Perez Castro Carlos Hernan

 Carlos Pérez Castro medico oficial de la CNI participó en las torturas de los detenidos en Rancagua, También se ocupaba de emitir certificados médicos determinando “buena salud” de los detenidos después de las jornadas de tortura.

En Marzo de 1985, el Departamento de Ética del Colegio Medico lo condenó a un año de suspensión de sus derechos en el Colegio por su participación en la aplicación de tortura a Maria de los Angeles Sanhueza Ruiz, detenida e interrogada por la CNI en Rancagua a partir del 31 de Marzo 1982.

 

 

Cuando le pregunto a Fedor Sánchez Piderit si cree que podrá salir de la cárcel algún día, su mirada se pierde en la sequedad de los cerros que rodean el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1, donde permanece recluido. La pregunta no es fácil de responder, para un hombre que sufre el ensañamiento de la justicia militar, que lo condenó a cadena perpetua por un delito que no cometió. Ha pasado 13 años de su vida preso en los penales de Santa Cruz, Rancagua, Chillán, Concepción, Cárcel de Alta Seguridad y Colina 1. La esperanza, en esas condiciones, no es un ejercicio fácil. Sin embargo, Fedor plantea algo que lo explica todo: «hace muchos años que trabajo para la libertad y estoy preso por ello».

Su vida ha estado marcada por etapas difíciles. A los 15 años viajó al exilio en Hungría junto a sus padres. Fue un período complejo porque extrañaba mucho su país. Decidió regresar para luchar contra la dictadura y se trasladó a Cuba, donde se preparó militarmente junto a otros jóvenes chilenos. «Nuestro objetivo era derrotar a Pinochet y construir una sociedad más justa y libre para todos», señala. No obstante, el regreso a Chile tuvo una escala en Nicaragua, donde combatió a la «contra» financiada por Estados Unidos. «Fue una etapa dura pero hermosa de nuestras vidas, en la que entregamos todo por la libertad de un pueblo hermano», sostiene. En 1985, ingresó a Chile y se integró al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), donde luchó contra la dictadura. Permaneció clandestino hasta el 20 de marzo de 1991, cuando fue detenido por la policía civil.

Ese día comenzó otra historia para Fedor Sánchez. A pesar que durante los tres primeros días de detención sus captores no lograron que abriera la boca, ya el 21 de marzo fue sindicado en la prensa como el autor de la muerte del médico-torturador, Carlos Pérez Castro y su esposa. Reconoce que el Frente pensó «ajusticiar» al facultativo por sus vínculos con la Central Nacional de Informaciones (CNI) y que él realizó el trabajo de exploración inicial. Sin embargo, luego fue desvinculado de esa acción y trasladado a otra región del país. El 5 de marzo de 1991, un año después, se enteró por la prensa que Pérez había sido asesinado en Rancagua. Según dijo a Punto Final, ni él ni el Frente tuvieron responsabilidad en el hecho. La organización no dio la orden de ajusticiarlo. La acción fue realizada por un grupo que había sido desvinculado de la organización en 1989.

El hecho provocó gran conmoción, porque coincidió con la entrega del Informe Rettig, que contenía las violaciones a los derechos humanos en dictadura. «Caí en el peor momento. Fui despreciado por todos y catalogado como preso terrorista», sostuvo. Estaban dadas las condiciones para que la Corte Marcial lo condenara a cadena perpetua. Apeló a la Corte Suprema en 1994, pero ésta dictaminó que el recurso fue presentado fuera de plazo, con lo que quedó rematado. Luego, sólo el silencio y la soledad. No obstante, la derrota no pudo con él. En prisión ha realizado múltiples actividades: ganó un proyecto FONDART, lo que le permitió acceder a un pequeño procesador de texto, un par de diccionarios, papel y lápices. Creó las revistas «Incesto» y «Escombros Desnudos», que recogen las vicisitudes de la vida carcelaria. Enseñó a los demás presos las técnicas básicas de la orfebrería y actualmente tiene una microempresa donde trabajan fundamentalmente la madera. Esta sociedad le ha permitido ayudar económicamente a sus cinco hijos y recuperar algunas responsabilidades sociales: con su socio Jaime Celis son presos que pagan impuestos y dan trabajo a otros reclusos. De esta forma, preparan lo que ellos denominan «su regreso a la calle».

El 9 de diciembre pasado, la defensa de Sánchez presentó un recurso de revisión ante la Corte Suprema, con el objetivo que ésta anule la sentencia anterior. En la oportunidad, el abogado Fernando Becerra, fue acompañado por el vicario de la Pastoral Social, Monseñor Alfonso Baeza, quien ha estado permanentemente preocupado de la situación de los presos políticos, en particular del caso de Fedor Sánchez. Para el abogado, está claramente establecida la absoluta inocencia de su defendido y espera que el máximo tribunal repare lo que calificó como una ‘manifiesta injusticia’. Si por el contrario, el recurso es rechazado recurrirán a la Corte Interamericana de justicia.

Pero el caso de Fedor no es único. Son muchos los que entregaron todo en la lucha contra la dictadura y por la libertad de otros pueblos. Paradojalmente, en Chile siguen siendo perseguidos, encarcelados u obligados a vivir un exilio permanente. Un caso emblemático, es el de Galvarino Apablaza, jefe del FPMR detenido en Buenos Aires en un operativo conjunto de las policías chilena y argentina, que recordó la tristemente célebre Operación Cóndor.

Como planteó recientemente el economista Manuel Riesco, en Chile en el futuro se identificará la lucha democrática contra la dictadura con aquellos que combatieron con las armas en la mano. «Porque ellos sacaron la cara por la dignidad de todos nosotros. Ellos representan mejor que ninguno la única actitud digna que un pueblo oprimido puede tener siempre: luchar decididamente por su libertad por todos los medios a su alcance», manifestó.

Fedor Sánchez perdió su libertad por luchar por la libertad de muchos. Hoy tiene 47 años y sueña con abrazar a sus hijos en otro lugar que no sea la cárcel. «Para mí ha sido difícil, pero la que más ha sufrido con mi cautiverio es mi familia», confidenció a Punto Final.

Una sociedad visceral

Hace algunos meses salieron en libertad miembros del grupo Lautaro, incluido el líder de esa organización. Ellos enfrentaban condenas por hechos similares o más graves que los suyos ¿Por qué ese beneficio no se ha hecho extensivo en su caso?

«El poder judicial, el gobierno y los políticos de este país actúan en forma visceral. Fui involucrado en la muerte del médico- torturador Carlos Pérez y su esposa, ocurrida en una fecha muy cercana a mi detención. Como el hecho coincidió con la presentación del Informe Rettig, los eventuales autores fuimos rechazados por todos los sectores. Al comienzo los presos políticos de la dictadura, me acogieron como uno más de ellos. Luego todo cambió: me informaron que seguirían ayudándome, pero que no era considerado un preso político. Era la directriz de los encargados del Partido Comunista en la cárcel: había que aislarme porque era un preso terrorista.

Respecto del jefe del Lautaro, pienso que tuvo suerte de ser detenido en un momento en que las organizaciones armadas en Chile ya estaban prácticamente desarticuladas. En mi caso, por la conmoción pública del hecho, fue designado un ministro en visita, que me procesó y condenó por la Ley Antiterrorista a cadena perpetua. Esta ley me dejó fuera de cualquier posibilidad de aspirar a algún beneficio, a pesar de llevar 13 años preso».

Usted ha planteado que no tuvo participación en la muerte del doctor Pérez Castro. ¿Cómo se le vinculó al hecho?

«Es una paradoja. Fui apresado el 20 de marzo y al otro día aparecí en la prensa como el autor del ajusticiamiento. Al comienzo, cuando me interrogaron por ese caso sentí un alivio, porque tenía claro que no tenía ninguna participación en el hecho. Como pensé que no podrían probar mi participación en algo en lo que no intervení, me relajé y eso fue un error. Mi preocupación estaba enfocada en otros hechos en la zona de Talca, en los que sí tenía vinculación. Finalmente, en el proceso donde fui acusado de asociación ilícita y formación de grupos de combate, lo que yo asumo plena y responsablemente, fui condenado a cinco años. En el otro caso, donde no tuve participación, la ministra en visita pidió una condena de 15 años. A partir de ese momento, comienza un proceso de apelaciones, que en vez de favorecerme, aumentaron la condena a 25 años. Continué alegando mi inocencia, pero en el intertanto el caso fue pasado a la justicia militar. En la corte marcial, encabezada por el fiscal militar de la dictadura, Fernando Torres, fui condenado a cadena perpetua. Apelé a la Corte Suprema con un recurso de casación, pero se dictaminó que fue presentado fuera de tiempo. Con ello quedé rematado».

No obstante, su abogado presentó un nuevo recurso el 9 de diciembre ¿Existe alguna alternativa que efectivamente revisen su caso?

Han pasado 12 años y hay algunos compañeros que están dispuestos a testificar que no tuve participación en el hecho que se me imputa. Darán información importante que prueba mi inocencia. De hecho, quedará establecido que la información sobre Pérez Castro que entregué, fue destruida mucho antes de la acción. Por lo tanto, los autores del hecho no utilizaron esa información».

¿Quiénes fueron los autores reales?

«Uno de los autores fue jefe de un grupo del Frente en Rancagua y dos años antes del ajusticiamiento trabajó conmigo. En esa oportunidad, tomé la decisión de sacarlo de la organización, porque hicieron un asalto y se quedaron con el dinero. Se habían transformado en «peteteros» . Esta persona junto a otras dos actuaron por su cuenta, sin vinculación alguna con el Frente. De ellos, el único vivo es Pablo Vargas y también está preso. Él me contó que la madrugada del 4 de marzo iban en un vehículo por Rancagua y se cruzaron con el doctor Castro, que venía de una fiesta. Uno de ellos reconoció el auto y lo siguieron hasta su casa. Cuando se bajó a abrir el portón, lo mataron a él y su esposa. Actuaron sin ninguna planificación y yo me enteré por la prensa. Pablo Vargas siempre ha manifestado en todas sus declaraciones que yo no tuve ninguna participación en esa acción».

La vida: lo más importante

¿Cómo han sido estos 13 años en la cárcel? ¿Cuáles son los mayores costos?

«Cuando me detuvieron pensé en cuánto tiempo duraría. Comprendí que todo había cambiado para mí y que era necesario dar vuelta la hoja rápido. Tenía que vivir en cautiverio y planificar mi vida en función de los muros. Mi desafío comenzó a dibujarse en mi mente y en mi cuerpo: ¿qué hacer, cómo desarrollarme y crecer? ¿cómo poder vivir y disfrutar la vida aquí dentro, sin perder el tiempo? Concluí que la vida era lo más importante y eso me ayudó a superar esta durísima experiencia. Lo más difícil fue la soledad, no recibir ayuda de mis compañeros. También la Cárcel de Alta Seguridad fue muy dura. Allí permanecí cuatro años y medio en un verdadero cementerio viviente, al que sólo podían entrar familiares directos. A pesar de todo, he aprovechado bastante el tiempo y aprendido mucho. Podré contarle a mis nietos que estuve preso y lo haré con mucho orgullo».

Gran parte de su energía la ha dedicado al trabajo. ¿Cómo logró forjar la micro empresa de muebles que hoy le permite ayudar a su familia económicamente?

«Fue un proceso largo. Comencé haciendo joyas en alpaca, cosas en cuero y en cobre. Trabajé durante seis años produciendo anillos y cadenas de plata. Después sentí que las joyas eran suntuarias y llegué a la madera. La precisión micrométrica que se requería para trabajar las joyas me ayudó mucho para confeccionar muebles de mucha calidad».

Tengo entendido que en su empresa trabajan otros presos a quienes Ud. les ha enseñado a trabajar la madera. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

«Nuestro proyecto, más que un objetivo de subsistencia propia, tiene una visión político-social. Los revolucionarios siempre hemos tenido como centro lo social. En nuestro proyecto, el eje es el trabajo. Para ello, hemos formado en la cárcel los talleres marginales, que buscan organizar la marginalidad en función del trabajo. Cuando hablamos de marginalidad, nos referimos a los presos políticos y comunes, pobladores, minusválidos, homosexuales, lesbianas, indígenas, deficientes mentales, etc. Trabajamos con otros seis talleres más y tenemos una visión común de mercado. Hemos tomado algunas ideas del denominado comercio justo y de la economía sustentable. Queremos producir y vender los productos en la forma más directa posible, porque en el mercado los que más ganan son los intermediarios. Otro concepto que trabajamos es el del consumidor conciente. Vender un producto y hacer conciencia que al comprarlo se ayuda a generar más empleo y a superar la pobreza».

¿Tiene confianza en que logrará salir de la cárcel? Y si lo logra, ¿cómo ve su vida afuera?

«Yo vengo trabajando para la libertad, hace muchos años. Nuestro proyecto nació de una conversación con mi compañero de celda, Jaime Celis hace cinco años. Estábamos en plena huelga de hambre y nos preguntamos qué haríamos cuando estemos en la calle. Concluimos que nadie nos daría trabajo y que tendríamos que sobrevivir en esa verdadera selva humana que es el mercado. A partir de entonces comenzamos a crear las bases para nuestra salida. En la actualidad, Jaime tiene salida dominical y en enero saldrá con la diaria. Él se instalará con el taller afuera y se le unirán los que vayan saliendo».

¿Cómo han enfrentado el tema de la propiedad del taller? ¿Hay un dueño o representante legal?

«Aquí no hay patrones ni empleados. Somos un equipo de trabajo afiatado, donde no existe el concepto de propiedad. Hay dueños, sólo por una necesidad de carácter jurídica. Construimos en conjunto un instrumento que permitirá a Jaime y los que vayan saliendo contar con trabajo. Espero con ansias poder unirme a ellos en algún momento no muy lejano».

Los documentos de la inteligencia estadounidense describen a Jaime Guzmán como un “católico casi fanático” que tomó las violaciones a los derechos humanos como algo personal cuando se enteró de que el nuncio Sótero Sanz se sentía amenazado. Los informes de la CIA hacen también un seguimiento casi diario a lo que aconteció en Chile en los días posteriores al asesinato de Guzmán. Se temía que el siguiente blanco fuera Enrique Correa.

ntes de Wikileaks, las desclasificaciones oficiales de documentos del gobierno de Estados Unidos, aunque parciales, entregaron antecedentes importantes sobre la historia reciente. Entre éstos se encuentra un paquete de reportes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) referidos al fundador de la UDI, Jaime Guzmán, obtenido el año 2000 por el Nacional Security Archive. En él hay referencias tanto a los años en que se desempeñó como estrecho asesor político de Augusto Pinochet, como a los días posteriores a su asesinato, el 1 de abril de 1991.

El primer reporte de la CIA en que se menciona a Jaime Guzmán tiene carácter confidencial y data de febrero de 1976. El documento tiene largos párrafos tachados que dificultan su comprensión cabal, pero que de todas maneras permite sacar en limpio datos reveladores.

En él se relata que en enero de ese año el dirigente del MIR Nelson Gutiérrez se refugió en la Nunciatura Apostólica de Santiago. Según el informe de la CIA, hasta ahí llegó un agente de la DINA que exigió al nuncio Sótero Sanz que le entregara a Gutiérrez. El representante diplomático del Vaticano en Chile le advirtió que si se lo llevaba, el hecho se haría público internacionalmente. Ante la amenaza, el agente desistió.

El episodio habría sido relatado por el propio nuncio a Pinochet, quien de acuerdo al reporte le habría contestado que estaba preocupado por la situación de los derechos humanos y tomaría medidas para mejorar la situación.

Según el documento elaborado por la CIA, el nuncio se reunió también con Jaime Guzmán. Le mostró una carta que había enviado al Vaticano, donde expresaba temor por su vida y pedía que lo llamaran a Roma.

“Guzmán, que es un católico casi fanático, ahora siente que su deber es tanto garantizar la seguridad del nuncio papal en Chile como corregir los abusos de los que le habló el nuncio. Guzmán ha tenido varias conversaciones con (el ministro de Justicia) Schweitzer y con (el presidente de la Corte Suprema) Eyzaguirre para discutir formas de monitorear las mejoras en la situación de los derechos humanos”, dice el cable de la CIA.

El fundador de la UDI dijo a los agentes estadounidenses que un reciente decreto que en el papel garantizaba la vida de los detenidos era consecuencia de los esfuerzos de Schweitzer y Eyzaguirre. Sostuvo además que por primera vez Pinochet sentía que los abusos a los derechos humanos estaban socavando su gobierno y que una eventual renuncia del ministro y el presidente de la Suprema por su falta de acción, afectaría seriamente el apoyo civil que recibía.

Pese a esta supuesta preocupación por los derechos humanos, Guzmán no dejó de trabajar junto a Pinochet y los abusos continuaron. Sin embargo, unos meses más tarde se anotó un pequeño triunfo político, cuando Manuel Contreras fue sacado de la dirección de la DINA. Así se desprende del reporte de la CIA de noviembre de 1977, donde un informante cuyo nombre se encuentra tachado, pero a quien se identifica como un consejero de Manuel Contreras, señala que el dirigente gremialista fue el gran ganador con la remoción del director de la DINA (aunque el cable se equivoca y lo menciona como jefe de la CNI, el organismo represivo que sucedió a la DINA) y del secretario general de Gobierno, Hernán Bejares.

Como se explica en el documento, el cambio se leyó como el desenlace de una pugna entre los funcionarios duros y blandos de la dictadura. Estos últimos, entre los cuales se identificaba a Guzmán, buscaban que Pinochet tomara medidas frente a la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos.

Monitoreo de la CIA tras asesinato de Guzmán

Apenas dos días después del crimen de Jaime Guzmán, el 3 de abril de 1991, se emitió el reporte titulado “Asesinato alimenta la tensión política”, donde se analiza la difícil situación del país:

-El asesinato el lunes por terroristas de izquierda del prominente aliado del comandante en jefe Pinochet, alimentará la preocupación de la derecha sobre las políticas antiterroristas del Presidente Aylwin y exacerbará el debate sobre la estrategia de derechos humanos del gobierno.

Esto último tiene que ver con el Informe Rettig, que acababa de darse a conocer. Los estadounidenses creían que las presiones podían venir tanto desde la derecha como desde el socialismo, que cuestionaría la moderada estrategia de Aylwin. Además, se esperaba que Pinochet aprovechara de criticar al gobierno.

El documento hace notar que Aylwin decidió entregar las tareas antiterroristas a la policía en vez del Ejército, a pesar de que según los estadounidenses éste tenía una capacidad superior. La policía, en cambio, no tenía experiencia en antiterrorismo ni en inteligencia. Además, dice el reporte, Investigaciones estaba en una purga de corrupción y por lo tanto podía ofrecer poco apoyo.

Seguidilla de crímenes

El asesinato de Guzmán estuvo precedido de otros crímenes: el del doctor del Ejército y ex CNI Hernán Pérez Castro, en Rancagua, y el del prefecto de Investigaciones Héctor Sarmiento Hidalgo, en Concepción. El mismo 3 de abril, un segundo cable de la CIA explicaba que originalmente se creyó que los autores de esas muertes provenían de la extrema derecha, pero que el crimen de Guzmán hacía pensar ahora en que los culpables eran parte del FPMR disidente (que en 1988 se había separado del Partido Comunista al rechazar la orden de suspender las actividades militares) y de las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro (FRPL), dependientes del partido Mapu-Lautaro.

En el primer caso, la tesis original se sustentaba en que el asesinato se cometió antes de la entrega del Informe Rettig, en que la víctima no tenía demasiada relación con violaciones a los derechos humanos y en que el vocero del FPMR, Vassily Carrillo, había negado la autoría.

En el segundo crimen, al gobierno le parecía raro que el movimiento Lautaro atacara a un policía que no había estado involucrado en violaciones a los derecho humanos. Sin embargo, el Lautaro se adjudicó el crimen y análisis posteriores lo atribuyeron a dicho movimiento. El informe hace notar que el vocero de gobierno, Enrique Correa, hizo un llamado a “aniquilar” al Mapu-Lautaro para demostrar apoyo oficial a las desmoralizadas fuerzas de seguridad en Concepción. Sin embargo, la CIA hace un llamativo comentario final:

-Correa estaba extremadamente nervioso por hacer esos comentarios, pues existe una potencial amenaza en su contra por parte del Mapu/L; algunos de sus líderes fueron miembros del Mapu original, al que Correa perteneció antes de su división a comienzo de la década de 1980.

Políticos amenazados

Un reporte del 5 de abril de 1991 describe lo que pasó en el mundo político después del crimen de Guzmán. Jorge Arrate, entonces presidente del Partido Socialista, se dirigió rápidamente a La Moneda. Ahí se reunió con Aylwin y sus ministros Patricio Rojas (Defensa), Enrique Krauss (Interior) y Enrique Correa (Secretaría General de Gobierno). Ya en ese momento Aylwin sospechaba de alguno de los grupos de izquierda y recalcaba las similitudes con el asesinato del coronel de Carabineros Luis Fontaine, ocurrido en 1990. En la reunión, describe el cable, se discutió incluso la posibilidad de imponer Estado de Emergencia, lo que según esta versión fue rápidamente descartado.

Ese mismo día, a Arrate le avisaron que en una agencia noticiosa internacional habían recibido una amenaza de muerte en su contra y de varios otros destacados dirigentes políticos: el ministro de Educación, Ricardo Lagos, el secretario general del Partido Comunista, Volodia Teitelboim, y el embajador en la Unión Soviética, Clodomiro Almeyda. A través de otra fuente, los agentes estadounidenses se enteraron también de una amenaza a Germán Correa.

El informe enviado por la CIA el 9 de abril se refiere a la forma en que se estaba realizando la búsqueda de los asesinos de Guzmán. Aunque tiene muchos párrafos tachados que impiden conocer las fuentes de la información y que hacen perder parte del contexto, sí queda clara la tensión con que se debatía en el gobierno respecto de incluir o no al Ejército en la lucha contra la subversión.

De acuerdo al documento, la idea -presumiblemente de los propios militares- era involucrar en las tareas a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), lo que apoyaría los esfuerzos que desplegaba el general Jorge Ballerino –entonces jefe del Comité Asesor de Pinochet– para justificar los “excesos” en materia de derechos humanos cometidos durante la dictadura.

Un informante cuyo nombre está tachado sostiene que se buscaba demostrar que el gobierno debía adoptar políticas “antiterroristas” como las que llevó a cabo Pinochet. Esto, a su vez, ayudaría a reivindicar el trabajo realizado por el régimen militar y a relativizar las fuertes críticas a las violaciones a los derechos humanos que contenía el Informe Rettig, entonces recién publicado.

La supuesta “cumbre terrorista”

Los temores de la CIA respecto de que el asesinato de Guzmán pudiese haber sido el comienzo de algo peor, quedaron plasmados en el reporte del 11 de abril de 1991. Las tachaduras nuevamente dificultan la compresión del contexto de todo el documento, pero en él se señala que el gobierno tiene miedo de estar en el medio de un proceso de selección de blancos de importantes políticos por parte de la extrema izquierda. “Es solo cuestión de tiempo para que una vez más los terroristas ataquen a una figura importante del gobierno o la política”, advierte la CIA.

Se menciona además la preocupación por la actitud de Carabineros durante el Día del Joven Combatiente, el 29 de marzo de ese año, en la Villa Francia, en relación al actuar del FPMR y Mapu-Lautaro. Según la CIA, la policía permitió las manifestaciones de ambos grupos subversivos ignorando las advertencias del gobierno.

Otra tachadura impide leer las frases siguientes del documento, que vuelve a ser legible cuando menciona una “cumbre terrorista” en Villa Francia, en la que supuestamente participaron el FPMR, el Mapu-Lautaro y la facción militar del MIR. Ahí, dice el informe, se habría planificado el asesinato de Guzmán –cometido dos días más tarde–, por ser un símbolo de la dictadura, y del entonces ministro Enrique Correa, como un traidor de la izquierda.

Las investigaciones posteriores demostrarían que este antecedente recogido por la CIA era totalmente falso, pues el FPMR jamás coordinó acciones con el Mapu-Lautaro y el asesinato de Guzmán fue planificado y ejecutado bajo estricta reserva por la estructura militar más operativa del rodriguismo, dirigida por el comandante Ramiro (Mauricio Hernández Norambuena)

El terrorismo en Chile

Los documentos que mayor censura sufrieron cuando fueron desclasificados el año 2000 son los últimos que hacen referencia al asesinato de Jaime Guzmán. A pesar del tiempo transcurrido, quienes visaron el informe del 29 de abril consideraron que sólo un párrafo de las tres páginas podía hacerse público.

Ahí se lee que la CIA había recibido información de que los autores del crimen eran parte de una facción disidente del FPMR, infiltrada por el ex líder de la CNI, Manuel Contreras. El dato –que también resultó ser falso– es desmentido en el mismo reporte por una fuente cuyo nombre está tachado.

El último informe de la CIA dirigido al Departamento de Estado y la situation room de la Casa Blanca, también contiene sólo un párrafo legible. Enviado el 14 mayo de 1991, en él se analiza cómo era la seguridad al momento del asesinato de Jaime Guzmán. De acuerdo al documento, hacia fines de marzo de 1991 el crimen y el terrorismo no eran problemas políticos graves y que aunque los índices habían subido un poco, probablemente era una exageración.

Los grupos subversivos, dice el cable, sólo se convertirían en un problema grave si llegaran a contar con apoyo ciudadano. Durante la dictadura, agrega, la actitud de la gente fue ambivalente, porque si bien a las personas no les gustaba el terrorismo, lo veían como una forma de asestar un golpe al régimen. Muchas veces protegían subversivos, pero ese apoyo ya no existía en democracia. Los grupos subversivos eran, en ese entonces, muy pocos: “La amenaza de terrorismo ha cambiado drásticamente desde que el 1 de abril de 1991 fuera asesinado el prominente senador derechista Jaime Guzmán”, concluye el informe.

Con una misa en la Iglesia de Los Sacramentinos y acto solemne, los ex uniformados agrupados en Amigos y Familiares de Uniformados Civiles y Encarcelados y Procesados Políticos (AFUCEPP) y en la Corporación 11 de septiembre, oficializarán el día de los presos políticos y militares. En el acto harán un llamado para pedir la intervención de Piñera a su favor. 

La directiva de la AFUCEPP, anunció que desde este jueves 3 de marzo y en adelante, se celebrará el “Día de los presos políticos militares”. Para sentar las bases de la curiosa efeméride, la agrupación escogió la fecha para aprovechar de homenajear al mayor Carlos Pérez Castro, quien “junto a su esposa, fue vilmente asesinado por miembros del Frente Terrorista Manuel Rodríguez el día 3 de Marzo de 1991”, dice la invitación.

Cabe recordar que el mayor Carlos Pérez Castro fue médico del Ejército y fue acusado de participar en interrogatorios a detenidos desaparecidos siendo parte de la Central Nacional de Inteligencia, CNI, durante la dictadura. El 3 de marzo de 1991, a pocos días de cumplirse un año de la vuelta a la democracia, él y su esposa Anita Schlager Casanueva fueron asesinados en la carretera El Cobre, en las cercanías de Rancagua, por un grupo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

La actividad fijada para el mediodía y que contempla una liturgia en la Iglesia de Los Sacramentinos de Santiago, cerrará con un acto solemne en las cercanías del lugar, donde la directiva hará una lectura pública para proclamar “la Libertad de nuestros Presos Políticos Militares”. En este mismo acto, se contempla la petición para que Piñera acceda a intervenir por ellos. El evento, aclaran, no está asociado a ningún movimiento político o algo que se le parezca. Milicos 2.0 

El acto, convocado vía email y a través del sitio de la AFUCEPP, está organizado, entre otras personas por Wilfredo Finschi González, presidente (s) de la agrupación, que es también el administrador del sitio web con el que informan de las distintas actividades a sus seguidores. En el, se pueden leer peticiones por mejoras en las condiciones carcelarias para los militares presos por violaciones a los DDHH y columnas respecto a la actividad diaria que viven algunos en el penal Punta Peuco.

También una sección denominada “Desde Prisión”, donde hay una extensa carta del ex DINA Raúl Iturriaga Neumann y notas internacionales de militares en Latinoamérica que pasan por situaciones similares, según ellos. En su sección “Buen Chileno”, por ejemplo, Finschi González, corredor de propiedades, dirige sus dardos y critica a Piñera, al ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter y al gobierno. En uno de sus post, donde se hace preguntas del tipo: ¿Si esas manos fueran de mi padre? ¿Si esas manos fueran de su padre? ¿Si esas manos fueran sus propias manos? Finschi reflexiona -acompañando el artículo con una fotografía de unas manos entre rejas- sobre la situación de militares procesados, como el caso del también ex jefe de la Brigada Purén en dictadura.

En el texto Finschi llama a participar del acto de este jueves y hace un llamado: “Podemos liberarlos con su ayuda, participe de esta agrupación, venga a la misa y acto del jueves 3 de marzo, opine vote, divulgue el movimiento, somos millones los que en silencio agradecemos a quienes están presos dejando que unos pocos se hagan dueños de la historia y la verdad, propiciando odio y venganza cobrando a todos los chilenos grandes sumas de dinero por supuestas victimas”. Pero sin duda, algo que debe romperle las pelotas al gobierno, son las sugerencias de algunos de sus post, donde llama a los usuarios a presentar sus reclamos directamente a la Primera Dama, Cecilia Morel, al propio presidente Piñera y su ministro de Justicia, Felipe Bulnes, a través de los link de los sitios del gobierno.

“Ante una interrogante específica acerca de la corrección ética de examinar detenidos en un recinto secreto de la CNI, Pérez Castro contesta que no puede dar su opinión. Es médico del ejército y se ciñe estrictamente a la disciplina militar, según la cual una orden debe cumplirse y si se tiene alguna observación, esta debe representarse después de cumplida la orden.”

 

RIVAS, Francisco, Traición a Hipócrates. Médicos en el Aparato Represivo de la Dictadura. CESOC, Santiago, Chile, 1990.