Construcción mide cerca de 20 metros de largo y cuenta con una especie de brazo de unos 5 metros. Fue periciado por la ministra en visita para causas de derechos humanos, Paola Plaza, y efectivos de la Policía de Investigaciones.

Próxima a dictar sentencia en contra del último jerarca de Colonia Dignidad que sigue en Chile, Willi Malessa Boll, se encuentra la ministra en visita para causas de violaciones de los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, según El Mostrador pudo confirmar a través de fuentes judiciales.

Lo anterior ocurre en medio de una serie de diligencias encabezadas por la magistrada, entre las cuales se cuentan los peritajes que se han realizado en las últimas semanas en un nuevo búnker hallado en el acceso a la antigua secta, en un terreno que fue enajenado y vendido a particulares.

Cabe indicar que durante muchos años Willi Malessa pudo zafar de la Justicia. El anterior ministro en visita a cargo de las causas vinculadas a Colonia Dignidad (Jorge Zepeda) nunca lo acusó de delito alguno, por lo cual Malessa, que estaba residiendo en Los Ángeles, se jactaba de ser intocable.

Sin embargo, las cosas cambiaron para él con la llegada de la ministra Plaza, que en mayo del año pasado lo sometió a proceso como autor de uno de los casos más emblemáticos de desapariciones forzadas de la dictadura, en el cual fueron secuestrados los militantes del MAPU Juan Maino Canales, Elizabeth Rekas (embarazada de cuatro meses al momento de su desaparición) y su esposo Antonio Elizondo, todos los cuales fueron plagiados en Santiago en mayo de 1976, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

La investigación original culminó con una condena en contra de toda la cúpula de la DINA y de dos jerarcas de la Colonia Dignidad, Gerhard Mücke, exguardaespaldas de Paul Schäfer, y Johan Van Den Berg, quienes sin embargo terminaron finalmente absueltos.

De acuerdo con lo indagado, después que los tres secuestrados fueran conducidos a Villa Grimaldi, fueron trasladados desde allí rumbo al predio de Parral, donde desaparecieron junto a dos automóviles que les fueron robados al momento de ser detenidos.

La existencia de varias fosas en las cuales se escondieron los autos robados a los detenidos desaparecidos era conocida ya hace más de 20 años, luego de que la periodista Mónica González lo diera a conocer en la revista Análisis. Tras múltiples diligencias al interior del predio, se encontró evidencia física de ello, al recuperarse los motores de dos automóviles enterrados.

Antes de su fuga a Alemania, donde permanece hasta hoy, el médico Hartmut Hopp reconoció saber de la existencia de los autos, uno de los cuales era el que él ocupaba.

Su medio hermano, Ulrich Schmidtke Miottel, declaró en 2005 que 25 o 30 años antes el líder de la secta, Paul Schäfer, lo llamó a él, a Willi Malessa, a Artur Gerlach y al parecer a Johan Van Den Berg, diciéndoles a que “el gobierno militar les había dado una tarea”, que consistía en reparar y pintar varios vehículos, para luego venderlos y con el producto de ello obtener dinero para comprar nuevos equipos de filmación.

Sin embargo, algunos años más tarde, Malessa le dijo que era necesario desarmar todos esos vehículos y enterrarlos.

El desarme, explicó Schmidtke, “consistía en sacar motores, ejes y piezas más grandes. Una vez desmontados los vehículos subíamos las partes, cabinas, a un camión Magirus Deutz, y es muy probable que los motores hubiesen quedado separados, para un posterior entierro en otro lugar. Estos vehículos fueron enterrados en una parte del valle al interior de Colonia (donde la policía encontró parte de estos). Para estos efectos Willi elegía los lugares y procedía a realizar un hoyo con una máquina retroexcavadora marca Caterpillar, con oruga”.

Según detalló, lanzaron un Austin Mini a uno de los hoyos hechos por la máquina y tras rociarlo con bencina le prendieron fuego, que lo consumió por completo, dado que el auto era de fibra de vidrio. En el caso de los demás automóviles, Malessa los aplastó con la pala. Los motores, en tanto, fueron sepultados en otros lugares, usando para ello una retroexcavadora más pequeña.

Con esos y otros antecedentes, incluyendo varios peritajes a las piezas de vehículos halladas enterradas en el predio, se dictó el auto de procesamiento contra Malessa.

Una de esas diligencias se realizó poco antes de la muerte de Gerhard Mücke, quien falleció en septiembre de 2022 en la cárcel de Cauquenes. Allí se constituyó la ministra en visita, junto a su equipo, e interrogó al exhombre de seguridad del enclave. Este, exangüe, reconoció que habían inhumado los cadáveres de varios detenidos desaparecidos en varias fosas comunes ubicadas en el camino a Chenco (siempre dentro de la colonia), donde por años se han efectuado excavaciones, en el marco de un proceso por inhumaciones y exhumaciones ilegales.

Lo último obedece a que, por los testimonios de los mismos colonos, se sabe que los cuerpos enterrados allí en 1973 fueron removidos cinco años más tarde, quemados, triturados y lanzados al río Perquilauquén, en el marco de la operación “Retiro de televisores”, que buscaba eliminar evidencias relativas a las personas asesinadas después del golpe de Estado.

Con los nuevos datos aportados por Mücke, coincidentes con otros antecedentes derivados de la investigación contra Malessa, la policía civil trabaja hoy en el sector, un lugar que –como dice Margarita Romero, presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad– coincide con lo señalado por varios campesinos que vivían en el lugar y que trabajaban para el enclave, que “manifiestan que en el camino a Chenco, que era el lugar donde ellos habitaban, habían ya excavado fosas para el mismo 11 de septiembre, las que estaba ubicadas a ambos costados del camino y les causaron mucho miedo, pues pensaron que eran para ellos”. A ese respecto, recuerda que muchos de esos campesinos “fueron terriblemente reprimidos, maltratados y muchos de ellos torturados, antes de ser expulsados de sus tierras por parte de la colonia”.

El búnker

Además de las causas relativas a Malessa y a las inhumaciones ilegales, la ministra Plaza sustancia también un cuaderno administrativo relativo a Colonia Dignidad, que se inserta en el Plan Nacional de Búsqueda.

La semana antepasada la magistrada, junto a oficiales y peritos de la PDI, se constituyó en un predio que hasta hace poco perteneció a la Colonia Dignidad, ubicado muy cerca del acceso principal a la misma, efectuando un primer reconocimiento de un búnker del cual no se tenía conocimiento hasta ahora, pese a que debe tener cerca de 50 años de existencia.

Al respecto, Romero explicó a El Mostrador que hacia julio pasado les llegó información relativa a dicha construcción, y que “nuestra asociación fue a constatar su existencia, gracias a lo cual nos dimos cuenta de que era un espacio que no había sido explorado, que no había sido periciado, y que era importante que lo informáramos a la ministra que lleva la causa sobre Colonia Dignidad, quien acogió los antecedentes y no solo eso, sino que se constituyó en el lugar”.

Se trata de un búnker que se encuentra camuflado en medio de un bosque, que posee una puerta metálica muy pesada y que consta de al menos un pasillo de cerca de 20 metros de largo, uno de ancho, en promedio. Además, a pocos metros del inicio del búnker, cuyas paredes son de concreto, este se bifurca en diagonal, existiendo un brazo de unos cinco metros de largo.

Toda la construcción, que pasa bajo el camino principal, posee una importante cantidad de cableado, cajas de circuitos eléctricos y lo que parece ser un mecanismo hidráulico. Al respecto, Romero indica que tiende a pensar que “es una construcción que tiene que ver con los sistemas de vigilancia que implementó la colonia, especialmente en lo relativo a las cámaras y los sistemas de audio con que evitaban que ingresaran personas al lugar y, sobre todo, que huyeran los colonos. También hay un sistema hidráulico y es posible, por lo que he conversado con algunas personas, que este sirviera para levantar un puente o, bien, parte del camino, con el fin de bloquear el acceso a la colonia si lo estimaban necesario”.

Por ello, precisó la dirigente, “pensamos que se trata de un hallazgo muy importante y, además, tendemos a pensar que probablemente esté conectado con otros túneles, por lo cual es muy importante que la ministra siga adelante con las investigaciones y peritajes que ya ha ordenado”.

por Carlos Basso Prieto

El diputado Roberto Celedón destacó el fallo de la ministra Paola Plaza, quien condenó a un cómplice por crímenes cometidos en el caso Colonia Dignidad.

El diputado Roberto Celedón valoró la reciente sentencia dictada por la ministra Paola Plaza, quien investiga causas de violaciones a los Derechos Humanos vinculadas a Colonia Dignidad. En esta resolución, la magistrada condenó a Willi Malessa como cómplice de secuestros perpetrados en Santiago en los años 70, cuyas víctimas fueron dirigentes del Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU).

De acuerdo con el fallo, Malessa participó en actos de privación de libertad y en la apropiación de vehículos, específicamente ciclonetas pertenecientes a las víctimas. Tres militantes del MAPU fueron directamente afectados. Una de ellas se encontraba embarazada de cuatro meses al momento del secuestro, lo que realza la gravedad de los hechos.

Celedón subrayó que, a pesar del paso de más de 50 años, esta resolución constituye un acto de justicia esperado. “Me parece que es de estricta justicia que se haga justicia. La ministra ha mostrado una seriedad, un compromiso con la verdad que es muy notable”, señaló el diputado.

Asimismo, destacó la dedicación personal de la ministra Plaza, quien ha viajado en repetidas ocasiones a Colonia Dignidad para reunir antecedentes, y ha solicitado pericias internacionales para fortalecer la investigación. “Es un ejemplo importante para todos nosotros”, afirmó Celedón, al reconocer el rol activo del Poder Judicial en causas de este tipo.

por Patricio Mora

Willi Malessa fue acusado como encubridor de tres secuestros realizados por la DINA en Santiago en 1976. Tanto a las víctimas como a sus vehículos (dos “Citronetas”) se les perdió el rastro al interior del predio principal de la secta, en la precordillera de Parral.

Pese a que ya han transcurrido cerca de 50 años desde los hechos, la ministra en visita para causas de violaciones de los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, condenó a seis años de presidio a uno de los últimos jerarcas de la Colonia Dignidad que quedan con vida, Willi Malessa, acusado de encubrir el secuestro de tres militantes del MAPU, cuyo rastro se perdió al interior de la Colonia Dignidad, en mayo de 1976.

Se trata del fotógrafo Juan Maino Canales, de Antonio Elizondo Ormaechea y de su esposa, Elizabeth Rekas Urra, que tenía cuatro meses de embarazo al momento de ser secuestrada por miembros de la desaparecida DINA. Una de las peculiaridades de este caso es que tanto a Maino como al matrimonio Elizondo-Reckas les robaron sus automóviles, dos Citroen AX-330, más conocidos como “Citronetas”.

Maino Canales era un estrecho colaborador del actual ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. De hecho, Pablo Adriasola Maino, primo de la primera víctima, declaró el 2004 que “el día anterior a su detención (Juan) estuvo conmigo, manifestándome que se tenía que juntar con Carlos Montes”. Sin embargo, Montes, un alto dirigente del MAPU en la época, no logró llegar al encuentro que realizarían en Estación Central, por lo cual Maino, que residía en Rancagua, se fue a pernoctar a la casa de un amigo en Santiago, siendo posteriormente secuestrado.

Como reveló en 1987 la periodista Mónica González en la revista Análisis, en las fosas comunes que se excavaron en el sector de Chenco, al interior de la secta de inspiración neonazi asentada en la precordillera de Parral, no solo sepultaron los cuerpos de opositores políticos, sino también vehículos, los que eran entregados al enclave como una suerte de “pago” por el uso de las instalaciones del lugar como campo de concentración y de desaparición de opositores.

También te puede interesar:

Autos como “pago”

Ello se vio corroborado a inicios de 2005, cuando la policía civil encontró partes de dos motores sepultados, ambos de marca Renault, los cuales estaban a 135 cm de profundidad, aproximadamente, con sus números de serie borrados.

Ello era coherente con los testimonios que por aquel entonces comenzaron a prestar distintos colonos, quienes relataban que a mediados de los años 70 aparecieron dentro del predio al menos ocho vehículos que no pertenecían a la dotación inicial con que ellos contaban (formada solo por autos y camiones Mercedes Benz, Magirus o Volkswagen), incluyendo dos o tres “Citronetas”.

Sin embargo, las investigaciones judiciales realizadas hasta la fecha indican que al menos en 15 casos de desapariciones forzadas los agentes de la DINA también robaron los vehículos de sus víctimas 

El medio hermano del médico Hartmutt Hopp, Ulrich Schmidtke Miottel, dijo, también en 2005, que unos 30 años antes Schäfer lo había llamado, junto a Willi Malessa, Artur Gerlach y al parecer a Johann Van Den Berg, diciéndoles a que “el Gobierno militar les había dado una tarea”, que consistía en reparar y pintar esos vehículos (entre los cuales él dijo que había dos o tres “Citronetas”), para luego venderlos y, con el producto de ello, obtener dinero para comprar nuevos equipos de filmación. 

No obstante, poco después de eso la instrucción cambió, pues Malessa “se acercó a mí y me señaló que Paul Schäfer había ordenado hacer desaparecer los vehículos ya indicados y que yo debía ayudarlo a desarmarlos y enterrarlos bajo tierra”, lo que se cree ocurrió en 1978, cuando los cuerpos inicialmente sepultados en Chenco fueron removidos de allí en el marco de la llamada “Operación Retiro de Televisores”, como se conoció la instrucción que dio Augusto Pinochet ese año, en orden a esconder todas las evidencias de las violaciones de los derechos humanos.

Schmidtke también señaló que “una vez que estos eran desarmados los subíamos a un camión Magirus Deutz (que actualmente se encuentra en los talleres). Estos vehículos fueron enterrados en una parte del valle al interior de la Colonia (donde la policía encontró parte de ellos). Para estos efectos Willi elegía los lugares y procedía a realizar un hoyo con una máquina retroexcavadora marca Caterpillar, con oruga”.

En su testimonio, explicó que un automóvil Austin Mini, que era de fibra de vidrio, fue incendiado y, en el caso de los demás móviles, “Willi procedió a machacar estos autos con la pala de la retro y posteriormente los tapó con tierra. A los días siguientes seguimos desarmando y enterrando vehículos, pero yo no recuerdo los lugares exactos, ya que como señalé anteriormente, Willi siempre elegía los lugares”.

El testigo además dijo que un par de años antes (hacia 2003), otro de los jerarcas de la secta, Hans Jurgen Riesland, se le había acercado diciendo “que él tenía conocimiento de que yo y Willi habíamos hecho desaparecer o, mejor dicho, enterrado vehículos, y que esto era muy peligroso si eran descubiertos o si Willi nos delataba”.

Por cierto, en su declaración, Schmidtke no se guardó nada. También relató, entre otras cosas, que “efectivamente al interior de Colonia Dignidad se construyeron armas de fuego, tales como metralletas, granadas, y parte de estas (fueron) vendidas al Ejército”.

Un largo proceso 

Dos de los jerarcas del enclave, Gerhard Mücke y Johann Van Den Berg, terminaron condenados en primera instancia a una pena de 5 años y un día de presidio, como cómplices del secuestro calificado de Juan Maino, Elizabeth Rekas y Antonio Elizondo. Asimismo, fueron condenados el exdirector de la DINA Manuel Contreras, así como el exagente de la DINA Carlos López, a 10 años y un día, como autores de los mismos delitos. Otro agente, el exdetective Eugenio Fieldhouse, fue condenado a 5 años y un día como cómplice. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago absolvió posteriormente a Mücke y Van Den Berg, lo que después fue confirmado por la Corte Suprema. 

La Justicia italiana, sin embargo, condenó a cadena perpetua a 14 militares chilenos por su participación en la “Operación Cóndor” y por la desaparición de ciudadanos italianos en dicho marco, incluyendo el caso de Juan Maino, que poseía nacionalidad italiana.

Ahora, en un nuevo fallo, la ministra Plaza determinó que Malessa (de 76 años en la actualidad) fuera condenado a seis años como encubridor, lo que le fue notificado en la cárcel de Colina 1, donde el exjerarca se encuentra recluido desde hace dos años ya.

por Carlos Basso Prieto