Sáez Saavedra Marco Antonio Del Carmen

4.- Declara Marco Antonio Sáez Saavedra a fs. 363, expone que perteneció a la Brigada Purén, la que funcionaba en Villa Grimaldi. Manifiesta no tener antecedentes de la brigada a la que perteneció, asimismo niega haber visto gente detenida.

«Fui violada, me ponían corriente, me quemaron con cigarrillos, me hacían ‘chupones’, me pusieron ratas. Creo que estuve en Venda Sexy (recinto secreto de la DINA), me amarraron a una camilla donde unos perros amaestrados me violaron. Estaba siempre con scotch, después una venda y después una capucha. Se reían, nos ofrecían comida y nos daban cáscaras de naranjas. Nos despertaban de noche para perder la noción del tiempo».
(Testimonio de una niña de 16 años, secuestrada en la Región Metropolitana, quien luego fue expulsada del país sin su familia.)

El horror se hizo presente para todos los chilenos. Algunos seguirán diciendo que es mentira, que a los sobrevivientes «les pagaron para hablar contra las Fuerzas Armadas», o por último que «se lo merecían». Pero el país ya supo la verdad y hasta una modelo-animadora quiere «saber los nombres de los torturadores». Esa es la idea de este especial: entregar una parte de la verdad que no tiene por qué esperar 50 años para ser conocida.
Esa es una de las tantas críticas que se hace al Informe sobre Prisión Política y Tortura presentado por Ricardo Lagos, en la noche del domingo 28 de noviembre, a través de un discurso pregrabado para la cadena nacional transmitida antes de comenzar los espacios noticiosos de los canales de televisión. Solo, sin víctimas ni familiares a los que mirar a los ojos, el Presidente de la República cumplía con el ritual de informar a sus conciudadanos. No hubo entrega simbólica del texto, no hubo posibilidad de consultar nada, no hubo reconocimiento de los motivos que llevaron a tantos hombres y mujeres a torturar a sus compatriotas, no hubo crítica certera, no hubo nombres de víctimas ni de victimarios, no se entregaron los antecedentes a la Justicia, como se había hecho luego del Informe Rettig y hasta de la Mesa de Diálogo.

Reacciones desde el odio

Senadores designados y ex uniformados reaccionaron descartando participación en los delitos. El ex almirante Jorge Martínez Bush exigió un «punto final» para terminar con las «mentiras» contra su institución. El otro ex almirante, Jorge Arancibia, negó rotundamente la posibilidad de «dar de baja» a La Esmeralda, «que sólo puede ser dada de baja en combate» y amenazó: «Yo no puedo comprometerme, ni nadie puede hacerlo, a que algo no ocurra nunca más si no sé qué lo origina». Muchos insistieron en la tesis de Hermógenes Pérez de Arce sobre los infundios sin base contra los uniformados y el «gobierno militar», repetidos en boca de los generales y almirantes en retiro.
El senador designado y ex comandante en jefe de la FACH Ramón Vega apoyó la declaración oficial de su institución y agregó que: «las consecuencias hoy día las estamos lamentando y las estamos investigando, pero una planificación de tortura yo por lo menos jamás la escuché, nunca se analizó, ni en la Academia de Guerra ni en la Escuela de Aviación ni en ninguna escuela de instrucción se escuchó nunca la palabra tortura».
Los senadores Rodolfo Stange y Fernando Cordero, ex generales directores de Carabineros, no aceptaron responsabilidad institucional en las torturas y aseguraron que «no hay motivos para que la policía uniformada pida perdón».
Stange criticó el informe sobre tortura «porque raya en lo inconstitucional, poniendo en tela de juicio a las instituciones y no a las personas. Yo participé en la junta de gobierno, pero no hago un mea culpa porque no me siento responsable de ninguna situación extrema como se está indicando en la comisión del obispo Valech», señaló.
Cordero, por su parte, dijo que habría que «completar la tercera pata de la mesa, porque en este minuto la mesa está coja, hay que hacer el mea culpa por lo que se produjo antes del 11 de septiembre del 73, que fue el causante de todas las situaciones que se produjeron con posterioridad».
El actual Director General, Alberto Cienfuegos, también se mostró lejano a la posibilidad de pedir perdón o asumir institucionalmente la responsabilidad, aunque debería responder sobre cuál fue su función, desde el 25 de marzo de 1974, cuando como teniente fue nombrado en comisión de servicio para desempeñarse como Jefe de la Oficina de Informaciones de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, recordada por mucha gente por su sigla: SENDET.
La UDI, Renovación Nacional y Lavín, apostaron por bajarle el perfil, por mostrarse en profunda conmoción, asegurando incluso que su participación en la dictadura era, justamente, para evitar que se cometieran más atropellos y abrir camino a la democracia. Nadie les creyó. Sergio Fernández continuó tratando de descartar su participación en las violaciones a los derechos humanos, pero su compañera de gabinete Mónica Madariaga aseguró que en los centros clandestinos de tortura los agentes lo conocían como «el car’e jote». Pronto deberá iniciar continuas visitas a tribunales, junto a Sergio Onofre Jarpa, Sergio Diez, Ambrosio Rodríguez, entre tantos, para responder a tanta interrogante que surge sobre sus responsabilidades como autoridades civiles. Una nueva avalancha de querellas por torturas, como las que ya han presentado cientos de ex presos políticos, se anuncia tras la entrega del informe. Fernández Fernández deberá responder, por ejemplo, por que negó a la Justicia la existencia de Villa Grimaldi, como lo demuestra el oficio reservado en que responde el 18 de mayo de 1978 a la pregunta del Tercer Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago.

Exigencias desde las organizaciones

La conjunción de organizaciones de ex presos políticos reaccionó al unísono (ver página 2), las agrupaciones de familiares de las víctimas se sumaron a la denuncia. El Partido Comunista anunció nuevas querellas y agregó que «la principal reparación que esperaba el país es la que dice relación con que ésta fuera proporcional al daño causado. Esto implica verdad y justicia plena para todas las víctimas. Demandamos que en aras de esos principios, el Informe se haga público en su totalidad; que los nombres de los torturadores sean entregados a los tribunales de justicia y se inicien todos los procesos judiciales que se requieran; que sus archivos sean desclasificados en forma inmediata y no en 50 años; que sean removidos inmediatamente de las fuerzas armadas y policiales todos los responsables de torturas y vejámenes; que se termine con la doctrina militar cuya matriz es instaurada por el imperialismo norteamericano, y en la cual son y han sido instruidos sistemáticamente los cuadros militares y policiales chilenos, para reprimir a su propio pueblo».
El tema de la reparación monetaria no fue el centro de la polémica, excepto por el intento de Ricardo Lagos de chantajear a los torturados con la amenaza de tener que sacar dineros de los programas sociales para cancelarles la indemnización.
Desde el CODEPU se hizo otra exigencia: «Así como se van abrir nuevos plazos para reconsiderar la calidad de víctimas de las personas que no calificaron, planteamos que por tratarse de un crimen de lesa humanidad no puede existir un plazo excluyente para la calificación. En este sentido, el Estado debe abrir un nuevo plazo, para nuevas presentaciones de personas que por diversas razones no concurrieron al llamado inicial, más cuando el propio Informe señala que los testimonios recogidos ‘sólo representan una muestra parcial del universo total de personas afectadas por dichas violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar'».
Así, ni el mea culpa que intentaron hacer algunos medios de comunicación, como Canal 13, o el «asombro» de algunos funcionarios de la dictadura como Jorge Hevia, han logrado sacar del centro el tema principal: en Chile se torturó. La tortura fue sistemática y organizada, apoyada con toda la infraestructura del Estado convertido en terrorista; cientos de hombres y mujeres fueron adiestrados para someter a las más terribles vejaciones a otros hombres y mujeres. El uso de ratas y perros para agredir sexualmente a los prisioneros, la electricidad en los rincones más delicados de sus cuerpos, los simulacros de fusilamiento, la abstinencia de comida por largos períodos y muchas otra aberraciones, fueron cometidas en contra de quienes consideraban «enemigos», «humanoides» en el decir de uno de los integrantes de la Junta Militar. Lo otro que ha sido claro es que los sobrevivientes han tenido el coraje y la dignidad para relatar lo que sufrieron, para transformarlo en esperanza y ganas de seguir insistiendo en la necesidad de transformar este país, para continuar luchando por hacer realidad los sueños de aquellos que no pudieron acudir a dar su testimonio: los ejecutados y detenidos desaparecidos.

DINA: La mano de Pinochet

«Siempre cumplí (…) conforme a las órdenes que el señor Presidente de la República me daba. Solamente él, como Autoridad Superior de la DINA, podía disponer y ordenar las misiones que se ejecutaran y siempre, en mi calidad de Delegado del Presidente y Director Ejecutivo de la DINA, cumplí estrictamente lo que se me ordenó».
(Manuel Contreras Sepúlveda, director de la DINA).

En los procesos contra la DINA, mirando la lista de encausados y condenados, pareciera que los únicos que la conformaron eran unos pocos mandos encabezados por su director Juan Manuel Contreras Sepúlveda, de alias «Mamo» y «Mojón». Siempre aparecen Pedro Octavio Espinoza Bravo, alias «Don Rodrigo»; Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, alias «Don Elías» y «Luis Gutiérrez»; Miguel Krassnoff Martchenko, alias «caballo loco»; y los operativos Gerardo Godoy García, Basclay Zapata Reyes y Osvaldo Romo Mena. Pero los torturadores fueron muchos más.

Brigada Caupolicán

Mayor Marcelo Luis Manuel Moren Brito, jefe de Brigada Caupolicán. Alias «coronta», «ronco» y «oso».

Teniente Coronel Vianel Valdivieso Cervantes, alias «Víctor». Jefe del Departamento de Operaciones Psicológicas. Mantenía contacto con los periodistas que ejercían servicios para la DINA, como Roberto Araya, Julio López Blanco, Claudio Sánchez, Pablo Honorato, Ricardo Coya y Beatriz Undurraga, y el publicista Manfredo Mayol. Pasó a retiro en 1987 y se instaló en Temuco con una empresa privada.

Capitán de Corbeta Sergio José Peñaloza Marusic, agente operativo.

Capitán de Corbeta Alejandro Paulino Campos Rehbein, alias «Antolín». C.I. 3.704.573-K. Agente operativo. Luego se integra a la Subdirección de Inteligencia Exterior.

Capitán Francisco Maximiliano Ferrer Lima. Alias «Max Lenoux». Jefe del centro clandestino de torturas conocido como José Domingo Cañas, reemplazando a Ciro Torré. Socio de «Pedro Diet Lobos» e instructor de la Escuela Nacional de Inteligencia impartiendo los cursos de «servicio secreto y observación». Continuó su labor en la CNI y se mantuvo en servicio activo, al menos, hasta principios de los 90 con el grado de coronel.

Teniente Fernando Eduardo Laureani Maturana, alias «teniente Pablo». Agente Brigada Caupolicán y jefe del grupo Aguila, conocido como «los guatones». Hasta principios de los 90 continuaba en servicio activo, con el grado de coronel, como Jefe de Estado Mayor de la 3ª División de Ejército en Concepción.

Teniente de Carabineros Jaime Gustavo López Abarca, agente de Londres 38 y Cuatro Alamos. C.I. 1.822.793-2. Involucrado en la desaparición de María Cecilia Labrín Sazo.

Cabo de Carabineros Emilio Hernán Troncoso Vivallos. C.I. 4.236.940-3. Involucrado en las desapariciones de Juan Bautista y Washington Maturana Pérez, Mario Juica Vega, Gabriel Castillo y Daniel Palma Robledo.

Cabo de Carabineros Heriberto del Carmen Acevedo Acevedo.

Teniente de Ejército Jorge Claudio Andrade Gómez, C.I. 5.293.833-3. En los primeros días del golpe participa en la masacre del complejo maderero Panguipulli. Actúa bajo el mando directo de Krassnoff en el cuartel Terranova (Villa Grimaldi). En agosto de 1979, ya en la CNI, participó en la aplicación de las torturas que causaron la muerte del profesor Federico Alvarez Santibáñez. En 1991 era mayor en la Guarnición General Metropolitana y miembro del DINE.

Cabo de Carabineros José Aravena Ruiz, alias «muñeca del diablo» y «cucharita», este último sobrenombre se lo pusieron los prisioneros pues acostumbraba golpearles los nudillos de las manos con una cuchara después de la tortura. Fue funado en diciembre de 1999 en su casa de Alfonso Leng 5569-0, en la Villa Santa Elena de Macul, sitio que abandonó poco después.

Conscripto del Ejército Samuel Enrique Fuenzalida Devia, alias «gato».

Emilio Iribarren Ledermann, alias «Joel». Pasó de militante del MIR a ser agente de la DINA.

Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias «Barba». Pasó de militante del MIR a ser agente, primero del Comando Conjunto y luego de la DINA. Por estos días está siendo procesado en varios casos de torturas y desapariciones.

Capitán de Carabineros Egladio Salgado Torres, agente destinado al Cuartel General de Belgrano, pero también con funciones operativas en secuestros y torturas en Villa Grimaldi. En 1980 retornó a su institución, integrándose a la DICAR. Pasó a retiro con el grado de coronel.

Sergio Bernardino Ortega Parada, alias «gil culiao».
Capitán de corbeta Sergio José Peñaloza Marusic. C.I. 4.782.486-9. Agente operativo de la DINA hasta su disolución.

Cabo de Carabineros José Avelino Yévenes Vergara, alias «Quico» o «Daniel Cáceres». Integrante del grupo Halcón II, con labores de torturador en Londres 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi. Al finalizar la DINA pasó a la CNI y luego al DINE. Fue funado en su casa de Calle B 5266, Villa San Luis de Macul, comuna de Peñalolén.

Brigada Purén

Capitán de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena, Jefe de Brigada Purén. C.I. 5.454.077-1. El 11 de septiembre se desempeñaba en la Escuela de Infantería de San Bernardo participando en las ejecuciones y desapariciones Paine y Cerro Chena. Continuó su labor en la CNI. Tras el fin de la dictadura se radicó en Talca, donde tiene una empresa que provee de forraje y granos al Ejército.

Coronel de Ejército Manuel Andrés Carevic Cubillos, alias «Raúl» y «Claudio». Segundo en el mando de la Brigada Purén. Continuó su labor en la CNI y, en 1989, fue designado Jefe de Plaza en el distrito de La Pintana, Puente Alto, Pirque y San José de Maipú. Hasta principios de los 90 formó parte del DINE con el grado de coronel.

Mayor de Carabineros Eduardo Víctor Espinoza Paiella. C.I. 3.662.969-K. Agente del Departamento Economía. Pasó a retiro junto con Manuel Contreras.

Capitán Carabineros Germán Jorge Barriga Muñoz, alias «Don Jaime». C.I. 5.060.938-3. Integrante de la Brigada Purén y luego de la CNI. Con el grado de coronel, Barriga cumplía en 1991 funciones en la Dirección Nacional de Movilización. Fue funado en su domicilio de Irarrázaval 2061, departamento 105, lugar que abandonó presurosamente. Hoy es jefe de seguridad de los supermercados Lider.

Teniente Manuel Abraham Vásquez Chahuán, alias «teniente Manuel». C.I. 5.090.309-K. Responsable en las desapariciones y ejecuciones de Paine y Cerro Chena. Continuó en la CNI y en 1989 fue designado comandante del Batallón Logístico de Concepción.

Cabo de Ejército Basclay Humberto Zapata Reyes, alias «el troglo». Con fama de ser muy cruel en las torturas y violar a las mujeres detenidas. Procesado por múltiples casos de desaparición, ejecuciones y torturas. Hasta principios de los 90 se mantuvo como instructor en la Escuela de Suboficiales «Daniel Rebolledo» y con labores operativas en el DINE.

Oficial de Carabineros Gerardo Urrich González, alias «mano negra». Instructor en Tejas Verdes. Responsable de una serie de ejecuciones en el sector conocido como Barrancas, hoy mayoritariamente comuna de Pudahuel. Fue funado en su oficina de «Servicios de Seguridad Alcázar», ubicada en Ahumada 236, oficina 408.

Teniente de Ejército Manuel Jorge Provis Carrasco. Como integrante de la Escuela de Infantería de San Bernardo participó en los crímenes de Paine y Cerro Chena. Continuó en tareas represivas y fue comandante del cuartel de la CNI de calle Borgoño, participando en la Operación Albania. A fines de 1989 regresa de un viaje profesional que hace a Israel. Hasta 1991 era teniente coronel en la Brigada de inteligencia del Ejército.

Teniente de Ejército Marco Antonio Sáez Saavedra. C.I. 5.795.624-0. Especialista en la represión al Partido Comunista y Partido Socialista. En 1991 era teniente coronel y desempeñaba sus labores en la Dirección de Operaciones del Ejército. Cuñado del mayor de la CNI Joaquín Molina, asesinado por Manuel Contreras Valdebenito.

Teniente de Ejército Manuel Rolando Mosqueira Jarpa.

Detective Manuel Gregorio Chirinos Ramírez.

Detective Jorge Lander Cabezas.

Detective Francisco Aladino Caamaño Díaz.

Detective Arturo Patricio Vargas Cid.

Inspector de Investigaciones Juan Saldías Valdés, alias «Harry el sucio».

Inspector de Investigaciones Risiere del Prado Altes España, alias «Pedro».

Otros mandos y agentes

Teniente Coronel de Ejército Jerónimo Luzberto Pantoja Hernández, Subdirector de la DINA y la CNI. C.I. 2.095.044-7. Responsable de la masacre de Chihuío como vicecomandante del Regimiento Maturana de Valdivia. En 1990 fue arrestado por su participación en la financiera ilegal conocida como «La Cutufa».

Teniente Coronel de Ejército Alberto Elissalde Muller, Encargado Departamento de Economía. C.I. 3.118.465-7. Como encargado de la Subdirección de Personal paga los salarios de los agentes a través de las empresas de fachada «Villar y Reyes» y «Elissalde y Poblete». Al menos hasta fines de los 90 vivió en uno de sus extensos predios en la zona sur del país.

Mayor Carlos Rafael Parera Silva, Alias «Luis Gutiérrez», C.I. 3.090.193-2. Jefe Departamento Exterior (sucesor de Iturriaga Neumann). En 1973 era Segundo Comandante de Boinas Negras en Peldehue. Cuando se disolvió la DINA se reincorporó al Ejercito y fue destinado como Comandante del Regimiento Dolores, Director de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, y en 1985 agregado militar en Francia. En el gobierno de Patricio Aylwin fue Agregado Militar en la embajada chilena en Sudáfrica.

Andrés Terrise Castro. Agente del Departamento de Operaciones Sicológicas, donde cumplía funciones de encubrimiento de crímenes y preparación de campañas de propaganda. Continuó en la CNI y el DINE como agente civil. Hoy aparece como empresario de una firma de publicidad con sede en la Ciudad Empresarial de Huechuraba.

Mayor Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, jefe de Villa Grimaldi. C.I. 3.870.222-K. Era el jefe y amante de Luz Arce. En 1985 fue agregado militar en la República Federal Alemana, pasando a retiro en 1987 para irse al sur, donde muchos altos jerarcas de la DINA tienen extensas zonas de tierra.

Mayor Julio Cerda Carrasco, Jefe de Seguridad del Cuartel Central (Belgrano). Responsable de desapariciones y ejecuciones en el Cerro Chena. Pasó a retiro en diciembre de 2002 como Comandante en Jefe de la IV División del Ejército.

Capitán de Ejército Eugenio Armando Videla Valdebenito, agente operativo. C.I. 4.209.466-8. Participó en los cursos de Tejas Verdes antes de pertenecer a la DINA. Fue director de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes y gobernador de San Antonio. En servicio activo hasta principios de los 90, llegó a integrar el Estado Mayor del Ejército.

Teniente de Ejército Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, C.I. 3.704.546-2. Agente Departamento Exterior. En 1973 se desempeñaba en el comando de aviación y fue uno de los pilotos que acompaño al sur y norte del país al General Arellano Stark, en la «Caravana de la Muerte». El año 1974 pasó a formar parte de la DINA. Funado en su domicilio en Avenida El Bosque Norte y su trabajo en la empresa minera Kvaerner-Chile, de origen holandés.

Teniente Ricardo Víctor Lawrence Mires, 5.392.869-2, Jefe Brigada Halcón 1. Alias «cachete grande». Procesado por numerosos casos de secuestros, ejecuciones y torturas, entre ellos la desaparición de María Cecilia Labrín Sazo que se encontraba en avanzado estado de embarazo. Fue funado en Tabancura 1382, su lugar de trabajo en la distribuidora de camarones «Kamaron Bay», donde usa el alias de «Ricardo Flores» en su contacto con dueños de numerosos restaurantes de Santiago.

Teniente de Carabineros Emilio Patricio Sajuria Alvear, socio de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos. C.I. 5.122.525-2. Funado en Telefónica, donde se desempeñaba en su Departamento Jurídico. Hoy ejerce como abogado de empresas turísticas.

Subteniente de Carabineros Gerardo Ernesto Godoy García, Jefe Grupo de Apoyo Tucán y Jefe de la Venda Sexy. Alias «cachete chico». Hasta marzo de 1991, con el grado de mayor, era jefe de la comisaría de Ancud. Después de esa fecha fue trasladado a Santiago. Hoy condenado por el secuestro de Miguel Angel Sandoval, debiendo ser trasladado a Punta Peuco II, aunque aún se le ve por su casa de La Reina.

Oficial de Carabineros Gerardo Alejandro Aravena Longa, agente operativo. C.I. 4.567.685-4. Involucrado en la ejecución de cinco prisioneros políticos en Cuesta Barriga y en la desaparición de José Guillermo Barrera. Al terminar la DINA pasó a la CNI y en 1985 volvió a Carabineros, pasando a retiro como comandante. Hoy es Gerente General de Radio Santiago.

Oficial de Ejército Mario Alejandro Jara Seguel. C.I. 3.319.824-8. Jefe del cuartel de la DINA en la IV Región, con asiento en Coquimbo. En otro momento estuvo al mando de la brigada que operaba en Rocas de Santo Domingo. Amigo personal de Manuel Contreras. Adquirió una parcela entre Coquimbo y La Serena en la que viviría con su ex secretaria, de nombre Nancy.

Comando Conjunto
El terrorismo desde la FACH

El denominado Comando Conjunto (CC) fue una agrupación de inteligencia que operó aproximadamente entre fines de 1975 y 1976, y cuyo objetivo principal fue la represión a la denominada Fuerza Central del MIR, y a los comités centrales del Partido y las Juventudes Comunistas. Durante este período, según el Informe Rettig, fue responsable de la desaparición de cerca de 30 personas. Otras fuentes hablan de más de 70.
El CC estaba formado principalmente por agentes pertenecientes a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) y más tarde con una participación importante de efectivos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR). Contó también, en menor medida, con la participación de agentes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y con algunos efectivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Además, colaboraron en ese Comando miembros de la Policía de Investigaciones de Chile y civiles provenientes del grupo de extrema derecha Patria y Libertad.

Los inicios en la AGA

Testigos que sobrevivieron a las torturas de la Academia de Guerra Aérea recuerdan como sus torturadores, entre otros, a los generales Orlando Gutiérrez Bravo y Juan Soler Manfredini; los comandantes Sergio Lizasoaín Mitrano, Edgar Cevallos Jones, Jaime Lavín Fariña, Carlos Godoy Avendaño, Juan Bautista González, Ramón Cáceres Jorquera y Humberto Velásquez Estay; el coronel y médico FACH Humberto Berg Fontecilla; los coroneles Sergio Sanhueza López y Javier Lopetegui Torres; los capitanes León Duffey Treskoff (quien llegó hasta general al interior de la FACH), Alberto Waschtendorf, Juan Carlos Sandoval, Alvaro Gutiérrez (residiendo actualmente en Melipilla), Jaime Lemus, Víctor Mattig Guzmán, Florencio Dublé, Contreras y Hernán Fucshlogher (jefe de guardia permanente); el abogado Julio Tapia Falk (cerebro del consejo de guerra y asesor principal del general Leigh. Rector designado en la U. de Chile, abogado de Manuel Contreras cuando intentó refugiarse en el Hospital Naval de Talcahuano y, últimamente, querellante en contra de la obra «Arturo Prat». Trabaja en su estudio privado de abogado en la comuna de Providencia, en calle Santa Magdalena), los asesores legales Cristián Rodríguez, Jaime Cruzat Corvera (que tiene su oficina en pleno Paseo Huérfanos) y Víctor Barahona; los tenientes Juan Carlos Sandoval, Luis Campos, José García Huidobro, Franklin Bello y Gonzalo Pérez Canto; el sargento Hugo «chuncho» Lizana, el suboficial Juan Normabuena, el cabo Eduardo Cartagena y el cabo 2º Gabriel Cortés (que se cambió el nombre).

Los más siniestros

Sergio Manuel Barra Von Kretschmann (C.I. 1.614.559-9), jefe del Servicio de Inteligencia Naval en la Comunidad de Inteligencia (José Antonio Ríos 6). Capitán de fragata al momento del golpe de Estado, parte de la dirección de la DINA en 1974 y subdirector en 1975. En 1976 pasa a formar parte de la CNI. Fue procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal y del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira por el ministro Cerda.

Freddy Enrique Ruiz Bunger, general (r) de la FACH. Jefe de la DIFA en J.A.R. 6. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira, por el secuestro de Víctor Vega y la desaparición y muerte de Juan Luis Rivera Matus. También por el delito de secuestro calificado en las personas de Víctor Vega, David Urrutia, Juan Carlos Orellana, Ricardo Weibel, Alonso Gahona Chávez y Miguel Rodríguez Gallardo, y la detención ilegal de los sobrevivientes Isabel Stange, Jaime Estay y Amanda Velasco.

Mario H. Vivero Avila, general (r) de la FACH, juez de Aviación y comandante de la guarnición de Santiago en 1976. Procesado como encubridor de la asociación ilícita y de la desaparición de Víctor Vega.

Edgar Benjamín Cevallos Jones, coronel (r) de la FACH. Director de la DIFA y luego de la SIFA, torturador en la Academia de Guerra Aérea y jefe de Roberto Fuentes Morrison en el CC. Alias «Inspector Cabezas». C.I. 2.895.236-8. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira, y por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

Carlos Arturo Madrid Hayden, comandante (r) de la FACH. Vicecomandante del Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina en el que funcionó el centro de tortura «Remo Cero». Procesado como autor de asociación ilícita criminal, del secuestro de Víctor Vega y Juan Luis Rivera Matus.

Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán, teniente (r) de la Armada (C.I. 4.638.149-1). Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto, Reinalda Pereira y Víctor Vega.

Eduardo Enrique Cartagena Maldonado, alias «Lalo». C.I. 5.083.760. Suboficial (r) de la FACH. Agente del CC desde 1975, participando en secuestros, torturas y desapariciones de numerosos dirigentes comunistas entre ese año y 1976. Tras la disolución de este organismo pasó a integrar el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA).
Su último domicilio conocido es Del Rey 394, Maipú, donde fue denunciado por la Comisión FUNA. Lo más probable es que esté viviendo en la zona del litoral central.

Miguel Arturo Estay Reyno, alias «El Fanta». C.I. 6.446.545-7. Ex militante comunista, pasó de delator a agente tras ser detenido en 1975 por miembros del Comando Conjunto.
Procesado por el ministro Cerda y amnistiado por Silva Ibáñez, hoy cumple condena a cadena perpetua en Colina por el asesinato de los tres profesionales comunistas y es procesado por la desaparición de Víctor Vega.

César Luis Palma Ramírez, alias «El Fifo». C.I. 6.387.372-1. Como militante de Patria y Libertad participa en numerosos atentados terroristas contra el gobierno de la UP, fue detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya, amnistiado después del golpe de Estado por el Almirante Adolfo Waulbaum. Amigo de Fuentes Morrison, quien lo lleva al CC, pasa a ser su mano derecha en la ejecución de las tareas represivas. Su última dirección conocida es El Quilo 5535, Quinta Normal, donde funciona la fábrica de equipos refrigerantes FRIGOMET LTDA., en la que aseguran que no lo conocen, sin embargo continúa su fono-fax 7738010 a nombre de Palma Ramírez.

Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias «El Barba». C.I. 5.521.250-3. Ex militante del MIR, agente. Acusado por numerosos sobrevivientes de haber participado en su detención y tortura en la Academia de Guerra Aérea. Luego pasaría a integrar la brigada que se dedicó a reprimir al MIR en la DINA. Procesado por torturas y secuestro permanente en, al menos, dos juzgados de Santiago. Su último domicilio conocido es Las Hualtatas 4966, fono 2633546, Vitacura.

Roberto Alfonso Flores Cisterna, alias «El Huaso». C.I. 7.767.975-8. Soldado (R) de la FACH. El 11 de septiembre de 1973, como soldado de la FACH en la Base Aérea El Bosque, participa en interrogatorios y torturas a detenidos. En 1975 pasa a formar parte del CC, siendo responsable del secuestro, tortura y desaparación de decenas de militantes comunistas. Hasta mediados de los ’90 continuaba en servicio activo en la SIFA, hoy aparece desempeñándose en el rubro del comercio. Su último domicilio conocido es Villa Tantauco, Block 10282, depto. 31, San Bernardo.

Otto Silvio Trujillo Miranda, agente civil, alias «Colmillo Blanco» en reportaje de La Nación. C.I. 5.684.434-1. Militante DC en su juventud, luego se incorporó a Patria y Libertad donde conoce al «Wally», quien lo llevaría al CC.
Participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda hasta su expulsión por el incidente con la DINA. Tras una larga permanencia en el Hospital Penitenciario se le ha visto circular por la comuna de La Florida.

Guillermo Antonio Urra Carrasco, alias «Willy». C.I. 6.687.227-0. Cabo segundo (R) de la FACH. Agente operativo del CC desde su formalización en 1975. Fue procesado por el juez Carlos Cerda por su participación en el secuestro, torturas y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Según testigos directos es responsable de la ejecución de prisioneros en el Cajón del Maipo (entre ellos José Weibel y los agentes Carol Flores y Guillermo Bratti), en Cuesta Barriga (entre otros Horacio Cepeda, Fernando Ortiz y Reinalda Pereira) y en el lanzamiento al mar de otros, frente a las costas de Quinteros..
Su última dirección conocida es Santa Blanca 1990, Las Condes.

Fernando Patricio Zúñiga Canales, Alias «Chirola». C.I. 5.974.807-6. Suboficial (R) de la FACH. Como soldado de la Base Aérea de El Bosque, el 11 de septiembre de 1973, participa en la tortura de sus camaradas de armas. Luego es trasladado a la Academia de Guerra Aérea para cumplir las mismas funciones y de allí pasa a formar parte de la DIFA. En 1975 se incorpora al CC, en el que participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Perteneció al Servicio de Inteligencia de la FACH (SIFA) al menos hasta principios de los ’90.
Su última dirección conocida es Pasaje Simón Bolívar 1298, San Bernardo.

Jorge Rodrigo Cobos Manríquez, teniete de reserva FACH, proveniente de Patria y Libertad. Alias «Kiko» o «Elefantito» (C.I. 5.890.505-4). Procesado como autor autor de asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto, Reinalda Pereira y Víctor Vega.
Jorge Arnoldo Barraza Riveros, Comisario (r) de la Policía de Investigaciones. Alias «El Zambra». Procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal.

Pedro Ernesto Caamaño Medina, Suboficial (r) de la FACH. Alias «Peter» (C.I. 7.024.319-9). Agente operativo en el centro de torturas «La Firma». Procesado por el juez Carlos Hazbún por el secuestro de Víctor Vega. Participa en el secuestro de José Weibel y decenas de militantes de las Juventudes Comunistas. Su último domicilio conocido es José Miguel Carrera 424, departamento 702, Santiago Centro, lugar donde fue denunciado ante sus vecinos por la Comisión FUNA.

Alejandro Fígari Verdugo, alias Luty, proveniente de Patria y Libertad, segundo al mando en el equipo de detención, luego de «Fifo» Palma (según Otto Trujillo). C.I. 6.693.227-3.

Alex Damián Carrasco Olivos, Funcionario de la FACH, escolta de Leigh, Fernando Matthei y Ramón Vega. Alias «Loco Alex» (C.I. 6.243.426-7). Agente operativo del Comando Conjunto.

Juan Arturo Chávez Sandoval, cabo (r) de la FACH. Alias «Peque», «Rucio» o «Pol». C.I. 6.476.141-2. Torturador en el AGA y operativo del CC. Procesado por el secuestro de Víctor Vega.

Raúl Horacio González Fernández, funcionario (r) de la FACH. Alias «Rodrigo»o «Wally Chico». C.I. 6.519.815-0. Testigos afirman que participó en la detención de José Weibel. Funado en Puerto Montt, en octubre de 2002, frente a la empresa de radio taxis Volcanes ubicada en calle Doctor Marín 459, teléfonos 313131 y 313989, desde la que ofrecía servicios a los diarios El Mercurio y El Llanquihue, y a la filial local de la Coca-Cola. Procesado como cómplice de la detención ilegal de Amanda Velasco Pedersen en el 25º Juzgado del Crimen.

Antonio Benedicto Quiros Reyes, C.I. 3.189.349-6. Coronel (r) de la FACH y jefe del Departamento de Contrainteligencia en los años del CC. Procesado por Carlos Cerda como autor de asociación ilícita criminal.

Andrés Pablo Potin Lailhacar, agente civil del CC. Alias «Yerko». C.I. 5.390.709-1. Militante de Patria y Libertad detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya. Procesado por el juez Hazbún como participante del secuestro de Víctor Vega. Figura como empresario en el rubro computacional con una oficina en Américo Vespucio Norte 2506.

Robinson Alfonso Suazo Jaque, soldado (r) de la FACH. Alias «Jonathan». C.I. 7.641.894-2. Torturador en la AGA. Procesado en el 25º Juzgado del Crimen por el secuestro y desaparición de Víctor Vega.

Pedro Juan Zambrano Uribe, funcionario de la Fach. Alias «Chino». C.I. 6.969.320-2. Procesado por el ministro Hazbún como autor del secuestro de Víctor Vega.

Franklin Bello Calderón, teniente (r) de la FACH, procesado en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

Otros torturadores del Comando Conjunto

Miguel Angel Perucca López, reservista de la FACH.
Víctor Misael Robles Mella, oficial (r) de la FACH.
Luis Eduardo Rojas Campillay, funcionario de la FACH.
Patricio Eugenio Saavedra Rojas, comandante (r) de la FACH.
Ramón Eduardo Valenzuela Cuevas, 5.934.129-4.
Alberto Roque Badilla Grillo, C.I. 5.164.080-2.
Tito Alejandro Figarí Verdugo, C.I. 6.693.227-3.
Angel Gabriel Valdivia Pérez, C.I. 3.277.893-3.
Lénin Figueroa Sánchez, C.I. 4.633.329-2.
Enrique Augusto Werner Haase, 4.086.322-2.
Santiago Segundo San Martín Riquelme, C.I. 4.530.448-5.
Angel Segundo Valdivia Pérez, C.I. 3.996.083-4.
José Florentino Fuentes Castro, C.I. 5.340.552-5.
Francisco Hidalgo García, 2.633.797-6.
Francisco Segundo Illanes Miranda, C.I. 4.294.918-3.
Ernesto Arturo Lobos Gálvez, C.I. 5.082.345-8.
Jorge Aníbal Osses Novoa, C.I. 4.818.025-6.

El juez de causas de DDHH Leopoldo Llanos condenó este martes a siete antiguos agentes de la dictadura de Augusto Pinochet a diversas penas de prisión por el secuestro y homicidio, en 1975, del estudiante de periodismo José Hernán Carrasco Vásquez, informaron este martes fuentes judiciales.
Carrasco Vásquez, de 27 años, fue secuestrado en septiembre de 1975 por agentes de la DINA (Dirección Nacional de Inteligencia) y su cadáver encontrado en diciembre de ese año en un paraje rural en las afueras de Santiago, según los datos del expediente.

En ese contexto, Llanos, de la Corte de Apelaciones de Santiago, condenó al brigadier Pedro Espinoza Bravo y al coronel Rolf Wenderoth Pozo a tres años de prisión por el delito de secuestro simple y a otros quince años y un día como autores del homicidio calificado de la víctima.

Sentenció, además, a 18 años de prisión como autores de homicidio calificado al general retirado Raúl Iturriaga Neumann y al brigadier Gerardo Urrich González y a cinco años y un día, como cómplices del mismo delito, a Adelina Ortega Sáez, Fátima Muñoz Gatica y María Alicia Uribe Gómez.

Esta última era una militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que combatió contra la dictadura, que tras ser capturada se convirtió en colaboradora de la DINA y en funcionaria de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Carrasco era también militante del MIR y fue detenido por la DINA a fines de 1974, siendo torturado por varias semanas. En febrero de 1975 apareció junto a otros tres miembros del MIR en una supuesta conferencia de prensa montada por la DINA, en la que los cuatro llamaron a sus compañeros a deponer la lucha contra Pinochet.

Después siguió detenido en centros de tortura de la DINA y fue liberado en septiembre de 1975, pero el 20 de noviembre fue secuestrado por agentes de ese ente represor; tras algunos días de tortura, el 1 de diciembre su cadáver fue abandonado en las cercanías de la localidad de Buin, al sur de Santiago, con huellas de tortura.

A su lado estaba el cadáver de Humberto Menanteau Aceituno, otro de los miembros del MIR utilizados en el supuesto llamado a la rendición del grupo.

La DINA hizo circular un supuesto comunicado del MIR en el que condenaba a muerte a esos jóvenes y tras el hallazgo de los cadáveres, las familias de las víctimas recibieron una misiva en la que se les comunicaba que habían sido ajusticiados por traición a la clase obrera.

La investigación judicial demostró que la supuesta declaración del MIR y la misiva comunicando el ajusticiamiento eran falsas y que los jóvenes fueron asesinados porque la DINA detectó que, al salir libres, trataron de proseguir en la lucha de resistencia contra la dictadura.

Los crímenes “fueron actos punibles ejecutados por agentes del Estado, en el contexto de una persecución sistemática contra la población civil por razones políticas”, señala la sentencia del juez Llanos.

También en 1991 la Comisión Rettig, que certificó los crímenes de la dictadura, estableció que la muerte de José Hernán Carrasco y Humberto Menanteau se enmarcó en las violaciones a los derechos humanos cometidas.

EL PASADO POLÍTICO DE «CAROLA»

Segun el sitio Memoria Viva, María Uribe Gómez, que recibió el apodo político de «Carola», a diferencia de otras informantes del MIR a la dictadura nunca se arrepintió de lo que hizo. Hasta 1991 era funcionaria del DINE a cuyas oficinas de calle República concurría a diario.

En los primeros días de octubre de 1974 cuando era estudiante de Servicio Social de la Universidad de Chile, María Alicia Uribe Gómez, que a la sazón era integrante del equipo de informaciones del MIR, cayó en manos de la DINA. Las presiones y torturas ejercidas sobre ella la llevaron a colaborar con sus captores.

Gran parte de la información entregada por Marcia Merino fue corroborada por ella, con lo cual la DINA asestaría golpes letales al MIR, que condujeron a la caída de su propio jefe, el militante Emilio Iribarren Lederman,»Joel», quien también en primera instancia sería reclutado por la DINA.

Durante 25 años, María Alicia Uribe trabajó como una funcionaria más en los servicios de inteligencia del Ejército, hasta que el año 2000 jubiló de la institución como empleada civil.

Otras publicaciones sobre «Carola» / Corporación Parque Por la Paz Villa Grimaldi.

Fuente: http://villagrimaldi.cl/noticias/el-procesamiento-y-detencion-de-la-ex-colaboradora-de-la-dina-carola/

El procesamiento y detención de la ex colaboradora de la DINA “Carola”

Se trata de María Alicia Uribe Gómez “Carola”, ex militante del MIR, en su calidad de cómplice del asesinato de José Carrasco Vásquez, perpetrado en diciembre de 1975, quien antes de ser asesinado estuvo en Villa Grimaldi. Conozca los fundamentos del Ministro Leopoldo Llanos y una entrevista a la viuda de Humberto Juan Menanteau Aceituno, asesinado en la misma oportunidad junto a Carrasco.

El Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís sometió a proceso al ex integrante del alto mando de la DINA, Juan Morales Salgado por su responsabilidad en el asesinato del ex Comandante en Jefe del Ejército Carlos Prats González y su esposa Sofía Cuthbert. El crimen se llevó a cabo el último día de septiembre de 1974 en calle Malabia 3351, Palermo, Buenos Aires, Argentina.

En su dictamen, el Ministro Solís afirma que existen ”presunciones fundadas para estimar que Morales Salgado ha tenido participación, en calidad de autor, como miembro, en el delito de asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado de Carlos Prats González y de Sofía Cuthbert Chiarleoni (….) ampliándose de este modo los autos de procesamiento dictados a fojas 1350, 2423 y 4472 del cuaderno principal en contra de Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Pedro Octavio Espinoza Bravo, José Octavio Zara Holger, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann Jorge Enrique Iturriaga Neumann, Cristoph Georg Willike Floel, Mariana Inés Callejas Honores y Reginaldo de la Cruz Valdés Alarcón. Por resultar la libertad provisional del procesado JUAN HERNAN MORALES SALGADO peligrosa para la seguridad de la sociedad, no se le concederá su excarcelación, de conformidad con lo que establece el inciso tercero del artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, atendida la naturaleza de los delitos que se le atribuyen, así como la gravedad de la pena asignada a los ilícitos referidos”.

Morales se encuentra privado de libertad por el caso “Conferencia”, en dependencias del Regimiento de Policía Militar Nº 1 Santiago, del Ejército de Chile.

 

En el asesinato del ex Comandante en Jefe del Ejército, General Carlos Prats, habría tomado parte su ex subordinado, Juan Morales.

 

 

 

Principales novedades y puntos relevantes del dictamen del Ministro Alejandro Solís

A)    La vigilancia previa y amenazas efectuadas al general Carlos Prats

Se incluye el “Oficio que obra en fotocopia autorizada de fojas 3 del Cuaderno Separado y Reservado N° 25, respecto de Informes del Departamento de Fronteras de Investigaciones sobre las entradas y salidas del país de Juan Hernán Morales Salgado” (Documento de fojas 8 del Cuaderno Separado y Reservado N° 25):

“REPUBLICA DE CHILE

JUNTA DE GOBIERNO

DINA

AGRUPACION LAUTARO

CONFIDENCIAL

SANTIAGO, 26 de junio de 1974

DEL CAPITAN JUAN MORALES SALGADO

AL SEÑOR DIRECTOR DE LA DINA.

1. Conforme a la misión encomendada por US., puedo informar lo siguiente relacionado con el Sr. Carlos Prats G.

a) Vive en la calle MALAVIA con Libertadores N° 3359, 3r. piso, Depto. 3, fono 71-8044.

b) Trabaja en la calle Venezuela N° 1326, en la Firma CINCOTTA, donde desempeña expuesto de Gerente de Relaciones Públicas, fono 386554 y 386663, con un sueldo de US 650.mensuales.

c) La señora tiene una Boutique de ropa interior de mujeres en la calle Rodríguez Peña al llegar a Santa Fe.

d) Usa un Mercedes Benz azul, patente 0200895 y un Fiat 1500 blanco, patente C382290 (sirve de escolta) además de una camioneta carrozada con vidrios empañados (No fue vista por el suscrito).

e) Usa un vehículo como escolta y el otra como contraseguimiento (Esto no pudo ser verificado).

f) Se mencionó, que tenía Guardia Personal en su casa habitación como en los bajos del edificio.

El suscrito constató que nadie lo protege ya que llegó hasta su departamento sin encontrar ningún obstáculo (Se verificó en primer lugar si los vehículos se encontraban en su lugar habitual y se llamó por teléfono al N° que figura en a).

g) Se mencionó que era protegido por gente a contrata de la Policía Federal. (No pudo ser verificado).

h) Los autos y la firma en que trabaja pertenecen al Ministro de Economía HELGAR; de quien es protegido e incondicional.

i) Visita solamente a su amigo personal RAMON HUIDOGRO.

j) Varía diariamente su recorrido al trabajo.

k) Se anexa croquis de su domicilio.

2. Su conocimiento y superior resolución.

Saluda a US.

(Aparece firma ilegible)

JUAN MORALES SALGADO

                CAPITAN. "

Se agrega croquis del domicilio del general Carlos Prats en Buenos Aires con las siguientes menciones: “Avda. Libertadores”, “Entrada estacionamientos”, Bomba Copec”, “Edificio Construcción”, “esto da a la calle”  “compraventa automóviles” “Boxers” “3359”. “Boxer”, “MALAVIA”.

 

B) Los relativos a la demora en la entrega de pasaportes para que el matrimonio Prats Cuthbert pudiera abandonar Argentina

En este acápite cobra importancia el testimonio de Eugenio Mujica Mujica de fojas 2395, 4743- fotocopiado a fojas 1376- y 5246. así como la  deposición de Renato Claudio del Carmen Ossorio Mardonez (a fojas 4812) y los dichos de Javier Urrutia (889) y Ramón Huidobro.

Otro testimonio importante fue la declaración de  María Angélica Prats Cuthbert  (de fojas 229 a fojas  231 del proceso del 5º Juzgado del Crimen) al ratificar (a fojas 1235, el libelo interpuesto a fojas 1206) y agregar como nuevos antecedentes, que en el juicio oral declaró Eugenio Mujica, quien había sido Cónsul Adjunto de Chile en Buenos Aires y relató que la señora Sofía concurría periódicamente al consulado a preguntar por qué no se otorgaban los pasaportes solicitados con mucha anterioridad, que Mujica fue al Ministerio de Relaciones Exteriores a solicitar tal información al Subsecretario Claudio Collados, quien no lo recibió, pero a través de su Jefe de Gabinete, Edmundo Harbin, le contestó que se les negaba la entrega de los pasaportes. Concluye que, en la carta suscrita por el Ministro de Relaciones Exteriores, Patricio Carvajal, acompañada por ella a fojas 203 del expediente del Quinto Juzgado del Crimen, se les explica que por haberse tenido información de que “un comando croata residente en Brasil había amenazado al señor General Carlos Prats” estimaron que era conveniente investigar previamente tales amenazas, excusa que no le pareció creíble porque nunca tuvo acceso a esa investigación y porque la frase relativa “al cambio de pasaporte” era equívoca, pues sus padres no tenían pasaporte alguno.

 

C) Los relativos  a la muerte del General (r) Carlos Prats González y su cónyuge Sofía Cuthbert

En este punto se incluye el informe Nº 1050 del Departamento de Control de Fronteras de la Policía de Investigaciones (agregado de fojas 366 a 370 de los autos rol Nº 132.260 del 5º Juzgado del Crimen de Santiago) con las entradas y salidas del territorio nacional, a contar del 1º de enero de 1974, de las siguientes personas:

Iturriaga Neumann, Jorge Enrique chileno, nac 1936, Pte Nº 3672872:

Salida          05.07.74        A.A.M.Benítez-Argentina

Entrada      03.11.74        A.A.M.Benítez-Argentina

Wegner Stapt, Georg Paul

………………………………

Castro Castañeda, Diego chileno, nac. 1939, civil Nº 3.728.202 (con  un total de doce registros desde 10.04.74 a 08.09.77):

Salida         16.07.74   A.A.M.Benítez-Uruguay

Entrada      30.07.74  A.A.M.Benítez-Uruguay

En Informe Nº 1378 del mismo organismo (agregado a fojas 372 del proceso antes citado):

………………………………

Kenneth Enyart (nombre supuesto de Michael Townley) estadounidense, nacido en 1946, Ppte.: 2287732 de Estados Unidos

Entrada    30.08.74 Argentina-A. Merino Benítez

Salida      10.09.74  Argentina-A. Merino Benítez

Entrada   01.10.74 Uruguay-A. Merino Benítez

En Informe Nº 1815 (de fojas 564 del aludido proceso), se agrega:

Eduardo José Rodríguez Pérez, chileno, nacido el año 1938, comerciante, civil Nº3.842.864, Ppte. diplomático Nº148.

Salida     03.abril.975   A. Merino B.-Argentina

Entrada  13.abril.975   Argentina -A.Merino B

Salida    04.ago.975     A .Merino B.-Argentina

Entrada 12.ago.975    Argentina-A.Merino B.

Salida   29.ene.976     A. Merino B.-Brasil

Entrada No consta.

En el Parte Nº 462 agregado a fojas 1273 se añaden los siguientes antecedentes proporcionados por el Departamento de Control de Fronteras de Investigaciones:

Eduardo Rodríguez Pérez, chileno, nacido en 1948, documento de identidad Nº 42.100:

Salida    12.ene.973 por Chacalluta a Perú

Entrada  16 feb.973 desde Ecuador por A. Merino Benítez

Salida     06 feb.974 por Pajaritos a Argentina

Entrada: No consta:

(En la Fotocopia autorizada de la hoja correspondiente al Libro de Pasaportes Oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de 1976- tenido a la vista-  relativa al registro Nº 148 extendido a nombre de "Eduardo Rodríguez Pérez", junto a una fotografía, tamaño carnet, de Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, agregada a fojas 1297).

Oficio ord. Nº 16828 remitido por la Jefatura Nacional de Extranjería de la Policía de Investigaciones de Chile, en el cual se aclara contradicción respecto del registro de salidas del país de José Zara Holger, señalando que corresponde a lo siguiente:

“SALIDA 26. ene.74            A. Merino B.  Brasil”

Informe Policial Nº 226/703 remitido por la Oficina Central Nacional INTERPOL de Policía de Investigaciones de Chile, remitiendo el registro de entradas y salidas del país durante el período julio-septiembre de 1974 de Raúl Eduardo Iturriaga Neuman, y otros, al respecto se señala que revisados los archivos sólo aparece lo siguiente:

“Rodríguez Pérez Eduardo Juan, chileno, nacido el año 1938, cédula de identidad Nº3.842.864, con los siguientes viajes

“SALIDA             23.SEP.1974        A.MERINO B.    ARGENTINA”

“ENTRADA  27.SEP.1974              A.MERINO B.    ARGENTINA”

“SALIDA     NO CONSTA”

 

D)    Dichos judiciales de Ricardo Víctor Lawrence Mires

Refiere que ha sabido con el tiempo que la agrupación la conformaba Raúl Iturriaga, Cristoph Willeke, Armando Fernández Larios y un coronel Rivera. Este departamento se encontraba bajo el mando del Coronel Contreras. Agrega que: ”respecto a la cúpula de la DINA, para nosotros era la “junta chica”, estaba conformada por oficiales de distintas ramas; director Manuel Contreras, segundo en el mando venía la Armada con García Le Blanc, luego Fuerza Aérea con Mario Jhan y Carabineros con Abel Galleguillos. Más abajo en el mando venía Pedro Espinoza y Raúl  Iturriaga, este último, para mi a cargo del Departamento Exterior, en todo caso ellos dependían directamente de don Manuel Contreras…”

Oficio ORD. Nº 4046 de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, de fojas 3546, en el cual se informa lo siguiente:  “Marco Antonio Sáez Saavedra, chileno, nacido el 1950, documento de identidad Nº5.795.624, con las siguientes anotaciones de viajes:

“SALIDA:       31.08.974                A.PUDAHUEL        URUGUAY”

“ENTRADA:   24.09.974               A.PUDAHUEL          BRASIL”

“ SALIDA:     NO CONSTA”

 

E)  Declaración de Juan Gustavo Etchepare Olivares

“A la pregunta del tribunal debo señalar en primer lugar, que nunca fui agente de DINA ni del CNI. Debo agregar que antes de irse del país, en una conversación que tuve con Townley, éste me dijo que respecto del general Prats, a él lo había mandado a hacerlo porque los argentinos no habían sido capaces ni de ubicarlo en Buenos Aires. Lo habló en forma general pero no me dijo, ni yo le pregunté, si él había puesto la bomba ni detalles del hecho. Tampoco me dijo ni le pregunté quienes más habían participado”.

 

F) En la República Argentina operaron miembros de una asociación ilícita pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional (D.I.N.A.), organismo creado formalmente en junio de 1974, pero que había  operado de hecho desde fines de 1973, y que presentaba las siguientes características:

1) Estuvo integrada por más de 6  individuos,

2) Poseía una organización de tipo militar; sus miembros  usaban  nombres supuestos aún en el otorgamiento de pasaportes para salir del país, con una cadena de mando jerarquizada, pero compartimentada en sus funciones.

3) Tenía una estructura celular y operativa de carácter clandestino, a través de brigadas y agrupaciones y un Departamento Exterior, conformaba  un mando militar que planificaba y ordenaba las diferentes operaciones.

4) Disponía de explosivos de gran poder ofensivo.

5) Estaba compuesta por varios  oficiales  del Ejército de Chile.

6) Tenía conexiones con otras organizaciones similares.

7) Recibía apoyo y dirección de agentes del Estado chileno y de funcionarios de empresas nacionales (Banco del Estado y Lan Chile).

8) Estaba orientada fundamentalmente a la vigilancia y represión de ciudadanos chilenos exiliados en el extranjero, país, organización de carácter terrorista que aceptaba la violencia extrema como recurso para combatir a los opositores políticos y que, de manera ilegítima, planeó la eliminación física del general (r) Carlos Prats González  por estimarse  peligroso para la permanencia del gobierno militar de Chile. Su máxima autoridad era el Director Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda Los  miembros de esta asociación ilícita  vigilaron el domicilio del General (r) Prats, en calle Malabia, controlaron las salidas y llegadas de su trabajo, le amenazaron telefónicamente y le impidieron abandonar el territorio argentino, al negarse, injustificadamente, a otorgarles pasaportes ordinarios para él y su cónyuge Sofía Cuhtbert, quienes  los habían solicitado desde muchos meses antes, incluso en un requerimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Consulado en  Buenos Aires.

 

G) Los agentes del Departamento Exterior de DINA en la ciudad de Buenos Aires, hasta ahora individualizados, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Jorge Enrique Iturriaga Neumann, José Octavio Zara Holger y Cristoph Georg Paul Willeke Floel, todos actualmente encausados, llevaron adelante  los planes establecidos por Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda y Pedro Octavio Espinoza Bravo y posibilitaron los medios para que Michael Vernon Townley y su cónyuge Mariana Inés Callejas Honores, colocaran un artefacto explosivo en el piso del automóvil Fiat que Prats conducía, acompañado de su cónyuge, de manera que, en forma sorpresiva, cuando éstos regresaban, a las 0,30 horas del 30 de septiembre de 1974, desde la casa del ex Embajador de Chile en Buenos Aires, Ramón Huidobro, se le hizo estallar, provocando la muerte instantánea del General (r) Carlos Santiago Prats González y de su esposa Sofía Cuthbert Chiarloni.

En efecto, las características del hecho demuestran que de ninguna manera pudo efectuarse en forma individual sino que se realizó en el marco de una organización debidamente conformada y apoyada tanto en su aspecto económico como político, organismo que dependía de la DINA y que funcionaba como una organización de corte netamente militar con una cadena de mando vertical.

Los causantes directos del ilícito regresaron al país, siendo celebrado el hecho, por los miembros de la DINA como un acontecimiento deportivo, lo que les reportó ventajas de todo tipo.

52.- Testimonio de Marco Antonio del Carmen Sáez Saavedra de fojas 450, 4758 y 9083, en las que manifiesta ser Oficial de Ejército en retiro; en los años 1973 a 1976 se desempeñó en el cargo de Teniente de Ejército, cumpliendo funciones en la Escuela de SubOficiales del Ejército y posteriormente en comisión extra-institucional en la DINA; trabajó en la Brigada Purén, donde estuvo un año aproximadamente; brigada que tenía una amplia cobertura; formó parte de una unidad llamada “Leopardo”, la cual tenía por misión evaluar del punto de vista de inteligencia, todo el tema relacionado con la educación en el país; la Brigada Purén era una unidad analítica y que en su plana mayor era donde se centraba toda la información y el resultado de las investigaciones por las diferentes agrupaciones dependientes de aquella, las cuales eran área salud, religión, trabajo y educación; a su llegada, el jefe de la Brigada Purén era el Mayor de Ejército Raúl Iturriaga y como jefe de la Plana Mayor se encontraba el Capitán Gerardo Urrich, así como también recuerda a un oficial de nombre Manuel Carevic. Al exhibírsele la fotografía de Rosa Soliz Poveda, señala que no la conoce, ni la vio en ninguna oportunidad, ni tiene conocimiento del caso.

Jefes de Brigada Purén: Raúl Eduardo Iturriaga Neumann; Gerardo Ernesto Urrich González.

Integrantes de Brigada Purén: Heriberto del Carmen Acevedo; Palmira Isabel Almuna Guzmán; Germán Jorge Barriga Muñoz, “Don Jaime”; Manuel Andrés Carevic Cubillos; Manuel Rolando Mosquera Jarpa; Ingrid Felicitas Olderock Bernhard; Antonio Paredes Pedraza, “Larry”: Marco Antonio Sáez Saavedra; Manuel Abraham Vásquez Chahuan; Irma Nelia Guareschi Salmerón; Manuel Jesús Leyton Robles; Verónica Águila Ubilla; Elsa del Tránsito lagos Salazar; Francisca del Carmen Cerda Galleguillos ; Claudio Pacheco Fernández, “Este niño” o “Inhumano”; Ximena San Juan; Viviana Ugarte; “Coja”; “Rucia”; “Piña”, “Pamela”, carabinero, esposa de guardia Clavería.