Molina Fuenzalida Joaquín

Rut:

Cargos: Segundo Brigada C2 Analista de la CNI

Grado : Teniente 1°

Rama : Ejército

Organismos : Central Nacional de Informaciones (CNI)

Año Fallecimiento : 1988


Los secretos de Manuel Contreras según Estados Unidos

Fuente :elmostrador.cl, 5 de Agosto 2015

Categoría : Prensa

Distintos reportes provenientes de agencias de inteligencia y la embajada en Santiago lo acusan de crear una Gestapo en Chile, de decir que la Operación Colombo era un montaje comunista y que en Chile no se torturaba. Además, dicen que presionó a la junta militar con revelar secretos del caso Letelier si su hijo era condenado por la muerte del ex oficial Joaquín Molina.

Más de mil documentos desclasificados por Estados Unidos en los últimos 15 años contienen, de uno u otro modo, el nombre de Manuel Contreras Sepúlveda, el antiguamente todopoderoso director de la DINA, que hoy se encuentra en grave estado en una habitación del Hospital Militar de Santiago.

De todos esos documentos, quizá el más famoso es un informe secreto del Departamento de Inteligencia de la Defensa (DIA), fechado el 8 de febrero de 1974, el cual se basa en información obtenida en forma colateral de un informante “bien ubicado en el gobierno y en posición de saber”.

Según el texto, “nada puede hacerse sin obtener la aprobación de la DINA” en Chile, agregando que en el país, en aquellos años, existían tres fuentes de poder: “Pinochet, Dios y la DINA” y que “ningún juez en ningún tribunal o algún ministro en el gobierno va a cuestionar algún tema si la DINA dice que ahora maneja ese asunto”. El informe aseveraba también que la DINA se había convertido en un poder “a ser observado”.

Tres meses después, el 10 de mayo de 1974, la DIA emitió otro informe, esta vez un reporte biográfico de Contreras, el cual detallaba, entre muchos otros detalles, que hablaba español, francés (regularmente) e inglés y que antes de 1974 había estado tres veces en Estados Unidos. La primera fue entre agosto y septiembre 1962, en un “viaje de orientación”. La segunda fue en 1966, cuando estuvo en la misión militar chilena en Washington, y la tercera entre septiembre de 1966 y septiembre de 1967, cuando participó en un curso de ingenieros militares, en Ft. Belvoir, en Washington.

El informe contenía además un detalle de su hoja de vida, con todos sus ascensos,  destinaciones y medallas, y señalaba que en la Academia de Guerra había sido profesor de estrategia e inteligencia. En el apartado sobre sus “preferencias”, señalaba que “disfruta del whisky escocés y de los cigarrillos americanos con filtro, ambos con moderación”. La celda relativa a “trabajos publicados” (es decir; libros, papers, monografías, etc.) estaba en blanco.

Después de aquello, la misma agencia (la DIA) confeccionó un extenso reporte fechado el 10 de abril de 1975, en el cual se comentaba acerca de “el creciente poder de la DINA”, organismo que –según allí se señalaba– esperaba construir un edificio de 24 pisos para albergar sus instalaciones.

De acuerdo a las fuentes de la DIA, “el presidente Pinochet ha dejado a la DINA como la única responsable de asuntos de subversión interna. Por ende, las demás agencias de inteligencia están obligadas a informar de inmediato a la DINA cuando hayan descubierto actividades subversivas dentro de sus servicios, y entregar los detenidos a la DINA”.

De acuerdo a la inteligencia militar de EE.UU., desde la fundación de la DINA en noviembre de 1973, a abril del 75, la agencia de Contreras había pasado de tener unos 1.500 funcionarios (“la mayoría de ellos personal militar en servicio activo”) a unos 2.000 miembros en forma permanente, “aumentados por cerca de 2.100 funcionarios civiles adicionales ubicados a través del país”).

Un informe de la CIA titulado “los tentáculos de Contreras” señalaba que hasta 1989, Contreras había tomado “precauciones extremas para proteger al presidente Pinochet de implicancias directas en la toma de decisiones/autorización de ese asesinato”, agregando que todos los documentos sobre ese crimen, así como los relativos al del general Prats en Buenos Aires, “fueron removidos por Contreras desde los archivos de la DINA”. A ese respecto, se indicaba que “Contreras hizo dos copias de cada documento, enviando uno a Alemania y uno a Paraguay, para almacenarlos a salvo, manteniendo en su poder el original, que tiene guardado en el sur de Chile”.

El texto relataba que esos 2.100 civiles formaban la llamada “Brigada de Inteligencia Ciudadana” (BIC) y que durante las operaciones estas personas trabajaban junto a los efectivos de la DINA en los arrestos.

La DIA aseveraba también que Pinochet había dado a Contreras todas las facilidades para armar esta policía secreta y citaba un ejemplo: “A fines de 1974, la DINA encargó a la Armada proveer un adicional de 40 mujeres/oficinistas a sus planillas. Cuando la Armada dijo que tenía falta de personal, la DINA contrató en forma independiente 40 mujeres civiles para trabajar en su organización y luego asignó a la Armada la responsabilidad de pagarles y alojarlas. Esta acción de mano dura supuestamente recibió la aprobación del presidente Pinochet”.

Al respecto, se indicaba que tanto la inteligencia naval como la de Carabineros habían aceptado de algún modo estas situaciones, pero no sucedía lo mismo con el Servicio de Inteligencia Militar (SIM), cuyo jefe de aquel entonces, el ahora muerto (por suicidio) general Odlanier Mena “se encuentra constantemente irritado por la actitud abrasiva del coronel Contreras y resiente la expansión de las actividades de la DINA en lo que consideraba los dominios del Ejército. Él y otros oficiales de varios servicios están preocupados por las tácticas ‘bárbaras’ empleadas por la DINA durante algunas operaciones”.

Además, se recordaba un hecho que pocos conocían en ese entonces: que desde la promulgación del decreto 521, que creó la DINA, “el coronel Contreras se reporta exclusivamente y recibe órdenes solo del presidente Pinochet”.

El comentario de los militares norteamericanos, al final del documento, decía que “el actual patrón de crecimiento de la DINA no es consistente con ninguna forma de control democrático o manejo de sus actividades. La aprensión de muchas altas autoridades chilenas respecto de la posibilidad de que la DINA se convierta en una Gestapo moderna perfectamente puede llegar a ser realidad”.

Así, los redactores del informe argumentaban también que “la autoridad del coronel Contreras es casi absoluta – sometida solo a un improbable veto presidencial–. El desarrollo de la DINA es un fenómeno particularmente perturbador”.

“No hay tortura”

La crítica de la DIA (cuyos efectivos fueron los principales ejecutores del intento de golpe de Estado de 1970, que culminó con el homicidio del general René Schneider) no era la única. La propia Agencia Central de Inteligencia, la CIA, se defiende hasta el día de hoy de las acusaciones respecto a que apoyaba a Contreras, esgrimiendo un informe desclasificado, de abril de 1974, que relata un almuerzo sostenido en Estados Unidos por Contreras  y altos funcionarios de la División Hemisferio Occidental de la CIA, en el cual se le dijo que “la agencia no puede proveer entrenamiento o soporte para ninguna actividad que pueda ser entendida como represión política interna. A este respecto, la agencia está muy complacida por la circular del Ministerio de Defensa Nacional, del 17 de enero de 1974, que entrega instrucciones para el manejo de prisioneros, que se ajusta a las normas de la Convención de Ginebra, de 1949. Esperamos que su gobierno continúe adhiriendo a esas normas”.

Lamentablemente, no es posible saber qué decía “la letra chica” de ese documento, pues los dos párrafos siguientes están borrados, lo mismo que la segunda página, tachada por entero.

Pese a lo anterior, la CIA sí proveyó entrenamiento a los hombres de Contreras, el cual se realizó en la antigua casa de “Volpone”, en el Cajón del Maipo, en un curso en el cual también rondaban otros buenos amigos de “Mamo”: alemanes de Colonia Dignidad, como se relata en este reportaje publicado el año pasado en El Mostrador.

En 1975 Contreras volvió a visitar Estados Unidos, en un reflejo de "la distorsionada visión de los líderes chilenos sobre su propia situación", según la CIA, dado que lo mandaron nada menos que a explicar al gobierno de Estados Unidos la posición de Chile respecto de los Derechos Humanos, ocasión en que Jaime Guzmán, su principal opositor al interior del gobierno, trató de convencer a Pinochet de que no enviara al jefe de la DINA, lo que no logró.

En agosto de 1975, para ser más exactos, un memorándum del Departamento de Estado dejó constancia de una conversación de “Mamo” con John Salzberg, funcionario de esa repartición. En ella, Contreras le dijo que “la historia de los 119 desaparecidos es un complot marxista”, señala el informe, aludiendo a la “Operación Colombo”, y que “la DINA solo tiene unos pocos cientos de prisioneros políticos. Ahora solo hace unos pocos arrestos por día y es la única agencia arrestando e interrogando prisioneros. No hay tortura, y no hubo mucha antes”.

Cabe mencionar que por las mismas fechas, según el Informe Hinchey, Contreras recibió un pago como informante por un supuesto error, algo que el ex jefe de la DINA siempre ha negado. El texto señala lo siguiente (aquí se puede leer el original, en la web de la CIA): “En mayo y junio de 1975, elementos de la CIA recomendaron el establecimiento de una relación contractual con Contreras para obtener información basada en su valiosa posición y acceso a Pinochet. Esta propuesta fue denegada, invocando la política del Gobierno de los Estados Unidos en lo referido a relaciones clandestinas con el jefe de un servicio de inteligencia conocido por sus abusos a los derechos humanos. Sin embargo, un malentendido en la planificación temporal de este intercambio hizo que llegara a Contreras un pago”.

La sucesión

Luego del crimen de Orlando Letelier en Washington, en septiembre de 1976, Pinochet hizo todo lo que pudo por sostener a Contreras. Una de sus principales medidas fue “reconvertir” la DINA, la que pasó a llamarse Central Nacional de Informaciones (CNI), en agosto de 1977, la cual inicialmente siguió al mando de Contreras, para el disgusto de Estados Unidos.

Un cable de la Embajada de EE.UU. en Santiago, de octubre de ese año, decía que pese a que una fuente norteamericana aseguraba que Contreras sería removido, “las indicaciones actuales señalan que permanecerá como cabeza de la CNI”, aunque “en septiembre, los líderes locales de la iglesia creyeron haber obtenido un compromiso de Pinochet de remplazar a Contreras”.

Asimismo, el documento aseguraba que “no hay un sucesor obvio para Contreras” y especulaba que un nombre podría haber sido el del coronel Jerónimo Pantoja.

El 3 de noviembre de 1977, Pinochet remplazó finalmente al “Mamo” y de ello quedó constancia en un cable de la CIA. Si bien este tiene toda su primera página tachada, la segunda detalla que a Pinochet se le había presentado evidencia de una serie de acciones irregulares de la CNI, entre ellas el secuestro de Víctor Fuenzalida, “líder de la organización de extrema derecha Patria y Libertad, quien fue secuestrado el 28 de octubre; reapareció el 30 de octubre drogado y desaliñado”. Según este relató a un oficial de la FACH, sus captores eran miembros de la CNI, que habían tratado de hacerlo confesar su complicidad “en una reciente ola de bombazos”.

El otro incidente que supuestamente colmó la paciencia del dictador fue, según la CIA, un intento de “copamiento” armado en la farmacia Bentjerodt, en el centro de Santiago, donde Carabineros logró detener a dos sospechosos, los cuales “mostraron identificaciones de la CNI y alegaron que ellos actuaban bajo instrucciones de la CNI, con el objetivo de crear un clima de ‘diversión’ en la capital”.

Por cierto, nadie siquiera supuso que Pinochet optaría por nombrar a la cabeza de la CNI a Odlanier Mena, un enemigo de Contreras, quien habría intentado envenenarlo, según se conoció hace pocos años.

Los tentáculos de Contreras

Ascendido  a general poco antes de ser enviado a retiro, a Contreras se le mantuvo sin embargo un importante aparataje de seguridad que buscaba evitar que fuera asesinado. Un ejemplo de lo primero es un informe de la CIA, de noviembre de 1986, en el cual un alto integrante del Partido Comunista informó a dicha entidad de inteligencia que, luego del fallido atentado en contra de Pinochet (dos meses antes), se había “autorizado al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) a planificar un segundo intento de asesinar a Augusto Pinochet Ugarte”. Alguien cuyo nombre está borrado, pidió además (se entiende que al FPMR) “un plan operacional para asesinar al general de Ejército retirado Manuel Contreras Sepúlveda”, aunque según la fuente de la CIA, el PC no autorizaría la ejecución de ambos atentados mientras “las condiciones políticas no parezcan apropiadas”.

No obstante, el real problema con el “Mamo” siempre fue que hablara y cuando más se temió ello fue cuando su hijo Manuel dio muerte al padre de su polola, el mayor de Ejército y ex funcionario de la CNI Joaquín Molina, el 29 de octubre de 1988.

Un informe de la CIA titulado “los tentáculos de Contreras” señalaba que hasta 1989, Contreras había tomado “precauciones extremas para proteger al presidente Pinochet de implicancias directas en la toma de decisiones/autorización de ese asesinato”, agregando que todos los documentos sobre ese crimen, así como los relativos al del general Prats en Buenos Aires, “fueron removidos por Contreras desde los archivos de la DINA”.

A ese respecto, se indicaba que “Contreras hizo dos copias de cada documento, enviando uno a Alemania y uno a Paraguay, para almacenarlos a salvo, manteniendo en su poder el original, que tiene guardado en el sur de Chile”.

No obstante, en momentos en que EE.UU. insistía en la extradición de Contreras por el magnicidio de Letelier, una fuente de la CIA sugirió que “Contreras tiene de rehén a Pinochet con respecto a su extradición y por las posibles acciones judiciales contra su hijo, Contreras Jr.”.

A ese respecto, la CIA señalaba que “Contreras Jr. no será encarcelado en una prisión chilena debido a su cercana asociación con el actual auditor general del Ejército, coronel Fernando Torres. Contreras Jr. fue asistente de Torres durante el periodo en que Torres era el jefe militar investigador de los arsenales descubiertos y del intento de asesinato de Pinochet”.

Por ello, especulaba la CIA, y por la información que Contreras hijo manejaba sobre grupos de izquierda, “a lo sumo, probablemente podría pasar tres años bajo custodia militar”

No obstante, la CIA tenía una mirada bastante menos ingenua del asunto y en un documento de enero de 1989 decía derechamente que Contreras padre “ha estado amenazando con revelar información considerada dañina para el gobierno chileno si su hijo Manuel Contreras Valdebenito es sentenciado a prisión por el asesinato del retirado mayor de Ejército Joaquín Molina Fuenzalida”.

De acuerdo a la Agencia Central de Inteligencia, “Contreras ha estado insistentemente urgiendo al miembro de la junta, teniente general Santiago Sinclair Oyaneder, por apoyo de la junta en este caso (comentario: se desconoce la reacción de los miembros de la junta a las amenazas de Contreras)”.

Según este reporte, Contreras Valdebenito “modificó el arma (usada en la muerte de Molina), por lo que hay una violación de la Ley de Control de Armas y Explosivos), y debería ser sentenciado por ese crimen, al menos”.


Operación Alfa Carbón: a días de la sentencia, preocupa posible impunidad de criminales implicados

Fuente :resumen.cl, 20 de Abril 2018

Categoría : Prensa

Preocupación existe entre amigos, compañeros y familiares de los 7 miristas asesinados en la Operación Alfa Carbón, conocida, tras su paso por Concepción, como la Matanza de la Vega Monumental. El juez a cargo de la investigación, el Ministro Carlos Aldana, de la Corte de Apelaciones de Concepción, se negó a procesar a gran parte de los implicados en los operativos y existe la presunción fundada de que a los dieciocho ex agentes formalizados se les dicten penas simbólicas, sin cárcel efectiva o con otros beneficios de impunidad. Todo ello, a ya 34 años de los crímenes.

El 23 y 24 de agosto de 1984 la dictadura ejecutó una más de sus aborrecibles matanzas que, como era su costumbre, presentaban ante el país como muertes en enfrentamiento. En aquella oportunidad, la CNI asesinó a 7 miembros del MIR -Luciano Aedo, Mario Lagos, Nelson Herrera, Mario Mujica, Rogelio Tapia, Raul Barrientos y Juan Boncompte- en las ciudades de Concepción, Los Ángeles y Valdivia.

Los crímenes cometidos con alevosía y sobreseguro por parte de efectivos de la CNI, contaron también con la cobertura y el respaldo de la prensa que reprodujo la versión de la dictadura.

Según se ha podido establecer judicialmente, desde comienzos del 84 la CNI había iniciado acciones de vigilancia y seguimiento sobre diversos miembros del MIR en las provincias del sur del país; esas acciones se inscribían en una gran operación de inteligencia llevada a cabo por la División Regionales de la CNI que dirigía el entonces coronel de ejército Marcos Spiro Derpich Miranda. En el curso de esas vigilancias la operación comienza a ser asumida por efectivos de la División Antisubversiva de la CNI, asentada en el Cuartel Borgoño de Santiago, que dirigía el mayor de ejército Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla quien traslada a una importante cantidad de contingente de sus brigadas operativas hacia la zona.

Afiche de denuncia de los familiares. Archivo de Resumen

En los hechos, la totalidad de los efectivos de la Brigada Azul, especializada en la represión al MIR, y que dirigía el capitán de ejército Aquiles Mauricio González Cortés, fueron movilizados hacia el sur. Pero también se trasladaron efectivos de la Brigada Verde, de la Amarillo, de la Café, de la Plomo y de la Especial, desperdigándose por todas las ciudades y pueblos del sur en equipos de vigilancia y seguimiento tras los pasos de los miristas. Estos equipos se sumaban a los efectivos de las plantillas locales de la CNI pertenecientes a las Brigadas Regionales de Concepción, Chillán, Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt. Se trataba del despliegue de un ejército para aniquilar a una entidad de resistencia que cuestionaba el control absoluto de la dictadura en el territorio nacional

Una vez que los jerarcas operativos hubieron determinado que ya tenían información y control suficiente sobre los militantes del MIR, los mandos superiores de la CNI y el gobierno dictatorial deciden dar el golpe represivo con el fin de aniquilar la actividad de la Resistencia en el sur. Esa decisión operativa incluía la orden de quienes debían ser ejecutados, quienes detenidos, quienes amedrentados, que casas allanadas y cuales objetivos serían conservados como señuelos para futuras acciones represivas.

La CNI denominó el operativo como "Operación Alfa Carbón". Al mediodía del 23 de agosto, en la intersección de las calles Grecia con Nápoles, en Hualpencillo, fue asesinado Luciano Humberto Aedo Arias. Pasadas las 16 horas, en la calle 21 de Mayo, en la Vega Monumental de Concepción, fue abatido Mario Octavio Lagos Rodríguez; allí mismo fue apresado Nelson Adrián Herrera Riveros, a quien trasladan hacia un descampado en el camino a Santa Juana, frente a la subida a Idahue, y ejecutado por los agentes CNI, luego entregan su cadáver en el Hospital Regional.

En Los Ángeles, alrededor de las 18 horas, al interior de su domicilio en la Población Orompello, fue asesinado Mario Ernesto Mujica Barros. En Valdivia, en horas del mediodía fueron apresados por agentes de la CNI los miristas Rogelio Humberto Tapia de la Puente y Raúl Jaime Barrientos Matamala; de inmediato los trasladan hacia el camino a Niebla y en un descampado, pasado el Puente Estancilla, son asesinados. Al día siguiente, en su domicilio en la calle Rubén Darío, de la Población Corvi, fue ejecutado Juan José Boncompte Andreu.

Las acciones represivas fueron comandadas desde Concepción por los jerarcas Derpich y Corbalán, quienes fueron secundados en el mando operativo por Aquiles González Cortés, Jorge Mandiola Arredondo y los ya fallecidos Joaquín Molina Fuenzalida y Francisco Zuñiga Acevedo. En Los Ángeles el mando operativo lo tuvo Krantz Johans Bauer y en Valdivia lo ejerció Patricio Castro Muñoz, ambos oficiales de ejército.
Pese a todos los antecedentes recabados, de los alrededor de 60 efectivos de la dictadura implicados en los brutales crímenes, solo 18 fueron procesados por Aldana, haciendo imposible, de esta manera, procesar judicialmente a la mayor parte de los involucrados en los hechos, pues luego de dictadas las sentencias por un ministro sustanciador, las instancias superiores sólo pueden referirse a aquellos que hayan sido condenados, o acusados o procesados. Si alguien no ha sido procesado, no hay forma legal de implicarlo aunque las evidencias sobren; por eso es que el no procesamiento es el equivalente a otorgar impunidad.

Si bien en algunas causas el ministro Aldana investigó y resolvió con cierta diligencia y eficiencia, también puede decirse que sus sentencias han sido simbólicas, cuando no directamente ridículas. Carlos Aldana se caracteriza por dictar condenas bajas, para delitos de lesa humanidad, con el agravante que, salvo alguna honrosa excepción, la Corte de Apelaciones de Concepción se ha caracterizado también por respaldar estas decisiones o fallos.

Es por estas razones que, a días de que el Ministro para causas de violaciones de Derechos Humanos, Carlos Aldana, dicte fallo en esta causa, los familiares tengan motivos de preocupación y de sospecha de que la sentencia pueda dejar impunes o con simbólicas condenas a ex agentes de la dictadura con probada participación en los criminales actos.


Corte de Coyhaique confirma proceso a ex médico del Ejército por DD.DD.

Fuente :Primera Linea, 14 de Mayo 2002

Categoría : Prensa

Por tres votos a uno, la Corte de Apelaciones de Coyhaique confirmó el sometimiento a proceso del ex funcionario de Ejército José María Fuentealba, implicado en la desaparición de tres personas en octubre de 1973.

La defensa solicitó la semana pasada la libertad del ex médico de la institución castrense, la que fue negada por el tribunal de alzada, y ahora decidió además someterlo a proceso.

Fuentealba participó en la comitiva militar que luego del golpe de Estado se trasladó hasta Río Mayo, en Argentina, para capturar a Juan Vera, Néstor Castillo y José Rosendo Pérez, que estaban retenidos por Gendarmería Argentina cuando escaparon a ese país en busca de refugio político.

La comitiva estaba compuesta -además del doctor Fuentealba-, por el capitán de Ejército Joaquín Molina, un carabinero de apellido Salinas y el suboficial Evaldo Reidlich Hains, según consigna el sitio www.memoriaviva.cl.

Los tres prisioneros fueron subidos a un vehículo con la inscripción del Hospital Regional de Coyhaique y trasladados en dirección a Chile, donde se pierde su rastro.

"Los militares les comunicaron que sus familias los esperaban en la frontera. Ya en el territorio chileno, la patrulla militar obligó al grupo a subir a una camioneta y emprendió el retorno hacia el campo de prisioneros Las Bandurrias. Horas después el vehículo llego al recinto militar. Solo viajaban en su interior los dos uniformados y el medico", agrega la información.

Este fin de semana se realizó una inspección ocular a la Reserva Forestal Coihaique del Cementerio El Claro, con la presencia de los procesados Evaldo Reidlich y Fuentealba, para verificar antecedentes que se relacionan con la causa.

El abogado Rafael Alvarado, defensor de Juan Vera, uno de los tres desaparecidos tras ser entregados a militares chilenos por gendarmes argentinos, adelantó que se ordenarían nuevas diligencias para identificar al resto de integrantes de la patrulla del ejército que participó en el hecho

 


Los orígenes del asesinato del general René Schneider Chereau 

Fuente :interferencia.cl, 18 de Octubre 2020

Categoría : Prensa

La conspiración para secuestrar al comandante en jefe del Ejército, que terminó en su asesinato en octubre de 1970, tuvo un origen remoto casi exactamente un año antes, en la rebelión del regimiento “Tacna”, que encabezó el general Roberto Viaux. En aquella oportunidad la conducta de los militares se disfrazó con el ropaje de un movimiento gremial, pero muy pronto salieron a la luz las verdaderas intenciones de quienes estuvieron detrás de ese levantamiento castrense.

Algunos dirigentes del derechista Partido Nacional efectuaron varias reuniones clandestinas con los dos movimientos militares que estallaron en 1969. Nunca se pudo indicar el número exacto de ellas ni tampoco la lista completa de los participantes. No obstante, resulta ilustrativa la actitud de Sergio Onofre Jarpa, Miguel Ángel Salazar, Mario Arnello, Engelberto Frías, Raúl Zillaruelo y Pío Cifuentes, cuando intentaron arrastrar al Grupo 7 de la FACh al movimiento del “Tacna” el día de los hechos. El entonces comandante del Grupo 7 de la FACh, coronel Fernando Matthei Aubel, hizo detener el 21 de octubre de 1969 a los mencionados personajes por pretender inducir a esta unidad al movimiento del regimiento “Tacna”, cuando intentaban convencer, mediante arengas, a los aviadores del Grupo 7 de apoyar la rebelión militar. 

Cinco años después, el general Carlos Prats comentaría este episodio en sus “Memorias”: El “acuartelamiento” del “Tacna” tenía una finalidad política clara, gestada en varios pasillos durante los meses inmediatamente precedentes. Oscuros personajes civiles y uniformados se prepararon para mover las piezas del tablero de ajedrez, usando a Viaux de peón de partida. El jaque mate que condujera al derrocamiento de Frei se habría logrado por la dinámica de los acontecimientos, si antes de 24 horas se hubieran materializado movidas maestras de otras piezas claves; pero la actitud del general Cheyre, por una parte –aunque pueda calificarse de pasiva, por la presunta falta de disposición de algunos mandos a sus órdenes para reaccionar coercitivamente contra sus compañeros sublevados-, la inmovilidad de la I.D.E. de Antofagasta por otra y, por último, la abierta disposición de la III D.E. para desplazarse en defensa del régimen constitucional, frustraron un conato golpista cuyo líder inicialmente visible habría sido Viaux, hasta que la seguridad del triunfo hiciera emerger a sus instigadores”.

Agitación en los cuarteles 

La supuesta actitud “gremialista” de los cabecillas del levantamiento de 1969 concitó un considerable respaldo en las filas de las Fuerzas Armadas, obligando al gobierno a satisfacer las condiciones exigidas por el general Roberto Viaux, las que fueron resumidas en el  “Acta del Tacna”. En los días siguientes se llamó a retiro al entonces comandante en jefe, general Sergio Castillo, y a seis oficiales generales. También se removió al ministro de Defensa, general (r) Tulio Marambio. Por antigüedad le correspondía asumir el mando del Ejército al general Guillermo Mahn, considerado por Viaux como el más apto. Sin embargo, el presidente Frei optó por la segunda antigüedad, el general René Schneider, quien se encontraba al mando de la  Quinta División de Ejército, con asiento en Punta Arenas. Las razones de su nominación nunca quedaron muy claras y provocaron diversas especulaciones.

Los uniformados descontentos que no fueron llamados a retiro por los sucesos del “Tacna” prosiguieron reuniéndose en las unidades y casinos militares. Un punto de encuentro fue el propio Hospital Militar, donde estuvo internado Viaux luego del acuartelamiento. Allí se establecieron nuevos contactos y se formaron más células que asistieron a un cónclave secreto en la calle Gay, en el antiguo barrio República de Santiago, donde concurrió más de un centenar de oficiales de la guarnición a deliberar sobre el acontecer político y escuchar un mensaje grabado de su líder ya marginado del Ejército. El general Viaux los instó a proseguir  la “causa militar” e impedir las elecciones presidenciales de 1970, que “descansaban en una corrompida e ineficiente institucionalidad”. Añadió que ninguno de los candidatos podría garantizar el orden y el progreso de la nación. El abierto llamado a realizar un golpe de estado para impedir las elecciones de septiembre próximo se expresó en una rápida propuesta sediciosa. Las relaciones con los rebeldes se mantuvieron a través de uniformados en retiro como el coronel (r) Raúl Igualt y el general (r) Horacio Gamboa.

Los conjurados empezaron a promover el golpe a través de los cuarteles castrenses. El teniente (r) Víctor Catalán  relató años más tarde que “la difusión de boletines y panfletos con información sediciosa, se concentró en la capital, en los casinos de oficiales y suboficiales de las principales unidades de la guarnición de Santiago, tales como los regimientos Buin, Tacna, Yungay, Andino y en la Escuela de Suboficiales, así como también en las bases aéreas de Colina y El Bosque”. Catalán, además, fue uno de los encargados de utilizar los medios facilitados por los dirigentes del Partido Nacional, al cual se incorporó como guardaespaldas de Sergio Onofre Jarpa y jefe de una brigada muralista de la candidatura presidencial de la derecha, Jorge Alessandri. En forma paralela redactó algunas columnas de opinión para el diario Tribuna, que fueron firmadas con el seudónimo de “Rusti y Rasti” o “Semáforo”.

Inicialmente, los complotadores planearon secuestrar a varias de las más altas autoridades del país: el  presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Corte Suprema, ministros de Estado y parte del alto mando de las Fuerzas Armadas que no se encontraba comprometido con la sedición. 

Mientras se realizaran los secuestros, grupos de comandos militares se apoderarían de La Moneda, el Parlamento y los Tribunales de Justicia, el aeropuerto y ciertas radioemisoras.

El descubrimiento de la conspiración por el gobierno, tuvo como principal protagonista a un detective que recibió la orden del entonces director de Investigaciones, Jaspard da Fonseca, de infiltrar a los uniformados, luego que los efectivos del Servicio de Inteligencia Militar, SIIM que detectaron la reunión de la calle Gay fueran reconocidos por sus compañeros de armas. En febrero de 1970 aquel detective ofreció a una célula de oficiales conspiradores su departamento para una reunión. Lo que allí se habló fue grabado secretamente y sirvió de evidencia para impedir el complot.

El 25 de marzo de 1970 fueron detenidos y requeridos ante la justicia militar el general  Horacio Gamboa, los capitanes Fernando Nieraad y Julio Sarría, y los tenientes Víctor Catalán y Jorge Morales, todos en retiro. También estaban involucrados varios oficiales activos, entre ellos el teniente coronel Edgardo Fuenzalida Verdugo; el mayor Jaime Beshler; los capitanes Raúl Droguett, Sergio Opazo, Guillermo Vaché, Florencio Fuentealba Aguayo, Carlos Fuentes, Rafael Piedra y Ricardo Muñoz; y, los tenientes Joaquín Molina Fuenzalida, Víctor Vergara, Mario Melo Pradenas, Gustavo Collao, Aquiles Navarrete, Winston Cock, José Vidal, Jorge Varela, Gustavo Latorre, Julio Flánega y Gustavo Sanhueza. Todos quedaron a disposición del Segundo Juzgado Militar. 

Por esos días, progresivamente, numerosos “nacionalistas” comenzaron a levantar la idea de una candidatura presidencial de Viaux. Entre ellos estaban Jorge Prat Echaurren, Mario Arnello, Sergio Miranda Carrington, Gastón Acuña Mac Lean y Juan Diego Dávila Bastérrica. Los nacionalistas, tras confirmar sus sospechas sobre el fuerte descontento militar, se lanzaron a la cooptación de líder del Tacnazo.

El 8 de febrero de 1970 un grupo de jubilados de la Defensa ofreció una manifestación de desagravio a Viaux en el Círculo Español. El discurso de agradecimiento lo pronunció el general (r) del Ejército, Héctor Martínez Amaro. Un nuevo homenaje se le hizo el 30 de mayo en la quinta “El Rosedal”, en el Paradero 18 de la Gran Avenida, sector sur de Santiago.

“La multitud ovacionó de pie la llegada a la mesa de honor de los oficiales procesados junto al general Viaux, a raíz del acuartelamiento del “Tacna”. En tanto, se daba lectura a una lluvia de telegramas y cartas, testimonios del apoyo nacional de la chilenidad al movimiento, Casi inmediatamente después ingresó al recinto el general Roberto Viaux, acompañado de su esposa, siendo recibido en medio de una indescriptible demostración de delirante entusiasmo. Luego el público, otra de vez de pie, en expresión de ferviente lealtad, coreó: Yo tenía un compañero…”. El relato está en la revista Octubre, de julio de 1970 en un artículo titulado “Grandiosa manifestación de homenaje al general Viaux”. La revista la dirigía Enrique Arancibia Clavel.

Viaux llamaba a una “revolución contra la demagogia y contra la minoría depredadora y parasitaria… contra el canibalismo político y social, alimentado paradojalmente, por quienes llevan siempre la palabra democracia entre los labios”. El general bosquejó su pensamiento político en dos discursos públicos en 1970 que fueron publicados por la revista nacionalista Tizona. El primero de ellos correspondía al discurso del Circulo Español, en febrero, titulado “El Ejército y el destino nacional”; el segundo fue la intervención de la Quinta “El Rosedal”, titulada “El pensamiento político del general Viaux”.

Tras las reuniones con Viaux, Héctor Martínez Amaro formó el Partido Popular Nacionalista. La mesa, que él mismo presidió, quedó integrada por Fernando Figueroa Rojas, Robinson Medina González, José Willow Briones, Carlos Carmona, Héctor González Cisterna, Raúl Labarca Carmona y Samuel Pérez Pérez. Todos eran ex oficiales y suboficiales de las ramas castrenses. Pocos días después empezaron a circular anónimos en contra del alto mando del Ejército y en la zona sur se distribuyó un boletín clandestino titulado “Mi sargento”, destinado a profundizar las diferencias entre oficiales y suboficiales.

La doctrina Schneider

A las seis de la tarde del viernes 24 de octubre de 1969, el general de brigada René Schneider Chereau -jefe de la Quinta División con asiento en Punta Arenas- fue notificado de su designación presidencial como nuevo Comandante en Jefe del Ejército. Tres días después asumió su cargo, tras una breve despedida del renunciado general Sergio Castillo Aránguiz. 

La ola de cambios y llamados a retiro de personal de Ejército, desatada por los sucesos del martes 21 de octubre -el "acuartelamiento" del Regimiento Tacna -, afectó también al ministro de Defensa Nacional y a diez generales. El general (R) Tulio Marambio dejó la cartera y el presidente Frei designó al ingeniero Sergio Ossa Pretot. 

El movimiento del “Tacna” se inició el 21 de octubre, con la auto nominación del capitán Víctor Mora como comandante del regimiento, cargo que entregó luego al general (r) Viaux. De inmediato, el general Emilio Cheyre instaló las fuerzas leales al gobierno frente a la unidad sublevada, unos dos mil soldados de la Guarnición de Santiago. 

Sólo entonces comenzaron las negociaciones entre La Moneda y el "Tacna", encabezadas por el general Mahn, comandante de la Guarnición de Santiago, y el subsecretario de Salud, Patricio Silva. Viaux pedía a través de conferencias de prensa, la renuncia de Marambio y Castillo para deponer su rebelión.

En La Moneda, en tanto, entraban y salían ministros, parlamentarios, dirigentes políticos y estudiantiles para conocer los hechos que tenían alarmada a la población. A las cuatro de la mañana del día 22 el gobierno anunció el término del conflicto y, después de difundirse una declaración pública, Viaux entregó el regimiento al general Mahn. 

Viaux firmó dos documentos. El primero, de ocho puntos, llevó también la firma del general Mahn. El segundo, que suscribió con el subsecretario Patricio Silva, se refirió al acatamiento de Viaux a la autoridad del presidente de la república, a la renuncia del ministro Marambio, a una urgente mejora económica para las FFAA. y a un proceso único para todos los oficiales comprometidos en conjura. 

El 27 de octubre se inició el trámite legislativo del proyecto de remuneraciones de las FF. AA., Carabineros e Investigaciones, que sería solventado con diez aumentos en otros tantos impuestos  directos o indirectos. En noviembre se informó al personal que los reajustes oscilarían entre un 68 y un 106 por ciento y que entraban en vigencia el primero de enero de 1970. 

Ni aun este indicio de preocupación gubernamental por el presupuesto de las FFAA. (se acababa de aprobar el "Plan Schneider' de adquisición de material para el Ejército) calmó los brotes insurgentes. Volvieron a encenderse con la publicación de una carta de Viaux en que acusaba al comandante en Jefe de no cumplir las "Actas del Tacna", desmentida severamente por el general Schneider, quien reveló al presidente la existencia de un plan conspirativo a menos de dos meses del primer intento fallido. 

Tras este segundo intento sedicioso, Schneider se dedicó a "restaurar la norma de no deliberación institucional”. Sus resoluciones calmaron las inquietudes en los cuarteles. La actitud de Schneider, de sujeción al poder civil legítimo, y su resuelto compromiso con la defensa el régimen constitucional es lo que casi un año después, el 25 de octubre de 1970, el presidente Salvador Allende llamó "la Doctrina Schneider".

por Jorge Schindler Etchegaray

(*) Presidente de la Corporación Memorias del Bío Bío. Este artículo es un extracto del libro “Conspiraciones y asesinatos de la ultraderecha chilena. 1969 – 1976”; Al Aire Libro Editorial; de muy pronta publicación en la Región del Bío Bío. Schindler contó con la colaboración del director del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción, Mario Valdés, y del profesor de esa misma unidad académica, Danny Monsálvez. El autor es también el protagonista del libro “La lista del Schindler chileno”, LOM Ediciones, 2014, del periodista Manuel Salazar, redactor de INTERFERENCIA.


Las vueltas de Marcos Derpich, el último ex jefe CNI que eludió la cárcel con el suicidio

Fuente :biobio.cl, 19 de Marzo 2024

Categoría : Prensa

Marcos Derpich jugó todas las cartas para evitar pagar sus culpas por la Operación Alfa Carbón. Ordenó directamente la muerte de militantes del MIR en dictadura. Estiró el proceso por años, pero hace dos semanas la Suprema lo declaró culpable de forma definitiva. Intentó desviar la responsabilidad en dos figuras: Álvaro Corbalán, otro ex CNI conocido que ya tiene más de 100 años de cárcel a su haber; y también en el mayor Joaquín Molina, más conocido como el marido de la comediante Gloria Benavides, quien murió en 1988 baleado en una fiesta a manos del hijo del exjefe de la DINA, Manuel "Mamo" Contreras. Este lunes, cuando la PDI llegó a su puerta para encerrarlo, ya no estaba. Sin salida, a unas cuadras de su domicilio se quitó la vida.

—¡¡¡Compruébenme algo!!!

Marcos Spiro Derpich Miranda (85), alías El Gitano, tomó su teléfono y se puso a grabar. Era 22 de noviembre de 2018. Estaba con amigos tomando un café en los alrededores de Tobalaba, en pleno Providencia. No estaba lejos de su domicilio en calle El Vergel.

No lo sabía en ese momento, pero frente a él estaba un grupo de la “Comisión Funa”, quienes —como se puede inferir por su nombre— funan a los objetivos que se proponen. Esta vez se habían fijado en él, un brigadier (r) del Ejército con extensa trayectoria en la Central Nacional de Informaciones (CNI), el principal aparato represivo de la dictadura, donde fungió como vicedirector y jefe de la división Regionales.

En lugar de regresar a su departamento entre abucheos, decidió encararlos, aunque con un rostro que desprendía entre molestia y sorpresa. Se gritaron de lado y lado.

Por ese entonces, tenía en contra un fallo de primera instancia. El ministro en visita Carlos Aldana lo declaró culpable, junto a Álvaro Corbalán y otros agentes, y lo condenó a 25 años de cárcel: 20 años de presidio como coautor de homicidios calificados y 5 años y un día como coautor de asociación ilícita.

Todo en el marco de la denominada Operación Alfa Carbón, desarrollada entre el 23 y 24 de agosto de 1984, y que permitió la matanza de militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

En comparación a su camarada Corbalán, Derpich había corrido con “suerte”. Por ejemplo, en 2009 fue absuelto de un caso de secuestro por falta de participación. Mientras que Corbalán, por su parte, tiene a su haber una cadena perpetua, además de otras condenas, por las que suma más de 100 años de cárcel.

Probablemente con esa autoconfianza encaró a los funadores de vuelta. E incluso pagó a su favor la situación. Según voces que estuvieron presentes, la encargada del local le sirvió un café de cortesía por el “mal rato”.

No se sentía culpable de nada. Cinco años después de ese episodio, el escenario cambió. La justicia dijo lo contrario.

RIP

—Tiene que ser despachado.
—Confirme la orden.
—RIP.

Si bien en abril de 2009 zafó de un caso de secuestro, en septiembre de ese mismo año la justicia volvió a la carga. Por ese entonces inició el proceso del ministro Aldana.

Durante la marcha, la investigación arrojó que Derpich fue uno de los principales jefes a cargo de la Operación Alfa Carbón, junto con Corvalán y el mayor Joaquín Molina, entonces analista de la CNI, más conocido como el marido de la comediante Gloria Benavides, quien murió en 1988 baleado en una fiesta a manos del hijo del exjefe de la DINA, Manuel “Mamo” Contreras.

Según estableció la justicia, para exterminar a los siete miristas a los que habían seguido la pista, los equipos se trasladaron a Los Ángeles, Concepción y Valdivia. Previo al 23 y 24 de agosto de 1984, se reunieron en el cuartel de la CNI en Avenida Pedro de Valdivia, en la capital del Bío Bío.

Desde allí se coordinaron los homicidios de Nelson Adrián Herrera Riveros, Mario Octavio Lagos Rodríguez, Luciano Humberto Aedo Arias, Mario Mujica Barros, Juan José Boncompte Andreu, Rogelio Tapia de la Puente y Raúl Jaime Barrientos Matamala.

El operativo partió la mañana de ese jueves 23. En la icónica Plaza El Ancla de Talcahuano, frente a donde hoy está la Bentoteca de la comuna puerto, los agentes detectaron a tres miristas: Herrera, Lagos y Aedo.

Tras percatarse, decidieron huir en bus. Los captores iban con armas de fuego y hasta un fusil AK-47. Aedo enfiló en un bus en dirección a Hualpencillo —hoy comuna de Hualpén, antes Talcahuano— y los otros dos también, pero hacia Concepción.

El primero, cuando se bajó, intentó huir a pie. Pero a eso del mediodía, en la esquina de las calles Grecia con Nápoles, uno de los agentes le disparó con su arma de fuego. Acto seguido, otro CNI se acercó con el AK-47 y le disparó una ráfaga directamente en la espalda.

Otros CNI siguieron a Herrera y Lagos. Por el camino se coordinaron con Carabineros para interceptar el bus, que aislaron la intersección de la Avenida 21 de Mayo con Mencia de Los Nidos, frente a la Vega Monumental. Allí los agentes le ordenaron a los pasajeros bajarse, pero varios se negaron, incluidos los miristas a bordo.

Acto seguido, lanzaron bombas lacrimógenas para obligar a bajar a los pasajeros. En el intertanto, los agentes lograron dispararles a ambos. Lagos intentó huir, pero corrió la misma fuerte que Aedo: lo mataron con el fúsil. Herrera, en tanto, fue capturado.

José Abel Aravena Ruiz, alias “El Muñeca”, junto a otros CNI, lo tiraron a uno de sus vehículos y lo llevaron al Hospital Regional penquista. Por el camino, este último recibió una orden radial de Derpich. El detenido no podía llegar vivo al centro asistencial y debía ser eliminado.

—Tiene que ser despachado —ordenó Derpich.
—Confirme la orden —le pidió “El Muñeca”.
—RIP.

Nadie cuestionó el mandato y se desviaron al sector Idahue, al inicio del camino a Santa Juana. Luis Andaur Leiva, alias “Caviedes”, lo tiró al suelo, le puso un pie en el pecho y le disparó con su revolver, a dos centímetros de la frente. Lo mató al instante. Aún esposado, retomaron la ruta y lo dejaron abandonado en la urgencia del Hospital Regional.

CONFIRMACIÓN SUPREMA

Para la funa en 2018, aún faltaba mucho camino por recorrer. El fallo de la Corte Suprema tardó, pero llegó. Hace dos semanas, el 4 de marzo pasado, el máximo tribunal confirmó los 25 años de presidio para Derpich y otros 14 ex agentes de la CNI.

Tras repetidos intentos por evitarlo, ya no quedaban más salidas judiciales. Quienes conocieron de cerca el proceso, subrayan que en todo momento su defensa intentó culpar al fallecido Joaquín Molina o a Corbalán. Mientras que este último se limitaba a decir que su rol fue de apoyo a Derpich, quien fungía como encargado en regiones.

Las mismas fuentes confidencian que la figura de Derpich es una muestra de las limitaciones que han tenido las investigaciones de estos casos fuera de la región Metropolitana, pues en regiones se registraron una serie de casos de violaciones de derechos humanos, pero pocas veces ha sido posible sustentarlos con pruebas suficientes. Por ello es probable que Derpich se haya beneficiado de esa “suerte”, al contrario de lo sucedido con figuras como Corbalán.

Durante la semana pasada, fue formalmente notificado de la condena. Por ende, no quedaba más camino que efectivamente ir a la cárcel.

Tras la confirmación de la Suprema, el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, envió la respectiva orden de detención a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI.

Por eso es que la mañana de este lunes llegaron hasta su domicilio en Providencia. Sin embargo, no lo encontraron y los efectivos policiales fueron recibidos por su hijo.

Para entonces, Derpich se había desplazado en su auto hasta la calle Juan de Dios Vial Correa, en plena Plaza Las Lilas, a pocas cuadras de su departamento en El Vergel. En el intertanto, su familia se había percatado de una carta de despedida, en la que precisamente les indicó que se iba a encontrar en ese lugar.

Así fue como la PDI y sus cercanos llegaron juntos hasta allí, donde lo encontraron a bordo de su auto con un tiro en la cabeza. De acuerdo a lo señalado por el fiscal de flagrancia, Luis Jaramillo, y el subprefecto Juan Luis Fonseca, jefe de la BH Metropolitana, en el lugar no había indicios de la intervención de terceras personas. Se suicidó.