Montalba Calvo Pedro Eduardo Gustavo

Rut:

Cargos:

Grado : Coronel

Rama : Ejército


El dolor y la esperanza de Paine

Fuente :25 de Febrero 2003 El Siglo

Categoría : Prensa

La localidad de Paine posee el triste record de tener el mayor número de ejecutados y detenidos desaparecidos en proporción a sus habitantes. Luego del golpe militar, allí operaron bandas de civiles, policías y militares, que dejaron una reguera de sangre y dolor, asesinado a campesinos de "asentamientos" nacidos con la Reforma Agraria. En Paine aún conviven víctimas y victimarios, bajo el manto de la impunidad y el olvido. En 1979, la Justicia Militar se encargó de sobreseer los procesos abiertos por los hechos de Paine en virtud de la Ley de Amnistía de 1978, aprobada por el propio general Pinochet para cubrir sus crímenes.

Luego de 29 años, la jueza María Estela Elgarrista se acerca a la verdad.

La Reforma Agraria iniciada en los años 1960 y acentuada bajo el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, permitió que muchas familias campesinas fueran beneficiadas con la asignación de tierras que, hasta entonces, pertenecían a un puñado de latifundistas. Así, los campesinos dieron vida a los "asentamientos", pero en Paine, como en el resto del campo chileno, el 11 de septiembre de 1973 volvió todo atrás. Bandas de civiles de extrema derecha, policías y militares cobraron "venganza", asesinando a dirigentes sindicales y campesinos "asentados". Los crímenes, la impunidad y el temor se extendieron por las pequeñas localidades de Paine, Hospital, Huelquén, Culitrín, Chada, Rangue, El Vínculo, Pintué y Laguna de Aculeo. Muchos campesinos y sus familias presenciaron cómo civiles de la zona guiaban a los uniformados por los "asentamientos" entregando nombres y, las más de las veces, participando directamente en la represión y crímenes.

Hace dos semanas, y luego de 29 años, la jueza de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Estela Elgarrista, citó a familiares y victimarios a diversos careos. Holanda Vidal, esposa del detenido desaparecido Cristian Cartagena Pérez, señala: "Fui citada con objeto de la querella por el secuestro y asesinato de mi esposo, desaparecido el 18 de septiembre de 1973. Nuestro objetivo es que se procese a los culpables: carabineros de la dotación de la subcomisaría de Paine y civiles, que actuaron en conjunto. Identifiqué a varios de ellos: sargento Retamal, cabo Ortiz, Albornoz y Víctor Sagredo; y a civiles: Darío González Carrasco, hoy comerciante, miembro de Patria y Libertad, y que reconoció que detuvo a mi esposo en la Casa Escuela de Chada donde vivíamos, llevándolo a la subcomisaría, a las seis de la mañana".

Los ex carabineros han negado su participación en los crímenes durante los careos, argumentando que "estaban de guardia". "Eso me produjo un schok con paralización de mis brazos, una crisis de llanto y angustia. Es terrible revivir todo lo que pasó, verlos tan cerca, su cinismo, su osadía de negar la verdad. Verlos tan soberbios, sin aceptar que lo que hicieron fue atroz. Son los primeros careos, luego de 29 años de denuncias, búsquedas y golpear puertas. Este paso se pudo dar por todo nuestro esfuerzo y trabajo como Agrupación. No hemos transado el juicio y castigo a los culpables, y que paguen con cárcel sus crímenes".

Después de los careos debieran venir los procesamientos. La jueza tiene una larga lista de civiles, carabineros y militares del Regimiento de Infantería de San Bernardo. "Uno de los asesinos es el teniente Magaña Baum, y entre los carabineros, el sargento Verdugo, un torturador que ahora se presenta como un anciano que no ha hecho nada", agrega Holanda Vidal.

"Todos los vieron"

Juan Maureira es hijo de René Maureira Gajardo, detenido desaparecido el 16 de octubre de 1973 junto a otros 22 campesinos de los asentamientos Campo Lindo, 24 de abril y Nuevo Sendero. Presidente de la AFDD de Paine, recuerda que en la represión y asesinatos también participaron militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo: "La jueza investiga cerca de 40 querellas presentadas ante el juez Guzmán. En Paine hay más de 70 víctimas, de las cuales aún están desaparecidos unas 40. Son los casos recopilados en el informe Rettig, pero otros nunca fueron denunciados. Presumimos que son alrededor de 100 los asesinados en Paine, la mayoría campesinos de asentamientos. La ministra en algún momento va a tener que procesar a los carabineros, civiles y militares implicados. Es lo que esperamos y lo que hemos pedido, que se haga verdadera justicia y podamos encontrar a nuestros familiares… Sabemos que el teniente Magaña tiene antecedentes de qué pasó con mi padre y otros 22 campesinos, entre otros casos. Él mató a nuestro familiares… Los carabineros han negado su participación, pero son los mismos que todavía viven en el pueblo. ¿Cómo lo van a negar si todos los vieron? Lo mismo ocurre con los civiles que actuaron. Paine es un pueblo chico".

Según los familiares jueza ha actuado con rigurosidad, cautela e inteligencia. Confían en los testimonios y declaraciones que ha logrado recopilar. Para ellos, todo apunta a que se procesará a algunos implicados. "A muchos, incluso, se les vio entrando a las casas. Hay un sinnúmero de antecedentes recopilados desde ese tiempo".

Hasta el momento, están conformes con la investigación y las diligencias realizadas por la jueza. Para ellos, es la primera investigación luego de 29 años sin conseguir justicia. Hasta el minuto se ha citado a civiles y carabineros, y se han desarrollado algunos careos: "Lo que nos da un poco de satisfacción porque nunca antes se había logrado hacer. Por el momento no hay procesados, pero la ministra sigue trabajando. Y así lo hemos podido corroborar", dice Juan Maureira. Mientras, la mayoría de los civiles y carabineros que asesinaron a los campesinos de Paine continúan viviendo en la pequeña localidad rural, en completa impunidad. "Hasta donde hemos podido ver, por primera vez se da una investigación como debe ser. Los criminales van a tener entregar información de lo ocurrido. Son los mismos carabineros, civiles y militares los que aparecen mencionados en la mayoría de los casos", concluye.

Asesinos de Paine

Carabineros

Nelson Bravo Espinoza, capitán; Raúl Ortiz Maluenda, sargento 2º; Carlos Aburto Jaramillo, cabo 1º; José Retamal Burgos, cabo 1º; Víctor Sagredo Aravena, cabo 1º; Reyes, sargento; Luis Jara, teniente de Pintué; y los carabineros Samuel Ahumada Cabello; Raúl Donoso Figueroa; Alamiro Garrido Ubal; Jorge González Quezada; Víctor Labarca Díaz; Eduardo Molina Armijo; José Piñaleo Pérez y Jorge Verdugo, entre otros.

Civiles

Hugo Aguilera, Fernando Aguilera, Francisco Luzoro, Jorge Sepúlveda, Tito Carrasco, Claudio Oregón, Darío González Carrasco, Luis Guerrero, Mario Tagle, Ricardo Tagle, Yule Tagle, Jorge Aguirre.

Militares – Escuela de Infantería de San Bernardo

Leonel Köening Alternatt, Director; Samuel Rojas Pérez, teniente coronel; Mario Morales Durán, conscripto; Andrés Magaña Baum, teniente; Pedro Montalba Calvo, coronel; Iván de la Fuente Sáez, mayor; Hernán Pizarro Collarte, mayor; Ciro Ahumada Miranda, mayor; Juan Carlos Nielsen Stambuck, capitán; Sergio Rodríguez Rautcher, capitán; Luis Cortés Villa, capitán; Víctor Pinto Pérez, capitán; Marcial Cobos Farías, capitán; Jorge Romero Campos, capitán; Luis Villarroel Contreras, capitán; Héctor Maturana Zúñiga, capitán; Luis Garfias Cabrera, capitán; Eduardo Silva Bravo, capitán; Sergio Valdivia M., capitán; y Julio Cerda Carrasco, capitán, entre otros.

 

 


Corte de San Miguel confirma sentencia condenatoria y sobresee por demencia a ex DINA por crimen de tres profesores de Linderos

Fuente :radio.uchile.cl, 27 de Octubre 2023

Categoría : Prensa

La parte querellante calificó como irregular dicha sentencia y anunció que presentarán un recurso de casación en los próximos días.

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel dictó fallo de segunda instancia en el proceso de los secuestros y homicidios de los profesores Hugolino Arias Navarrete, Víctor Galvez Norambuena y Nelson Medina Letelier, hecho ocurrido a partir del 1 de octubre de 1973, en la localidad de Linderos, comuna de Buin.

Las ministras María Carolina Catepillan y Liliana Mera San Miguel, y el ministro Patricio Martínez Benavides. confirmaron sentencia de primera instancia y condenaron al ex oficial de Ejército de la Escuela de Infantería de San Bernardo Jorge Romero Campos, a 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo como autor de los delitos homicidio calificado de los tres profesionales; y a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo a en calidad de autor de los delitos de secuestro simple, en grado consumado.

En resolución anexa, la Corte sobreseyó parcial y definitivamente por demencia al ex oficial de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena, quien había sido condenado en primera instancia a 15 años y un día, y 3 años y un día por los mismos delitos.

Faúndez Norambuena, ex agente de la DINA, fue jefe de la Sección II de Inteligencia de la Escuela de Infanteria de San Bernardo y, posteriormente, se integró a la DINA, llegando a ser uno de los jefes de la Brigada Purén, entidad responsable de la desaparición de un número importante de personas.

Además, el fallo aprobó los sobreseimientos por muerte de los militares Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau, Leonel Walterio Konig Altermatt, Pedro Eduardo Gustavo Montalba, Calvo, Víctor Raúl Pinto Pérez y Héctor Ubilla Castillo, todos integrantes de la Escuela de Infantería de San Bernardo e investigados en estos hechos.

La parte querellante calificó como irregular dicha sentencia y anunció que presentarán un recurso de casación en los próximos días: “En el aspecto penal estamos preocupados del sobreseimiento de Alfonso Faúndez Norambuena, y vamos a instar porque este sea revisado mediante recursos de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema. Hay diligencias que se han omitido por una parte y en este aspecto como querellantes queremos agotar cualquier posibilidad de duda, pues un sobreseimiento mal otorgado significa impunidad; y tristemente, han existido “errores” en determinar la salud de otros imputados por delitos de lesa humanidad -pensando en Augusto Pinochet y Sergio Arellano Stark, por nombrar algunos”, señaló el abogado Francisco Bustos, del Estudio Caucoto Abogados.

Del mismo modo, informó que presentarán otro recurso de casación en el aspecto civil, ya que a su juicio “el tribunal rebajó las indemnizaciones sin atender al daño causado, al daño irreparable que se provocó a estas tres familias y sin entregar argumentos suficientes para tal determinación”.

Bustos, recordó que esta causa se comenzó a ver en la Corte de San Miguel justo en momentos en que se cumplian 50 años del crimen de los tres profesores, lo que habla del tiempo transcurrido y que demuestra que “esta sentencia que presenta reparos que pueden significar impunidad, nos muestra que lamentablemente todavía queda un tramo más que discutir y que queda algún tiempo, mucho menor, pero queda todavía para estas familias que han esperado tanto”.

Hugolino Arias Navarrete (35), Víctor Omar Gálvez Norambuena (21) y Nelson Medina Letelier (23), fueron detenidos el 1 de octubre de 1973, una vez que se retomaron las clases tras el golpe militar. Su detención estuvo a cargo de personal de Carabineros de la comisaría de Buin, quienes lideraron el procedimiento en la escuela donde trabajaban los docentes, en la zona de Linderos, trasladandolos a dicha tenencia, desde donde fueron retirados por militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo.

Posteriormente, se les trasladó al campamento de prisioneros Cerro Chena, donde fueron torturados y ejecutados al día siguiente.

De acuerdo a la autopsia, sus cuerpos presentaban múltiples disparos en el pecho y sus cabezas, mientras que sólo los restos de Hugolino Arias y de Víctor Gálvez fueron exhumados, logrando comprobar sus identidades.