Garea Guzmán Eduardo

Declaraciones de ex agentes procesados aportan nuevos antecedentes en la causa.

Uno de los 48 ex agentes de la DINA procesados por el secuestro y homicidio del dirigente comunista Víctor Díaz, confirmó el uso de gas sarín como método de tortura y muerte en el denominado caso Calle Conferencia.

Durante la apelación para revocar el auto de procesamiento del ex agente Eduardo Garea Guzmán, el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) dio a conocer algunos antecedentes recopilados en el expediente secreto de la causa, basados en la declaración de varios de los ex uniformados procesados.

Uno de ellos señala que en un cuartel ubicado en La Reina, varios de los dirigentes del Partido Comunista retenidos en el reducto para ser interrogados fueron víctimas de experimentos realizados por especialistas químicos que utilizaban gas sarín para torturarlos y, en algunos casos, darles muerte.

Si bien Víctor Díaz, líder comunista y padre de la actual vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz, habría muerto asfixiado con una bolsa de plástico en su cabeza, tras recibir una inyección de cianuro, no se descarta que haya sido una de las víctimas de este método de tortura.

Nuevos datos

Según el CDE, otros ex agentes declararon que a partir de la "Brigada Lautaro" se formó la unidad denominada "Brigada Purén", que habría concretado la detención de Víctor Díaz. El ex agente civil de Ejército Eduardo Garea habría sido un activo integrante y brazo derecho de un alto mando de la época.

Finalmente, otro ex DINA confirmó que todas las mujeres procesadas eran agentes operativas y no secretarias, como argumentan sus defensas.

La secretaria general del Partido Comunista, Gladys Marín, señaló que "esta es una señal clara de que los tribunales de justicia están funcionando", pero sostuvo que "lamentablemente aún falta procesar a Pinochet. Este es un primer paso y confío en la investigación que lleva el juez Guzmán".

 La secretaria general del Partido Comunista, Gladys Marín, destacó la resolución adoptada por el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia de someter a proceso a cinco ex agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Indicó que este dictamen es un avance significativo para resolver los procesos por violaciones a los derechos humanos perpetrados durante el gobierno militar. 

La dirigente señaló que "esta es una señal clara de que los tribunales de justicia están funcionando", pero sostuvo que "lamentablemente aún falta procesar a Pinochet. Este es un primer paso y confío en la investigación que lleva el juez Guzmán". 

"Aquí tiene que haber justicia, porque la justicia es justicia. Aquí debe haber un castigo para los culpables". El ministro de fuero, Juan Guzmán Tapia, resolvió el martes someter a proceso al ex director de la disuelta Dina, general (r) Manuel Contreras, por el secuestro calificado de la cúpula del Partido Comunista, ocurrido en mayo de 1976 y que se conoce como el caso "Calle Conferencia".

También ordenó el procesamiento de los ex agentes de ese organismo Osvaldo Pincceti, Ricardo Lawrense, Eduardo Garea Guzmán y el coronel (R) Marcelo Moren Brito. 

En todo caso, el magistrado desestimó encargar reos "por ahora" al desaforado senador Augusto Pinochet; al mayor (r) Miguel Krassnoff Marchenko y el mayor (r) Fernando Laureani. 

En este caso, objetó de la primera querella criminal en contra de Pinochet presentada el 12 de enero de 1998, actualmente se encuentran desaparecidos, el ingeniero Jorge Muñoz, esposo de la secretaria general del Partido Comunista, Gladys Marín; Mario Zamorano, Uldaricio Donaire, Elisa Escobar, Jaime Donatto, detenidos en calle Conferencia. 

La decisión del juez fue también por el secuestro calificado del ex diputado del PC, Bernardo Araya y su esposa Olga Flores y el ex secretario general de la colectividad Víctor Díaz, ocurrido en abril de 1976.

En ambos episodios las detenciones las efectuó personal de la división "Caupolicán" de la DINA, en momentos que participaban en una reunión clandestina.

La información entregada por el Presidente de la República a los Tribunales de Justicia permitió conocer los nombres de decenas de personas hasta ahora consideradas desaparecidas.
Los nombres de cerca de 60 personas, hasta ahora consideradas detenidas desaparecidas, han sido informados hasta el momento a sus familiares por parte del equipo que conformó el Gobierno para analizar los antecedentes que proporcionaron a la mesa de diálogo las Fuerzas Armadas, entidades religiosas y morales que participaron en ella. La siguiente es la lista con estos nombres:

Andrés Pereira Salsberg, padre de la abogada de derechos humanos Pamela Pereira. Militante del Partido Radical, detenido el 11 de septiembre de 1973, siendo liberado tres días más tarde. Fue sacado por una patrulla de la Escuela de Infantería de San Bernardo desde su casa en Paine el 15 de octubre de 1973 y ese mismo día lanzaron su cuerpo al mar, frente a Pichilemu.

Militantes y miembros de la directiva del Partido Socialista:

Carlos Lorca Tobar, ex diputado y secretario general del partido. Detenido el 25 de junio de 1975 en su domicilio de calle Maule por supuestos funcionarios de la DINA junto a su pareja, Carolina Wiff Sepúlveda. Caso sobreseído por la Corte Marcial el 29 de mayo de 1999. El juez militar Adolfo Vásquez aplicó Ley de Amnistía.

Exequiel Ponce Vicencio, miembro de la directiva. Detenido y trasladado al centro de reclusión Villa Grimaldi en junio de 1975. Ejecutado el 31 de julio de ese año. Lanzado al mar a la altura de San Antonio.

Ricardo Lagos Salinas, miembro de la dirección. Detenido el 17 de junio de 1975 y muerto el 26 de junio del mismo año. Restos lanzados al mar a la altura de Pichilemu.

Alfredo Rojas Castañeda, dirigente del partido detenido el 4 de marzo de 1975, asesinado el 23 de noviembre de ese año y cuyos restos fueron arrojados al mar.

Freddy Taberna, secretario regional del PS al 11 de septiembre de 1973. Detenido, juzgado y condenado en Pisagua por un Tribunal de Guerra. Restos lanzados al mar el 30 de octubre de ese año.

Arsenio Poupin Oissel, ex subsecretario general de Gobierno de la UP y miembro del comité central del PS. Arrestado en la Moneda el 11 de septiembre de 1973. Habría sido llevado al regimiento Tacna. Lanzado al mar a la altura de San Antonio. El 18 de enero de 1999, la Corte Marcial ordenó dejar sin efecto la ley de Amnistía, revocando así el sobreseimiento definitivo de la causa, lo que abrió la posibilidad de continuar la investigación.

Ariel Mansilla Ramírez, directivo detenido el 14 de marzo del 75, restos lanzados al mar el 15 de abril del 75 frente a San Antonio.

Jorge Ojeda, militante detenido el 16 de diciembre de 1973. Restos se encontrarían en Cementerio Parroquial de San Antonio.

Oscar Ramos, militante detenido el 11 de septiembre de 1973. Restos presumiblemente en el Instituto Médico Legal.

Benito Tapia, militante detenido el 17 de octubre de 1973, restos en el cementerio de Copiapó.

Jaime Barrios, miembro del partido detenido el 11 de septiembre de 1973. Muerto el 13 de septiembre de 1973. Restos arrojados 10 millas al interior del mar a, la altura de San Antonio.

Manuel Bascuñán, socialista detenido el 22 de septiembre de 1973 y ejecutado el 29 de octubre de ese año. Arrojado al río Putagan.

Domingo Blanco, militante detenido el 11 de septiembre de 1973 y ejecutado el 13 de septiembre. Restos lanzados al mar a la altura de San Antonio.

Adolfo Fuenzalida, miembro PS detenido el 11 de septiembre de 1973. Muerto el 30 de octubre de ese año. Restos lanzados al mar.

Samuel Lazo, asesinado el 16 de octubre de 1973. Lanzado al mar a la altura de Pichilemu.

Omar Manríquez, detenido en septiembre de 1974 y ejecutado ese mismo mes. Restos lanzados al mar.

Juan José Montiglio, detenido el 11 de septiembre, restos lanzados al mar altura de San Antonio.

Edelmiro Morales, detenido el 4 de octubre de 1973. Asesinado el 10 de octubre de ese año. Restos arrojados al río Putagan.

Luis Norambuena, socialista detenido el 14 de septiembre de 1973 y asesinado el 5 de octubre. Restos lanzados a la altura de San Antonio.

José Orellana, militante detenido el 14 de septiembre de 1973 y asesinado el 5 de octubre, cuyos restos fueron lanzados a la altura de San Antonio.

Jorge Orrego, militante detenido en el Regimiento Tejas Verdes. Restos frente a San Antonio.

Víctor Ortega, detenido y asesinado en la Región de Antofagasta. Restos lanzados al mar a la altura de Tocopilla.

Francisco Hernán Ortiz, militante detenido el 30 de octubre de 1975 y asesinado el 12 de noviembre de ese año. Restos lanzados al mar.

Michelle Peña Herreros, ciudadana española detenida el 26 de febrero de 1975, cuando tenía 6 meses de embarazo, ejecutada 3 meses después. Se presume que fue capturada en su casa en Las Rejas. Se desconocen antecedentes sobre su hijo.

Oscar Retamal, detenido el 25 de septiembre y asesinado el 10 de octubre, restos lanzados al río Putagan.

José Rivas, asesinado en enero de 1974. Restos arrojados a la altura de San Antonio.

Ricardo Ruiz, militante cuyos restos fueron lanzados a la altura de Corral.

Antonio Ruiz Díaz, asesinado en Pisagua. Restos lanzados al mar.

Hugo Soto, militante asesinado en la Región del Maule. Restos arrojados al río Putagan.

Julio Tapia, detenido el 11 de septiembre de 1973. Asesinado el 13 de septiembre de ese año. Restos lanzados a la altura de San Antonio.

Oscar Balladares, detenido el 11 de septiembre de 1973, y asesinado el 13 de septiembre. Restos lanzados al mar a la altura de San Antonio.

Juan Alejandro Vargas, también detenido el 11 de septiembre y muerto el 13 de septiembre de 1973. Sus restos fueron arrojados frente a San Antonio.

Arturo Vega, detenido el 16 de octubre. Asesinado el 17 de octubre en la Región de los Lagos y sus restos lanzados al lago Ranco.

Samuel Lazo Quinteros, militante, campesino de Paine asesinado el 16 de octubre de 1973, uno de los cuerpos inhumados en 1990 en el Patio 29 del Cementerio General. En marzo de 1998, la Sala Penal de la Corte Suprema dejó sin efecto el cierre definitivo del proceso.

Luis Moreno Villarroel, militante. Otro de los casos que investiga el ministro de fuero Juan Guzmán dentro del proceso por la caravana militar de octubre de 1973. Restos arrojados al mar.

Rosario Muñoz Castillo, desaparecida tras la irrupción de la comitiva militar encabezada por el general (r) Sergio Arellano Stark en octubre de 1973 entre Cauquenes e Iquique. Restos lanzados al mar.

Luis Aguayo, militante lanzado a un río de la Región del Maule.

Cardenio Anticura, militante lanzado al lago Ranco.

Rubén Cabezas, detenido en Quillota. Restos lanzados al mar a la altura de Concón.

Haroldo Cabrera, militante, restos lanzados al mar en la Región de Antofagasta.

Norberto Cañas Cañas, miembro PS asesinado en Pisagua. Restos lanzados al mar.

Pablo Gac, detenido en Quillota, restos lanzados al mar a la altura de Concón.

Claudio Jimeno, militante cuyos restos fueron lanzados al mar a la altura de San Antonio.

Oscar Lagos, militante. Restos lanzados al mar, altura de San Antonio.

José Leonardo Pérez, socialista asesinado y lanzado al mar a la altura de San Antonio.

Rafael Pineda, militante lanzado al mar.

Méndez Janequeo, detenido el 20 de septiembre de 1973, asesinado el 23 de octubre de ese año en Parral. Restos lanzados al río Putagan.

José Sampson, detenido y ajusticiado en Pisagua, restos lanzados al mar.

Miembros del Partido Comunista:

Víctor Díaz López, padre de la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz. Detenido el 12 de mayo de 1976 en su casa de Bello Horizonte 979 en Las Condes. Restos arrojados al mar. El 31 de octubre de 2000 el juez Juan Guzmán sometió a proceso por este caso al ex director de la DINA, Manuel Contreras, y a los ex agentes de ese organismo de seguridad, coronel (r) Marcelo Moren Brito, Ricardo Lawrence, Osvaldo Pincetti y Eduardo Garea Guzmán.

Jorge Muñoz Poutays, ingeniero, esposo de la actual secretaria general del PC, Gladys Marín. Detenido el 4 de mayo de 1976 junto a la dirigencia clandestina del Partido Comunista en la operación de "Calle Conferencia". Arrojado al mar.

Uldaricio Donaire Cortez, detenido el 4 de mayo de 1976 en la operación de "Calle Conferencia". Arrojado al mar.

Jorge Donato Avendaño, detenido el 4 de mayo de 1976 en la operación de "Calle Conferencia". Lanzado al mar frente a las costas de San Antonio.

Mario Zamorano Donoso, detenido el 4 de mayo de 1976 en la operación de "Calle Conferencia". Arrojado al mar.

Elisa Escobar Cepeda, detenida el 4 de mayo de 1976 en la misma operación.

 Emol.com, 6 de diciembre de 2000

Mañana se verá recurso de amparo en caso Pinochet

Así lo estableció la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones. Ello, luego que ayer fuera acogida la orden de no innovar que paraliza la notificación de la encargatoria de reo y el arresto domiciliario dictado por el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia.

SANTIAGO.- La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones dejó definitivamente para mañana la vista del recurso de amparo que presentó la defensa del senador vitalicio Augusto Pinochet. 

Ello, luego que ayer fuera acogida la orden de no innovar que paraliza la notificación de la encargatoria de reo y el arresto domiciliario dictado por el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia en contra del general (r), hasta que se resuelva el amparo en los tribunales de justicia. 

Además, la Quinta Sala envió dos libertades y revocatorias de auto de procesamiento, a solicitud de la defensa del teniente coronel de Carabineros Ricardo Lobenz y del miembro de la Dina, Eduardo Garea, quienes se encuentran procesados por el magistrado Guzmán en el marco del denominado caso de calle Conferencia. 

En tanto, la Tercera Sala se encuentra analizando las libertades de Manuel Contreras y Miguel Letelier, procesados por el ministro Sergio Muñoz en el caso Tucapel Jiménez. 

Asimismo, la Corte Suprema está reunida en pleno y hoy podría analizar la situación del juez Guzmán por la carta de apoyo a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski.

Quinta Sala de la Corte de Apelaciones mantuvo procesamiento de Ricardo Lawrence y Eduardo Garea.
La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo el procesamiento y negó la libertad provisional al ex oficial de la DINA, Ricardo Lawrence, y al civil Eduardo Garea, acusados de la desaparición de los militantes comunistas Bernardo Araya y María Flores Barraza, ocurrida en 1976.

La decisión la tomó el tribunal tras escuchar los alegatos en que participaron los abogados Mauricio Unda, por los acusados, Nelson Caucoto, por los querellantes, y María Teresa Muñoz por el Consejo de Defensa del Estado.

El sometimiento a proceso de Lawrence y Garea fue dictado por el ministro de fuero Juan Guzmán, que investiga el caso conocido como "calle Conferencia", a través del cual en 1976 fue desbaratada por la DINA la cúpula interna del Partido Comunista.

Se trata, en realidad, de la desaparición de ocho dirigentes en tres episodios distintos.

El principal, ocurrido en una casa de calle Conferencia, significó la desaparición de Jorge Muñoz, entonces marido de Gladys Marín; Elisa Escobar, Jaime Donato, Uldarico Donaire y Mario Zamorano. La DINA dio con el inmueble donde se reunía la dirigencia comunista y los fue atrapando uno a uno, a medida que llegaban al lugar.

En esa misma época fue detenido en una vivienda de calle Bello Horizonte 979 el alto dirigente Víctor Díaz, padre de la actual líder de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz.

Bernardo Araya y María Flores fueron arrestados en Quintero y trasladados después a un cuartel de la DINA en calle Venecia 1722, desde donde se perdió su rastro.