José Miguel Morales Morales
Judicial
1.- Que se condena a RAÚL DEL CARMEN DURÁN MARTÍNEZ, LUIS ALBERTO SANTIBÁÑEZ AGUILERA, VÍCTOR EULOGIO RUIZ GODOY, JUAN ALEJANDRO JORQUERA ABARZÚA, HERNÁN ANTONIO VÁSQUEZ VILLEGAS, SERGIO AGUSTÍN MATELUNA PINO, JOSÉ ARTURO FUENTES PASTENES, JUAN CARLOS ORELLANA MORALES, ROBERTO HERNÁN RODRÍGUEZ MANQUEL, ALEJANDRO FRANCISCO ASTUDILLO ADONIS, JOSÉ GUILLERMO SALAS FUENTES, HERALDO VELOZO GALLEGOS, MARCO ANTONIO PINCHEIRA UBILLA JORGE RAIMUNDO AHUMADA MOLINA, JOSÉ MIGUEL MORALES MORALES, EMA VERÓNICA CEBALLOS NUÑEZ y PATRICIO LEONIDAS GONZÁLEZ CORTEZ, ya individualizados en autos, por su participación en calidad de autores de los delitos de Secuestro Calificado de Julián Peña Maltés, a la pena de CINCO AÑOS Y UN DIA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MINIMO, y accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena, y al pago de las costas de esta causa
Fuente :Poder Judicial
Fecha :14-10-2013
Vistos:
Que en estos antecedentes rol N° 39.122-B del 6° Juzgado del Crimen de esta ciudad, que se tramitan por cuerda separada de los autos a que están acumulados –proceso sobre la llamada “Operación Albania y otros”-, se dispuso investigar la muerte de cuatro personas, ocurridas, tres de ellas, en distintas horas de la madrugada del día 8 de septiembre de 1986; y el cuarto, en la madrugada del día siguiente, esto es, del 9 de septiembre de ese año. Todos ellos fueron sacados forzadamente de sus respectivas casas, en circunstancias que se encontraban durmiendo junto a sus familias, para luego ser ejecutados en lugares también diferentes de la Región Metropolitana. Tales acciones fueron llevadas a cabo por miembros de la Central Nacional de Informaciones, en reacción inmediata al atentado del cual, en esa oportunidad, fue víctima el Comandante en Jefe del Ejército y Presidente de la República de la época, General don Augusto Pinochet Ugarte.
Que durante la investigación se ha dictado procesamiento en contra de Alvaro Julio Federico Corbalán Castilla, Iván Belarmino Quiroz Ruiz, Pedro Javier Guzmán Olivares, Krantz Johans Bauer Donoso, Jorge Octavio Vargas Bories, Víctor Manuel Muñoz Orellana, Hernán Antonio Vásquez Villegas, Gonzalo Fernando Maass del Valle, Egón Antonio Barra Barra y Luis Arturo Sanhueza Ros, todos pertenecientes al denominado Cuartel Borgoño, de la Central Nacional de Informaciones, como presuntos autores de los hechos referidos y que se encuentran tipificados como de secuestros seguidos de homicidio.
No obstante, y atendido el estado de avance obtenido en la investigación de los hechos –habida consideración a que desde aquellos procesamientos y esta fecha ha transcurrido un considerable lapso de tiempo y se han esclarecido, por confesión, las circunstancias relativas a la participación de los encausados, a este juez le parece aconsejable adecuar a dicha nueva realidad los respectivos encausamientos, fijando responsabilidades más precisas, directas y reales respecto de los hechos, como así también dejar sin efecto aquéllos que se dirigen contra personas respecto de las cuales, hasta la fecha, no aparecen fundadas presunciones de participación en los mismos.
Que, en consecuencia, déjanse sin efecto los autos de procesamiento de 30 de noviembre de 1999 -dos de ellos- y 10 de mayo de 2000 –los otros dos-, que se leen a fs. 1312, 1322, 2099 y 2108, respectivamente, los que se reemplazan por el que a continuación se dicta:
Teniendo presente:
1°.- Que en relación a los hechos, y para acreditar los mismos, hasta la fecha se han agregado al sumario los siguientes elementos de cargo, los que se reseñarán sucesivamente y en el orden de su ocurrencia:
I.- Antecedentes relativos a la muerte de Felipe Segundo Rivera Gajardo. (Tomo I, Cuaderno C).
Querella de fs. 1; ampliación de la misma de fs. 3; certificado de defunción de fs. 6; parte policial de fs. 17; copias de recurso de amparo de fs. 18 y siguientes; informe de autopsia de fs. 21; inspección ocular de fs. 31; informe de la Policía de Investigaciones de Chile de fs. 37 y siguientes; informe pericial balístico de fs. 61 y 77; informe pericial químico de fs. 63; informe pericial planimétrico y fotográfico de fs. 83 y 86; documento de fs. 91; orden de investigar de fs. 247 y siguientes del Cuaderno signado con la letra A, correspondiente a José Carrasco Tapia; declaraciones de Alicia Lira Matus de fs. 9, 73, 172 y 1.205; de Marisol del Carmen Leiva Sanhueza de fs. 12, 74 y 1.200; de Erasmo José Macaya Matus de fs. 14, 73 vta., 173 y 1.201; de Rosa del Carmen Gajardo Luna de fs. 28 vta. y 1.208; de Luis Morales Valenzuela de fs. 79; de Enrique Alejandro Romero Becerra de fs. 80 vta.; de Manuel Raúl Hechucura Barrueto de fs. 79 vta.; de Diego Iván Lira Matus de fs. 97, 105 y 2.018; de Nelson Nolasco Navarrete Lizana de fs. 133; y de los funcionarios de Carabineros Luis Ernesto Venegas Jara de fs. 142 vta. y Benedicto Joel Soto Rivas de fs. 143.
II.- Antecedentes relativos a la muerte de Gaston Fernando Vidaurrazaga Manriquez. (Tomo I, Cuaderno D).
Denuncia de fs. 3; querellas de fs. 10 y 83, ampliación de las mismas de fs. 113 y 227; inspección ocular del tribunal de fs. 12; orden de investigar DE FS., pericia planimérica y fotográfica de fs. 18 y siguientes; oficio de fs. 41; orden de investigar de fs. 50; certificado de defunción de fs. 56; copia del parte policial de fs. 58 y adición de fs. 59; pericias planimétricas y fotográficas de fs. 65 y 164; informe de autopsia de fs. 150; pericia fotográfica de fs. 159 y 498; pericia balística de fs. 202; parte policial de fs. 204 y 365; pericias balísticas de fs. 234, 241 y 243; orden de investigar de fs. 457 y siguientes; pericia planimétrica de fs. 504; declaraciones de la señora María Yolanda Manríquez Sepúlveda de fs. 7, 41, 1104 y 1.914; de Patricia Vidaurrázaga Manríquez de fs. 8; de Juan Ernesto Cáceres Oregón de fs. 16; de Pedro Armando Badilla Cornejo de fs. 34; de Patricio Lobos Rojas de fs. 35; de Francisca Rafaela Acosta Saavedra de fs. 36, 646 y 467; de Luis Armando Otárola Cerda de fs. 37; de Francisco Segundo Acosta Muñoz de fs. 42; de Marisol del Carmen Arias Cabrera de fs. 43 y 76; de María Eliana Rodríguez González de fs. 62 y 1.104; de María Viviana San Martín Herrera de fs. 77; de Luis Guillermo González Rojas de fs. 78; de Herminio Hernández Sanhueza de fs. 177; de Noemías Navarrete González de fs. 117 vta.; de Olga Marchant Villaseca de fs. 118 y 460, de Georgina Rojas Bustamante de fs. 119; de Pedro Hugo López Espinoza de fs. 120; de Hermógenes Escalona Godoy de fs. 53 y 124; de Juan Manuel García León de fs. 124 vta.; de Gabriel Marabolí Marabolí de fs. 54 y 125 vta.; de Juan Rojas Berríos de fs. 182 y 461; de Ana María Romo Flores de fs. 183; de Hugo Hernán Gálvez Palma de fs. 184; de Omar Santos Guajardo Muñoz de fs. 191; de Hugo Ramiro Gavilanes Granja de fs. 195; de Humberto Zumarán Araya de fs. 195 vta.; de Samuel Muñoz Troncoso de fs. 221 y 1.021; de Víctor Espinoza Aburto de fs. 222; de Raúl Riffo Valdés de fs. 223 y 1.105; de Alfonso Bonhomme Soto de fs. 224 vta., 514 y 1.097; de Sara Parra Coronado de fs. 230; de José Campos Hermosilla de fs. 233; de José Cuevas Espinoza de fs. 248, 518 vta. y 1103; de Luis Soto Rogel de fs. 249 vta., 518 y 1093; de Freddy Flores Marín de fs. 251, 1.089 y 2.060; de José Vásquez Fernández de fs. 316; de Luis Espinoza Avila de fs. 406; de Carmen Gloria Cifuentes Ramírez de fs. 406 vta.; de Orfelia Torres Caamaño de fs. 407; de Elisa Ortega Quezada de fs. 408; de Edith Cortés Ulloa de fs. 408 vta.; de Luis Arturo Verdugo de fs. 409; de Rosa Patricia Bahamondes Quevedo de fs. 444; de Fidel Eugenio Rojas Berrios de fs. 466; de Francisca Rafaela Avila Saavedra de fs. 467; de Rigoberto García Torres de fs. 448; de Amador Ramírez Vargas de fs. 491, 495 y 1.081; de José Godoy Ojeda de fs. 517, 1.852, 2.056 y 2.063; de Norja Borje Morales de fs. 481 vta., y 1.102; de Raúl Tobar Guerrero de fs. 1.862 y 1652; de Maximiliano León Urbina de fs. 1.911; de María Angélica Bon Vásquez de fs. 2027; de Ignacio Vidaurrázaga Manríquez de fs. 2.029; y de Olga Cabrera Valladares de fs. 2.032.
III.- Antecedentes relativos a la muerte de Jose Humberto Carrasco Tapia. (Tomo I, Cuaderno A).
Parte policial de fs.1, querella de fs. 5 y 39; inspección personal del tribunal de fs. 12; presentación de fs. 15; informe pericial fotográfico de fs. 20 y siguientes; pericia planimétrica de fs. 33; inspección personal del tribunal de fs. 35; certificado de defunción de fs. 48; informe de autopsia de fs. 50, diligencia de reconstitución de escena de fs. 62; informes periciales de fs. 64, 196 y 198; documento de fs. 70; transcripción de fs. 71; pericia de fs. 144 y siguientes, 102, 161, 171, y 190; órdenes de investigar de fs. 78, 202 y 247, 349, 459 y siguientes; declaraciones de Fernando Moraga Avendaño de fs. 2; de Guillermo Muñoz Rojas de fs. 10; de Carlos Millanes Muñoz de fs. 10 vta.; de Carmen Hertz Cádiz de fs. 11; de Angelina Rojas Suazo de fs. 16; de Aída Orellana Moya de fs. 16 vta.; de Luis Hernández Monroy de fs. 17; de Silvia Inés Vera Sommer de fs. 18, 243, 362, 393 y 1.072; de Claudio Alberto Canales Armijo de fs. 19, 240 y 1.085 y 70 del Cuaderno Reservado; de Iván Carrasco Mora de fs. 46, 360, 361 y 1.075; de Oscar Aravena Jones de fs. 66 y 71; de Raúl Carrasco Tapia de fs. 47 vta., 186 y 239; de Cristián Osses Garrido de fs. 105; de Jorge Tapia Cisterna de fs. 105 vta.; de Gastón Rodríguez Alarcón de fs. 109 vta.; de Hernán Cardemil Coppeli de fs. 169, 1.086, 1.286 y 1.298; de Gladis Astrid Garrido Neira de fs. 170; de Jaime Parra Aguayo de fs. 173; Iván Stenger Larenas de fs. 173 vta.; de Carlos Millanes Muñoz de fs. 175; de Tirso Hermosilla Aguayo de fs. 180; de Jaime Olave Espinoza de fs. 181; de Carmen Rocco Guerrero de fs. 365; de María Eugenia Cáceres de fs. 491 vta.; de Luis Thayer Morell de fs. 466; y de Sergio Hevia Larenas de fs. 2.039.
IV.- Antecedentes relativos a la muerte de Abraham Muskatblit Eidelstein. (Tomo I, Cuaderno B).
Fotocopia del recurso de amparo de fs. 2 y siguientes; inspección ocular de fs. 11 vta. y 24; querella de fs. 18; parte policial de fs. 25; protocolo de autopsia de fs. 32 y ampliación de fs. 62; inspección personal del tribunal de fs. 48; certificado de defunción de fs. 77 y 99; orden de investigar de fs. 79 y siguientes; pericia química de fs. 98; peritaje fotográfico de fs 104 y siguientes; informe pericial planimétrico de fs. 113; pericia balística de fs. 119, 126 y 130; declaraciones de María Elena Jacinta Alvarado Urbina de fs. 12, 29, y 149; de Julio Martínez Oliva de fs. 31; de Aníbal Cuellar Leiva de fs. 44; de Luis Acuña Muñoz de fs. 45 vta.; de Marcia Elena Jacinta Alvarado Urbina de fs. 52; de Igor Muskatblit Alvarado de fs. 53 vta.; de Pavel Muskatblit Alvarado de fs. 54 vta.; de Juan Benavides Hidalgo de fs. 56; de Leopoldo Llantén Saavedra de fs. 117; y, de Juan Canales Fredes de fs. 135.
2°.- Que aparte de las piezas sumariales referidas a cada uno de los hechos señalados precedentemente, se debe agregar, como elementos de carácter general y que afectan a todos estos sucesos, los siguientes:
Parte policial de fs. 1, 82 y 269; informe pericial balístico de fs. 76, contenidos en el cuaderno Reservado; orden de investigar de fs. 585; publicaciones de prensa de fs. 721, 724 y 725, ratificadas a fs. 959; documentos de fs. 1010 y siguientes; órdenes de investigar de fs. 1065 y 1100; pericia balística de fs. 1107; orden de investigar de fs. 1122, 1163 y 1258; informaciones de prensa de fs. 1173 y siguientes; acta de inspección ocular de fs. 1266; fotocopias autorizadas de fs. 1268 y siguientes; orden de investigar de fs. 1336; inspección ocular de fs. 1415; documentos de fs. 1418 a 1536; orden de investigar de fs. 1996 y 1740; inspección ocular de fs. 1837; orden de investigar de fs. 1866; documentos de fs. 1919 a 1969; orden de investigar y documentos acompañados en ella de fs. 1984; inspección ocular de fs. 2033; documentos de fs. 2038; orden de investigar de fs. 2050; oficio Secreto N°1 del Misterio de Defensa Nacional de fs. 2176; orden de investigar de fs. 2776 y siguientes; orden de investigar de fs. 2890 y 2904; querella de fs. 2939; pericia caligráfica de fs. 253 del Cuaderno Reservado; declaraciones de Pedro Andrés Rodríguez Bustos de fs. 168 del Cuaderno Reservado; de Víctor Leonardo Tapia Bello de fs. 176 del Cuaderno Reservado; de Luis Arturo Sanhueza Ros de fs. 966, 1292 y 3069, de Lenin Guardia Basso de fs. 749 y 3012; de Miguel Soto Duarte de fs. 775; de Carlos Mora Silva de fs. 939; de Luis Toro Toro de fs. 957; de Juan Lagos Espinoza de fs. 959; de Manuel Salazar Salvo de fs. 960 y 1069; de Juan Vergara Gutiérrez de fs. 972 y 3.133; de Jorge Jiménez Barrera de fs. 977; de José Morales Morales de fs. de fs. 981 y 3050; de Carlos de la Cruz Pino Soto de fs. 990, 1169 y 3003; de Mario Araya Ojeda de fs. 994 y 3.018; de Jaime Silva Ratz de fs. 996, 1.214 y 3.139; de Mario Salazar Sanhueza de fs. 1001; de Manuel Ramírez Montoya de fs. 1003, 1209, 2979; de Nibaldo Jaure Carvajal de fs. 1008; de David Arenas Díaz de fs. 1171; de Carlos Meyer Busquets de fs. 1187; de Juan Fieldhouse Chávez de fs. 1188; de Egón Barra Barra de fs. 1191 y 3020; de Hernán Vásquez Villegas de fs. 1193 y 1981; de Reinaldo Díaz Irribarra de fs. 1.212 y 73 del Cuaderno Reservado; de Miguel Fernando Gajardo Quintana de fs. 1.219, 3075, 3.593; de Héctor Obal Labrín de fs. 1.221; de Pedro Rojas Vásquez de fs. 1.223; de Claudio Pacheco Fernández de fs. 1226 y 3.499; de Juan Castro Vergara de fs.972 y 1228; de Emilio Neira Donoso de fs. 1235, 2982 y 3633; de Hugo Wenzel de fs. 1240 y 3014;de Fernando Orostegui Saavedra de fs. 1245; de Juan Orellana Morales de fs. 1250; de Ricardo Bozo Salgado de fs. 1.280; de Luis Roldán Olmos de fs. 1330, 2999 y 3.188; de Gerardo Antonio Charrié Ferrer de fs. 1338 y 3046; de Gonzalo Héctor Asenjo Zegers de fs. 1345, 1358, 2883 y 3.116; de Jorge Hugo Arriagada Mora de fs. 1546; de José Miguel Morales Morales de fs. 1692; de Dina Mercedes Petric Meneses de fs. 1701 y 3.062; de Ema Verónica Ceballos Núñez de fs. 1714, 1873 y 181 del Cuaderno Reservado; de Aladino del Carmen Pereira Olivera de fs. de 1714 y 1873 y 185 del Cuaderno Reservado; de Raúl Bernardo Toro Montes de fs. 190 del Cuaderno Reservado; de Roberto Hernán Rodríguez Manquel de fs. 192 del Cuaderno Reservado; de Carlos Eduardo Alarcón Alarcón de fs. 3.496 y 195 del Cuaderno Reservado; de Raúl Alejandro Araya Lira de fs. 198 del Cuaderno Reservado; de Francisco Enrique Giessen Larrañaga de fs. 218 del Cuaderno Reservado; de Manuel Jorge Provis Carrasco de fs. 223 del Cuaderno Reservado; de Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez de fs. 232 del Cuaderno Reservado; de René Fernando Olivares Faúndez de fs. 1746; de Hugo Rodrigo Guzmán Rojas de fs. 1876; de Hugo Enrique Alarcón Vergara de fs. 1903; de Osvaldo Patricio Cornejo Marillanca de fs. 1908 y 3048; de Manuel Angel Morales Acevedo de fs. 1916, 327 y 347 del Cuaderno Reservado; de Víctor Eulogio Ruiz Godoy de fs. 341 del Cuaderno Reservado; de Heraldo Velozo Gallegos de fs. 343 del Cuaderno Reservado; de Hans Muller Leiva de fs. 1979 y 172 del Cuaderno Reservado; de Orlando Iván Córdova Evans de fs. 2118; de Flor Del Carmen Ayala Pizarro de fs. 2134; de Víctor Germán Correa Díaz de fs. 2149; de Susana María González Cerda de fs. 2152; de Higinio Barra Vega de fs. 2211; de Vicente Fernando Muñoz Vásquez de fs. 2294; de Manuel José Gamonal Rosales de fs. 2323; de Carlos Leonardo Ruiz Iturra de fs. 2404; de Rodrigo Pérez Martínez de fs. 1.289 y 2.885; de Rosa Humilde Ramos Hernández de fs. 2886; de Enrique Leddy Araneda de fs. 2891; de Hugo Hechenleitner Hechenleitner de fs. 2991; de Romilio Osvaldo Lavín Muñoz de fs. 3036; de Pedro del Carmen Mora Herrera de fs. 3038, de Fernando Remigio Burgos Díaz de fs. 1197 y 3041; de Luis Alberto Toledo Espinoza de fs. 3056; de Mauricio Eugenio Figueroa Lobos de fs. 3059; de Vicente Muñoz Vásquez de fs. 3065; de Pedro Alfonso Roa de fs. 3067; de Jorge Claudio Andrade Gómez de fs. 3083; de Hernán Patricio Míquel Carmona de fs. 3.111; y de Sergio Buschmann Silva de fs. 3.634. A las citas que preceden, debe agregarse el contenido del cuaderno reservado separado.
3°.- Que los antecedentes probatorios que se han indicado en los considerandos que preceden son constitutivos de presunciones judiciales suficientes, en cuanto a los fines a que se refiere la norma del artículo 274 N°1 del Código de Procedimiento Penal, para estimar acreditada la existencia de los siguientes hechos:
a.- Que el día 8 de septiembre de 1986, como consecuencia del atentado criminal de que fue víctima el Presidente de la República y Comandante en Jefe del Ejército de la época, don Augusto Pinochet Ugarte, cometido en horas de la tarde en Camino a San José de Maipo, sector El Mirador de Las Achupallas, se dispuso el acuartelamiento en grado uno de los miembros de la Central Nacional de Informaciones, entre ellos, los integrantes de la División Antisubversiva Bernardo O’Higgins de la Región Metropolitana, cuyo cuartel se encontraba en calle Borgoño de Santiago y su Comandante era el Mayor de Ejército Alvaro Corbalán Castilla, requerimiento éste que cumplió la gran mayoría de sus miembros.
b.- Que con el objeto de recibir instrucciones relativas a la emergencia, el antes referido Comandante del Cuartel Borgoño –que al momento de conocer la noticia sobre el atentado se encontraba fuera de Santiago- regresó de inmediato a la capital, dirigiéndose directamente al cuartel central ó general de la Central Nacional de Informaciones ubicado en la calle República. Allí concurrió a la citación que le hizo el Director Nacional de esa institución, el General don Humberto Gordon Rubio, quien, a su vez, había sido citado a una reunión de emergencia en el Palacio de La Moneda con el Almirante de la Armada don José Toribio Merino Castro, segundo en la sucesión del mando de la Junta Militar de Gobierno.
c.- Que en la señalada reunión con el General Gordon en el Cuartel República estaban presentes el Mayor Corbalán Castilla, Comandante de la División Antisubversiva; y el Comandante de la llamada División Política Metropolitana, encargada del control de los partidos políticos de la época, y que dirigía el Comandante de Ejército señor Manuel Provis Carrasco. Estas dos Divisiones representaban, en ese momento de emergencia, los órganos básicos de la Central Nacional de Informaciones, en su aspecto operativo.
Allí, el señor General nombrado, profundamente alterado por los hechos, les ordenó que agentes de sus respectivas dependencias debían salir y vengar a los cinco escoltas fallecidos con ocasión del atentado, venganza ésta que debía ser en una proporción de dos a uno, en relación a las víctimas.
d.- Que la orden dada por el Mando Superior nombrado se cumplió sólo en la División Antisubversiva y así, transmitida ésta por el Comandante del Cuartel Borgoño a sus subalternos, se actuó por equipos separados de trabajo, respetándose estrictamente la jerarquía y el compartimentaje, como era la organización y forma normal de hacerlo. En cumplimiento de dicho plan, alrededor de las 02:00 de la madrugada, un grupo operativo armado se constituyó en el domicilio ubicado en calle Diagonal Las Torres N° 6678, Población Sara Gajardo en la comuna de Cerro Navia, al que ingresaron saltando la reja del antejardín, con el empleo de la fuerza y pretextando ser compañeros del Frente Manuel Rodríguez que iban en busca de un tal “Mao” -nombre político utilizado por Felipe Segundo Rivera Gajardo mientras militó activamente en el Partido Comunista, pero que a la sazón era funcionario de la Tesorería General de la República-, quien fue detenido y secuestrado, siendo introducido por sus captores en un vehículo y conducido hasta el sector de Américo Vespucio, frente a la Planta Toyota, lugar en el que fue ejecutado, estableciéndose posteriormente que la causa de la muerte fue traumatismo torácico, abdominal y de extremidades superiores por balas. Recibió, según la autopsia de rigor, seis impactos.
e.- Que, seguidamente, alrededor de las 04:00 horas, integrantes armados de otro grupo operativo, se dirigió al domicilio de calle Fidel Angulo N° 1109 de la comuna de San Bernardo, inmueble al cual ingresaron mediante el uso de la fuerza. Allí, Gastón Fernando Vidaurrázaga Manríquez, profesor, que pernoctaba junto a su familia, trató de huir vistiendo sólo con ropa interior, siendo perseguido y aprehendido en calle Maestranza, frente al N° 627, subido a un vehículo y luego conducido hasta la Ruta 5 Sur, en donde a la altura del kilómetro 16, se le bajó del mismo y dio muerte, siendo la causa de ésta múltiples heridas de bala torácicas y abdominales, con y sin salida de proyectil. Recibió, según la autopsia de rigor, doce impactos.
f.- Que, aproximadamente a las 05:00 horas del mismo día 8 de septiembre de 1986, funcionarios armados de un grupo operativo del Cuartel Borgoño, se dirigieron a calle Santa Filomena N° 111, Departamento 209, después de haberlo hecho antes, sin resultado, en dos ocasiones. Ingresaron a la vivienda forzando la puerta e identificándose como policías y procedieron luego a aprehender y secuestrar, en presencia de su familia, a José Humberto Carrasco Tapia, periodista y dirigente sindical, vinculado al MIR, el cual fue introducido en un vehículo y conducido hasta la Avenida Américo Vespucio, costado sur del Cementerio Parque del Recuerdo, frente al pasaje Merino González de la Villa Los Héroes de la Concepción, lugar donde se le dio muerte, siendo la causa de ésta traumatismo cráneo encefálico, facial y de la extremidad inferior izquierda por balas, estimando el perito forense que los disparos son de tipo homicida. Recibió, según la autopsia de rigor, catorce impactos.
g.- Que, además, a las 02:15 horas de la noche siguiente, esto es, la madrugada del 9 de septiembre del año 1986, funcionarios armados de un grupo operativo del Cuartel Borgoño se constituyó en el domicilio de calle 27 de septiembre N° 0423, Población Casas Viejas de Puente Alto, lugar en donde, actuando violentamente, forzaron la puerta del antejardín, ingresaron al inmueble, y ante la presencia de integrantes de su familia, procedieron a detener y secuestrar a Abraham Muskatblit Eidelstein, Gerente de Ventas de la Editorial Cono Sur, integrante del Partido Comunista, quien pernoctaba con su núcleo familiar. Se le introdujo en un vehículo para ser posteriormente conducido al Camino Lonquén, a la altura del N° 2360, lugar donde se le dio muerte, siendo la causa de ésta traumatismo torácico, abdominal y de extremidades superiores, por balas. Recibió, según la autopsia de rigor, nueve impactos.
4°.- Que los hechos anteriormente relacionados son constitutivos de sendos delitos de secuestro, seguidos de homicidio, en la persona de Felipe Segundo Rivera Gajardo, Gastón Fernando Vidaurrázaga Manríquez, José Humberto Carrasco Tapia y Abraham Muskatblit Eidelstein, previsto y sancionado en el artículo 141 inciso final del Código Penal, desde que terceros, haciendo uso de la fuerza y aprovechando su condición de miembros de los servicios de seguridad, en horas en que las víctimas se encontraban durmiendo en sus respectivos domicilios, contra la voluntad de éstas, fueron sacados de sus casas y conducidos a lugares solitarios en que, sin mediar razón o motivo alguno, se les dio muerte haciendo uso de las armas de fuego que portaban; y
5°.- Que de los mismos antecedentes sumariales ya señalados y de las propias declaraciones de Alvaro Julio Federico Corbalan Castilla de fs. 1182, 1767, 1792, 2016, 3017; y 207, 214, 216, 221, 226, 228, 235, 328 y 345 del Cuaderno Reservado; de Ivan Raul Belarmino Quiroz Ruiz de fs. 1287, 1680, 2239, 2774, 2894, 3025 y 3.644; de Carlos Guillermo Fachinetti Lopez de fs. 3.609; de Jorge Octavio Vargas Bories de fs. 385, 388, 392, 401, 441 vta., 450, 552 vta. 1264, 2597, 2897, 3005, 3.561, y 3.572; de Gonzalo Fernando Maass Del Valle de fs. 1225, 1378, 3137, 3192, 3535 y 3556; y 329 del Cuaderno Reservado; de Pedro Javier Guzman Olivares de fs. 970, 2424, 2993, 3.548 y 3.588; de Victor Hugo Lara Cataldo de fs. 1340, 2879 y 3078, 3.605; de René Armando Valdovinos Morales de fs. 1237, 3081 y 3.590; de Krantz Johans Bauer Donoso de fs. 1294, 2973, 2975, 2977, 2984, 3541 y 3.620; de Victor Manuel Muñoz Orellana de fs. 1189, 1977, 3.574, 3.632; y 338 del Cuaderno Reservado; de Jorge Enrique Jofre Rojas de fs. 2989 y 3.583; de Eduardo Martin Chavez Baeza de fs. 3.625; de Juan Alejandro Jorquera Abarzúa de fs. 1331 y 3.600; y 351 del Cuaderno Reservado; y de José Ramon Meneses Arcauz de fs. 1247, 2881 y 3638; surgen fundadas presunciones que son suficientes para atribuirles participación, en calidad de autores, por los delitos de secuestro seguidos de homicidio en las personas de Felipe Segundo Rivera Gajardo, Gastón Fernando Vidaurrázaga Manríquez, José Humberto Carrasco Tapia y Abraham Muskatblit Eidelstein en la forma y por los casos que más adelante, en lo dispositivo, se señalan:
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 274 y 275 del Código de Procedimiento Penal, se declara que se somete a proceso a las siguientes personas, en las calidades y por los delitos que se indican:
Alvaro Julio Federico Corbalan Castilla, en calidad de autor de los delitos de secuestro seguidos de homicidio en las personas de Felipe Segundo Rivera Gajardo, Gastón Fernando Vidaurrázaga Manríquez, José Humberto Carrasco Tapia y Abraham Muskatblit Eidelstein.
Pedro Javier Guzman Olivares, Gonzalo Fernando Maass Del Valle, Victor Hugo Lara Cataldo y René Armando Valdovinos Morales en calidad de co-autores del delito de secuestro seguido de homicidio en la persona de Felipe Segundo Rivera Gajardo.
Krantz Johans Bauer Donoso, Victor Manuel Muñoz Orellana, Jorge Enrique Jofre Rojas, Eduardo Martin Chavez Baeza y Juan Alejandro Jorquera Abarzúa en calidad de co-autores del delito de secuestro seguido de homicidio en la persona de Gastón Fernando Vidaurrázaga Manríquez.
Ivan Raul Belarmino Quiroz Ruiz, Jorge Octavio Vargas Bories y Carlos Guillermo Fachinetti Lopez, en calidad de co-autores del delito de secuestro seguido de homicidio en la persona de José Humberto Carrasco Tapia, e Ivan Raul Belarmino Quiroz Ruiz, Jorge Octavio Vargas Bories y José Ramon Meneses Arcauz en calidad de co-autores del delito de secuestro seguido de homicidio en la persona de Abraham Muskatblit Eidelstein.
Practíquense las notificaciones y designaciones legales.
Prontuaríese a los procesados y en su oportunidad, agréguese a los autos su extracto de filiación.
No constando de autos la posesión de bienes por parte de los encausados no se da cumplimiento, por ahora, de la traba de embargo de que trata el artículo 380 del Código de Procedimiento Penal.
Despáchese orden de aprehensión en contra de los encausados Víctor Hugo Lara Cataldo, Jorge Enrique Jofré Rojas, Eduardo Martín Chávez Baeza, José Meneses Arcauz y Carlos Guillermo Fachinetti López, bajo apercibimiento legal, oficiándose al efecto a la Policía de Investigaciones de Chile y al Comando de Apoyo Administrativo del Ejército.
Encontrándose el procesado Alvaro Corbalán Castilla recluido en el Penal de Punta Peuco, notifíquesele personalmente la presente resolución y constando en autos que los enjuiciados Pedro Guzmán Olivares, Gonzalo Maass del Valle, Krantz Bauer Donoso, Iván Quiroz Ruiz, Jorge Vargas Bories, René Armando Valdovinos Morales, Víctor Muñoz Orellana y Juan Alejandro Jorquera Abarzúa, lo están en el régimen de libertad provisional bajo fianza, cíteseles a fin de notificarlos.
Dictado por Don Hugo Dolmestch Urra, Ministro en Visita Extraordinaria.
Santiago, veintiséis de octubre de dos mil cinco.
Fuente :Poder Judicial
Fecha :26-10-2005
Prensa
Sin orden judicial: ministros Rabat y Larraín redujeron las condenas de 22 agentes de la dictadura
A pesar de que la mayor parte de las veces la Corte Suprema rechaza las rebajas de condenas para criminales de lesa humanidad, el ministro Rabat cambió el criterio del gobierno anterior y comenzó a entregar esos beneficios sin una orden judicial que lo respalde. No es el primero que lo hace, el exministro Hernán Larraín autorizó, al menos, 19 rebajas de condena para quienes integraron los aparatos represivos de Pinochet. Diversos fallos del máximo tribunal advierten que quienes están presos por delitos contra los derechos humanos solo pueden acceder a beneficios si colaboran con las investigaciones en curso y muestran arrepentimiento por sus actos. Pero, hasta ahora, el gobierno hace oídos sordos.
Cuando el ministro de Justicia, Fernando Rabat, decidió cambiar el criterio del gobierno anterior a la hora de otorgar rebajas de condenas, los pederastas no fueron los primeros beneficiados. Desde fines de abril, su cartera comenzó a emitir informes que respaldaban los beneficios carcelarios para violadores de derechos humanos durante la dictadura. En mayo, su ministerio firmó tres decretos que le otorgaron la libertad inmediata a exuniformados condenados por torturar y desaparecer a opositores del régimen.
Esos decretos no estaban respaldados por ninguna sentencia judicial. De hecho, en los últimos años se ha afianzado una mayoría en la Corte Suprema que rechaza recortar las condenas a violadores de derechos humanos, básicamente porque no colaboran con las investigaciones ni muestran arrepentimiento por sus actos.
Pero la administración de Rabat no fue la primera que otorgó esos beneficios sin consultar a los tribunales. Antes lo hizo el gobierno de Sebastián Piñera. Mientras el ministro de Justicia era Hernán Larraín, entre 2018 y 2022, se firmaron, al menos, 19 decretos que rebajaron las condenas que pesaban sobre criminales de la dictadura.
Cuando estalló el escándalo por los beneficios otorgados por Rabat a pederastas, el exministro Larraín difundió una declaración donde cuestionó las explicaciones dadas por la autoridad. Remarcó que bajo su mandato se tramitó la ley que excluyó de las rebajas de condenas a agresores sexuales de niños y niñas, y afirmó, con razón, que la Corte Suprema no tenía un criterio único a la hora de emitir sentencias por esos casos. Pero, hasta ahora, no ha dicho nada sobre los beneficios otorgados a represores de la dictadura.
Cuando Reportea le preguntó por esos casos, Larraín indicó que no estaba contestando consultas de la prensa, y que solo hablaría a través de sus columnas de opinión.
Entre los 19 presos beneficiados por Larraín, se encuentran los cinco ex PDI condenados por la tortura y muerte de Claudio Pino Cortés en 1987 —todos recibieron el beneficio entre el 19 y el 25 de noviembre de 2021—, también Moisés Retamal Bustos, subteniente (r) del Ejército responsable de la desaparición de tres ciudadanos uruguayos en septiembre de 1973, en el sector de San José de Maipo, y el teniente (r) de Carabineros, Juan Abello Vildósola, condenado por la desaparición de un militante socialista en la comuna de Penco.
Rebajas de condena sin orden judicial
Entregadas durante los gobiernos de Sebastián Piñera y José Antonio Kast.
| N° | Nombre del beneficiado | Delito | Condena | Fecha en que se otorgó la rebaja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Lorenzo Abello Vildósola | Secuestro | 5 años y 1 día | 20/07/2020 |
| 2 | Lander Mickel Uriarte Burotto | Secuestro | 6 años | 15/10/2020 |
| 3 | Rodrigo Pérez Martínez | Cómplice de secuestro | 5 años y 1 día | 01/12/2020 |
| 4 | Juan Artemio Valderrama Molina | Secuestro | 6 años | 03/12/2020 |
| 5 | Adolfo Nicolás Lapostol Sprovera | Secuestro | 6 años | 04/12/2020 |
| 6 | Carlos Enrique Blanco Plummer | Homicidio | 5 años y 1 día | 07/12/2020 |
| 7 | Moisés Retamal Bustos | Secuestro | 6 años | 20/01/2021 |
| 8 | Aquiles Navarrete Izarnótegui | Cómplice de secuestro | 5 años y 1 día | 02/06/2021 |
| 9 | Julio Cerda Carrasco | Cómplice de secuestro | 5 años y 1 día | 04/06/2021 |
| 10 | Manuel Rigoberto Ramírez Montoya | Secuestro | 5 años y 1 día | 11/08/2021 |
| 11 | Marco Antonio Bustos Carrasco | Cómplice de secuestro | 5 años y 1 día | 23/08/2021 |
| 12 | Óscar Hernán Norambuena Retamal | Aplicación de tormentos con resultado de muerte | 5 años y 1 día | 19/11/2021 |
| 13 | Heriberto Adolfo Oroz Díaz | Aplicación de tormentos con resultado de muerte | 5 años y 1 día | 23/11/2021 |
| 14 | Gonzalo Reinaldo Fernández Navarro | Aplicación de tormentos con resultado de muerte | 5 años y 1 día | 23/11/2021 |
| 15 | Julio Alfonso Tutt Fuentes | Homicidio | 5 años y 1 día | 23/11/2021 |
| 16 | Jorge Marcelo Escobar Fuentes | Homicidio | 5 años y 1 día | 23/11/2021 |
| 17 | Adrián Segundo Vargas Soto | Aplicación de tormentos con resultado de muerte | 5 años y 1 día | 23/11/2021 |
| 18 | David Waldemar Manríquez Fuentes | Aplicación de tormentos con resultado de muerte | 5 años y 1 día | 25/11/2021 |
| 19 | Hugo Prado Contreras | Cómplice de secuestro | 5 años y 1 día | 29/12/2021 |
| 20 | César Luis Acuña Luengo | Secuestro | 10 años y 1 día | 20/05/2026 |
| 21 | Miguel Segundo Arias Navarrete | Secuestro | 6 años | 27/05/2026 |
| 22 | Manuel del Carmen Cabezas Pérez | Delitos reiterados de aplicación de tormentos causando lesiones graves | 5 años y 1 día | 27/05/2026 |
El gobierno que siguió al de Piñera, liderado por Gabriel Boric, optó por rechazar este tipo de beneficios para violadores de derechos humanos y discutir su entrega en los tribunales. Pero cuando el presidente Kast llegó a La Moneda, y Fernando Rabat asumió como ministro de Justicia, se volvió al criterio anterior.
Cuando en T13 Radio le preguntaron a Rabat por los decretos que aprobó su cartera para reducir las condenas de exuniformados responsables de delitos como desaparición forzada y torturas, el ministro respondió que se había apegado a la ley: “De la misma manera se dieron estos beneficios en los últimos 20 años, en gobiernos de distinto signo político, porque se aplica la ley (…) creo que solamente en el gobierno de Boric se rechazaron absolutamente todos, y fueron luego revertidas esas situaciones por sentencias de la Corte Suprema en, al menos cuatro casos”.
Lo que el ministro Rabat no dijo en esa entrevista, es que los tribunales le dieron la razón de forma mayoritaria al criterio del gobierno anterior de rechazar las rebajas de condenas a represores de la dictadura. Y aunque efectivamente existen cuatro sentencias de la Corte Suprema que obligaron a los ministros de Justicia de Boric a otorgar los beneficios, hay otras 11 que respaldaron su decisión de no entregarlos.
En la mayoría de esos fallos se repite un argumento: el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional y al que Chile adhirió, establece que los condenados por delitos de lesa humanidad solo podrán beneficiarse con rebajas en sus condenas si cumplen una serie de requisitos, como mostrar arrepentimiento y colaborar efectivamente con la investigación. Lo que no ocurrió en los casos que fueron revisados por el máximo tribunal.
Cuando el ministro Rabat fue a dar explicaciones al Congreso por los otros beneficios que otorgó —al menos 56 rebajas de condenas para pederastas—, aseguró que solo estaba cumpliendo con la ley, y que los fallos de la Corte Suprema lo obligaron a entregarlos. Pero esa era solo una cara de la moneda. En su alocución, Rabat le ocultó al Congreso la existencia de sentencias de la Suprema que contradecían su criterio (vea investigación de Reportea).
Ese despliegue ante el Congreso tiene complicado al ministro. La oposición acaba de presentar en su contra una acusación constitucional para destituirlo del cargo. Uno de los tres capítulos del libelo lo acusa de faltar a la probidad por la información que le entregó a los parlamentarios: “No hay desempeño honesto cuando un ministro informa a otro poder del Estado hechos falsos o incompletos”, señala la acusación, según publicó Radio Biobío.
Los otros dos capítulos son por los beneficios entregados a decenas de pederastas, y por los tres decretos que firmó aprobando el beneficio para agentes de la dictadura.
Los decretos del exministro Larraín
Ya en 2022 existía una mayoría en la Corte Suprema que estaba de acuerdo en rechazar las rebajas de condena para violadores de derechos humanos. Según el catastro realizado por Reportea, entre ese año y 2026, el máximo tribunal negó los beneficios en una proporción de cinco a uno (20 fallos versus cuatro).
El argumento que se asentó entre los ministros del máximo tribunal fue que el Estado debía considerar las exigencias del Estatuto de Roma para otorgar las rebajas en casos de criminales de lesa humanidad. Sin arrepentimiento ni colaboración, no es posible otorgar un beneficio.
Incluso, varias sentencias subrayan que no solo los tribunales deben tener esa normativa a la vista. “No sólo la judicatura se encuentra obligada a respetar y aplicar en sus decisiones los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, sino que lo mismo corresponde a todo órgano del Estado”, se indica en varias de las sentencias revisadas para este reportaje (vea aquí un ejemplo).
Ese mensaje de los jueces puede ser complejo para el ministro Rabat, que ha otorgado beneficios sin considerar la normativa internacional, y también para el exministro de Justicia, Hernán Larraín, que en su periodo otorgó, al menos, 19 rebajas de condenas a violadores de derechos humanos sin el apoyo de ninguna sentencia judicial, y sin considerar el Estatuto de Roma.
Al inicio de su gestión, entre 2018 y 2019, Larraín intentó rechazar algunas solicitudes de condenados. Claro que no usó el argumento de los tratados internacionales ratificados por Chile.
Uno de esos casos fue el de Ramón Cáceres Jorquera, condenado a cuatro años de cárcel por haber torturado y provocado la muerte de Alberto Bachelet, padre de la expresidenta. En el decreto que originalmente rechazó la rebaja de siete meses solicitada, el ministerio liderado por Larraín argumentó que Cáceres debía ser excluido del beneficio, por haber sido condenado por un delito cuya pena máxima es el presidio perpetuo.
Esa situación está considerada como causal de exclusión en la ley que regula las rebajas de condenas. Pero la Corte Suprema resolvió que en este caso esa limitante no aplicaba, pues en la fecha en que Alberto Bachelet fue torturado, ese delito no tenía como pena máxima el presidio perpetuo. La legislación chilena recién le atribuyó ese castigo en 2016, y la corte sostuvo que por ende no podía considerarse esa limitante para delitos que se hubieran cometido antes de eso. Tras la sentencia, el ministerio le otorgó el beneficio (vea ese fallo).
Lo mismo sucedió con Erasmo Vega Sobarzo, condenado a cinco años y un día por secuestro calificado. La Corte Suprema resolvió que recién en 2009 la legislación chilena impuso la pena máxima de presidio perpetuo para ese delito, y obligó al ministerio a entregarle los 10 meses de rebaja que le reconocía la comisión que evaluó su caso.
De ahí en adelante, la cartera dirigida por Larraín dejó de oponerse a la entrega del beneficio para condenados por delitos de lesa humanidad, por lo que las solicitudes de los presos dejaron de llegar a los tribunales.
Entre 2020 y 2021, Reportea identificó al menos 19 casos en que el Ministerio de Justicia otorgó el beneficio sin que existiera un fallo judicial que lo obligara. En 2021, un recurso de protección interpuesto por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) contra el presidente Sebastián Piñera y su ministro de Justicia, Hernán Larraín, cuestionó el otorgamiento de seis casos de rebajas de condena, por violar los tratados internacionales firmados por Chile. En la tramitación de esa causa quedó plasmada la justificación de la administración liderada por Larraín.
En un informe, el ministerio identificó principalmente tres razones para otorgarle el beneficio a condenados por este tipo de crímenes: que ninguna de las causales de exclusión consideradas en la ley que regula las rebajas considera como excepción haber sido condenado por delitos de lesa humanidad; que, según esa misma ley, al ministerio no le corresponde volver a revisar si el condenado cumple los requisitos, pues eso sería tarea de la comisión de rebaja de condena; y por último, que no se deben considerar los tratados internacionales en esta materia, pues la ley que regula las rebajas de condena no los menciona (vea el informe con la argumentación completa).
La Corte Suprema le halló la razón a la AFDD, en cuanto a que el gobierno debió haber incorporado los requisitos del Estatuto de Roma a la hora de evaluar la entrega de beneficios. Pero, como el máximo tribunal revisó el recurso de protección en abril de 2023, casi tres años después de que se otorgaron las rebajas de condenas, ya no tenía sentido que se intentara subsanar esa falla (vea aquí esa sentencia).
Entre los 19 reos beneficiados por el gobierno de Piñera hay tres que debieron volver a la cárcel después de conseguir la rebaja, por fallos que los condenaron como autores de otros delitos cometidos durante la dictadura.
Julio Cerda Carrasco, liberado en 2021, fue condenado a 15 años de cárcel en 2024 por el secuestro de cinco personas. Moisés Retamal Bustos, también liberado en 2021, fue condenado en 2025 a diez años de cárcel por el secuestro del dirigente puentealtino Jorge Enrique Carrión Castro, quien continúa desaparecido.
El tercero es Jorge Escobar Fuentes, quien también logró salir de la cárcel gracias a una rebaja en 2021, pero dos años después debió volver, cuando fue condenado a un total de 36 años: 18 años por el secuestro de dos personas, y otros 18 años por el homicidio de cinco. Todos víctimas de la Operación Cóndor. En 2015, 38 años después de su desaparición, los restos de tres de los asesinados lograron ser identificados y sus familiares pudieron enterrarlos, según reveló Ciper.
Los criminales beneficiados por Rabat
Una vez finalizado el gobierno de Piñera, las solicitudes de rebajas de condenas que presentaban violadores de derechos humanos volvieron a revisarse en los tribunales, ya que el gobierno de Boric optó por negarles el beneficio. Fue en ese momento, desde marzo de 2022, que la Suprema comenzó a rechazar la gran mayoría de los recursos de amparo que presentaban los condenados, aludiendo a que estos no cumplían los requisitos establecidos por el Estatuto de Roma.
Sentencias Corte Suprema que rechazaron rebajas de condenas
Periodo gobierno de Gabriel Boric
| Fecha | Rol | Solicitante | Decisión |
|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | 160.806/2022 | Raúl Quintana Salazar | Rechaza el amparo. Argumento: para acceder al beneficio el condenado debe cumplir con lo solicitado por la ley chilena, pero también con los requisitos del Estatuto de Roma. |
| 10/07/2025 | 25.533/2025 | Gonzalo Maas Del Valle, José Miguel Morales Morales y Gabriel Matus Hernández | Rechaza el amparo. Los solicitantes deben cumplir con los requisitos establecidos por el Estatuto de Roma. |
| 05/01/2023 | 167.545/2022 | Vittorio Orvieto | Rechaza el amparo. El solicitante debe cumplir con el Estatuto de Roma. |
| 22/08/2023 | 175.069/2023 | Raúl Lillo Gutiérrez | Rechaza el amparo. El solicitante debe cumplir con el Estatuto de Roma. |
| 02/12/2025 | 50.488/2025 | Patricio González Cortez | Rechaza el amparo. El solicitante debe cumplir con el Estatuto de Roma. |
| 29/01/2024 | 127/2024 | Pablo Rodríguez Márquez | Rechaza el amparo. El solicitante debe cumplir con el Estatuto de Roma. |
| 02/04/2024 | 11.256/2024 | Hernán Ramírez Hald | Rechaza el amparo. El solicitante debe cumplir con el Estatuto de Roma. |
| 19/03/2024 | 6.558/2024 | Haroldo Latorre Sánchez | Rechaza el amparo que reclamaba que el Ministerio de Justicia no se pronunciaba sobre su solicitud. En medio del proceso la cartera firmó el decreto rechazando el beneficio, por lo que el amparo perdió sentido. |
| 24/07/2024 | 19.297/2024 | Haroldo Latorre Sánchez | Segundo amparo de Latorre ahora que contaba con un decreto negativo. La Suprema lo rechaza aludiendo al Estatuto de Roma. |
| 12/01/2025 | 806/2025 | Jaime Barría Sánchez | Rechaza el amparo. El solicitante debe cumplir con el Estatuto de Roma. |
| 02/12/2025 | 50.493/2025 | Heraldo Velozo Gallegos, Jorge Ahumada Molina, José Fuentes Pastene, Marcos Pincheira Ubilla | Rechaza el amparo. El solicitante debe cumplir con el Estatuto de Roma. |
* Revisión propia realizada por Reportea en la base de datos del Poder Judicial.
Pero cuatro años después, en 2026, el escenario volvió a cambiar con el arribo del presidente José Antonio Kast a La Moneda, y de Fernando Rabat al Ministerio de Justicia.
Rabat concretó dos cambios de criterio, uno más rápido que el otro. Primero optó por otorgar rebajas de condenas a criminales de lesa humanidad, y luego también a pederastas, cuyas solicitudes habían sido rechazadas por los gobiernos de Piñera y Boric.
Según la revisión hecha por Reportea en la base de datos del Poder Judicial, el 30 de abril pasado el Ministerio de Justicia ya estaba presentando en los tribunales los informes con los que concretó el viraje respecto de los condenados por delitos de lesa humanidad.
Un mes y medio después, según la información disponible, comenzó a entregar beneficios a abusadores de niños. El primer decreto de ese tipo se firmó el 16 de junio, según publicó Interferencia.
Antes de eso, el 22 de abril pasado, César Acuña Luengo, exagente de la CNI, presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago para que se le otorgara el beneficio de reducción de condena que venía solicitando desde 2025.
Acuña Luengo cumplía una pena de 10 años y 1 día de presidio por el secuestro calificado de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en septiembre de 1987. Antes ya había cumplido condena por el homicidio de Recaredo Ignacio Valenzuela, economista y también militante del FPMR, quien fue asesinado durante la Operación Albania.
El 24 de abril el entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva, envió su primer informe a la Corte de Santiago. Allí señaló que el ministerio “procederá conforme lo disponga” el tribunal. En el mismo documento indicó que en la justicia no existía un criterio uniforme respecto de estos casos. También solicitó que el recurso de Acuña Luengo se tramitara de forma “reservada” (ver aquí), tal como informó 24 Horas.
El tribunal le pidió que profundizara, y Silva envió un nuevo informe el 30 de abril. Ahí ya quedó claro el nuevo criterio: “este Ministerio no está habilitado para denegar el beneficio de reducción de condena”, afirmó el entonces subsecretario (ver aquí).
Su explicación fue que la ley de rebaja de condenas excluye a quienes sean culpables de delitos que se castiguen con presidio perpetuo, pero que cuando Acuña Luengo cometió su crimen, el secuestro calificado no era castigado con esa pena. En el documento no hizo mención a los tratados internacionales de los que Chile forma parte, como el Estatuto de Roma.
El 19 de mayo, la Corte de Santiago consideró que el ministerio se había demorado mucho en su decisión de otorgar, o no, el beneficio (se venía tramitando desde 2025), y ordenó que se tomara una decisión de inmediato. Fue así que un día después, Pablo Mira —subsecretario de Derechos Humanos, que el 20 de mayo ejercía como ministro subrogante— firmó el decreto que concedió a Acuña Luengo 19 meses de rebaja.
Una semana después, el 27 de mayo, el ministerio firmó otros dos decretos, sin sentencia judicial que respaldara la decisión.
El primer beneficiado fue Miguel Arias Navarrete, exfuncionario de Carabineros que cumplía una condena de seis años por el secuestro calificado de Justo Flores Martínez, un obrero de 18 años de la población Pablo De Rokha, en la actual comuna de La Pintana, que luego de ser detenido ilegalmente fue ejecutado a mediados de octubre de 1973. El decreto, firmado por el ministro Rabat, redujo la condena del exuniformado en nueve meses. Según los registros de Gendarmería, Arias Navarrete abandonó la cárcel de Punta Peuco el 28 de mayo pasado.
El tercer decreto también fue firmado por Rabat, y le redujo ocho meses de condena a Manuel Cabezas Pérez, sargento (r) de la Fuerza Aérea que cumplía una pena de seis años de cárcel por el delito de torturas contra el estudiante Daniel Pavez y el obrero Patricio Rivera, entre septiembre y octubre de 1973. Cabezas abandonó Punta Peuco un día después de la firma del decreto, y ya en libertad, otorgó una entrevista a Meganoticias: «Me gané mi libertad, por conducta sobresaliente».
Poco antes de que estallara el escándalo por las rebajas de condenas, el aún subsecretario de Justicia, Luis Silva, envió otro informe a la Corte de Santiago para fijar su posición en un recurso de amparo que había presentado Patricio González Cortez, un exagente de la CNI que cumple condena en Punta Peuco por la desaparición de cinco frentistas en 1987, el mismo hecho por el que estaba preso Acuña Luengo.
La Corte de Santiago, y también la Suprema, habían confirmado a fines de 2025 que González Cortez no tenía acceso al beneficio de rebaja de condena, porque no cumplía con los requisitos establecidos por el Estatuto de Roma (arrepentimiento y colaboración). El ex CNI insistió en mayo de 2026, pero tampoco tuvo éxito, porque los jueces consideraron que se trataba de un asunto ya resuelto. El tercer intento fue a fines de septiembre, cuando la Corte le pidió un informe al Ministerio de Justicia.
El 2 de octubre, Luis Silva le reiteró a la Corte cuál era su criterio. “En el caso analizado, de acuerdo con los antecedentes disponibles, el Sr. González Cortez cumple con los requisitos establecidos para acceder al beneficio” (ver aquí). Pero el esfuerzo del entonces subsecretario fue en vano: el 7 de octubre la Corte de Santiago rechazó el amparo, porque en 2025 ya se le había negado el beneficio. Esa decisión fue confirmada por la Suprema dos semanas después.
Las sentencias que obligaron a Bachelet y a Boric
Desde 2016 hasta la actualidad, Reportea identificó 30 casos en los que violadores de derechos humanos vieron rebajadas sus condenas gracias a decretos del Ministerio de Justicia. Los primeros casos ocurrieron bajo la presidencia de Michelle Bachelet —cuando el ministro de Justicia era Jaime Campos (actual ministro de Agricultura del presidente Kast)—, y corresponden a rebajas que debieron ser otorgadas por mandato judicial.
Fallos de la Corte de Santiago y de la Suprema obligaron a Campos a entregar el beneficio de 10 meses de rebaja a Víctor Donoso Barrera, condenado a cinco años y un día por el secuestro de Rudy Cárcamo Ruiz, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), cuyo cuerpo no ha sido encontrado.
Cuando Donoso Barrera ya estaba libre, se sumó a él otro de los condenados por el secuestro de Rudy Cárcamo, Hugo González D’Arcangeli, que consiguió rebajar su pena en 7 meses por la misma vía, a pesar de la negativa inicial del ministerio.
Hasta ahora no existe un catastro completo de los casos de violadores de derechos humanos beneficiados con rebajas de condena, porque varios de los recursos de amparo que se presentan en los tribunales aparecen como causas reservadas y no es posible consultarlas. Tampoco existe un acceso público a los beneficios concedidos directamente por los gobiernos, por lo que la lista podría ser más larga.
Al gobierno de Boric también le tocó entregar rebajas de condena obligado por sentencias judiciales. Reportea identificó cuatro casos, ocurridos entre 2024 y 2025, en que el máximo tribunal revocó la decisión del ministerio de rechazar las rebajas.
El primer beneficiado fue Benjamín Labbé Campos, condenado a cinco años y un día como cómplice del homicidio de Blanca Carrasco Peña, con 10 meses de rebaja. Luego vinieron dos de los condenados por el secuestro que concluyó con el asesinato de Eugenio Berríos, el exquímico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA): Marcelo Sandoval Durán y Nelson Román Vargas. Ambos consiguieron 19 meses de reducción de condena.
El último beneficiado durante el periodo de Boric fue Mauricio Vera Cortesi, condenado por el homicidio de José Randolph Segovia. Durante décadas, la participación de Vera y todo lo que rodeó la muerte del joven, ocurrida en 1985, permaneció sin consecuencias, hasta que la hermana de Randolph logró reabrir el caso y encontrar las pistas necesarias, gracias al libro con recortes que había elaborado el padre de ambos, tras la muerte del joven. Sus dos padres se suicidaron sin conocer a los culpables del crimen, según contó The Clinic en 2018.
El fallo que podría cambiar las cosas
A fines de 2024, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa “Vega González y otros vs. Chile” obligó a la justicia chilena a reevaluar el criterio que estaba aplicando a la hora de determinar las condenas para los delitos de lesa humanidad.
La decisión obligó a la Corte Suprema a emitir órdenes de detención contra cuatro condenados que ya estaban en libertad y aumentar las condenas en otros 24 casos, según informó Radio Biobío.
En conversación con Reportea, la abogada que litigó en representación de los familiares de las víctimas ante la corte internacional, Karinna Fernández, asegura que ese fallo impone un nuevo estándar, bajo el cual estas rebajas de condena deberían ser reevaluadas.
“La Corte Interamericana declaró que las rebajas que vuelven irrisoria la condena actúan como factor de impunidad, y ha sostenido que el otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena puede conducir a la impunidad”, asegura Fernández. Y advierte que lo mismo sucede en los casos en que se otorga la libertad condicional.
Según los documentos judiciales revisados por Reporea para esta investigación, varios de los beneficiados con la rebaja de condena durante la última década gozaban también de la libertad condicional. Esto, a pesar de que el decreto que regula el acceso a este beneficio exige, entre otras cosas, que el condenado haya “colaborado sustancialmente al esclarecimiento del delito o confesado su participación en el mismo; o aportado antecedentes serios y efectivos de los que tenga conocimiento en otras causas criminales de similar naturaleza”. Pero eso no ha sucedido.
Entre esos casos está el de Lander Uriarte Burotto, condenado a seis años por secuestro y beneficiado en 2020 con la reducción de su condena. En 2018, Uriarte postuló al beneficio de libertad condicional, pero fue desestimado por la comisión que evaluó su caso. Para revertir ese rechazo, recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago, pero el tribunal respaldó la decisión de la comisión, argumentando que “en el ‘Informe Social y Psicológico Unificado’ de Gendarmería de Chile, del mes de marzo 2018, es posible advertir que constan elementos negativos del amparado en los ámbitos de conciencia del delito, conciencia del daño y mal causado, disposición para el cambio y elementos psicopatológicos”.
Pero todo se dio vuelta en la Corte Suprema: en fallo dividido el máximo tribunal le concedió el beneficio a pesar de las advertencias recogidas en el informe de Gendarmería (vea ese fallo).
En todo caso, como ya mencionamos, los tribunales ahora optan mayoritariamente por rechazar beneficios que impliquen rebajas de condena para criminales de lesa humanidad. Un ejemplo reciente: esta semana la ministra Paola Plaza, de la Corte de Santiago, con dedicación exclusiva a causas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, rechazó una solicitud presentada por Raúl Iturriaga Neumann, general (r) del Ejército, uno de los jefes de la DINA, que acumula más de 40 condenas con penas que suman varios cientos de años por delitos como desaparición forzada, homicidio calificado, dentro y fuera de Chile, aplicación de tormentos, asociación ilícita, sustracción de menores, entre varios otros. Iturriaga buscaba cumplir el resto de sus condenas en su casa, argumentando que enfrentaba problemas de salud, pero no lo consiguió.
Entre las consideraciones que la ministra tuvo a la vista para rechazar la solicitud de Iturriaga Neumann estuvo la normativa internacional: «Cualquier modificación en la ejecución de la pena impuesta a un condenado por delitos de lesa humanidad requiere un riguroso juicio de ponderación que examine la existencia de un arrepentimiento genuino, una colaboración efectiva y oportuna con el esclarecimiento de la verdad, y el impacto adverso que la medida genera respecto de los derechos de las víctimas, la sociedad en su conjunto y del Estado de Chile frente a la comunidad internacional«, señaló.
La sentencia establece con claridad que Iturriaga no cumple con ninguno de los requisitos exigidos para obtener un beneficio: «Evidentemente desde la óptica de los múltiples y numerosos delitos de que es responsable, dado su nulo arrepentimiento, la ausencia total de colaboración con las investigaciones, incluso en aquellas que aún permanecen vigentes, a pesar del prolongado tiempo de desarrollo de los procesos judiciales. Nunca ha existido una colaboración espontánea, oportuna y sustancial al esclarecimiento de los hechos, a la identificación de otros responsables o, de particular relevancia, a la determinación del destino de las víctimas de desaparición forzada. Tampoco ha exteriorizado un reconocimiento efectivo de su responsabilidad o una reflexión crítica acerca de la ilicitud y gravedad de sus conductas«.
En un acápite de la sentencia, la ministra Plaza hizo mención al «control de convencionalidad» que realizó al ponderar el cruce de los distintos factores que incidieron en su decisión de rechazar la solicitud del condenado, incluyendo la normativa internacional y los tratados firmados por Chile.
Varios ministros de corte consultados por Reportea se refirieron a que esa es justamente una labor exclusiva de los jueces: definir cómo se armonizan las leyes nacionales con lo que establecen los tratados internacionales vigentes en el país. Por lo mismo, coincidieron en que si existe un debate respecto a considerar, o no, el Estatuto de Roma a la hora de otorgar rebajas de condenas a presos por delitos de lesa humanidad, debieran ser los tribunales los que resuelvan la disyuntiva, y no las autoridades del gobierno de turno.
por Gabriela Pizarro y Nicolás Sepúlveda
Fuente :reportea.cl
Fecha :14-11-2026
Durante la jornada del 16 de marzo de 2026, Gendarmería de Chile remitió una serie de oficios a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, para comunicar formalmente la postulación al beneficio de libertad condicional de tres internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario (C.C.P.) Tiltil.
La documentación emanada desde el recinto se enmarca en el proceso de revisión del primer semestre de 2026.
La comunicación institucional se realizó dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4, inciso segundo, del Decreto Ley N° 321 de 1925. Asimismo, los oficios hacen expresa mención a la Ley N° 21.627, legislación reciente que modificó diversos cuerpos legales con el objetivo de establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional.
El prontuario de los postulantes
El primero de los internos individualizados en las notificaciones es Gonzalo Fernando Maass del Valle. De acuerdo con el documento, el reo de nacionalidad chilena registra postulaciones asociadas a dos causas: el Rol 39.122-C, donde figuran como víctimas Julián Peña Maltés y otros, y el Rol 39.122-B, por la víctima Felipe Rivera Gajardo. Maass del Valle, ex subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI) adscrito a la Central Nacional de Informaciones (CNI), cumple condenas por su participación directa en crímenes de lesa humanidad.
Fue sentenciado a 10 años de cárcel por el secuestro calificado de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en septiembre de 1987, entre ellos el estudiante Julián Peña Maltés. Además, suma otra pena de 5 años por el homicidio calificado del dirigente comunista Felipe Rivera Gajardo en 1986, en el marco de las brutales represalias por el atentado a Augusto Pinochet.
Un segundo requerimiento corresponde a José Miguel Morales Morales, también de nacionalidad chilena. Su solicitud de libertad condicional se encuentra vinculada a la causa Rol 39.122-C, referida a la víctima Julián Peña Maltés y otros. Morales, conocido bajo el alias “El Negro”, también se desempeñó como subcomisario de la PDI asignado a la CNI, llegando a ser jefe de la agrupación operativa “Halcón 4”.
En 2017, la Corte Suprema confirmó su condena a 10 años y un día de presidio efectivo como coautor de los secuestros calificados de los cinco frentistas desaparecidos en 1987.
Finalmente, Gendarmería comunicó a la ministra Plaza la postulación de Jaime Fernando Torres Gacitúa. En su caso, la petición se enmarca en la causa Rol 7981, la cual consigna como víctima a Eugenio Berríos Sagredo. Torres Gacitúa, mayor en retiro del Ejército y ex agente de inteligencia, fue condenado a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio como autor del delito de secuestro del ex químico de la DINA.
Berríos, pieza clave en la elaboración de gas sarín para la dictadura, apareció asesinado y semienterrado en Uruguay en 1995, con impactos de bala en el cráneo y tras un complejo operativo de encubrimiento militar binacional.
por Carlos Reyes Piérola
Fuente :cnn.com
Fecha :20-03-2026
[resumen.cl] La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó sentencia en contra de 33 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) como responsables de los secuestros calificados de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, ilícitos perpetrados en septiembre de 1987.
En fallo unánime (causa rol 2015-2014), la Undécima Sala del tribunal de alzada capitalino -integrada por los ministros Mario Gómez Montoya, Alejandro Rivera y Carlos Carrillo- confirmó la sentencia dictada, en octubre de 2013, por el ministro en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza. Sin embargo, el tribunal de alzada modificó la cuantía de algunas penas aplicadas y los grados de participación de algunos de los sentenciados por los secuestros de los cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), y que corresponden al último caso de detenidos desaparecidos del periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
En la resolución, el tribunal de alzada ratificó las condenas de 15 años de presidio para los ex oficiales de ejército Hugo Iván Salas Wenzel, director nacional de la CNI y Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, jefe de la división antisubversiva, a la época de los hechos, ambos en calidad de autores de los ilícitos. Asimismo, se confirmaron las penas de 10 años y un día de presidio para el ex oficial de carabineros Iván Raúl Belarmino Quiroz Ruiz y para el ex funcionario de Investigaciones Gonzalo Fernando Maass del Valle, por su responsabilidad como autores de los delitos.
En el caso de los agentes Raúl del Carmen Durán Martínez (alias “Quepo”), Luis Alberto Santibáñez Aguilera (alias “Pablote”), Víctor Eulogio Ruiz Godoy (alias “Telele”), Juan Alejandro Jorquera Abarzúa (alias “El Muerto”), Hernán Antonio Vásquez Villegas (alias “Pablito”), Sergio Agustín Mateluna Pino (alias “Guatón Órdenes”), José Arturo Fuentes Pastenes (alias “Paja”), Juan Carlos Orellana Morales (alias “El Montón de Letras”), Roberto Hernán Rodríguez Manquel (alias “El Jote”), Alejandro Francisco Astudillo Adonis (alias “Cordero Chico”), José Guillermo Salas Fuentes (alias “Loco Mauri”), Heraldo Velozo Gallegos (alias “Chorombo”), Marco Antonio Pincheira Ubilla (alias “Zapatilla”), Jorge Raimundo Ahumada Molina (alias “Macho”), José Miguel Morales Morales (alias “El Curro de La Cruz”), Ema Verónica Ceballos Núñez (alias “Flaca Cecilia”), Patricio Leonidas González Cortez (alias “Quico”), César Luis Acuña Luengo (alias “Paco Correa”) y René Armando Valdovinos Morales (alias “Catanga”), se elevó la pena de 5 años y un día a 10 años y un día de presidio, también en calidad de autores.
En tanto, al ex oficial de ejército Luis Arturo Sanhueza Ross (alias “El Guiro”), el tribunal le mantuvo la pena de 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad como autor de los ilícitos. A los agentes Manuel Ángel Morales Acevedo (alias “Bareta”) y Manuel Rigoberto Ramírez Montoya (alias “Olafo”) se les elevó la pena de 3 años y un día a 5 años y un día, en calidad de autores de los ilícitos.
Para los también ex oficiales de ejército: Aquiles Navarrete Izarnotegui, del Comando de Aviación, Julio Cerda Carrasco, jefe del BIE, y Hugo Aquiles Prado Contreras, jefe de la DINE, y Fernando Rafael Mauricio Rojas Tapia (alias “El Piscola Barata”), y el agente Marco Antonio Bustos Carrasco, de CNI, se dictó condena de 5 años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplices de los ilícitos, modificando su participación inicial de encubridores y, consecuencialmente, se les elevó la pena inicial de 3 años y un día de presidio.
En el caso de los ex oficiales de ejército Rodrigo Pérez Martínez, jefe de unidad antiterrorista, y Víctor Mario Campos Valladares, del Comando de Aviación, se dictó pena de 3 años y un día de presidio –con el beneficio de la libertad vigilada– por su responsabilidad como cómplices, cambiándose la participación inicial de encubridores y elevando la pena inicial de 541 días de presidio.
Finalmente, se absolvió en esta causa a Hugo Rodrigo Barría Roger, del Comando de Aviación, condenado inicialmente -como encubridor- a 541 días de presidio.
Fuente :resumen.cl
Fecha :13-06-2015
La Corte Suprema confirmó este martes la cadena perpetua contra el general retirado Hugo Salas Wenzel, otrora director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en el crimen de doce frentistas en junio de 1987, en el marco de la Operación Albania.
Salas Wenzel fue sentenciado en calidad de responsable intelectual de los asesinatos, que se planificó como una de las venganzas por el atentado a Augusto Pinochet Ugarte, ocurrido en septiembre de 1986.
Con esta resolución, el otrora jefe del organismo represivo se transformó en el general retirado que ha recibido la mayor condena por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.
La decisión fue adoptada por la Segunda Sala (Penal) que también se pronunció sobre las condenas que el ministro Hugo Dolmestch dictó contra otros catorce ex uniformados que participaron en el operativo, también conocido como Matanza de Corpus Christi.
En tribunales se explicó que como Salas Wenzel comenzó a ser juzgado antes de que se modificara la ley, se le aplicará la cadena perpetua simple, lo que permite a partir de los 20 años de prisión pueda acceder a algún tipo de beneficio.
El máximo tribunal también decidió elevar de 15 a 20 años de prisión la condena contra el ex jefe operativo del organismo represivo Álvaro Corbalán Castilla, quien ya se encuentra cumpliendo prisión por otras violaciones a los derechos humanos perpetrados en la dictadura militar.
En tanto, mantuvo la condena a 10 años de presidio contra el comandante (R) de Carabineros Iván Quiroz Ruiz, mientras que aumentó de 7 años y un día a 8 años de prisión el castigo contra el ex agente de la CNI Enrique Neira Donoso.
Estos cuatro otrora miembros deberán cumplir con su castigo en prisión junto al ex agente Manuel Morales Acevedo, quien inicialmente había sido condenado a tres años de prisión pero la Suprema elevó su castigo a cinco años y un día.
En tanto, los ex agentes Luis Arturo Sanhueza Ross, Rodrigo Pérez Martínez, César Acuña Luengo, Patricio Miquel Carmona y Fernando Burgos Díaz fueron sentenciados a cinco años y un día de prisión, mientras que Eric Silva Reichart recibió una sanción de cinco años de cárcel.
Gonzalo Maas del Valle, José Miguel Morales Morales, René Valdovinos Morales, en tanto, fueron condenados a tres años de prisión, mientras que Hugo Guzmán Rojas recibió un castigo de 541 días de cárcel.
La Suprema también confirmó la absolución de 11 agentes que participaron en los operativos y que ya habían sido exculpados por Dolmestch y la Corte de Apelaciones de Santiago, entre los que se encuentran los ex agentes Kranstz Bauer y Jorge Vargas Bories, al igual que el ex fiscal de Carabineros Luis Acevedo.
En junio pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los parientes de las víctimas alcanzaron un acuerdo de reparación en el que el Fisco se comprometía a pagar una indemnización de $ 300 millones a cada grupo familiar.
Querellantes celebran decisión
El abogado Nelson Caucuto, representante de las víctimas, destacó que esta sea la primera condena perpetua para un militar con grado de general, lo que a su juicio revela "la gravedad de los hechos juzgados y la importancia de este caso".
"Hemos logrado establecer la verdad de lo acontecido y sanciones penales altas, donde hay una condena de presidio perpetuo y también finalmente hay reparación.
En una sola sentencia hemos logrado confluir los tres aspectos que comprende un concepto complejo como es la justicia, los que son la verdad, la sanción penal, y la reparación”, sostuvo.
“Me parece extraordinario haber cerrado este capítulo, con esta sentencias que ha dictado el máximo tribunal”, puntualizó.
Fuente :El Mostrador
Fecha :29-08-2007
Mientras el ministro en visita extraordinaria Hugo Dolmestch espera las respuestas a las acusaciones dictadas en la Operación Albania, Primera Línea accedió a los documentos claves de la investigación: las nóminas de agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que participaron en el violento crimen y que fueron la base para que se aclarara los sucesos del 15 y 16 de junio de 1987.
En el extenso expediente sobre la denominada Matanza de Corpus Christi se observa como foja a foja los antecedentes recogidos por los ministros Dolmestch y Milton Juica sirvieron para dilucidar lo que sucedió en dos jornadas y significó la muerte de doce ex frentistas.
Y ahora, que el magistrado prácticamente está ad portas de concluir definitivamente el capítulo, cobra una vigencia mayor el conocer cómo la disuelta CNI ocultó datos o modificó antecedentes dificultando a los tribunales acercarse a la verdad. Fueron dos los escuetos oficios de carácter reservado que los tribunales le pidieron a la CNI y que sólo contribuyeron a generar dificultades ya que informaron de chapas y no de identidades verdaderas, lo que complicó de sobremanera el quehacer de los tribunales.
Las verdaderas identidades
Sin embargo, sólo el 15 de diciembre de 1998, 11 años después de las muertes, el Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones pudo definir a quiénes correspondían las identidades falsas y de esta forma configurar el grupo operativo que participó en la acción.
El documento señala las chapas y las identidades verdaderas a quienes corresponde. Así se indica que Eduardo Correa Valenzuela es en realidad Emilio Enrique Neira Donoso; Gustavo Ruiz Cornejo es la chapa de René Armando Valdovinos Morales, también conocido como "El Catanga"; Felix Catalan Cueto es Francisco Daniel Zuñiga Acevedo; Oscar Hernández Santa María corresponde a Kranstz Johans Bauer Donoso; y Carlos Fuentes Contreras es en la vida real Miguel Angel Morales Acevedo, conocido también como "El Bareta".
Las identidades y chapas continúan: Manuel Sandoval Rojas corresponde en realidad a Héctor Juan Jaque Riffo; René Morales Rojas es Ricardo Abraham Bozo Salgado; Andrés Montalva Díaz es el alias de Iván Leopoldo Cifuentes Martínez; César Sanz Urriola es Rodrigo Pérez Martínez; José Velasco Fernández es Iván Raúl Belarmino Quiroz Ruiz; Manuel Apablaza Núñez corresponde a Gonzalo Fernando Mass del Valle; Rodrigo Vidal Saez es José Aníbal Rodríguez Díaz; y José Carmona Gutiérrez tiene como nombre verdadero José Miguel Morales Morales.
La incógnita que se mantiene en el aire es la identificación de la chapa de Marcos Aravena Guzmán que correspondería -supuestamente- a Pedro María Rojas Vasquez.
Nada se ha podido avanzar sobre los nombres verdaderos de siete chapas: José Cáceres Sánchez, Juan Ordenes Flores, Israel Durán Marchant, Germán Fuenzalida Sagredo, Jaime Martínez Fuentes, Carlos Ramírez Muñoz y Benjamín Urzúa Figueroa.
Los oficios de la CNI
Pero la historia de los oficios contradictorios comenzó a tejerse pocos días después de los crímenes. El 25 de agosto de 1987 el Director Nacional de la CNI, brigadier (r) Hugo Salas Wenzel, respondió al primer oficio que le envió el fiscal militar ad-hoc, Fernando Torres Silva.
En un texto de dos páginasWenzel relata quienes fueron los agentes que participaron en los allanamientos a las casas en Varas Mena 656 y 417 en la comuna de San Miguel. Junto a ello entrega la identidad de los funcionarios lesionados en esta actividad.
Para sorpresa de los tribunales los nombres no calzaban con identidades reales sino que eran las chapas utilizadas por los agentes. Cayendo en un ostracismo absoluto, en que juega un rol gravitante la Auditoría del Ejército que prestaba solapadamente asesoría a los oficiales involucrados en los ilícitos, los antecedentes confunden más que aportan a la investigación.
Las pesquisas siguen y por segunda vez se envía un oficio reservado al fiscal de la Segunda Fiscal Militar de Santiago. Escuetamente se indica las identidades de funcionarios que habrían participado en los hechos. Con fecha del 28 de agosto de 1989,el documento firmado por el subdirector de la CNI, Marcos Derpich Miranda aporta más confusión a las pesquisas en marcha, pero aún así no es objetado del todo por las autoridades judiciales.
Ante la sorpresa de las autoridades judiciales, y específicamente del ministro instructor del caso Hugo Dolmestch, se pide una aclaración a las autoridades sobre los verdaderos nombres de las personas involucradas en el crimen. La respuesta corre por parte del mayor general (r) Hugo Salas Wenzel. El 2 de julio de 1990, el alto oficial sostiene que "en relación con el oficio señalado en referencia, se informa que los nombres consultados no figuran entre el personal encasillado en el Ejército de Chile". Añade que "los antecedentes allí contenidos (en el oficio del 28 de agosto de 1989) no corresponden a la realidad. La nómina que se remitió correspondía a los antecedentes proporcionados por el coordinador de la CNI ante fiscales militares, de acuerdo al requerimiento del tribunal. Actualmente se están realizando indagaciones para determinar las identidades de quienes habrían participado en el cumplimiento de las órdenes judiciales de esa época, teniendo en consideración las dificultades que representa el tiempo transcurrido, el hecho de haberse disuelto el organismo que tuvo a su cargo el diligenciamiento de dichas órdenes y el numeroso personal que se acogió a retiro".
Las informaciones cruzada obliga a las autoridades judiciales a iniciar un proceso por falsificación de documento oficial en contra de Derpich, investigación que es desarticulada por la Corte Marcial.
Pero la seguidilla de negaciones, rectificaciones y aclaraciones de la CNI siguen con la escalada ascendente. Interrogado el 2 de septiembre de 1994, el subdirector de la CNI, Marcos Spiro Derpich Miranda, explica en su defensa que él solamente firmó un documento con supuestos agentes de la Central y que ignora la veracidad de estos informes aportados por sus subordinados.
En una aclaración gravitante para la investigación judicial, Derpich relata que "en el oficio en cuestión, número 212,093 de agosto de 1989, se dice que los funcionarios que allí aparecen habría -dubitativamente- participado en los hechos". Añade que "los funcionarios de la Central Nacional de Informaciones poseían una identificación operativa, esto es, una documentación interna donde se le consignaba su nombre de trabajo y por éste era conocido. También sabrá usted que cuando se informaba a los tribunales militares las identidades de los aprehensores o participantes en enfrentamientos con elementos terroristas se hacía con la identidad supuesta o de trabajo, procedimiento éste que estaba estructurada desde antes de mi ingreso a la CNI, tal es así que la documentación interna relacionada con las funciones de sus integrantes se hacía con este nombre de trabajo u operativo".
Y los descargos de los oficiales en retiro suman y siguen al punto que los tribunales siguen esperando hasta una confirmación oficial, saber en definitiva quiénes participaron en el operativo
Fuente :primeralinea.cl
Fecha :05-06-2002
Los nuevos encausados son el ex fiscal militar Luis Acevedo González, como cómplice en el operativo de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) y Miguel Morales Morales, ex funcionario de Investigaciones, por el secuestro y homicidio de Elizabeht Escobar Mondaca.
12 de Diciembre de 2000 | 17:40 | Agencias SANTIAGO.-
El ministro en visita Milton Juica instruyó hoy dos nuevos procesamientos en el caso de la llamada Operación Albania o Matanza de Corpus Cristi, ocurrida el 15 de junio de 1987 en la capital.
Según informó el abogado Nelson Caucoto, los nuevos encausados son el actual fiscal de Carabineros Luis Acevedo González, como presunto cómplice en el delito de homicidio cometidos contra 12 integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el ex funcionario de Investigaciones, José Miguel Morales Morales, por el secuestro y homicidio de Elizabeht Escobar Mondaca.
Los argumentos del magistrado se basan en que la orden para llevar adelante la operación en contra de los doce frentistas, habría sido recibida directamente del general (r) Hugo Salas Wenzel, quien detentaba en la época el cargo de director de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI). Salas Wenzel está encausado además como encubridor en este caso.
El texto de la resolución señala que la disuelta CNI obtuvo de parte de una fiscalía militar una orden amplia de investigar emitida el 15 de junio de 1987 "indicándose falsamente que el objetivo de dicho mandamiento judicial, es la investigación de un tráfico ilícito de armamento automático y explosivo en la Región Metropolitana".
El dictamen agrega que "el mismo fiscal militar que extendió la orden amplia se constituyó en el cuartel de Borgoño para de este modo estar presto a constituirse en cualquier lugar en que se produjere algún hecho que derivara en la muerte de los sospechosos".
A juicio del abogado Caucoto, este argumento demuestra que Acevedo fue quien emitió la orden judicial a la CNI para que ejecutara el operativo.
El ministro Juica procesó hace dos meses al comandante activo del Ejercito, Erick Silva y al ex oficial civil de la CNI y ex oficial Fach, Hernán Mikele.
La Operación Albania o Matanza de Corpus Cristi se ejecuto los días 15 y 16 de junio de 1987 por un procedimiento de la disuelta CNI.
En el operativo, que se desarrolló en distintos puntos de la capital, fueron ejecutados 12 frentistas acusados, según el organismo, de idear actos delictuales y subversivos en esa época.
Fuente :emol.com
Fecha :12-12-2000
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