Osorio Garardazanic Luis Alberto

En dos resoluciones en las que procesó a cuatro altos oficiales retirados del Ejército y a un civil, el ministro en visita con dedicación exclusiva para causas de derechos humanos Alejandro Solís dio cuenta de los episodios de Chihuío y Liquiñe en la precordillera de la Décima Región, dos de los más masivos en cuanto a número de víctimas de la represión durante la dictadura.

En Chihuío, unos 190 kilómetros al sureste de Valdivia, cerca de la frontera con Argentina, el 9 de octubre de 1973 fueron asesinados 17 campesinos por personal de los regimientos Cazadores y Maturana de Valdivia, cuyos comandantes eran los coroneles Santiago Sinclair (ex vicecomandante en jefe del Ejército y ex senador designado) y Jerónimo Pantoja Hernández (ex segundo hombre de la DINA), respectivamente. Por este caso, el juez Solís sometió a proceso por secuestro a Pantoja, hoy en retiro; al general (R) Héctor Bravo Muñoz, a septiembre de 1973 jefe de la IV División del Ejército con asiento en Valdivia y jefe de zona en estado de sitio; al entonces capitán Luis Osorio Garardazanic y a un civil.

Los cuerpos de los 17 campesinos fueron desenterrados por personal de Ejército a fines de 1978 y permanecen desaparecidos. El 17 de junio de 1990 se descubrieron las tres fosas en las que habían estado enterrados los campesinos, y sólo se encontraron pequeñas piezas óseas, lo que permitió confirmar las identidades de los campesinos.

Un día después, el 10 de octubre de 1973, un operativo de Ejército y Carabineros secuestró y dio muerte a 15 campesinos en la aldea de Liquiñe, a pocos kilómetros de la localidad de Neltume también en la precordillera. Por once de estas víctimas, Solís procesó en calidad de autor de secuestro al teniente coronel (R) de Ejército Hugo Guerra Jorquera. Según testigos de la época, estos campesinos fueron ejecutados sobre el puente del río Toltén y sus cuerpos lanzados al río. Por este caso, el juez Juan Guzmán procesó previamente al civil Luis García, dueño de las Termas de Liquiñe, que colaboró en los secuestros. Si bien el general (R) Sinclair no ha sido hasta ahora procesado por Chihuío, fuentes vinculadas a la investigación afirman que sí llegar a estarlo.

El capitán Luis Osorio y el sargento Luis Chavarría, ambos en retiro, fueron condenados por el ministro Alejandro Solís en el marco de la investigación de la desaparición de 17 personas en el sur de Chile el 9 de octubre de 1973.

Osorio fue condenado a 15 años de presidio como autor del delito de secuestro calificado cometido en contra de 16 personas y a otros tres años de reclusión por el delito de sustracción de menores perpetrado en la persona de Fernando Mora.

El otro condenado es el sargento en retiro Luis Chavarría, quien fue sentenciado a 10 años de cárcel como autor de los delitos de secuestro calificado en contra de cuatro personas.

La demora en la entrega del informe del órgano legista de estudios a restos hallados en 1990 motivó al tribunal de alzada capitalino revocar el fallo contra dos acusados de desapariciones en Valdivia.

La Corte de Apelaciones de Santiago anuló una condena contra dos uniformados porque el ministro Alejandro Solís no esperó los resultados de un peritaje que el Servicio Médico y Legal (SML) demoró demasiado en entregar.

El caso dice relación con la desaparición de 16 campesinos ocurrida en octubre de 1973 en la zona de Chihuio, en la Décima Región.

El juez Solís condenó en 2005 a 15 años de cárcel al capitán (r) Luis Osorio Garardazanic, por secuestro permanente, y tres años por sustracción de menores.

En tanto, el teniente (r) de Carabineros Luis Osses Chavarría recibió una pena de 10 años por cuatro desapariciones.

La segunda sala de la Corte de Apelaciones determinó revocar las sentencias pues Solís condenó a los uniformados sin esperar el informe del estudio sobre los cuerpos encontrados en 1990 en el cementerio de Valdivia.

El organismo -fuertemente cuestionado por los errores de identificación de los restos hallados en el Patio 29 del Cementerio General- señaló que recién en julio entregaría un informe preliminar.

El abogado Eduardo Contreras criticó que el accionar tardío de una repartición pública haya finalizado con la anulación de una condena por violación a los derechos humanos.

"Se ha anulado una buena sentencia del ministro sumariante, lo que devuelve todo a fojas cero, con grave daño para los familiares, con grave daño para la imagen de la Justicia, que tendrá que recorrer de nuevo un largo camino, y todo esto es imputable a un servicio del Estado", dijo Contreras.

El jurista llamó a las autoridades de Gobierno a asumir su responsabilidad en este tipo de hechos y a tomar las medidas que correspondan.

"Entonces queda claro una vez más que las responsabilidades no pueden ser solamente imputables a falta de estructuras y medios, sino que aquí hay una responsabilidad política muy grave, porque se trata de muchos años, más de 10 años, lo que ha estado pendiente este peritaje. Creo que es hora de que el Gobierno asuma sus responsabilidades, que adopte las medidas necesarias porque aquí en el fondo se ha denegado justicia por la desidia de un servicio público que mantenemos todos los chilenos".

Además, la resolución del tribunal de alzada capitalino impugna al juez Solís por haber condenado a mandos medios del Regimiento Maturana y no a los generales a cargo de la represión en la precordillera, Héctor Bravo Muñoz y Gerónimo Pantoja, ambos ya fallecidos.

La corte ordenó finalmente que otro juez dicte sentencia una vez que el SML entregue los resultados de las pericias solicitadas.

El día 15 de septiembre de1973 las Fuerzas Armadas, autoproclamadas en Junta Militar dieron a conocer la siguiente proclama, aquí una parte de aquella carta abierta: “Por ello, nada tienen que temer aquellos que tengan las manos limpias y la conciencia tranquila, porque es para ellos y para todos el fruto de este renacer esperanzado; […]

El día 15 de septiembre de1973 las Fuerzas Armadas, autoproclamadas en Junta Militar dieron a conocer la siguiente proclama, aquí una parte de aquella carta abierta:

“Por ello, nada tienen que temer aquellos que tengan las manos limpias y la conciencia tranquila, porque es para ellos y para todos el fruto de este renacer esperanzado; unidos fraternalmente, iniciamos por el rumbo luminoso de nuestra estrella el camino de la reconstrucción nacional. Se acabaron los temores, los sectarismos, las prédicas del odio y los atentados contra la dignidad del chileno”

Chilenos:

La luz de septiembre nos inunda de nueva esperanza. Campesino: ahí  está tu tierra liberada para que la fecundes con tu esfuerzo…”

No habían pasado dos semanas de aquellas palabras de mal aliento militar, cuando se va a producir una masacre que forma parte de la memoria del pueblo chileno, una más de una larga lista donde son los uniformados, los responsables directos.

Valdivia domingo 7 de octubre

Desde el Regimiento Cazadores de la ciudad de Valdivia, que por esos tiempos era responsabilidad del Coronel Santiago Sinclair. Salieron camiones militares con soldados, varios oficiales y tomaron rumbo a Futrono, zona campesina, pobre, bajo pretexto de aniquilar la posible resistencia campesina del sector. Los dueños de los fundos habían confeccionado una lista con nombres de campesinos, que según ellos constituían un peligro en la zona, eran rebeldes, se habían alzado, no acataban las órdenes y no querían escucha a nadie…eran indios.

La lista de los supuestos campesinos alzados e insurrectos, fue confeccionada por el latifundista Américo González Torres, en cuya propiedad se alojaron los oficiales a cargo de esta caravana militar.

En el reten de carabineros de Futrono, había seis campesinos detenidos que fueron subidos a los camiones y con ellos la caravana militar siguió rumbo a Curriñe y Chabranco, en total fueron diecisiete detenidos. El trato al que fueron sometidos empezó con violentos apaleos hasta sangrar, en algunos casos estando presentes sus propios familiares. En su mayoría eran de religión evangélica.

Lo accidentado del terreno, la lluvia, hizo que los camiones quedaran metidos en el barro, es por eso que la caravana tuvo que continuar su ruta a pie. Esos campesinos prisioneros amarrados unos con otros, insultados siempre mientras la lluvia cae inclemente, comienzan a cantar obligados por los oficiales, Capitán Luís Osorio Garardazanic, tenientes Lautaro Ortega, Luís Rodríguez Rigo-Righy, Patricio Keller Oyarzún, Marcos Rodríguez Olivares. Los prisioneros solo conocían sus cantos evangélicos, esos donde se pide ayuda y fuerza mirando hacia los cielos.*

Los oficiales ordenan que los campesinos sean amarrados de manos, para lo cual utilizan los alambres de colgar la ropa de la casa patronal de los González.

Los obligaron a correr, los oficiales dieron la orden, así descalzos, mojados y ya heridos, se caían y se volvían a levantar. Es entonces cuando el ruido de las balas va dejando su reguero de muertos. Pero no todo terminó allí.

Un grupo de esos militares se lanzó contra los cuerpos semihundidos en el barro, algunos aun vivos y pidiendo clemencia, sangrantes aún, y comenzaron a cortarlos en trozos, desgarrándoles, cortándoles los dedos, golpeándolos con las culatas de sus fusiles, quebrándoles las extremidades, dejándolos con sus huesos al aire. La sangre se confundía con la lluvia que caí intensa.

Algunos familiares de esos campesinos asesinados, tuvo la valentía de ir a buscarlos a la mañana siguiente. Allí estaban convertidos en un cuadro de horror que representa de manera exacta, la mentalidad militar, el valor patrio, cometidos por los que se dicen guardianes del alma de la civilidad.

En 1978 llegaron al mismo lugar de nuevo los militares, esta vez con palas y picotas, encontraron el lugar con la ayuda del terrateniente Américo González Torres, y los desenterraron. Los testigos confirman que las osamentas fueron metidas en sacos y desaparecieron…

“Desconozco totalmente lo que usted me pregunta (..) Carezco de antecedentes (..) Jamás tuve conocimiento de los hechos que se han denunciado, en consecuencia tampoco me cabe responsabilidad alguna en ellos”… (General Santiago Sinclair. Vice Comandante en Jefe del Ejército de Chile. 1990).

Corte Suprema dictó la sentencia definitiva por las ejecuciones de 17 trabajadores del Sindicato Campesino La Esperanza del Obrero del Complejo Agrícola y Forestal Panguipulli.
En fallo dividido, la Corte Suprema dictó sentencia en la investigación en el proceso conocido como caso Chihuío, correspondiente a los crímenes de 17 personas durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Los trabajadores asesinados el 9 de octubre de 1973 pertenecían al Sindicato Campesino La Esperanza del Obrero del Complejo Agrícola y Forestal Panguipulli.
En esta causa fue condenado el oficial de Ejército en retiro Luis Alberto Osorio Gardasanich, quien recibió una pena de 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor de los 17 homicidios calificados. En tanto, el oficial de Carabineros en retiro Luis Eduardo Osses Chavarría, fue sentenciado a 3 años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplice de 4 de los 17 secuestros calificado. Por su parte, el civil Bruno Esteban Obando Cárdenas resultó absuelto por falta de participación.

La resolución fue adoptada con el voto favorable de los ministros de la Segunda sala del máximo tribunal Jaime Rodríguez y Hugo Dolmestch, más el abogado integrante Alberto Chaigneau, en tanto los magistrados Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros estuvieron por la figura de la prescripción.

La misma sala, con el voto en contra del ministro Dolmestch y el abogado integrante Chaigneau, resolvió además desestimar el pago de una indemnización para los familiares de las víctimas por incompetencia del tribunal.

LAS VÍCTIMAS
La siguiente es la nómina de víctimas en el caso Chihuío: Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Rubén Neftalí Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, Rubén Vargas Quezada y Fernando Adrián Mora Gutiérrez.