Araneda Gerardo Roa

Por Ernesto Carmona

Los familiares de los 119 detenidos desaparecidos de la llamada Operación Colombo expresaron satisfacción por un fallo del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas de Chile que sancionó a los profesionales involucrados en el montaje que en 1975 intentó disfrazar la suerte de 119 víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. El abogado Hiram Villagra y Roberto D'Orival, dirigente máximo de la "Corporación Colectivo de Familiares y Amigos de Los 119", encabezaron una conferencia de prensa que anunció las futuras acciones legales que emprenderán a partir del fallo ético. Los familiares de las víctimas hablaron con la prensa teniendo a sus espaldas una impresionante pared tapizada con fotografías de cada uno de Los 119, entre quienes figuran los periodistas Mario Eduardo Calderón Tapia, de 31 años en 1975, y Luis Eduardo Durán Rivas, de 29. D'Orival dijo que el Colegio de Periodistas saldó una deuda con las víctimas, sus familiares, sus propios pares y la sociedad chilena, a la vez que valoró el trabajo del tribunal ético. La rueda de prensa se orientó hacia los corresponsales extranjeros ante el escaso interés de los medios chilenos por abordar la sanción ética como noticia, dijo D'Orival. El Colegio acordó diversas sanciones contra los responsables del montaje noticioso que en junio de 1975 presentó en la prensa la desaparición de 119 ciudadanos como si se hubieran "exterminado como ratas" entre ellos mismos. Para el tribunal deontológico de los periodistas, "los responsables del manejo de la información no cumplieron con su obligación profesional y su compromiso con la sociedad de trabajar con la verdad, con lo cual fallaron en su deber ético esencial". Fernando Díaz Palma, quien a la fecha dirigía el diario Las Últimas Noticias, de la cadena El Mercurio, fue sancionado con "censura pública y suspensión de su calidad de miembro del Colegio de Periodistas durante seis meses" por violar el Código de Ética. La misma sanción recayó en Alberto Guerrero Espinoza, quien se desempeñó a esa fecha como director del diario La Tercera de la Hora. Beatriz Undurraga Gómez, de El Mercurio, recibió "censura pública" y suspensión por tres meses, en tanto Mercedes Garrido Garrido, del vespertino La Segunda, también de El Mercurio", fue absuelta por falta de pruebas. René Silva Espejo y Mario Carneyro, directores de El Mercurio y La Segunda durante la publicación de las noticias falsas, fueron declarados "no imputables" por haber fallecido. Mónica González, directora del diario Siete, y Juan Pablo Cárdenas Squella, premio nacional de periodismo 2005 y consejero regional del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), fueron "amonestados" por violar el artículo 13 del Reglamento de Instrucción de Sumarios para los Tribunales de Ética y Disciplina del Colegio, cuyo texto establece "que ningún periodista colegiado podrá negarse a prestar declaración en un sumario o a concurrir a las audiencias a que sea citado con ese objeto, salvo que medie causa legítima de excusa". Los periodistas afectados concurrieron a declarar, en un reconocimiento explícito de la autoridad del Colegio para juzgar sus conductas éticas. La mayoría justificó su actuación profesional por exigencias de las empresas y posibles represalias económicas gubernamentales a través del gasto publicitario del régimen militar. Otros reconocieron falta de rigor profesional. Ninguno de los afectados apeló al fallo del tribunal ético de primera instancia, dando por aceptada la sanción de sus pares, ejecutoriada la semana pasada. El instructor del sumario fue el periodista Alfredo Taborga Molina, autor de un expediente de 300 páginas, cuyo contenido de declaraciones y testimonios constituye una valiosa radiografía del periodismo chileno de la época. La sanción fue aprobada por la unanimidad de los miembros del Tribunal Regional de Ética y Disciplina del Consejo Regional Metropolitano (Santiago) del Colegio, Doris Jiménez Villarroel, Enrique Contreras González, Víctor Abudaye Soto y Ricardo Urzúa Munita. La tuición de los colegios profesionales sobre la conducta ética de sus asociados fue restablecida por una reforma de la Constitución Política introducida en 2005, aunque todavía falta legislar los tribunales especiales que deberán ventilar acusaciones deontológicas contra profesionales no asociados a esas organizaciones. La afiliación a los colegios no es obligatoria para ninguna profesión desde las reformas "legales" introducidas por la dictadura militar. FUTURAS ACCIONES JUDICIALES El fallo dejó "constancia de la perniciosa actuación del entonces funcionario civil del gobierno militar Alvaro Puga en la manipulación, amedrentamiento, censura y persecución de periodistas y medios". Según el tribunal, por tratarse de un "individuo que no es periodista y por lo tanto no miembro del Colegio de Periodistas de Chile", el abogado Puga "no es sujeto de este sumario", aunque ejercía el periodismo "de opinión" y firmaba artículos de prensa bajo el seudónimo "Alexis". El abogado Hiram Villagra anunció que la información ofrecida por el tribunal ético de los periodistas permitirá iniciar acciones legales contra los responsables de una suerte de división de guerra psicológica de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), llamada después Central Nacional de Información (CNI). Los futuros encausados serán el mismo Alvaro Puga y Anthal Lipthay, un apatrida de origen húngaro vinculado a la CIA que llegó a Chile como "especialista psicológico" al servicio de la dictadura, derivó en operador financiero del dictador Augusto Pinochet y se convirtió en millonario. Este personaje contrajo matrimonio en 1983 con la baronesa Ildiko de Orgovanyi-Hanstein en el castillo de Schwarzenegg, cerca de Graz, Austria, actualmente reside en Miami y se le atribuye la condición de "amigo íntimo" de Lucía Pinochet Hiriart, hija sesentona del ex dictador, quien lo visita con frecuencia en EEUU según fotografías de las páginas sociales de La Tercera. Otro personaje que está en la mira judicial de los familiares de las víctimas de la Operación Colombo es el coronel de aviación retirado Mario Jahn Barrera, quien se desempeñó como sub director de la DINA y, desde que pasó a retiro a mediados de los años 80, dirige el Museo Aeronáutico y del Espacio, dependiente de la Dirección de Aeronáutica Civil. Jahn Bararera usó el seudónimo de Luis Gutiérrez para viajar por el mundo como "embajador itinerante" de la Fuerza Aérea y participar en acciones de inteligencia como la Operación Cóndor. Nunca ha sido conducido ante un tribunal.

Otro sujeto que los familiares de las víctimas no pierden la esperanza de sentar en el banquillo es Gerardo Roa Araneda, agente de la DINA que siendo funcionario de la Línea Aérea Nacional (LAN) obtuvo el financiamiento para sacar tres ediciones del periódico brasilero Novo O Dia, de Curitiba, donde publicó artículos firmados con su verdadero nombre. Esta publicación, más la revista LEA que apareció una sola vez en Buenos Aires, dieron el punto de partida al montaje de la Operación Colombo que fue extensamente amplificada por la prensa chilena encabezada por El Mercurio, La Tercera, Las Últimas Noticias, La Segunda, La Mañana de Talca, entre otros medios impresos, más la radio y televisión de la época.