Durante los meses de octubre y diciembre estuvimos trabajando junto a la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud en la confección de los expedientes para la declaratoria de monumento histórico del Ex Hospital Militar (Sede Hospital Félix Bulnes de Providencia) y del Hospital San Juan de Dios, determinando su rol como centros de detención, tortura y exterminio durante la dictadura, para ser presentados ante el Consejo de Monumentos Nacionales.

A partir de una metodología cualitativa y documental se buscó obtener, reunir y sistematizar la documentación oral, escrita y visual referida a la ocupación de ambos hospitales como recintos de detención; además de acotar las áreas del inmueble con mayor posibilidad de hallazgos vinculados a la reclusión, tortura y muerte de personas detenidas y de obtener nueva información en relación con las personas que estuvieron en los mencionados recintos en calidad de víctimas y de victimarios.

“En este edificio funcionó la sala 8 del Hospital Militar donde estuvieron detenidos y sufrieron tortura u omisión de asistencia militantes políticos y sociales entre 1968 y 1985”, reza la placa instalada en el ingreso al Hospital Militar como parte del proceso de reconocimiento y reparación a las víctimas de la persecución estatal ilegítima entre aquellos años.

Esta placa fue ubicada sobre el ingreso principal al centro sanitario, por avenida 8 de Octubre, en el marco de los artículos 7 y 8 la Ley 18.596 de reparación a las víctimas de la última dictadura. En el acto estuvieron presentes el presidente de la Comisión, Nicolás Pons, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala y la representante de la Mesa Permanente contra la Impunidad, Ana Amorós.

La Sala 8 del Hospital Militar recibía a detenidos con importantes heridas producidas por los interrogatorios y torturas en los distintos centros de detención, recuperar su salud, y volver a trasladarlos para continuar con la prisión y las averiguaciones con métodos ilegales e inhumanos.

La representante de la Mesa indicó durante su oratoria que “recordar a Roberto Luzardo es recordar en él a todos los que la omisión de asistencia les cercenó la vida”, en referencia a uno de los testimonios más elocuentes de las torturas efectuadas en la Sala 8, cuando padeció una larga  agonía sin asistencia médica ni alimentaria.

Sobre este recuerdo, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, consideró como una contradicción que un hospital se convirtiera “en una herramienta de tortura, asesinato y muerte”.

Por su parte, el representante de la Comisión Especial, Nicolás Pons, destacó que este reconocimiento forma parte de una política pública de reparaciones simbólicas para recuperar la memoria de las víctimas. “Es fundamental dar a conocer esta parte de la historia”.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó los tres años de presidio para Ramón Cáceres y Sergio Contreras.

El ex ministro de Salvador Allende sufrió apremios ilegítimos en la Isla Dawson y en el Hospital Militar, donde fue asesinado en 1974

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó este miércoles la condena a dos oficiales en retiro de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) por el delito de aplicación de tormentos al ex ministro del Interior y Defensa del Gobierno de Salvador Allende José Tohá. 

Mediante el fallo unánime de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, se confirma la pena de tres años de presidio para Ramón Cáceres Jorquera y Sergio Contreras Mejías, con el beneficio de la remisión condicional, dictada el 24 de noviembre de 2015.

Según la sentencia del ministro en visita Jorge Zepeda Arancibia, entre el 2 de febrero y el 15 de marzo de 1974, día de su muerte, el ex secretario de Estado sufrió diversos apremios ilegítimos cuando estuvo detenido en la Isla Dawson y durante su permanencia en el Hospital Militar.

En la investigación se logró determinar que Tohá, durante su privación de libertad y pese a su delicado estado de salud, "fue víctima, por parte de agentes del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile, de tratos crueles y degradantes, ejecutados con el propósito de dañar su integridad física y psíquica, con afectación de su honra y dignidad".

Además, las pericias establecieron que, mientras se encontraba detenido e incomunicado en el hospital por órden de las autoridades militares, el ex ministro "fue encontrado muerto, en suspensión incompleta, apoyado sobre una de las repisas del closet de la habitación, con sus pies flectados sobre el piso y su cuello unido por un cinturón a un soporte".

La sala del tribunal de alzada que confirmó el fallo está integrada por los ministros Mario Rojas, Viviana Toro y Juan Opazo.

El ex ministro, quien según la versión oficial de 1974 se habría suicidado en el Hospital Militar de Santiago, estuvo detenido en la Isla Dawson. Nuevas pericias, entre ellas un informe forense, podrían esclarecer el hecho y determinar que la acción fue realizada por terceras personas. El autor de la pericia, Luis Ravanal, es el mismo médico que puso en duda el suicidio de Allende pero la familia del ex mandatario se negó a escuchar sus recomendaciones.

La Justicia ordenó la exhumación del cadáver de José Tohá González, ex ministro de Salvador Allende, quien no se habría suicidado en 1974 en el Hospital Militar, como afirmó en la época la dictadura de Augusto Pinochet, sino que habría sido asesinado.

El ex ministro de Interior y Defensa de la Unidad Popular, según el informe forense del médico legista Luis Ravanal, habría muerto por “asfixia por estrangulamiento manual de naturaleza homicida” y no por suicidio por ahorcamiento como se dijo entonces.

Dentro de las pericias que contempla el nuevo escenario creado en la causa, además de la exhumación del cuerpo del ex colaborado de Allende, se contempla la reconstrucción del día en que ocurrió la muerte, el 15 de marzo de 1974, y más de 20 diligencias. Todas ellas, por instrucción de la Corte de Apelaciones de Santiago, serán efectuadas por el juez Jorge Zepeda.

La familia del ex líder socialista, que solicitó estas pericias al magistrado y éste las denegó, cerrando la investigación, sostuvo a través de Carolina Tohá que “hay muchos elementos contundentes que demuestran que la versión oficial del suicidio es falsa y que fue un homicidio”.

Ya en 1974, otro informe de autopsia, realizado por el médico criminalista de la Policía de Investigaciones Alfonso Chelén en el Hospital Militar y no en el SML, también sostuvo que no hubo suicidio sino “muerte por estrangulamiento con participación de terceros”. Esto le costó a Chelén su expulsión de la Policía civil, informó radio Cooperativa.

Luis Ravanal, por su parte, es el mismo médico legista que, a través de un informe de autopsia al cadáver del ex Presidente Allende, aseguró que éste no se habría suicidado sino que murió por un disparo del tipo homicida. En esa oportunidad, la familia del ex mandatario, a través de su nieto, se resistió a considerar la nueva versión y negó la posibilidad de una nueva autopsia, como recomendaba Ravanal.

El tercer peritaje encargado por el ministro en visita Jorge Zepeda determinó que el ex ministro del Interior y Defensa del Gobierno de Salvador Allende, José Tohá, fue extrangulado y no se suicidó, como sostuvo la versión oficial de la dictadura.

Tohá fue encontrado muerto en el closet de la habitación 303 del otrora Hospital Militar de calle Holanda, donde estaba detenido, el 15 de marzo de 1974.

Luego de su exhumación en el año 2010 los peritajes que se habían hecho con el Servicio Médico Legal y la Universidad de Chile no habían concordado respecto a la participación de terceros. Por lo mismo este tercer peritaje se estableció por el juez y se les encargó a la kinesióloga y experta en biomecánica Ana María Urra y la antropóloga Ingrid Rodríguez.

Esta última concluyó que la muerte de Tohá fue un homicidio pues se puede determinar que hay fractura de cartílago tiroide y clitoide con dos posibles causas de muerte: estrangulamiento y ahorcamiento homicida.

Tras conocer esta información, la viuda del ex ministro, Moy de Tohá, afirmó que "lo recibimos con tranquilidad porque es algo que hemos pensado desde el comienzo. Para nosotros novedad no es. Nos alegra mucho que la justicia vaya bien encaminada. Lo estaba esperando. Para apoyar una investigación policial tenía que haber un respaldo técnico y este ya lo tiene el ministro y el tendrá que avanzar en la línea que sabe como hacerlo".

El ex ministro de la Concertación y hermano del asesor de Allende, Jaime Tohá, dijo esperar que se establezcan las responsabilidades de los posibles autores de estos crímenes y se apunta al entonces director del Hospital Militar, doctor Patricio Silva Garín, que también está procesado por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

El ex ministro de Interior y defensa del gobierno del Presidente Salvador Allende, José Tohá, fue sepultado por tercera vez este lunes luego de las pericias que establecieron que su muerte no se debió a un suicidio sino a la acción de terceros en la pieza en que estaba internado en el Hospital Militar en 1974.
El director del Servicio Médico Legal (SML), Patricio Bustos, en donde se mantenían los restos del ex secretario de Estado, resumió lo resuelto por las expertas de la Universidad de Concepción que zanjaron la causa del deceso a petición del juez Jorge Zepeda.
“La causa de muerte es atribuible a terceros, esto es un elemento de verdad científica que ponemos a disposición de los organismos de justicia para avanzar en este proceso”, indicó el encargado al entregar el féretro para llevarlo de vuelta al mausoleo familiar en el Cementerio General.
Moy de Tohá, viuda del ex ministro, comentó que “por 38 años estuvimos buscando permanente esta verdad y hoy día lo que siento es una tremenda paz interior, una paz conmigo misma, una paz con José y una paz con el país”.
Acompañada por los hijos Carolina (alcaldesa electa de Santiago) y José, agregó que siente “que lo que pasó con José, lo que nos demostró José, es que a pesar del tiempo transcurrido se podía llegar a una verdad”.
José, en tanto, dijo: "Yo sé que para muchos el recuerdo de sus muertos se ha transformado en una lucha dura, larga y llena de sufrimiento; pero a ellos les puedo decir que ese dolor se aminora con la verdad, que el sufrimiento se disipa con la justicia".
LAGOS Y JERIA ACOMPAÑARON A FAMILIARES
A la ceremonia, en que caminaron desde la sede del SML al vecino camposanto tras una carroza con la urna envuelta en una bandera de Chile, asistieron entre otros el ex Presidente Ricardo Lagos, el senador Juan Pablo Letelier, la madre de la ex Presidenta Michelle Bachelet, Angela Jeira, el ex ministro Sergio Bitar. y el diputado del PC, Lautaro Carmona.
Lagos, en declaraciones a 24Horas, comentó: "llegamos a despedir a un amigo (...) Finalmente se sabe la verdad, siempre pensamos que Tohá había sido asesinado, por eso pensamos que al saber la verdad tiene que hacer meditar a los chilenos para nunca más vivirlo, nunca más negarlo".
Jeria, que recordó que el deceso se produjo poco después de la muerte de su esposo, el general Alberto Bachelet, consideró el acto como "muy importante. Siempre se dice que en Chile hay una herida no cerrada y creo que este tipo de cosas sirven para cerrarlas".
La antropóloga Ingrid Rodríguez, una de las que firmó el informe, apunta que el deceso de Tohá pudo deberse a un "homicidio" y detalla "se puede concluir que hay fractura del cartílago tiroide y cricoide y dos posibles causas de muerte: estrangulación o ahorcamiento homicida".

 La Ministra de Salud, Carmen Castillo, junto a la Subsecretaria de Redes Asistenciales, Angélica Verdugo, la señora Ximena Canales, representantes del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la Unidad de Memoria del Consejo de la Cultura y de las Artes, y de la Corporación Metropolitana de beneficiarios PRAIS, encabezaron una ceremonia de “Marcación de Sitio de Memoria” en el ex Hospital Militar de Santiago.

La actividad se enmarcó en el compromiso del gobierno de continuar avanzando en más verdad, justicia y reparación frente a los crímenes de lesa humanidad ocurridos en dictadura, en concordancia con la nueva línea de trabajo del Programa de Reparación y Atención en Salud Integral.

A través de una placa, se “marcó” al establecimiento, identificándolo como un centro de detención y tortura durante la dictadura militar. “Nuestro compromiso con los Derechos Humanos se plasma de diversas maneras. Hoy día está simbolizado en esta placa, que nos recuerda que un establecimiento de Salud sirvió a propósitos totalmente diferentes al rol sanitario bajo el cual fue construido, convirtiéndose en un recinto de prisión política y tortura”, afirmó la Ministra de Salud.

Agregó que mostrar las marcas que dejó la dictadura militar, para reparar y dignificar a las víctimas, significa “contribuir al fomento de una memoria crítica, que valora el ejercicio del recuerdo como forma de construir una sociedad más justa, pacífica y democrática”.

Por su parte, la Subsecretaria de Redes Asistenciales destacó el trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud, el Museo de la Memoria y la Unidad de Memoria del Consejo de la Cultura y de las Artes, para concretar el hito de marcación, como parte del proceso de reparación a las víctimas. “Queremos generar estos espacios de memoria, porque cuando recurrimos a la memoria colectiva estamos haciendo una sanación de las personas”, subrayó.

Ambas autoridades de Salud agradecieron la presencia de la señora Ximena Canales, a cuya solicitud se concretó la marcación de ese establecimiento asistencial, lugar donde estuvo detenida junto a su padre y hermano. “Este el primer paso para declarar este Centro de Salud como sitio de memoria y avanzar en garantías de no repetición”, señaló.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, sometió a proceso al suboficial en retiro del Ejército Patricio Silva Abarca y el médico Patricio Silva Marín, en calidad de autores del delito de secuestro calificado del profesor de música GONZALEZ TORO GARLAND . Ilícito perpetrado a partir del 1 de agosto de 1974, en la Región Metropolitana.

En la etapa de investigación (causa rol 107-2012), el ministro Carroza logró establecer que: “El día 4 de abril de 1974, alrededor de las 19:30 horas Gonzalo Marcial Toro Garland, de 45 años de edad, profesor de Artes Musicales de la Universidad de Chile, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, fue detenido frente a la casa central de la Universidad de Chile por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA, sin que existiera orden emanada de autoridad legítima y competente que la justificase, resultando herido con diversos impactos de bala, y trasladado al Hospital Militar, donde fue visto por testigos que entregaron su testimonio, ignorándose desde entonces su paradero, así como la suerte que haya corrido tanto física como psíquicamente, sin que se hayan tenido noticas de él, no constando su defunción, siendo la versión oficial del recinto hospitalario, que la víctima habría permanecido detenido en ese lugar hasta el día 1 de agosto de 1974, fecha en que había sido dado de alta, habiendo abandonado el recinto hospitalario por sus propios medios”.

Se trata del caso del docente de la Universidad de Chile Gonzalo Toro Garland, detenido y en 1974 por Manuel Carevic Cubillos y Patricio Silva Abarca. 

Sólo 541 días de libertad vigilada por un plazo de tres años, deberán cumplir dos ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) como cómplices de la desaparición en el comienzo de la dictadura de Gonzalo Toro Garland.

El ministro en visita Mario Carroza dictó la sentencia que condena a Manuel Carevic Cubillos y Patricio Silva Abarca en calidad de cómplices del secuestro calificado y posterior desaparición del profesor de música de la Universidad de Chile.

Asimismo, el magistrado absolvió al médico Patricio Silva Garín, subdirector del Hospital Militar de Santiago en esa época, al no acreditarse su participación en los hechos.

La víctima, de 46 años y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue atacado por agentes de la DINA cuando salía de la universidad, tras cumplir su jornada laboral en el Departamento de Derechos de Autor.

En la oportunidad la víctima recibió varios disparos en la espalda que lo hirieron mientras era detenido el 4 de abril de 1974 en las afueras de la casa central del plantel.

Fueron sus propios agresores quienes lo trasladaron al Hospital Militar, donde permaneció hasta el 1 de agosto del mismo año, cuando se perdió su rastro.

Gonzalo Toro fue ingresado sin registro al recinto asistencial castrense y bajo condiciones de estricta incomunicación, ocultándole el hecho incluso a su primo hermano, el coronel del Ejército Horacio Toro Iturra, quien hizo diversas diligencias para saber de su paradero.

El oficial se dirigió incluso al director de la DINA, Manuel Contreras, quien le aseguró que el su pariente había quedado en libertad, según declaró en el juicio.

Pese a las condiciones de su permanencia en el hospital institucional, Toro Garland pudo ser visto por familiares, asomado a una ventana que daba a la avenida Providencia, donde estaba la antigua ubicación.

Hasta noviembre de 1974 el hospital negó que Gonzalo Toro se encontrara allí, pero después reconoció su hospitalización desde el 4 de abril, hasta el 1 de agosto, fecha en que habría abandonado “por sus propios medios” el lugar.

Luz Arce Sandoval, militante socialista que se convirtió en colaboradora de la DINA tras ser detenida, estuvo en el hospital militar y declaró en el juicio haber visto al malogrado profesor “despierto en una habitación (…). Me parece que ahí fue cuando llegó Toro Garland, detenido”, indicó.

Añadió entonces que “tenía como 5 balazos; lo único que yo le pregunté era si quería que le mojara los labios y me dijo que sí; le pregunté si podía hacer algo más por él y me dijo ‘nunca te olvides de mi nombre’”, relató.

En el aspecto civil, el fallo condenó al fisco a pagar una indemnización de $60 millones (unos 100.000 dólares) a un hijo de la víctima.

Diligencias en el ex Hospital Militar buscan descartar la tesis del suicidio, impulsada por la dictadura, en la investigación por homicidio del ex ministro de Salvador Allende.

Pericias fueron encabezadas por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vásquez.

El ministro Miguel Vásquez, de la Corte de Apelaciones Santiago, encabezó este viernes la reconstitución de escena por la muerte del ex ministro del Interior y Defensa del Gobierno de Salvador Allende, José Tohá. 

La diligencia se realizó en el ex hospital militar de Providencia por parte de un equipo de la Brigada de Delitos de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de la investigación de esta causa, que está caratulada como homicidio y que busca descartar que el político se haya suicidado como pregonó la dictadura.

El ex ministro falleció el 15 de marzo 1974 en la habitación 303 del entonces Hospital Militar luego de ser sometido a diversas torturas por parte de agentes de la dictadura.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y médico, en calidad de cómplices del delito de secuestro calificado de Gonzalo Marcial Toro Garland, quien fue detenido el 4 de abril de 1974, e ingresado al Hospital Militar, desde donde se pierde su rastro.

En fallo dividido (causa rol 1.445-2018), la Novena Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Adelita Ravanales, María Rosa Kittsteiner y el abogado (i) Jaime Guerrero– confirmó la sentencia que condenó a Manuel Andrés Carevic Cubillos y Patricio Silva Abarca a 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, debiendo quedar sujetos a la vigilancia de la autoridad respectiva por el término de tres años.

«Como se reconoce en la sentencia en la motivación décima, tanto el Director Nacional de Inteligencia, Manuel Contreras, como el Jefe de Inteligencia Militar del Hospital Militar, fallecieron, previo a su dictación y determinación de culpabilidad, habiendo si prestado declaración con anterioridad, reconoce el primero, que Gonzalo Toro fue detenido el 4 de Abril de 1974, llevado al Hospital Militar y posteriormente desaparecido, y el segundo, lo recuerda en el Hospital y que fue retirado de aquel por efectivos de la DINA. Finalmente Patricio Silva Garín (también fallecido, pero en mayo de 2019,) recuerda a Gonzalo Toro Garland en el Hospital, que estuvo por heridas de bala, no sabe quiénes lo trasladaron, llegó muy grave», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «En cuanto a Manuel Carevic, si bien niega toda participación en el hecho que se le imputa, pero debe tenerse en cuenta que comandaba la Brigada Purén y en el Hospital Militar, hubo custodios que pertenecían a aquella, lo que es corroborado por efectivos de Investigaciones y que además pertenecía a la Unidad Puma, que dirigía, y que envió efectivos a ese Hospital a efectuar custodia de presos políticos, antecedentes todos con lo que se configura su participación, pero como cómplice y no como autor, ya que no intervino de manera directa en el secuestro ni su posterior desaparición, pero si estaba a cargo de las unidades de la DINA de custodia de presos en el Hospital».

«En cuanto a Silva Abarca, segundo Jefe del Departamento de Seguridad del Hospital Militar o Segundo Jefe del Departamento II de Inteligencia del Establecimiento que cooperó para mantener encerrado sin derecho a Gonzalo Toro, se mantuviera en custodia y se permitiera el acceso de agentes de la DINA que pudieron retirarlo del establecimiento, según corroboran sus integrantes y el propio Silva Garín», añade.

«Tales actuaciones, concluye el fallo se encuadran dentro de una participación de cómplice, conclusión que comparte esta Corte, también disintiendo de la opinión del Fiscal Judicial ya que su intervención, no fue de carácter directo, sino de facilitación de la detención en el establecimiento hospitalario, donde llegó a ser tratado de sus heridas, y posteriormente retirado por personal de la DINA, sin tener más noticias de aquel», afirma la resolución.

Por tanto, concluye que:

«SE DECLARA:

A.- EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL.

1.- SE CONFIRMA la sentencia en alzada en la parte penal, en cuanto a la condena de los sentenciados Manuel Carevic Cubillos y Patricio Silva Abarca.

2.- SE APRUEBA el sobreseimiento de los fallecidos Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda y Roberto Hernán Merino Merino y de Patricio Silva Garín, fallecido con posterioridad al 9 de Mayo de 2019.

B.- EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL:

3.- SE CONFIRMA, la sentencia en alzada, de fecha 24 de Enero de dos mil dieciocho, escrita a fs. 2333 y siguientes del Tomo VI, con declaración que se fija la indemnización a pagar por daño moral en el equivalente a 1.219 Unidades de Fomento a su valor a la fecha del pago, sin reajustes por encontrarse determinada en una unidad reajustable y con intereses a contar desde la notificación de la sentencia.

4.- SE LA REVOCA, en cuanto a la condena en costas al Fisco, por estimar que le asistieron motivos plausibles para litigar.

Decisión acordada con el voto en contra del abogado integrante Guerrero Pavez, quien estuvo por mantener la condena en costas en contra del fisco

Además del representante particular de la familia, ayer alegó en el mismo sentido, ante la Corte de Santiago, el abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, marcando distancia con el criterio inicial del Gobierno en la materia.  

Ante la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago se realizaron ayer los alegatos por medio de los cuales los querellantes en el homicidio del exministro José Tohá González buscan reabrir la causa, luego de que esta fuera sobreseída tras el fallecimiento (el año pasado) del único procesado que ha tenido, Jorge Chovan Gahona, jefe de gabinete del Hospital Militar en 1974, quien fue acusado de encubrimiento.

En los alegatos intervinieron los abogados Nelson Caucoto (querellante por la familia Tohá) e Ilan Sandberg, representante del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que en noviembre de 2010, en el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, presentó una querella contra quienes resulten responsables del asesinato del exministro, hecho acaecido al interior del Hospital Militar, el 15 de marzo de 1974.

De este modo, el Programa de DDHH no varió su posición histórica en este caso, luego de las fuertes polémicas ocurridas hace algunas semanas, debido a la decisión adoptada por la nueva jefatura de dicho instancia, en orden a no apelar de decisiones judiciales que beneficiaban a exagentes.

Los alegatos de ayer se efectuaron en presencia de la exministra del Interior Carolina Tohá, así como de su madre (Victoria Morales) y de otros miembros de su familia, y en ellos los querellantes expusieron las razones por las cuales, a su juicio, la causa debe reactivarse, luego del sobreseimiento dictado por la ministra de fuero para causas de DDHH de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza.

Al respecto, Caucoto dijo que, a juicio de la jueza especial, las diligencias ya están agotadas, pero él aseveró que “lo primero que hay que tener en cuenta es que aquí estamos en presencia del homicidio calificado de un exministro de Defensa, vicepresidente de la República, exministro del Interior, que se perpetró al interior del Hospital Militar el 15 de marzo de 1974, y para este tipo de delito no existen tiempos que acoten la investigación. Es inalienable e inderogable el derecho de los familiares de don José Tohá y de la sociedad chilena a que se investiguen estos hechos, porque son crímenes de lesa humanidad”. 

Los peritajes

Caucoto precisa que durante 38 años se impuso la tesis de la dictadura, en orden a que la muerte del exministro había sido producto de un suicidio, pero hoy –asevera– eso es insostenible, pues afirma que “José Tohá fue estrangulado por terceros al interior de una habitación”, dado que “a través de pruebas científicas se logró desechar el suicidio”.

Entre estas, menciona un informe del Servicio Médico Legal (SML), que dice que la causa de muerte es estrangulación, que coincide con otro de la unidad de anatomía patológica del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que indica que la muerte se produjo por una asfixia provocada por terceros. 

Ambos informes coinciden con otro confeccionado por el Departamento de Medicina Criminalística de la PDI (Demecri), según el cual se trata de “una asfixia mecánica homicida”. A su vez, un informe de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción indica que se trató de una “estrangulación o ahorcamiento homicida de la víctima”. 

Por su parte, el perito Luis Ravanal también concluyó que era una asfixia por estrangulamiento y todo ello, apunta Caucoto, es coherente con lo planteado por el primer médico que estuvo en el sitio del suceso, Alfonso Chelén Araya, que en 1974 era médico criminalístico de la Brigada de Homicidios de la PDI.

Un médico corajudo 

El abogado señaló en su alegato que Chelén merece “un homenaje”, puesto que “él llegó a los minutos de que José Tohá había fallecido, ¿y qué es lo que dice? Que se trata de un homicidio que se quería simular como un suicidio, por varias razones, entre ellas, que el círculo del vínculo que le rodeó el cuello era completo y eso no sucede en los suicidios por ahorcamiento”.

En efecto, Chelén declaró a la Justicia que “el cadáver tenía su cara hacia arriba; añade que el surco era completo y ello estaría en contradicción con un ahorcamiento voluntario, pues en los suicidios este surco es incompleto, lo que corrobora la tesis de que la muerte fue obra de terceros por estrangulamiento; que no firmó el informe pericial que consignó muerte por ahorcamiento tipo suicida y no sabe quién lo redactó; que a los dos meses fue exonerado de su cargo de médico criminalista por falta de confianza”.

Caucoto añade que además, luego de haber estado meses en condiciones lamentables en el campo de prisioneros de Isla Dawson y en la Academia de Guerra Aérea (AGA), el  exsecretario de Estado se encontraba desnutrido, sin fuerza alguna, lo que le habría impedido ejecutar la autoeliminación, y hay otro antecedente fundamental: “No podía suicidarse en las condiciones que se hizo, porque él medía 1.92 y se ahorcó en el tubo de un clóset que no mide más de 1.60”.

En ese sentido, precisa que “es un crimen de lesa humanidad que no puede quedar impune, sobre todo fue provocado por agentes del Estado, porque el Hospital Militar es un cuartel para todos los efectos”.

A ese respecto, precisa que el recinto de salud incluso contaba con una unidad de inteligencia –el “Departamento de Seguridad”, que era dirigido por el suboficial Patricio Silva Abarca– y que un ejemplo de la operatoria de este es que el 4 de abril de ese mismo año fue internado en dicho nosocomio, con heridas de bala, el profesor de la Universidad de Chile Gonzalo Toro Garland (sobrino del general de Ejército Horacio Toro, que en democracia fue designado como director de la PDI por Patricio Aylwin), quien luego desapareció desde el recinto. 

Muchos años más tarde quedó claro que fue secuestrado y entregado a la DINA, motivo por el cual el entonces ministro en visita Mario Carroza “procesó a los miembros del equipo de seguridad, porque ellos eran los que monitoreaban los pasos de los prisioneros que llegaban al hospital”, dice Caucoto, condenando tanto a Silva como al agente de la DINA Manuel Carevic a siete años de presidio por el secuestro calificado de Toro.

A ese respecto, detalla que los querellantes en el caso de José Tohá han solicitado varias veces el procesamiento de Silva, sin resultados, por lo cual se están pidiendo algunas diligencias relacionadas con su persona, así como también se solicitarán antecedentes acerca del despido de Chelén desde la PDI, en caso de que se reabra la causa.

Un largo camino 

Caucoto señala que recién después de 41 años de la muerte de Tohá “se condenó por aplicación de tormento a dos agentes de la FACh”, en referencia a los exagentes de inteligencia de la Fuerza Aérea Ramón Cáceres Jorquera y Sergio Contreras Mejías, quienes fueron condenados a tres años de presidio por haber torturado a Tohá mientras se encontraba recluido en la AGA y luego en el propio Hospital Militar. 

Asimismo, agrega que recién a los 47 años del homicidio se produjo el procesamiento de Chován y que, por ende, pese al tiempo transcurrido, confían en que la Corte capitalina acoja la solicitud, revoque la decisión de primera instancia y ordene que el caso se siga investigando.

por Carlos Basso Prieto