La indagatoria del juez Víctor Montiglio y la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de Investigaciones determinó que la casa de calle Simón Bolívar fue el destino final de varios prisioneros comunistas cuyos cuerpos fueron después lanzados al mar.

Infantes de Marina (IM) que operaban con la DINA en la identificada como la “brigada de exterminio Lautaro” que funcionó en una casa de calle Simón Bolívar con Ossandón en la comuna de La Reina, comandada por el entonces mayor de Ejército Juan Morales Salgado, participaron en el asesinato del dirigente comunista Víctor Díaz López, padre de la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz.

La participación de los “cosacos” (IM) Bernardo Daza y Sergio Escalona, agentes de la Marina en la DINA todavía en los meses posteriores a mayo de 1976 cuando fue secuestrado Víctor Díaz como parte de la “ratonera” instalada en Calle Conferencia 1587 en Santiago, es otro de los antecedentes nuevos que surgieron del procesamiento dictado el viernes por el juez Víctor Montiglio, en contra de siete integrantes de la hasta ahora poco conocida brigada Lautaro.

Sí o no

Ello contradice que la Marina retiró a todo su personal de la DINA en el año 1975, como ha sido permanentemente informado por la institución. Daza y Escalona, que serían suboficial uno y oficial el otro, ambos en retiro, son nombres nuevos respecto de los agentes de la Armada más conocidos que colaboraron con la DINA y luego con el Comando Conjunto.

Otro elemento nuevo surgido del dictamen del juez Montiglio, es que la casa que la “brigada de exterminio Lautaro” -como se le conoce en algunas causas judiciales- ocupó en calle Simón Bolívar y que hoy colinda con un colegio, sirvió como lugar de destino final de varios prisioneros que hoy se encuentran desaparecidos, entre ellos algunos dirigentes comunistas. Hasta ahora, por ejemplo, se desconocía que Víctor Díaz fue asesinado en ese lugar, utilizando métodos crueles.

Del dictamen de Montiglio se desprende que la orden para matar a Víctor Díaz la dio el jefe de la brigada Morales Salgado.

Si bien la Brigada Lautaro estaba bajo el mando del mayor Morales, ésta obedecía directamente las órdenes del jefe operativo de la DINA Manuel Contreras. Se trataba de un grupo dedicado a “misiones especiales” y que también operaba como responsable de la seguridad de Contreras.

En las indagaciones del ministro Montiglio, calificado por organismos y abogados de derechos humanos como “uno de los pocos jueces que realmente sigue investigando”, éste logró identificar a un nuevo grupo de ex agentes vinculados a las tareas de exterminio de prisioneros, gracias a la colaboración de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones,

De esta manera, el juez y los funcionarios de Investigaciones permitieron dilucidar una serie de aspectos de la represión al Partido Comunista en 1976, que hasta ahora permanecían desconocidos.

Féminas negras

Una de ellas es la participación de dos mujeres Dirección de Inteligencia Nacional de las filas del Ejército no ubicadas hasta ahora, Gladys Calderón, quien sería teniente a 1976, y la entonces con grado de suboficial Elisa del Carmen Magna Astudillo. Una de ellas, presumiblemente Calderón, participó en el secuestro de Víctor Díaz, identificada por un testigo como “una mujer que daba órdenes” con un comportamiento “muy violento”.

Con los nuevos antecedentes descubiertos, las detenciones podrían continuar este semana y aumentaría el número de procesados, algunos también ex agentes cuya identidad no se conocía hasta la fecha.

Los otros procesados por Montiglio, todos como autores del secuestro y homicidio de Víctor Díaz, son el teniente coronel (R) de Carabineros Guillermo Lawrence Mires, y el suboficial (R) de Ejército Guillermo Ferrán Martínez.

El juez encausó también por el delito de homicidio, además de secuestro, a pesar de que el cuerpo de Víctor Díaz nunca apareció pues habría sido arrojado al mar, inmediatamente después de su ejecución.

En la operación de calle Conferencia que dio cuenta de la primera dirección clandestina del PC, fueron secuestrados también Jorge Muñoz Poutays, esposo de la fallecida dirigenta comunista Gladys Marín, entre otros.

La existencia de esta unidad de exterminio, que operaba en un cuartel de La Reina, fue un secreto bien guardado por casi 34 años y que recién hoy comienza a develar la investigación del juez Víctor Montiglio. Dueños de una brutalidad inusitada, fueron los agentes encargados de asesinar a la dirección clandestina del PC en 1976.

Fue uno de los mejores secretos guardados del dictador Augusto Pinochet y su hombre en la DINA, Manuel Contreras, tanto que no lo rompieron ni siquiera cuando comenzaron a odiarse. Un pacto de silencio mantenido por casi 34 años. ¿Cómo lograron los hombres y mujeres de la Brigada Lautaro que su misión de exterminio no se conociera sino hasta hace unas pocas semanas? ¿Cómo pudo ocultarse durante tanto tiempo la existencia de la unidad más numerosa de la DINA?

Poco más de un par de meses atrás, medio centenar de ex agentes de la Lautaro hacían sus últimas compras de Navidad y se preparaban para celebrar el Año Nuevo en familia. Cumplían sus labores diarias (algunos con tareas directivas en grandes compañías), visitaban los malls y volvían a casa con los suyos. Pero ninguno sabía lo que se venía encima, ni menos sospechaban que un sencillo ciudadano -a quien, para proteger su identidad, llamaremos "Café para Dos"-, había resuelto contar el horror que había vivido como agente de la represión: la existencia de una unidad especial dedicada a matar comunistas y preparar sus cadáveres para tirarlos al mar.

Poco a poco, con especial discreción, los hombres de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones comenzaron las detenciones durante enero y febrero pasado. Todos fueron llamados a declarar. Todos, por cierto, negaron las acusaciones y alegaron inocencia. Varios, en tono amenazante, protestaron incluso por la "calumnia" que se levantaba en su contra. Pero eso duró algunos días. Pronto, algunos se fueron "ablandando" y empezaron a aportar más y más información al juez Víctor Montiglio.

Reconocieron, por ejemplo, cómo dirigentes y militantes clandestinos del PC habían sido llevados a un cuartel de calle Simón Bolívar 8630, en La Reina, para ser asesinados. Y cómo algunos de ellos estuvieron detenidos durante meses antes de su muerte. Fue el caso de Víctor Díaz, jefe del partido en la clandestinidad hasta mayo de 1976, cuando fue arrestado, y padre de la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Viviana Díaz.

LOS OTROS COMUNISTAS
Los nuevos antecedentes indican que en dicho cuartel, de cuya existencia tampoco se tenían noticias, también fueron exterminados otros dirigentes comunistas. Si bien hasta ahora no hay certeza de sus nombres (debido a hermética forma de operar del juez Montiglio), las pistas apuntan a que corresponden a quienes integraron las direcciones clandestinas del PC de mayo y diciembre de 1976.

Entre ellos, Jorge Muñoz, el esposo de Gladys Marín; Fernando Ortiz, padre de Estela Ortiz; la directora de la Junji, y Waldo Pizarro, esposo de la fallecida dirigenta de la AFDD, Sola Sierra, y padre de su actual presidenta, Lorena Pizarro. Las declaraciones de los ex agentes también coinciden con las señas de Reinalda Pereira.
La investigación del juez Montiglio acerca del episodio conocido como Calle Conferencia no está concluida. Hasta donde se sabe, nadie salió de Simón Bolívar vivo para contarlo.

El comando de exterminio estaba integrado por infantes de Marina, agentes civiles de la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros -entre ellos varias mujeres-, oficiales y suboficiales del Ejército, y decenas de suboficiales de todas estas ramas. Al mando, el jefe de la seguridad de Manuel Contreras, Juan Morales Salgado, entonces con el grado de mayor de Ejército. Treinta y seis ilustres desconocidos, que hasta ahora nunca habían sido procesados, hoy están encausados o presos. Y la lista aumentará en los próximos días. Son los hombres y mujeres de la Brigada Lautaro, la más numerosa y a la vez la más desconocida de la DINA, y a la luz de lo que se sabe de la indagatoria, tal vez la que usó los métodos más crueles para asesinar.

Sumando a otros siete ex agentes que ya habían sido procesados entre los años 2000 y 2005, además del ex ministro de Interior e integrante de la Junta Militar César Benavides, también imputado, la causa de Calle Conferencia acumula hasta hoy 44 procesados, convirtiéndose en el juicio por violaciones a los derechos humanos que más reos tiene hasta ahora.

Curiosamente, y por esas argucias legales a las que suelen echar mano algunos ministros de corte nostálgicos de la dictadura, Manuel Contreras fue beneficiado con un tecnicismo jurídico conocido como "cosa juzgada" y quedó fuera del proceso.

DEL SARÍN AL CIANURO
La forma de exterminio fue variada. Veamos el caso de Víctor Díaz: primero, los infantes de Marina Sergio Escalona Acuña y Bernardo Daza Navarro le amarraron una bolsa plástica en la cabeza para asfixiarlo, mientras una teniente de Ejército, Gladys Calderón Carreño, le inyectaba cianuro en las venas para acelerar su muerte.

Otros murieron bajo los efectos del gas sarín. Un hecho que se ignoraba, puesto que las víctimas de esta macabra técnica de la DINA se contaban, hasta ahora, con los dedos de una mano.

El mismo Michael Townley, responsable del laboratorio químico que el sindicato criminal de Contreras armó en 1976 en una casa de Lo Curro, estuvo en el cuartel de Simón Bolívar ensayando con sarín fabricado por el químico Eugenio Berríos; ahora se sabe, para también matar comunistas. Según confesó uno de los ex agentes al juez Montiglio, un día tuvieron que sacar de ahí a Townley "porque resultó afectado por el gas".

Otros testimonios hablan asimismo de prisioneros asesinados a golpes o con refinadas formas de tortura. Las órdenes de exterminio emanaban directamente de Contreras, jefe operativo de la DINA, y eran transmitidas a Morales Salgado, entonces su leal subordinado y ahora uno de los que comenzó a aportar información del caso.

En la investigación hay antecedentes que, inequívocamente, permiten concluir que cada uno de estos crímenes fue perpetrado con el conocimiento y la anuencia de Augusto Pinochet. Fue el mismísimo dictador el que decidió la suerte de las víctimas de Simón Bolívar, convertido en un cuartel altamente selectivo.

Pinochet, señalan los testimonios, siempre estuvo interesado personalmente en el destino final de los líderes comunistas. Tanto así que, según relató el agente Ricardo Lawrence, visitó personalmente a Víctor Díaz cuando éste estuvo detenido en la Casa de Piedra en el Cajón del Maipo, antes de ser trasladado al cuartel de La Reina.

DEL PUMA AL MAR
Uno de los procesados es el ex comandante del Comando de Aviación del Ejército (CAE) coronel (R) Carlos Mardones Díaz. La razón, que recién ahora sale a la luz, es que los cargamentos con los cuerpos de los prisioneros asesinados que salieron del cuartel de Simón Bolívar tuvieron como su siguiente destino los helicópteros Puma del CAE, que solían operar desde los terrenos de campaña que el Ejército tenía en la zona de Peldehue, al norte de Santiago.

La "preparación" para este último viaje fue la misma que la DINA utilizó cada vez que hizo desaparecer los cadáveres. Los envolvieron con sacos paperos, les amarraron con alambre un trozo de riel al cuerpo, volvieron a ponerlos en sacos -que ataron con más alambre- y los transportaron en camionetas hasta el lugar donde esperaba el helicóptero. Éstos despegaban con su carga macabra, enfilaban hacia la costa de la V Región y se internaban mar adentro para soltar su carga. Así desaparecieron Díaz y el resto de sus compañeros.

Otro de los procesados es el ex piloto de los Puma brigadier (R) Antonio Palomo Contreras, uno de los que condujo los vuelos de la muerte. Soberbio y arrogante, Palomo era el piloto preferido de Pinochet y por largo tiempo condujo el Puma destinado a su uso personal. El 15 de septiembre, Palomo recibió de Pinochet la misión de trasladar en helicóptero al general Carlos Prats hasta la frontera con Argentina, cuando el recién instalado dictador mandó a su antecesor al exilio, antes de ordenar su muerte. También piloteó el Puma de la Caravana de la Muerte, al igual que Luis Felipe Polanco, otro de los procesados.

II. Que se condena a PATRICIO ENRIQUE SALAMANCA MARIN, como autor de los delitos de homicidio calificado de Tránsito Cabrera Ortiz, Miguel Ángel Catalán Febrero y Héctor Lepe Moraga, ocurridos el 9 de octubre de 1973 en el sector de Quebrada Honda, Comuna de Tomé, a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras dure la condena y a las costas de la causa, en forma solidaria

III. Que se condena a BERNARDO DEL ROSARIO DAZA NAVARRO Y JUAN HERALDO MALDONADO SANHUEZA, como coautores de los delitos de homicidio calificado de Tránsito Cabrera Ortiz, Miguel Ángel Catalán Febrero y Héctor Lepe Moraga, ocurridos el 9 de octubre de 1973 en el sector de Quebrada Honda, Comuna de Tomé, a cada uno, a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y a las costas de la causa, en forma solidaria.

En un fallo de primera instancia dado a conocer este miércoles 11 de septiembre el Ministro Carlos Aldana Fuentes dictó sentencia contra tres ex uniformados pertenecientes a la Armada por los crímenes cometidos en Quebrada Honda. El Ministro Aldana sustancia la causa por los asesinatos de Quebrada Honda en su calidad de Ministro en Visita extraordinario para causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción.

El fallo, informado el día de hoy por medios de Tribunales, condena a los autores de los delitos de homicidio calificado de las víctimas Tránsito del Carmen Cabrera Ortiz, Miguel Ángel Catalán Febrero y Héctor Manuel Lepe Moraga asesinados la noche del 9 de octubre de 1973 en el lugar conocido como Quebrada Honda, sobre la carretera 150 que une Penco y Tomé. En dicho lugar se erige un memorial que honra la memoria de los tres mencionados y Mario Alberto Ávila Maldonado ejecutado ese mismo día y en ese mismo lugar pero cuyo caso no forma parte de este proceso. La noticia de las condenas fue conocida en momentos que familiares y amigos se congregaban en el lugar a rendir homenaje a los caídos.

El Ministro Aldana condena a los suboficiales en retiro de la Armada, Bernardo del Rosario Daza Navarro, de 66 años, y Juan Heraldo Maldonado Sanhueza, de 63, a las penas efectivas de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos; además de la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y el pago solidario de las costas de la causa.

Condena a Patricio Enrique Salamanca Marín, de 60 años, soldado primero en retiro de la Armada, a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos y el pago solidario de las costas de la causa. A este condenado se le concedió el beneficio de libertad vigilada.

Un cuarto procesado en esta causa, el soldado primero en retiro de la Armada, Eliecer Victoriano Caamaño, resultó absuelto de los cargos referidos.

Todos los condenados antes mencionados integraban una patrulla al mando del entonces capitán de corbeta Carlos Mauricio Blanlot Kerberhard, 2° comandante del Destacamento de Infantería de Marina N° 3 “Aldea”, con asiento en el Fuerte Borgoño, de Talcahuano. Este oficial, quien luego llegó al cargo de Almirante, estuvo procesado en alguna instancia previa de la causa.

Los tres ejecutados eran militantes del MIR que habían sido detenidos el 27 de septiembre de 1973 en Tomé por efectivos de carabineros quienes los entregaron a la Armada. Fueron sometidos a un espurio consejo de guerra que los condenó a insólitas penas de cárcel. Cabrera a 45 años, Catalán a 23 años y Lepe a 10 años, y fueron internados en la cárcel de Tomé. La patrulla al mando de Blanlot se presentó el día 9 de octubre en el penal tomecino y sacó del recinto a los tres miristas trasladándolos con destino desconocido.

En el lugar Quebrada Honda, Blanlot procede a ejecutarlos y montar la farsa de un enfrentamiento. Al respecto el fallo señala: Los miembros de la patrulla naval trasladaron a los detenidos  “(…) por el camino de Tomé a Concepción con el fin de eliminarlos, para lo cual se detuvieron al costado derecho del camino, en el sector denominado “Quebrada Honda”, procediendo a bajar a los prisioneros, ordenándole el Jefe de la Patrulla correr hacia el cerro, disponiendo, de inmediato, que los custodios le dispararan por la espalda con sus metralletas HK, causándoles heridas que le produjeron la muerte”.

Luego, agrega, que “el mismo jefe de la patrulla sacó una escopeta que portaba en la cabina del camión y disparó  contra la carpa del mismo, para aparentar que habían sido atacados por extremistas, informando en este sentido a la prensa de la época. Que los hechores actuaron a traición y sobre seguro en la ejecución de la muerte de sus víctimas, las que se encontraban desarmadas y a plena merced de sus custodios, en horario de toque de queda y en lugar despoblado”.

Aparte de Blanlot quien asentó su carrera con estos asesinatos, destaca entre los criminales el suboficial Bernardo Daza Navarro, quien por sus antecedentes de asesino es convocado a formar parte de la DINA desde su creación a fines del 73. Allí, en la DINA, formó parte del grupo más cercano de Manuel Contreras, encargado de la protección del Mamo y que recibían la denominación de “Los Míos”. Daza Navarro, conocido como “El Chancho”, integró la sanguinaria Brigada Lautaro de la DINA, la misma que operaba en el llamado Cuartel Simón Bolívar (Simón Bolívar 8800) desde donde ningún prisionero salía con vida. Luego, en la CNI, esta Brigada, con otra denominación, operaba en el llamado Cuartel Loyola y el Chancho Daza siguió formando parte del aparato represivo criminal.

Coincidiendo con la fecha, un fallo del ministro especial para causas por violaciones de derechos humanos, Carlos Aldana, condenó este miércoles a tres funcionarios en retiro de la Armada por el homicidio calificado de tres miristas en 1973 en el sector Quebrada Honda del camino entre Concepción y Tomé.

Mientras los suboficiales en retiro Bernardo Daza Navarro y Juan Maldonado Sanhueza recibieron una pena efectiva de 10 años y un día de cárcel, al soldado en retiro Patricio Salamanca Marín se le condenó a 5 años de presidio, aunque con el beneficio de libertad vigilada.

De acuerdo a la sentencia del ministro Aldana, los miembros del MIR Tránsito Cabrera Ortiz, Miguel Ángel Catalán y Héctor Lepe Moraga fueron sacados de la cárcel de Tomé el 9 de octubre de 1973, por una patrulla de la Armada. Allí los hombres cumplían condenas dictadas por un Consejo de Guerra.

En el camino a Concepción, a la altura del sector Quebrada Honda, los detenidos fueron bajados del camión en el que eran trasladados, obligándoles a correr hacia el cerro. En ese instante el jefe de la patrulla ordena a sus subalternos dispararles por la espalda, para luego hacer aparecer el episodio como un enfrentamiento entre la Armada y extremistas.

Bernardo Daza Navarro y Juan Maldonado Sanhueza, suboficiales en retiro de la Armada, fueron condenados a 10 años y un día de cárcel, por los homicidios de tres miristas el año 1973 en el sector Quebrada Honda, camino a Tomé.
Ellos debían ser notificados el viernes, cuando el ministro Carlos Aldana ordenaría su ingreso al centro penitenciario El Manzano de Concepción.

Esto último al informarse al tribunal, por parte de Gendarmería, que Punta Peuco está con una sobrepoblación que le impide recibir más condenados.
Daza y Maldonado, sin embargo, hasta ahora no se han presentado ante el magistrado y no lo harían hasta que la resolución sea revertida.

La abogada del Programa de Derechos Humanos, querellante en el caso Quebrada Honda, Patricia Parra, confirmó esta situación, pero sostuvo que los condenados no pueden condicionar su entrega.

Desde la Agrupación de Ex Presos Políticos del MIR, su vocero Rodrigo Muñoz, descartó que los ex uniformados tengan derecho exclusivo a Punta Peuco, subrayando en la necesidad de terminar con la cárcel especial.

Es conocido el caso de Osvaldo Harnish, ex funcionario de Investigaciones condenado por el crimen de Rudy Cárcamo, quien cumple su condena de 5 años y 1 día de cárcel en el penal de Puerto Montt. Aquí habría sido el propio Harnish quien pidió el ingreso a ese penal, de manera de estar cerca de su familia, que reside en el área.

Balearon a personas ya inmovilizadas, arrojaron aceite hirviendo a una mujer embarazada, usaron armas químicas -como gas sarín y toxina botulínica- y perpetraron atentados terroristas en Washington, Roma y Buenos Aires. Algunos fueron condenados y permanecen en Punta Peuco, otros murieron sin siquiera ser interrogados por la justicia, como Ingrid Olderöck, la mujer del perro que violaba prisioneros. Estos son diez agentes que ejecutaron crímenes aterradores durante la dictadura que se inició hace exactos 52 años.

Este jueves 11 de septiembre se cumplen 52 años del golpe de Estado que llevó al poder a la dictadura cívico-militar encabezada por el general Augusto Pinochet. Este nuevo aniversario sorprende a la opinión pública expuesta a una campaña, principalmente en redes sociales, en la que algunos sectores reivindican ese gobierno autoritario como un periodo social, político y económico positivo. Como un aporte a la memoria histórica y a la profundización de la democracia, CIPER publica las acciones de los diez agentes que, a nuestro juicio, cometieron los crímenes más terribles de la dictadura. Las nóminas de los agentes represivos y los antecedentes de sus delitos pueden ser revisados en la plataforma Papeles de la Dictadura, una iniciativa de CIPER y del CIP de la Universidad Diego Portales, en la que se han registrado más de 4 mil documentos originales relacionados con ese periodo. 

Si bien los partidarios de ese régimen, que duró hasta marzo de 1990, suelen justificar que estas acciones se ejecutaron para enfrentar a grupos político-militares de ultraizquierda, lo cierto es que, como lo han demostrado las investigaciones judiciales citadas en este artículo, tanto la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), como su sucesora Central Nacional de Informaciones (CNI), rápidamente derivaron al secuestro, tortura y asesinato de todo tipo de opositores, incluyendo mujeres embarazadas y menores de edad. Violaciones con perros, electricidad en los genitales, golpes en las plantas de los pies y en los oídos, golpes de corriente en catres electrificados, simulacros de fusilamiento, inmersión en aguas sucias y quemaduras con ácido, son parte del arsenal ejecutado por los agentes de estos organismos. Y esta es la historia.

KRASSNOFF Y UNA EMBARAZADA QUEMADA CON ACEITE

Miguel Krassnoff Martchenko, conocido como «El Ruso», nació el 15 de febrero de 1946 en Tirol, Austria. Hijo de Semión, un cosaco del Don, y Dhyna, una cosaca de Kubán, su familia emigró a Chile después de la Segunda Guerra Mundial.

Se unió al ejército en 1963 y participó en el asalto a la casa presidencial de Tomás Moro durante el golpe de Estado de 1973. En los primeros meses de 1974 fue enviado a la Escuela de las Américas en Panamá, donde se capacitó en contrainsurgencia urbana. A su regreso a Chile se integró a la Brigada Caupolicán de la DINA, dedicada a la ejecución, desaparición y tortura de civiles.

Participó en el enfrentamiento que culminó con el asesinato del líder del MIR, Miguel Enríquez. Fue protagonista de diversos crímenes. Uno de los más espeluznantes fue el flagelo y asesinato de Mónica Pacheco, una mujer embarazada de tres meses, quemada con agua y aceite hirviendo, como lo corroboró la justicia.

A pesar de su extenso historial de delitos, permaneció en el Ejército hasta 1998, cuando pasó a retiro. Hoy, está recluido en el penal de Punta Peuco, donde cumple más de mil años de cárcel por sus múltiples crímenes. 

En estos años de reclusión, Krassnoff ha recibido dos homenajes públicos. El primero fue organizado, a fines de 2011, por el entonces alcalde de Providencia, Cristián Labbé (vea sus declaraciones). El último fue efectuado en 2018 en la Escuela Militar (vea el video).

En una entrevista con T13, el actual candidato presidencial José Antonio Kast dijo que se había encontrado con Krassnoff durante una visita suya a Punta Peuco. “Tuve la oportunidad de cruzarme con él. Me regaló su libro y plantea su versión de los hechos. Conozco a Miguel Krassnoff y, viéndolo, no creo todas las cosas que se dicen de él”, dijo.

MOREN BRITO Y EL TERROR DE VILLA GRIMALDI

El coronel Marcelo Moren Brito, conocido como «El Ronco» o «El Coronta», participó en operaciones claves de la dictadura desde el mismo 11 de septiembre de 1973, cuando comandó el asalto a la Universidad Técnica del Estado, hoy Universidad de Santiago (USACH). Dos semanas después, el entonces capitán se unió a la Caravana de la Muerte, una operación encabezada por el general Sergio Arellano Stark que asesinó a 93 prisioneros políticos, recluidos en penales distribuidos entre Puerto Montt y Pisagua.

Moren Brito continúo su carrera como comandante del inmueble de detenciones clandestinas Villa Grimaldi, un verdadero centro de exterminio en que la gran mayoría de los detenidos fueron asesinados tras extensas sesiones de tortura. Ubicado en la comuna de Peñalolén, en Santiago, en ese lugar Moren Brito interrogó personalmente a diversas personas sometidas a flagelos. En Villa Grimaldi una de las formas más habituales de las dolorosas vejaciones era la “parrilla”: los detenidos, hombres y mujeres, eran desnudados, acostados y amarrados a un catre de metal, para luego aplicarles golpes de electricidad.

Los procesos judiciales han acreditado que Moren Brito integró también la Brigada Caupolicán de la DINA, desde la cual se persiguió especialmente a miembros del Partido Socialista, el MIR y el MAPU. Como él mismo reconoció ante los tribunales, durante la dictadura fue enviado a misiones al extranjero, las que incluyeron, por ejemplo, enseñar nuevas formas de interrogatorio, mediante hipnosis, a miembros del ejército paraguayo, aunque en ese testimonio rehúye su responsabilidad y sostiene que la Villa Grimaldi pudo ser solo un paso de tránsito para detenidos (vea la declaración de Moren Brito).

Fue condenado a más de 300 años de presidio. Murió en el Hospital Militar en 2015, coincidentemente, un 11 de septiembre.

OLDERÖCK, LA MUJER DEL PERRO

La oficial de Carabineros, Ingrid Olderöck, dejó un tenebroso recuerdo entre los hombres y mujeres que pasaron por el cuartel clandestino de detenciones “Venda Sexy”, debido a que entrenó un perro pastor alemán, al que llamaba Volodia, y que utilizaba para violar a personas recluidas en ese centro de torturas, ubicado en la casa de calle Irán 3.037, en Macul, Santiago.

Olderöck no sólo fue una agente de campo de la Brigada Purén de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), sino que llegó a ser directora de la Escuela Femenina de esa organización criminal, estructura que adiestró a cerca de 70 mujeres en prácticas de represión política.

En agosto de 1987, durante los últimos años de la dictadura, Olderöck concedió una entrevista a la televisión de la República Federal de Alemania, en la que admitió que en Chile se torturaba, incluyendo flagelos a niños para obtener confesiones de sus padres, según relató.

Falleció impune el 17 de marzo de 2001 a la edad de 57 años, producto de una hemorragia digestiva aguda. Jamás fue interrogada por la Justicia.

CORBALÁN, UNA GAVIOTA DE PLATA Y 25 ASESINATOS

El oficial de Ejército, Álvaro Corbalán Castilla, conocido como «El Faraón» o «Don Juan», se desempeñó como agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) durante la dictadura. Durante su paso por esa organización, estuvo involucrado en múltiples casos de violaciones graves a los derechos humanos. De hecho, ha sido condenado en diversas instancias judiciales como autor o coautor del asesinato de más de 25 personas.

Lideró en 1987 la llamada «Operación Albania», también conocida como “Matanza de Corpus Christi”, acción en que agentes de la CNI ejecutaron a 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) cuando estos ya estaban detenidos e indefensos. Corvalán también fue responsable en 1982 del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, miembro del Partido Radical, quien recibió 5 balazos en el cráneo, además de ser degollado. Para ocultar este crimen, Corvalán y sus agentes simularon el suicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca, cortándole las venas de ambos brazos, llegando hasta el hueso, lo que demostró que no era un suicidio. Juan Alegría era un obrero sin militancia política. Por estos crímenes Corbalán recibió cadena perpetua. 

Además Corbalán participó en los asesinatos del periodista José Carrasco, del publicista Abraham Muskablit, del pintor Felipe Rivera y del arquitecto Gastón Vidaurrázaga, ocurridos en 1986.

A comienzos de la década de 1980 estuvo a cargo de la seguridad del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y recibió de parte de la alcaldesa designada de aquella comuna, Eugenia Garrido, una Gaviota de Plata «por sus servicios prestados en defensa de la patria».

Antes de ser detenido y condenado, Corbalán fue miembro del partido político ultraderechista Avanzada Nacional, del que llegó a ser presidente entre agosto y noviembre de 1989.

MANUEL CONTRERAS, EL CEREBRO DE LA OSCURIDAD

Ostentando el grado de coronel de Ejército, Manuel Contreras Sepúlveda llegó a tener más poder que la gran mayoría de los generales de esa rama castrense que estaban en actividad tras el golpe de Estado. “El Mamo”, como le llamaron sus partidarios y detractores, impartió terror en los opositores a Pinochet -fuesen partidarios de tácticas subversivas o no- como jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el órgano que nació junto con la dictadura y que fue responsable del secuestro, tortura y asesinato de cientos de personas.

Los hombres y mujeres bajo el mando de Contreras, un oficial formado por soldados estadounidenses bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional en la Escuela de las Américas, de Panamá, utilizaban torturas como la aplicación de electricidad en diversas partes del cuerpo, golpes, fractura de brazos, asfixia y quemaduras por ácido y cigarrillos, además, de simulacros de fusilamiento.

“El Mamo”, quien falleció en 2015 luego de ser condenado a más de 500 años de prisión, encabezó también la creación del Plan Cóndor, una iniciativa conjunta de las policías secretas de las dictaduras coetáneas de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, que coordinó la captura y muerte de opositores en todo el subcontinente.

Con al menos 1.500 agentes bajo su mando directo y diversos centros de detención clandestina a su haber, desde la oficina de Contreras se planearon y ejecutaron atentados terroristas en Buenos Aires (contra el excomandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert), en Roma (contra el líder DC Bernardo Leighton y su esposa, Ana Fresno) y en Washington (contra el excanciller Orlando Letelier y su secretaria, Ronni Moffitt). De hecho, el atentado terrorista con doble asesinato en la capital de Estados Unidos le significó la persecución de ese país y, a la postre, la disolución de la DINA en 1978 y la apertura del Caso Letelier en Chile, proceso que término llevándolo a la cárcel.

Sin embargo, el poder de Contreras no sólo era operativo. Documentación disponible en los Papeles de la Dictadura de CIPER muestra que la DINA era también la responsable de aprobar todas las contrataciones en el Estado, además de coordinar los planes de guerra interna de cada ministerio, por orden del propio Pinochet.

TOWNLEY Y SUS BOMBAS TERRORISTAS

El estadounidense Michael Townley Welch fue un agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que participó en diversos asesinatos dentro y fuera de Chile. Para evadir la cárcel se acogió al Programa Federal de Protección de Testigos de los Estados Unidos, debido a que aportó antecedentes a la justicia de ese país sobre su participación en el atentado terrorista explosivo perpetrado en Washington, en 1976, contra el excanciller chileno Orlando Letelier y su secretaria, Ronni Moffitt.

Hijo de un ejecutivo de la Ford Motor Company afincado en Chile desde 1957, Townley estudió en el Saint George’s College y vivió en los exclusivos barrios de Los Dominicos y Lo Curro. Ante los sistemas de justicia de Estados Unidos, Chile y Argentina, confesó por separado su participación en atentados terroristas ejecutados por orden de la dictadura en América y Europa (vea el reportaje: La confesión clave de Michael Townley). También reveló cómo el régimen cívico-militar utilizó armas químicas para asesinar a opositores.

Las declaraciones secretas de Townley al FBI fueron publicadas en 2023 por el National Security Archive, de Estados Unidos, incluida una carta escrita de su puño y letra en 1978: “Si ha habido suficiente motivo para abrir este sobre, acuso al Gobierno de Chile de mi muerte”, redactó en ese papel. Esos documentos desclasificados revelaron una frustrada operación de asesinato en París contra el dirigente socialista Carlos Altamirano y líderes del MIR, además de detalles de la fabricación de gas sarín en su casa de Lo Curro, donde vía con la escritora Mariana Callejas.

Esos documentos desclasificados también aportaron antecedentes de cómo el funcionario español de la ONU, Carmelo Soria, fue asesinado a golpes por agentes de la Brigada Mulchén de la DINA en el jardín de la casa de Townley, así como información sobre el papel de éste último en el reclutamiento de los fascistas italianos que dispararon en Roma contra Bernardo Leighton y su esposa (vea el reportaje: La Dictadura de Pinochet Desclasificada: confesiones de un sicario de la DINA).

EMA CEBALLOS, "LA FLACA CECILIA"

Ema Ceballos Núñez, conocida como «La Flaca Cecilia», fue una agente de la Armada que realizó labores en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y luego en la Central Nacional de Informaciones (CNI). Fue reclutada por la oficial de Carabineros, Ingrid Olderöck, y se destacó por su participación operativa en varios crímenes. En 2017, a sus 70 años, se transformó en la primera mujer en Chile que entró a cumplir condena en prisión por una causa de violaciones a los derechos humanos. En esa ocasión, fue sentenciada a diez años y un día de presidio por el secuestro calificado de Julián Peña Maltés, ocurrido en 1987, un miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que permanece desaparecido hasta hoy.

En 2024, fue condenada como coautora del homicidio de Juan José Boncompte Andreu, a quien los servicios de inteligencia le atribuían en esos años la calidad de jefe regional del MIR en Valdivia. Según el fallo de la Corte Suprema, Ema Ceballos le disparó en el cráneo a Boncompte durante una persecución, cuando éste ya estaba caído y herido a bala (vea el fallo de la Suprema). 

“Cumplí órdenes”, dijo, por escrito, a El Mercurio en su único contacto con la prensa.

BERNARDO DAZA, ASESINO DE LA BOLSA PLÁSTICA

Bernardo Daza Navarro fue un suboficial de la Armada de Chile y agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura. Formó parte de la Brigada Lautaro, una unidad de la DINA que fue responsable de la detención, tortura y asesinato de numerosos dirigentes y militantes del Partido Comunista. Entre las víctimas más conocidas de esta brigada figura Víctor Díaz, secretario general del PC en la clandestinidad, quien fue arrestado en mayo de 1976 y asesinado meses después, cuando Daza lo asfixió con una bolsa plástica, según reconstruyó la justicia.

Daza Navarro también estuvo involucrado en el Caso Calle Conferencia, en que la DINA desmanteló la cúpula del PC. En esa operación, llevada a cabo en mayo de 1976, fueron detenidos y desaparecidos varios dirigentes comunistas, incluyendo a Jorge Muñoz, Mario Zamorano, Uldarico Donaire y Jaime Donato.

En 2007, el juez Víctor Montiglio procesó a Daza Navarro y a otros seis ex uniformados por su responsabilidad en el secuestro y homicidio de Víctor Díaz. Falleció en 2016, mientras cumplía condena en Punta Peuco. Debido a su muerte, fue sobreseído en las otras causas en que figuraba su nombre.

FIFO PALMA, EL HOMBRE DE PATRIA Y LIBERTAD

César Palma Ramírez, conocido como «El Fifo», fue un empleado civil de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y un agente del Comando Conjunto durante la dictadura. Cometió sus primeros crímenes antes del golpe de Estado, como miembro del grupo terrorista de ultraderecha Patria y Libertad. En esa condición, participó en el asesinato del edecán del Presidente Salvador Allende, el capitán de navío, Arturo Araya, hecho ocurrido el 27 de julio de 1973. 

Palma Ramírez luego se unió al Comando Conjunto, una unidad de inteligencia creada por la FACH, donde participó en numerosas violaciones a los derechos humanos. Entre estas figuran, el secuestro y desaparición del exregidor comunista Carlos Contreras Maluje y los homicidios de los también agentes del Comando Conjunto, Carol Flores y Guillermo Bratti.

Fue arrestado por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones en 2008, mientras se encontraba oculto en una casa rodante en la Región de La Araucanía. Falleció en 2016.

FUENTES MORRISON Y 39 VÍCTIMAS FATALES

Roberto Fuentes Morrison, conocido como «El Wally», fue un comandante de la Fuerza Aérea de Chile y agente del servicio de inteligencia de esa rama castrense (SIFA) durante la dictadura. 

Desde mediados de 1974, actuó como uno de los principales torturadores en los subterráneos de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), bajo las órdenes del coronel Edgard Cevallos Jones. Aquel era el lugar donde “se torturaba todo el día y toda la noche”, según declaró el exagente Andrés Valenzuela.

Como jefe de operaciones del Comando Conjunto, fue responsable de numerosas detenciones, secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos. Sus víctimas fatales suman 39 personas, entre las que figuran Miguel Rodríguez Gallardo, Arsenio Leal Pereira, Gustavo Castro Hurtado, Alonso Gahona Chávez, Luis Moraga Cruz y Francisco Ortiz Valladares.

Los métodos de tortura empleados por el Comando Conjunto, donde Fuentes Morrison era uno de los jefes, incluyeron golpizas, colgamientos, aplicación de electricidad en genitales, desnudamientos y abusos sexuales.

El 9 de junio de 1989, ya en retiro, fue asesinado en un atentado del FPMR en las afueras de su domicilio en Ñuñoa, Santiago. Fue emboscado por dos sujetos que le dispararon 14 veces.

por Mauricio Weibel Barahona