La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema dictó sentencia definitiva por el secuestro calificado de Einar Tenorio Fuentes, Luis Calfuquir Villalón y el homicidio calificado de Osvaldo Burgos Lavoz, ocurridos a partir del 15 de septiembre de 1973, en la localidad de Pitrufquén, Región de La Araucanía.

En fallo dividido el máximo tribunal dictaminó las siguientes condenas: 3 años y un día para Reinaldo Lukowiak Luppy; 729 días para Carlos Moreno Mena, Hugo Nibaldo Catalán Lagos, Domingo Silva Soto y Germán Fernández Torres; 200 días para Nadir Guzmán Pincheira y Heriberto Babileck Druding. A todos los condenados se les aplicó el beneficio de libertad vigilada.

Este fallo se adoptó con el voto en contra de los ministros Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros, quienes fueron de la idea de acoger la figura de la prescripción de la acción penal.

Asimismo, en el ámbito civil los mismos jueces rechazaron el pago de esa suma al acoger la excepción de incompetencia del tribunal.

El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, dictó acusación en contra de Carlos Hernán Moreno Mena y Reinaldo Alberto Lukowiak Luppy, como autores del delito de homicidio calificado de Daniel Mauricio Sepúlveda Contreras. Ilícito perpetrado en Pitrufquén, en septiembre de 1973. 

En la resolución (causa rol 29.833), el ministro instructor acusó, además, a Juan Alfonso Prado Ponce, como autor del delito de detención ilegal de Sepúlveda Contreras. Ilícito perpetrado en Toltén, en septiembre de 1973.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro Mesa Latorre logró establecer los siguientes hechos:

A.- Que luego del 11 de septiembre de 1973 producto de una orden emanada en todo el país, las instituciones armadas y de orden, la Tenencia de Carabineros de Toltén aumentó su dotación, al replegarse unidades inferiores a ella, comenzando a ser dependiente la 5° Comisaría de Carabineros de Pitrufquén. Como consecuencia de lo anterior, hubo una separación de funciones en ambas unidades policiales; quienes al mando de los respectivos oficiales, y junto a su personal de confianza, efectuaron diversos operativos terrestres en los cuales se procedía a detener e interrogar a personas que poseían vinculaciones de carácter político o de relevancia social; como asimismo a aquellas que eran calificadas como extremistas y eran denunciadas ante las autoridades locales; las cuales eran detenidas para finalmente ser conducidas hasta una dependencia especialmente habilitada para los detenidos políticos al interior de la 5° Comisaría de Carabineros de Pitrufquén, según se detallará en el punto C de esta presentación.

B.- Que en cuanto a la unidad del mando, la Tenencia de Carabineros de Toltén quedó conformada por su jefe, el sargento 1° Manuel Jesús Verdugo Reyes, quien hasta esa fecha se desempeñaba como jefe del Retén de la localidad de Queule, y por otros funcionarios policiales, entre los que se encontraban Juan Alfonso Prado Ponce, conductor de la unidad y el sargento 1° Haroldo Hernández Reyes (fallecido); el primero de los cuales y en compañía del segundo y/o de Manuel Jesús Verdugo Reyes, entre otros, procedían a detener y trasladar a los detenidos políticos hasta las dependencias de la unidad; para posteriormente conducirlos al recinto detallado en el párrafo precedente, al interior de la 5° Comisaría de Carabineros de Pitrufquén. Todo, por orden del capitán Ramón Sergio Callis Soto (fallecido) de la 5° Comisaría de Carabineros de Pitrufquén.

C.- Que a su vez, Ramón Sergio Callis Soto, al mando de dicha unidad policial y de sus unidades inferiores, organizó y coordinó al interior de esa comisaría un grupo especial de carabineros compuesto por funcionarios de la unidad, entre los que se encontraba el teniente Carlos Hernán Moreno y el suboficial mayor Reinaldo Alberto Lukowiak Luppy, quienes bajo las órdenes del ya referido oficial procedían a detener, sin orden judicial aparente, a personas consideradas como opositoras al Régimen Militar; las que eran aprehendidas únicamente por su filiación política y conducidas hasta el segundo piso de las caballerías de la 5° Comisaría de Carabineros de Pitrufquén; lugar donde muchos de estos detenidos fueron torturados físicamente y, al que sólo podían ingresar los miembros de este grupo especial. Desconociéndose hasta la fecha el paradero de muchos de aquellos detenidos. 

D.- Que en el mes de septiembre de 1973 y tras el día 11 del mismo mes, Daniel Mauricio Sepúlveda Contreras, 23 años, estudiante de la Universidad de Chile, profesor de Química del Liceo Nueva Toltén, sin militancia política conocida, fue detenido en horas de la noche por personal de la Tenencia de Carabineros de la misma comuna. Ésta se realizó en la pensión donde residía, ubicada en calle Los Copihues s/n de dicha comuna, en presencia de la dueña de casa doña Teresa Rodríguez, y del inspector del establecimiento donde el desempeñaba, de nombre Nelson Araneda, quien también pagaba pensión en ese lugar. Entre sus aprehensores se encontraba el sargento 1° Manuel Jesús Verdugo Reyes, quien como se dijo, en ese momento dirigía la tenencia de Toltén; el sargento Haroldo Hernández Reyes; y el carabinero Juan Nolberto Caamaño Toledo, de la misma unidad policial. Confirma la detención anterior, una denuncia informal ante Carabineros de Toltén realizada por el inspector ya mencionado, por supuestas vinculaciones políticas de Sepúlveda Contreras. 

E.- Que al cabo de unas horas, funcionarios de Carabineros de Toltén se dirigieron nuevamente hasta el inmueble donde pagaba pensión Sepúlveda Contreras, con el objeto de retirar cada una de las pertenencias de aquél. Éstas fueron entregadas por la hija de la dueña de la pensión a los funcionarios de la tenencia ya mencionada, en presencia de un menor de edad, nieto de la sra. Rodríguez, de nombre Jorge Lito Peña Erices.

F.- Que luego de interrogarlo e imputarle un plan para asesinar a los Carabineros de Toltén, Sepúlveda Contreras fue trasladado en una camioneta -que en esa época había sido incautada a un servicio público para las labores de los uniformados- por el único carabinero que sabía conducir en dicha unidad policial, Juan Alfonso Prado Ponce, quien además era designado oficialmente para esas labores, y por el sargento 1° jefe de la Tenencia de Toltén Manuel Jesús Verdugo Retes, quienes trasladaron a la víctima hasta la 5° Comisaría de Carabineros de Pitrufquén.

G.- Que Daniel Sepúlveda fue ingresado a la 5° Comisaría de Pitrufquén y conducido hasta el segundo piso de las caballerizas de dicha unidad, lugar donde, como se dijo, a partir del 11 de septiembre de 1973 mantuvieron en calidad de detenidos a la todas las personas conducidas por motivos políticos. En este lugar Sepúlveda Contreras fue visto por otras personas detenidas, entre ellos un profesor de Inglés de nombre Óscar Seguel Jofré, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como director de la escuela N° 34 “Villa Donguil” y era delegado del gobierno en ese sector, razones por las cuales conocía a Daniel Sepúlveda. Incluso en aquellos momentos en que ambos se encontraban en calidad de detenidos, pudo observar el mal estado físico del estudiante, y oír sus quejas producto de lo mismo; además el joven logró comentarle que estaba haciendo su práctica de profesor en Toltén. Sin embargo, a los pocos minutos Daniel Sepúlveda Contreras dejó de quejarse, pudiendo observar que aquel joven había fallecido a su lado. Que tras lo cual, los carabineros que allí se encontraban, lo envolvieron en una frazada, sacándolo de la dependencia al cabo de media hora y no regresando nuevamente al lugar.

H.- Que a raíz de lo anteriormente expuesto, la madre de Sepúlveda Contreras, doña Hilda Contreras Lara, viajó desde Santiago hasta la comuna de Toltén a fin de averiguar lo ocurrido con su hijo. En dicha comuna, concurrió hasta la Tenencia de Carabineros de Toltén, donde le manifestaron que su hijo había sido trasladado hasta la Comisaría de Pitrufquén. Lugar al que posteriormente concurrió y en donde se le exhibió el libro de detenidos de la época, verificando que efectivamente éste había permanecido detenido en ese lugar, no existiendo una orden de egreso ni un supuesto traslado a otra unidad policial. A pesar de lo anterior realizó averiguaciones en las distintas unidades de Carabineros de la región, no obteniendo una respuesta clara sobre lo acontecido con su hijo.

I.- Que tras los episodios descritos precedentemente, la madre de Daniel Sepúlveda Contreras jamás volvió a tener noticias sobre su destino, manteniéndose en la actualidad sólo el relato existente en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el que da cuenta de la desaparición tras la citada detención; pudiéndose comprobar hasta ahora, como se ha dicho, que Daniel Mauricio Sepúlveda Contreras falleció en presencia de don Óscar Manuel Seguel Jofré.

J.- Por último, hasta la fecha, ningún funcionario público de Carabineros de la 5° Comisaría de Pitrufquén, que se desempeñaban en la época de los hechos, han proporcionado algún antecedente a la autoridad respectiva en razón de lo sucedido con el cuerpo de Daniel Sepúlveda Contreras, manteniendo hasta el día de hoy el ocultamiento de todo tipo de antecedentes sobre su muerte.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, condenó a dos ex funcionarios de Carabineros por su responsabilidad en el delito consumado de homicidio calificado del trabajador agrícola Pedro Curihual Paillán, en carácter de lesa humanidad. El crimen fue cometido en la Quinta Comisaría de Pitrufquén en septiembre de 1973.

En el fallo (causa rol 29.876), el ministro Mesa Latorre condenó en calidad de autor del delito al ex oficial que a la época de los hechos era teniente de Carabineros Carlos Hernán Moreno Mena a la pena de 12 años de presidio efectivo, más las accesorias legales de inhabilidad absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

En tanto, el ex carabinero Germán Fernández Torres, en calidad de encubridor del delito, deberá purgar 541 días de presidio efectivo, accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.

Pedro Curihual Paillán, 25 años, obrero agrícola, dirigente sindical, simpatizante del Gobierno de Salvador Allende, domiciliado en el sector rural 'Loica' de la comuna de Pitrufquén, fue detenido el día 15 de septiembre de 1973, en horas de la mañana, en momentos en que transitaba junto a su pareja por la plaza de armas de la comuna.

Curihual Paillán había concurrido hasta el poblado con la finalidad de presentarse ante las dependencias de 5ª Comisaría de Carabineros de Pitrufquén a raíz de la existencia de un bando militar que mencionaba su nombre entre las personas que debían entregarse a las autoridades de facto. Sin embargo, antes de concretar ese acto, fue apresado en la plaza por al menos 2 carabineros, quienes descienden de una camioneta particular, vendándole inmediatamente los ojos y esposando sus muñecas por la espalda, para luego introducirlo en la parte posterior del vehículo, el cual se dirige hacia las dependencias de la mencionada comisaría.

De estos hechos no solo fue testigo su pareja sino que además diversas personas, conocidos y familiares de la víctima que observaron a distancia la detención del trabajador. Ante ello, el mismo día de la detención, tres de sus hermanas se dirigieron alrededor de las 18:00 hrs. hasta las dependencias de la 5º Comisaría de Pitrufquén, lugar donde un funcionario les informó que Pedro efectivamente se encontraba detenido, razón por la cual solicitaron autorización para llevarle alimentos y abrigo; el funcionario accedió a esa solicitud, sin embargo, al regresar con ellos, el mismo uniformado les manifestó que Pedro ya no se encontraba allí, sin otorgarles un antecedente cierto respecto de la situación y paradero de su hermano.

Pedro Curihual Paillán efectivamente fue ingresado a las dependencias de la 5° Comisaría de Pitrufquén y conducido hasta el segundo piso de las caballerizas de la unidad, lugar donde a partir del 11 de septiembre de 1973 mantenían en calidad de detenidos a las personas apresadas por motivos políticos. En este lugar, la madrugada del 16 de septiembre de 1973, Pedro Curihual fue visto por doña Elena Henríquez Henríquez quien también había sido detenida el 15 de septiembre por haber concurrido hasta el recinto policial a consultar por su esposo que, a su vez, había sido apresado en su domicilio el 14 de septiembre.

Armando Curihual, padre de Pedro, al igual que sus hermanos iniciaron una infructuosa búsqueda en distintos lugares de detención de la zona, consultando incluso semanas más tardes nuevamente en la 5º Comisaría de Carabineros de Pitrufquén, lugar donde le afirmaron que su hijo no figuraba entre los detenidos; además de dirigirse a otros recintos tales como cárceles, hospitales, cuarteles militares en la ciudad de Temuco, sin obtener ningún resultado o antecedente acerca de su paradero. El 20 de marzo del año 1979 su hermana Fresia Curihual, presenta una denuncia ante el Juzgado de Letras de Pitrufquén,  sin lograr más resultados, razón por la cual los familiares y amigos de Pedro Curihual jamás volvieron a tener noticias sobre su destino

Luego del 11 de septiembre de 1973 la 5º Comisaría de Carabineros de Pitrufquén aumentó su dotación con unidades inferiores a ella que se replegaron hacia ese recinto desde retenes menores, pernoctando todos ellos en ese cuartel policial, pues una orden superior los obligaba a permanecer en estado de acuartelamiento. Al mando de esta unidad reforzada se encontraba el capitán Ramón Callis Soto (fallecido), quien organizó y coordinó un grupo especial de carabineros compuesto por funcionarios de la unidad, entre los que se encontraba el teniente Carlos Hernán Moreno Mena, quien le seguía en el mando; el suboficial mayor Reinaldo Alberto Lukowiak Luppy, tercero en la jerarquía; además de los carabineros, Germán Fernández Torres, Domingo Antonio Silva Soto (fallecido) y Hernán Mella Lagos (fallecido), entre otros.

Estos funcionarios, bajo las órdenes del ya referido oficial, procedían a detener a personas que poseían vinculaciones de carácter político o de relevancia social consideradas como opositoras al régimen militar. Las personas apresadas eran conducidas en camionetas particulares dispuestas para aquellos fines por los policías represores hasta las dependencias de la 5º Comisaría de Carabineros de Pitrufquén.

A ese cuartel policial las personas detenidas eran ingresadas por una puerta 'falsa', no siendo registrados en los libros de guardia, para inmediatamente ser conducidas hasta el segundo piso de las caballerías de la unidad. En esa dependencia, los detenidos de carácter político eran amarrados, amordazados y vendados, para luego ser torturados físicamente mediante la aplicación de golpes de pies, puños y corriente eléctrica en diferentes partes de su cuerpo.

En esas circunstancias, muchos de aquellas personas detenidas pudieron constatar que aquel recinto estaba dispuesto para esos efectos y, además, podían percibir la presencia de otros detenidos en sus mismas condiciones, pues, aunque se encontraban vendados, podían escuchar los ruidos que aquellos realizaban y los gritos de dolor producto de las torturas a los que eran sometidos. A esta dependencia de secuestro y tortura, tenían acceso solo los miembros de este grupo especial, de mayor grado y confianza del capitán Callis, desconociéndose hasta la fecha el paradero de muchos de aquellos detenidos.

por Darío Núñez

El joven, al momento de ser asesinado, se encontraba realizando su práctica profesional (cursaba último año de Pedagogía en la Universidad de Chile) como profesor de Química en un Liceo de Pitrufquén, región de La Araucanía. 

El ministro en visita para causas de violaciones a los derechos humanos en dictadura, Álvaro Mesa, condenó a dos carabineros en retiro por el crimen contra el estudiante universitario, Daniel Mauricio Sepúlveda Contreras (23), en septiembre de 1973.

El joven, al momento de ser asesinado, se encontraba realizando su práctica profesional (cursaba último año de Pedagogía en la Universidad de Chile) como profesor de Química en un Liceo de Pitrufquén, región de La Araucanía.

En ese contexto, Sepúlveda se estaba en una pensión en Toltén, cuando fue detenido por los carabineros, Carlos Hernán Moreno Mena y Juan Alfonso Prado Ponce, quienes lo trasladaron a las caballerizas de la Quinta Comisaría de Pitrufquén, donde fue golpeado, torturado y asesinado.

Condena

El ministro en visita condenó al, exteniente y actual comandante de Carabineros en retiro, Carlos Hernán Moreno Mena (75), a una pena de 13 años de presidio por ser autor de homicidio calificado.

En tanto al sargento primero en retiro, Juan Alfonso Prado Ponce (79), fue condenado a tres años de presidio por el delito de detención ilegal.

Asimismo, se condenó al fisco a una indemnización de 200 millones de pesos por daño moral a los hermanos de la víctima.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, dictó acusación en contra de efectivo de Carabineros en retiro, por su responsabilidad en el delito consumado de secuestro calificado de los dirigentes sociales Celso Avendaño Alarcón y Luis Anselmo Fernández Barrera y del funcionario público Ismael Rolando Bocaz Muñoz. Ilícitos perpetrados en octubre de 1973, en la comuna de Pitrufquén.

En la resolución (causa rol 29.875), el ministro en visita sindicó al teniente a la época de los hechos, Carlos Hernán Moreno Mena, como autor de los delitos en carácter de lesa humanidad.

En la etapa de investigación, el ministro Mesa Latorre recopiló antecedentes suficientes para tener por acreditados los siguientes hechos:

“A.- Que luego del 11 de septiembre de 1973 y el golpe de estado que afecto al país, producto de una orden emanada en todo el país a las instituciones armadas y de orden, la 5° Comisaría de Carabineros de Pitrufquén aumentó su dotación al replegarse unidades inferiores a ella, tal es el caso de los retenes de Lastarria y los Galpones; debiendo además los uniformados pernoctar en dicho recinto policial, pues la orden los obligaba a permanecer en estado de acuartelamiento o grado 1.

B.- Que al mando de esta unidad y sus unidades dependientes como superior jerárquico, se encontraba el capitán Ramón Sergio Callis Soto (fallecido de fs. 475 tomo II, copia de fs. 1.977 tomo VII), quien organizó y coordinó un grupo especial de patrullas de carabineros compuesto por funcionarios de la unidad a su cargo, para el control y detención de personas por motivos políticos en Pitrufquén y comunas aledañas como Toltén, Hualpín, Lastarria, Comuy, Los Boldos, Queule, Quitratué y Los Galpones; entre los que se encontraba el teniente Carlos Hernán Moreno Mena, quien le seguía en el mando; el suboficial mayor Reinaldo Alberto Lukowiak Luppy (fallecido de fs.800 tomo III, copia de fs. 1.784 tomo VI) tercer hombre en la jerarquía de la unidad; además de los uniformados Germán Fernández Torres, Domingo Antonio Silva Soto (fallecido de fs. 489 tomo II, copia de fs. 983 tomo IV), Hernán Mella Lagos (fallecido de fs. 486 tomo II, copia de fs. 980, copia de fs. 1.191 tomo IV), Emilio Caro Pérez (fallecido de fs.476 tomo II, copia de fs. 1.978 tomo VII), Octavio Castillo (fallecido de fs. 477 tomo II, copia de fs. 971, de fs. 1.190 (tomo IV), Haroldo Hernández Reyes (fallecido de fs. 478 tomo II, copia de fs. 972 tomo IV), José Eleodoro Ortiz Ulloa (fallecido de fs. 479 tomo II, copia de fs. 973 tomo IV, copia de fs. 1.981 tomo VII) Pedro Nahuelhual Cuminao (fallecido de fs. 480 tomo II, copia de fs. 974 tomo IV, copia de fs. 1.982 tomo VII, Pedro Zárate Rojas, Juan Asenjo Rojas (fallecido de fs. 481 tomo II, copia de fs. 975 tomo IV, copia de fs. 1.983 tomo VII), Eleodoro Merino Salas, Ambrosio Antipán Linconao (fallecido de fs. 482 tomo II, copia de fs. 976 tomo IV, copia de fs. 1.984 tomo VII, Hugo Catalán Lagos (fallecido de fs.657 tomo I), Juan Contreras Muñoz (fallecido de fs. 483 tomo II, copia de fs. 978 tomo IV, copia de fs. 1.985 tomo VII), Reinaldo Hernández Reyes (fallecido de fs. 484 tomo II), José Meriño Ferreira (fallecido de fs. 487 tomo II, copia de fs. 981 tomo IV), Carlos Ramírez Gatica, Germain Punulef Caniulef (fallecido de fs. 488 tomo II, copia de fs.506 tomo II, copia de fs. 982 tomo IV, copia de fs. 1.990 tomo VII), Arnoldo Villagrán Fica y David Pinilla Novoa, según consta en nómina de personal de la 5° Comisaría de Pitrufquén de los meses septiembre a diciembre de 1973 de fs.463, (tomo II) y las declaraciones de los ex funcionarios de Carabineros de Toltén y Los Galpones Juan Alfonso Prado Ponce de fs.733 a fs.734 y fs.769 a fs.774 (tomo III); Luis Arnoldo Becerra Jaramillo de fs.147 a fs.148, de fs.189 a fs.190 (tomo I), de fs.679 a fs.680 (tomo II) y fs.717 a fs.718 (tomo III); Guillermo Fabio Muñoz Rhode de fs.164 a fs. de fs.186 (tomo I) y de fs.524 a fs.525 (tomo II); Juan Fernando Rioseco Montoya de fs.274 a fs.276 (tomo I), de fs.538 a fs.539 y de fs.544 a fs.545 (tomo II); Raúl Fernando Mora Vallejos de fs.1.031 a fs.1.032 (tomo IV), y Francisco Javier Navarrete Quijón de fs.1.047 a fs.1.048 (tomo IV) y de fs.1.113 a fs.1.114 (tomo IV).

C.- Que Celso Avendaño Alarcón, mueblista y dirigente en el asentamiento Los Boldos, vivía junto a su familia en la comuna de Pitrufquén, donde era reconocido por sus habitantes por su trabajo en la comuna y alrededores. Para el día 25 de octubre de 1973, tras ser dejado en libertad tras cumplir una condena en la cárcel pública de Pitrufquén, según declaraciones de Hernando Atilio Madariaga Fernández de fs.430 a fs. 432 (tomo II) y de fs.1.015 a fs.1.016 (tomo IV), fue nuevamente detenido por funcionarios de la 5° Comisaría de Pitrufquén en la comuna, que lo suben en una camioneta donde es visto arriba de ella por Dominica Aguilera Caamaño (fallecida de fs. 2.567, tomo VIII), según sus declaraciones de fs.283, (tomo I), copia de fs.1.276 (tomo IV), copia de fs.2.237 (tomo VII) y de fs.438 a fs.440 (tomo II), copia de fs.1.452 fs.1.454 (tomo V), copia de fs.2442 a fs.2.444 (tomo VIII); tras detener a otras personas ese mismo día. Desde ese momento se le pierde el rastro hasta la actualidad. Además de las declaraciones de Rosalía Silva Mardones de fs.423 a fs.424 (tomo II) y de fs.657 a fs.569 (tomo II); Luis Arnoldo Becerra Jaramillo fs.147 a fs.148, de fs.189 a fs.190 (tomo I) y de fs.679 a fs.680 (tomo II); María Elena Calfuquir Henríquez de fs.225 a fs.230 (tomo I) y de fs.857 a fs.864 (tomo III); Orfelina Vásquez Vásquez de fs.61 (tomo I), de fs.388 a fs.389 (tomo II) y de fs.390 a fs.391 (tomo II); Octavio Castillo de fs.232 a fs.233 (tomo I) e informe de presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la IX Región de fs.6 a 7 (tomo I) , copia fs.1.928 a fs.1.929 (tomo VII).

D.- Que el mismo día de detención de Celso Avendaño Alarcón, es detenido Luis Anselmo Fernández Barrera, comerciante, artesano, militante del Partido Socialista y dirigente en el asentamiento Los Boldos, que vivía junto a su esposa e hijos en el centro de Pitrufquén, quien es sacado de su domicilio por funcionarios de la 5° Comisaría de Pitrufquén, siendo testigos presenciales de este hecho, su esposa Rosalía Silva Mardones según sus declaraciones de fs.951 a fs.952 y de fs.1.112 (tomo IV), y su vecina Dominica Aguilera Caamaño (fallecida de fs. 2.567, tomo VIII), según sus declaraciones de fs.283 (tomo I), copia de fs.1.276 (tomo IV), copia de fs.2.237 (tomo VII), de fs.438 a fs.440 (tomo II), copia de fs.1.452 fs.1.454 (tomo V), copia de fs.2442 a fs.2.444 (tomo VIII); quienes reconocen entre sus aprehensores a los carabineros Reinaldo Lukowiak Luppy (fallecido de fs.800, tomo III, copia de fs. 1.784, tomo VI) y Octavio Castillo (fallecido de fs. 477 tomo II, copia de fs. 971, de fs. 1.190, tomo IV). Inmediatamente es subido a una camioneta por los funcionarios, donde además ven detenido a Celso Avendaño Alarcón y otras personas. Ambas mujeres se dirigen a la 5° Comisaría de Pitrufquén para consultar del paradero de Fernández Barrera, donde se les niega que este detenido allí, que no insistan en su búsqueda, a pesar de sus esfuerzos y consultas por diversos destacamentos en la región. Hasta el día de hoy se desconoce el paradero de Luis Anselmo Fernández Barrera; además corroborando lo anterior las declaraciones de María Elena Calfuquir Henríquez de fs.225 a fs.230 (tomo I) y de fs.857 a fs.864 (tomo III); y Ángel Ascanio Fernández Barrera de fs.1.058 a fs.1.059 (tomo IV), de fs.1.827 a fs.1.828 y 1.853 a fs.1.854 (tomo VI) e informe de presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la IX Región de fs.6 a 7 (tomo I), copia fs.1.928 a fs.1.929 (tomo VII).

E.- Que Ismael Rolando Bocaz Muñoz, casado, funcionario de la Gobernación y militante del Partido Comunista, tras allanarse su domicilio en calle Vicuña Mackenna tres veces y ser requerido por funcionarios de la 5° Comisaría de Pitrufquén, se presenta voluntariamente en dependencias de la mencionada comisaría el 18 de octubre de 1973. No obstante, lo anterior y pese a las gestiones de su esposa Isolina Peña Pérez para encontrarlo, desde ese día no se tienen noticias del paradero de Ismael Bocaz Muñoz; según declaraciones de sus familiares Isolina Peña Pérez de fs.1.960 a fs. 1.961 y de fs.2.122 a fs.2.123 (tomo VII), Patricio Leónidas Bocaz Peña de fs.2.804 y de fs.2.849 a fs.2.850 (tomo IX). Además de las de declaraciones de María Elena Calfuquir Henríquez de fs.225 a fs.230 (tomo I) y de fs.857 a fs.864 (tomo III); Rubén Darío López Llanos de fs.2479 a fs.2480 y de fs.2.514 a fs.2.515 (tomo VIII) y Dominica Aguilera Caamaño (fallecida de fs. 2.567, tomo VIII) de fs.283 (tomo I) copia de fs.1.276 (tomo IV), copia de fs.2.237 (tomo VII), fs.438 a fs.440 (tomo II), copia de fs.1.452 a fs.1.454 (tomo V), copia de fs.2442 a fs.2.444 (tomo VIII) e informe de presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la IX Región de fs.6 a 7 (tomo I), copia fs.1.928 a fs.1.929 (tomo VII).

F.- Que hasta esta fecha ningún funcionario público de las Fuerzas Armadas, en especial el mando de Carabineros de Chile que se desempeñaba en la época de los hechos ha dado algún antecedente a la autoridad respectiva en relación a lo realmente acontecido, respecto al destino de Celso Avendaño Alarcón, Luis Anselmo Fernández Barrera e Ismael Rolando Bocaz Muñoz. Manteniéndose tal situación hasta el día de hoy”.

A través de informes médicos de dudosa calidad técnica, acusados por crímenes de lesa humanidad buscan evadir condenas alegando enfermedad mental o física. “Peritaje” realizado al exagente Raúl Iturriaga Neumann por Hugo Lara Silva –exlíder del nazismo chileno–, señala que la condena es “venganza”.

El 3 de marzo del año 2000, a las 10:25 de la mañana, un avión proveniente de Londres aterrizó en el aeropuerto del Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile en Pudahuel. Desde la aeronave descendió, en silla de ruedas, el entonces senador designado Augusto Pinochet Ugarte, después de pasar 503 días detenido en Londres. Para sorpresa de los presentes –y del mundo entero–, el exdictador, liberado por no encontrarse apto para enfrentar un juicio, se levantó y caminó en dirección a los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. “Hombre muerto caminando”, tituló irónicamente el semanario The Clinic.

En efecto, la súbita “resurrección” del enfermo planteó serias dudas respecto a su real estado de salud, pavimentando una estrategia jurídica que sería utilizada en el futuro por otros militares condenados por violaciones a los derechos humanos en Chile.

El concepto hoy tiene nombre y apunta a todos aquellos acusados por crímenes de lesa humanidad que buscan zafar de la acción de la Justicia simulando patologías físicas o síquicas, a través de informes de dudosa calidad técnica.

El término es impunidad biológica y se aplica también a los casos que no han podido resolverse judicialmente, pese a transcurrir largos años –en algunos casos décadas–, debido a la muerte de testigos y victimarios. Esto último, siguiendo la misma idea, impide asegurar el debido proceso y termina garantizando la impunidad, sobre todo en aquellos casos donde estuvieron involucrados altos mandos que son los de más avanzada edad. Las cifras al respecto señalan que, hasta abril de 2024, según el último Informe de Derechos Humanos de la UDP, 457 exagentes fallecieron en alguna etapa del proceso judicial.

Si bien el paso del tiempo sigue siendo un factor determinante para sepultar las causas sin responsables, la elaboración de informes que aluden a una incipiente demencia o alguna otra patología psiquiátrica o de salud mental, han crecido exponencialmente durante los últimos tres años. “La fiebre de los informes”, le llaman los abogados de derechos humanos que deben lidiar con estas estrategias.

Simulación

Aparte de Pinochet, otro caso paradigmático es el de Edwin Dimter Bianchi, coronel en retiro del Ejército conocido como “El Príncipe” –acusado del homicidio de Víctor Jara y del director del Servicio de Prisiones durante la Unidad Popular, Littré Quiroga Carvajal–, quien se mantuvo fuera de prisión debido a una serie de informes que lo diagnosticaron con enajenación mental.

La Unidad de Investigación de El Mostrador accedió a uno de los informes periciales que confirman el diagnóstico realizado al exoficial del Ejército. El documento señala que la metodología empleada incluye una entrevista, lectura de expediente de causa y análisis de caso “por una hora”. El informe concluye que Dimter padece un trastorno neurocognitivo mayor de curso progresivo e irrecuperable. “Dichos déficits cognitivos interfieren con la autonomía y actividades cotidianas”, explica el informe.

Pese a las lapidarias conclusiones del documento, las diligencias solicitadas por la ministra en visita Paola Plaza comprobaron que Dimter no solo acudía frecuentemente al supermercado a realizar las compras de su hogar, sino que se trasladaba al lugar conduciendo un vehículo propio.

La indagatoria, en definitiva, permitió desechar los informes elaborados por el Servicio Médico Legal y el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz. “El Príncipe” (como le decían en el Estadio Nacional), condenado a 25 años de prisión, ingresó el 17 de octubre del año pasado a Punta Peuco.

A propósito del ingreso del exuniformado a la cárcel, este medio realizó una nota dando cuenta del hecho, solicitando un pronunciamiento al Poder Judicial, desde donde respondieron que “se procederá con especial cuidado en estas materias, disponiendo medidas de corroboración ante cualquier diagnóstico que merezca dudas, a fin de dar certeza de que las decisiones judiciales adoptadas se fundan en evaluaciones irrefutables”.

Pese a las buenas intenciones de los encargados de impartir justicia, la capacidad de simulación de exagentes de inteligencia es un tema que todavía preocupa a los abogados de derechos humanos. “Si la persona efectivamente tiene una situación de salud mental, no hay nada que hacer. La Justicia no puede reclamar, pero si la persona está simulando, eso implicaría salir de la cárcel por secretaría y constituye una forma de impunidad por motivación fraudulenta”, explica el abogado Francisco Bustos.

El exsecretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y exconsejero del INDH Francisco Ugás, expresó el mismo punto de vista en una reciente columna de opinión publicada en este medio. “Las medidas dirigidas hacia una correcta examinación deben ser extremas y rigurosas, teniendo en consideración, primero, que gran parte de los agentes tienen especialización en inteligencia y han sido formados para simular… buscan burlar y abstraerse de la acción de la Justicia, lisa y llanamente, mintiendo respecto de su estado de salud”, señaló.

Equipos multidisciplinarios

Existen sentencias judiciales que también ahondan en el análisis de informes presentados por victimarios. En el caso del homicidio del obrero agrícola Pedro Curihual Paillán, cometido en septiembre de 1973 en la comuna de Pitrufquén, se condenó a 12 años de cárcel a Carlos Moreno Mena, pese a que los exámenes del Servicio Médico Legal apuntaban a la existencia de un diagnóstico de demencia en la primera atención ambulatoria del exteniente de Carabineros. El problema, añade el documento, es que “no aparece en las siguientes evaluaciones, ni se condice con el examen clínico actual”.

Este tipo de incongruencias en los peritajes, según la sicóloga y abogada Natalia Roa, se deben a la inexactitud de los diagnósticos. “Para diagnosticar hay que hacer los exámenes mínimos, no basta con decir que la persona padece alguna patología en base a un par de entrevistas o impresiones. Hay casos en que no se pasa ni una prueba para acreditar un diagnóstico. Por eso, la preocupación que tenemos, es que exista un estándar mínimo para justificar una consecuencia jurídica tan relevante, como un sobreseimiento o cumplimiento alternativo de condena”, asegura.

Otro de los déficits detectados en los informes es la participación de un solo médico en el diagnóstico. En el caso de César Manríquez Bravo, jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, condenado como uno de los autores de la desaparición de la asistente social Jacqueline Binfa y el veterinario Jorge D’Orival en el año 1974, uno de los informes que le diagnosticó enajenación mental, el 10 de enero de este año, fue firmado por un solo psiquiatra del Servicio Médico Legal.

Para el neurosiquiatra Luis Fornazzari –consultor de la Clínica de la Memoria y del Programa de Geriatría Psiquiátrica del Hospital St Michael en Canadá y uno de los encargados de los peritajes al exdictador Augusto Pinochet–, los informes periciales en estos casos deben ser multidisciplinarios. “En la actualidad, todos los centros asistenciales que evaluamos a pacientes con cualquier tipo de demencia, lo hacemos con equipos multiprofesionales con el objetivo de tener una visión múltiple del trastorno cognitivo y analizarlo desde varios ángulos”, explica.

Respecto de los diagnósticos, aseguran algunos especialistas, hay otro factor no siempre bien ponderado: no todo trastorno cognitivo es sinónimo de cambio de medidas cautelares, ni tampoco corresponde a una enfermedad incurable. “Hay casos donde se diagnostica un delirium, pero como la conclusión no se basa en exámenes, no se hace una distinción que es muy relevante: la enfermedad se puede tratar con medicamentos y se pasa. La demencia, en cambio, por definición, no es reversible. Entonces, poder diferenciar ambos cuadros es muy importante”, explica Natalia Roa.

Fornazzari, incluso, va más allá de la inexactitud del diagnóstico. “La culpabilidad no expira debido a que son más viejos. No hay que olvidar que se trata de crímenes de lesa humanidad que tienen dos caras: el respeto a las víctimas, por un lado, y que los pacientes puedan tratarse al interior de las cárceles, con una buena calidad de vida, aunque tengan demencia. Esto no se trata de venganza, se trata de justicia. Y los crímenes de lesa humanidad no prescriben”, plantea.

El informe del exlíder neonazi

Informes hay para todos los gustos y algunos –sin temor a exagerar– son realmente inclasificables. Es el caso del peritaje neurológico realizado a Raúl Iturriaga Neumann en el Hospital Militar, a mediados de este año, por el médico y perito judicial Hugo Lara Silva, en el contexto de la investigación por el secuestro calificado de Jorge Herrera Cofré, que se investiga en la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Las conclusiones del documento descartan algún tipo de discapacidad mental, asegurando que desde el punto de vista neurológico el exmilitar –condenado a un total de 515 años de cárcel por diversos delitos– puede ser imputado de manera normal en cualquier causa de carácter penal.

Sin embargo, el informe se extiende en una serie de razonamientos sociopolíticos ajenos al tenor de este tipo de peritajes.

Uno de estos puntos concluye que Iturriaga Neumann es esencialmente una víctima: “Un adulto mayor de 87 años, pensionado, que no representa ningún peligro para la sociedad ni para la izquierda, porque el 11/09/73 pasó a la historia hace rato (más de 50 años), ahora no es un soldado, es un anciano exsoldado, siendo la condena actual clara venganza”.

Luego, el informe sigue ahondando en el rol que tuvo el exoficial en la historia sociopolítica del país. “No es un delincuente, es un ex soldado de la patria… que cumplió con la reglamentación vigente en su tiempo y lugar, para su institución y para la República, dentro del contexto de su trabajo como militar especializado y en periodo de guerra irregular (propia del marxismo internacional), en base a un claro quiebre del estado de derecho por el gobierno marxista de Salvador Allende”, explica textualmente el informe neurológico.

A continuación, el documento plantea algunas inquietudes que el médico intenta destacar: “¿Es que los Militares y Carabineros que salvaron a Chile de un asalto marxista al poder a través de un flagrante atropello a la constitución y que evitaron una Guerra Civil, son objetos de Odio y Venganza y los Rojos asesinos de Militares y Carabineros son merecedores de Indultos y Beneficios por estos 8 gobiernos incluido el de ‘PIÑERA y BORIC’?” (sic).

Hugo Lara Silva además explica que “la legislación internacional de la deconstrucción, de los llamados ‘crímenes de lesa humanidad’” no debe aplicarse con efectos retroactivos y que “por justicia pareja aplicada por las Naciones Unidas, tendría que hacerse con efecto retroactivo también en la ex URSS, China, Cuba, Camboya, Corea del Norte, Viet-Nam, Checoslovaquia, Hungría, etc.” (sic).

Todas estas estrategias, según Lara Silva, han condenado a Iturriaga Neumann a una “odiosa muerte por reclusión”. “Es un problema político y médico que involucra a un preso político militar, haya participado o no en una detención de subversivos marxistas, cosa que no me corresponde juzgar como perito neurólogo. Detención que no cuenta con ninguna evidencia o testigos según informa el Mayor General, porque él nunca detuvo a nadie y es lo que consta en su hoja de vida que para las FFAA es de imprescindible veracidad”, plantea textualmente.

Antes de terminar el informe, el perito asegura que el documento redactado fue hecho “sin odiosidades de ninguna especie, sin odiosidades de venganza marxista que pericia no a un delincuente con discapacidad médica leve a moderada sino a un Mayor General (r) que actuó en tiempos especiales de Guerra Irregular contra el Marxismo Internacional por orden del legítimo Gobierno de la República, que restableció el Estado de Derecho” (sic), finaliza.

Cabe mencionar que Hugo Lara Silva asumió en 1997 como líder del que fue uno de los principales grupos neonazis de Chile, el Movimiento Nacional Socialista Obrero (MNSO), y que en el juicio en contra de los neonazis que en 2006 asesinaron al joven Tomás Vilches en el Persa Bío Bío, uno de los imputados, Héctor Herrera, contó la conversación que tuvieron ese día con Lara, con el cual se encontraron en una tienda: “Esteban lo saludó y le preguntó por su hija, comentando que no se veían hace tiempo, desde las reuniones del Nacional Socialista [sic]. Hablaron también sobre otras reuniones neonazi. El doctor Lara le entregó una tarjeta de presentación, indicándoles que si querían podían ir al restaurante Lili Marlen, al que iba gente importante, como empresarios poderosos. El saludo entre Esteban y el doctor Lara fue muy particular, se tomaron de las manos y se saludaron de beso”, dijo Herrera (quien recibió una condena de seis años), en referencia a Esteban González, más conocido como “Tito van Damme”.

El Mostrador se comunicó con el Servicio Médico Legal, buscando aclarar las inquietudes planteadas en este reportaje, pero desde el organismo aseguraron que no harían declaraciones al respecto.

por Claudio Pizarro Sanguesa