemente al supermercado a realizar las compras de su hogar, sino que se trasladaba al lugar conduciendo un vehículo propio.

La indagatoria, en definitiva, permitió desechar los informes elaborados por el Servicio Médico Legal y el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz. “El Príncipe” (como le decían en el Estadio Nacional), condenado a 25 años de prisión, ingresó el 17 de octubre del año pasado a Punta Peuco.

A propósito del ingreso del exuniformado a la cárcel, este medio realizó una nota dando cuenta del hecho, solicitando un pronunciamiento al Poder Judicial, desde donde respondieron que “se procederá con especial cuidado en estas materias, disponiendo medidas de corroboración ante cualquier diagnóstico que merezca dudas, a fin de dar certeza de que las decisiones judiciales adoptadas se fundan en evaluaciones irrefutables”.

Pese a las buenas intenciones de los encargados de impartir justicia, la capacidad de simulación de exagentes de inteligencia es un tema que todavía preocupa a los abogados de derechos humanos. “Si la persona efectivamente tiene una situación de salud mental, no hay nada que hacer. La Justicia no puede reclamar, pero si la persona está simulando, eso implicaría salir de la cárcel por secretaría y constituye una forma de impunidad por motivación fraudulenta”, explica el abogado Francisco Bustos.

El exsecretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y exconsejero del INDH Francisco Ugás, expresó el mismo punto de vista en una reciente columna de opinión publicada en este medio. “Las medidas dirigidas hacia una correcta examinación deben ser extremas y rigurosas, teniendo en consideración, primero, que gran parte de los agentes tienen especialización en inteligencia y han sido formados para simular… buscan burlar y abstraerse de la acción de la Justicia, lisa y llanamente, mintiendo respecto de su estado de salud”, señaló.

Equipos multidisciplinarios

Existen sentencias judiciales que también ahondan en el análisis de informes presentados por victimarios. En el caso del homicidio del obrero agrícola Pedro Curihual Paillán, cometido en septiembre de 1973 en la comuna de Pitrufquén, se condenó a 12 años de cárcel a Carlos Moreno Mena, pese a que los exámenes del Servicio Médico Legal apuntaban a la existencia de un diagnóstico de demencia en la primera atención ambulatoria del exteniente de Carabineros. El problema, añade el documento, es que “no aparece en las siguientes evaluaciones, ni se condice con el examen clínico actual”.

Este tipo de incongruencias en los peritajes, según la sicóloga y abogada Natalia Roa, se deben a la inexactitud de los diagnósticos. “Para diagnosticar hay que hacer los exámenes mínimos, no basta con decir que la persona padece alguna patología en base a un par de entrevistas o impresiones. Hay casos en que no se pasa ni una prueba para acreditar un diagnóstico. Por eso, la preocupación que tenemos, es que exista un estándar mínimo para justificar una consecuencia jurídica tan relevante, como un sobreseimiento o cumplimiento alternativo de condena”, asegura.

Otro de los déficits detectados en los informes es la participación de un solo médico en el diagnóstico. En el caso de César Manríquez Bravo, jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, condenado como uno de los autores de la desaparición de la asistente social Jacqueline Binfa y el veterinario Jorge D’Orival en el año 1974, uno de los informes que le diagnosticó enajenación mental, el 10 de enero de este año, fue firmado por un solo psiquiatra del Servicio Médico Legal.

Para el neurosiquiatra Luis Fornazzari –consultor de la Clínica de la Memoria y del Programa de Geriatría Psiquiátrica del Hospital St Michael en Canadá y uno de los encargados de los peritajes al exdictador Augusto Pinochet–, los informes periciales en estos casos deben ser multidisciplinarios. “En la actualidad, todos los centros asistenciales que evaluamos a pacientes con cualquier tipo de demencia, lo hacemos con equipos multiprofesionales con el objetivo de tener una visión múltiple del trastorno cognitivo y analizarlo desde varios ángulos”, explica.

Respecto de los diagnósticos, aseguran algunos especialistas, hay otro factor no siempre bien ponderado: no todo trastorno cognitivo es sinónimo de cambio de medidas cautelares, ni tampoco corresponde a una enfermedad incurable. “Hay casos donde se diagnostica un delirium, pero como la conclusión no se basa en exámenes, no se hace una distinción que es muy relevante: la enfermedad se puede tratar con medicamentos y se pasa. La demencia, en cambio, por definición, no es reversible. Entonces, poder diferenciar ambos cuadros es muy importante”, explica Natalia Roa.

Fornazzari, incluso, va más allá de la inexactitud del diagnóstico. “La culpabilidad no expira debido a que son más viejos. No hay que olvidar que se trata de crímenes de lesa humanidad que tienen dos caras: el respeto a las víctimas, por un lado, y que los pacientes puedan tratarse al interior de las cárceles, con una buena calidad de vida, aunque tengan demencia. Esto no se trata de venganza, se trata de justicia. Y los crímenes de lesa humanidad no prescriben”, plantea.

El informe del exlíder neonazi

Informes hay para todos los gustos y algunos –sin temor a exagerar– son realmente inclasificables. Es el caso del peritaje neurológico realizado a Raúl Iturriaga Neumann en el Hospital Militar, a mediados de este año, por el médico y perito judicial Hugo Lara Silva, en el contexto de la investigación por el secuestro calificado de Jorge Herrera Cofré, que se investiga en la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Las conclusiones del documento descartan algún tipo de discapacidad mental, asegurando que desde el punto de vista neurológico el exmilitar –condenado a un total de 515 años de cárcel por diversos delitos– puede ser imputado de manera normal en cualquier causa de carácter penal.

Sin embargo, el informe se extiende en una serie de razonamientos sociopolíticos ajenos al tenor de este tipo de peritajes.

Uno de estos puntos concluye que Iturriaga Neumann es esencialmente una víctima: “Un adulto mayor de 87 años, pensionado, que no representa ningún peligro para la sociedad ni para la izquierda, porque el 11/09/73 pasó a la historia hace rato (más de 50 años), ahora no es un soldado, es un anciano exsoldado, siendo la condena actual clara venganza”.

Luego, el informe sigue ahondando en el rol que tuvo el exoficial en la historia sociopolítica del país. “No es un delincuente, es un ex soldado de la patria… que cumplió con la reglamentación vigente en su tiempo y lugar, para su institución y para la República, dentro del contexto de su trabajo como militar especializado y en periodo de guerra irregular (propia del marxismo internacional), en base a un claro quiebre del estado de derecho por el gobierno marxista de Salvador Allende”, explica textualmente el informe neurológico.

A continuación, el documento plantea algunas inquietudes que el médico intenta destacar: “¿Es que los Militares y Carabineros que salvaron a Chile de un asalto marxista al poder a través de un flagrante atropello a la constitución y que evitaron una Guerra Civil, son objetos de Odio y Venganza y los Rojos asesinos de Militares y Carabineros son merecedores de Indultos y Beneficios por estos 8 gobiernos incluido el de ‘PIÑERA y BORIC’?” (sic).

Hugo Lara Silva además explica que “la legislación internacional de la deconstrucción, de los llamados ‘crímenes de lesa humanidad’” no debe aplicarse con efectos retroactivos y que “por justicia pareja aplicada por las Naciones Unidas, tendría que hacerse con efecto retroactivo también en la ex URSS, China, Cuba, Camboya, Corea del Norte, Viet-Nam, Checoslovaquia, Hungría, etc.” (sic).

Todas estas estrategias, según Lara Silva, han condenado a Iturriaga Neumann a una “odiosa muerte por reclusión”. “Es un problema político y médico que involucra a un preso político militar, haya participado o no en una detención de subversivos marxistas, cosa que no me corresponde juzgar como perito neurólogo. Detención que no cuenta con ninguna evidencia o testigos según informa el Mayor General, porque él nunca detuvo a nadie y es lo que consta en su hoja de vida que para las FFAA es de imprescindible veracidad”, plantea textualmente.

Antes de terminar el informe, el perito asegura que el documento redactado fue hecho “sin odiosidades de ninguna especie, sin odiosidades de venganza marxista que pericia no a un delincuente con discapacidad médica leve a moderada sino a un Mayor General (r) que actuó en tiempos especiales de Guerra Irregular contra el Marxismo Internacional por orden del legítimo Gobierno de la República, que restableció el Estado de Derecho” (sic), finaliza.

Cabe mencionar que Hugo Lara Silva asumió en 1997 como líder del que fue uno de los principales grupos neonazis de Chile, el Movimiento Nacional Socialista Obrero (MNSO), y que en el juicio en contra de los neonazis que en 2006 asesinaron al joven Tomás Vilches en el Persa Bío Bío, uno de los imputados, Héctor Herrera, contó la conversación que tuvieron ese día con Lara, con el cual se encontraron en una tienda: “Esteban lo saludó y le preguntó por su hija, comentando que no se veían hace tiempo, desde las reuniones del Nacional Socialista [sic]. Hablaron también sobre otras reuniones neonazi. El doctor Lara le entregó una tarjeta de presentación, indicándoles que si querían podían ir al restaurante Lili Marlen, al que iba gente importante, como empresarios poderosos. El saludo entre Esteban y el doctor Lara fue muy particular, se tomaron de las manos y se saludaron de beso”, dijo Herrera (quien recibió una condena de seis años), en referencia a Esteban González, más conocido como “Tito van Damme”.

El Mostrador se comunicó con el Servicio Médico Legal, buscando aclarar las inquietudes planteadas en este reportaje, pero desde el organismo aseguraron que no harían declaraciones al respecto.

por Claudio Pizarro Sanguesa