La localidad de Paine posee el triste record de tener el mayor número de ejecutados y detenidos desaparecidos en proporción a sus habitantes. Luego del golpe militar, allí operaron bandas de civiles, policías y militares, que dejaron una reguera de sangre y dolor, asesinado a campesinos de "asentamientos" nacidos con la Reforma Agraria. En Paine aún conviven víctimas y victimarios, bajo el manto de la impunidad y el olvido. En 1979, la Justicia Militar se encargó de sobreseer los procesos abiertos por los hechos de Paine en virtud de la Ley de Amnistía de 1978, aprobada por el propio general Pinochet para cubrir sus crímenes.

Luego de 29 años, la jueza María Estela Elgarrista se acerca a la verdad.

La Reforma Agraria iniciada en los años 1960 y acentuada bajo el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, permitió que muchas familias campesinas fueran beneficiadas con la asignación de tierras que, hasta entonces, pertenecían a un puñado de latifundistas. Así, los campesinos dieron vida a los "asentamientos", pero en Paine, como en el resto del campo chileno, el 11 de septiembre de 1973 volvió todo atrás. Bandas de civiles de extrema derecha, policías y militares cobraron "venganza", asesinando a dirigentes sindicales y campesinos "asentados". Los crímenes, la impunidad y el temor se extendieron por las pequeñas localidades de Paine, Hospital, Huelquén, Culitrín, Chada, Rangue, El Vínculo, Pintué y Laguna de Aculeo. Muchos campesinos y sus familias presenciaron cómo civiles de la zona guiaban a los uniformados por los "asentamientos" entregando nombres y, las más de las veces, participando directamente en la represión y crímenes.

Hace dos semanas, y luego de 29 años, la jueza de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Estela Elgarrista, citó a familiares y victimarios a diversos careos. Holanda Vidal, esposa del detenido desaparecido Cristian Cartagena Pérez, señala: "Fui citada con objeto de la querella por el secuestro y asesinato de mi esposo, desaparecido el 18 de septiembre de 1973. Nuestro objetivo es que se procese a los culpables: carabineros de la dotación de la subcomisaría de Paine y civiles, que actuaron en conjunto. Identifiqué a varios de ellos: sargento Retamal, cabo Ortiz, Albornoz y Víctor Sagredo; y a civiles: Darío González Carrasco, hoy comerciante, miembro de Patria y Libertad, y que reconoció que detuvo a mi esposo en la Casa Escuela de Chada donde vivíamos, llevándolo a la subcomisaría, a las seis de la mañana".

Los ex carabineros han negado su participación en los crímenes durante los careos, argumentando que "estaban de guardia". "Eso me produjo un schok con paralización de mis brazos, una crisis de llanto y angustia. Es terrible revivir todo lo que pasó, verlos tan cerca, su cinismo, su osadía de negar la verdad. Verlos tan soberbios, sin aceptar que lo que hicieron fue atroz. Son los primeros careos, luego de 29 años de denuncias, búsquedas y golpear puertas. Este paso se pudo dar por todo nuestro esfuerzo y trabajo como Agrupación. No hemos transado el juicio y castigo a los culpables, y que paguen con cárcel sus crímenes".

Después de los careos debieran venir los procesamientos. La jueza tiene una larga lista de civiles, carabineros y militares del Regimiento de Infantería de San Bernardo. "Uno de los asesinos es el teniente Magaña Baum, y entre los carabineros, el sargento Verdugo, un torturador que ahora se presenta como un anciano que no ha hecho nada", agrega Holanda Vidal.

"Todos los vieron"

Juan Maureira es hijo de René Maureira Gajardo, detenido desaparecido el 16 de octubre de 1973 junto a otros 22 campesinos de los asentamientos Campo Lindo, 24 de abril y Nuevo Sendero. Presidente de la AFDD de Paine, recuerda que en la represión y asesinatos también participaron militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo: "La jueza investiga cerca de 40 querellas presentadas ante el juez Guzmán. En Paine hay más de 70 víctimas, de las cuales aún están desaparecidos unas 40. Son los casos recopilados en el informe Rettig, pero otros nunca fueron denunciados. Presumimos que son alrededor de 100 los asesinados en Paine, la mayoría campesinos de asentamientos. La ministra en algún momento va a tener que procesar a los carabineros, civiles y militares implicados. Es lo que esperamos y lo que hemos pedido, que se haga verdadera justicia y podamos encontrar a nuestros familiares... Sabemos que el teniente Magaña tiene antecedentes de qué pasó con mi padre y otros 22 campesinos, entre otros casos. Él mató a nuestro familiares... Los carabineros han negado su participación, pero son los mismos que todavía viven en el pueblo. ¿Cómo lo van a negar si todos los vieron? Lo mismo ocurre con los civiles que actuaron. Paine es un pueblo chico".

Según los familiares jueza ha actuado con rigurosidad, cautela e inteligencia. Confían en los testimonios y declaraciones que ha logrado recopilar. Para ellos, todo apunta a que se procesará a algunos implicados. "A muchos, incluso, se les vio entrando a las casas. Hay un sinnúmero de antecedentes recopilados desde ese tiempo".

Hasta el momento, están conformes con la investigación y las diligencias realizadas por la jueza. Para ellos, es la primera investigación luego de 29 años sin conseguir justicia. Hasta el minuto se ha citado a civiles y carabineros, y se han desarrollado algunos careos: "Lo que nos da un poco de satisfacción porque nunca antes se había logrado hacer. Por el momento no hay procesados, pero la ministra sigue trabajando. Y así lo hemos podido corroborar", dice Juan Maureira. Mientras, la mayoría de los civiles y carabineros que asesinaron a los campesinos de Paine continúan viviendo en la pequeña localidad rural, en completa impunidad. "Hasta donde hemos podido ver, por primera vez se da una investigación como debe ser. Los criminales van a tener entregar información de lo ocurrido. Son los mismos carabineros, civiles y militares los que aparecen mencionados en la mayoría de los casos", concluye.

El ex coronel Osvaldo Magaña reconoce 31 crímenes en Paine. No pudo más. Tuvieron que pasar 33 años para que reconociera haber dado la orden para ejecutarlos. Mientras las viudas aún lloran, mañana se cumplen 33 años del mayor operativo en la zona, que destaca a nivel nacional por tener el récord proporcional con 70 víctimas.
En el Liceo Mixto de Parral había fiesta. Sonia tenía 15 años y se moría de ganas por ir. Esa noche del sábado 21 de septiembre de 1951, René Maureira la sacó a bailar. "Me flechó de inmediato. Incluso nos dimos un beso esa misma noche, algo muy poco visto en ese tiempo", recuerda.
René estudiaba en Talca y cada fin de semana viajaba a verla. Durante un año se encontraron en el parque y caminaron de la mano por las calles de la ciudad intentando mantener el secreto de su pololeo. Pero un día se encontraron de frente con el padre de Sonia. "Me quise morir. Me quitó el permiso hasta para comprar el pan", cuenta. Pero su mamá, a escondidas, la dejó encontrarse con René en la plaza. "Habla con tu padre", le dijo él, y la convenció. "Yo terminaba haciendo lo que me pedía. Era una buena influencia", cuenta ella entre risas. Su padre la escuchó con atención y sentenció: "Está bien, pero se quedan en la casa. Lo que no me gusta es que se anden luciendo por la calle".
Dos años más tarde, René se recibió como profesor y partió a una localidad perdida en medio del campo. Sus visitas a Parral se hacían más complicadas. "Me decía que me echaba de menos, sobre todo cuando estaba solo y veía los atardeceres", cuenta Sonia. Una de esas tardes llegó decidido: "¿Quieres casarte conmigo?". Sonia le respondió: "Sí quiero". No se volvieron a separar. Ella con 18 años y él con 21 viajaban juntos a la escuela rural y volvían a caballo por un sendero sinuoso. En una parte del recorrido debían cruzar en balsa. Una vez, simplemente la balsa no llegó. René le dijo a Sonia que debían pasar arriba del caballo "No te preocupes, que los caballos nadan". Estaba aterrorizada: "Finalmente le hice caso y partimos hasta que tocamos tierra. En verdad que siempre le hacía caso", ríe Sonia.
Años más tarde, René dejó su trabajo de profesor rural e invitó a su mujer a una nueva aventura: instalarse en Paine con un supermercado, el primero de la ciudad. Dio resultado. El Mapa se llenaba y pronto debieron ampliarse. Cuando llegó el Gobierno de Allende, René cometió un pecado que probablemente le costó la vida: a diferencia de sus colegas del comercio, él no cerró su local. Sin militancia política, simpatizaba con el Gobierno del doctor.
El 13 de septiembre se lo llevaron al Estadio Nacional. Lo devolvieron el 14 de octubre. Al día siguiente, nuevamente un piquete de soldados lo fue a buscar. Volvió esa noche. "Él siempre estaba calentito, pero cuando me acurruqué a su lado lo sentí helado y tembloroso. No me quiso decir nada". Al día siguiente, Sonia se levantó y en el lomo de su chaqueta vio la marca de una gruesa pisada. Esta vez René le contó que lo tiraron al piso y que "uno de los militares lo pisó mientras lo humillaba", recuerda.

Sin Vida
A las tres de la madrugada del 16 de octubre los soldados volvieron. Necesitaban a René para "nuevos interrogatorios". Nunca más lo vieron. Está acreditado en el proceso que los militares pertenecían a la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo y eran comandados por el entonces subteniente Osvaldo Andrés Magaña Bau. Se comprobó, además, que la patrulla se movilizaba en un camión marca Dodge y que esa noche secuestraron a 17 personas en una pasada y a cinco más en un segundo viaje, en el operativo más grande que conmocionó a Paine. Días antes, entre el 2 y 3 de octubre, el mismo grupo había sacado 14 personasde sus casas, la mayoría campesinos. Sus cuerpos fueron encontrados por familiares el 12 de mayo de 1974 a las afueras de Paine, en la cuesta Chada, el mismo lugar donde los fusilaron. El 24 de septiembre habían secuestrado y ejecutado a dos campesinos del sector de El Escorial de Paine. Sumados a los secuestros y ejecuciones realizadas por carabineros de la Subcomisaría de Paine, entre septiembre y noviembre del '73, las víctimas en esta localidad ascienden a 70, la mayor cantidad en Chile en relación a la densidad de habitantes.
Algunas víctimas de Paine aparecieron muertas en los días siguientes a su secuestro junto al lecho de ríos y canales. Otras, al costado de una carretera, y otras permanecen desaparecidas hasta hoy. A raíz de estos crímenes, actualmente están procesados siete ex carabineros de la Subcomisaría de Paine por secuestro y homicidio; dos civiles, por homicidio en contra de un campesino, y dos militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo, Víctor Raúl Pinto Pérez y el ya mencionado Osvaldo Andrés Magaña Bau, también por homicidios y secuestros.
Magaña, actualmente coronel en retiro, durante años guardó un riguroso silencio. En careos con familiares que lo habían visto en los operativos, negó rotundamente su participación. En el '78, Sonia recuerda que interpuso una querella por la desaparición de su marido y que Magaña le dijo a la cara que nunca había pisado Paine. "Yo le pedí que confesara, para no dejarle un futuro tan negro a sus hijos", cuenta. En 2003, gracias a que numerosos fusileros dijeron la verdad, cayó un procesamiento sobre Magaña por el homicidio y desaparición de 36 personas, pero siguió sin hablar.
A fines de 2005 confesó su autoría en 31 crímenes. LND conversó con él, pero declinó hacer comentarios. Sin embargo, en su declaración de junio de 2006, por el caso "Caravana de la Muerte", está casi todo lo que hizo: "Me dieron la orden de hacerme acompañar por un prisionero condenado por un consejo de guerra, quien me indicaría los domicilios de diferentes personas que debía detener. Es así como en esa ocasión se detuvo a un total de 14 personas (a principios de octubre), las que junto al condenado fueron fusiladas en la cuesta Chada, siendo enterradas en el lugar"
Respecto de las personas secuestradas el 16 de octubre, entre los que se encuentra René Maureira, marido de Sonia, y Andrés Pereira Salsberg, padre de la abogada Pamela Pereira, Magaña declaró: "Fui solicitado por el director y subdirector de la escuela [de Infantería de San Bernardo], quienes me dieron la orden de detener a 17 personas, las que también debieron ser fusiladas, las que fueron ejecutadas en las cercanías del lago Rapel, debiendo hacer presente que los cuerpos de los primeros fallecidos [en la cuesta Chada], luego de ser enterrados, fueron entregados a sus familiares y los últimos fueron exhumados y lanzados al mar". Todo en dos semanas.

Sin Justicia
Los crímenes de Paine, acumulados en una sola causa, tuvieron un avance notable a partir de 2001, cuando la jueza de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Stella Elgarrista, inició una reconocida investigación que por primera vez no buscó cuerpos, sino a los responsables de los crímenes. Se sumó la colaboración de familiares y el trabajo que desde 1980 venía realizando el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto. Sin embargo, posteriormente experimentó una serie de baches. En 2004, Elgarrista se inhabilitó luego de que la Corte de Apelaciones de San Miguel le revocó la amnistía que decretó en contra de uno de los responsables de Paine. Es una de las paradojas de la jueza, que por un lado era rigurosa en la búsqueda de la verdad y por otro estaba a favor de la amnistía. Recientemente llegó a manos de la jueza Olga Meurer. Según antecedentes recibidos por este medio, se inhabilitará la próxima semana debido a que es profesora en la Escuela de Carabineros, lo que genera un conflicto de intereses.

Sin Esperanza
Un enjambre bastante más dramático se vive en Paine. Muchos familiares ya no reciben a la prensa debido a que hasta la fecha no hay condenas en un caso que está esencialmente solucionado. "No tiene sentido seguir hablando. Tanto tiempo y no sucede nada", protesta una mujer.
"Esto es lento. Es comprensible la desesperanza de la gente de Paine, pero creo que vamos un poco más allá de la mitad del proceso. Conseguimos que no se amnistiara y luego interpusimos todas las querellas que hoy se investigan. Pero falta. Paine vivió un holocausto interno y la gente no tiene sed de venganza, sino de justicia. Faltan responsabilidades más arriba. Si bien Magaña es fundamental, tiene superiores", explica Nelson Caucoto.
Se agrega que 11 de las víctimas de esta localidad son parte de las identificaciones erróneas del Patio 29 efectuadas por el Servicio Médico Legal, el escándalo que aún remece a estas mujeres. Rosa Becerra es una de ellas. El fatídico 16 de octubre, su marido, Luis Gaete, también fue secuestrado por el grupo de Magaña. Se lo devolvieron en 1994, proveniente del Patio 29, y el año pasado lo volvieron a exhumar. Hasta ahora no sabe a quién dejó flores por más de 10 años. Por todo eso se excusa de recibirnos en su casa, ubicada en el Callejón de las Viudas, célebre porque desde ahí se llevaron a 12 campesinos.
"Luis se fue por tanto tiempo, más de 30 años, y ahora se lo llevan de nuevo. Hubiera preferido que nos hubieran dejado así no más, con la ignorancia, para no tener que vivir su desaparición de nuevo", gesticula Rosa con una mezcla de emociones que no la dejan parar de hablar. "Mi hija está con depresión y tiene dos chiquitos. No quiero imaginar que ellos queden solos si ella decide dejar de vivir", cuenta al recordar que María Amparo tuvo su primera caída fuerte cuando el '94 le entregaron el cuerpo de su padre. Había nacido 24 días después de su desaparición y creció con los recuerdos de Rosa añorando verlo con sus propios ojos.
Finalmente, Rosa nos invita a su casa. Quiere mostrarnos un mosaico que tiene casi terminado. Es parte de 70 más, uno por cada víctima, que darán vida al Memorial por las Víctimas de Paine, que será inaugurado el próximo sábado 21 de octubre. "Nos dijeron que está muy cargado al blanco, que le falta contraste", dice Rosa con ojo de artista. "A mí me gusta como está quedando", observa su marido desde hace 25 años. Trabajan mano a mano organizando el cuadro. En el corazón de una gran guitarra se ve a su primer marido, Luis, arando la tierra. A un costado, una mujer panzona. "Ésa soy yo, embarazada y siempre esperando", cuenta Rosa con los ojos brillantes.

Sin Sendero
Don José Castro Maldonado vivía en un asentamiento rural, otorgado por el Gobierno de Salvador Allende en 1972, a pocos kilómetros de Paine. "No había días feriados y muchas veces pasaba las noches arriba del tractor arando la tierra", recuerda su hija Luz.
En los días posteriores al golpe, las cosas se pusieron negras para los agricultores del lugar. Muchos eran secuestrados por carabineros de la zona y los devolvían en pésimas condiciones. Luz recuerda que terratenientes expropiados acompañaban a los militares en los operativos. "Los Tagle, Francisco Luzoro, Juan Balcázar, Claudio Oregón y muchos más son conocidos acá porque apuntaron con el dedo a la gente", cuenta. De hecho, tanto Balcázar como Oregón están procesados como autores del homicidio de Ricardo Carrasco Barrios, en septiembre de 1973. Le dispararon por la espalda.
El 15 de octubre, don José Castro, de 52 años, fue a visitar a Luz. Se habían visto por última vez una semana atrás y ella temía lo peor. "Llegó en su moto y se bajó. Nos abrazamos, lloramos y él me dijo: ‘Todavía no me ha pasado nada'", recuerda. A la noche siguiente, el grupo de Magaña pasó por ahí. Vio el brillo de los cascos militares pasar junto a su habitación. Siete personas más fueron secuestradas esa noche.
En adelante, las viudas de Paine se hicieron conocidas porque partían cada día en busca de sus maridos. "Se destruyeron familias enteras. Veía cómo los niños quedaban solos, sin crianza, porque las mujeres iban donde fuera a buscarlos. Tres Álamos, Isla Quiriquina, etc.", cuenta Luz. Ella misma no se convencía de la pérdida. Durante mucho tiempo soñó que su padre estaba vivo. "También durante el día lo veía aparecer por el camino", recuerda la mujer.
De las enseñanzas más valiosas de su padre, Luz destaca el respeto a la vida. Cuando, por ejemplo, debían hacer insectarios para algún ramo, el hombre prefería que reprobaran antes que matar. "Todos tienen derecho a la vida", recuerda que le decía. Hoy Luz tiene 60 años y calcula que don Luis se empinaría en los 86. "Una puede ser vieja, pero siempre necesita a los papás", dice conmovida. De un bolsillo saca un pañuelo y seca las lágrimas que se asoman tras los gruesos anteojos. Se cuelan cada vez que intenta unir los fragmentos inconclusos de su historia.

El ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Héctor Solís, interrogó ayer lunes en calidad de inculpado por los crímenes de Paine, al comandante de la segunda división del Ejército de la Región Metropolitana y juez militar de Santiago, general activo Guillermo Castro Muñoz.

De acuerdo a informaciones del proceso, al menos habrían dos militares que nombraron a Castro en relación al episodio de Paine, en cual entre septiembre y octubre de 1973 efectivos de la Escuela de Infantería de San Bernardo y civiles asesinaron a 29 campesinos de esa localidad al sur de Santiago.

El interrogatorio al general Castro fue producto de una petición que hizo al juez Solis el abogado Luciano Foullioux, quien representa en esta causa a la abogada Pamela Pererira. El padre de esta abogada se encuentra entre las víctimas cuyos cuerpos fueron escondidos en una quebrada y luego desenterrados en 1978 y lanzados al mar.

Durante cuatro horas declaró hoy ante el juez Héctor Solís el prefecto (R) de la Policía de Investigaciones Rafael Castillo. El ex jefe del crimen organizado fue consultado para que ratificara las investigaciones policiales que le correspondió supervigilar, y que dicen relación con la vinculación del general Castro en este episodio. Este tenía el grado de teniente o capitán a 1973 cuando sucedieron los hechos.

Castillo fue hoy también careado con el coronel (R) Andrés Magaña Bau, quien es uno de los procesados como coautor material de asesinar a los campesinos. Magaña comandaba el pelotón de la Escuela de Infantería que participó en estos hechos, junto a un grupo de civiles que fueron encausados también hace unos días por el juez Solís.

Los procesamientos dictados por el ministro Héctor Solís tienen convulsionada a la localidad de Paine y sus alrededores, donde algunos de ellos siguen viviendo y amenazando a los familiares de las víctimas. Actuaron junto a efectivos del Ejército y Carabineros.

Seis civiles empresarios agrícolas y del transporte fueron procesados y arrestados por los asesinatos de 29 campesinos de Paine y sus alrededores, al sur de Santiago, cometidos entre el 16 de septiembre de 1973 y el 16 de octubre de ese año. Los terratenientes mataron a varias de las víctimas con sus propias armas, sacándolos desde sus casas, fundos del lugar, o desde la subcomisaría de Paine.

En el caso del crimen masivo del 16 de octubre de 1973 (22 muertos entre los que está Andrés Pereira, padre de la abogada Pamela Pereira), ellos mismos prepararon las listas con sus nombres, condujeron a los militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo hasta sus casas, y colaboraron con infraestructura para el traslado hasta una quebrada donde fueron acribillados entre los civiles y efectivos de ese regimiento.

La resolución dictada por el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Héctor Solís Montiel, tiene revolucionado a Paine y sus alrededores dado que los criminales todavía permanecen habitando en esos lugares. Según los vecinos del sector, algunos aún se jactan de su actuar y continúan amenazando a familiares de las víctimas. Los crímenes por los cuales resultaron encausados como autores materiales y cómplices corresponde a una venganza en contra de campesinos y dirigentes que tomaron parte en el proceso de reforma agraria durante el gobierno democratacristiano de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y su posterior profundización con la Unidad Popular de Salvador Allende.

El magistrado también encausó como autor de las 22 muertes del 16 de octubre al único militar, el suboficial (R) de Ejército José Vásquez Silva.

Los agricultores encartados son: Juan Francisco Luzoro, Rubén González Carrasco, Claudio Oregón Tudela, Juan Quintanilla Jerez y los hermanos Mario Emilio y Ricardo Jorge Tagle Román. La quebrada y fosa clandestina donde mataron y escondieron los cuerpos de las 22 víctimas que después desenterraron en 1978 para tirarlos al mar fueron descubiertas el año pasado. Se trata de la Quebrada Los Arrayanes, a 1,5 km al noreste del lago Rapel, al interior del fundo Cerro Alto, en la comuna de Las Cabras, en la Región de O Higgins.

Actuando en los episodios anteriores al de estas 22 personas, Luzoro, González, Oregón y los hermanos Tagle Román sacaron desde fundos del lugar y la subcomisaría de Paine en los primeros días después del golpe militar de septiembre de 1973 a Ricardo Carrasco Barrios, Cristián Cartagena Pérez, Carlos Chávez Reyes, Orlando Pereira Cancino, Pedro Ramírez Torres, Raúl Lazo Quinteros y Alejandro Bustos González y los mataron con sus armas en distintos lugares. En estos sucesos también participaron carabineros de esa subcomisaría, los que se espera que el magistrado someta igualmente a proceso.

El único que sobrevivió a los disparos simulando estar muerto fue Alejandro Bustos, quien se convirtió en testigo principal en contra de los ejecutores. En la causa de Paine ya estaba encausado en calidad de autor el coronel (R) Andrés Magaña Bau, quien siendo un subteniente comandó el pelotón que asesinó a los 22 campesinos.

Francisco Luzoro Montenegro, empresario camionero de Paine, participó en el fusilamiento de cinco campesinos en la zona. Una de las víctimas sobrevivió y fue testigo clave para identificar a Luzoro y a los carabineros involucrados.

Este viernes 17 de noviembre, en fallo dividido, la Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó al empresario Francisco Luzoro Montenegro a la pena de 20 años de presidio, como autor en el fusilamiento de cinco campesinos de Paine: Carlos Chávez Reyes, Raúl del Carmen Lazo Quinteros, Orlando Enrique Pereira Cancino y Pedro Luis Ramírez Torres; y del delito frustrado de homicidio calificado de Alejandro del Carmen Bustos González, quien sobrevivió al fusilamiento escondiéndose entre los cuerpos de las víctimas. Este fallo es histórico, ya que es el primero en el país que condena a un civil por una causa de derechos humanos.

En la etapa de investigación, realizada por la ministra Marianela Cifuentes, se pudo definir que, a petición del subcomisario Nelson Iván Bravo Espinoza, varios civiles, dueños de tierras y/o vehículos, comenzaron a colaborar activamente con el transporte de personal y de detenidos, entre ellos Juan Francisco Luzoro Montenegro, presidente del Sindicato de Dueños de Camiones de Paine.

El día 17 de septiembre de 1973, en horas de la tarde, las cinco víctimas se presentaron en la comisaría de Paine. En las horas siguientes, funcionarios de la mencionada unidad policial interrogaron y golpearon a los detenidos. Al día siguiente, en la madrugada, fueron sacados de la Subcomisaría de Paine, subidos a un vehículo y trasladados hacia el sector de Collipeumo, donde fueron fusilados. La comitiva que trasladó a los detenidos estaba conformada por varios vehículos, ocupados por personal de Carabineros y por civiles, entre ellos Juan Francisco Luzoro Montenegro, todos al mando del sargento Manuel Antonio Reyes Álvarez, ex jefe del Retén Hospital.

La declaración del sitio de memoria Memorial Paine, valoraron la sentencia, "pues sienta un precedente al condenar por primera vez a un civil por haber cometido crímenes de lesa humanidad y por haber sido parte de un aparato represivo del Estado". "Consideramos esencial que el Estado salde la deuda que tiene con las y los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos, dotando al poder judicial de recursos que permitan esclarecer la verdad de lo ocurrido, cumpliendo así con las recomendaciones y convenciones internacionales a las que se ha suscrito el Estado de Chile", consignaron.

Paine fue una de las localidades más afectadas por la participación de civiles en la represión (transportistas, comerciantes y latifundistas), contra campesinos y otros habitantes simpatizantes de la Unidad Popular, registrando -según el Informe Rettig- setenta detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.

Este fallo, además de ser la primera condena a un civil por crímenes de lesa humanidad, confirma la línea judicial sobre la participación activa de civiles en los crímenes de la dictadura, tal como lo afirma la querella presentada por Londres 38 contra los directivos de Pesquera Arauco durante el año 1973 y 1974.

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, dictó sentencia de segunda instancia, en el caso conocido como Episodio subcomisaría de Paine y condenó a dos excarabineros a 15 años de cárcel por el secuestro calificado del comerciante Luis Nelson Cádiz Molina y del profesor Alberto Leiva Vargas, hechos ocurrido a partir del 14 de septiembre de 1973, en la comuna de Paine.

Los ministros Patricio Esteban Martínez y Marcelo Ignacio Ovalle (s) junto al abogado integrante, Ignacio Castillo Val, confirmaron lo resuelto por la ministra Marianela Cifuentes en julio del 2021, en su fallo de primera instancia, y dejaron a firme las condenas de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, como autores de secuestro calificado de ambas víctimas, a los carabineros José Retamal Burgos y al excoronel Nelson Bravo Espinoza, quien se desempeñaba como jefe de la comisaría de Carabineros de Paine en ese entonces y quien actualmente se encuentra cumpliendo condena en el penal de Punta Peuco por estar vinculado en otras causas de crímenes de lesa humanidad.

Cabe señalar que eran cuatro los acusados en esta causa por los delitos mencionados. Dos de ellos fallecieron antes de ser condenados, mientras que Retamal Burgos falleció en octubre de 2021, meses después de ser condenado en primera instancia por la ministra Cifuentes.

Para el abogado Nelson Caucoto, querellante en este caso, se trata de "una buena noticia para los familiares de estas víctimas, que han esperado 49 años para que el Estado de Chile les haga justicia a sus seres queridos", señaló.

En ese sentido, Caucoto enfatiza en que "se está terminando el juicio, pero queda pendiente lo más importante: aparte de sancionar a los responsable, ubicar los cuerpos de estos dos chilenos desaparecidos. Ésa es y sigue siendo una tarea pendiente, que debemos asumir como sociedad".

Luis Nelson Cádiz Molina y Alberto Leiva Vargas, son dos de las de 70 víctimas que fueron ejecutadas y desaparecidas por la dictadura en Paine, en su mayoría campesinos de la zona, la cual vivió su propio holocausto, convirtiéndose, en proporción a nivel país, como uno de los lugares más golpeados por la represión.

Los hechos

De acuerdo con la investigación sustanciada por la ministra Marianela Cifuentes se pudo establecer que "el día 14 de septiembre de 1973, tras tomar conocimiento de un requerimiento en su contra, Luis Nelson Cédiz Molina, se presentó voluntariamente en la Subcomisaría de Carabineros de Paine, lugar en el que se le mantuvo encerrado, sin derecho y que, en lugar de ser puesto a disposición de la autoridad judicial, se desconoce a la fecha su paradero".

"Que, el mismo día, en horas de la tarde, Alberto Leiva Vargas, empleado auxiliar de Educación Fundamental del Instituto de Educación Rural y estudiante de filosofía de la Universidad Católica de Chile, fue detenido en su domicilio en calle Baquedano 806, en la comuna de Paine y, acto seguido, trasladado a la referida unidad policial, lugar en que se le mantuvo encerrado y hasta la fecha se desconoce su paradero",

"Que en la época de los hechos la Subcomisaría de Carabineros de Paine se encontraba bajo el mando de del capitán Nelson Iván Bravo Espinoza, secundado por los suboficiales José Floriano Verdugo Espinoza y Manuel Antonio Reyes Álvarez, actualmente fallecidos, quienes se turnaban en sus funciones cada 24 horas".

"Que en ese tiempo la guardia de la referida unidad policial estaba a cargo de carabineros José Retamal Burgos Y Víctor Manuel Sagredo Arenas, quienes también se turnaban en sus labores cada 24 horas".

En entrevista con Interferencia, el periodista autor de A la Sombra de Los Cuervos, repasa el cuadro completo de lo que se sabe de la participación de los Kast en la brutal represión que hubo en la localidad durante la dictadura, donde esta familia tenía su hogar y principales negocios.

Este miércoles 15 de junio la Corte Suprema, en un fallo inédito, desestimó la medida de prescripción solicitada para el caso del asesinato de 38 personas en Paine durante la dictadura, y elevó las penas para los miembros del Ejército y de Carabineros por su responsabilidad en los crímenes ocurridos durante septiembre y octubre de 1973.  Finalmente, siete militares en retiro fueron condenados a 10 años de presidio, otro ex militar fue condenado a siete años de presidio,mientras otros tres carabineros también recibieron condenas de presidio.

Los asesinatos ocurridos en Paine son casos emblemáticos entre los delitos de lesa humanidad ocurridos en dictadura, ya que dan muestra de la complicidad entre uniformados y civiles en la planificación y ejecución de estos crímenes. También, porque un testimonio clave para dilucidar estos hechos fue entregado por Alejandro Bustos, un campesino que logró sobrevivir a un fusilamiento escondiéndose entre los cuerpos de las víctimas que estaban a su lado. Su declaración fue clave para que se pudiera llegar a la verdad en estos casos.

El periodista Javier Rebolledo investigó profundamente la relación entre uniformados y civiles en las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura, y en especial los asesinatos de Paine, que implican cerca de 70 víctimas, la mayoría campesinos beneficiados con la reforma agraria aplicada durante la Unidad Popular. Uno de estos crímenes es la “Matanza de Paine”, como es conocida la ejecución donde Bustos sobrevivió. La investigación de Rebolledo se plasmó en su libro del 2015, A la Sombra de los Cuervos, Los Cómplices Civiles de la Dictadura.

"Te diría que los civiles en buena medida,- sin quitarle responsabilidad a los carabineros ni militares-, le proporcionaron información a los uniformados, trabajaron en conjunto con ellos con un odio impresionante".

En esta entrevista, Rebolledo comenta a Interferencia el impacto que le causó el nivel de violencia y odio de parte de civiles que participaron en estos asesinatos y desapariciones y el rol que tuvo la familia Kast, en especial, el padre y el hermano del ex candidato presidencial, José Antonio Kast, en estos crímenes.

- Es impactante el caso de los asesinatos de Paine, que usted investigó, incluso implica a una persona que sobrevivió a un fusilamiento y gracias a su testimonio se pudo saber lo que ocurrió. Usted ya ha investigado otros casos de vulneración a los derechos humanos ¿Qué cosa en particular le llamó la atención de los asesinatos de Paine? 

-A mi me llamó la atención que ésta fue una venganza de los civiles, en conjunto con uniformados, tanto con carabineros como con militares en distintas operaciones y distintos días. Te diría que los civiles en buena medida,- sin quitarle responsabilidad a los carabineros ni militares-, le proporcionaron información a los uniformados, trabajaron en conjunto con ellos con un odio impresionante, un odio pocas veces visto. El nivel de crueldad, de ensañamiento, incluso después de los crímenes, es algo que al menos yo no sé si había visto antes, con tanto ensañamiento como en estos casos. 

En el caso de Paine, como comuna, tiene la mayor cantidad de desaparecidos y ejecutados de la dictadura por densidad poblacional. Son 70 víctimas en una cantidad de población pequeña, lo cual da un porcentaje alto de quienes fueron asesinados. 

Un ejemplo de esto es que hay un lugar en Paine que se llamó “el callejón de las viudas”, y ese lugar se llamó así porque una unidad de militares fue a buscar a casi todos los hombres de esa calle, donde las mujeres prácticamente quedaron solas hasta el día de hoy. 

El caso que mencionas, donde hay un sobreviviente de fusilamiento, Alejandro Bustos, conocido como “el colorín”, es importante porque él puede ubicar a civiles que participaron en estos crímenes, y entre otros, a Christian Kast, que es el ex presidente de Cecinas Bavaria, y además hermano de José Antonio Kast y de Miguel Kast,- ideólogo de los cambios económicos de la dictadura, como lo reconoció Joaquín Lavín.

"El mismo Michael Kast reconoció que él facilitó un camión con chofer a carabineros para “efectuar su trabajo”, y el trabajo en ese tiempo era la detención de personas, aunque él no lo reconoció de esa forma".

En ese caso, conocido como “la matanza de Paine”, a las víctimas, después de ejecutarlas, les sacaron los ojos y les cortaron las lenguas con corvos. Y claro, impresiona el nivel de violencia, el nivel de crueldad que tuvieron estos civiles, en conjunto con militares y carabineros, en las detenciones, las torturas, los crímenes y desapariciones forzadas que se llevaron a cabo.

- ¿Cómo participa la familia Kast en estos asesinatos y ejecuciones? ¿Cuál es el rol que tuvieron en estos crímenes?

- Está, entre varios testimonios, el de la hermana de Pedro Vargas Barrientos,- actualmente detenido desaparecido-, Silvia, quien cuenta que su hermano Pedro, junto a toda su familia, trabajaron en Cecinas Bavaria y ayudaron a generar riqueza en la empresa, cuando los Kast recién empezaron con su primera sanguchería al borde de la carretera Norte Sur, en el sector de Buin. Y este joven Pedro Vargas siguió trabajando ahí y con los años organizó un sindicato, que fue su “mayor error”, porque ahí lo pasaron a rondín, le entregaron un arma y después tuvo que dejar su trabajo. Pedro fue una de las primeras personas que fueron detenidas en el cuartel de Paine. 

Su hermana fue a pedir por la vida de Pedro a Michael Kast,- quien era el papá de José Antonio, de Christian y Miguel Kast y abuelo de Felipe Kast- y Michael Kast no le prestó ninguna ayuda, le dijo que se fuera para su casa y por el contrario…En estos casos nunca se ha determinado, judicialmente, exactamente cuáles fueron los vehículos que participaron de las detenciones que terminaron en cada una de las ejecuciones y desapariciones forzadas. Pero el caso concreto es que el mismo Michael Kast reconoció que él facilitó un camión con chofer a carabineros para “efectuar su trabajo”, y el trabajo en ese tiempo era la detención de personas, aunque él no lo reconoció de esa forma. Y él murió en calidad de inculpado por la justicia, por este caso. Por eso no se pudo seguir su responsabilidad final en los hechos, porque murió. 

Existe el testimonio de un carabinero, Osvaldo Dominguez Muller, que señala que en la comisaría de Paine,- que dicho sea de paso, era el lugar desde donde desaparecían a las personas- vio el automóvil de Michael Kast estacionado ahí, los días cuando hubo asesinatos y desapariciones. 

Y está el testimonio del propio Christian Kast, quien reconoce que salió “a patrullar”, junto a otros civiles, con militares y carabineros. 

"Y Christian Kast no fue procesado porque la justicia determinó que al momento de estos crímenes era menor de edad, por eso no se persiguió su responsabilidad, por ese motivo. Y él mismo reconoció, cuando fue interrogado, que estuvo en la comisaría".

Se suma a todo esto el testimonio de Alejandro Bustos, quien cuenta que a él le dieron una pateadura en la comisaría de carabineros, y que estaba presente Christian Kast. Y cuando lo ejecutaron,- donde sobrevivió-, si bien los que dispararon eran uniformados, estaban presentes con sus vehículos varios civiles, entre ellos Christian Kast. 

Y Christian Kast no fue procesado porque la justicia determinó que al momento de estos crímenes era menor de edad, por eso no se persiguió su responsabilidad, por ese motivo. Y él mismo reconoció, cuando fue interrogado, que estuvo en la comisaría, donde se celebraban asados con carabineros y civiles, y que ahí vio detenida a una persona que le apodaban “el harina seca”, Luis Nelson Cádiz Molina, y dice que lo vio salir con el pelo rapado, pelado. Y bueno, Cádiz es un detenido desaparecido, yo me pregunto si uno sabe que una persona está detenida desaparecida, y Christian Kast dice que lo vió, ¿Acaso no le correspondía denunciar el hecho? Probablemente haya sido una de las últimas personas que lo vió con vida, que podía aportar una pista sobre el paradero de esta persona, y él no se acercó a la justicia para colaborar, fue al revés, tuvo que ir la justicia a buscarlo a él, muchos años después de ocurridos los hechos.

- ¿Es posible que José Antonio Kast no haya conocido estos hechos? 

- Es que yo no puedo trabajar con conjeturas. Yo sé lo que declaró Christian Kast y lo que declaró su padre Michael Kast, conozco el pasado de Michael Kast, la labor que tuvo Miguel Kast en dictadura y conozco lo que declaró Alejandro Bustos respecto de Christian Kast. Uno sabe qué postura política tiene José Antonio Kast, y yo no puedo saber si él sabía o no sabía. Lo que puedo decir es que él no puede decir “mi familia no tuvo nada que ver”, que no hicieron patrullaje, que no apoyaron la represión, ni prestaron vehículos ni que no fue identificado alguien de su familia en un fusilamiento, eso él no lo puede decir. 

"José Antonio Kast ha dicho que no hay nada judicial en contra de su familia, pero no dice las razones, y una razón es que su papá se murió en calidad de inculpado, murió antes que tuviera una condena".

Y eso es lo que él ha dicho, él ha dicho que no hay nada judicial en contra de su familia, pero no dice las razones, y una razón es que su papá se murió en calidad de inculpado, murió antes que tuviera una condena; y en segundo lugar, a su hermano Christian Kast no se le persiguió responsabilidad penal porque se determinó que era menor de edad al momento de ocurridos los delitos 

- Lo que cuenta también es relevante porque entre los condenados por crímenes de dictadura en Paine está un civil, que fue el primer civil condenado por casos contra los derechos humanos en dictadura en Chile, el empresario Francisco Luzoro, en 2017. En temas de memoria se habla de los civiles y empresas que participaron en estos delitos como “terceros actores”. ¿Cree que se pueda seguir avanzando en la justicia en estos casos que involucran a “terceros actores”?

- Debería ser así. Pero sabemos que ha pasado mucho tiempo, se están muriendo los denunciantes, los familiares, los victimarios, y este caso se ha dejado estar… Yo no tengo tanta esperanza, sinceramente, lo veo difícil, creo que lo de Luzoro es un ejemplo aislado, hay un par más de civiles condenados, pero no veo que el camino vaya para allá.

Siempre que sale una condena al menos es un poco de justicia. En este caso son condenas, quizás no son las condenas más altas, como uno podría esperar, pero es un poco de justicia. Uno celebra que haya algo de justicia, pero por otro lado, también hay crítica, porque uno espera que se haga más. Uno ve un lado positivo y otro negativo, ya que la condena es baja y uno piensa en cómo se lo toman los familiares y la sociedad en general

Mi nombre es Olga Lizama Calderón, soy esposa de Juan Humberto Albornoz Prado, detenido el 15 de Septiembre de 1973 en el asentamiento La Estrella, Huelquén, Paine.

A las tres de la tarde Juan Humberto estaba trabajando en el asentamiento. Ese día él me había dicho “Chica ten cuidado que aquí van a allanar, tú deja no más que revisen todo, si te opones te van a llevar a ti y a los niños y los niños van a quedar más solos”. Con Humberto pololeamos siete años y llevábamos casados siete años cuando se lo llevaron. Yo quedé con dos niños. En ese entonces vivíamos a la entrada del fundo La Estrella.

Recuerdo que por el trabajo que estaba haciendo se lo llevaron con botas, desde ahí lo trasladaron hasta la puerta del fundo en la maleta de un vehículo 2, cuando llegaron a las puertas del fundo, lo sacaron con metralleta y lo subieron a otro auto, junto a su hermano Hernán y a don José, el padre de ambos, recuerdo que iban en el vehículo sentados uno arriba del otro, los sentaron atrás y él se fue haciéndonos adiós, hasta que se perdió.

Mi hijo mayor era chiquitito, en ese tiempo tenía 5 años, vio todo, vio cuando se llevaron a su papá, cuando lo subían al auto con la metralleta, lo vio todo y se trastornó al ver todas esas cosas.

Mi cuñado había ido a la casa de mis suegros a almorzar y para ayudarlos con unos tambores de maíz, estaba en la lista de los campesinos que se iban a llevar, pero no lo habían ido a buscar a él, recuerdo que me dijo “Si a mi hermano se lo llevan yo también me voy con él Olga” y se llevaron a los tres a la Subcomisaría de Paine, ahí los sentaron en un balón de gas y los raparon al cero. Eso lo supimos porque desde las nueve y media de la noche fueron soltando a todos los detenidos3 menos a Hernán y Humberto; don Juan nos contó que tenían a Hernán a un lado, al medio a él y al otro lado estaba Humberto y les pegaban con el palo.Mi esposo en ese tiempo era dirigente sindical, entonces le pegaron mucho en las manos, tanto que se las quebraron. Después que les pegaron a todos soltaron a don Juan, como a la una o dos de la mañana, un carabinero le dijo “Tú viejo te vai, pero tus hijos tal por cual se quedan aquí, porque se creen muy choritos”. Cuando lo soltaron se lo llevaron a punta de balazos, corriendo desde Paine hasta Huelquén, andaba con un abrigo calentito y cuando llegó a la casa, en el corredor cayó al suelo desmayado y ahí salimos con mi suegra a verlo para saber qué es lo que pasaba y ahí nos contó todo lo sucedido, todo lo que estaba pasando. Pobre don Juan, llegó peladito al cero.Del asentamiento se llevaron a seis campesinos que los milicos buscaban con una lista. Los encontraron trabajando, los que estaban en la tierra los hacían comer tierra, ¡les ponían el pie sobre la cabeza! y el que estaba trabajando en el pasto “¡come pasto!” y tenían que comer pasto y los que tenían el pelo largo se lo enredaban en el rifle y tiraban el rifle para arriba, esas eran las cosas que comentaban después los mismos trabajadores. En ese tiempo mi marido era secretario del Sindicato Nuevo Horizonte y presidente de la JAP y aún teniendo acceso a dinero y mercadería nunca jamás guardó ni me dejó algo, yo iba a comprar como todas las personas no más, hacía las colas, él fue siempre muy honrado. Cuando se lo llevaron le ofrecieron irse y él no quiso, dijo “No, que me lleven no más, sino se van a llevar a mi chica y qué va a ser de los niños”. La gente, los trabajadores comentaban que los chiquillos fueron muy valientes, porque se los llevaron y ellos no denunciaron a nadie.  (extracto)