Ramirez Pineda Luis Joaquín

Agentes de Interpol detuvieron hoy en Buenos Aires al general en retiro del Ejercito chileno Joaquín Ramírez Pineda, cumpliendo una peticion de la justicia francesa.

Ramírez Pineda, de 77 años, se desempeñó como comandante del Regimiento Tacna al momento del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Tras el bombardeo de La Moneda, decenas de prisioneros capturados en el palacio presidencial fueron llevados al mencionado regimiento comandado por el entonces coronel Ramírez Pineda.

Según el informe especial de derechos humanos denominado Comisión Rettig, entre los prisioneros se cuentan 10 asesores directos de Allende y 13 miembros del GAP (Grupo de Amigos Personales del Presidente, su guardia personal).

Tras su detención, los prisioneros fueron trasladados a la unidad militar de Peldehue, a unos 30 kilómetros al norte de Santiago. En ese lugar fueron ejecutados y sus cuerpos, dinamitados.

La captura del presunto represor se concretó en el hotel porteñó Claridge y fue solicitada por la justicia francesa por el secuestro, torturas y desaparición en 1973 del médico de origen francés Jorge Klein durante el bombardeo y posterior ocupación de La Moneda.

Cabe señalar que el general (r) ya había sido procesado en Francia por el magistrado Roger Le Laire por la desaparicion del mencionado profesional.

Según fuentes de Interpol, Ramírez Pineda fue puesto a disposición del juzgado número 7, que preside el juez Jorge Urso, el mismo magistrado que proceso al ex Mandatario argentino Carlos Menem por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia.

Abogado Caucoto: "Está seriamente involucrado"

El abogado de DD.HH. Nelson Caucotto manifestó hoy que el general (r) Ramírez Pineda "está seriamente involucrado en violaciones a los derechos humanos, debido a que era el comandante del regimiento Tacna en 1973, recinto al que fueron llevadas las personas detenidas del Palacio de La Moneda".

El profesional dijo que el ex uniformado estaría involucrado en la desaparición de quienes llegaron a ese recinto castrense, señalando que por la responsabilidad que le cabría existen "probabilidades de que sea procesado en el futuro e incluso condenado en la participación de estos hechos". Caucotto indicó que el general (r) nunca ha aportado información sobre estos casos y ha negado su vinculación a ellos.

El general (r) Luis Ramírez Pineda, quien es sindicado por la justicia francesa como responsable de la muerte de un ciudadano galo durante el golpe de Estado de 1973, permanece bajo arresto domiciliario en un departamento del residencial barrio de La Recoleta.

El oficial fue detenido el viernes en el hotel Claride de Buenos Aires por personal de la Interpol, quienes respondieron a una solicitud de arresto de la justicia francesa emitida por el juez George Le Loire, que lo requiere por la muerte del doctor George Klein Pipper.

Fuentes de tribunales indicaron que para el arresto del ex militar de 77 años no hubo necesidad de labores de inteligencia, debido a que declaró su alojamiento cuando llegó al país.

Según la ley 24.767 sobre extradición, Francia tiene un mes y medio de plazo para remitir los antecedentes al juez Jorge Urso, quien tendrá el trabajo de corroborar si la conducta del acusado se encuentra dentro de los delitos previstos en Argentina antes de decidir si concede la extradición.

Sin embargo, será el gobierno argentino el que a través de la Cancillería decidirá si concede o no la extradición del militar chileno a Francia.

En tanto, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que espera que ni el gobierno argentino ni el chileno interfieran políticamente y dejen actuar a la justicia, puesto que "deben garantizar que el recurso de extradición siga su curso normal".

El juez del Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, Juan Carlos Urrutia, sometió a proceso a ocho ex miembros del Ejército por los casos de los doce detenidos desaparecidos del Palacio de La Moneda, hecho ocurrido en septiembre de 1973.

Por el delito de secuestro calificado fue encausado el general (r) Luis Joaquín Ramírez Pineda, quien se encuentra detenido en Argentina desde septiembre, a la espera de ser extraditado a Francia por la desaparición del médico y ex asesor presidencial Georges Klein Pipper, aprehendido en La Moneda en 1973.

Asimismo, fueron procesados el coronel Servando Maureira Roa, el mayor Jorge Herrera López y los suboficiales Teobaldo Mendoza Vicencio, Eliseo Cornejo Escobedo, Bernardo Soto Segura, Juan de la Cruz Riquelme Silva y Jorge Ismael Gamboa Alvarez, todos ellos en retiro y confesos de los fusilamiento.

Cabe mencionar que en los próximos días el magistrado Juan Carlos Urrutia solicitará a Argentina la extradición del general Luis Ramírez.

La cancillería argentina tendría un dictamen favorable a la solicitud de extradición a Chile del general (r) Luis Ramírez Pineda, quien permanece con arresto domiciliario en Buenos Aires, e incluso ya habría elevado un proyecto de decreto al Presidente transandino, Néstor Kirtchner, quien deberá reolver si firma la resolución.
Así lo indica la prensa local en una nota donde cita a una fuente calificada que informó sobre la determinación de la cancillería, que obedece a que la petición de Chile posee más fundamentos que primer lugar hizo la justicia de Francia, quien también requiere judicialmente a Ramírez por asesinatos de ciudadanos galos en nuestro país.
La Sala Penal de la corte Suprema chilena resolvió el 18 de marzo solicitar la extradición del ex uniformado, en el marco de su procesamiento junto a otros siete ex oficiales, por el secuestro calificado de 12 personas detenidas en La Moneda, el 11 de septiembre de 1973.
Francia busca juzgar al general retirado por la desaparición de Georges Klein Piper, asesor de Salvador Allende, tras la investigación que iniciara el juez Roger Le Loire, por el secuestro de cinco chilenos franceses (Alfonso Chanfreau, Jean Ives Claudet Fernández, Marcel Amiel Baquet, Etienne Pesle y George Klein) y que originó una orden de captura contra 15 ex militares, entre ellos, Ramírez Pineda. 
 

El avance en que se encuentra la investigación que se sustancia en el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago y los nuevos antecedentes que entregaron los abogados de la causa por la desaparición de 14 personas desde el palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, fueron los principales motivos para que el consejo general del Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidiera que la entidad debía hacerse parte en el proceso.

Fuentes de la entidad explicaron que la resolución fue adoptada en forma unánime y “fue una relación de más de una hora, con todas las piezas del proceso y no se pasó de una cosa que se diga que era negro a una que ahora es blanca, sino que simplemente como están las cosas, ahora hay merito suficiente”.

Con ello, se explica por qué esta idea había sido rechazada el 11 de agosto pasado.

De esta manera se determinó además que el abogado que se sumará a la causa que sustancia el juez exclusivo, Juan Carlos Urrutia, será Helmut Griott, quien se estima argumentará los criterios de la propuesta del Presidente Ricardo Lagos sobre derechos humanos en materia penal.

Esto significa distinguir entre los autores materiales y los intelectuales del caso.

En esta causa ya han sido procesados el brigadier (R) Pedro Espinoza, el coronel (R) Servando Maureira y el mayor (R ) Jorge Herrera. Además los suboficiales en retiro Teobaldo Mendoza, Eliseo Cornejo, Bernardo Soto, Juan de la Cruz Riquelme y Jorge Gamboa.

Entre ellos también está el general en retiro Hernán Ramírez Pineda, quien se encuentra detenido desde septiembre pasado en Buenos Aires.

Respecto a este caso, para el cual la justicia chilena ya solicitó la extradición, el CDE estudia hacerse parte en Buenos Aires, lo que a juicio de los consejeros es posible, porque él está procesado en Chile por esta causa.

Entre las víctimas de La Moneda, llevadas del regimiento Tacna al fuerte Justo Arteaga Cuevas en Peldehue, donde fueron fusilados y posteriormente sus cuerpos lanzados al mar, se encuentran Jaime Barrios Meza, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Arsenio Poupin Oissel, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca, Juan Vargas Contreras y George Klein Pipper. Es por el caso de este último que la justicia francesa pidió a su par argentina la detención de Ramírez Pineda

La justicia argentina aceptó el viernes extraditar a Chile al general retirado Luis Ramírez Pineda, detenido en Buenos Aires por su presunta responsabilidad en la desaparición de 12 personas poco después del golpe de Estado de 1973 en Chile.

Desde septiembre del año pasado el general, de 77 años, está detenido en su domicilio de Buenos Aires a raíz de una orden de captura internacional emanada de un tribunal francés, que investiga la desaparición de una de esas 12 personas, el médico francés Jorge Kleine.

Pero el juez federal argentino Jorge Urso hizo lugar al pedido de extradición de la justicia chilena, tomando en consideración la voluntad del detenido de ser juzgado en su país y no en Francia, los convenios de extradición entre Argentina y Chile y el lugar en que fue cometido el delito.

"Habré de resolver en un sentido favorable a la extradición instada por el Estado chileno contra Ramírez Pineda a los fines de no demorar más la posibilidad de que este último resuelva su situación procesal en su país natal", dijo el magistrado en su resolución.

Una fuente del tribunal dijo a Reuters que Urso ya envió su resolución a la cancillería argentina, y que los tiempos para que se materialice la extradición ahora dependen de ese ministerio.

Ramírez Pineda fue el encargado de las tropas que cercaron el centro de Santiago durante el golpe del 11 de septiembre de 1973, que marcó el inicio de 17 años de la dictadura de Augusto Pinochet, que dejó 3.000 muertos y desaparecidos como víctimas de la violencia política.

Por las manos del general arrestado pasaron cerca de 50 colaboradores del derrocado presidente Salvador Allende.

El máximo tribunal chileno realizó el pedido de extradición tras establecer que Ramírez fue el responsable del secuestro de al menos 12 personas sacadas del palacio presidencial, entre ellas Kleine, de las que aún no se conoce su paradero

Esta tarde llegó al país el general (R) Hernán Ramírez Pineda, que permanecía detenido en Buenos Aires desde el año pasado a solicitud de Francia, luego que Argentina acogiera una solicitud de extradición de la Corte Suprema.

Ramírez Pineda, que llegó custodiado por personal de Interpol y del Departamento V de Investigaciones, fue sometido a exámenes médicos en el Hospital Militar, ya que padece de una diabetes crónica.

Tras los exámenes se ordenó su reclusión en el Regimiento de Telecomunicaciones, donde permanecerá hasta el próximo lunes, cuando será notificado del auto de procesamiento dictado el 13 de enero pasado por el titular del Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, Juan Carlos Urrutia, que sustancia el proceso por los detenidos en el Palacio de La Moneda.

El 29 de agosto pasado Argentina acogió la solicitud chilena, desestimando un pedido en el mismo sentido de Francia, que indaga la desaparición del médico francés Jorge Klein, detenido el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio de La Moneda.

En Chile, por este caso también fueron encausados en enero los suboficiales de Ejército Servando Maureira Roa, Jorge Herrera López, Teobaldo Mendoza Vicencio, Eliseo Cornejo Escobedo, Bernardo Soto Segura, Juan Riquelme Silva y Jorge Ismael Gamboa.

El abogado Nelson Caucoto, que representa a los familiares de las víctimas, destacó el “mejor derecho” de Chile para investigar el caso. “Me parece que es una diligencia que hará avanzar el proceso”, señaló el jurista.

Los ex uniformados están imputados de los secuestros de Jaime Barrios Mesa, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, Jorge Klein Pipper, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murua, Julio Moreno Pulgar, Arsenio Poupin Oissel, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras.

A este proceso se encuentra acumulado un segundo, por la remoción de los cuerpos de los fusilados de La Moneda, ocurrida el 23 de diciembre de 1978. Se trata de los ex militares Eliseo Cornejo Escobedo; José Canario Santibáñez; Luis Fuenzalida Rojas; Darío Gutiérrez y Hernán Canales. Todos encausados en calidad de autores

Luego de casi diez años, desde que la justicia francesa se decidió a juzgar a un grupo de represores chilenos y un argentino por el secuestro y desaparición de cinco ciudadanos franco-chilenos, el Gran Tribunal Penal de París fijó fecha para el juicio entre el 19 y 23 de mayo próximo.

Los 13 chilenos y el argentino serán juzgados en rebeldía (según la figura legal francesa) pues ni Chile ni Argentina acogieron las demandas de extradición formuladas en su momento por Francia. Entre los chilenos están el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras y el líder de la secta alemana Colonia Dignidad, Paul Schafer.

Cuatro de los chilenos requeridos inicialmente ya están muertos: el dictador Augusto Pinochet, el general Javier Palacios que comandó el asalto desde tierra a La Moneda el 11 de septiembre de 1973, el coronel de aviación Andrés Pacheco Cárdenas, comandante de la base aérea de Temuco, y el ex agente civil Osvaldo “Guatón” Romo.

Los oficiales chilenos (todos en retiro) que serán sometidos a juicio son, además de Contreras y Sch fer: Emilio Sandoval Poo, empresario sureño; Joaquín Ramírez Pineda, ex comandante del regimiento Tacna; Rafael Ahumada Valderrama; el teniente coronel de Carabineros Gerardo Godoy García (“El Cachete Chico”); Basclay Zapata Reyes (“El Troglo”), DINA suboficial de Ejército; Miguel Krassnoff Martchenko, brigadier DINA ex jefe de la brigada Águila; Marcelo Moren Brito, coronel DINA ex jefe de Villa Grimaldi; Pedro Espinoza Bravo, brigadier ex segundo jefe de DINA; Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, general DINA ex jefe de su departamento exterior; José Zara Holger, brigadier DINA, ex jefe de su departamento exterior; y el ex agente civil DINA Enrique Arancibia Clavel, que el año pasado terminó de cumplir una pena de presidio en Buenos Aires por el asesinato en 1974 del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. También será juzgado el ex jefe de la inteligencia del Ejército argentino (SIDE) en Mendoza y Bahía Blanca durante la última dictadura, José Osvaldo Riveiro, alias “Balita”.

Los catorce criminales, la mayoría con un largo prontuario por delitos de lesa humanidad, serán juzgados por el secuestro y desaparición de Alfonso Chanfreau Oyarce, Jean Ives Claudet Fernández, René Marcel Amiel Baquet, George Klein Pipper, y Etienne Pesle de Menil.

Las cinco víctimas Chanfreau fue detenido en julio de 1974 en Santiago y su nombre aparece en la lista de los 119 desaparecidos de la Operación Colombo -preámbulo de la Operación Cóndor- por la que la dictadura chilena pretendió hacer creer que habían huido a Argentina.

Claudet fue detenido en Buenos Aires en noviembre de 1975 como parte de la Operación Cóndor, en la que también participaron los servicios de inteligencia de Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. En este caso, Arancibia Clavel o “Luis Felipe Alemparte”, envió desde Buenos Aires (noviembre de 1975) un memorándum dirigido a “Luis Gutiérrez”   -chapa del cargo de jefe exterior DINA, en ese entonces Iturriaga

Neumann- que decía: “A Claudet se le sometió a interrogatorio. .. Ya no existe, es RIP (Réquiem in pace)”.

El memo, junto a otros similares, fue pesquisado en Buenos Aires por la jueza María Servini y formó parte del expediente abierto allá por el crimen de los Prats-Cuthbert.

Amiel fue arrestado en Mendoza por agentes chilenos y argentinos en 1977. Klein era asesor de Allende y fue detenido en La Moneda el día del golpe militar. Pesle era un sacerdote secuestrado en Temuco en septiembre de 1973.

"No tiene validez en Chile", dijo ayer el abogado Jorge Balmaceda, quien representa a dos de los ex miembros de la DINA que en mayo próximo serán juzgados por un tribunal francés, por su responsabilidad en los secuestros y apremios ilegítimos que sufrieron en Chile cuatro ciudadanos de ese país durante el régimen militar.

Ayer se informó en Francia que entre el 19 y el 23 de mayo próximo tendrá lugar en un tribunal criminal de París el juicio contra 17 ex miembros del organismo de inteligencia que encabezaba el entonces coronel Manuel Contreras, a quienes se responsabiliza por las desapariciones de Alfonso Chanfreau Oyarce, Etienne Pesle, Georges Klein y Jean-Yves Claudet Fernández.

Según se prevé, varios de quienes serán enjuiciados en ausencia podrían ser condenados a presidio perpetuo, si se comprueba la aplicación de torturas.

Para Balmaceda, quien defiende al brigadier (r) Pedro Espinoza y al general (r) Raúl Iturriaga -ambos en la lista de los 17- los tribunales franceses "no tienen competencia ni jurisdicción en Chile", y es la justicia chilena la única que puede pronunciarse por los hechos acontecidos en el país. "Además, no tienen cómo investigar los hechos; el juicio se hace sólo a base de suposiciones", agregó.

El abogado Enrique Ibarra, quien representa a Basclay Zapata, enfatizó que lo que pueda resolver la justicia francesa no tiene valor. "Es un tema simbólico", aseveró, porque no tiene efectos prácticos. Además, recordó que los casos por los cuales van a ser juzgados están siendo indagados por la justicia chilena, y en algunos ha habido resoluciones.

El abogado José Luis Sotomayor, quien representa al brigadier (r) José Zara y al ex jerarca de Colonia Dignidad, Paul Schaeffer, enfatizó que "ningún estado de derecho racional puede juzgar a nadie en rebeldía".

En tanto, la viuda de Alfonso Chanfreau, Erika Hennings, celebró la noticia.

"Creo que es espectacular, considerando que en Chile no ha habido avances", aseveró, en referencia al proceso que instruye el ministro Carlos Gajardo. La mujer, quien también estuvo detenida, no descartó viajar a Francia.

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago  sometió a proceso a diez ex uniformados, entre ellos el general (r) Herman Brady por el delito de delito de secuestro calificado cometido en contra del ex GAP, Luis Fernando  Rodríguez Riquelme.

La resolución señala que tienen participación en el crimen  Luis Joaquín Ramírez Pineda, Servando Elías Maureira Roa, Jorge Iván Herrera López, Teobaldo Segundo Mendoza Vivencio, Eliseo Antonio Cornejo Escobedo, Bernardo Eusebio Soto Segura, Juan de la Cruz Riquelme Silva, Jorge Ismael Gamboa Alvarez,  general (r) Herman Julio Brady Roche y brigadier (r) Pedro Octavio Espinoza Bravo.

El dictamen señala que “se desprenden fundadas presunciones para estimar que a cada uno le cupo participación en calidad de autor en el delito descrito ( ) toda vez que el primero de los nombrados (Ramírez Pineda) en su calidad de Comandante del Regimiento Tacna, con el grado de coronel, ordenó el traslado de los prisioneros a Peldehue y presumiblemente dio también las ordenes para su fusilamiento, en tanto que el segundo al octavo de los normados, ejecutaron  dichas ordenes, sin que existan antecedentes que permitan estimar que dichos subordinados se encontraban en la situación de exigibilidad de otra conducta”.

Añade el dictamen que el décimo (Espinoza Bravo) llegó también  al lugar donde bajaron a los prisioneros y con mando dispuso lo pertinente para que presumiblemente los fusilaran, y el noveno (Brady Roche) teniendo  un cargo superior en el mando del primero de los nombrados (Ramírez Pineda) dispuso o permitió que se llevara a cabo el traslado de la víctima hasta Peldehue, donde desaparece”.

Luis Fernando Rodríguez Riquelme era parte del Grupo de Amigos del Presidente (GAP) y fue detenido el 11 de septiembre en La Moneda. El día 13 de septiembre alrededor del mediodía por orden del Comandante del Regimiento Tacna (Ramírez Pineda) fueron amarrados con alambres en manos y pies y trasladados  a bordo de un camión Pegaso, cubiertos con una lona, rumbo a Peldehue.

En este lugar se pierde información sobre el detenido, presumiéndose que fue acribillado.

El ex director de Investigaciones, Eduardo “Coco” Paredes, y el médico personal de Allende, Enrique Paris, son dos de las ocho víctimas por las que fueron procesados los oficiales (R) del Ejército.

El ministro en visita Juan Fuentes Belmar sometió ayer a proceso al general (R) Herman Julio Brady y a otros ocho oficiales en retiro del Ejército por los detenidos desaparecidos de La Moneda, entre ellos el doctor Enrique Paris y el ex director de Investigaciones, Eduardo "Coco" Paredes.

Es el segundo procesamiento que afecta a Brady y los otros oficiales por las detenciones realizadas en el palacio de gobierno el 11 de septiembre de 1973, las que después se convirtieron en desapariciones. Por lo mismo, se les caratuló como secuestros calificados de presos políticos.

Junto a Brady, fueron procesados el brigadier (R) Pedro Espinoza Bravo (quien sería después el segundo al mando de la DINA) y los ex oficiales Servando Maureira Roa, Jorge Herrera López, Teobaldo Mendoza Vicencio, Eliseo Cornejo Escobedo, Bernardo Soto Segura, Juan Riquelme Silva y Jorge Gamboa Álvarez.

El día del golpe de Estado tropas militares ingresaron a La Moneda, donde detuvieron a cerca de 50 personas, entre asesores directos, miembros del Grupo de Amigos Personales (GAP) del Presidente Allende, médicos y funcionarios de Investigaciones, quienes fueron trasladados hasta el Regimiento Tacna, para luego ser ejecutados. Hasta la fecha sus cuerpos no han sido ubicados.

Además del doctor Paris y del "Coco" Paredes, en La Moneda fueron detenidos Jaime Sotelo Ojeda (GAP), Sergio Contreras Contreras (jefe de Prensa de la Intendencia), Héctor Pincheira Núñez (asesor del Presidente Allende), José Freire Medina (GAP), Manuel Castro Zamora (GAP) y Daniel Gutiérrez Ayala (GAP).

El abogado querellante en el caso, Nelson Caucoto, dijo que "es la primera vez, después de 35 años, que estos asesores del Presidente Allende comienzan a vislumbrar la justicia. Con este fallo se ha demostrado que la justicia tarda pero llega".

Respecto del general (R) Luis Ramírez Pineda, ex comandante del Regimiento Tacna -a quien el magistrado resolvió no someter a proceso por el momento-, el abogado Caucoto explicó que su situación se decidirá cuando la Corte Suprema solicite a la justicia argentina la ampliación de su extradición.

Los generales (R) Pineda y Brady, junto con los otros oficiales, ya fueron sometidos a proceso en mayo pasado por la desaparición (secuestro calificado) del ex GAP Luis Rodríguez Riquelme, también apresado en La Moneda. Sin embargo, en aquella oportunidad, la Corte de Apelaciones actuó de oficio, ante la negativa del ministro Fuentes Belmar en esta causa.

Brady era el comandante de la guarnición de Santiago y el entonces coronel Ramírez Pineda, comandante del Regimiento Tacna donde fueron llevados los detenidos de La Moneda.

Desde ese lugar los sacaron en un camión, amarrados de pies y manos con alambre, con destino a Peldehue donde los fusilaron. Toda la operación fue supervisada por Pedro Espinoza, quien vestía de civil.

Enrique Paris y “Coco” Paredes

Juan Antonio Eduardo “Coco” Paredes Barrientos estaba casado, tenía dos hijos y era médico cirujano. Militaba en el PS y durante el Gobierno de Allende fue director del Servicio de Investigaciones.

Enrique París Roa, también médico, estaba casado, tenía 3 hijos y era miembro del comité central del PC. Asesoraba al Presidente Allende en materias de Salud.

Ambos fueron apresados al salir del Palacio de La Moneda, mientras era bombardeado. Junto al resto de los detenidos, se les trasladó al Regimiento Tacna, donde permanecieron hasta el 13 de septiembre.

Corte Suprema amplió la solicitud de de extradición a Argentina de Luis Joaquín Ramírez Pineda, quien se encuentra procesado en nuestro país por el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar en la investigación por secuestros calificados en el denominado caso Palacio de la Moneda.

Los ministros de la Segunda Sala Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller, acogieron la petición planteada por el ministro Fuentes Belmar en el caso de nueve víctimas que se encuentran desaparecidas desde el 11 de septiembre de 1973.

Se trata de Jaime Gilson Sotelo Ojeda, Sergio Contreras, Héctor Ricardo Pincheira Núñez, José Freire Medina, Juan Eduardo Paredes Barrientos, Egidio Enrique Paris Roa, Manuel Ramón Castro Zamorano, Daniel Antonio Gutiérrez Ayala y Fernando Rodríguez Riquelme.

En 2003, la Corte Suprema decidió remitir una solicitud de extradición del procesado por los casos de secuestro de Jaime Antonio Barrios Meza, Daniel Francisco Escobar Cruz, Enrique Lelio Huerta Corvalán, Claudio Raúl Jimeno Grendi, Jorge Klein Pipper, Óscar Reinaldo Lagos Ríos, Juan José Montiglio Murúa, Julio Hernán Moreno Pulgar, Arsenio Poupin Oissel, Julio Fernando Tapia Martínez, Óscar Enrique Valladares Caroca y Juan Alejandro Vargas Contreras, también ocurridos a partir de 1973 en el Palacio de la Moneda.

El ex jefe castrense fue detenido en septiembre de 2002 en Argentina por una orden de captura internacional emitida por la justicia francesa, que lo vinculó con las violaciones de los derechos humanos de las que fue objeto un ciudadano francés que vivía en Chile durante el régimen del dictador Augusto Pinochet (1973-1990).

La Corte Suprema aprobó este viernes incluir en la solicitud de extradición del general retirado Luis Ramírez Pineda, detenido en Argentina, el delito de secuestro calificado (desaparición) de nueve militantes del Partido Socialista el 11 de septiembre de 1973.

En un fallo unánime, el máximo tribunal de Chile acogió la solicitud planteada por el ministro Juan Eduardo Fuentes y resolvió "procedente solicitar al Gobierno de la República Argentina la ampliación de la extradición ya concedida" al general retirado.

En 2003, el ex militar fue procesado por la desaparición de doce personas que también se produjo el 11 de septiembre, día en que el presidente Salvador Allende murió en el Palacio de La Moneda después del golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet.

Ramírez Pineda fue detenido en septiembre de 2002 en Argentina por una orden de captura internacional emitida por la justicia francesa, que lo vinculó con las violaciones de los derechos humanos de las que fue objeto un ciudadano francés que vivía en Chile durante el régimen del dictador Augusto Pinochet (1973-1990).

De esta manera, la autoridad trasandina desestimó la petición de Francia para juzgar al ex militar en ese país por la desaparición de uno de sus ciudadanos en Chile. La información fue confirmada a través de la agencia France Press.

La petición de extradición fue hecha por el titular del Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, Juan Carlos Urrutia, que sustancia el proceso por los detenidos desaparecidos del Palacio de La Moneda, en cuya causa se hizo parte la semana pasada el Consejo de Defensa del Estado, CDE.

La resolución argentina es un logro para la estrategia, tanto del Gobierno como del CDE, que busca que Ramírez Pineda responda ante los tribunales chilenos para lograr definir la estructura de mando en los fusilamientos de los colaboradores de Allende.

Ramírez Pineda fue procesado por esta el pasado 13 de enero, junto a los suboficiales de Ejército Servando Maureira Roa, Jorge Herrera López, Teobaldo Mendoza Vicencio, Eliseo Cornejo Escobedo, Bernardo Soto Segura, Juan Riquelme Silva y Jorge Ismael Gamboa.

Todos ellos fueron encausado por el secuestro calificado de Jaime Barrios Mesa, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, Jorge Klein Pipper, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murua, Julio Moreno Pulgar, Arsenio Poupin Oissel, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras.

A este proceso se encuentra acumulado un segundo, por la remoción de los cuerpos de los fusilados de La Moneda, ocurrida el 23 de diciembre de 1978. Se trata de los ex militares Eliseo Cornejo Escobedo; José Canario Santibáñez; Luis Fuenzalida Rojas; Darío Gutiérrez y Hernán Canales. Todos encausados en calidad de autores.

En entrevista con la periodista Raquel Correa de “El Mercurio”, el comandante en jefe del ejército, general Juan Emilio Cheyre, hizo -de nuevo- declaraciones sorprendentes en materia de derechos humanos. No nos referimos a la reiteración de que la institución seguirá protegiendo -ayudando, dijo- a los acusados por crímenes y delitos en materia de derechos humanos, aunque se trate de criminales. Lo entendemos como parte de una doctrina institucional lamentable.
Nos interesan otras cosas. Sostuvo que no tenía sentido pedir perdón, como institución, por los crímenes. Aclaró que le sería fácil hacerlo, pero que eso sería “voluntarismo”. Y agregó “encuentro más serio y más digno, con mucho más valor moral lo que hicimos en la declaración post mesa de diálogo”.

¿Qué habrá querido decir? Porque reconocer crímenes y pedir perdón por ellos no tiene nada de “voluntarismo”. Eso se llama “honradez” y también “conciencia moral”. O más sencillamente “decencia”. Por otra parte, caracterizar como “más serio, más digno, con mucho más valor moral” lo que declararon los militares después de la mesa de diálogo, no constituye precisamente un aporte.

General Luis Ramírez Pineda: detenido en Buenos Aires. Fue comandante del Regimiento Tacna -donde asesinaron a muchos prisioneros- en septiembre del 73, y era agregado militar en Argentina cuando el crimen del general Carlos Prats y su esposa.

El general Cheyre sabe mejor que nadie que la mesa fue o un intento frustrado, porque no cumplió su objetivo de precisar el “destino final” de los detenidos desaparecidos; o una operación mediática que nunca pretendió llegar a nada serio o un deliberado agravio a las víctimas y a la sociedad democrática para demostrar que las FF.AA. conservan un poder que las hace intocables. Entregar un listado de víctimas que se ha demostrado falso en la mayoría de los casos, en cuanto a su “destino final”, fue un episodio bochornoso. Como igualmente no decir nada sobre la suerte corrida por muchos otros. Sobre todo porque se sabe que las FF.AA. y Carabineros conocen con precisión lo que ocurrió con cada detenido desaparecido y dónde están sus restos. 
El general Cheyre se refirió también al asesinato del general Carlos Prats en 1974. Concluyó que el crimen de Prats “duele a la institución”. ¿Cómo se condice el “dolor” del ejército con su pasividad, tolerancia y hasta reconocimiento desplegado hacia diversos oficiales que formaron parte de la conspiración para asesinar a Prats? ¿Cómo justifica que haya sido la justicia argentina -y no la chilena- la que ha detenido e interrogado al general (r) Luis Ramírez Pineda sobre el crimen del general Prats, en el cual difícilmente pudo no tener responsabilidad ya que era entonces agregado militar en la embajada chilena en Buenos Aires? ¿Qué quiere decir Cheyre cuando endosa a los tribunales la responsabilidad de descubrir a los asesinos cuando -como lo sabe- no hay causa en Chile por el asesinato y el ejército no ha hecho nada para que se abra una investigación criminal?
¿Cómo explica “el dolor” de los uniformados si él mismo como comandante en jefe no ha ordenado una investigación interna?

Han sido 15 años de investigación, pero este viernes 11 de octubre arrancaron las audiencias en Roma que deben determinar a quién se juzga de los 35 acusados de la desaparición de 23 italianos durante la Operación Cóndor, que coordinó la represión de las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 80.

La justicia es lenta. Eso lo sabe la muerte, que ya le ha evitado el paso por los tribunales a decenas de los torturadores y asesinos de uniforme que participaron en la tétrica Operación Cóndor, el plan urdido por la CIA (según documentos desclasificados de Estados Unidos), y que significó la acción conjunta contra sus opositores de las dictaduras cívico-militares de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, y esporádicamente actuaron con militares de Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador.

En el marco de la Operación Cóndor fueron asesinadas unas 50.000 personas, unas 30.000 fueron desaparecidas y hasta 400.000 encarceladas y torturadas.

Ahora, la Fiscalía de Roma pide que se juzgue a 35 de las 140 personas investigadas durante los últimos 15 años por Giancarlo Capaldo, el fiscal que puso en marcha este proceso en 1998 por el asesinato de 23 ciudadanos italianos. Ahora, el juez Alessandro Arturi debe decidir a quién procesa de los imputados de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay a los que juzgaría en ausencia y que sólo serían pedidos en extradición en caso de ser condenados y si existe convenio entre su país de origen e Italia.

De los 140 investigados iniciales, varios han muerto, como el ex presidente de Uruguay Juan María Bordaberry Arocena o el ex militar chileno Odlanier Rafael Mena Salinas, pero el hecho de que se investiguen y esclarezcan los asesinatos, desapariciones y torturas realizados durante la Operación Cóndor es un aporte al proceso de verdad, justicia y reparación exigido por las víctimas y sus familiares.
El juez aceptó el viernes que Italia, Uruguay y el Frente Amplio Uruguayo se personen como partes en el proceso y el Partido Democrático de Italia (PD) también ha anunciado que asistirá en el proceso y que, en caso de producirse finalmente el juicio, ayudará a las familias de las víctimas para que puedan asistir.

La lista de 23 desaparecidos que tenían nacionalidad italiana incluye a seis argentinos –dos secuestrados en Bolivia, dos en Brasil y dos en Paraguay–, cuatro ciudadanos chilenos secuestrados en el propio país, y 13 uruguayos desaparecidos en la Argentina.

Estos son los imputados por la fiscalía

Bolivia: general Luis Gómez Arce, jefe del Segundo Departamento de Inteligencia del Estado Mayor, entre 1979 y 1980, y el expresidente Luis García Meza Tejada.

Chile: Daniel Aguirre Mora, ex prefecto de la Policía; el general Sergio Víctor Arellano Stark (Caravana de la Muerte); el general Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda (DINA); el brigadier Pedro Octavio Espinoza Bravo; Carlos Luco Astroza; el coronel Marcelo Luis Moren Brito, el suboficial Orlando Moreno Vásquez, el coronel Hernán Jerónimo Ramírez, el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el excomandante del regimiento Tacna Luis Joaquín Ramírez Pineda, y el brigadier Manuel Vásquez Chahuán.

Perú: el expresidente Francisco Morales Bermúdez, Martín Martínez Garay, Germán Ruiz Figueroa, y Pedro Richter Prada.

Uruguay: los exmilitares Gregorio Conrado Álvarez Armellino, José Ricardo Arab Fernández, Carlos Calcagno Gorlero, José Horacio Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirre Garay, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Iván Paulós y Ernesto Avelino Ramas Pereira. Figuran también en la lista José Felipe Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Valentín Vázquez Bisio, el exabogado Juan Carlos Blanco y Ricardo Eliseo Chávez Dominguín.

La Justicia condenó a un total de 18 años de prisión al general Joaquín Ramírez Pineda, por la ejecución de dos escoltas del presidente Salvador Allende, Wagner Salinas Muñoz y Francisco Lara Ruiz, y a otros 18 años de presidio, por homicidio calificado y secuestro simple de Wagner Herid Salinas Muñoz y Francisco Urcisinio Lara Ruiz, ilícitos perpetrados en Santiago, en 1973.

El fallo de la jueza especial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Patricia González, sentenció al general Luis Ramírez Pineda a penas de 15  y de tres años de prisión por los homicidios de Wagner Salinas Muñoz y Francisco Lara Ruiz.

Ramírez Pineda era el comandante del regimiento Tacna, al que, tras el bombardeo y asalto al palacio de La Moneda durante el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, fueron llevados numerosos asesores de Salvador Allende y funcionarios de la Moneda capturados en la sede del gobierno.

Salinas Muñoz y Lara Ruiz pertenecían al equipo de seguridad, pero el día del golpe estaban en la ciudad de Talca por razones de trabajo y al enterarse de los hechos viajaron de inmediato a Santiago, pero fueron detenidos en la carretera por carabineros que los entregaron a militares, y finalmente llevados al regimiento Tacna.

Durante la investigación, señala el fallo, quedó establecido que Ramírez Pineda personalmente ordenó al capitán Luis Guillermo Mena, fusilar a dos personas, Wagner Salinas Muñoz y Francisco Lara Ruiz, cuyas cédulas de identidad incluso le entregó al impartirle dicha orden.

Wagner Salinas y Francisco Lara eran militantes del Partido Voluntario y, al igual que todos los miembros de la seguridad de Salvador Allende, ejercían esas labores de forma voluntaria.

Salinas, que profesaba la religión evangélica, habían sido además un destacado boxeador aficionado, varias veces campeón de Chile, campeón sudamericano y campeón latinoamericano del peso pesado.

Condenan a Ramírez Pineda por caso Caravana de la Muerte

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Patricia González Quiroz, condenó al general en retiro del Ejército Luis Joaquín Ramírez Pineda a las penas de 15 y 3 años de presidio efectivo, por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y secuestro simple de Wagner Herid Salinas Muñoz y Francisco Urcisinio Lara Ruiz, ilícitos perpetrados en Santiago, en 1973.

En la resolución (causa rol 2182-98), la ministra de fuero condenó al militar en retiro por su responsabilidad en la causa conocido como «Caravana de la Muerte. Episodio Curicó».

En la etapa de investigación, la ministra González Quiroz dio por establecido los siguientes hechos:

«Que efectivamente en los días posteriores al 11 de septiembre de 1973, se daba una situación excepcional en el país, y más aún en los regimientos, en que efectivamente había detenidos, específicamente ello ocurría también, en el Regimiento Tacna, cuyo comandante era el procesado Ramírez Pineda.

Y si bien su defensa alude a que su representado no ordenó detener ni matar, y si bien en parte, puede que así haya ocurrido, sin embargo, se hizo partícipe de dicha situación al tolerarla en la unidad a su mando, y aunque es posible que dentro del regimiento hayan actuado algunas unidades de inteligencia, como aduce la defensa, cuestión que tampoco ha sido comprobada fehacientemente, pero no obstante ello, la responsabilidad del Regimiento y de los acontecimientos y hechos ocurridos en su interior continúan siendo responsabilidad del Jefe del lugar, que lo era Ramírez Pineda, de allí entonces que no resulta ajustado a la realidad concluir que carecía del dominio del hecho.

Por otra parte, es del caso traer a colación, que, como ha quedado establecido, fue Ramírez Pineda, quien, personalmente ordenó al capitán Luis Guillermo Mena, fusilar a dos personas, Wagner Salinas Muñoz y Francisco Lara Ruiz, cuyas cédulas de identidad incluso le entregó al impartirle dicha orden. Razones todas las anteriores que son contrarias al argumento de la defensa en cuanto a que el acusado Ramírez Pineda carecía del dominio del hecho».

Por estos mismos hechos, el 27 de noviembre pasado la ministra González dictó sentencia absolutoria en favor de Carlos Enrique Massouh Mehech.